Resumen de la Ponencia:
En el continente latinoamericano las y los jóvenes, están sobre-representados tanto respecto a la desocupación y subocupación, como respecto a las deterioradas condiciones de trabajo, los bajos ingresos y sin acceso a beneficios sociales; en el caso de las infancias los indicadores de pobreza y vulnerabilidad social llaman a la reflexión. La pandemia por Covid19 profundizó e intensificó dichos procesos sociales, se presume que las políticas públicas no han logrado atender articuladamente la problemática juvenil en la región, con el diseño y la implementación de respuestas integrales, pertinentes, oportunas y posibilitando la participación de las y los jóvenes. Siguen operando con lógicas tradicionales (sectoriales, centralizadas, burocratizadas) que ya no responden a los principales desafíos del siglo XXI. La situación postpandémica no estaría presentando grandes cambios en tal diseño e implementación, ante lo cual, el presente trabajo se plantea como pregunta problematizadora la construcción de política pública juvenil postpandemia, ¿qué enseñanzas dejan las consecuencias de la pandemia del Covid19 para la construcción de política pública juvenil en el escenario postpandemia de latinoamérica y el caribe?Ante lo cual, esta ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre la pertinencia y lo oportuno de las políticas públicas dirigidas a las juventudes de Latinoamérica y el Caribe, en escenario pre y postpandemia para la identificación de los principales desafíos a los que se enfrentan. Se trata de un estudio exploratorio, cualitativo que comprende un abordaje metodológico desde una revisión documental de las políticas públicas de juventudes que surgieron durante la pandemia para atender la profundización de las problemáticas de esta población, y que se mantienen a la actualidad. La revisión documental de políticas públicas emitidas por órganos rectores en la materia y organismos internacionales en la región. La implementación de esta metodología responderá a interrogantes como ¿cuáles políticas públicas fueron emitidas durante la pandemia para atender problemáticas que afectan a las personas jóvenes de la región? ¿qué necesidades de la población joven fueron atendidas/desatendidas por el instrumental de políticas públicas? ¿Qué actores sociales fueron los involucrados en el ciclo de política pública?Con este estudio se espera alcanzar resultados tales como: identificación de políticas públicas de juventudes en la región; enseñanzas en materia de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas de juventudes.
Introducción:
Los y las jóvenes latinoamericanos y caribeños, presentan indicadores de desigualdad social en mayor proporción a los adultos por ejemplo, y en el caso de las infancias los indicadores de pobreza y vulnerabilidad social llaman a la reflexión. La pandemia por Covid19 profundizó e intensificó dichos procesos sociales, el presente trabajo plantea como hipótesis que las políticas públicas no han logrado atender articuladamente la problemática juvenil en la región, con el diseño y la implementación de respuestas integrales, pertinentes, oportunas y posibilitando la participación de las y los jóvenes. Siguen operando con lógicas tradicionales (sectoriales, centralizadas, burocratizadas) que ya no responden a los principales desafíos del siglo XXI. La situación postpandémica no estaría presentando grandes cambios en tal diseño e implementación, ante lo cual, se plantea como pregunta problematizadora la construcción de política pública juvenil postpandemia, ¿qué enseñanzas dejan las consecuencias de la pandemia del Covid19 para la construcción de política pública juvenil en el escenario postpandemia de latinoamérica y el caribe?
El trabajo se fundamenta en una estrategia metodológica basada en un un estudio exploratorio, cualitativo que comprende un abordaje metodológico desde una revisión documental de las políticas públicas de juventudes que surgieron durante la pandemia para atender la profundización de las problemáticas de esta población, y que se mantienen a la actualidad. Los resultados darían cuenta de la identificación de políticas públicas de juventudes en la región; enseñanzas en materia de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas de juventudes.
Ante lo cual, esta ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre la pertinencia y lo oportuno de las políticas públicas dirigidas a las juventudes de Latinoamérica y el Caribe, en escenario pre y postpandemia para la identificación de los principales desafíos a los que se enfrentan. Se organiza en los siguientes ítems, noción de lo que se define por juventudes, posteriormente políticas públicas en juventudes, devenir institucional de juventudes en la región, características sobre tales políticas públicas, principales efectos sociales de la pandemia del Covid 19 en las juventudes latinoamericanas, políticas públicas juveniles aplicadas en dicha pandemia y por último, reflexiones finales.
Desarrollo:
La noción de juventudes.
Para iniciar la reflexión que convoca esta ponencia se vuelve necesario retomar la noción de juventudes de la cual se parte. El concepto de juventudes, afronta diversas concepciones, algunas relacionadas con; una etapa o momento de la vida, parte del ciclo de vida que presenta rasgos y atributos específicos a la juventud. Retomando a Mannheim (1993), pensar el fenómeno generacional desde las teorías naturalistas, pensadas desde lo cronológico/tiempo, reducen lo sociológico en el análisis de dicho fenómeno.
La juventud refiere a una vivencia común, dinámica, histórica y socioculturalmente construida, situada y relacional, que se configura en tanto presenta problemas en común, es decir, se determina históricamente por lo que acontece a su alrededor. Hablar de juventudes; de la y el sujeto joven, no puede hacerse en singular, requiere la pluralidad al igual que la multiplicidad que les identifica y representa, al mismo tiempo, la producción contextualizada que corresponde.
En palabras de Ghiardo (2004) citado en Vommaro (2015), en un mismo momento histórico pueden coexistir muchas y diferentes maneras de producir juventudes y ser joven. Los jóvenes (en tanto término que define un momento o etapa de la vida) existen hace siglos con diversas resignificaciones, la juventud (en tanto expresión de esos jóvenes como grupo social con características más o menos singulares) es algo más contemporáneo, propio de los siglos XIX y XX. (Vommaro, 2015, p. 14).
Datos históricos refieren que el proceso por el cual las juventudes alcanzan protagonismo obedece a los años sesenta y setenta, cuando posterior a la segunda guerra mundial con las llamadas “revueltas juveniles” -acontecimientos y movimientos juveniles- emergieron, lo que conllevó al interés de análisis. Posteriormente, las expresiones juveniles de los años ochenta y noventa fortalecieron lo suscitado. Para dicha época, se hacían sentir las juventudes en la vida social, política, cultural y económica (en el marco de un mundo adulto), lo que provocó atención y despertó intereses para el ámbito académico y científico. De la misma forma, lo fue, para la política pública impulsada por los estados; de ahí la relación entre las juventudes y las políticas. Este precedente, ha permitido que las políticas públicas de juventudes formen parte de los planes de gobierno y sean parte de las agendas públicas y estatales.
En el año 1995, surge el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, el cual a nivel internacional, contribuyó en la configuración del marco de política y directrices prácticas para la mejora de la situación de las y los jóvenes. Estableciendo áreas prioritarias como: la educación, el empleo, el medio ambiente, la salud, entre otros. Además, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, centraron interés en el desarrollo y erradicación de la pobreza extrema, a pesar de esto, es importante señalar que ninguno de estos 8 objetivos estaba directamente vinculado con las y los jóvenes. Un nuevo hito, fue en el año 2016, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que consolidados en la Agenda 2030 marcó un nuevo devenir en materia de juventudes. (Rodriguez, 2017)
Al mismo tiempo, las juventudes cada vez más han ocupado lugar en las sociedades de la región latinoamericana, en las diversas esferas de la vida social, en los procesos de desigualdad social de los que son parte.
En esta ponencia, se parte de un enfoque generacional, para profundizar el análisis de las relaciones entre juventudes y políticas en las sociedades contemporáneas de la región, enfocando en los desafíos que trajo consigo la pandemia por CovSars 2 (Covid 19).
Políticas públicas de juventudes.
Para Rodríguez (2017), las políticas públicas de juventudes pueden entenderse como una acción articulada que se orienta al logro así como a la realización de valores y objetivos sociales referidos al período vital juvenil, acciones orientadas a influir en los procesos de socialización involucrados en esta etapa, tratándose de políticas reparatorias o compensatorias, de promoción y orientadas a desarrollo o la construcción de ciudadanía. (p.46). Como se muestra, esta concepción parte del principio de participación, de modo que se requiere que se generen las condiciones necesarias para que las personas jóvenes sean partícipes de la construcción de dichos procesos, como actor social.
Tomando en cuenta lo planteado por Dina Krauskopf (2014), los gobiernos de la región han determinado la concepción de las juventudes desde cuatro grandes paradigmas:
Juventud como período preparatorio.Este tipo de políticas parten de la consideración de la juventud como una etapa de transición, por tanto, preparatoria para la vida adulta. De ahí,que los objetivos de este tipo de políticas sean potenciar los factores protectores, integrar a las y los jóvenes. Se trata de programas universales, de carácter recreativo, uso del tiempo libre, actividades recreativas, deportivas y/o culturales.
Juventud como etapa problemática.En el caso de este segundo paradigma, la juventud es valorada como una etapa problemática para la sociedad. Por lo que apunta a políticas compensatorias y sectoriales dirigidas al ámbito de salud y justicia. Sus objetivos se centran en buscar el control social de sectores juveniles movilizados y la prevención de la violencia. Por lo que los programas refieren a rehabilitación, reinserción social y los que conciernen al entorno carcelario, el asistencialismo y el control de problemas específicos.
Ciudadanía Juvenil.Este tercer paradigma, entiende la juventud como una etapa de desarrollo social. Las políticas son articuladas e intersectoriales, por lo que incluye a las juventudes como sujetos explícitos de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos. Estas políticas nacionales se dirigen a la reducción de la pobreza así como a programas de transferencia directa o condicionada de recursos; programas de voluntariado que contribuyan a prevenir la violencia, establecer estrategias participativas y aumentar el capital social.
Jóvenes como actores estratégicos del desarrollo.En este último paradigma, la juventud es concebida como una etapa de formación y aporte productivo, por lo que las políticas son articuladas, intersectoriales y orientadas a la incorporación de la juventud como capital humano.
Los objetivos de este tipo de políticas apuntan a la prevención de la violencia, la inserción al mercado y al capital económico, capacitación y el desarrollo productivo y empresarial.
Bajo esta misma línea, la consideración de estos cuatro paradigmas, conlleva a la valoración de los enfoques presentes en las políticas públicas de juventud. Por un lado, los gobiernos más conservadores tienden a efectuar políticas para la juventud; mientras que los gobiernos más autoritarios desarrollan políticas por la juventud. Y aquellos, que perfilan valores democráticos desarrollan iniciativas con y desde la juventud.
Por tanto, el diseño y/o formulación de políticas de juventudes enfrenta el desafío de la manera en que se contextualiza y se define la juventud en estas, ya que como se ha destacado precedentemente, predomina la definición etaria, lo que resulta insuficiente, limitada y variable. Al mismo tiempo, invisibiliza los procesos psicosociales, socioculturales, entre otros; de ahí, la relevancia de que se amplíe la perspectiva, los enfoques, los discursos y las gestiones públicas.
Efectos sociales de la pandemia en las juventudes latinoamericanas.
Entre finales de 2021 y principios de 2022 la pandemia por CovSars 2 (Covid 19) ocasionó la muerte de 1 millón y medio de latinoamericanos, lo que representa aproximadamente un 28% de las muertes globales, cuando Latinoamérica y el Caribe representan un 9% de la población mundial. Esta sobrerrepresentación de las muertes se relaciona con las condiciones de vulnerabilidad características de América Latina y el Caribe, salud y las desigualdades estructurales, que la han hecho particularmente vulnerable a los efectos de la pandemia (CEPAL/OPS, 2021).
Esta emergencia sanitaria ha generado una crisis que se ha prolongado en el tiempo, crisis no solamente en la dimensión sanitaria, sino también en la economía y dinámica productiva de los países del área afectando el desarrollo social e impactando en las condiciones para el bienestar de las personas en general y de las juventudes e infancias en particular.
Latinoamérica y el Caribe sufrieron la peor contracción económica que se tiene registro desde 1900, cayendo el PIB en un 6%, siendo la región con peor desempeño económico durante el 2020 (CEPAL, 2021a). Lo que se suma con el período anterior a la crisis, señalado por una dinámica de crecimiento lenta entre 2014 y 2019 la tasa promedio de crecimiento fue de un 0,3%. Para el 2021, se proyectó una tasa de crecimiento de la región del 6,2%, que responde principalmente a una base de comparación muy baja causada por la fuerte caída de 2020 (CEPAL, 2022b). A pesar de crecer no se recuperará el nivel del PBI previo a la pandemia, solamente 6 de 33 países del continente habrían alcanzado dicho nivel. Para el 2022, se estima un crecimiento del 2,1% esperándose que 8 países adicionales recuperen los niveles de crecimiento de 2019 (CEPAL, 2022b).
Este contexto económico regional sumado a las diversas medidas sanitarias adoptadas para controlar la difusión del virus, incidió en una caída histórica de la ocupación y crecimiento del desempleo, dando lugar a una fuerte crisis en el mercado laboral con efectos en los ingresos de la población. Según la CEPAL y OIT (2021), la tasa de la tasa de ocupación disminuyó del 57,4% en 2019 al 51,7% en 2020, lo que se traduce en que aproximadamente 25,8 millones de personas dejaron de estar ocupadas durante ese año, mientras que la tasa de desocupación llegó a 10,5%. Si bien en el segundo trimestre de 2021 se observa una leve mejora de estos indicadores, con una tasa de participación laboral de 60,0%, una tasa de ocupación de 54,0% y una tasa de desocupación de 10,1%, aún no se recuperan los niveles previos a la pandemia (CEPAL y OIT, 2021; CEPAL, 2022b in Castillo, C y Marinho M.L.: 2022).
Por otra parte, los impactos de la pandemia sobre el mercado laboral han sido diferenciales de acuerdo a los distintos grupos de la población, como lo es en el caso de las mujeres, juventudes y las/os trabajadores informales y de bajos ingresos (CEPAL, 2021a). Se cerraron los centros educativos en sus diferentes niveles y centros de cuidado lo que significó un aumento importante del trabajo de cuidados para las mujeres, quienes en muchos casos tuvieron que abandonar sus puestos laborales. Ello se observa en que las mujeres entre 20 y 59 años que pertenecen a hogares con niños o niñas menores de 5 años son quienes experimentaron la mayor disminución en sus niveles de ocupación por efecto de la pandemia, con una caída del 12,5% (CEPAL, 2022a in Castillo, C y Marinho M.L.: 2022).
En este marco de crisis sanitaria, económica y laboral condujo a una reducción sustantiva de los ingresos de los hogares, observándose un aumento tanto de la distribución del ingreso como de la pobreza y pobreza extrema durante 2020. De acuerdo con la CEPAL (2022a), el decrecimiento de los ingresos laborales del trabajo asalariado en los quintiles más pobres fue el factor que más incidió en el crecimiento de la desigualdad observada en la mayor parte de los países de la región, con una alta heterogeneidad entre los países y al interior de los mismos.
En 2020 la pobreza y la pobreza extrema (medida por Línea de Pobreza, según los ingresos que percibe la persona), tuvieron un crecimiento general en el continente alcanzando 33% y 13% de la población respectivamente; la tasa de pobreza alcanzó niveles similares al de finales de la década anterior y la de pobreza extrema se tradujo en un retroceso de 20 años (CEPAL, 2022a). En 2021, se estima que la pobreza bajaría levemente a 32,4% mientras que la pobreza extrema alcanzaría el 14% de la población de la región, reflejando que, a pesar de la recuperación económica observada en 2021, la crisis social continúa vigente (CEPAL, 2022a).
La incidencia de la pobreza y pobreza extrema no se distribuye de forma homogénea, sino que afecta en mayor grado a determinados grupos de la población, según la matriz de la desigualdad social. Es el caso de las mujeres, de quienes habitan la ruralidad, las infancias, adolescencias y juventudes, grupos indígenas y afrodescendientes. Al analizar la situación prepandemia y durante la pandemia como se presenta en el Gráfico 1, se aprecia que mientras la pobreza creció aproximadamente un 10% en la población total, entre los menores de 25 aproximadamente un 5%, en 2019 el promedio geométrico era de un 39% y en 2020 de un 41%, mientras que en la pobreza extrema el crecimiento fue de un 14%, en 2019 era de un 14% y en 2020 un 16% en términos de promedio geométrico.
Como se aprecia si antes de la pandemia tanto la pobreza como la pobreza extrema en el continente es de un perfil infantil-juvenil, en la pandemia se específica aún más, especialmente en la pobreza extrema acompañado de un crecimiento tanto de la pobreza como pobreza extrema en todos los grupos poblacionales del continente.
La CEPAL (2020) ha estimado que la pobreza monetaria afecta al 51,3% de niños, niñas y adolescentes, es decir, uno de cada dos estaría en esta situación. Ello es muy alarmante toda vez que se traduce en que aquellos hogares donde residen niños, niñas y/o adolescentes tienen mayores probabilidades de no contar con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y, por tanto, tendría mayores dificultades para proporcionar un cuidado afectuoso y de calidad, lo que señala la importancia que adquieren los sistemas de protección social en esta situación.
Acompaña este proceso de empobrecimiento el aumento de las vulnerabilidades sociales, entre las que se señala el derecho al alimento, en tal sentido se estima que la inseguridad alimentaria tendrá efectos negativos tanto en términos de la educación, como, por ejemplo, en las brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, pérdida de oportunidades de aprendizaje, aumento del riesgo de abandono escolar, así como sobre la salud mental y el bienestar integral de las infancias y juventudes, toda vez que en la escuela también se protegen otros derechos fundamentales de la infancia, como la alimentación, la salud y la recreación (CEPAL, 2022a in Castillo, C y Marinho M.L.: 2022).
Con relación a la inseguridad alimentaria, las estimaciones apuntan a que un 9,1% de la población de la región estaría subnutrida, es decir, un 28% más que en 2019 y un 56% superior a la estimación de 2015 (FAO y otros, 2021). A su vez, se estima que un 40,4% de la población de América Latina y el Caribe experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020, equivalente a un aumento de 44 millones de personas en comparación con 2019 (Torero, 2021; CEPAL, 2021b). Esta situación es de especial preocupación para las infancias especialmente dado el período de desarrollo en el que se encuentran, aunque es de señalar que es un derecho básico de cualquier ser humano en cualquier etapa del ciclo vital.
Por último, es de señalar que al cerrarse los centros educativos aumentan las posibilidades en un contexto de crisis económica de que los menores de los hogares más pobres especialmente, salgan a trabajar o se les recargue las actividades de cuidado debido a la necesidad de los adultos de buscar trabajo. En caso de trabajar es altamente probable que dicha ocupación sea en condiciones precarias, mal pagas y siendo explotados lo que converge en una profundización de las desigualdades generacionales y de género como diferentes estudios lo demuestran (CEPAL/UNESCO, 2020; Rodríguez, 2021; CEPAL, 2022a).
Ante este escenario social que la pandemia del CovSars 2 profundiza, es que cabe preguntarse el papel de las políticas públicas juveniles de nuestro continente.
Políticas públicas juveniles en contexto pandémico.
Las estrategias que han aplicado los gobiernos para enfrentar los efectos sociales de las medidas de emergencia sanitaria ante la propagación del virus CovSars 2, han sido muy variadas, aunque es posible delinear algunos patrones en la aplicación de dichas medidas. Se pueden distinguir cinco formas diferentes de accionar estatal en materia de protección social. Tres de ellas son acciones directas que procuran alcanzar con transferencias monetarias o distribución directa de alimentos u otros bienes a los hogares. Otras dos medidas se ubican en el plano de las exoneraciones, condonaciones o suspensiones de corte de servicios públicos así como de garantías de acceso a vivienda o habitación en el caso de quienes no son propietarios. Existe un tercer grupo de medidas orientadas a evitar situaciones de extrema vulnerabilidad (población de calle) o de necesidad de movilidad de quienes son parte de la población con alto riesgo clínico (adultos mayores) (Filgueira. F. et al: 2020).
Es de señalar que existe un abanico de medidas estatales de protección social, las que actúan de manera más indirecta orientándose ya no a los hogares o las personas, sino a empresas. Este tipo de acciones, tales como exoneraciones, subsidios y créditos, procuran sostener la actividad y el empleo a modo de mitigar los efectos sociales de las estrategias de contención.
Ahora bien, en el siguiente cuadro se presenta de manera descriptiva y sintética una de las dimensiones señaladas por razones de espacio y por ser uno de los “instrumentos” que se aplicó más rápidamente por parte de los Estados. Es importante señalar que es una aproximación al problema del trabajo, dado el dinamismo desarrollado por parte de los Estados y de la carencia de fuentes oficiales con datos estandarizados que permitan su comparación e inferencia. Por otra parte, la rapidez con que estas dimensiones de la acción gubernamental cambian en períodos cortos de tiempo impide la exhaustividad y medición adecuada. Se está ante un blanco móvil y lo que es posible en este caso es ofrecer un conjunto de categorías analíticas representadas en formas empíricas concretas que nos aproximen a los esfuerzos realizados (Filgueira. F. et al: 2020).
En lo que refiere a transferencias monetarias y en especies, la mayor parte de los países de América Latina han adoptado nuevas medidas, aunque con diferencias tanto en términos de cobertura como de suficiencia. Se aprecia que algunos países han optado por el fortalecimiento de los programas ya existentes mediante el incremento de los montos destinados a las prestaciones a través de pagos extraordinarios.
Tomando el caso argentino como cita Filgueira. F. et al: 2020: “… realizó un pago extraordinario a beneficiarios de distintos programas tales como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, entre otros”.
Por otra parte, en el caso colombiano se otorgaron tres giros adicionales a los beneficiarios del programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción, mientras que en el Uruguay se duplicaron los montos tanto de la Tarjeta Uruguay Social como de las Asignaciones Familiares – Plan de Equidad. Otros países han optado por aumentar la cobertura poblacional de los programas existentes, como en el caso de Brasil con el programa Bolsa Familia, Guatemala con el programa de aporte económico al adulto mayor, y México para el programa Sembrando Vida.
Otros gobiernos han optado por fortalecer las prestaciones mediante el adelanto de pagos, principalmente para pensiones no contributivas por vejez, intentando garantizar una mayor liquidez al menos en el corto plazo, como en Perú con el Programa Juntos y Pensión, el anticipo del decimotercer sueldo a pensionados y jubilados en el Brasil, el adelanto de cuatro meses del Programa Pensión para el Bienestar a adultos mayores y personas con discapacidad en México, el anticipo de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Pobreza en el Paraguay, así como del Régimen No Contributivo y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en Costa Rica (Filgueira. F. et al; 2020).
Por otro lado, gran parte de los países de América Latina se observa la creación de nuevas prestaciones que combinan, en su mayoría, nuevos beneficios dirigidos a población ya beneficiaria de otros programas con la incorporación de nueva población objetivo. Ejemplo de ello es el caso del Ingreso Familiar de Emergencia en la Argentina, el Programa de Seguridad Alimentaria "Ñangareko" en el Paraguay, los bonos Yo me quedo en casa y Bono Universal Familiar del Perú, el Bono Universal y Bono Familia en el Estado Plurinacional de Bolivia, el Auxilio Emergencial do Governo Federal en el Brasil y el Bono de Emergencia COVID-19, Ingreso Familiar de Emergencia e IFE 2.0 en Chile.
En resumen, las políticas públicas en lo social durante la pandemia reforzaron el diseño institucional previamente elaborado acerca de la población objetivo a la cual alcanzar y complementaron con medidas coyunturales pero en el caso de las transferencias monetarias y en especies se procuró no posibilitar “caer” en la pobreza a los grupos ya alcanzados, sin establecer prioridades generacionales.
Conclusiones:
El trabajo se planteó en su inicio como pregunta problematizadora la construcción de política pública juvenil postpandemia, ¿qué aprendizajes dejan los efectos de la pandemia del Covid19 para la formulación y construcción de política pública juvenil en el escenario postpandemia de Latinoamérica y el caribe?
Ante ella se desarrolló como se concibe la categoría juventud, general descripción de las políticas públicas juveniles y sus diferentes formas de entender al actor juvenil, posteriormente el devenir institucional que aplicaron tales políticas públicas.
Resulta pertinente comprender las juventudes como un grupo de población heterogéneo, que requiere la recuperación de variables asociadas a su desarrollo. A pesar de que se reconoce en algunas situaciones la diversidad y pluralidad, sigue apuntando a políticas, programas y proyectos con alternativas únicas que interpelan a la persona joven como un sujeto-a homogéneo, sin reconocer y apuntar a las particularidades que existen alrededor de las realidades juveniles.
La mirada desde la cual parten las políticas públicas sectoriales de juventudes no reconocen a las personas jóvenes como sujetos y sujetas de derechos, sino en ocasiones como meros receptores pasivos y como actores sociales estratégicos en el marco de la formulación de la política. Se debe apuntar a una perspectiva generacional en todas las políticas.
Los impactos en materia educativa, nutricional, precariedad laboral y pobreza se han profundizado lo que ha implicado aumentar la desigualdad y vulnerabilidad social inter e intra generaciones. Las personas jóvenes son vulnerables debido a la exclusión social y a la desigualdad social de la que son parte.
Ante ello, algunas de las medidas adoptadas por parte de los Estados fueron aumentar los montos de las transferencias monetarias y en especies, la mayor parte de los países de América Latina han adoptado nuevas medidas, aunque con diferencias tanto en términos de cobertura como de suficiencia. En definitiva, se reforzaron los instrumentos previamente diseñados para la población infantil y juvenil procurando con tales ayudas evitar caer en la pobreza, la evidencia señala que tales herramientas han sido insuficientes.
Por lo cual, se podría considerar que algunos de los aprendizajes sobre las herramientas de políticas públicas sociales para las poblaciones infantiles y juveniles del continente no han sido todo los eficientes que se esperaban, se continúa “trabajando” con las poblaciones visibles y la pandemia “iluminó” sobre poblaciones invisibilizadas como los/as jóvenes que trabajan en condiciones precarias e informales, por dar un ejemplo.
Se considera estratégico que en tal revisión entender que lo juvenil no es una etapa en la vida sino un proceso sociovital que no empieza ni termina a determinada edad, sino que se articula en diferentes eventos físico biológicos integrales, sociales, culturales y vitales, ante lo cual la/s políticas públicas son necesarias desarrollarse de forma transversal durante tal proceso. Articulando recursos presupuestales, humanos, infraestructuras, saberes, institucionalidades públicas y no públicas desde el Estado al núcleo familiar, a modo de ejemplo, la nutrición no es un momento de la vida y una determinada política pública en tal sentido: comedores escolares, sino desde el inicio de la vida misma hasta el último suspiro. La pandemia ha evidenciado repensar y revaluar críticamente lo que ha realizado en materia de políticas públicas juveniles, porque si se aspira a cambiar la realidad social dejada por la pandemia del Covid19, no se debería reiterar las acciones que se aplicaron previamente y se reforzaron durante la misma, es muy probable que se obtienen similares resultados.
Bajo esta línea, es vital la creación, manejo y uso de sistemas de evaluación y seguimiento, a fin de conocer sobre los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas de juventudes.
Finalmente, sumado a lo anterior, como evidencia para la rendición de cuentas como mecanismo de producción de conocimiento en materia de juventudes, que inciden en la formulación de la política. Por tanto, el estímulo en la creación de Observatorios de juventudes es un tema de colocación urgente en la academia y en la gestión pública, a fin de contar con evidencia para la toma de decisiones.
Bibliografía:
CEPAL (2022), Panorama Social de América Latina 2021, en prensa.
Filgueira. F. y otros. (2020). “América Latina ante la crisis del COVID-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social”, serie Políticas Sociales, N° 238 (LC/TS.2020/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Mannheim, K., & de la Yncera, I. S. (1993). El problema de las generaciones. reis, (62), 193-242.
Marinho.M. y Castillo. C. (2022). “Los impactos de la pandemia sobre la salud y el bienestar de niños y niñas en América Latina y el Caribe: la urgencia de avanzar hacia sistemas de protección social sensibles a los derechos de la niñez”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/25), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Organismo Internacional de la Juventud; Instituto Nacional de Juventud (2017). Libro Blanco de Políticas Públicas de Juventud. – 1ª ed. – Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2017. – 154 p. : il., gráf. ; 24 cm
Rodríguez, E. (1998). Políticas públicas de juventud en América Latina: empoderamiento de los jóvenes, enfoques integrados, gestión moderna y perspectiva generacional. Revista Pensamiento Iberoamericano, (3).
Vommaro, P. (2015). Juventudes y políticas en la Argentina y en América Latina: tendencias, conflictos y desafíos. Clacso.
Palabras clave:
covid19, políticas públicas, juventudes, agendas políticas.