Resumen de la Ponencia:

El acceso y el derecho a la salud, es un tema que ha tomado relevancia durante los últimos años, debido a la creciente desigualdad de la atención entre el servicio público y privado de salud, provocado por la inserción del modelo liberal. Desde la revuelta social del 18 de octubre de 2019 la salud se ha instalado como una de las principales demandas de la población chilena. Es por ello que esta investigación analizó la influencia de las experiencias de atención de salud en el significado del derecho a la salud y el sentido de justicia con el sistema de salud de 33 afiliados-cotizantes de FONASA e ISAPRE residentes de la Región Metropolitana. Este estudio se realizó a partir de una metodología cualitativa, específicamente a partir de entrevistas semi-estructuradas con cada uno de los afiliados-cotizantes a FONASA e ISAPRE, procurando representatividad de género y de edad. El análisis de la información se efectuó de acuerdo con la metodología “análisis del discurso”. Se intuía que las experiencias de atención en salud, buenas o malas, condicionaban la idea de los afiliados-cotizantes sobre el derecho a la salud y el sentido de justicia con el sistema de salud. Los hallazgos indicaron que las experiencias de atención influyen de manera importante en el significado del derecho a la salud y que el sentido de justicia con el sistema de salud se produce en base a principios normativos que principalmente apuntan a la igualdad y equidad. Palabras clave: Experiencias de atención de salud, derecho a la salud, sistema de salud chileno, salud, Fonasa, Isapre. 

Resumen de la Ponencia:

En Colombia, la prestación de los servicios de salud se encuentra regulada por la Ley 100/93 en la cual se establece que ésta se realizará por Entidades Promotoras de Salud (EPS), a los usuarios de los regímenes Subsidiado, Contributivo o de Excepción (según sea su afiliación y de ello dependerán los derechos de atención en salud que tienen- siendo los de excepción los que más derechos tienen). Estas empresas que son privadas, fungen como intermediarias en la prestación de servicios de salud, lo que ha generado altos niveles de corrupción, falta de prestación de los servicios de salud a los que están obligados, complicaciones por mala prestación de servicios e incluso condenas judiciales por mala praxis médica que ha llevado a afectaciones de la vida y la salud de los pacientes generando en varios casos la muerte.La ya grave crisis que tiene el sistema de salud colombiano casi desde el momento de su actual configuración, viene a complejizarse con el brote de la pandemia generado por el Covid-19 (sin que sea la causa de la misma), en el cual, los servicios de salud tal como sucedió a nivel mundial colapsaron y precarizaron aún más la difícil situación.Pese a dicha crisis, tal como se mencionó, el sistema de salud ya se encontraba en una situación de fragilidad que afectaba la atención de los afiliados, y no fue ocasionada por la pandemia, como se ha querido hacer ver por parte del gobierno nacional, sino que, por el contrario, se trata de una falla estructural del sistema, para la cual la única solución viable, es el rediseño de la forma en la que se presta la salud en Colombia, haciéndola más eficiente y eliminando la intermediación, tal como se presentará en la propuesta que se formula para la presente ponencia.Se quiere entonces, atendiendo a la necesidad de la población colombiana, incluyendo a la población migrante, refundar el sistema de salud existente, de tal forma que sea incluyente, efectivo, digno, solidario, sostenible, garantista y respetuoso de las tradiciones ancestrales de la población afiliada que así lo requiera como parte del derecho a recibir el tratamiento que el paciente determine (lo cual en la actualidad se desconoce en nuestro país, pese a la gran cantidad de población indígena, afrodescendiente y ROM reconocida). 

Resumen de la Ponencia:

En este trabajo se analiza el proyecto de investigación Emprendimientos sociales y salud comunitaria[1] del equipo de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), con sede en el departamento de Economía y Administración, y que es parte integrante del Programa Dimensiones y alcances del desarrollo territorial[2], desde la perspectiva de la construcción de salud colectiva a partir de la participación en empresas sociales, articulando salud y trabajo. La propuesta apunta a repensar y potenciar la investigación social desde la salud.La subjetividad presenta una naturaleza social, y los emprendimientos sociales, que aborda el proyecto (así como el resto de las instituciones que atraviesan a las personas) son parte del entramado que la configura. Para Enrique Pichon Riviere  las personas producen subjetividad no solo en las relaciones sino también como “sujetos producidos”. Toda subjetividad resulta de la interacción entre individuos, grupos y clases. Pensamos la subjetividad como constructo colectivo, siempre en relación con otros/as, como intersubjetividad. Los emprendimientos sociales articulan trabajo y salud colectiva, dando espacio para que se cumplan derechos indelegables para las personas. Los sujetos, por medio de sus propios esquemas referenciales, (Pichon Riviere, E; 1995) van articulando estas ideas y configurando subjetividades de época.La participación en entidades u organizaciones que realizan actividades económicas (es decir, de producción o distribución de bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras), pero persiguiendo como su principal finalidad el bienestar humano tienen efectos en la producción subjetiva y construcción de salud. Para dar cuenta de ello, el proyecto de investigación contempla analizar los elementos organizativos de autogestión asociativa y democrática, así como vínculos solidarios con su comunidad de pertenencia como ejes centrales en el desarrollo del individuo desde la perspectiva de su inserción en la comunidad educativa de la UNQ.En el proyecto que proponemos compartir, se conjugan el análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la práctica que son parte de esta experiencia colectiva, que sirve para identificar las necesidades, favorecer la concientización y generar compromiso. De esta manera, investigar los emprendimientos sociales permite visibilizar como un dispositivo de cuidado colectivo donde se favorecen los lazos comunitarios. En las empresas sociales se plantea la organización del trabajo desde el cuidado adoptando posturas en las que a sus integrantes se les devuelva una imagen propia y de comunidad valiosa. Se constituye así en un mecanismo de cuidado colectivo para las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, donde la práctica se transforma en productora de conocimiento, cobra carácter político participativo y educativo con el estatuto de investigación científica. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASPichon Riviére, E (1995): Técnica de los grupos operativos. El proceso grupal. Ed. Nueva Visión.  [1] Dirigido por la Dra. Selva Sena[2] Dirigido por el Dr. Carlos Fidel

Resumen de la Ponencia:

En Chile el escenario de la Pandemia por COVID-19 ha sido muy complejo, con más de 63.437 fallecidos/as reconocidos/as (3.283 por 1.000.000 habitantes), encontrándose en el número 18 de países con mayor tasa de mortalidad. Situación que se puede explicar debido a una política reduccionista y centrada en el nivel hospitalario, así como por condiciones de pobreza, hacinamiento, precariedad laboral entre otras consecuencias del modelo de desarrollo (29% de pobreza de ingresos, 70% de los trabajadores/as con sueldos insuficientes y una alta informalidad, 30% de adultos/as mayores trabajando). Lo que se evidencia, en la desigualdad en la mortalidad ajustada por COVID-19, con una diferencia es de más de 5 veces entre las comunas de menores y mayores ingresos del Gran Santiago.

En un marco político caracterizado por falta de legitimidad del gobierno, posterior al “estallido social” (18/10/2019). Además de una notoria falta de transparencia y democracia en el acceso a la información y en la toma de decisiones. Teniendo como contexto, un sistema de salud dañado por políticas neoliberales (desde hace más 40 años), la apuesta fue sumar las camas hospitalarias (sector público y privado), sin embargo, se descuidó el abordaje centrado en la atención primaria (AP), dificultando la interrelación con la comunidad para un buen control de los contagios.

Consecuencia de la fallida reforma a la salud, en el país existe un importante déficit de recursos en el sistema público, lo que provoca una insuficiente respuesta a las necesidades de la población. Manteniéndose bajos niveles de control de enfermedades agudas y crónicas, así como de satisfacción usuaria.

Frente a la falta de liderazgo, las comunidades se organizaron a nivel territorial, con ollas comunes, intercambio de bienes de primera necesidad, cultivos comunitarios, entre otras maneras de subsistencia. A pesar de las sombrías circunstancias, la sociedad se encuentra retomando las movilizaciones por una nueva constitución, en la perspectiva de garantizar el derecho a la salud, así como los demás derechos sociales universales.

Como aprendizaje producto de la pandemia, se ha evidenciado que Chile no cuenta con un sistema robusto de salud. Por lo tanto, se requiere contar con el Derecho a la Salud consagrado en la Constitución, por medio de un Servicio Nacional de Salud (SNS), basado en atención primaria. El rol que debe jugar la AP, sobre las políticas sanitarias y sociales es fundamental, debiéndose avanzar en una política que fortalezca la incorporación y permanencia de los/as trabajadores de salud, estableciendo una perspectiva que asegure la longitudinalidad en la atención, así como una cogestión territorial. 

Introducción:

Epidemiología de la pandemia

En Chile el escenario de la Pandemia por COVID-19 ha sido muy complejo, con 63.437 fallecidos/as reconocidos/as (3.283 por 1.000.000 habitantes), encontrándose en el número 18 de países con mayor tasa de mortalidad (MINSAL, 2023). Esta situación se puede explicar debido a una política reduccionista y centrada en el nivel hospitalario, así como por condiciones de pobreza, hacinamiento, precariedad laboral entre otras consecuencias del modelo de desarrollo. Dicha situación se evidencia, en la desigualdad en la mortalidad ajustada por COVID-19, con una diferencia es de más de 5 veces entre las comunas de menores y mayores ingresos del Gran Santiago (Canales, 2020).

A tres años del inicio de la pandemia, la situación sanitaria es más tranquila, con más de un 27% de la población que ha pasado la enfermedad (5.366.630 personas), buenos índices de vacunación contra COVID-19, disminuyen los niveles hospitalizaciones en el país. Sin embargo, la situación ocurrida refleja una muy limitada disponibilidad de camas hospitalarias a nivel nacional, que en algunos momentos alcanzó niveles críticos, con una proporción de ocupación de camas críticas sobre un 95% a nivel nacional. Si bien las autoridades sostienen que no ha habido falta de camas o ventiladores para pacientes COVID-19 graves, las diferencias de mortalidad en periodos de saturación de la red de salud apuntan en el sentido contrario (ICOVID Chile, 2021).

Una evidencia de la compleja situación enfrentada la encontramos en la mortalidad por COVID-19, con 63.437 defunciones acumuladas entre marzo 2020 y enero 2023 (correspondo a 22.220 defunciones para el año 2020 y 27.976 en el año 2021), ocupando el primer lugar como causa de muerte en el país. Además, en la comparación de las defunciones registradas en los últimos 6 años (2016-2021), agrupando el cuatrienio 2016-2019 en relación a los años 2020 y 2021, se observa un aumento en la mortalidad en todos los meses analizados (MINSAL. 2021).

Desarrollo:

Dinámicas sociopolíticas de la Sociedad frente al riesgo epidémico

Desde hace varias décadas a la fecha, debido a la desregulación estatal, el sistema financiero presenta ayuda gubernamental y una posterior bancarización de las deudas familiares por servicios y productos, para acceder al consumo o satisfacer necesidades fundamentales. El Estado dejó de proveer servicios, como vivienda, salud, educación, entre otros, mientras las entidades financieras comenzaron a ocupar este espacio, en este nuevo desarrollo del capitalismo de financiarización de la economía de las personas. Las grandes empresas generan ganancias retenidas y las utilizan para financiar sus propias inversiones (grandes cantidades de dinero para invertir en los mercados financieros). En consecuencia, estas grandes empresas, incorporan una actividad financiera a sus propias ganancias. En este contexto, los bancos se adaptaron a estos mercados abiertos y pasaron a desempeñan un papel de intermediarios, con ganancias esencialmente por el cobro de transacciones u operaciones. Todos estos son instrumentos financieros, que corresponden a los ahorros de empresas y personas, nos enfrentan a una expropiación completa en la que la población se ve enfrentada a la pandemia.

El espectacular crecimiento de los grupos económicos se ha visto favorecido por las bajas tasas del impuesto a la renta, impuesto cuyo diseño proviene de la reforma tributaria de 1984, que privilegió el fomento del ahorro y la inversión por sobre la recaudación fiscal o la redistribución de ingresos. De no haber existido el FUT (Fondo de Utilidad Tributaria), las utilidades habrían tributado a una tasa dos veces más alta y la acumulación de capital y de riqueza sería mucho menor. La concentración del ingreso y de la riqueza en los grupos económicos que controlan la propiedad de las empresas que generan parte significativa del PIB nacional, es un núcleo duro de la desigualdad, que explica entre otros hechos la inconsistencia que hay entre el elevado ingreso per cápita del país y el bajo nivel de vida de la mayoría de la población, que no accede a los empleos provistos por este sector de alta productividad (Desiguales, 2017).

Chile, como país “periférico”, se subordina las economías a las del centro. En los bancos nacionales, todos los productos bancarios cuentan con participación de capitales globales. Esto se ha traducido, en una integración de gran tamaño, con mercados financieros que mantienen flujos de capital gigantes en el centro del capitalismo. La referencia mundial a este estado de cosas se denomina liberalización, que describe una financiarización subordinada a las economías del centro.

Por tanto, la desigualdad del país pasó a ser parte de la fisonomía, aunque la tasa de pobreza se ha reducido, los ingresos de los hogares han aumentado, la matrícula escolar y universitaria se ha expandido, persisten enormes diferencias socioeconómicas que se reflejan en espacios urbanos segregados, tratos discrimatorios y capacidades muy distintas de influencia y poder. Aunque la tasa de pobreza monetaria o por ingresos oficial sería de un 10,8%, en la práctica existe una clara insuficiencia de ingresos del trabajo y las pensiones para permitir que las personas superen la pobreza monetaria. La vinculación entre bajos salarios, bajas pensiones y pobreza es robusta. Si se considera la canasta de referencia de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) en Pandemia 2020, la pobreza por ingresos totales subiría de 10,8% a 22,2 %, es decir al utilizar criterios de alimentación más exigentes, 2 de cada 9 personas que viven en Chile se encontraría en situación de pobreza. Además, la pobreza real pasa de un 10,8% a un 39,9% (de un 11% a un 42,2% en mujeres, mientras que de un 10,6% a un 37,3% en los hombres) y en el caso de la pobreza por ingresos del trabajo y pensiones contributivas, esta llegaría a 52,3%, lo que equivale a 10,2 millones de personas. (Durán & Kremerman, 2021).

La elevada desigualdad de ingresos se explica por los bajos salarios que afectan a un gran número de trabajadores/as (considerando como bajo salario, como el que es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio en ausencia de otras fuentes de ingresos), la mitad de los/as asalariados/as con jornada de treinta y más horas semanales se encuentra en esta situación. De acuerdo a la Encuesta CASEN del año 2017, la situación es bastante crítica, ya que los/as trabajadores/as chilenos/as perciben $516.892 líquidos al mes por concepto de ingresos asociados a la ocupación principal (US$ 738). Sin embargo, el umbral máximo alcanzado por la mitad de estos/as sería de sólo $350.000 líquidos mensuales (US$ 500). Dicho de otro modo, en el país donde el ingreso promedio es de US$ 25.891, el 50% de los/as trabajadores/as gana tan sólo US$ 6.000 (casi US$ 20.000 menos que el promedio). Lo que evidencia la extrema injusticia en los salarios del país, en que por el otro lado, el 1% más rico (los representantes del gran empresariado) acumulan 33% de los ingresos nacionales (Durán & Kremerman, 2019).

A la desigualdad que se origina en los bajos salarios, se suma la que produce un sistema de pensiones que no provee los medios de vida requeridos para la vejez. Alrededor de la mitad de los/as jubilados/as percibe hoy una pensión inferior a un valor mínimo (definido en este trabajo como un 70% del salario mínimo). Este resultado considera la pensión contributiva más el monto que provee el Estado como aporte previsional solidario. En ausencia de este componente, un 72% de adultos mayores habría recibido una pensión inferior a la mínima. Por lo tanto, más que fortalecer los mercados financieros, resulta urgente sustituir el modelo de cuentas individuales administradas por las AFP, como pilar fundamental para financiar pensiones, considerando además que después de casi cuarenta años de funcionamiento el sistema de acumulación capitalista de capitalización individual no logró cumplir con el objetivo prometido de pensiones dignas (Gálvez & Kremerman, 2019).

Las consecuencias de esta extrema desigualdad se expresan en diferentes ámbitos de la vida, algunos ejemplos de esta realidad se presentan a continuación:

- El endeudamiento de los hogares chilenos alcanza máximo histórico, de acuerdo al informe del Banco Central (Cuentas nacionales por sector institucional), los hogares registran una deuda equivalente a 73,3% del ingreso disponible. Además de este significativo nivel de endeudamiento, hay una gran carga financiera a ingreso de los hogares endeudados en todos los estratos de ingreso. También, se encuentran incrementos en los problemas de pago de deudas, por lo que los hogares ven reducidos sus márgenes financieros, y por tanto, su capacidad para enfrentar shocks futuros de ingreso y/o tasas de interés (Banco Central, 2019).

- 7 de cada 10 chilenos/as declara tener o haber tenido algún problema o enfermedad asociada a la salud mental. Los problemas más frecuentes son ansiedad o angustia, depresión, trastornos del sueño y estrés. Un 35% declara tener o haber tenido depresión. Por su parte, el estrés laboral alcanza a más de la mitad de los/as de entre 36 y 51 años.

- Confianza que tienen los/as ciudadanos/as en que se tendrá atención de salud en caso de enfermedad catastrófica o grave, donde el 63% de las personas que dicen tener mucha o bastante confianza en este acceso son del nivel socioeconómico alto, sin embargo en el nivel socioeconómico bajo, solo 17,5% tiene confianza en poder ser atendido/a. En otras palabras, en Chile confiar en que las personas que se enferman gravemente serán atendidas es un lujo al que pocos pueden acceder (Desiguales, 2017).

En este duro contexto, la precariedad social demandaba medidas de apoyo urgente a las familias, sin embargo las medidas además de insuficientes, fueron tardías. Y frente a la falta de liderazgo, las comunidades se organizaron a nivel territorial, con ollas comunes, intercambio de bienes de primera necesidad, cultivos comunitarios, entre otras maneras de subsistencia. A pesar de las sombrías circunstancias de los últimos meses la sociedad se encuentra retomando las movilizaciones por una nueva constitución, en la perspectiva de garantizar el derecho a la salud, así como los demás derechos sociales universales.

Dinámica sociopolítica del Estado ante el COVID-19

Como consecuencia de las políticas impulsadas por la dictadura de Pinochet, se realizaron reformas neoliberales en el campo de salud y seguridad social, imponiendo un modelo de mercado y un incentivo negativo hacia los sistemas públicos. Esta situación es responsable que existan importantes desigualdades en acceso y estado de salud entre niveles de ingreso y grupos sociales.  

Una vez terminada la dictadura cívico militar chilena, la clase política dominante incumple las promesas de justicia social y bienestar, trasladando el debate sobre derechos sociales universales a la tecnocracia en los poderes representativos del estado. Con una ciudadanía que hasta el año 2011, prácticamente no tuvo incidencia en la toma de decisiones en ninguno de los ámbitos de la vida, colonizados por el mercado. El debate, acerca de una necesaria reforma de salud para nuestro país, se dio con un pueblo espectador de los diálogos entre el gobierno y los empresarios, naturalizando una visión mercantilista de la Salud, que se centra en la asistencia y en la forma más racional, económicamente hablando, de darla.

En el contexto de pandemia, el gobierno chileno ha tomado una serie de decisiones respecto a su enfrentamiento que evidencian el neoliberalismo que domina en el sistema sociopolítico. Desde el primer momento se llama al confinamiento social el cual nunca se ha cumplido de la manera esperada.  Se decretó el 22 de marzo de 2020 toque de queda en todo el territorio desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, siendo mantenido hasta la fecha. Por otro lado, el carácter de los aportes provenientes desde el estado, se han caracterizado por la focalización extrema, incluso criticado desde la propia derecha . Ejemplo de las ayudas son: canastas individuales de alimentos entregadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), caja de alimentos destinada a las familias vulnerables, Ingreso Familiar de Emergencia, Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado y Bono COVID 19.

Debido a lo limitado del apoyo gubernamental, al poco tiempo de decretado el estado de excepción, emergieron las protestas y el malestar social debido a las dificultades para poder cumplir con el confinamiento, particularmente en las zonas con la peor determinación social de Santiago. Las repercusiones sociales y económicas, que trae consigo la Pandemia, muestran con mayor fuerza los bordes de la desigualdad en el país, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas que permitan subsanarlos, que sin duda no ha reparado la necesidad más cruda de las comunidades “vivir una cuarentena sin hambre”, puesto que dichas medidas se han generado de manera tardía o con escasa mirada de la realidad social.

Desde las primeras medidas económicas anunciadas, se privilegió evitar el endeudamiento público, debido a que éstas se caracterizaron por:

1. Reasignar fondos al sector salud (desde otros rubros del gasto público).2. Emplear fondos individuales del seguro de cesantía y la entrega de un bono de $50.000 CPL (US$ 66), más similar monto por cada carga familiar.3. Medidas tributarias para las empresas, como postergación de obligaciones financieras. En el caso de las cuentas individuales del seguro de desempleo de cada trabajador o trabajadora (para quienes no podían realizar teletrabajo), accedieron a parte o la totalidad de su seguro de cesantía, mediante acuerdo mutuo con empleador y mandato de la autoridad sanitaria. Por lo tanto, trabajadores dependientes vieron sus contratos suspendidos en el marco de la pandemia, otorgándoles a cambio un porcentaje máximo calculado a partir de sus últimos salarios, disminuyendo progresivamente desde el primer mes hasta un máximo de seis meses. Asociado a un fondo solidario para trabajadores y trabajadoras dependientes con montos insuficientes para alcanzar los topes porcentuales establecidos, a los cuales el gobierno subsidia con fondos públicos.

Con lo que se constataba que el paquete de medidas que el gobierno definía como inédito, en la práctica, no entregaba protección a trabajadores y sus familias. Por lo que frente a la insuficiencia de las medidas anteriores, a un mes del confinamiento, el gobierno entrega una segunda propuesta de ayuda económica, con lo que se crea un fondo adicional por US$ 2.000 millones orientado a los 2,6 millones de trabajadores informales sin contrato de trabajo, y que no contaban con seguro de desempleo. Además de otras medidas para facilitar el crédito con garantías estatales a las empresas. Con lo que se persiste en el intento de moderar los efectos recesivos de la crisis sin incurrir en un gasto público necesario para mantener a las familias en situación de confinamiento (Heiss, 2020).

Por tanto, evidenciamos que las políticas de protección social en el marco de la pandemia por COVID-19 se caracterizaron fundamentalmente por ser financiadas por ahorro individual y endeudamiento de las personas.

El Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, realiza un balance sobre las medidas económico-sociales del gobierno, a un año del inicio de la pandemia:

 Las últimas medidas intentan avanzar en la corrección de una ausencia de políticas de apoyo a las familias, sin embargo lo hacen de un modo tardío, insuficiente, persistiendo en trámites burocráticos y falta de claridad.

 El Gobierno ha faltado a su compromiso de transparencia, incumpliendo la responsabilidad de dar cuenta de cómo se financiaba y cómo se iba utilizando el fondo COVID de correspondiente a US$ 12.000 millones.

 Esta situación se da, a pesar que el estado cuenta con fondos soberanos por US$ 20.000 millones y además dispone de capacidad de endeudamiento para enfrentar de mejor forma una pandemia. Dichos recursos no se han utilizado de manera suficiente y han forzado a la ciudadanía a utilizar US$ 35.000 millones de sus fondos previsionales y US$ 1.000 millones de sus fondos de cesantía.

Como se menciona en el punto anterior, y a pesar de la férrea resistencia del ejecutivo, la manera de poder obtener alivio frente al hambre y precariedades de segmentos mayoritarios de la ciudadanía, fue posible debido el retiro de sus fondos previsionales. Hasta el momento se ha aprobado en 3 ocasiones poder descontar de los montos destinados a la jubilación hasta un 10% (en cada oportunidad). Posterior al segundo de estos, hacia fines de marzo del 2021, casi 11 millones de personas habían solicitado retiros al sistema AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), instituciones privadas que cuentan con el poder de administrar los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales (CENDA, 2021).

El costo de la crisis ha recaído básicamente en las mayorías vulneradas del país, en un contexto de pérdida de más de un millón de empleos y un aumento en la pobreza absoluta cercana a un 4%. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2021), la tasa de desocupación el 2020 alcanzó un promedio de un 10,7% (incremento atenuado por la gran cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo). Estas cifras implican un alza de 3,5 puntos porcentuales en la tasa y un aumento de 34,5% en la cantidad de desocupados en comparación con 2019 (Menz, 2019).

Conclusiones:

Respuesta del Sistemas de Salud

En el marco de la profundización del carácter subsidiario del Estado (heredado desde la dictadura), durante los gobiernos posteriores se ha mantenido una política y una visión del Estado, acordada entre los sectores políticos y económicos que deciden por el país y que pone el interés financiero por encima del sanitario, generando nichos de acumulación para el capital privado, asegurados por el Estado.

Como resultado del proceso de reforma de salud del año 2005, se implementa el programa de Garantías Explícitas en Salud (GES), un listado actual de 85 enfermedades con acceso a intervenciones sanitarias específicas. Sus efectos positivos han sido limitados y sus problemas importantes: exceso de burocracia, generación de discriminación y desvío significativo de recursos públicos hacia el sistema privado.

Por esta razón, los conflictos principales en el tema de salud son entre grupos empresariales, pues ellos son los que han influido en la dirección hacia donde el sector se desarrolla. Los conflictos políticos al interior de los grupos dominantes, se caracterizan por repercusiones de las disputas oligarcas, sin que los sectores llamados progresistas hayan logrado levantar algún proyecto alternativo, terminando en el caudillismo, las ventajas cortoplacistas y beneficios personales.  El mercado y las decisiones en salud están sustentadas en los grandes holdings y otras empresas medianas y pequeñas, que aprovechan la oportunidad de hacer negocios. Para conseguir estos fines, ha sido llamativa la contratación de ex directivos públicos del sector, así como también el financiamiento a la clase política gobernante.

En la actualidad el sistema de salud se encuentra en crisis. Integrado principalmente por el sistema público (Fondo Nacional de Salud) y el sistema privado (Instituciones de salud previsional), que produce segmentación de la población en el acceso a salud, consagrando una salud para pobres y enfermos y otra para ricos y sanos. Con un sector público crónicamente desfinanciado, perdiendo capacidades y un aseguramiento privado con discriminación y arbitrariedades, sin solidaridad ni eficiencia. El sistema público de salud cubre aproximadamente al 75% de la población con el 45% de los fondos recaudados vía cotización individual obligatoria, que junto al aporte estatal es administrado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA). Por otro lado, las ISAPRE perciben la cotización de la población de mayor ingreso (aproximadamente al 18% de la población, con el 55% de los fondos recaudados vía cotización individual) y los utiliza como primas individuales que no se distribuyen en la población general según necesidad, llevando a una distribución desigual de los recursos. El sistema se financia con un 8.4% del PIB, de ello aproximadamente un 50% del gasto total en salud es financiado con gasto público.

Esta situación inequitativa ocasiona que el gasto per cápita en salud de una persona de una ISAPRE sea un 50% mayor que el de una persona en FONASA. Lo que produce segmentación de la población en el acceso a salud, ya que las personas con mayores recursos económicos y mejor estado de salud se encuentran en el sistema privado, recibiendo una atención más rápida e incluso excesiva, a diferencia de las personas con menores recursos y de peor estado de salud que se atienden en el sector público. Se consagra una salud para ricos y sanos y otra para los pobres y enfermos.  Por otro lado, el elevado gasto de bolsillo en nuestro país, representando una proporción muy elevada del gasto total en salud, correspondiendo a lo menos a un 32% (Benítez, Hernando, Velasco, 2018).

Para el periodo de la pandemia, en un marco político caracterizado por falta de legitimidad del gobierno, posterior al “estallido social” de octubre de 2019. Además de una notoria falta de transparencia y democracia en el acceso a la información y en la toma de decisiones. Teniendo como contexto, un sistema de salud dañado por políticas neoliberales (desde hace más 40 años), la apuesta fue sumar las camas hospitalarias (sector público y privado), sin embargo se descuidó el abordaje centrado en la atención primaria de salud (APS), dificultando la interrelación con la comunidad para un buen control de los contagios.

La situación ocurrida en Chile se podría definir como una tardía y deficiente incorporación de la estrategia de abordaje comunitario para su contención, a pesar de la evidencia demostrada en países que priorizaron el trabajo en el nivel primario de atención, a lo menos en los primeros 4 meses del desarrollo de la pandemia en Chile, menos de 5% de los recursos para su enfrentamiento fueron destinados a la AP. Por otro lado, a pesar de la necesidad de una estrategia de trazabilidad eficiente, hasta el día de hoy su implementación ha detentado importantes demoras, aumentando el riesgo de nuevos brotes.

Por lo tanto, si bien la situación de precariedad y discriminación en el acceso a la atención de salud ha sido una constante en las últimas décadas, la pandemia ha evidenciado con mayor crudeza que Chile no cuenta con un sistema robusto de salud, sino con uno público y otro privado, con lógicas divergentes, lo que produce una situación de franca discriminación entre un segmento pequeño de población con mayores recursos económicos y gran parte de la ciudadanía de menores recursos.

Asuntos pendientes

La pandemia por COVID-19 ha venido a demostrar con mayor crudeza las consecuencias de más de 45 años de políticas neoliberales, de desigualdad y exclusión. Se hace imprescindible avanzar hacia un proceso de rearticulación de las clases subalternas, promoviendo un cambio a los amarres constitucionales del Estado subsidiario, trabajando la capacidad de alianzas que el mundo del trabajo organizado pueda establecer con otros movimientos sociales con diferentes problemáticas, para que se lleven a cabo las transformaciones que requiere un nuevo Chile, con una nueva forma de vivir, que valore la vida por sobre el mercado. Este nuevo Chile requiere de una nueva constitución, que releve los derechos humanos, derechos sociales universales como una manera de relacionarnos socialmente, con un Sistema Universal de Salud, bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, gratuidad y ausencia de lucro. Con un diálogo respetuoso de saberes entre la atención de salud alopática y los conocimientos ancestrales y populares. Además, de potenciar la autonomía de los pueblos en la generación de procesos de atención acordes con las dinámicas de las propias localidades, disminuyendo así la dependencia hacia la medicina occidental.El derecho a la salud debe ser consagrado en la Constitución de manera pública, gratuita y de calidad para todo/as. Concebir la salud como un derecho implica que el Estado garantice a toda la población el mayor grado de bienestar en salud, y que este no se encuentre segregado por capacidad de pago y riesgo de enfermar. La Constitución debe garantizar el derecho universal a la salud, es decir el acceso, la calidad y la protección financiera al conjunto de los habitantes del país, provisto desde el Estado a través de un Servicio Nacional de Salud. Generar un cambio de esta magnitud, obliga al Estado a mejorar y ampliar el sistema público de salud. Sólo en un sistema donde desaparezca la segregación, y que funcione bajo un marco solidario de financiamiento lograremos satisfacer integralmente las necesidades de salud de la población.

Un Sistema Universal de Salud basado en atención primaria: caracterizado por un financiamiento por impuestos generales. El sistema es universal, constituyéndose un solo financiamiento nacional que distribuye los riesgos, sin discriminaciones por edad, sexo o enfermedades. Además, se debe avanzar en la construcción de una política integral de desarrollo de los/as trabajadores/as para mejorar la calidad de la atención que se brinda a la comunidad, fortaleciendo la permanencia de médicos/as y otros funcionarios/as de salud.

La atención primaria debe ser el pilar fundamental del sistema de salud, en este sentido es fundamental mejorar su financiamiento, es necesario que los/as funcionarios/as y la comunidad tengan injerencia en la toma de decisiones con respecto al presupuesto y de esta forma evitar que los recursos de salud se mal utilicen o se desvíen hacia otros gastos. Además, se deben reevaluar las actividades de la AP, reformulándola y adecuándola a lo que realmente debiera hacerse, es decir, incorporar acciones de prevención y promoción de salud, así como mejoras a la capacidad resolutiva. Debiéndose avanzar en una política que fortalezca la incorporación y permanencia de los/as trabajadores/as de salud, estableciendo una perspectiva que asegure la longitudinalidad en la atención.

Por otro lado, la complejidad de los contextos sociales, exacerbados en la situación actual, exige la interrelación de trabajadores y la ciudadanía, que deben contar con mecanismos efectivos de participación vinculante en la toma de decisiones, por medio de una gestión triestamental. Ya que a pesar de las sombrías circunstancias de los últimos meses, la sociedad se encuentra retomando la organización por una nueva constitución, en la perspectiva de garantizar el derecho a la salud, así como los demás derechos sociales universales.

Poniéndose énfasis en que enfrentar los problemas actuales y crónicos del sistema de salud, se requiere una profunda transformación, con una provisión de servicios de calidad en la red asistencial pública, que se oriente desde una perspectiva multisectorial, considerando la determinación social de salud, para resolver de forma integral los problemas de salud de la población (Bass, 2020).

Nos encontramos en un momento decisivo para que se lleven a cabo las transformaciones que requiere un nuevo modelo de sociedad, que contenga un Servicio Nacional de Salud, bajo los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, gratuidad y ausencia de lucro.  

Bibliografía:

Banco Central. 2019. Evolución del ahorro, la inversión y el financiamiento sectorial en el año 2018. Cuentas nacionales por sector institucional. Chile. [Consultado el 12 de enero de 2023]. Disponible en: https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/cuentas-nacionales-por-sector-institucional.-evolucion-del-ahorro-la-inversion-y-el-financiamiento-sectorial-en-el-segundo-trimestre-de-2019-1

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Palabras clave:

Palabras clave: COVID-19, neoliberalismo, derecho a la salud.Palavras-chave: COVID-19, neoliberalismo, direito à saúde.Keywords: COVID-19, neoliberalism, right to health. 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de este trabajo es mostrar algunos de los componentes de la política en salud que se desarrollaron en la Alcaldía Tlapan en el marco de un proceso de transformación de la política pública a nivel nacional, enmarcado en el avance de la garantía del derecho a la salud y la conformación de una Red Integral e Integrada de Servicios de Salud. Dentro de los logros más importantes durante la administración de 3 años se encuentran 1.  La certificación de la Alcaldía como una alcaldía Promotora de la Salud  (que es otorgada por la Secretaría de Salud de la Ciudad y en el marco del programa federal de Entornos y Comunidades Saludables), 2. la creación del modelo de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil, generado de manera conjunta con la Universidad Autónoma Metropolitana, dando como resultado la construcción del Centro de Promoción y Atención al Desarrollo Infantil Xilotl, en el que se atiende el neruodesarrollo en niñas y niños menores de 5 años. 3. La creación de un modelo de Atención Primaria en Salud para Animales de Compañía realizado en la clínica Veterinaria de la Alcaldía, además de dos proyectos de suma importancia vinculados a las Universidades  que son 4. el Proyecto de enfermería Comunitaria creado con pasantes de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y 5. la colaboración con las Universidades del Bienestar, Benito Juárez García, específicamente con la Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria con su sede en Tlalpan, con quien se colaboró en la creación de una propuesta de Atención Primaria en Salud para el Adulto mayor en la casa de Salud de Valle Verde, por último, se da cuenta de la propuesta de microeliminación de la Hepatitis C en la Alcaldía Tlalpan desarrollada de la mano con el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, y los servicios de salud de la Ciudad de México.Es importante mencionar, que teórica y metodologícamente se realizó una combinación del pensamiento crítico en salud, de la medicina social y la salud colectiva, de la pedagogía popular desarrollada por el brasileño Paulo Freire, del diálogo como herramienta y categoría de construcción de política pública, entre otros referentes que posibilitaron avanzar en la garantía del derecho a la salud y por tanto pueden considerarse exitosas.         

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia se enmarca en el avance de una investigación más amplia que documenta los cambios al sistema de salud mexicano en el gobierno de la 4ta. Transformación iniciado en diciembre de 2018 que proponen transformar las políticas y las instituciones de salud, después de casi cuatro décadas de neoliberalismo. El diagnóstico del sistema de salud público realizado al inicio de su gobierno señaló fallas sistémicas para dar cumplimento al 4to constitucional que establece el derecho a la protección de salud de todas las personas sin importar su condición social derivado a las condiciones prevalecientes de mercado y privatizaciones que deterioraron los servicios públicos de salud y de seguridad social. Entre otros elementos fundamentales, la presente ponencia tiene como objetivo describir y analizar la situación respecto al diagnóstico de recursos humanos encontrado que enmarca la falta de personal de salud, un alto grado de desmotivación y reclamos por la precariedad de los contratos, la falta de estabilidad laboral, prestaciones sociales y salarios equitativos, entre otros. En tal sentido, las primeras declaraciones de la 4T se orientan a una política de formación y contratación. En octubre de 2019, se anuncia la basificación de 86 mil 368 trabajadores eventuales y por honorarios, la regularización de 17 mil 274 trabajadores con 8, 9 y 10 años de antigüedad y la reorientación de personal con funciones administrativas hacia actividades de prevención y promoción de la salud que formaban parte del Seguro Popular. A su vez, la contratación, reclutamiento y preparación de profesionales de la salud para zonas rurales. Sin embargo, la llegada de la pandemia por COVID-19 en marzo de 2020 detuvo estos procesos para reorientar todos los esfuerzos del sector salud para su contención y asumió otras medidas en materia de capacitación, contratación, derechos, protección, reconocimiento, recursos presupuestarios y financieros.  A más de 2 años del primer caso de COVID-19 a México, los esfuerzos se vuelven a reorientar en la transformación del sistema de salud público hacia una política de universalización bajo un modelo de atención integral (IMSS-Bienestar). La metodología adoptada en la investigación es cualitativa, basada principalmente en el análisis del discurso para recuperar los planteamientos que pueden dar cuenta del sentido, el proceso de cambio y los resultados de la política y el sistema de salud desde las fuentes utilizadas. Las fuentes son principalmente información oficial, fuentes periodísticas y académicas.

Resumen de la Ponencia:

O objetivo deste estudo foi analisar os instrumentos de planejamento e gestão do SUS como premissa para promover capacidades estatais municipais no entorno norte goiano. Com método de pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Estudo de caso como estratégia. Seleção de municípios com até 20 mil habitantes regiões de saúde entorno norte goiano. Utilizada a técnica de análise de conteúdo para análise do Plano Municipal de Saúde, Plano Anual de Saúde e Relatório Anual de Gestão. Os resultados sugerem que quanto menor a estrutura aplicada na elaboração do PMS, maiores são os gastos dos municípios em saúde por habitante. Um PMS bem estruturado não é garantia de que o planejamento cíclico seja realizado. Houve progresso na elaboração do planejamento em saúde, mas ainda são considerados peças burocráticas.

Resumen de la Ponencia:

Se presenta un estudio exploratorio realizado con el propósito de analizar metodologías creativas de enseñanza desarrolladas durante el aislamiento social por COVID-19. Nos interesa recuperar voces de maestros, intérpretes, padres y madres de familia y estudiantes sordos de secundaria, analizando significados construidos respecto de los cambios emergentes por la pandemia. El estudio se desarrolló en Zapopan, Jalisco entre el 20 de marzo y el 20 de abril de 2020, en el marco del Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo. La muestra estuvo conformada por 4 docentes, 2 intérpretes, 8 padres y madres de familia y 20 estudiantes que toman el curso de inducción para ingresar a la secundaria federal ubicada en Zapopan, Jalisco, México. Los participantes respondieron a un cuestionario online con preguntas de opción abierta. Los datos fueron analizados con el programa ATLAS. Ti 8. Se identificaron cuatro categorías analíticas: Prácticas Pedagógicas Inclusivas; Creatividad en Procesos de Enseñanza-Aprendizaje; Hablar a través del cuerpo; Capacidad de agencia en tiempos de pandemia. Los resultados indican que los maestros y profesores construyen prácticas creativas que permiten sostener el compromiso con la educación en contextos inciertos y desiguales. La investigación propone la producción de conocimientos en procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la creatividad y educación en el contexto de pandemia, para contribuir a la planificación de acciones y políticas educativas en el nivel de secundaria con estudiantes sordos.

Introducción:

El estudio se enfoca, especialmente en analizar al papel de los actores sociales en el desarrollo de acciones creativas en contextos educativos. En este sentido, la propuesta de Cristiano (2016; 2018) resulta de relevancia para definir la creatividad como capacidad o potencialidad de los agentes sociales de formular y ejecutar proyectos de acción nuevos. Se coincide con el autor en que lo creativo abarca un amplio espectro, desde prácticas cotidianas hasta grandes obras o descubrimientos de la humanidad.

Una acción es creativa en la medida en que tiene un componente significativo de novedad, referido tanto al proyecto que articula la acción, como al acto efectivamente realizado; el carácter novedoso es imputado por un observador externo, a partir del establecimiento de parámetros de referencia correspondientes a las acciones y resultados de acciones que son típicos o recurrentes en el contexto correspondiente de actuación (Cristiano, 2018: 122).

Así, se entienden las acciones creativas como prácticas sociales que potencian el pensamiento divergente, la originalidad y las producciones alternativas. En los contextos educativos, las acciones creativas se desarrollan a partir de proyectos y tareas áulicas y extra áulicas. A partir del análisis de diferentes estudios (Elisondo, 2018; 2015; Gajda, Beghetto, Karwowski, 2017; Glăveanu, 2018; Richardson, Mishra, 2018) se indetifican acciones que resultan propicias para la promoción de la creatividad en entornos educativos: generar espacios para la imaginación y el juego, promover la autonomía y la toma de decisiones sobre los aprendizajes, estimular el pensamiento flexible, la autoconfianza y el compromiso en aprendizajes individuales y cooperativos. Asimismo, es necesario generar propuestas dialógicas en los contextos áulicos que permitan expresar y explorar ideas divergentes, novedosas y alternativas, compartir experiencias y opiniones diversas y potenciar intercambios entre los estudiantes.

Luego de explicitar sobre la importancia de la creatividad como sustento de los procesos de trasformación educativa en tiempos de COVID-19, surgen los siguientes planteamientos: ¿qué acciones desarrollan los docentes para enseñar sin asistir a las escuelas a estudiantes sordos?, ¿qué actividades proponen?, ¿cuál es el clima de la clase?, ¿se promueven intercambios creativos entre los estudiantes?, ¿cómo se comunican?, ¿qué recursos se utilizan?, ¿qué dificultades se presentan?, ¿qué fortalezas y aprendizajes se perciben?, ¿cuál es la dinámica establecida entre docentes, intérpretes y padres y madres de familia en el proceso?, ¿Cómo se involucran los estudiantes sordos ante estos procesos? El presente estudio propone indagar respecto a acciones creativas de los docentes en tiempos de aislamiento social, reconociendo la complejidad, singularidad e incertidumbre que caracterizan al contexto actual. Interesa analizar, desde las voces de los profesores, intérpretes, madres y padres de familia y estudiantes sordos particularidades de las propuestas educativas en contexto de aislamiento, así como potencialidades y dificultades percibidas.

 

 

 

Desarrollo:

Participaron 4 docentes, 2 intérpretes, 8 padres y madres de familia y 20 estudiantes que conforman el curso de inducción para ingresar a la secundaria. De los cuales 20 manifestaron ser mujeres, 4 ser hombres y una persona definió su sexo como no binario. La edad de los participantes oscila entre 12 a 15 años en el caso de estudiantes y para el caso de docentes e intérpretes y padres y madres de familia oscila entre 25 a 62 años (M=40.90, SD=9.52). 80% de los participantes tiene entre 25 y 50 años. 

Instrumento de recolección de datos

Los participantes respondieron a un cuestionario con preguntas de opción abierta, administrado a través de Google Forms. La participación fue voluntaria y anónima. El cuestionario incluye nueve preguntas que tienen por objetivo conocer las actividades, las interacciones, los recursos tecnológicos, las evaluaciones, las dificultades percibidas y las innovaciones desarrolladas.

Procedimientos y análisis

Los participantes fueron informados respecto a los objetivos y alcances de la investigación. También se les comunicó sobre la confidencialidad de los datos y las estrategias de preservación del anonimato. Los sujetos dieron el consentimiento para la realización del estudio y la publicación de resultados. Utilizamos el programa ATLAS.Ti para el análisis cualitativo de los datos. Realizamos codificaciones abiertas y construimos categorías para sistematizar los datos. 

Desarrollo y resultados

1. Prácticas Pedagógicas Inclusivas

Las voces de los docentes, intérpretes, madres y padres de familia y los estudiantes sordos dan cuenta de los significativos esfuerzos que realizan para dar continuidad a los procesos educativos, potenciar aprendizajes en los estudiantes y, a la vez, atender las complejidades que el momento impone. Por su parte, los docentes generan diversas propuestas educativas y consideran las posibilidades de acceso de los estudiantes a las mismas. Además de las propuestas mediadas por tecnologías, generan múltiples estrategias para que las actividades planificadas lleguen a los alumnos. Asimismo, los profesores e intérpretes consideran las posibilidades reales de los estudiantes de realizar las propuestas (situación familiar, recursos disponibles, contexto emocional, etc.) y la necesidad de atender variables emocionales, relacionales y motivacionales para que los estudiantes sordos se sientan incluidos dentro de su hogar en donde ahora permanecen todo el tiempo. 

Se inició con actividades para que los miembros de la familia aprendan Lengua de Señas Mexicanas (LSM) además de que pudieran interactuar con ellos a partir de cocinar, realizar una manualidad o incluso reunirse en un juego de mesa. La mayoría de los participantes reconocen desigualdades y dificultades en el acceso a los recursos educativos, situación ante la que generan estrategias y alternativas para que las propuestas lleguen a los estudiantes. Es decir, los procesos creativos no solo son puestos en juego en el diseño de las actividades, sino también en la búsqueda de alternativas para que todos los estudiantes aprendan y se incluyan en su entorno social.

2. Creatividad en los Procesos de Enseñanza-Aprendizaje

Las propuestas incluyen diversidad de recursos; en las palabras de los docentes se observa un marcado interés por buscar variadas herramientas para la enseñanza. Las actividades incluyen recursos virtuales (plataformas, redes sociales, diccionarios, juegos interactivos, museos virtuales, Google Maps, etc.) y también recuperan objetos y vínculos de los contextos que habitan los estudiantes, animales, objetos de la casa e historias de familiares también son “usadas” para enseñar y aprender.

Los docentes con la ayuda de los intérpretes han generado estrategias novedosas para “dar clases” a partir de mediaciones tecnológicas (WhatsApp, Zoom, YouTube, plataformas educativas, audiolibro, portales educativos, etc.) y la generación de materiales educativos audiovisuales con subtítulos para facilitar la comprensión (videos, audios, PowerPoint, etc.). Ellos articulan diferentes recursos y estrategias, generan modificaciones en las planificaciones en distintos momentos de la cuarentena. Permanentemente, evalúan los procesos y realizan cambios, se observa flexibilidad, divergencia y búsqueda de alternativas ante situaciones complejas. Las expresiones de los participantes dan cuenta de procesos de activación de pensamientos creativos para la resolución de problemas y la autorregulación de la enseñanza.

Los docentes e intérpretes han propuesto actividades que suponen la participación activa de los estudiantes y sus familias en la elaboración de productos concretos como pan casero, máscaras, barbijos, obras de teatro, cuentos, juegos, molinos de viento, maquetas, canciones, etc. Las actividades ponen manos a la obra a los estudiantes y su familia, integran contenidos curriculares con acciones concretas. También se observan propuestas que deben contemplar el aporte de diferentes disciplinas para la creación de un producto. Las familias juegan un papel destacado en el logro de la continuidad educativa, algunos participantes han subrayado la relevancia de la comunicación entre los estudiantes y el resto de los miembros de la familia a través de la Lengua de Señas Mexicana (LSM)

Las actividades integran contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se presentan como diferentes a las propuestas áulicas. La mayoría de las tareas demandan habilidades y procedimientos mediados por tecnologías que son novedosos tanto para los docentes, intérpretes como para los estudiantes. Docentes y estudiantes graban videos, crean recursos educativos, comparten en redes, realizan trabajos grupales y comparten sus producciones. Los espacios para enseñar y aprender se reconfiguran, muchas tareas implican a públicos cada vez más amplios y circulan por diferentes formatos. “Recorrer museos virtuales, viajar por Google Maps, aprender con videojuegos, crear, editar y subir videos en YouTube y /o Tik Tok”.

[Mamá 1] Cuando el maestro nos dijo todo el material que iba a necesitar para las actividades me estresé porque aunque no eran cosas costosas si me requería de tiempo. Además, también nos dijo el intérprete que iban a necesitar que estuviéramos ahí con la niña durante las horas del curso junto con algunos miembros de la familia. Adaptarnos y acomodarnos a los tiempos fue muy difícil porque tengo más hijos y no tengo computadoras ni teléfonos que aguanten que suba video o videollamadas, pero poco a poco se ha ido dando todo y organizándonos todo se puede y hasta hemos cocinado juntos, hemos hecho obras de teatro. Yo creo que todo está en quitarnos la flojera y salir de la rutina.

[Papá 3] Yo hasta me enojé con el profesor y con la intérprete y les dije que si creían que era rico para tener computadoras y tiempo y dinero para no trabajar y estar ahí contemplando a mi hija en su curso y estar para lo que necesiten. La pandemia nos pegó en el trabajo, en lo económico y aparte las escuelas pidiendo computadoras y tiempo, pero al exponer mi caso, se pusieron accesibles y pude organizarme con mi esposa y mis otros hijos para apoyar a mi hijo Gustavo con las actividades. Entonces cuando puedo yo, ahí estoy, cuando puedo mi esposa o mis hijos y ha favorecido ese tiempo porque ya estoy aprendiendo LSM que era algo que no podía hacer por falta de tiempo y de ganas, pero ya poco a poco todos vamos aprendiendo LSM para comunicarnos con Gustavo y con la ayuda de la intérprete es muy fácil.

Las propuestas educativas descritas por los participantes muestran diversidad y caminos alternativos, los estudiantes pueden elegir formas de resolución, recursos, portadores y objetos. Muchas de las tareas son de final abierto, es decir, no suponen una única manera de resolverlas, ni un producto final único. Este tipo de tareas demandan procesos creativos en los estudiantes en tanto potencian el pensamiento divergente, la búsqueda de alternativas y diferentes procedimientos de resolución. En otras palabras, los estudiantes tienen que planificar acciones, evaluarlas y redefinirlas conforme a las condiciones y los recursos que disponen. En estudios anteriores se ha observado que las tareas de final abierto potencian la creatividad, así como también las que incluyen recursos variados y diferentes formas de resolución. Las actividades que promueven la autonomía y la autorregulación parecen promover acciones creativas por parte de los estudiantes (Davies, et al., 2013; Gajda, Beghetto, Karwowski, 2017; Richardson, Mishra, 2018). Recuperando los planteos de Lion (2020) valoramos las propuestas de los docentes en tanto incluyen actividades lúdicas, promueven el protagonismo de los estudiantes y las interacciones con personas y objetos que habitan el hogar.

3. Hablar a través del Cuerpo

Tal como sostiene Lion (2020), generar espacios de diálogo, escucha y atención entre docentes, intérpretes, familia y estudiantes es indispensable para dejar huellas significativas en los procesos de construcción de conocimientos en tiempos de COVID-19. La metáfora de los tatuajes cognitivos como marcas en el cuerpo, ilustra con claridad la presente categoría de análisis. Se enseña y se aprende con el cuerpo y a partir de las interacciones entre los cuerpos, aunque estas tengan que estar mediadas por tecnologías.

Los participantes destacan la importancia del contacto presencial con los estudiantes y las familias. En tanto no es posible compartir el espacio físico, los docentes generan diversas estrategias para construir interacciones mediadas por tecnologías donde puedan ver, conversar con LSM e interactuar con sus compañeros. Considerando las particularidades de los grupos, los maestros y profesores realizan videollamadas, envían videos con los estudiantes. Esta necesidad se vincula con los aprendizajes curriculares, pero también, y fundamentalmente, con la necesidad de contención emocional. Varios docentes manifiestan haber realizado actividades vinculadas con la educación emocional, específicamente estrategias de afrontamiento y expresión de emociones y en LSM sobre la pandemia y el aislamiento social.

[P1] Al principio fue un poco desorganizada la comunicación, Al principio fue un poco desorganizada la comunicación, pero realizamos grupos de WhatsApp y comenzamos a establecer ciertas rutinas que incluían saludos, hablar de cómo nos sentíamos, buscábamos mensajes esperanzadores que podían ser con mensajes en LSM y luego comenzábamos con los aprendizajes y contenidos que habíamos propuesto. Con el paso de los días se fueron involucrando e interactuando con nosotros y entre ellos. 

[E1] Al principio me daba pena jugar adivínelo con señas como nos indicaba el profesor y la intérprete, pero poco a poco se me fue la pena y comencé a divertirme y a reírme de mí misma y de aprender de mis compañeros. Ahora me siento más incluida al grupo gracias a la cámara que ayuda a estar presente pero sin sentirte dentro. Es raro.

En los casos donde no es posible la interacción mediada por tecnología, se observaron diversas estrategias pedagógicas para mantener el contacto y dar continuidad a los procesos educativos. El envío de fotocopias, cuadernillos y materiales a la casa de los estudiantes es una práctica que realizan frecuentemente algunos de los participantes del estudio. Los análisis indican que los docentes le ponen el cuerpo a la situación, graban videos y audios, implementan estrategias para que los estudiantes puedan verlos, escucharlos y compartir experiencias y emociones.

Se observó que las posibilidades de interacción varían conforme al grupo, la disponibilidad de recursos materiales y simbólicos y la organización de las instituciones educativas. En algunos casos, los docentes señalaron que al comienzo del aislamiento, las interacciones no eran tan frecuentes o eran desorganizadas y que luego se fueron estructurando y realizando de manera más frecuente. En el caso de los estudiantes menores de edad, la interacción está condicionada por la disposición de las familias y su compromiso con los procesos educativos; en este sentido, algunos docentes e intérpretes señalan dificultades y limitaciones. Las interacciones cuerpo a cuerpo también están limitadas, muchas veces, por la disponibilidad de recursos tecnológicos y el acceso a internet. Sin embargo, para los estudiantes sordos fue un medio ideal para expresarse.

4. Capacidad de agencia en tiempos de pandemia

Los profesores también identifican aprendizajes a partir de esta compleja situación que han debido afrontar de “un día para otro”: potencialidades de las tecnologías y recursos educativos digitales, fortalezas vinculadas a las capacidades para generar cambios y afrontar situaciones, el carácter insustituible del aula como espacio de aprendizaje, la importancia de los vínculos, las emociones y el cuerpo en los procesos educativos, la relevancia del trabajo en equipo y la realización de propuestas interdisciplinarias. Además de seguir enfrentando dificultades en el proceso educativo con estudiantes sordos,  es importante compartir algunas palabras de los docentes que resultan esclarecedoras de los aprendizajes construidos y las potencialidades observadas:

[I1] Que el aula es un lugar único e irremplazable donde la multiplicidad de afectos, sentimientos, gestos etc., y que a través de una pantalla no se dan. El aula es un espacio en el que cada día suceden MARAVILLAS entre docentes, intérpretes y los estudiantes. La pandemia me ayudó a valorar el aula.

[I2] Aprendo todo el tiempo, creo que, a pesar de no poder ver a mis alumnos, esta forma me ha generado un vínculo más fuerte con ellos y las familias, que han ido más allá de un contenido de aprendizaje. Las emociones están a flor de piel, las devoluciones son muy importantes para ellos, he aprendido a manejar mejor esa parte para estimularlos y saber que un mínimo estímulo empodera su autoestima, y les hace seguir adelante. Sobre todo usar el cuerpo para expresarnos y ayudar a los estudiantes a que se expresen mediante su cuerpo.

Las voces de los docentes, intérpretes y padres y madres de familia señalan numerosas dificultades, incertidumbres y conflictos; sin embargo, también muestran acciones trasformadoras, intereses genuinos por generar espacios educativos nuevos y potenciar los aprendizajes. La agencia parece ser clave en la construcción de nuevas propuestas educativas que consideran las particularidades de los grupos y sus condiciones sociomateriales. Las expresiones de los docentes también indican aprendizajes, capacidades desarrolladas y fortalezas identificadas a partir de las trasformaciones ocasionadas por la pandemia y el aislamiento social. Los docentes e intérpretes identifican cambios y logros, potencialidades de los estudiantes y las familias, desigualdades sociales y desafíos pendientes. En este complejo contexto, la apuesta por la educación inclusiva, por seguir generando espacios para aprender, se sostiene e intensifica.

Los docentes señalan aprendizajes vinculados a la utilización de diferentes recursos, el trabajo en equipo y la búsqueda de estrategias para sostener los vínculos a la distancia. Las expresiones de algunos docentes dan cuenta de procesos creativos y resilientes, es decir, buscan alternativas, nuevas formas de hacer las cosas, considerando los intereses y las necesidades de los estudiantes sordos y sus familias. Los docentes manifiestan estar construyendo aprendizajes no solo referidos a recursos y estrategias de enseñanza sino también, y especialmente, a los vínculos, las emociones, la empatía y la relación con las familias. Los participantes también señalan aprendizajes relacionados con la flexibilidad, la improvisación, la apertura y el trabajo colaborativo. Tal como señalan varios autores (Davies, 2013; Gajda, Beghetto, Karwowski, 2017; Richardson, Mishra, 2018), estas condiciones facilitan el desarrollo de la enseñanza creativa. Según Beghetto y Kaufman (2011), cierta improvisación es indispensable para la creatividad en la enseñanza. 

Díaz-Delgado (2020) señala que en el contexto de la pandemia se han generado estrategias de enseñanza mediadas por tecnologías de manera improvisada pero resiliente, reconociendo las particularidades de las comunidades, las condiciones de los docentes e intérpretes y generando contención emocional. Resultan interesantes en este sentido las reflexiones de Tranier, Bazán, Porta y Di Franco (2020,p. 11) respecto a esta crisis como posibilidad para reinaugurar la solidaridad social:

Pensar el cuidado, desde una pedagogía de la inauguración comunitaria como ética, significa continuar las luchas por una solidaridad que busque hacerse carne en las aulas, fuera de ellas, y en todo aquello que está “clavado en la memoria”, en las políticas públicas y en el corazón [...] Volver oportunidad para pensar que estos territorios fragmentados por la pandemia comiencen a consolidarse en territorios en red, donde se debilitan las fronteras y se fortalecen los movimientos de resistencia, hacia una formación política de comprensión e intervención con otros.

Esta reflexión también nos invita a pensar acerca del papel de la creatividad como potencialidad para el desarrollo de proyectos nuevos de organización social (Cristiano, 2018) que incluyan acciones creativas, inclusivas y solidarias. Tal como señala Bocchio (2020), además de las desigualdades, la pandemia muestra numerosas prácticas solidarias, especialmente en los sectores más vulnerables. El texto de Lion (2020: 7) termina con un contundente desafío: “Esta pandemia nos está dejando muchos aprendizajes. De nosotros/as dependerá que los aprovechemos para diseñar una educación distinta, más democrática, justa y creativa”.

 

Conclusiones:

Enseñar y aprender en tiempos de pandemia es la apuesta sostenida de los docentes e intérpretes, padres y madres de familia y estudiantes sordos que participaron en el estudio. Sin desconocer singularidades, complejidades y desigualdades sociales, los docentes junto con los intérpretes se comprometen a seguir desarrollando procesos educativos y construyendo estrategias novedosas para potenciar aprendizajes. La creatividad como potencialidad y proceso social que implica proyectos novedosos (Cristiano, 2018), juega un papel destacado no solo en la planificación de actividades educativas, sino también en la búsqueda de alternativas para que estas propuestas lleguen a los estudiantes y puedan ser resignificadas, considerando recursos y particularidades de cada familia. Los docentes no utilizan una estrategia única, evalúan sus prácticas, generan cambios y diferentes alternativas. Entonces, no aparecen actividades únicas sino diversas planificaciones que consideran las posibilidades de acceso a internet, la disponibilidad de recursos tecnológicos y el compromiso de las familias. Además, en las voces de los docentes se reconoce la consideración explícita de los intereses y las emociones de sus estudiantes adolescentes.

Los docentes siguen educando en un entorno personal que también es complejo y singular, la superposición de actividades laborales, personales, domésticas y de cuidado, caracterizan la vida en tiempos de pandemia. Asimismo, los docentes le ponen el cuerpo a la situación, reconocen la importancia de los vínculos, de los sentidos y construyen estrategias para ver, hablar y escuchar a los estudiantes. Estas estrategias también son novedosas, originales, y atienden las particularidades de los estudiantes y sus familias. 

Los docentes también reconocen la importancia de los vínculos con otros docentes y el trabajo colaborativo como forma de construcción de redes que sostengan las actividades pedagógicas. Las desigualdades sociales que se observan, tanto en la disponibilidad de recursos materiales como simbólicos, hacen que el derecho a la educación sea exclusividad de algunos sectores. El contexto de pandemia es un nuevo panorama para pensar en las condiciones laborales docentes, ¿qué implica el trabajo docente? ¿qué recursos se garantizan? ¿cómo se percibe en términos de prestigio social? A pesar de los esfuerzos y compromiso de los docentes, muchas personas no tienen las oportunidades de aprender si no asisten a las instituciones. En este sentido, cabe reflexionar respecto del no cumplimiento del derecho humano a la educación, lo que hace indispensable generar políticas públicas integrales que atiendan las desigualdades y generen contextos propicios para enseñar y aprender.

A lo largo del estudio se ha intentado comprender, desde las voces de un grupo de docentes, las acciones creativas desarrolladas en tiempo de COVID-19. Hemos presentado un análisis preliminar y acotado al grupo analizado. Queda pendiente para futuros estudios considerar otros grupos y contextos, atender distintas variables y analizar de manera longitudinal cambios en las acciones creativas a lo largo de todo el proceso de aislamiento social. Asimismo, sería interesante en futuros estudios analizar con mayor detalle las consideraciones sociales, materiales y simbólicas de las familias y cómo estas condicionan los procesos educativos.

A partir de los resultados de la presente investigación, se destaca la importancia de que las políticas educativas post-aislamiento valoren el compromiso y el esfuerzo realizado por los docentes para seguir enseñando, para garantizar el derecho a la educación de millones de niños, jóvenes y adultos. Valorar el esfuerzo docente implicaría cambiar condiciones laborales, no romantizar el trabajo docente, ofrecer recursos y reconocimiento que permitan modificar condiciones materiales concretas. Asimismo, es necesario reconocer prácticas creativas desarrolladas por los equipos docentes, identificando sus potencialidades formativas en sentido amplio y generar propuestas educativas que den cuenta de la continuidad a las actividades en asilamiento y post-asilamiento. 

Los nuevos planes educativos también deberían reconocer los aprendizajes diversos construidos durante el aislamiento, aprendizajes que no estaban planificados, pero que se lograron (contenidos teóricos, procedimentales, vinculares, emocionales, etc.). Es indispensable construir políticas públicas que atiendan las desigualdades en el acceso a recursos educativos digitales y construir de manera colaborativa (todos los miembros de la comunidad educativa) nuevos calendarios y planes de contingencia ante crisis y situaciones complejas.

 

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Palabras clave:

Methodology, Education, Inclusion

 

Resumen de la Ponencia:

Según Martuccelli (2018) se denomina individuación a los grandes procesos sociohistóricos que dan cuenta de los individuos que son fabricados estructuralmente en una sociedad. Esto implica la relevancia de conocer cómo se producen los individuos al enfrentar problemas comunes y requerimientos cotidianos de la vida social (Araujo y Martuccelli, 2012). En este sentido cobra gran relevancia el concepto de “prueba estructural”, el cual se define como un desafío al que todos se ven obligados a enfrentar y que representa un trabajo particular para los individuos en la búsqueda y movilización de soportes (recursos, redes, capitales, estrategias, etc.) para su consecución (Martuccelli, 2007; Tapia, 2018).Desde esta perspectiva entendemos que las movilidades son una práctica social que conjuga deseos, necesidades y requerimientos para satisfacerlos. Ellas son resultado y condición de la inserción de un grupo en un contexto social, definido por factores físicos, territoriales, económicos, regulatorios, culturales, etc.”. (Gutiérrez, 2009:7). A este respecto ¿Cómo se enfrentaría una persona con discapacidad a la prueba de la movilidad, cuando es representado como “enfermo”, “dependiente”, “inmóvil” e “incapaz de producir los soportes sociales necesarios? El objetivo de este estudio es “analizar y comprender cómo las personas con discapacidad practican y significan sus movilidades, enfatizando en sus historias personales, estrategias, soportes sociales y vínculos territoriales, a fin de identificar qué tipo de individuo produce la prueba de la movilidad". A través de un diseño etnográfico que contempló la realización de entrevistas y observaciones, se identificaron las prácticas de movilidad, redes, soportes y estrategias de personas con discapacidad de San Juan de la Costa y las Islas de Quinchao, comunas rurales localizadas en la Región de Los Lagos. Los resultados sugieren que los individuos  gestionan sus movilidades principalmente a través de y con; sus familias, las instituciones locales (Municipalidad y Centro de salud familiar) y el individuo mismo (ductilidad y adaptación del cuerpo). Finalmente, la gestión de las movilidades de las personas y sus familias, contribuye a enmarcar a estas dentro de algunas categorías de la tipología  de individuos que ofrece Martuccelli (2019). En algunos casos encontramos “individuos institucionalizados”, es decir, aquellos que son producto de las prescripciones institucionales, recibiendo ayudas y recursos de estamentos públicos a nivel estatal y municipal. Por otro lado, emergen los “individuos agénticos”, los cuales, en el contexto de Estados débiles y ante la indiferencia de parte de las instituciones, aprenden a gestionar “solos” los desafíos y necesidades de la vida cotidiana, tejiendo redes de lealtades diversas, siendo la familia el principal proveedor y gestor en la solución de las contingencias diarias. Por último, encontramos algunos casos de “híbridos”, individuos que combinan lo agéntico y lo institucional para hacer posibles sus movilidades y acceder a diversos servicios y actividades de interés. 

Resumen de la Ponencia:

 “El objeto de la historia es esencialmente el hombre, mejor dicho: los hombres” (Bloch, 1975, pág. 24) La historia del pasado[1] del hombre es en gran parte un relato de sus esfuerzos por arrebatar un espacio a los demás y por defender un espacio de los extraños. El pasado, se concibe en esta investigación como un ente que ejerce fuerza vinculante con los sujetos que presentan características físicas e intelectuales distintas al grueso de la población, y que en ese tenor se convierte en un pasado de múltiples sentidos: “Lo pasado pertenece irremisiblemente al tiempo anterior, perteneció a los sucesos de entonces, y puede a pesar de ello a ser ahora” (Heidegger, 1951, pág. 409). La discapacidad ha pasado por multitud de abordajes conceptuales que tienen que ver con la mirada de las personas que se consideraban normales. La normalidad parece ser la etiqueta que ha acompañado a aquellos sujetos que no presentan alteraciones físicas visibles e intelectuales notables, pero que además logran interactuar sin mayores dificultades con sus semejantes. El recorrido que se hace parte del año 1800 con personas que estuvieron sujetas a las reglas de una sociedad como la española, que les asignó una distinción derivada de su estatura pequeña y su apariencia física. Algunas de ellas, con un rol que se conocía como bufones dentro de la corte del rey en turno; quienes, de entrada, tenían un puesto de prestigio social, ya que merecía el reconocimiento de la autoridad y por consiguiente de la población.   El ejercicio de problematización en la arquitectónica de la investigación,  se define como un proceso complejo, a través del cual se transitó por caminos de desestabilización y cuestionamientos constantes que condujeron a una paulatina clarificación y gradual precisión que lo expulsa hacia la inminente construcción intelectual, con una disposición tal que cada parte sostuvo a otra de manera congruente y armónica (Schopenhauer, 2021),  pilar donde se fundó la generación de conocimiento.  El problema en la investigación de manera precisa es: lo que se trata de resolver, o de averiguar, es la construcción creativa de una dificultad donde aparentemente no la hay; algo que se quiere explicar con mayor claridad, amplitud o profundidad.  "No hay investigación sin problema. El problema de investigación es lo que desencadena el proceso de generación de conocimiento"  (Sánchez, 1993). Específicamente la enunciación del problema en esta investigación es: ¿Cómo se presentifica la construcción de distinción negativa de las personas con carcaterísticas físicas e intelectuales diferentes?  

Resumen de la Ponencia:

Este trabajo consiste en el diseño de un prototipo de aula desde la perspectiva de técnicas de integración sensorial, como la táctil, vestibular y propioceptiva alineadas con los demás sentidos, con el fin de facilitar la atención y la conciencia, a la vez que se reduce la excitación general de los niños con autismo. El resultado del estudio se materializó en un pabellón que se construye en el centro de atención de niños autistas ConTacto, en la ciudad de León, México. Los niños con autismo, así como aquellos con otras condiciones que limitan el desarrollo, pueden presentar disfunciones en el sistema sensorial. En ocasiones alguno o varios sentidos reaccionan de forma excesiva o insuficiente a la estimulación. Estos problemas sensoriales pueden ser la razón subyacente de comportamientos como mecerse, dar vueltas y aletear con las manos. El espacio arquitectónico puede estimular los receptores de los sentidos que se encuentran en el sistema nervioso periférico actuando indirectamente sobre la parte central del cerebro.

Resumen de la Ponencia:

Educación superior y discapacidad La ponencia presenta los resultados de la investigación "Discapacidad y universidad: panorama sobre docencia, investigación y gestión de lasnecesidades de estudiantes con discapacidad. Actores, estrategias, redes y políticas." El estudio se llevó a cabo con el objetivo de subsanar el escaso conocimiento sobre la acciones en los ejes sustantivos de docencia e investigación en discapacidad, y en la gestión de necesidades de estudiantes con discapacidad en 4 universidades de Colombia México y España en relación al contexto normativo, político y social, por lo cual se llevo a cabo una investigación cualitativa con alcance descriptivo y explicativo, que permitió establecer incidencias y obtener conocimiento actual, situado y pertinente. A través de encuestas a las rectorías de las 4 universidades participantes y entrevistas a estudiantes, profesores y actores claves se logra dar cuenta de la interrelación entre las normas y políticas y las experiencias concretas con los sujetos. Los resultados realizan el análisis de brecha entre las políticas nacionales e institucionales con los estándares marcados a partir de . Participaron 10 académicos de 4 universidades de tres países: Colombia, España y México, estudiantes de licenciatura y de doctorado, becarios y voluntarios. Entre los productos logrados se resaltan: la página web sobre la investigación,  un libro con el informe final en proceso de publicación, a realización de actividades académicas como el Coloquio Internacional virtual (2020) y el Congreso Internacional sobre Discapacidad (2021), así como la conformación de una red internacional transdisciplinaria de investigación en discapacidad y la creación del Observatorio Universitario de Discapacidad.   

Resumen de la Ponencia:

Concebir a la “discapacidad” como un dispositivo, es observar cómo se organizan saberes, comportamientos y prácticas que promueven formas específicas de subjetividad, pero a su vez, modos de desidentificación o espacios de resistencia a esas subjetividades. Bajo este escenario, el modelo biomédico ha jugado un papel preponderante en la construcción de la categoría “discapacidad” por su vínculo con la gestión estatal en un gran número de países. En tal sentido, el discurso biomédico ha devenido en hegemónico, desplazando a otros discursos hasta erigirse como la única forma científica amparada por el Estado. En Ecuador, desde la década de los noventa se generaron repertorios jurídicos e institucionales que, en parte, mantienen vigencia en la actualidad al configurar en la relación socioestatal, una articulación entre el saber biomédico con el poder del Estado mediante una carnetización que habilita el acceso a las políticas públicas. Su constante instrumental se ha sostenido sin mayores desarreglos hasta la actualidad: una persona con un déficit orgánico se somete a una evaluación realizada por un equipo de profesionales de la salud, para obtener una calificación que se traduce en un porcentaje; si obtiene un 30% o más, el Estado le otorga un carnet que lo acredita como persona con discapacidad, y con ello, el acceso a las medidas de acción afirmativa que contempla la política pública. De esta forma la categoría “discapacidad” deviene en dispositivo, pues, más allá del clima político y la adopción de un enfoque basado en los derechos de las personas con discapacidad, ha configurado toda la cadena de articulación de la política pública y vínculo del Estado con las personas con un déficit orgánico. El saber biomédico decide quién accede a un carnet de discapacidad, el poder del Estado reside en otorgarlo. Este dispositivo de la “discapacidad” como un conjunto instrumental de saberes, prácticas y formas específicas de subjetividad, fue puesto en entredicho por colectivos de personas con discapacidad que instalaron contundentes críticas a la modalidad de carnetización. En un contexto agudizado por el escenario de la pandemia, se interpeló el diseño, proceso de registro y ejecución para el acceso al carnet de “discapacidad”, a través de acciones políticas directas lograron instalar una agenda pública y exigir reformas a estas modalidades instituidas de la gestión estatal. Esta ponencia aborda un proceso aún en ciernes, pero que permite una aproximación al carácter ambiguo de los parámetros inclusión/exclusión que operan en el dispositivo estatal de la “discapacidad”, bajo una supuesta objetividad del procedimiento para determinar quién accede a un carnet mediante un porcentaje, pero, más importante aún, la desidentificación de un tipo de relación socioestatal al investirse de actores políticos que militan la “discapacidad” para ser pensados más allá del dispositivo y su diagnóstico biomédico.

Introducción:

Para arribar a las consideraciones que pueden fundamentar el dispositivo de la discapacidad, es necesario situar uno de sus componentes vitales, la biomedicina. Su profundidad histórica se halla en los comienzos del siglo XVII, pero su consolidación, particularmente desde ámbitos jurídicos, está ubicado en las primeras décadas del siglo XX. Para Aguado Diaz, las causas que se aluden en esta consolidación, son la guerra y los accidentes laborales (Aguado Diaz 1995).

Su paulatina preponderancia en el repertorio de saberes fue en detrimento de otras explicaciones y nociones sobre el cuerpo, la figura del médico se tornó en la única capaz de interpretar la salud y enfermedad. Su experiencia se profesionalizó y consecuentemente fue reglamentada por los Estados. El cuerpo en la biomedicina, cobró un protagonismo para su observación, sea en la sala de autopsias o junto a la figura del paciente. El cuerpo se convirtió en objeto de estudio y mediciones, cuantificaciones y disecciones. La idea de síntoma para interpretar al cuerpo, fue un indicador que pasó a segundo plano para determinar una enfermedad, y se le otorgó a la lesión y al déficit, un papel más protagónico por su nivel de categorización y especificidad nosográfica. Este contexto permitió que la mirada del médico se considerara soberana sobre el cuerpo del paciente, y que la palabra éste, o de su entorno, fuera supeditada o directamente negada. 

Para el siglo XX la trayectoria de la biomedicina fue muy relevante para los procesos de higienización, salubrización y prácticas eugenésicas. Un fenómeno de tal magnitud que, desde mitad del siglo XX, se ha denunciado el avance de la biomedicina en la vida cotidiana de las personas (Menéndez, E. 2010). El reduccionismo biológico y sus efectos en clave de patologización del déficit orgánico y de los comportamientos, comenzaron a ser explorados en su contribución a dinámicas de segregación y discriminación de sectores sociales que buscan acceso a prestaciones de salud. Esto derivó en que la salud y la enfermedad se convirtieran en objeto de planificación e intervención para los Estados, acarreando en muchos casos, un conjunto de disposiciones sobre sus ciudadanos. Se crearon centros con expertos para abordar problemas sanitarios. La figura del hospital, que se remontaba al siglo XVII con objetivos mas asistenciales, ahora cobra mayor protagonismo por las especializaciones médicas. En esa transición convivían locos, indigentes, prostitutas, deformes y vagabundos que no poseían medios para solventar alguna enfermedad o padecimiento. En otras palabras, el hospital fue sometido a un ordenamiento riguroso, a una gestión gubernamental que remite a racionalidades y técnicas procedimentales conducentes a orientar formas específicas de comportamiento, para que determinadas vidas sean protegidas, otras padecidas y/o eternamente asistidas, o en el peor de los casos, ser expuestas o quedar en el abandono. 

La consolidación de este escenario durante el siglo XX, se erigió con el diseño y ejecución de políticas públicas con el predominio de las coordenadas biomédicas. Aspectos como la desocupación laboral producto de accidentes, la desnutrición, la pobreza y el cuerpo con déficit, fueron proyectados en términos de salud. Y, en efecto, la normalización del uso de medicamentos y tratamientos biomédicos y rehabilitatorios. 

Desde esta vertiente histórica sobre la biomedicina, es que Eduardo Menéndez acuñó la categoría de “modelo biomédico hegemónico”, para dar cuenta de su constitución y caracterizar su intima conexión con las técnicas gubernamentales y sus consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Elaborada desde los estudios en antropología médica, Menéndez define ciertos rasgos estructurales y discursivos que permiten entrever la relación entre lo biomédico y la estatalidad al definirlo como:

El conjunto de prácticas, saberes y teorías generados por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde fines del siglo XVIII ha ido logrando establecer como subalternas al conjunto de prácticas, saberes e ideologías teóricas hasta entonces dominantes en los conjuntos sociales, hasta lograr identificase como la única forma de atender la enfermedad legitimada tanto por criterios científicos, como por el Estado (Menéndez, 1988: 451).

Una de las aspiraciones del diseño estatal en términos de salud y enfermedad, ha sido el conjunto de procedimientos clasificatorios para acceder a diversas prestaciones sociales en las sociedades contemporáneas. Muchas de las formas de ejecutar políticas de asistencia, se diseñan a través de categorizaciones o el cumplimiento de requisitos para acceder a determinados recursos. Estos requisitos pueden estar atados a ciertas normatividades y parámetros corporales diferencialmente asignados. Por ejemplo, para las personas trans presentar certificados de diagnóstico, autorización de profesionales de la salud, o terapias con profesionales en psiquiatría, son parámetros excluyentes al momento de optar por una cirugía. Estas prácticas perpetúan ciertos rasgos identitarios, bajo la presunción de ser meramente descriptivas o diagnosticas. 

Para la década de los setenta, esta trayectoria de técnicas gubernamentales amparadas en lo biomédico, adquirió ciertos giros que me permiten introducir la relación entre modelo biomédico hegemónico y discapacidad. En el Reino Unido, y luego de un recorrido de procesos organizativos de las personas con discapacidad, converge una sinergia entre activismo y academia que derivó en la creación de los Disability Studies, un conjunto diverso de estudios con el objetivo de comprender las bases sociológicas de la discapacidad. Su agenda programática inicial, residió en cuestionar la agenda estatal sobre discapacidad, como también el papel de las instituciones involucradas en ámbitos biomédicos (M. Oliver 1998). Sus aproximaciones interpelaron la potencia que este discurso ha tenido en la intervención directa sobre el cuerpo para su corrección, rehabilitación y normalización (Ferrante y Ferreira 2011, Ferreira 2009), ubicándolas como elementos imprescindibles para entender las imágenes contemporáneas de la discapacidad. 

Esta vertiente política y organizativa, fue la antesala de instrumentos jurídicos internacionales como la convención internacional de personas con discapacidad. En Ecuador, y desde esta matriz de derechos y con las trayectorias propias de un movimiento asociativo, surgido hace tres décadas y que mantiene una militancia hasta nuestros días, pondrá en entredicho el dispositivo que se ha consolidado con los diseños biomédicos y clasificatorios de las políticas públicas en discapacidad de la década de los noventa hasta el presente.   

Desarrollo:

A comienzos de la década de los noventa, en Ecuador encontramos repertorios discursivos, agendas estatales y creación de movimientos asociativos que, en parte, mantienen vigencia en la actualidad. La creación de la ley de discapacidades en el año 1992, permitió la introducción oficial de la categoría discapacidad al cuerpo jurídico, como también la creación del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) y la mayoría de las federaciones nacionales de discapacidad. 

Para la siguiente década, la discapacidad se vuelve un eje central de la política bajo el ciclo progresista que da inicio la presidencia de Rafael Correa. Son tiempos donde se acoge la convención internacional de personas con discapacidad, con estatus de rango constitucional. Se crea la ley orgánica de discapacidad, y la sociedad civil organizada adquiere cierto protagonismo. En este devenir jurídico e institucional, hay una constante que conforma la agenda estatal de la discapacidad, me refiero a la calificación de la discapacidad y su modalidad de porcentualización y acreditación para la obtención de un carnet que otorga el Estado.  

Esta modalidad en Ecuador nace a mediados de los ochenta, bajo la idea de “minusvalía” por la Ley de aquella época. A los cuerpos con déficit se aplicaba una tabla de valoración de invalidez laboral, delineada para identificar limitaciones biológicas. Esta característica persiste hasta el año 1998, instante en que el proceso de calificación pasa al Ministerio de Salud. Dos años después, la administración de la calificación pasa al CONADIS y se instituye un estatuto que origina la variante del porcentaje como sistema único de acreditación. Doce años después nuevamente la calificación pasa al Ministerio de Salud y así se mantiene hasta nuestros días. 

La gestión de la calificación ha sido similar y sin mayores desarreglos más allá del clima político de turno. Un equipo calificador que está compuesto por un médico, dirigirá los procedimientos y dictamen, acompañado por un psicólogo y un trabajador social. La persona que ingresa en este circuito se le solicitan exámenes de especialistas. Estos son analizados por el médico del equipo y, guiándose por un baremo de calificación (instrumento que clasifica y pondera porcentualmente diversos déficits orgánicos), establece un porcentaje de discapacidad. Si el porcentaje es de un 30% o más, se procede a otorgar un carnet de discapacidad que permite el acceso a la política de acción afirmativa.  

Esta modalidad que articula al modelo biomédico con la estatalidad, se compone en una matriz de saber/poder, es decir, el saber biomédico para decidir quién accede a tener un carnet de discapacidad, el poder del Estado reside en otorgar el acceso a políticas públicas mediante la expedición material del carnet. 

Me refiero a una matriz de saber/poder porque, en el caso que acabo de caracterizar, la discapacidad puede ser analizada en términos de dispositivo. Especificar a la discapacidad como un dispositivo que se articula desde el modelo biomédico y la estatalidad, no es nuevo. Autores como Salvador Cayuela Sánchez, Alejandro Contino, María Paula Zanini, María Alfonsina Angelino e Indiana Vallejos, entre otras, han caracterizado algunos aspectos históricos como contemporáneos bajo este concepto.  

Siguiendo a Foucault (1984), un dispositivo es un conjunto heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos. Por otra parte, los elementos del dispositivo pertenecen tanto a formaciones discursivas como no discursivas y que configuran una red. Para clarificar este concepto al conjunto de datos que les presenté sucintamente desde la década de los noventa, me apoyo en el ejemplo que nos ofrece Foucault en el análisis del dispositivo prisión. Este dispositivo acopla un conjunto de formaciones discursivas como “el delincuente”, “la delincuencia”, “la inseguridad”, y todos los ilegalismos existentes y por haber. Por otro lado, hay una formación no discursiva como la arquitectura panóptica, la cual es una estructura que permite amplificar el campo de visibilidad.

En principio, la formación discursiva delincuencia no asume una correspondencia de modo univoco con esta arquitectura panóptica, se requiere de un dispositivo para conectar los dos elementos y que tengan sentido. Entonces, los discursos de la delincuencia y los no discursivos de la arquitectura panóptica están dispuestos recíprocamente pero sólo a partir del dispositivo prisión. Es este el que configura al sujeto delincuente al recluirlo en una estructura arquitectónica para ser vigilado. 

Regresando al tema en discusión, toda la formación discursiva que nos ofrece el saber biomédico para los cuerpos con un déficit orgánico, se articula de modo recíproco con un componente no discursivo como puede ser un carnet de identificación. Otorgar este carnet es bajo la condición de someterse a la autoridad del saber biomédico, transitar por la experiencia de ser examinado y auscultado, para determinar un porcentaje que permitirá, o no, legitimarlo como una persona con discapacidad y acceder a las políticas de acción afirmativa.  

Otra de las características fundamentales de un dispositivo, es que sostiene como objetivo garantizar una función estratégica dominante que, en este caso, son las formas en cómo decidimos quien es una persona con discapacidad para el Estado con el objetivo de trazar una política social. En Ecuador, la ordenación del dispositivo de la discapacidad tiene un origen que está dado por dos momentos. El primero, se manifiesta por qué tipo de relación se establece con las personas con un déficit orgánico. El segundo momento es en el que el dispositivo se instituye como tal (lo que Foucault rotula como proceso de sobredeterminación funcional), con las constantes y mecanismos de la calificación, la acreditación y la carnetización de la discapacidad. Eso es lo que hace posible, a fin de cuentas, la coexistencia de elementos heterogéneos del dispositivo, pues, determinará partidas presupuestarias según los flujos e indicadores, establecerá la infraestructura, inculcará determinada racionalidad procedimental a los ejecutores en distintas áreas para transversalizar la política pública. 

En consecuencia, la red del dispositivo de la discapacidad es una estructura de variados elementos como el discurso biomédico, los equipos profesionales de calificadores, las instituciones de salud, el CONADIS, los instrumentos jurídicos sobre discapacidad. La racionalidad que permite hacer evidente la huella corporal de la discapacidad, emerge como incuestionable con el aval profesional y experto. Un aval que señala que la discapacidad está en ese cuerpo al momento que el médico especifica el déficit orgánico. La individualización de signos y el ordenamiento de correspondencias con un término nosográfico los materializa como discapacidad. Esta es la forma en la que se ha facultado toda una cadena operatoria y de articulación para diseñar programas sociales para la discapacidad, sin mayores desarreglos desde la década de los noventa en Ecuador.  

En este punto cobra importancia otra característica relacionada al dispositivo, su pluralidad, lo cual permite distanciarse de su configuración biomédica estatal, para ver los desplazamientos que ocurren si nos ubicamos desde su exterioridad intima. Desde los primeros estragos de la pandemia, diversas asociaciones de discapacidad en Ecuador, pusieron en entredicho la configuración del dispositivo y lo que gira en torno a sus múltiples efectos. Se produjo un desplazamiento que descentró la mirada respecto a la función esperada de la política pública, manifestando más las resistencias que estas políticas provocan y un debilitamiento de determinados valores que sustentan su legitimidad. Esto permitió espacios de existencia alternativos o resistencias a ciertos discursos, lo que Gilles Deleuze ha señalado como líneas de fuga del dispositivo (1998). Así, surgen discursos críticos al procedimiento de adjudicar un porcentaje a la discapacidad. Las controversias discurrieron por su presunta objetividad y pulcritud como parámetro metodológico. Por otra parte, hay un desdén por su base epistemológica que está substancialmente conectada a la categoría de diagnóstico, que sitúa en una condición jerárquica a la biomedicina para establecer la estatalización de la discapacidad. 

En las experiencias de las asociaciones participantes en esta investigación, se puede distinguir una crítica que apunta a la lentitud e ineficiencia del proceso hasta obtener el carnet de discapacidad que otorga el Estado. Este escenario se ve agudizado por la pandemia, por sus efectos para las personas con discapacidad, confrontando políticas de moderación fiscal y escases de recursos en la seguridad social. A esto se añadió la noticia de una red de corrupción para obtener los beneficios tributarios que otorga el carnet de discapacidad. Tanto equipos calificadores como otros operadores del sistema de salud, emitían carnet de forma fraudulenta para la utilización de las exenciones tributarias, o en algunos casos para ponderar los puntajes en concursos para cargos de dirección pública.  

Estas situaciones, generaron una acumulación de malestar y acontecimientos coyunturales que se procesaron en una serie acciones políticas directas. Asimismo, se fortalecieron las dinámicas organizativas en torno a asambleas, conversatorios online, movilizaciones y plantones, la vigilancia a través de veedurías ciudadanas y un mayor involucramiento en el debate por reformas a los cuerpos jurídicos y al baremo de calificación de la discapacidad.

No puedo detenerme en cada una de estas instancias o líneas de fuga al dispositivo de la discapacidad, pero lo sustantivo es que por primera vez se puso en entredicho el carnet como nexo entre la política pública y las personas con discapacidad, puesto que todas las medidas de acción afirmativa están diseñadas, transversalizadas y ejecutadas por el flujo de información que se recolecta en el proceso de registro de la población poseedora del carnet, es decir, se cuestionaron las bases que el modelo biomédico ha sostenido como constantes desde la década de los noventa. 

Conclusiones:

Tal como señaló Indiana Vallejos (2009), acceder a la certificación de la discapacidad permite el acceso a bienes en disputa. El dispositivo estatal de la discapacidad y su fundamento hegemónico biomédico (Menéndez 1984, 1988) que porcentualiza un diagnóstico, posibilita o limita quien puede acceder a bienes materiales que se están disputando. Ecuador posee una larga trayectoria de naturalización del diagnóstico para determinados ordenamientos sociales, procurando una cierta legibilidad de la vida cotidiana, de la experiencia vital en niños con discapacidad, en las trayectorias educativas o el lugar que tenemos las personas con discapacidad en la matriz laboral con sus innumerables prescripciones normativas y capacitistas. 

El dispositivo de la discapacidad, dota un despliegue de control permanente a través de los expertos para monitorear la interfaz socioestatal y sus beneficiarios de las acciones afirmativas. Opera toda una dimensión subjetivante de disciplinamiento, con el papel del médico en la posición de administrar la normalidad (Vallejos 2009, Angelino 2009). Las técnicas gubernamentales del dispositivo de la discapacidad, conjugan su especificidad para ubicarla en el ámbito de la salud, objetivarla en un diagnóstico, desplegar un diseño institucional para su tratamiento en la educación especial, en terapias kinesiológicas, en asistir con el trabajo social, en asistencia jurídica e intervenciones psicológicas y psiquiátricas.

El punto de inflexión a estas constantes, se expresó en líneas de fuga (Deleuze 1998) que desestabilizaron el agenciamiento del dispositivo de la discapacidad, donde lejos de perpetuarse, este agenciamiento se pone en movimiento por la dosis de desequilibrio que la militancia de personas con discapacidad ha puesto en marcha. Pero esto sigue permeable y con flancos abiertos. Desde el inicio de estos acontecimientos hasta la actualidad, se han producido acciones políticas directas para disputar quien ocupa cargos de representatividad en instituciones como el CONADIS, o el control ciudadano a la justicia para que sancione a los equipos calificadores y a los que obtuvieron carnet de forma fraudulenta (proceso de extremada lentitud), presionar por reformas a la ley orgánica de discapacidades y al baremo de calificación. Esto ha generado nuevos diseños institucionales como respuesta a estas coyunturas. Por estos días se está socializando un nuevo baremo de calificación que, al parecer, precisa con mayor especificidad los determinantes sociales de la discapacidad en detrimento del mero diagnóstico.  

El papel coyuntural de la pandemia y de los casos fraudulentos de emisión de carnet de discapacidad, reforzó procesos organizativos y generó una estructura de oportunidad política (Rodriguez Arechavaleta 2010), para señalar la vulneración de derechos y la responsabilidad de los administradores de la política púbica en la toma de decisiones (Quiroga 2011). Observar estos procesos desde los actores del tejido asociativo, puede ser un contrapeso a los estudios de la política pública en discapacidad, pues, en Ecuador su aproximación más tradicional se plantea como un movimiento sujeto exclusivamente a las decisiones de las dirigencias gubernamentales (Goodin, Rein y Moran 2006). Este abordaje posee una dilatada trayectoria en las teorías de elección racional (Shore 2010), proveyendo únicamente explicaciones sobre las mediciones y la persecución de metas para determinar los efectos en cuanto a costos y beneficios. Una supuesta elocuencia resguardada en la racionalidad de los principios técnicos. En tal sentido, Cris Shore sostiene que este enmascaramiento de la política bajo el pretexto de la eficiencia o la neutralidad, es un rasgo medular del poder moderno. Las políticas funcionan mejor cuando son percibidas como técnicas racionales y como soluciones “naturales” para los problemas que enfrentamos, es decir, cuando logran desplazar el discurso a un registro que posiciona el debate fuera de la política (2010, 34). 

Por lo anterior, esta investigación que profundiza algunos aspectos de mi tesis de maestría sobre la construcción política del tejido asociativo en Ecuador, aspira a contribuir a la línea de estudios que reconocen con mayor insistencia el papel del lenguaje, de los elementos retóricos e incluso persuasivos que se elaboran y ejecutan en la política pública (Fischer 2003). Estas nuevas disposiciones, han sido fruto de la indagación de herramientas teóricas y metodológicas más adecuadas, para responder preguntas de talante más interpretativas, con una proximidad a enfoques etnográficos que reconozcan que el ejercicio de la política pública está inmerso, como cualquier otra práctica sociocultural, en un contexto de sentidos cotidianos que son, en definitiva, los que producen y le adjudican los destinatarios de aquellas políticas (Shore 2010, Souza Lima 2015). 

Bibliografía:

Aguado Diaz, A. (1995). Historia de las deficiencias. Madrid: Escuela Libre Editorial.

Angelino, M. (2009). "Ideología e ideología de la normalidad". En Discapacidad e ideología de la normalidad. Desnaturalizar el déficit., de A Rosato y M Angelino, 133-152. Buenos Aires: Novedades Educativas.

Deleuze, Gilles. (1998). Foucault. Barcelona: Paidós.

Ferrante, Carolina, y Miguel Ferreira. (2011) "Cuerpo y habitus: el marco estructural de la experiencia de la discapacidad". Intersticios: Revista sociologica de pensamiento critico: 85-101.

Ferreira, Miguel. (2009). "Sociologia de las emociones y el cuerpo". Discapacidad, corporalidad y dominación: la lógica de las imposiciones clínicas. Buenos Aires: Publicación del Congreso de la Asociación Latino Americana de Sociologia: 1-19.

Fischer, Frank. (2003). Reframing Public Policy: Discursive Politics and Deliberative Practices. Oxford: Oxford University Press.

Foucault, Michel. (1984). Saber y Verdad. Madrid: Ediciones La Piqueta.

Goodin, Robert, Martin Rein, y Michael Moran. (2006). "The Public and its Policies". En The Oxford Handbook of Public Policy, de Goodin Robert, Martin Rein y Michael Moran, 3-35. Oxford: Oxford University Press.

Menéndez, Eduardo. (1984). "El problema del alcoholismo y la crisis del modelo médico hegemónico". Cuadernos Médicos Sociales: 7-23.

Menéndez, Eduardo. (1988). "Modelo Médico Hegemónico y Atención Primaria". Segundas Jornadas de Atención Primaria de la Salud: 451-464.

Oliver, Michael. (1998) "¿Una sociología de la discapacidad o una sociología discapacitada?". En Discapacidad y Sociedad, de Len Barton, 35-58. Madrid: Morata.

Quiroga, Hugo. (2011). Ciudadanía y democracia en la Argentina. Problemas de representación en perspectiva comparada. Buenos Aires: Prometeo.

Rodriguez Arechavaleta, Carlos Manuel. (2010). "De la estructura de oportunidades políticas a la identidad colectiva. Apuntes teóricos sobre el poder, la acción colectiva y los movimientos sociales". Espacios Públicos XIII, nº 27: 187-215.

Shore, Cris. (2010). "La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la formulación de la políticas". Antípoda. Resvsta de Antropología y Arqueología: 21-49.

Souza Lima, Antonio Carlos. (2015). "Notas para uma Abordagem Antropológica da(s) Política(s) Pública(s)". Anthropológicas: 17-54.

Vallejos, Indiana. (2009). "La discapacidad diagnosticada y la certificación del reconocimiento". En Discapacidad e ideología de la normalidad. Desnaturalizar el déficit, de Ana Rosato y María Alfonsina Angelino (coords.), 187-214. Buenos Aires: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico.

 

Palabras clave:

Discapacidad, modelo biomédico, políticas publicas, dispositivo, movimiento asociativo. 

Resumen de la Ponencia:

La Atención Temprana (AT) es el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años para prevenir, paliar e intervenir en problemas en el desarrollo y discapacidades. Siguiendo las Prácticas Centradas en la Familia (PCF), los miembros del núcleo familiar son agentes directos de la intervención. Así, el equipo interdisciplinar de profesionales debe trabajar para mejorar el empoderamiento familiar, el nivel de habilidades parentales y la calidad de vida. El objetivo del estudio es analizar descriptiva y diferencialmente el nivel de habilidades parentales y el empoderamiento familiar de familiares durante la fase inicial en los servicios de AT. Mediante un diseño cuantitativo, participaron 135 familias de las Islas Baleares (España). Se obtuvo una tasa de participación final del 90%, con el 78.5% mujeres y el 21.5% hombres. Se recogieron datos de tres cuestionarios. La Escala de Empoderamiento Familiar (FES) (Koren et al., 1992) consta de 34 ítems con formato Likert (1="nada cierto" a 5="muy cierto"). FES tiene una estructura latente compuesta por Familia, Sistema de Servicios y Comunidad/Política. La consistencia interna asociada a los datos del estudio es: a=0,78, a=0,83, a=0,75 y a=0,74 para la puntuación total. El cuestionario de habilidades parentales (Vázquez et al., 2016) consta de 19 ítems tipo Likert (0="nunca" a 3="siempre"). Está compuesto por seis dimensiones: comprensión de la etapa de desarrollo del niño, autorregulación emocional, autoestima del rol parental, comunicación empática y asertiva, acuerdos y regulación conductual. La consistencia interna asociada al estudio es: a=0,67, a=0,76, a=0,69, a=0,77, a=0,81 y a=0,69. También, se pasó un cuestionario sociodemográfico. Los resultados muestran que la situación laboral, la edad del niño o el profesional son variables que inciden diferencialmente en el empoderamiento familiar y las habilidades parentales. El análisis inicial del empoderamiento y habilidades parentales durante la prevención de posibles problemas en el desarrollo infantil pueden ser predictores de la mejora del desarrollo y bienestar familiar. Asimismo, es necesario mayor formación profesional en relación a PCF para mejorar la mejora de la calidad de vida familiar. Se invita a las administraciones a facilitar el acceso a la AT para paliar efectos emocionales familiares, así como para intervenir de manera precoz en el desarrollo. Koren, P.E., DeChillo, N. y Frisen, B.J. (1992). Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: A brief questionnaire. Rehabilitation Psychology, 37, 305–321. https://doi.org/10.1037/h0079106Vázquez, N., Molina, M.C., Ramos, P. y Artazcoz, L. (2016). Validación de un instrumento en español para medir habilidades parentales promovidas en una intervención de educación parental. REIRE, 9(2), 30-47. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2923

Resumen de la Ponencia:

Entre os anos de 1960 e 1980 do século XX o pensamento em saúde na América Latina assume uma dimensão crítica, o que se expressou na configuração dos campos da Medicina Social latino-americana e no da Saúde Coletiva no Brasil. Campos estes que assumiram não apenas uma dimensão científica, mas também prático-política (Nunes, 1994). Este trabalho apresenta, brevemente, as bases empírico-teóricas desse pensamento, e discute a sua ousadia e inovação: a crítica ao objeto saúde e a sua dimensão social, então formulada por intelectuais do campo da saúde na América Latina. Utiliza-se aqui a acepção de Traverso (2020, p. 11) de que “na história do século XX, a noção de intelectual é indissociável do engajamento” e, portanto, é adequada aos profissionais da saúde, docentes de universidades e de escolas médicas, estudantes, gestores, administradores de serviços de saúde, então comprometidos com uma posição crítica quanto à situação de saúde das populações dos países da região. No que se refere às bases empírico-teóricas, este trabalho aborda três delas: o contexto político e social de vários dos países latino-americanos, então sob a tutela de regimes autoritários ou ditaduras militares; a precária situação de saúde das classes populares na região, sem acesso aos serviços assistenciais da saúde; a crítica ao modelo médico, então focado em uma perspectiva biologista e preventista, tanto no âmbito da formação quanto no da prática clínico-assistencial e no da estrutura dos serviços e sistemas de saúde. No que se refere aos aspectos da ousadia e da inovação desse pensamento, discute-se a perspectiva adotada por esses intelectuais: a da problematização do objeto saúde em suas dimensões técnico-assistenciais, científico-sociais e prático-políticas; um esforço interdisciplinar que subsidiou e deu bases a esse pensamento, dele resultando a radicalidade crítica, única, do pensamento social em saúde latino-americano.Considerando que cada vez mais avança a “especialização dos saberes [...] inevitável nas sociedades complexas” (Traverso, Op. cit, p. 83), decorrente da setorização das instâncias não apenas acadêmicas como também institucionais das estruturas estatais e de gestão pública, problematiza-se a importância e as condições objetivas de retomada das bases desse pensamento em saúde, considerada a sua trajetória até o presente século XXI. Desafio necessário à renovação e revigoramento da sua própria tradição.  BibliografiaTraverso, Enzo. Onde foram parar os intelectuais? Em conversa com Régis Meyran. Belo Horizonte: Editora Âyiné, 2020. Nunes, E. D. Saúde Coletiva: história de uma idéia e de um conceito. Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 3, n. 2, p. 5-21, 1994.

Resumen de la Ponencia:

Lo que presentamos es el resultado del trabajo de un seminario de investigación que se instauró con el objetivo de hacer el Estado de Conocimiento sobre discapacidad, principalmente del ámbito educativo, del periodo del 2012 al 2021[1]. Este trabajo tuvo la particularidad de que se realizó durante el periodo de septiembre del 2020 a abril del 2022, durante el cual vivimos la pandemia por COVID 19,  así que todas las reuniones se hicieron de manera virtual y la búsqueda de información fue vía Internet en repositorios institucionales de tesis, bases de datos del campo de las ciencias sociales y editoriales mexicanas, y se encontraron 1676 investigaciones, de las cuales solo se conservaron 978 registros para su revisión. Tras un análisis crítico de los documentos, algunos de los resultados son: a) un impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las legislaciones, pero que lejos de transformar las políticas educativas en acciones de cambio, dan lugar a la circulación reiterada de los modelos oficialmente reconocidos y que mezclan con otros modelos, dando continuidad y no ruptura como lo proponen los paradigmas, b) un incremento en las investigaciones cualitativas enfocadas a  la recuperación de narrativas de experiencias y trayectorias de los diversos agentes, y que si bien en ocasiones carecen de un análisis teórico epistemológico, permiten la cercanía a las relaciones humanas, a la vida cotidiana y a la realidad social en la que viven las personas con discapacidad, c) salud y la violencia, como algunos de los factores que van poniendo a los sujetos en estado de discapacidad, por ejemplo, discapacidad ocasionada por diabetes y la discapacidad como secuela de la violencia de género y narcotráfico, d) propuestas emergentes y críticas que desde otras posturas analizan el tema de la llamada discapacidad, e) investigaciones realizadas por estudiantes con discapacidad, que representan una interpelación, un aporte crítico y emergente, por su posicionamiento como investigadores. [1]Jacobo, Z.; Campos, M .L.; Vargas, S. L., Salazar, M.L.; Hernández, M. C.; Gajardo, K. y Cáceres, J. (en proceso de revisión 2022) Discapacidad, discriminación y violencia (2012 al 2021); en elaboración por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) México

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Si bien nuestro país tiene marcadas diferencias geográficas, de pisos ecológicos y una gran biodiversidad natural y cultural, es en el campo social, donde las desigualdades económicas, las diferencias étnicas y culturales son más notorias y diferentes. El altiplano sur andino que comprende el departamento de Puno, principalmente, es el escenario donde se desenvuelve la prédica de este médico cuya labor es actualmente reconocida, nacional e internacionalmente, por sus indudables aportes al tratamiento de estas poblaciones en materia de salud, es decir respecto a la atención primaria y al tratamiento cultural de las enfermedades, aprovechando las enseñanzas de sus propias costumbres y las derivadas del tratamiento moderno de la prevención de las enfermedades. Y es que la discriminación económica impacta diferencialmente a la población, según sea su ubicación geográfica, sexo, grupo étnico, etc. ya que los servicios sociales y los de salud son insuficientes, limitados, escasos y de nulo tratamiento preventivo. Para este periodo de tiempo, la acción del Estado define su carácter de clase, al privilegiar las regiones y poblaciones que disponen de cercanía geográfica o de un tipo de presión que obliga al Estado a asumir sus responsabilidades sociales, manteniendo sus estructuras de poder, las mismas que se establecen en sus políticas sociales y, específicamente en su política de salud. La dimensión nacional de estas políticas, no reconoce tampoco las diferencias culturales de las poblaciones que habitaban las comunidades campesinas, parcialidades y haciendas serranas y “servicios públicos de salud” de muy poco impacto en el tratamiento de la problemática de la salud pública. Nuestra investigación se orienta a describir, analizar y explicar la enorme importancia pasada y actual de la prédica y acción del “Rijcharismo”, promovido e impulsado en un contexto de agitación social, de marginalidad económica y de discriminación étnica, así como la pedagogía de un tratamiento sociocultural, que devolvía a sus usuarios a sus racionales formas de tratamiento de salud y educación. Nuestra hipótesis de investigación, precisa que la comprensión de los aportes de Manuel Núñez Butrón a la medicación preventiva y a la medicina social, pueden explicarse y reconocer su vigencia y actualidad, en la medida que se planteen previamente las condiciones histórico-sociales, los factores externos y personales propios de su formación médica y de sus orígenes sociales, las experiencias de trabajo médico de campo y sobre todo, la acción práctica de poner en ejercicio su concepción profesional de la atención primaria de salud en poblaciones empobrecidas. La metodología de investigación ha incluido principalmente la revisión bibliográfica, documental y el archivo familiar, conservado por sus descendientes y de la que siendo parte de los mismos, he procurado transcribir fielmente, respetando las ideas y el espíritu multifacético que desarrolló como obra dedicada a los suyos

Resumen de la Ponencia:

El objetivo fundamental de los sistemas educativos en cualesquiera de los países del mundo es que la educación debe dirigirse a enfrentar las necesidades escolares de cada uno de los miembros y favorecer su desarrollo personal y su rendimiento en un ambiente propicio para ello.Desafortunadamente, la contingencia sanitaria producida por la prevalencia del SARS-COV 2 Covid-19, que asoló al mundo por poco más de dos años y medio, provocó efectos en las diferentes esferas de la vida diaria: en lo social, económico, político y, por supuesto, en el sector educativo, ocasionando el surgimiento de diversas problemáticas y retos por enfrentar.Al declararse la fase 3 de COVID-19 en México, el 21 de abril de 2020, debido a “brotes activos y propagación en el territorio con más de mil casos”, se tomó la decisión de suspender actividades no esenciales y a usar el cubrebocas como medida preventiva ante el incremento de los contagios reportados oficialmente. Desafortunadamente, solo algunas entidades federativas tomaron la iniciativa de atender de manera pronta y expedita la recomendación sanitaria (Secretaría de Salud, 2020; Expansión Política, 2020).Ante las circunstancias actuales de amenaza mortífera real de la pandemia, en el sector educativo en donde las instituciones involucradas deberían ajustarse para continuar ofreciendo alternativas educativas en contextos extraordinariamente complejos, y en algunos casos, derivados por eventos imprevistos como la contingencia citada (Marcelín Jiménez, Ricardo; Gutiérrez Ramírez, Servando; Silva López, Blanca Rafaela, Valladares Sánchez, Clara Elena, 2020), se vieron acompañadas de insuficientes políticas de seguridad mínimas como son el uso de cubrebocas, la sana distancia y evitar actividades donde se encuentre un conglomerado de personas. Por esta situación tan acuciante, “… preocupa e interroga el abismo profundizado de las desigualdades, inequidades e injusticias que posicionan en vulnerabilidad a una inmensa mayoría de personas” involucradas (Jacobo, 2021).Por otra parte, metodológicamente hablando y en correspondencia con lo ya citado, al análisis de los discursos y narrativas esgrimidos por algunas educadoras de preescolar que viven y conviven dentro de su espacio de trabajo, se presentan algunas reflexiones derivadas de entrevistas semiestructuradas a educadoras del Jardín de niños “José Trinidad” en Mixquic, con la finalidad de conocer, en principio, las percepciones que tienen sobre la problemática citada; se indaga, como segunda instancia, si se han habituado al uso del cubrebocas o si ello lo hacen más por obligación que por convicción. Asimismo, se presentan algunas de las estrategias institucionales que fueron implementadas para fomentar su utilización como medida de prevención entre el alumnado, así como las dificultades que se tuvieron para la implementación respectiva.

Resumen de la Ponencia:

Este trabajo es el avance de una investigación más amplia que documenta la perspectiva de los profesionales de la salud bucal del proceso salud-enfermedad-atención desde su formación y práctica odontológica, desde la Salud Colectiva como campo de conocimiento crítico, al contribuir al abordaje del complejo salud-enfermedad-atención de las poblaciones como un proceso social y no meramente biológico. Además de comprender el saber en salud, la distribución y sus determinantes; identifica la forma como las sociedades se organizan para enfrentarlos con una perspectiva no reducida a un plano médico desde la prevención o la curación, sino que incluye a las prácticas y políticas en salud en donde se encuentran inmersas las instituciones académicas a partir de la producción y reproducción del conocimiento y la formación profesional. La Odontología desde sus inicios se ha forjado como profesión independiente, de conocimiento y práctica fragmentada bajo un enfoque preferentemente curativo y del manejo del dolor. La formación y práctica no es un proceso ajeno a la estructura económica predominante en la sociedad donde se desarrolla. En México, la limitada prestación de servicios por parte del sector público, reducen y direccionan su atención a la práctica privada, otorgándole un sentido de rentabilidad. Su interpretación es socialmente elaborada y compartida por la influencia de la cultura e historia, así como por la interacción de las personas con la profesión que influyen en los comportamientos relacionados con la salud y la enfermedad: la actitud de prevención, la forma de afrontar los padecimientos y las conductas médicas.El objetivo es conocer desde la Salud Colectiva, las representaciones sociales en términos de saberes, símbolos, valores y prácticas de un grupo de egresados de la licenciatura en Estomatología de la Universidad Autónoma Metropolitana (México), en torno al proceso salud-enfermedad-atención, formación y práctica profesional odontológica. La metodología es cualitativa, basada principalmente en el análisis de discurso para recuperar los planteamientos bajo un modelo de representación social y relacionarla con categorías existentes (información, campo de representación y actitud) y las categorías de estudio: a) proceso salud-enfermedad, b) formación profesional, c) práctica profesional, y d) trayectoria profesional; para obtener la relación simbólica entre ellas. 

Resumen de la Ponencia:

Por medio de un estudio de tipo fenomenológico, fue posible conocer la percepción de 113 estudiantes de las carreras en ciencias del movimiento humano, enfermería y psicología durante el I ciclo lectivo del año 2022. Se aplicó la técnica de grupos focales al finalizar los cursos para conocer el grado de importancia que el estudiantado de las carreras mencionadas considera que tiene la formación en gestión de los servicios de salud para su quehacer como profesionales.En las mallas curriculares de estas carreras se incluyen cursos que abordan de manera específica el proceso administrativo: planeación, organización, dirección y control; así como las áreas funcionales de la administración: finanzas, recursos humanos, compras, mercadeo, producción o servicios y tecnologías de la información y la comunicación; finalmente se abordan los aspectos relacionados al microentorno: clientes, competencia, proveedores y stakeholders, y el macroentorno: aspectos legales, políticos, sociales, culturales, ambientales, económicos, tecnológicos y globales.Tras aplicar los grupos focales da a conocer que con el abordaje de estos contenidos le permite a estudiantado tener una comprensión general de los aspectos propios de la gestión de servicios de salud y las organizaciones, así como sus componentes internos y el ambiente externo en el que se desarrollan las empresas y se prestan los servicios de salud. Para cubrir con los temas, se imparten quince lecciones de manera virtual, en la que el estudiantado recibe una charla magistral desarrolla de manera teórica el contenido programado, seguido de ejemplos contextualizados de la realidad nacional de los servicios de salud, así como una actividad en la que ejecuten de manera práctica el aprendizaje adquirido.La programación de las clases promueve una participación constante del estudiantado mediante el aporte de ideas y ejemplos concretos de situaciones vivenciales en sus espacios de trabajo, o bien, experiencias propias en las que se hayan involucrado a la hora de ser usuarios de los servicios de salud.También se dio a conocer que el estudiantado en ciencias de la salud se siente ajeno a los contenidos en el área de gestión y administración, no obstante, conforme se ahonda en los contenidos, el estudiantado empieza a mostrar mayor interés, ya que como estos lo mencionan, se empiezan a sentir parte de la gestión de los servicios de salud, lo que implica un proceso de involucramiento en los temas abordados.Además, manifiesta el estudiantado que después del acercamiento a la gestión de los servicios de salud, logran comprender la importancia de la administración y sus procesos para el desarrollo eficiente de las empresas, la adecuada planeación y programación de las actividades, el uso racional de los recursos y el tiempo, así como la inclusión de sistemas de calidad y mejora continua en la prestación de los servicios.

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia, brinda un panorama de los hallazgos más recientes de la investigación de tesis doctoral, donde se cuestiona la posibilidad de las instituciones universitarias para mediar los procesos de subjetivación y agencia individual/colectiva de estudiantes y profesores, cuando entra en juego el vector discursivo de la discapacidad. Para ello, se tienen en cuenta planteamientos de la psicología social crítica y la sociología. Los estudios empíricos asociados, refieren a: primero, el análisis de políticas de acceso, permanencia y graduación de personas con discapacidad en 10 universidades colombianas haciendo uso de Teoría Fundamentada; el segundo, revisa los efectos materiales del término discapacidad en los procesos de subjetivación en la vida universitaria, de estudiantes y profesores mexicanos y colombianos. Como conclusiones preliminares, se da cuenta de un interjuego visibilidad/invisibilidad de los sujetos en las instituciones universitarias, donde el agenciamiento discapacidad-universidad se establece con limitadas posibilidades de transformación de las prácticas institucionales para la permanencia y graduación del estudiantado signado con discapacidad. 

Resumen de la Ponencia:

El cine es la práctica cultural más expandida en el mundo, razón por la cual gran parte de las representaciones sociales que nos hacemos de otras culturas o grupos provienen de este medio. En los últimos años se han hechos grandes avances en la representación fidedigna de grupos que anteriormente habían sido caricaturizados o estigmatizados en el cine, como minorías sexuales o étnicas. No obstante, la representación de la discapacidad en el cine todavía no alcanza el desarrollo o la amplitud necesarias para dar un retrato certero de esta en el medio audiovisual. De esta forma, el objetivo de este estudio fue identificar la forma en que la discapacidad es caracterizada en el cine contemporáneo considerando la popularidad de las películas que hablan sobre discapacidad. La metodología fue cuantitativa con un enfoque exploratorio y descriptivo en donde see elaboró una base de datos con 774 películas que hablan de discapacidad en el mundo entre los años 1980 y 2020, que consideró numerosas variables relativas a características de las películas y de los personajes en situación de discapacidad representados. Los resultados indican que en el periodo estudiado las discapacidades más representadas en el cine son las vinculadas a deficiencias visuales (18,9%), discapacidades motrices (16,1) y autismo (14,2%). El 68,4% de los personajes retratados son hombres y el 31,6% mujeres, habiendo una distribución desigual de hombres y mujeres según la discapacidad representada. Asimismo, también la edad de los personajes difiere según este factor, habiendo, por ejemplo, mayor representación del autismo en niños y adolescentes, o de cuadriplejia en adultos. Existe una mayor representación de personajes pertenecientes a clases alta o media alta y son en su gran mayoría (80%) autónomos o semiautónomos, y heterosexuales (98%). En lo que concierne al momento en que se adquiere la discapacidad, 42% de los personajes la tiene antes del momento de inicio de la película, 33% la tienen de nacimiento y 25% la adquieren durante la película. Finalmente, también ha variado bastante las discapacidades más representadas según la época. A modo de conclusión se tiene que el cine tiene un rol fundamental en la visibilidad y conocimiento que se tiene de los diferentes tipos de discapacidad y que el tratamiento de la ésta en el cine no es homogéneo y depende de numerosos factores, tales como la época, región o momento político/social que se viva. Finalmente, se identificó que las películas de ficción que hablan de discapacidad rara vez abordan este tema desde un punto de vista político o social, sino que se mantienen en la perspectiva de la discapacidad como drama humano e individual.