Resumen de la Ponencia:

Este trabalho  tem por objeto a ajuda econômica regional estadunidense no âmbito do programa Aliança para o Progresso durante o governo João Goulart (1961-1964) e como tal ajuda repercutiu no Estado de Alagoas, sobretudo no município agrestino de Palmeira dos Índios nos anos 1960, década que é comumente referida, tanto em estudos acadêmicos como na memória popular, como aquela em que o Município viveu o seu auge – a “era de ouro” palmeirense –, recebendo, inclusive, o epíteto de “Cidade Modelo de Alagoas”. O trabalho analisa dois feixes de processos empíricos que se inter-relacionam e se complementam: a modernização da infraestrutura, dos meios de comunicação e de difusão cultural na cidade; e a modernização político-ideológica articulada com a Aliança para o Progresso, que alinhou as lideranças políticas do Município ao projeto golpista, patrocinado pelos Estados Unidos, que instaurou a Ditadura Civil-Militar no Brasil em 1964. O ponto de partida para pensar esses processos é o trabalho de Costa (2013), que estudou a relação entre o Governo de Alagoas e a Aliança para o Progresso durante a gestão do Major Luiz Cavalcante, representante da adoção de uma política de modernização conservadora do aparelho estatal. Outra referência fundamental é obra de Felipe Loureiro (2020), que destrincha documentos confidenciais (só liberados pelos Estados Unidos décadas mais tarde) que comprovam a operação Brother Sam – o plano secreto montado pelos EUA para apoiar o golpe militar no Brasil –, e revelam como a ação, disfarçada sob um programa de auxílio econômico, começou no mesmo ano em que o presidente Jango assumiu o governo brasileiro. O objetivo era evitar que o Brasil se tornasse uma “nova Cuba” na América Latina, sobretudo após a Revolução de 1959 e o alinhamento político e econômico da ilha caribenha com a União Soviética. De natureza eminentemente bibliográfico-documental, a pesquisa teve como fontes livros, jornais, legislações e outros documentos cujos dados lançam luz sobre os acontecimentos da quadra histórica em recorte. Diante das condições de possibilidade até aqui apresentadas, sustentamos a seguinte hipótese de trabalho: a modernização de Palmeira dos Índios, de caráter conservador, na década de 1960, se deu como resultado de disputas político-ideológicas influenciadas economicamente pelos Estados Unidos através da Aliança para o Progresso, demarcando um espaço de “americanização” na cidade de maior importância do interior alagoano daquela época.

Resumen de la Ponencia:

La migración es un tema de gran importancia en México al ser un fenómeno de flujos migratorios constantes y en aumento a través del tiempo ha adquirido cada vez más importancia e influencia hacia una gran variedad de ámbitos en vida de las personas.El tema de la migración, concretamente de la mexicana hacia los Estados Unidos, es aún más complejo si se considera que un porcentaje muy importante, aunado a esto encontramos que la cercanía geográfica entre ambos países, así como los estrechos lazos que existen entre ellos hace que el estudio del fenómeno se vuelva más difícil.¿De qué manera inciden en la economía familiar local los migrantes establecidos en los Estados Unidos y la influencia que ejercen hacia los jóvenes para migrar?Este artículo tiene como objetivo hacer un análisis y conocer el impacto económico en la familias locales, así como los principales causas y efectos que originan los movimientos migratorios en el Estado de San Luis Potosí, y los efectos sociales en la influencia en las familias para migar fuera del país.Los migrantes establecidos en los Estados Unidos ejercen una fuerte influencia en la economía familiar local, así como en la vida de las nuevas generaciones de las zonas rurales del estado de San Luis Potosí para dejar sus hogares y migrar hacia los Estados Unidos en busca de una vida económicamente mejor para sus familias. Palabras clave: Migración, economía, familia, cultura, trabajo, Estados Unidos;  San Luis Potosí.

Resumen de la Ponencia:

¿Tienen algo para decirnos los textos clásicos -legados por el pensamiento antiguo- sobre política y discurso para comprender el actual contexto de hegemonía mediática? A partir de esta inquietud la ponencia apuntará a revisar una serie de nociones clásicas recuperadas por los estudios enfocados en la relación entre comunicación y política. Asimismo, observará su potencial para el análisis del discurso político y la narrativa hegemónica mediática que rige la producción de sentido en la actualidad.Con este fin, se abordarán diversos aspectos que hacen al fenómeno propuesto dentro de la línea temática definida, a saber: a- las intensas trasformaciones que atravesó el espacio público en el último siglo. b- la continua renovación de las estrategias de la discursividad política que se produjo en dicho contexto. c- el lugar de la doxa y de sus portavoces dentro de ese espacio público. d- la relación entre verdad, información y retórica.  Se retomará pues la Retórica aristotélica, abocada al análisis de los diversos tipos de discurso, para observar el modo en que algunos de éstos tipos en particular reforzaron su potencial en función de los nuevos recursos disponibles en el seno de las narrativas mediáticas contemporáneas. 

Resumen de la Ponencia:

La ponencia analiza la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los años 2000-2001, en los que se profundizó la crisis política y económica argentina, finalizando en la caída del Gobierno nacional y en el abandono del programa económico basado en la Ley de Convertibilidad. Reconstruimos los cambios en la relación del Gobierno de la Alianza con el organismo financiero multilateral, teniendo en cuenta el agravamiento de la situación política y económica. Dicho gobierno expresaba una continuidad con el proyecto neoliberal triunfante en la Argentina en los años ‘90, pese a lo cual su relación con el FMI enfrentó fuertes dificultades, a diferencia del gobierno del Partido Justicialista que lo precedió. En la base de estas dificultades, se encontraba el agravamiento de la crisis económica y la desintegración del poder del propio Gobierno de la Alianza, ineficaz en su política y disgregado en sus disputas internas. En las negociaciones del país con el FMI, nos detenemos en particular en el acuerdo por el llamado “Blindaje” otorgado por el FMI en diciembre de 2000, así como en la Ley de Déficit Cero aprobada por el Congreso en julio de 2001. Para nuestro análisis, nos basamos en información obtenida en fuentes documentos del propio FMI, en documentos del Estado argentino, en estadísticas oficiales y en artículos de prensa escrita. Sostenemos que la relación del Gobierno argentino con el FMI era compleja, con momentos de apoyo y de retiro de ese apoyo, y que estas tensiones contribuyeron a dificultar la gobernabilidad y a erosionar la sustentabilidad del programa económico. Sostenemos que, al contrario de lo que plantea la mayor parte de la bibliografía, el FMI no fue parte de un alineamiento que buscara imponer la dolarización como salida de la crisis, sino que intentó sostener el régimen monetario argentino, al mismo tiempo que presionaba por la realización de ajustes fiscales de mayor envergadura. Finalmente, observamos que esta posición se modificó hacia finales del 2001, cuando el FMI decidió finalizar la asistencia financiera al país, profundizando la crisis hasta llegar a la bancarrota bancaria y a la destrucción de la goberbabilidad, con la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. 

Introducción:

La relación entre Argentina y el FMI constituye una de las determinaciones fundamentales de las crisis económicas y financieras que ha atravesado nuestro país en las últimas décadas. Tal relación fue sido cambiante durante el período neoliberal. En el período de auge iniciado tras la crisis hiperinflacionaria de 1989, Argentina recibió un sólido respaldo y un cuantioso financiamiento del FMI, convirtiéndose en su “mejor alumno” (Ramírez, 2012), dada la profundidad del programa de reformas neoliberales (Beltrán, 2011; Bonnet, 2008). En el Gobierno del Partido Justicialista (PJ), las privatizaciones, la desregulación, la apertura comercial, la flexibilización laboral, la inversión extranjera directa, el endeudamiento externo, transformaron la economía (Basualdo, 2010; Lattuada, 2006; Marticorena, 2010; Viguera, 2000). El programa de reformas neoliberales se enmarcó en la Ley de Convertibilidad de 1991, que dispuso la fijación del tipo de cambio en la paridad US$1 = $1, prohibió la indexación y limitó la emisión monetaria al nivel de las reservas (Bonnet, 2008).

Este sólido apoyo se deterioró bajo el Gobierno de la Alianza, en 2000-2001. La crisis económica generaba dudas sobre la capacidad de pago de la deuda pública, notablemente incrementada en los ‘90, e incertidumbre sobre el futuro de la Convertibilidad. Dos sucesos sobresalen en el período: el salvataje financiero otorgado por el FMI en 2000 y la Ley de Déficit Cero aprobada en 2001, el mayor crédito del FMI a la Argentina y el mayor ajuste realizado por el Gobierno. Entre estos sucesos, la relación entre el FMI y Argentina se fue complicando, con sucesivos congelamientos de los fondos del Blindaje. 

Este endurecimiento fue visto en la bibliografía en clave de una disputa entre dos formas de salida de la Convertibilidad: la dolarización de la economía y la devaluación del peso, asignando al FMI un lugar en el polo dolarizador (Basualdo, 2010; Rojas Breu, 2002), algo que no parece sustentarse en la evidencia empírica (Salvia, 2014). Nos preguntamos: el FMI tuvo una posición monolítica respecto a la crisis argentina? Tal posición puede leerse en clave de dolarización o devaluación? Cómo fue cambiando tal posición con el derrotero de la crisis? 

Para abordar esta problemática, analizaremos los documentos publicados por el FMI en el momento de la crisis, así como su visión retrospectiva producida tras el estallido de la Convertibilidad. Se utilizarán estadísticas y documentos producidos por diversos organismos oficiales (como BCRA, INDEC y Ministerio de Economía), estadísticas privadas (como el EMBI+ elaborado por la banca J.P. Morgan), así como artículos de prensa escrita y bibliografía. Con ello, intentaremos reconstruir la relación entre el FMI y la Argentina vis a vis el avance de la crisis y dilucidar los posicionamientos del FMI respecto a la Convertibilidad.

 

Desarrollo:

El Blindaje y el apoyo del FMI:

En la segunda mitad de 2000, la crisis económica argentina llevaba ya dos años. El PIB caía 5,6% en el tercer trimestre de 2000, respecto a igual trimestre de 1998. Las cuentas fiscales se veían afectadas por la recesión y por la deflación, que llegaba al 2,6% en el tercer trimestre de 2000, respecto a igual período de 1998.1 Ambas reducían la recaudación, obligando al aumento de la presión impositiva. Con pagos de deuda creciente y recursos tributarios decrecientes, el Estado tenía un mayor déficit fiscal.

Durante 2000, el Gobierno buscó de reducir el déficit fiscal de dos maneras: primero, bajando el gasto público nacional y presionando por la baja del gasto de las Provincias; por otro lado, aumentando los impuestos. La política del Gobierno de apuntalar la recaudación con una mayor presión impositiva logró cierta eficacia: la recaudación del Estado nacional en 2000 fue de 1.459 millones de pesos superior a la del año 1999, un aumento del 3,1%, en una economía en deflación. La reducción de los gastos del Estado tuvo una eficacia dispar: excluyendo los pagos de deuda, el gasto público consolidado (nacional y provincial y municipal) del año 2000 se redujo en 2.739 millones de pesos, siendo un 3,6% menor respecto a 1999. El rubro gastos de capital, que incluye la inversión del Estado, explica el 90,3% de dicha reducción, explicando el resto el rubro gastos corrientes (salarios, insumos, seguridad social, etc.).2 Ciertamente, la caída de la inversión pública contribuía a la recesión, que estaba en la base de las dificultades fiscales. 

Aún con este ahorro fiscal, la delicada situación financiera ponía en riesgo el régimen de Convertibilidad. El alto spread de Argentina (diferencial de tasas de interés sobre los bonos de Estados Unidos) generaba dudas sobre la capacidad de pago de la deuda pública. El creciente endeudamiento con una economía en contracción, incrementaba las probabilidades de entrar en default (cesación de pagos). En el año 2000, los pagos de deuda consolidados (Estado nacional y Provincias) llegaron al 4,1% del PIB, duplicando la proporción de 1995, tras la crisis mexicana; y alcanzaban el 14,4% del gasto público, la mayor proporción de toda la década, generando un déficit fiscal de 3,3% del PIB (ONP, 2005). Esta situación era insostenible en el tiempo.

En la Asamblea del Banco Mundial (BM) y el FMI de 2000, la Gerencia del FMI apoyaba al Gobierno y elogiaba las mejoras en la economía, aunque expresaba dudas sobre la capacidad de revertir las expectativas negativas de empresarios y consumidores. El Asesor económico, Michael Mussa, realizaba declaraciones negativas sobre el futuro de la economía argentina. Finalmente, el FMI no otorgaba nuevos fondos y decisiones como los waiver (dispensas) por el incumplimiento de las metas de déficit empezaban a ser cuestionadas en el Directorio (Salvia, 2012).

Las dudas sobre el futuro del país fueron confirmadas por la dinámica política. La Alianza, conformada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Frepaso), mostraba serios conflictos internos: el Presidente Fernando De la Rúa, tenía dificultades para lograr apoyo de su propio bloque parlamentario, y los principales referentes de la UCR y el Frepaso, el ex presidente Raúl Alfonsín y el Vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez realizaban críticas a la política económica. La renuncia del Vicepresidente, que denunciaba hechos de corrupción en el Gobierno, dejó debilitada a la Alianza, en apariencia cerca de la ruptura (Peralta Ramos, 2007). Esto generó una fuerte suba del riesgo país de 300 puntos básicos (p.b.), acercándose a los 1.000 p.b., nivel que sólo había sido superado tras la devaluación de Brasil en 1999.3

En este contexto, a principios de noviembre el Estado convalidó una tasa de interés cercana al 16% en el mercado voluntario de deuda, duplicando la obtenida antes de la renuncia del Vicepresidente. Esto dejaba al país al borde del default. Ante ello, el FMI otorgó un salvataje al país, para garantizar el pago de la deuda pública. El 21 de diciembre de 2000, el FMI aprobó el Acuerdo de respaldo financiero, por 39.700 millones de dólares. Conocido como el Blindaje financiero, contó con la participación del BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno de España, y los bancos y AFJP locales, que garantizaron la renovación de los bonos del Estado que tenían en cartera (BCRA, 2001a).

Para el FMI, el Blindaje era necesario para evitar que Argentina entrara en default. La evaluación posterior de Anne Krueger, quien a fines de 2001 asumiría como Subdirectora Gerente, muestra la importancia del Blindaje para evitar la catástrofe financiera de Argentina y el escaso margen que tenía el FMI ante la necesidad de asistencia, en tanto continuaba apoyando la estrategia monetaria argentina: 

 

¿Cuáles eran las alternativas en 2000, cuando Argentina acudió al Fondo en procura de asistencia? El FMI pudo haber rehusado razonablemente otorgar financiamiento invocando el hecho de que las medidas fiscales para evitar el incumplimiento habían dejado de ser política y económicamente factibles. Es probable que ello hubiera suscitado el incumplimiento [de la deuda] y puesto fin al plan de convertibilidad. (Krueger, 2002: 1).

 

Al recomendar la aprobación del Blindaje, el Director Gerente, Horst Köhler, afirmaba que el Gobierno debía “promover un crecimiento acelerado de la productividad y otras mejoras en la competitividad” y en el mismo sentido se pronunciaron el BM y el BID (Clarín 19/12/00). Para el Subdirector Gerente del FMI, Stanley Fischer, el Blindaje debía permitir que se afiancen medidas favorables a las inversiones y el crecimiento, que debería reenfocarse a las exportaciones (La Nación, 28/12/00). Así, podría lograrse la reactivación y los recursos fiscales para demostrar que el país no dependería en el futuro de la asistencia del FMI. Ahora bien, una aceleración de la productividad y las exportaciones requería de un tiempo que no estaba disponible, en tanto los acreedores esperaban ver los efectos positivos del Blindaje, en el primer trimestre de 2001. 

Para el Gobierno, el Blindaje servía para revertir las expectativas negativas, despejando la incertidumbre sobre el futuro de la Convertibilidad. Con ello, debía bajar la tasa de interés, favoreciendo las decisiones de inversión y consumo. Sin embargo, las políticas de ajuste del Estado, deterioraban el mercado interno, al reducir los salarios estatales, la inversión y la demanda del sector público. El contexto internacional no era favorable, con Estados Unidos entrando en recesión, lo que generaba reflujo de capitales desde los países emergentes para cubrir las perdidas en Estados Unidos (Salvia, 2009). La crisis de Turquía y la nueva devaluación de Brasil agravaban la situación de los países emergentes (Piva, 2013). Así, con menor demanda interna y externa, salida de capitales y deterioro del tipo de cambio con Brasil, las perspectivas para la inversión eran desalentadoras. 

Tras el Blindaje, el riesgo país caía desde noviembre de 2000, llegando en enero y febrero de 2001 a los niveles anteriores a la escalada de noviembre y las tasas de interés de los bancos cayeron desde fin de diciembre. Pero el PIB se redujo un 2% en el primer trimestre de 2001.4 Así, el diagnóstico del Gobierno se mostraba errado: no había condiciones para transformar la baja de las tasas de interés en inversión. Sin más posibilidades de realización de las mercancías (en el mercado interno o externo) no hay mayor inversión, aún con menores tasas de interés. 

Así, no podía romperse el círculo vicioso de economía real y cuentas fiscales: en tanto la actividad económica proveía los recursos del Estado, la recesión agravaba el déficit fiscal, lo que reducía la capacidad de pago de la deuda. Así, la mejora de las cuentas fiscales de 2000 contribuía a la recesión, que a su vez hacía imposible cubrir el aumento en los pagos de deuda (del 16%) y cumplir con las metas de déficit fiscal.5 Con el aumento del déficit en enero-febrero de 2001, el FMI suspendía los desembolsos del Blindaje, el Ministro de Economía renunciaba y empezaba una fuerte caída de las reservas. 

 

Políticas de ajuste y subsidios a la producción tras el fracaso del Blindaje 

Extinguidos los efectos del Blindaje, en marzo el Gobierno decidió profundizar la política de ajuste fiscal, con el impulso del nuevo Ministro de Economía, Ricardo López Murphy. El programa consistió en un recorte de gastos estatales y un aumento de recursos por 1.962 millones de pesos para 2001. Para reducir el gasto, los salarios de los docentes de educación primaria y los fondos de educación universitaria y terciaria se reducían en 361 millones de pesos en 2001 y 541 millones en 2002; y se recortaban transferencias y subsidios a las Provincias por 968 millones de pesos en 2001 y 1.147 millones en 2002. Para aumentar los recursos, se incrementaba el IVA en esparcimiento, se eliminaban exenciones impositivas, se enviaban al Congreso leyes para vender o concesionar las empresas del Banco Nación, la Lotería Nacional y la Casa de la Moneda y despedir a 40.000 trabajadores estatales (Salvia, 2012: 157).

El talón de Aquiles del programa de ajuste era su inviabilidad, ante un Congreso dominado por el PJ, el desgranamiento interno de la Alianza y la resistencia social al ajuste. Un editorial del periódico inglés The Financial Times sobre Argentina permite conocer la visión del mundo financiero. Aunque muy de acuerdo con el ajuste, reconocía sus escasas probabilidades de éxito y concluía que la situación argentina no mejoraría en el corto plazo. En un contexto apremiante, recomendaba una improbable paciencia a los inversores:

No será sencillo implementar una política fiscal más dura. A pesar de que los dirigentes de la Unión Cívica Radical y el Frepaso que conforman la coalición de gobierno habrían abandonado su oposición al nombramiento de López Murphy, todavía tienen algunas dudas sobre la conveniencia de otra dosis de medicina económica ortodoxa. El margen del Gobierno para los recortes de gastos es limitado. (…) Los peronistas ya dominan el Senado y se espera que en las próximas elecciones legislativas de este año hagan valer su ventaja. En síntesis, los obstáculos políticos son considerables. Lo más probable es que el camino hacia la recuperación sea accidentado. Los inversores necesitarán ser pacientes. (The Financial Times, publicado en Clarín, 07/03/01).

Estos obstáculos políticos se agigantaron con el aislamiento del Ministro López Murphy. Los principales dirigentes del Frepaso renunciaron al Gobierno: la Vicejefe de Gabinete, Graciela Fernández Meijide, el Secretario General de la Presidencia, Ricardo Mitre, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Makón y la Secretaria de Interior, Nilda Garré. También renunciaron dos ministros de la UCR, de Interior, Federico Storani y de Educación, Hugo Juri. El Presidente de la UCR, Raúl Alfonsín, rechazaba el ajuste, al igual que los Gobernadores y legisladores del PJ (Piva, 2013). La falta de apoyo político evidenciaba las dificultades para construir consenso social en torno al ajuste.

En paralelo, se produjeron fuertes acciones de protesta de trabajadores estatales, privados y estudiantes universitarios. Las tres centrales sindicales del país realizaban paros o movilizaciones, con la adhesión de entidades de pequeños empresarios. Los estudiantes realizaban gran cantidad de cortes de calles y más de 100 tomas de establecimientos educativos. A las protestas se sumaban distintas organizaciones de desocupados que realizaban cortes de calles en el Gran Buenos Aires (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006). 

El fracaso del programa de ajuste llevó a la renuncia de López Murphy y su reemplazo por Domingo Cavallo, el creador de la Convertibilidad. Cavallo intentó cambiar la orientación de la política económica, buscando mejorar la competitividad de la producción, con subsidios, medidas arancelarias e impositivas. Para ello, creó los Planes de Competitividad, que establecían exenciones y rebajas impositivas para los sectores más golpeados por la crisis, mejorando sus costos operativos. La mayoría de los convenios fueron firmados en la industria, en diversos rubros que representaban el 46% del valor bruto de la producción industrial y el 69% del empleo industrial, con un aumento estimado de la rentabilidad del 20%, que se elevaba a 26,7% para las actividades trabajo-intensivas (Salvia, 2011: 121).

Para obtener recursos para los Planes de Competitividad, Cavallo logró la aprobación por el Congreso del llamado impuesto al cheque, con el que estimaba una recaudación de 3.500 millones de pesos. Además, esperaba lograr un crédito de 3.000 millones de dólares del Tesoro de EEUU, en una negociación directa (Salvia, 2012). La búsqueda de negociación directa se debía a la posición reticente del FMI a ampliar el Blindaje, en un escenario global caracterizado por el reflujo de capitales y el aumento de los spreads de los países emergentes (BCRA, 2002; Eskenazi, 2009).

Sin embargo, el Secretario del Tesoro, Paul O’Neill, se manifestó en contra de financiar a Argentina (Wainer, 2010a). La nueva administración republicana de George W. Bush sólo estaba dispuesta a financiar a países geopolíticamente estratégicos y que iniciaran programas de privatizaciones. Así, Turquía recibió un salvataje del FMI por 10.000 millones de dólares (Salvia, 2012). Argentina no tenía este carácter estratégico, ni disponía de empresas para privatizar. En consecuencia, el programa de reactivación del Ministro Cavallo se quedaba sin financiamiento externo.

La imposibilidad de ampliar el financiamiento externo hacía más importante el saldo comercial. El 21 de junio de 2001, el Congreso sancionó una ley que modificaba el patrón de convertibilidad y ampliaba al euro la paridad fija con el dólar –de manera que $1 equivaliera a US$ 0,5 + Euro 0,5. Cavallo decidió entonces no aplicar esa nueva paridad al sector financiero, sino a la economía real: creó el factor de convergencia, que aplicaba al comercio exterior –excepto los hidrocarburos– la paridad con la canasta de monedas dólar-euro (BO, 2001a). El objetivo era recuperar competitividad en la producción de bienes e impulsar la reactivación, mejorando el tipo de cambio de las exportaciones y encareciendo las importaciones. Esto lo convertía en un tipo de cambio doble, pero mediante impuestos y reintegros. Aunque el Gobierno y el FMI negaban que se tratara de un tipo de cambio doble (FMI, 2004: 89), el factor de convergencia elevaba el tipo de cambio real para el comercio exterior un 7,5% en el primer día de vigencia (Salvia, 2011). Esto moderaba el efecto de la depreciación del real, que llegaba al 17,6% desde el primer día de 2001.6 Así, el factor de convergencia era otra política heterodoxa, que se sumaba a los Planes de Competitividad en el intento de impulsar la economía real.

Apoyo y rechazo del FMI a las políticas económicas heterodoxas 

 

El FMI apoyó la gestión de Cavallo desde su asunción, aún cuando éste confrontaba con el sector financiero, con la destitución del Presidente del BCRA, Pedro Pou, la flexibilización de los encajes para aumentar el crédito al sector privado o el factor de convergencia. Posteriormente, el organismo evaluaba que estas medidas habían complicado la situación financiera del país:

Muchas de estas medidas resultaron contraproducentes para restablecer la confianza del mercado, especialmente la propuesta de modificar el régimen de convertibilidad, la destitución del Presidente del Banco Central y la flexibilización de las normas de liquidez de los bancos. Estas medidas socavaron seriamente 10 años de trabajo en políticas encaminadas a dar independencia al Banco Central y fortalecer la situación patrimonial y de liquidez del sector bancario. (FMI, 2004: 83).

Mientras en el Directorio se debatía la posibilidad de forzar un cambio del régimen monetario, la Gerencia continuó apoyando al país, para evitar el default y la devaluación:

el personal técnico [del FMI] inicialmente se sintió obligado a conceder el beneficio de la duda al nuevo ministro de economía, y temía causar un desplome abrupto, y por ende desordenado, del régimen de política económica. En el informe del personal técnico se anotó que ‘una modificación del régimen [de convertibilidad] probablemente tendría consecuencias muy adversas en los balances del sector privado no financiero, el sistema bancario y el sector público, con perturbaciones y desórdenes generalizados en la economía’. (FMI, 2004: 85).

 

En mayo de 2001, el organismo destrabó los fondos del Blindaje (Nemiña, 2012). El riesgo país cayó hasta los 900 p.b. a principios de junio, ayudado tamién por el anuncio de una operación de canje voluntaria de deuda.7 Esta operación, denominada Megacanje, se concretó en junio. Al postergar el vencimiento de bonos por 29.493,5 millones de dólares, permitió un importante ahorro fiscal en pagos de deuda, estimado en 3.229 millones de dólares para 2001 y en 16.000 millones de dólares hasta el año 2015. A cambio, el Estado aceptó tasas de 15,4%, con un spread de 10 puntos porcentuales, contabilizando la entrega de bonos por un valor nominal superior al canjeado (FMI, 2004: 156-159; BCRA, 2001b: 10-13). 

Pero el apoyo del FMI disminuyó hacia mediados de 2001. La fragilidad de la Convertibilidad quedó al descubierto en junio de 2001, cuando se combinaron la aplicación del factor de convergencia, la difusión de la tasa de interés del Megacanje y el déficit fiscal de mayo, que fue un 73% superior al mismo mes de 2000.8 Esta combinación ponía en duda la sostenibilidad del tipo de cambio fijo y el cumplimiento de los vencimientos de la deuda pública. El análisis posterior del FMI destacaba el efecto del factor de convergencia en las expectativas sobre el tipo de cambio: 

 

[El factor de convergencia] equivalía a una devaluación en el sector de los bienes transables no energéticos al copiar mediante medidas fiscales la propuesta anunciada previamente de adoptar una paridad frente a una canasta de monedas. En vez de impulsar la competitividad, la señal que se dio a los mercados fue que admitía que el régimen cambiario ya no era viable. (FMI, 2004: 89).

 

En el contexto descripto, se potenció la volatilidad financiera. El riesgo país escaló hasta los 1600 p.b. a mitad de julio.9 Esto cerraba de hecho el mercado voluntario de deuda y acercaba el default. El incumplimiento de las metas de déficit, la confrontación con el sector financiero y el crecimiento del riesgo país, aumentaron al máximo la tensión con el FMI, que decidió congelar nuevamente los fondos del Blindaje (Salvia, 2012). 

 

La Ley de Déficit Cero y el FMI:

 

Ante el cierre del crédito, el Congreso aprobó la Ley de Déficit Cero, que estableció la reducción del gasto público en la proporción necesaria para cubrir el pago de deuda con recursos propios (BO, 2001b). Esto implicó el recorte del 13% en salarios, jubilaciones, insumos, etc., y eliminó el déficit fiscal durante dos meses, por primera vez desde el inicio de la crisis (BCRA, 2001c: 10). 

Como otras medidas impulsadas por Cavallo, el Déficit Cero fue una decisión no consultada con el FMI. En ese momento, las posiciones en el organismo sobre el país estaban divididas: los economistas que auditaban al país eran poco favorables a extender la asistencia financiera, señalando la existencia de una “fatiga de ajuste” en la sociedad argentina; en cambio, el Director del Departamento Occidental, Claudio Loser, apoyaba el ajuste y descartaba un futuro default: 

 

La situación financiera en Argentina va a mejorar en las próximas semanas, sin default y sin devaluación manteniendo la convertibilidad. (…) Con el megacanje el perfil de los vencimientos de la deuda argentina cambió. Ahora es mucho más manejable, y no existe la concentración de vencimientos como antes. (…) Pero como no se ha producido la reactivación económica que se esperaba y la recaudación impositiva no será la pronosticada, es imperativo reducir el gasto público para poder cumplir con las metas acordadas al mismo tiempo que se paga la deuda. (Claudio Loser, Director del Departamento Occidental FMI, Clarín, 13/07/01). 

 

Más allá del apoyo al ajuste del Director Gerente, la llegada de nuevos fondos se demoró durante 40 días. El 21 de Agosto, Horst Köhler recomendó la continuidad del Blindaje y la ampliación del crédito a Argentina. Tras el leve superávit fiscal de agosto, el Directorio aprobó la recomendación el 7 de septiembre (FMI, 2004: 90-91). El crédito fue destinado a fortalecer las reservas, que habían caído 9.799 millones de dólares en julio y agosto (un 35,9%).10 El 10 de septiembre, llegaron 5.000 millones de dólares al país (BCRA, 2001c: 10). Además, fueron aprobados otros 3.000 millones de dólares para respaldar una reestructuración voluntaria de deuda (Nemiña, 2012: 234). Con ello, el FMI esperaba evitar los efectos del agotamiento de las reservas y el default. 

El apoyo financiero de FMI contribuyó a la baja del riesgo país a un nivel que fluctuaba entre 1.400 y 1.450 p.b, algo que no alcanzó para abrir el crédito externo privado. Esta tendencia cambió en la segunda mitad de septiembre, finalizando el mes sobre los 1600 p.b. Desde allí, el ascenso del riesgo país fue imparable, superando los 3.300 p.b. en noviembre.11 La falta de lineamiento acordado por el Gobierno y el FMI, dio una señal de que la reestructuración de la deuda podía ser compulsiva (un default selectivo), como reconociera luego el organismo (FMI, 2004: 94-95). Junto a ello, el PIB profundizaba su caída, un 4,9% y un 10,5% en el tercer y cuarto trimestre de 2001, impactando en la recaudación, que caía 8,7% y 17% en iguales trimestres. Y en octubre los pagos de deuda crecían un 19,9%. Todo ello desbordó la Ley de Déficit Cero, reapareciendo el déficit fiscal por 1.000 millones de pesos en octubre.12 Esto hacía necesario un nuevo recorte del gasto primario, algo inviable por la debilidad del Gobierno, que había sido derrotado en las elecciones legislativas de octubre (Vilas, 2001; Escolar et al, 2002).

La inviabilidad de un nuevo ajuste y la incertidumbre por la reestructuración de la deuda, llevaron a una caída de las reservas de 3.609 millones de dólares en octubre (un 14,6%).13 Ante la inviabilidad de la estrategia económica, el FMI decidió cortar el crédito al país. Por estatuto, el organismo no podía recomendar el abandono del tipo de cambio fijo (FMI, 2004: 105), aunque el corte del crédito sólo dejaba la devaluación como salida: 

Para diciembre de 2001, era obvio para la mayoría de los observadores que no podría evitarse una devaluación del peso y una reestructuración integral de la deuda que redujera su valor presente neto, y que ningún programa sería sostenible si las autoridades argentinas no estaban dispuestas a considerar estas opciones. En estas circunstancias, la decisión de no concluir la revisión estaba bien fundada (FMI, 2004: 104).

 

El corte del crédito por el FMI profundizó la caída de las reservas, de 5.995 millones de dólares en noviembre (un 28,3%). Como reacción, el 1º de diciembre el Gobierno restringió los retiros de los depósitos bancarios y su conversión a dólares, una medida conocida como el “corralito”. La Convertibilidad se convirtió en una ficción, ante la imposibilidad de comprar dólares y la incapacidad técnica de cubrir la base monetaria con las reservas de divisas, que habían caído en 24.396 millones de dólares tomando en cuenta el aporte de 5.000 millones de dólares del FMI.14 

A partir de allí, se produjo una explosión de protesta social hasta la rebelión del 19 y 20 de diciembre, que unificó a fracciones pauperizadas de la clase trabajadora, ahorristas, comerciantes, estudiantes, etc. (Bonnet, 2008; Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006). Esta rebelión sobrepasó el estado de sitio dispuesto por el Gobierno y logró la renuncia del Ministro Cavallo y el Presidente De la Rúa. La caída del gobierno habilitó  la devaluación del peso, la pesificación de los contratos y el default con acreedores privados (Cobe, 2009; Grigera y Esquenazi, 2013; Wainer, 2010b). El período post-convertibilidad implicó una menor influencia del FMI y el sector financiero en el Estado, y un acercamiento del Gobierno a los empresarios industriales (Gálvez, 2011; Salvia, 2012).

 

Conclusiones:

En las páginas precedentes, analizamos la relación entre Argentina y el FMI en los años 2000-2001, en los que la crisis se fue agravando profundamente. Entre los hallazgos a los que hemos arribado, señalamos el acompañamiento del FMI al Gobierno argentino en su firme decisión de mantener la Convertibilidad, que había hecho posible las reformas neoliberales, pese a la crisis en la que se encontraba sumida. Este apoyo se vio con claridad tras el fuerte incremento del spread de noviembre de 2000, producto de la crisis política interna. Allí, el FMI otorgó un importante paquete de ayuda financiera, conocido como el Blindaje. 

Sin embargo, el apoyo a la Convertibilidad fue puesto en suspenso por el FMI en dos oportunidades, con el congelamiento de los fondos del Blindaje: tras la renuncia del Ministro de Economía que había negociado el Blindaje, José Luis Machinea, y tras el fracaso de las políticas heterodoxas impulsadas por Domingo Cavallo, que generaron un aumento del déficit fiscal y el spread. 

En ambos casos, el Gobierno buscó reabrir el Blindaje con sendos ajustes, con suerte dispar: en marzo de 2001, el ajuste fracasó antes de ser implementado; en julio de 2001, fue aprobada la Ley de Déficit Cero, que logró eliminar el déficit fiscal en agosto-septiembre y permitió recuperar el crédito del FMI. El costo de ello fue una fuerte caída de la actividad económica, la reaparición del déficit fiscal por la caída de la recaudación y la acelerada pérdida de reservas en octubre-noviembre. 

Como resultado, el organismo decidió poner fin al acompañamiento a la Convertibilidad, con el corte del crédito al país en noviembre de 2001, empujando finalmente no a la cristalización del tipo de cambio mediante la dolarización de la economía, sino al abandono del régimen monetario mediante la devaluación del peso.

Bibliografía:

Basualdo, Eduardo (2010). Estudios de historia económica Argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires. FLACSO-Siglo XXI. Pp. 495.

BCRA (2001a). Boletín Monetario y Financiero. Cuarto Trimestre de 2000. Buenos Aires. Banco Central de la República Argentina. Pp. 50. 

BCRA (2001b). Boletín Monetario y Financiero. Segundo Trimestre de 2001. Buenos Aires. Banco Central de la República Argentina. Pp. 74. 

BCRA (2001c). Boletín Monetario y Financiero. Tercer Trimestre de 2001. Buenos Aires. Banco Central de la República Argentina. Pp. 68. 

BCRA (2002). Boletín Monetario y Financiero. Cuarto Trimestre de 2001. Buenos Aires. Banco Central de la República Argentina. Pp. 70. 

Beltrán, Gastón (2011). Las paradojas de la acción empresaria. Las asociaciones del empresariado argentino y la persistencia de las reformas estructurales. En: Pucciarelli, Alfredo (Coord.), Los años de Menem. La construcción del orden neoliberal. Buenos Aires. Siglo XXI. Pp.325.

Bonnet, Alberto (2008). La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001. Buenos Aires. Prometeo. Pp. 438.

BO (2001a). Decreto 803/2001. Boletín Oficial de la República Argentina. BO (2001b). Ley 25.453, de Equilibrio Fiscal (Déficit Cero). Boletín Oficial de la República Argentina. 

Cobe, Lorena (2009). La salida de la convertibilidad. Los bancos y la pesificación. Buenos Aires. Capital Intelectual. Pp. 127.

Escolar, Marcelo; Calvo, Ernesto; Calcagno, Natalia; Minvielle, Sandra (2002). Ultimas imágenes del naufragio. Las Elecciones del 2001 en Argentina. Desarrollo Económico, Vol. 42, No. 162, Buenos Aires, Argentina. Pp. 25-44. 

FMI (2004): Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina, 1991–2001. Washington. Fondo Monetario Internacional. Pp. 184.

Gálvez, Eduardo (2011). La influencia de los empresarios críticos de la Convertibilidad en las políticas económicas de la Post-convertibilidad. Realidad Económica, Nº 264. Buenos Aires, Argentina. Pp.17-32.

Grigera, Juan; Eskenazi, Matías (2013). Apuntes sobre la acumulación de capital durante la postconvertibilidad. En: Grigera, Juan (comp.). Argentina después de la Convertibilidad (2002-2010), Buenos Airea: Imago Mundi. Pp. 165-194.

Iñigo Carrera, Nicolás; Cotarelo, María Celia (2006): Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina. En Gaetano, Gerardo (comp.) Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina. Buenos Aires. CLACSO. Pp. 384.

Krueger, Anne (2002): Prevención y resolución de crisis: La experiencia de Argentina. Washington. Fondo Monetario Internacional. 

Lattuada, Mario (2006). Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Bernal. Universidad Nacional de Quilmes. Pp.267.

Marticorena, Clara (2010). Contenidos de la negociación colectiva durante la década de 1990 y la posconvertibilidad en actividades seleccionadas de la industria manufacturera. Estudios del Trabajo. No. 39-40. Buenos Aires, Argentina. Pp. 59-88.

Nemiña, Pablo (2012). Del blindaje a la intransigencia. Comportamiento del FMI durante la crisis económica argentina. Ciclos. En la historia, la economía y la sociedad. Vol. 20, No. 40, Buenos Aires, Argentina. Pp. 219-243.

ONP (2005). Sector Público Argentino No Financiero. Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento, 1961-2004. Buenos Aires. Oficina Nacional de Presupuesto. Pp. 144.

Peralta Ramos, Mónica (2007). La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006). Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. Pp. 453.

Piva, Adrián (2013). Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista. Buenos Aires. Biblos. Pp. 489.

Ramírez, Hernán (2012). La crisis Argentina de 2001 en una clave de largo plazo. Estudios. Revista del Centro de Estudios Avanzados. Córdoba, Argentina. No. 28. Pp. 53-71.

Salvia, Sebastián (2012). Conflictos y alianzas de la burguesía industrial en la crisis de la Convertibilidad en Argentina, 1998-2002. Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires. Pp. 309.

Salvia, Sebastian (2011). El país en riesgo. Crisis financiera y gestión neoliberal en Argentina (1999-2001). Estudios. Revista del Centro de Estudios Avanzados. No. 26. Córdoba, Argentina. Pp. 111-124.

Salvia, Sebastián (2009). Crisis de acumulación y problemas de gobernabilidad en Argentina (1999-2005). Revista de Ciencias Sociales. No. 16. Bernal, Argentina. Pp. 147-159.

Viguera, Anibal (2000). La trama política de la apertura económica (1987-1996). La Plata. Ediciones Al Margen-UNLP-FLACSO. Pp. 230.

Vilas, Carlos (2001). Como con bronca y junando... Las elecciones del 14 de octubre 2001. Realidad Económica. No. 183. Buenos Aires, Argentina. Pp. 6-15.

Wainer, Andrés (2010a). Clase dominante, hegemonía y modos de acumulación. La reconfiguración de las relaciones de fuerza en el interior de la burguesía durante la crisis y salida de la convertibilidad (1998-2003). Tesis de Doctorado. Buenos Aires. FLACSO. Pp. 408.

Wainer, Andrés (2010b). Burguesías exportadoras: ¿un camino para el desarrollo de América Latina? El caso de la Argentina reciente. Cuadernos del Cendes. Vol. 27, No. 75. Caracas, Venezuela. Pp. 95-117.

Notas al pie:

1 Elaboración propia en base a INDEC.

2 Elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

3 Datos de J.P. Morgan, EMBI+ Argentina.

4 Elaboración propia en base a INDEC.

5 Elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

6 Elaboración propia en base a BCRA.

7 Datos de J.P. Morgan, EMBI+ Argentina.

8 Elaboración propia en base a Ministerio de Economía.

9 Datos de J. P. Morgan, EMBI+ Argentina.

10 Elaboración propia en base a BCRA.

11 Elaboración propia en base a J.P. Morgan, EMBI+ Argentina.

12 Elaboración propia en base a INDEC, Ministerio de Economía y BCRA. 

13 Elaboración propia en del BCRA.

14 Elaboración propia en base a BCRA.

Palabras clave:

Palabras clave: FMI, Crisis, Convertibilidad

Key words: FMI, Crisis, Currency board

Palavras chave: FMI, Crise, Convertibilidade

Resumen de la Ponencia:

Parecería hoy más urgente que nunca hablar de diálogo, política y bien común. La perentoria necesidad de reencauzar el proyecto de justicia, soberanía, igualdad y dignidad, curtido en nuestra historia emancipadora, exige asumir, en reflexión y práctica, estos asuntos. El diálogo, si bien no es el objetivo final de la política, se constituye en medio que la encamina, cuando por política se entiende la búsqueda del bien común, instrumento para remover las asimetrías de poder, e impulso para desmontar las desigualdades históricamente creadas.Un orden social sustentado en principio de soberanía, equidad, dignidad, justicia social, económica y cultural, tiene en el diálogo político una condición elemental. Entre otros asuntos, este propicia pactos sociales y encamina su concreción en políticas públicas. El diálogo político, en tanto medio para construir vínculos democráticos entre el individuo y el conjunto social, tendrá límites claros si no proyecta entre sus fines remover las diferencias estructurales e históricas que generan accesos desiguales a la política, los derechos y la justicia. ¿Qué elementos caracterizan la situación actual de crisis en Cuba? ¿Cómo interviene en ella el diálogo como parte del sistema político y de la cultura política? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del uso del diálogo como recurso político para dirimir la crisis?En este contexto, Cuba describe un cuadro socio-estructural de heterogeneización social, que exhibe diferencias en cuanto a la propiedad, los ingresos y el tipo de trabajo de los individuos. La transformación de la estructura económica permite hablar de una economía mixta (formas públicas, privadas, cooperativas, familiares, individuales). En la misma persisten problemas históricos, y se añade otros que afectan negativamente el desempeño reciente.

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia busca identificar las nuevas formas en las que se ejerce la violencia política en América Latina. Se quiere dejar claro que, derivado de la creciente criminalidad que actualmente existe en la región, que la ha convertido en la más violenta del mundo, y tras la expansión de las bandas criminales organizadas, principalmente del narcotráfico, la política se ha convertido en una actividad de alto riesgo en América Latina, sobre todo en México, Brasil y Colombia (Solís & Moriconi, 2018; Hernández, 2020; Trejo y Ley; 2020; Ponce, 2019; Albarracín, 2018; García-Sánchez, 2016). A través de estas páginas se busca hacer un recorrido por la literatura que en los últimos años se ha escrito sobre violencia política para tratar de entender las lógicas que están detrás de este fenómeno, así como describir y explicar en perspectiva comparada la distribución y comportamiento que tiene actualmente la violencia política en la región latinoamericana prestando especial atención a los casos de México, Brasil y Colombia que son, en principio, los tres epicentros de las nuevas formas de violencia política en contextos democráticos.

Resumen de la Ponencia:

La violencia contra las mujeres es un problema estructural y multifactorial, que se explica a partir de la existencia de un sistema de opresión patriarcal que establece relaciones de poder, de subordinación y dominación entre mujeres y hombres, desde las cuales se estructura la sociedad, en el que se gestan y reproducen una serie de violencias en contra de ellas. Este fenómeno se agudiza en regiones en las que convergen otro tipo de problemáticas, sostenidas a su vez por un conjunto de distintos sistemas de opresión. Así, en países como México, el sistema económico capitalista, la racialización y el colonialismo en conjunto con el patriarcado han creado las condiciones para que la violencia contra las mujeres exista, encuentre formas nuevas de manifestarse y sea normalizada e invisibilizada. Ese ejercicio de poder de hombres sobre mujeres se manifiesta de formas diversas y ha ido evolucionando con la sociedad misma; las mujeres están expuestas a sufrir cualquier tipo de violencia, tanto en el ámbito público como en los espacios denominados como privados, y aunque difícilmente podemos calificar como más grave una violencia respecto de otras, lo cierto es que, una de las más crueles y en la que generalmente se vuelcan todas las demás, es aquella que termina con la vida de las mujeres. Los feminicidios, entendidos como los asesinatos de mujeres cometidos en el ejercicio del poder patriarcal, son una forma de violencia respaldada por esos sistemas de dominación que les permitieron a los victimarios llegar hasta ese momento. Actualmente, uno de los mecanismos para hacer frente a los feminicidios es la Alerta de Violencia de Género, en Zacatecas esta ha sido declarada en dos ocasiones. Sin embargo, se vuelve necesario realizar un estudio para determinar en qué medida se ha cumplido con las declaratorias, pues a pesar de contar con este mecanismo observamos un alarmante aumento de feminicidios. Para realizar esta investigación se toma como punto de partida las medidas señaladas DAVGMZ, que se contrastan con las contempladas en el programa creado por el gobierno del estado para dar cumplimiento a la propia declaratoria, con el objetivo de determinar en un primer momento en que medida esas acciones pueden o no cumplir con los establecido en la declaratoria; y después, abordar las acciones concretas para establecer cuáles se han cumplido y cuáles no. Estudiar el cumplimiento de la DAVGMZ nos permite señalar cuál es la respuesta que da el Estado en Zacatecas frente a los feminicidios, y además, abonar en las acciones que podría llevar a cabo y hasta ahora no ha hecho.   

Introducción:

En México la violencia contra las mujeres representa una de las problemáticas actuales de mayor gravedad. Las expresiones de esta son tan variadas como sus causas; sin embargo, el feminicidio se entiende como la más cruel las violencias, pues en este suelen volcarse muchas otras.

La historia reciente de los feminicidios en nuestro país, que comienza en Ciudad Juárez, Chihuahua, tomó relevancia justamente por las características del fenómeno. Las víctimas compartían características físicas, de edad y de clase, y el modus operandi de los victimarios también parecía ser el mismo. Las víctimas eran encontradas, luego de estar desaparecidas, con signos de extrema violencia, de diversos tipos. Todo esto en un contexto de impunidad e injusticia, en el que se revictimizaba a las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de feminicidio y a sus familias. 

Paulatinamente este fenómeno fue extendiéndose por todo el país, haciéndose también más visible, de manera que, en la actualidad, se cometen un promedio de diez feminicidios al día. No obstante la complejidad y gravedad de este fenómeno, las políticas públicas encaminadas a hacerle frente no solamente son pocas, sino que resultan la mayoría de ellas no son cumplidas y resultan insuficientes, además de que existe siempre una resistencia ante su implementación. 

            Es por ello, que frente a contextos de extrema violencia, consideramos imprescindible realizar un estudio cuyo objeto de análisis fuera justamente una de las pocas políticas públicas creadas en materia de feminicidios. Nos referimos a la Alerta de Violencia de Género. La investigación la realizamos sobre la alerta para el Estado de Zacatecas; y desde ahora podemos adelantar que es una medida que hasta ahora no ha presentado los resultados esperados. 

            Para aterrizar en el análisis de la Alerta, primero definimos nuestros marcos teórico e histórico, en los que nos hicimos de los conceptos elementales de nuestra investigación, así como de un recorrido por la historia reciente de los feminicidios en México y las principales acciones llevadas a cabo para hacerles frente -éstas sirvieron como antecedente para la creación de la medida objeto de nuestro estudio-.

            Una vez superado este propósito estuvimos en condiciones de llevar a cabo nuestro anális, que partió de ofrecer un panorama respecto de las de violencias de que son víctimas las mujeres en la entidad zacatecana a través de estadísticas que dan cuenta de la gravedad de tales; posterior a ello entramos de lleno en el estudio de la alerta. Determinar si las medidas dictadas en la alerta han sido cumplidas fue el objetivo central de la investigación.

Desarrollo:

La violencia contra las mujeres: aproximaciones teóricas.

La violencia contra las mujeres en México es uno de los fenómenos sociales más arraigados, inherente a las relaciones sociales en los espacios públicos y privados, que se mantiene vigente y evoluciona con nuestra propia sociedad. Este grave problema se ha encrudecido durante las últimas décadas, y aunque los factores que la provocan son diversos, sabemos que la raíz de su existencia se encuentra en los sistemas de dominación que existen actualmente.

            El concepto de la violencia contra las mujeres por razones de género refiere a raíz de la construcción cultural e ideológica de los géneros, y a las diferencias establecidas entre ambos, en las que se produce y reproduce la subordinación de las mujeres antes los hombres, así como las violencias en contra de ellas. A su vez, cuando referimos situaciones de sumisión y dominación, entendemos que estas se traducen en relaciones de poder, en palabras de Arce “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” (Arce Rodríguez, 2006, p. 36). 

La teoría del género ha servido para explicar que la violencia es entonces esa relación de subordinación de mujeres a hombres, construida a partir de los roles de género, pero debemos considerar otros conceptos que suman a la explicación. Nos referimos a los de género, patriarcado y androcentrismo, desarrollados en teorías sumamente amplías y complejas que aquí no alcanzaremos a agotar, pero que es importante al menos señalar algunos aspectos básicos y puntuales de ellos.

El androcentrismo refiere las prácticas que posicionas a los hombres y sus necesidades, visiones, experiencias y realidades como universales, como si fuesen las únicas a considerar, y que dejan de lado las de las mujeres. El androcentrismo borra la visión femenina, los logros alcanzados por ellas, su propia historia, y las posiciona como sujetos secundarios. Luego, cuando hablamos del patriarcado entendemos que este es “una estructura de poder arcaica y universal que regula las relaciones entre hombres y mujeres colocando a éstas en posiciones de inferioridad y sumisión, asignándoles los rasgos y características de los oprimidos (inteligencia inferior, pasividad, instintivismo, sensualidad, hipocresía...) y ejerciendo una suerte de «colonización interior» de modo que este dominio resulte imperceptible” (Molina, 2003, en Osborne & Molina, 2008).

Es entonces en el patriarcado donde se gesta la violencia contra las mujeres, ahí se materializa la subordinación, y las mujeres además de ser invisibilizadas y dominadas, son violentadas. En este sistema donde los hombres aprenden que solamente los de su género son importantes, y que las mujeres con las que se relacionen tienen la obligación natural de satisfacer sus necesidades alimenticias, afectivas, sexuales, y cualquier otras, exceptuando las económicas, pues esas no pueden ser cubiertas por ellas, puesto esa al ser una función que denota un control sobre los recursos, deber ser satisfecha por ellos, así, “la identidad masculina fue construida alrededor de la figura del proveedor económico”. (Castro & Riquer, 2012, p. 11)

Existe entonces toda una estructura de violencias contra las mujeres, tal como lo menciona Expósito, las mujeres son violentadas tanto por los hombres que forman parte de su vida como por los que no, la violencia que viven es cotidiana, tanto que pasa desapercibida, es normalizada. (Expósito, 2011) 

Así pues, entendemos que la sociedad se relaciona a través de relaciones de poder construidas a partir de las estructuras de sistema de dominación patriarcal, pero que la violencia contra las mujeres también es atravesada por otros, como es de raza o clase. 

 

Feminicidios en México: concepto e historia reciente. 

Hemos planteado ya que las mujeres viven violencia tanto en los ámbitos públicos como en los privados, y que ésta tiene formas diversas de manifestarse, de ahí que tanto las prácticas como la teoría feminista, han insistido en la necesidad de reconocer y nombrar los tipos de violencia a que se enfrentan las mujeres.

Así, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los tipos de violencia son psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y “cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”, y las modalidades en que estas pueden ser cometidas, entendidas éstas como “las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres”, son familiar, laboral y docente, en la comunidad, institucional, política, digital y mediática, y feminicida. (LGAMVLV, 2007, artículos 6, 7, 10, 16, 18, 20 Bis, 20 Quáter, 20 Quinquies, 21). Aunque todas las anteriores deben ser estudiadas y atendidas, esta investigación tuvo como punto de partida a los feminicidios. 

El concepto de feminicidio significa no solamente los asesinatos de las mujeres a manos de hombres por razones de género, sino que refiere también que detrás de esos hechos existe todo un sistema que los encubre. El término femicide fue acuñado por primera vez en 1976 por Diana E. H. Russel, en el Primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer; y posteriormente fue retomado en la obra que la misma autora y Jill Radford editaron: “Femicide: The Politics of Woman Killing”, en la que recogieron una serie de textos de otras autoras que hablaron sobre los contextos que envuelven a “los asesinatos misóginos de mujeres por hombres”, y establecieron que esos asesinatos son una forma de violencia sexual, término que se enfoca en el deseo de los hombres de poder, dominación y control sobre las mujeres (Radford & Russel, 1992).           

Luego, tomando como base tal concepto, la antropóloga Marcela Lagarde (2005) retomo el término femicide y lo ajusto a la realidad que se vivía en México, no como femicidio, sino como feminicidios. La autora explica la diferenciación entre los términos de la siguiente manera: mientras que el femicidio constituye solamente “el asesinato de mujeres”, en cambio, el feminicidio es incluso un crimen de Estado

para que se dé el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes, hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad de tránsito o esparcimiento. Sucede, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Si el Estado falla, se crea impunidad, la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado (pág. 156).

El feminicidio envuelve entonces, no solamente la muerte de las mujeres a manos de sus agresores, sino un Estado omiso y negligente que permite que eso suceda. La responsabilidad del Estado, o bien, su poca capacidad para cumplir con ella, toma relevancia en este término, pues por un lado, existe una sociedad que violenta a las mujeres como si se tratara de algo normal, y por otro, hay un Estado que no sólo es omiso, sino que sus acciones revisten también formas de violentar a las mujeres. 

            El concepto de feminicidio nombra una realidad que parecía estar siendo invisibilizada; y que en los ámbitos judiciales las muertes violentas de mujeres por razones de género eran investigadas y tratadas como cualquier otra –como homicidios–. Por ello, Fernández (2012), resalta lo importante que era tener un concepto que contraviniera los argumentos de que la violencia de género se trataba de un problema de carácter personal o privado, y lo relevante del concepto es que “muestra su carácter profundamente social y político, resultado de las relaciones estratégicas de poder, dominación, privilegio y fundamentalmente, propiedad de los varones con respecto a las mujeres en la sociedad” (p. 47).

Luego del concepto, entonces fue necesario contar con un término jurídico, pero el proceso para legislar el delito de feminicidio en nuestro país fue lento y se enfrentó a obstáculos y negativas constantes. El primer ordenamiento legal en definirlo fue la LGAMCLV, que es su artículo 2 define a la violencia feminicida como forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. (LGAMVLV, 2007, artículo 21, p.6)

 

Esta ley, resultó de suma importancia y relevancia, pues además de definir la violencia feminicida y los tipos y modalidades que ya mencionamos, también creó la Alerta de Violencia de Género. Esta es definida como un mecanismo de emergencia cuyo objeto es 

“garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la existencia de un agravio comparado a través de acciones gubernamentales y de Coordinación con las Entidades Estatales para enfrentar y erradicar la violencia feminicida”. (LGAMVLV, 2007, artículo 23, p. 7)

La propia ley y su reglamento establecen los requisitos para que esta sea declarada, así como el procedimiento a seguir. 

En Zacatecas, el proceso para su declaratoria fue sumamente lento, lo cual representa una de las principales críticas a la misma, pues se define como una política de emergencia, lo cual en la realidad no se cumple. El proceso inicia la solicitud, que debe ser hecha por organismos nacionales o internacionales en defensa de los derechos humanos, o bien por organismos de la sociedad civil. La solicitud para la referida entidad fue presentada por la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, A. C. y el Centro las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A. C., en enero del año 2017. La alerta fue declarada el 8 de agosto de 2018. Y posteriormente, en el año 2019 se presenta una nueva solicitud, para una segunda declaratoria. Esta fue negada, por lo que se interpuso un amparo resuelto en favor de las solicitantes; se volvió a estudiar la solicitud, y el 1 de diciembre del 2020 se declara una acumulación de las alertas. Zacatecas entonces cuenta con dos alertas de violencia de género contra las mujeres; sin embargo, a pesar de que en la entidad se cuenta con las declaratorias, los índices de violencia contra las mujeres, y en específico, de feminicidios, no han disminuido, por el contrario, se observa un aumento. 

Es necesario mencionar que la declaratoria de la Alerta se dio en un contexto en el que la violencia contra las mujeres iba al alza, en específico los feminicidios, pues precisamente en el año 2018 que se registró el mayor número de feminicidios en la entidad; los municipios más violentos fueron Fresnillo, Ojo Caliente y Guadalupe, con 8, 4 y 3 cada uno, respectivamente. 

Alerta de Violencia de Género para el Estado de Zacatecas (DAVGZ): principales críticas y observaciones. 

Para dar cumplimiento a este mecanismo, se contempla que un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género, integrado por la sociedad civil y por los tres poderes de la entidad (a través de sus respectivas instituciones), creen un Programa de Trabajo que considere acciones concretas y específicas para llevar a cabo cada una de las medidas. Este grupo, definido por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, como un órgano colegiado conformado por integrantes de diferentes instituciones, se denomina Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEV), tiene como objeto, de acuerdo, con el artículo 17 del mismo ordenamiento, “la coordinación, planeación, implementación y evaluación de lineamientos, políticas, programas, modelos, servicios, campañas y acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”. (LAMVLVEZ, 2009, artículo 17, p. 18)

Dicho grupo, de acuerdo a lo que establece el artículo 20 de la misma ley, se integra por los titulares el Ejecutivo del Estado (quien tiene la presidencia) así como los de las siguientes secretarías: General de Gobierno (que tiene la vicepresidencia), de las Mujeres (que funge como secretaría técnica), de Educación, Campo, Seguridad Pública, Salud, la Coordinación Estatal de Planeación, el Sistema Estatal DIF, el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Instituto de la Juventud, el Servicio Estatal del Empleo, la Fiscalía General de Justicia, la Legislatura del Estado (a través de la Comisión de Igualdad de Género), el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal para Adultos en Plenitud, las 58 instancias municipales de las mujeres, tres representantes de las OSC, y dos representantes de la academia; sin embargo, también se contempla la participación de invitadas e invitados de la Secretaría del Zacatecano Migrante, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Coordinación General de Comunicación Social.

Ahora bien, la DAVGZ estableció nueve puntos resolutivos y 32 medidas: 17 de prevención, 4 de seguridad y 11 de reparación y justicia. El tercer punto resolutivo es el que ordena la obligación de que el SEPASEV realice un programa de trabajo para cumplir con dichas medidas, en ese sentido, el SEPASEV crea el Programa de trabajo en el que establece que para cumplir con las 32 medidas se llevaran a cabo 309 acciones, que se dividen de la siguiente manera: 

16 acciones para responder a una situación de emergencia (aquellas que debían llevarse a cabo de manera inmediata para responder a una situación de emergencia);109 acciones para la adopción de una política pública (aquellas que se encaminan a atender acciones estructurales para la generación o fortalecimiento de una política pública); y184 acciones especiales para los municipios del estado. (Programa de Trabajo del SEPASEV, 2017, p.23)

 

Los resultados que nos permitimos presentar aquí son muy breves, y señalaremos las cuestiones más puntuales. Abordaremos primero los resultados que obtuvimos de la revisión de las medidas destinadas a la prevención, en el entendido de que estas deben llevar a cabo acciones que auxilien en la identificación de factores de riesgo y por ende evitar actos de violencia; luego atenderemos las de seguridad, y por último las de justicia y reparación.

A este fin se avocan las primeras seis medidas, cuyo objetivo consistía en elaboración de diagnósticos de los índices de violencia. Para cumplir con ellas, el grupo de trabajo del SEPASEV, realizó reportes e informes, con datos e información proporcionada por diversas instituciones, como la Fiscalía General de Justicia o la Secretaría de Seguridad. No obstante que reconocemos necesario contar con tales diagnósticos que nos permitan conocer con certeza los contextos de violencia contra las mujeres en el Estado, también consideramos que es necesario afinar los procesos al respecto, pues hemos detectado una disparidad entre cifras de feminicidios y otros tipos de violencia, a pesar de que los reportes o informes son elaborados a partir de la información proporcionada por las mismas instituciones. 

Por otro lado, consideramos que las acciones de prevención suponen llevarse a cabo una vez que ya se han cometido actos de violencia contra niñas o mujeres, lo cual claramente es una falla en el diseño y la implementación de las mismas, pues no se enfocan en prevenir, sino en todo caso, en atender y sancionar la violencia. 

En lo que concierne a las medidas de seguridad, observamos que las que establece la declaratoria son adecuadas para enfrentar las situaciones de violencia que viven las mujeres; sin embargo, consideramos que las acciones propuestas en el programa son muy reducidas y no existe una concordancia total entre unas y otras. Otra cuestión que se observó a lo largo de la investigación es la falta de presupuesto y recursos, que no solamente son insuficientes, sino que incluso no se destinan éstos.

Ejemplo de ello es que a nivel nacional, desde el año 2019, los recursos otorgados fueron reducidos, y a nivel local, los presupuestos para la Secretaria de las Mujeres y la Fiscalía General del Estado también fueron disminuidos en comparación al año anterior, lo que representa un obstáculo para el cumplimiento de las medidas. 

Dentro del rubro de seguridad, otra de las cuestiones que quedan fuera son los mecanismos que permitan conocer las situaciones en las que viven las mujeres, sus hijos e hijas dentro de los refugios o casas de medio camino, puesto que comúnmente otro de los tipos de violencia que suelen ejercerse en mujeres víctimas es el institucional. Así pues, consideramos indispensable que en primer lugar los presupuestos establezcan recursos destinados exclusivamente para estos fines; y además, que el personal de las instituciones sea capacitado de forma regular y constante, en materia de atención a víctimas de violencia de género. 

Por último, en lo que respecta a las medidas de justicia y reparación, observamos que la declaratoria se avoca en que se garantice el derecho de acceso a la justicia a las víctimas y sus familias, y a que los delitos de feminicidio sean investigados y resueltos con la debida diligencia, lo cual resulta de suma importancia. Sin embargo, las acciones contempladas en el programa suelen resultar en capacitaciones al personal de las instituciones o informes sobre servidores públicos de los que se estén llevando a cabo investigaciones por violación al orden jurídico en materia de violencia de género contra las mujeres. Además, nuevamente observamos que lo que no se contempla es una capacitación profunda, un cambio radical en las instituciones, puesto que hasta ahora se han limitado a realizar capacitaciones esporádicas de las que no hay un seguimiento, y por lo tanto, poco alcance llegan a tener. 

Conclusiones:

En suma, la investigación pudo dar cuenta de un incumplimiento de la Alerta, que a cuatro años de su declaratoria es necesario regresar a ella para diseñar nuevamente las acciones que la materialicen. 

Podemos establecer que no existe total entre las acciones del Programa de trabajo del SEPASEV y las 32 medidas establecidas en la Declaratoria, pues el objetivo de algunas de ellas no ha sido comprendido en su totalidad por el grupo de trabajo, por lo que, a pesar de concebir una serie de acciones enfocadas en cada medida, estas no terminan de corresponder a los objetivos en concreto, es decir, no se observa una correlación con entre las medidas de la Declaratoria y las acciones del programa a la que atiende. 

Además, a lo largo del análisis se determinó que un gran número de las acciones del programa de trabajo no han sido llevadas a cabo, y que frente a su incumplimiento no existe ningún tipo de sanciones o consecuencias que puedan ser impuestas a quienes sean omisos de cumplir con sus obligaciones, lo que nos demuestra que no existe un verdadero compromiso con cumplir con lo establecido por la Declaratoria. 

Por último, observamos que las autoridades encargadas en llevar a cabo las acciones del plan de trabajo no consideran el objetivo propio de la Alerta de género. Es decir, no existen una concientización en las instituciones de que el objetivo de la alerta es incidir en la prevención, atención, sanción y erradicación de los feminicidios y de que en ese sentido deberían diseñarse las acciones, del programa de trabajo para entonces estar en condiciones de garantizar la seguridad de las mujeres y cese de la violencia en su contra.

Las presentes conclusiones las podemos explicar a partir de lo que el trabajo en conjunto de esta investigación nos ha permitido establecer, que el Estado es omiso en su obligación de hacer frente a los feminicidios en Zacatecas, y que las acciones que ha llevado a cabo siempre resultan ser insuficientes, aunado a que estas solamente llegan luego de que exista una exigencia por parte de la sociedad. 

Bibliografía:

Arce Rodríguez, M. B. (2006). Género Y Violencia. Agricultura, Desarrollo Y Sociedad, 3(1).

Caputi, J. y Russell, Diana E. H.  (1992). Femicide: Sexist Terrosrism against Women en Radford, J., y Russell, Diana E. H. Femicide: The Politics Of Woman Killing. (13-21). Twayne Publishers.

Expósito, F. (2011). Violencia De Género. Ment Y Cerebo(48).

Fernández, A. M. (2012). Feminicidios: La Ferocidad Del Patriarcado. Nomadías, 47-73.

Informe Anual del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEV) (2017). Secretaría de las Mujeres.

Informe Anual del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEV) (2018). Secretaría de las Mujeres.

Informe Anual del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SEPASEV) (2019). Secretaría de las Mujeres.

Informe del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Pase 2016-2021) (2020-2021). Secretaría de las Mujeres.

Irene Casique y Roberto Castro Coordinadores, Retratos de la violencia contra las mujeres en México. Análisis de Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2011, Cuaderno de Trabajo No. 35, Instituto Nacional de las Mujeres, México 2012. 

Lagarde, M. (2005). El feminicidio, delito contra la humanidad. En Feminicidio, justicia y derecho. H. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LIX Legislatura. (pp. 151-164) Editoras. http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones/Especiales/Feminicidios/docts/FJyD-interiores-web.pdf

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). (2007) Diario Oficial De La Federación. (01 de febrero de 2007). 

Resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la Solicitud AVGM/01/2017 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Zacatecas. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Secretaría de Gobernación. (7 de agosto de 2018)

Osborne, R., & Molina Petit, C.  (2008). Evolución del concepto de género1 (Selección de textos de Beauvoir, Millet, Rubin y Butler). EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, (15), 147-182.

Palabras clave:

Violencia contra las mujeres, Feminicidios, Políticas públicas, Estado, Alerta de Violencia de Género.

Resumen de la Ponencia:

Los desequilibrios resultantes de la crisis económica capitalista del 2008 desestabilizaron las estructuras fundamentales del sistema internacional, provocando una serie de consecuencias que registraron efectos divergentes en lo político, económico y social. En el contexto de los sistemas políticos y de la democracia, las contradicciones generaron amplia inestabilidad en los procesos de transición y consolidación de la misma, tanto en los países desarrollados, como en desarrollo. Esta situación incentivo el resurgimiento de los movimientos populistas; mayoritariamente de izquierda y de derecha, mismos que cimbraron en muchas naciones los bloques hegemónicos prevalecientes y en algunos casos ascendieron al poder políticos por medio de procesos electorales y obteniendo una alta legitimidad en el accionar de los gobiernos. No obstante, la persistencia de la crisis y el advenimiento de la Pandemia de la COVID-19 (llegada de otra crisis económica), provocó el aceleramiento de una deriva autoritaria en muchos regímenes, mismos que justificaron la implementación de estrategias de control y estados de excepción, en lograr atender más eficientemente los estragos de la Pandemia y con ello evitar mayores tragedias. Las dinámicas anteriores se han reproducido rápidamente. Desde 2020, y los diversos agentes políticos, económicos, sociales y culturales no han logrado detener el avance de una derivada autoritaria en los regímenes democráticos, sean estos de derecha o izquierda, y practiquen o no el populismo, lo cual, en el corto, mediano y largo plazo amenaza la transición y consolidación de la democracia y la estabilidad económica de muchas naciones. En estos argumentos y para el caso de México, y en el ámbito de la presidencia de Manuel López Obrador (2019-2025), el objetivo del estudio es identificar desde un análisis documental las principales características de los procesos de deriva autoritaria, y de ahí derivar una explicación de los procesos que son coincidentes en el régimen actual, proyectar posibles escenarios que amplifiquen esta deriva o en su caso eviten que México llegue a un gobierno autoritario. Los primeros resultados (mayo 2022), indican la existencia de una serie de procesos políticos y económicos instrumentados por el régimen actual, que pueden provocar el advenimiento de un régimen autoritario dentro de la democracia, parecido al régimen Priísta que se mantuvo en el poder desde los años 40 y termino en el año 2000.

Resumen de la Ponencia:

El “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”  firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC fue uno de los hitos más importantes de la Colombia contemporánea en la medida en que desactivó uno de los ejes de conflictividad más importantes del país andino y del hemisferio occidental, el cual acumulaba casi medio siglo de confrontación con un saldo lamentable sobre la vida, la integridad y la propiedad de los colombianos. Además de las víctimas que se cuentan por miles entre los civiles y los combatientes, otro de los efectos del conflicto fue la mezcla de política y narcotráfico que hasta hoy es un binomio que complejiza al extremo la vida social del país suramericano.Después de un largo proceso de negociación de aproximadamente cuatro años en la Habana-Cuba y apoyados (además del gobierno de la isla) por Noruega, Chile, la Unión Europea y Estados Unidos; la delegaciones firmaron un acuerdo permitió que aproximadamente 13.000 insurgentes entregaran sus armas a cambio del cumplimiento de seis puntos que incluyeron temas como penas alternativas, garantías para su desmovilización y reincorporación y transformaciones a ciertas características de la sociedad colombiana como en temas de tierras, apertura democrática, reconocimiento a las víctimas, sustitución a cultivos ilícitos, entre otros.La firma y la puesta en práctica de lo pactado ha implicado una merma considerable en ciertos tipos de victimización en esa guerra interna que dejó miles de víctimas entre la población civil y los combatientes. Sin embargo, el camino de la implementación no ha sido sencillo. Lo ambicioso del Acuerdo, los límites de los organismos estatales encargados de materializarlo y los factores de conflictividad que no desactivó; son los grandes retos que enfrenta la implementación.A más de 5 años de la firma existen diversos diagnósticos sobre el desarrollo de este pacto. Estos provienen desde diversos ángulos. La academia, los organismos nacionales encargados de implementarlo, las instituciones internacionales comprometidas con el seguimiento y hasta las comunidades asentadas allí donde se implementa. El seguimiento debe contar con la participación ciudadana, como queda explícito en el punto 2 (Participación política)“la construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario político.” (Gobierno nacional y FARC-EP, 2016, pág. 35).Conocer las principales evaluaciones y diagnósticos de la implementación a nivel internacional permite evidenciar los consensos, las diferencias y los lugares de enunciación que existen frente a un proceso que marca la Colombia contemporánea y a la región.  

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia tiene como propósito hacer una aproximación crítica a las prácticas y discursos de las políticas indigenistas del gobierno de expresidente brasileño Fernando Collor de Mello (1990-1992), mediante el análisis del documento denominado la “A reconquista da América: serie de diretrizes para um novo Brasil” (una síntesis de su gobierno) en articulación con algunos marcos políticos de este mismo período, como la demarcación de la tierra indígena Yanomami y la ECO-92.  Aunque la transición de Brasil de un régimen militar de 21 años a uno gobierno democrático, la gobernabilidad de Collor parece envuelta en un secreto operado fuera de los canales democráticos, las cueles violaban la orden constitucional recién- implementada y formalizada a través de la Constitución de 1988.Collor ocupa el según lugar como presidente que más demarcó tierras indígenas, siendo el Decreto n. 22/1991, considerado lo más favorable a la demarcación de las tierras indígenas en Brasil. Estos datos marcan una gran contradicción en el escenario político brasileño, una vez que hubo más demarcaciones de tierras indígenas en Brasil en los gobiernos considerados de derecha que en los gobiernos de izquierda. Collor, incluye los pueblos indígenas en su proyecto político de gobernanza para que la modernización y la democracia se desarrollen, siendo estos pueblos vistos como la solución en su gobierno y no como problema.Mi objetivo es impulsar reflexiones sobre una nueva modalidad de poder que modela la política indigenista implementada en gobierno Collor, la cual pasa a operar en distintos registros: a partir de requerimientos de lo que Charle Hale (2006) denominó de “multiculturalismo neoliberal” y de la instauración de un modelo de “indio reliquia “bajo una lógica de “pacificación de la cultura” (RUFER, 2019). Una reliquia que sería usada como “moneda de cambio del capital simbólico” (RAMOS,2012). El reconocimiento del multicultural y no de las “alteridades históricas” (SEGATO:1998), así como el uso de la pacificación cultural simulada, legitimaron prácticas de sometimiento y la dominación al mismo tiempo que velaron violencias simbólicas. Durante el gobierno Collor, la demarcación de las tierras se redujo a un acto performativo, una exhibición política a los ojos imperiales, un acto vaciado de sentido. Entiendo que este fondo, tejido por diferencias,  esencialismos y otros marcadores de racialización, posibilitó la apertura de caminos para la implantación de la tesis político-jurídica del “Marco Temporal de 1988”, que por un lado puede ser leída como una “deshistorización de la experiencia”, una vez que exige la comprobación de la presencia física en el territorio en la fecha de 1988. Por otro lado, como metonimia que hace parte de una continuidad histórica, de una violencia funcional al capitalismo que utilizase del “hacer morir” como una práctica de intervención sobre los espacios vitales de los pueblos indígenas (Mbembe,2020).