Resumen de la Ponencia:

En este texto se perfila un esquema para analizar el rol de las oposiciones partidistas ante los autoritarismos con especial atención en el siglo XXI. Bajo contextos democráticos, las oposiciones desempeñan al menos dos roles fundamentales: controlar a los gobiernos en turno y ser opción viable de gobierno. Ello sucede si las oposiciones comparten tres condiciones: son leales al sistema democrático, son responsables para con la democracia, y están institucionalizadas. Empero, poco se ha estudiado cuál es el rol de las oposiciones en periodos de avance de los autoritarismos y el surgimiento de otros regímenes no democráticos. Los regímenes no democráticos tienen, al menos, cuatro fases de desarrollo: ascenso, consolidación, decadencia, y salida. Respecto a las últimas dos, las ciencias políticas de los últimos cincuenta años (1970-2020) cuentan con vastos análisis. No obstante que a principios del siglo XX el mundo occidental ya experimentó el ascenso de regímenes no democráticos, las analogías como estrategia explicativa y prospectiva para comprender los autoritarismos del siglo XXI parecen no tener fuerza debido a la ausencia de marcos teóricos consistentes. Identificar el rol y las condiciones bajo las cuáles las oposiciones operan, así como sus estrategias de supervivencia ante el ascenso de los autoritarismos, es lo que explica por qué los regímenes no democráticos logran superar la primera fase de manera casi sorprendente.

[Esta ponencia es un avance de investigación, todos los comentarios son bienvenidos]

Introducción:

¿Cuál es el rol de las oposiciones sistémicas ante el creciente deterioro de las democracias y el avance de prácticas autoritarias?  En el siglo XXI poco se ha estudiado cuál es el rol de las oposiciones (partidos y movimientos) en periodos de avance de los autoritarismos y el surgimiento de otros regímenes no democráticos. Los regímenes no democráticos tienen, al menos, cuatro fases de desarrollo: ascenso, consolidación, decadencia, y salida. Respecto a las últimas dos, las ciencias políticas de los últimos cincuenta años (1970-2020) cuentan con vastos análisis. Pero no obstante que a principios del siglo XX el mundo occidental ya experimentó el ascenso de regímenes no democráticos, las analogías como estrategia explicativa y prospectiva para comprender los autoritarismos del siglo XXI parecen no tener fuerza debido a la ausencia de marcos teóricos consistentes. Identificar el rol y las condiciones bajo las cuáles las oposiciones operan, así como sus estrategias de supervivencia ante el ascenso de los autoritarismos, es lo que explica por qué los regímenes no democráticos logran superar la primera fase de manera casi sorprendente. En esta ponencia se argumenta, desde una perspectiva teórica, que las oposiciones en las democracias están sometidas a una "jaula de hierro" institucional, que les impide operar con eficiencia ante el avance del autoritarismo. Las oposiciones, sobre todo las sistémicas o partidistas, están obligadas a operar dentro de un sistema de reglas, so pena de ser excluidas del sistema democrático. Empero, los partidos y movimientos con tendencias autoritarias que llegan al gobierno manipulan las reglas, cerrando las posibilidades para que las oposiciones ejerzan su rol de contrapeso y control. Ello explica porque ante el deterioro de las democracias, las oposiciones terminan limitadas.  

En varios países latinoamericanos existe una creciente polarización política que se fomenta desde el vértice del poder. Uno de los principales focos de ataque son los sectores de la oposición partidista y no partidista a varios de los gobiernos en turno. El presidencialismo, que es la forma de gobierno común en la región, funciona eficientemente si existe una equilibrada relación entre el gobierno y la oposición, pero sobre todo si los partidos, grupos y sectores que se ubican en una u otra situación, comparten valores democráticos. Si bien las situaciones de gobierno dividido, es decir cuando el gobierno no cuenta con una mayoría en el poder legislativo, pueden generar fases de ingobernabilidad, la historia reciente de América Latina muestra que por lo regular se fomentan desde los ejecutivos; y cuando éstos gozan de amplias mayorías legislativas también hay mayor proclividad a fomentar prácticas autoritarias. En los últimos años, sea bajo gobiernos unificados o bajo gobiernos divididos, una gran parte de los presidentes latinoamericanos, sus gobiernos y sus seguidores han atizado ataques a las oposiciones, poniendo en riesgo la estabilidad de las democracias, que de por sí no gozan de buena salud. A octubre de 2022, de 16 países en la región los más grandes y poblados, 7 cuentan con gobierno unificado, es decir, que el partido del presidente y sus aliados, tienen al menos mayoría simple en el poder legislativo. Entre ellos están El Salvador, Nicaragua y Venezuela, que cuentan con un legislativo unicameral, y los tres son ya considerados autoritarios en los índices que miden la democracia en el mundo; y México, que cuenta con un sistema bicameral, y actualmente puede considerarse una democracia débil o con rasgos de regresión autoritaria.

Desde el 2007 en Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega ha controlado el 85% de Asamblea Nacional, y la oposición apenas ha alcanzado el 15% de los escaños. En agosto de 2021, la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad, CxL, que lideraba las encuestas, fue inhabilitada por el Tribunal Electoral controlado por el oficialismo, y sus precandidatos fueron encarcelados. En las elecciones municipales de 2017 esa alianza había ganado 5 municipalidades, pero en julio de 2022 fueron tomadas por el gobierno de manera ilegal nombrando a nuevos alcaldes. La situación se agravó en septiembre de este año cuando el régimen de Ortega ordenó detener arbitrariamente a familiares de opositores o disidentes a su gobierno.

En Venezuela, de 5 legislaturas que se han instalado desde el año 2000 bajo la Constitución de 1999, 4 han estado bajo control del gobierno, y cuando perdió la mayoría en 2016, el gobierno de Nicolás Maduro desconoció a la Asamblea en manos de la oposición, y fraguó una estrategia para poner sobre ésta a la Asamblea Constituyente de 2017 que de facto solo respondía a sus órdenes. Ello generó una crisis política y de representación, al grado que los partidos y líderes de oposición decidieron no participar en las elecciones legislativas de 2020,  a la par que el Consejo Nacional Electoral decidió aumentar ilegítimamente el número de legisladores de 167 a 2077 de los cuales actualmente el 93% son oficialistas.

En El Salvador en febrero de 2020 el presidente Nayib Bukele, apenas elegido un año antes, ingresó escoltado por miembros del ejército a la sede de la Asamblea Legislativa, en ese momento controlada por la oposición para presionarlos a votar un proyecto de solicitud de préstamo a los Estados Unidos. Esta acción, paradójicamente fue débilmente condenada dentro del mismo país, no obstante que fue una clara violación a la soberanía del poder legislativo. En las elecciones legislativas de 2021 su partido Nuevas Ideas obtuvo el 76% de los escaños, ya instalados votaron para destituir a los miembros de la Corte Constitucional y del Fiscal General, quienes se habían opuesto a sus decisiones, y posteriormente designaron a miembros afines al gobierno. Para justificar tan arbitrarias decisiones Bukele llegó a decir “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”

Desde el 2018 en México, Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sus partidos aliados, tienen mayoría simple en las Cámaras de Diputados y Senadores, y han logrado aumentarla gracias al transfuguismo y la baja disciplina partidaria de los partidos de oposición. Prácticamente todos los días desde que ganó las elecciones, en sus conferencias “mañaneras”, el presidente se dedica a denostar y a ridiculizar a la oposición, y cuando los votos no le han alcanzado a su partido y aliados para llevar a cabo sus reformas legales, ha recurrido al chantaje y la amenaza para que algunos legisladores de partidos de oposición voten sus iniciativas, como sucedió en octubre de 2022 en el Senado que aprobó la ampliación de la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

Estos casos son muestra de la debilidad de las democracias en América Latina y de los peligros del presidencialismo cuando éste no es controlado o más bien, cuando no hay controles democráticos. Las oposiciones sistémicas en la democracia, partidistas y no partidistas no solo son necesarias, sino que su permanencia es indispensable. Así como no puede existir democracia sin elecciones, tampoco sin oposición. No basta la existencia de dos o más partidos, el que está en el gobierno debe asumir que requiere y debe tener un contrapeso político, de otra manera se presentan tentaciones autoritarias con el consecuente deterioro de los principios democráticos. La dialéctica gobierno-oposición no solo mide las fuerzas que apoyan al gobierno, sino también aquellas que ejercen un poder activo de crítica, de control y de dirección alternativa de gobierno. En América Latina solo Colombia, a partir de 2017 reconoce formalmente el rol de las oposiciones y les otorga derechos a partir de un estatuto.

La “oposición” no debe confundirse de ninguna manera con “hostilidad” al gobierno. Las funciones de las oposiciones partidistas en las democracias son expresarse sobre la dirección que toma o debiera tomar el gobierno; ejercer funciones de control, utilizando los recursos legales a su alcance, expresarse sobre los resultados de la actuación del gobierno y sus consecuencias; y prepararse para la alternancia, es decir, toda oposición tiene la responsabilidad de ostentarse como una opción de gobierno. La oposición se ejerce a partir de una auto-ubicación que se asume a partir de una orientación ideológica, de un conjunto de ideas sobre la política y de los resultados del juego democrático. Solo en la medida en que se comprenda el poder y la estructuración de las oposiciones políticas, es posible entender también el éxito o el fracaso de los gobiernos en turno, pero sobre todo el devenir de las democracias.

Desarrollo:

El contexto de las oposiciones en América Latina en el siglo XXI

Las democracias en América Latina en el siglo XXI presentan diversos problemas: a) insatisfacción ciudadana hacia el funcionamiento de las instituciones y mayor desafección hacia la misma democracia, b) desconfianza creciente hacia los partidos políticos, independientemente de su orientación ideológica, y hacia los congresos y/o parlamentos, actores centrales de dicho régimen, y c) creciente aceptación de soluciones no democráticas debido a la urgencia de respuestas políticas que satisfagan la amplias demandas sociales persistentes en la región como la inseguridad y la pobreza. Pero al mismo tiempo la ciudadanía sigue votando, se moviliza durante las elecciones, sobre todo en las presidenciales, presentan elevados niveles de participación y los gobernantes siguen siendo elegidos con significativos porcentajes de votación, empero los resultados de los procesos electorales muestran cada vez que las sociedades están cada vez más polarizadas. 

En la evaluación del estado de las democracias en la región, gran parte de los análisis existentes se centran en las variables institucionales, como las antes señaladas, pero es poca la atención que reciben los sectores de las oposiciones, institucionales y/o partidistas así como las oposiciones no institucionales sobre todo los movimientos sociales y otras organizaciones legítimas, y su rol como catalizadores de las debilidades de las democracias, pero también como “cajas de resonancia” no institucionales pero relevantes, así como vehículos alternos para que determinadas demandas sociales sean escuchadas y atendidas. A pesar de su centralidad, la amplia atención que reciben de los medios y otros sectores, los movimientos sociales y sus múltiples ramificaciones, como su institucionalización o no, abren diversas agendas de investigación aún por explorar (Revilla, 2010), sobre todo de manera comparada.

Re-definiendo a la oposición

Los regímenes democráticos requieren de la oposición, o mejor dicho, de las oposiciones, tanto aquellas que se configuran como partidos políticos, como las no institucionales pero legítimas, como los movimientos sociales u organizaciones que movilizan, pero que no buscan el poder político formal (Pasquino, 1995). Las oposiciones desempeñan diversos roles en las democracias (Dahl, 1966), la incorporación gradual de derechos y la inclusión de políticas horizontales a lo largo de la historia no se entendería sin las oposiciones, lo que explica por qué, “sin oposición no hay democracia”. Las oposiciones institucionales, como los partidos políticos y las organizaciones formalmente establecidas, sea en los territorios como dentro de los parlamentos o congresos,  controlan a los gobiernos en turno, pero también se configuran como opciones de gobierno, mientras que las oposiciones no institucionales, sistémicas e incluso antisistémicas, tienen a veces un rol más significativo: no solo son expresiones de sectores sociales que enarbolan demandas legítimas frente a los actores centrales de los sistemas políticos, también pueden ser (y lo son) el reflejo de las deficiencias institucionales de las democracias (Tarrow, 2012). 

 

Tabla 1. Tipos de oposición en los sistemas políticos

 

Institucional

No institucional

Sistémica

v.g. Partidos políticos

v.g. Movimiento social

No sistémica

v.g. Movimiento social de largo plazo

v.g. Guerrilla

            Fuente: re-elaboración propia a partir de Barrientos, 2015:147

Las oposiciones no institucionales y sistémicas pueden ser: 

a) movimientos indígenas y/o de minorías identitarias 

b) movimientos campesinos o rurales

c) movimientos por la paz y contra las violencias

d) movimientos por la educación y su democratización

e) movimientos por la democratización y la ampliación de los derechos políticos

f) movimientos combinación de algunas de las anteriores

 

Las oposiciones antisistémicas pueden ser:

g) movimientos antiglobalización/anticapitalistas

h) movimientos anarquistas

i) movimientos de/para desarrollo económico alternativo

j) movimientos combinación de algunas de las anteriores

 

Mientras las oposiciones institucionales y sistémicas tienen dos roles esenciales en los regímenes democráticos: controlar al gobierno en turno y convertirse en una opción real de gobierno, las oposiciones no institucionales y sistémicas, así como las oposiciones anti sistémicas abren nuevas agendas de demandas (inputs), que las dinámicas institucionales no logran procesar por sí mismas. Las agendas de las oposiciones pueden a veces ingresar por la vía de los partidos políticos de oposición, y en algunos casos incluso ser absorbidas por los gobiernos en turno. ¿En qué medida sucede esto? ¿Cuáles son las alternativas cuando las agendas de las oposiciones no entran en la arena institucional?

¿Por qué estudiar a la oposición?

En los últimos años, especialmente en la segunda década del siglo XXI, varias fuentes empíricas que evalúan el estado de las democracias en el mundo, como el Latinobarómetro, Freedom-House, Democracy Index de The Economist, entre otros, señalan que la democracia en el mundo está en retroceso y que las opciones autoritarias o no democráticas cada vez tienen más aceptación entre la población. De entre todas las diversas explicaciones que existen, poco se ha analizado el rol de las oposiciones partidistas, pero sobre todo las no partidistas frente a la des democratización. 

Bajo contextos de estabilidad democrática, las oposiciones institucionales desempeñan su rol de control de gobiernos en turno y de opciones de sustitución, pero ello sucede si las oposiciones comparten tres condiciones: son leales al sistema democrático, son responsables para con la democracia, y están institucionalizadas (Anderson, Blais, et. al. 2007.). Empero, poco se ha estudiado cuál es el rol de las oposiciones en periodos de avance de los autoritarismos y el surgimiento de otros regímenes no democráticos. 

Los regímenes no democráticos tienen, al menos, cuatro fases de desarrollo: ascenso, consolidación, decadencia, y salida. Respecto a las últimas dos, las ciencias políticas de los últimos cincuenta años (1970-2020) cuentan con vastos análisis. Pero no obstante que a principios del siglo XX el mundo occidental ya experimentó el ascenso de regímenes no democráticos, las analogías como estrategia explicativa y prospectiva para comprender los autoritarismos del siglo XXI parecen no tener fuerza debido a la ausencia de marcos teóricos consistentes. Identificar el rol y las condiciones bajo las cuáles las oposiciones operan, así como sus estrategias de supervivencia ante el ascenso de los autoritarismos, es lo que explica porqué los regímenes no democráticos logran superar la primera fase de manera casi sorprendente. ¿Cuál es el rol de las oposiciones frente al avance de los autoritarismos y las tendencias desdemocratizadoras en la región? Las explicaciones poco se han detenido en observar las deficiencias institucionales de las democracias y su incapacidad de procesar nuevas demandas, las cuáles se presentan sobre todo fuera del ámbito institucional. La aparición de oposiciones no institucionales son síntomas del mal funcionamiento institucional de las democracias, que los partidos y las instituciones gubernamentales no logran procesar adecuadamente (Offe, 1990;  Abendroth, 1972), pero el surgimiento de oposiciones antisistémicas representan una crisis en sí de las democracias.

¿Cuál es/ha sido el rol de las oposiciones institucionales y no institucionales en el desarrollo/devenir de la democracia en América Latina? A manera de hipótesis podemos decir que: a mayor insatisfacción con la democracia, a mayor desconfianza hacia los partidos y los parlamentos, mayor es la probabilidad de la aparición y crecimiento de movimientos y organizaciones no institucionales pero sistémicas que traten de reorientar el devenir de la política en un país, que puede ser una democracia más robusta, pero también pueden abrir el camino a soluciones autoritarias si las democracias son débiles institucionalmente. A partir de esta hipótesis, entones es factible analizar en qué medida las oposiciones institucionales y no institucionales reorientan el devenir de las democracias en la región, en qué medida son síntomas de las debilidades institucionales de las mismas, consecuentemente, en qué medida la aparición de las oposiciones antisistémicas ponen o no en riesgo a las democracias.

La crisis de las oposiciones democráticas

¿Bajo cuáles condiciones las oposiciones sistémicas e institucionales pierden la capacidad de absorber demandas sociales, dejan de representar intereses sociales y se debilitan como opción de gobierno? Hipótesis secundaria 1. El diseño de las democracias latinoamericanas es inflexible, basado en una lógica -casi exclusiva- de democracia centrada en la competencia entre élites, fomenta que los actores institucionales, incluidas las oposiciones, disminuyan su capacidad de absorción y canalización de demandas que aparecen fuera del sistema político, haciendo que el régimen pierda legitimidad.

Menor satisfacción con la democracia, menor satisfacción con el desempeño económico, entonces la oposición tendrá más posibilidades de ser votada. 

Esto se puede formular así: -X1 + -X2= +Y, ó en su caso 1 + 1, entonces 1. Si hay insatisfacción con la democracia (1), insatisfacción con el estado de la economía (1), entonces se tenderá a votar por la oposición (1) ó en contra del gobierno. La variable interviniente es si hay elecciones presidenciales (1).

Las oposiciones antisistémicas frente a la democracia

¿Cuándo aparecen más oposiciones no institucionales y sistémicas, cuando aparecen las antisistémicas y en qué medida fortalecen o debilitan la democracia? Mientras que la aparición de las oposiciones no institucionales y sistémicas pueden visibilizar problemas urgentes por resolver e integrarse a partidos políticos ya existentes o convertirse en nuevos partidos políticos y por tanto integrarse institucionalmente, las oposiciones antisistémicas pueden deteriorar a la democracia. Empero, las oposiciones no institucionales, que teniendo la capacidad de integrarse optan por vías no institucionales, también pueden degradar a las democracias.

La radicalización de las oposiciones

¿En qué medida y bajo cuáles condiciones las oposiciones no institucionales se institucionalizan (o no)?  Las democracias con diseños institucionales flexibles posibilitan que las oposiciones no institucionales canalizen mejor sus demandas (dependiendo el tipo) y tengan más posibilidades de integrarse al sistema fortaleciendo a la democracia misma, caso contrario, las democracias con diseños institucionales rígidos -sobreregulación de la vida política- desfavorecen que las oposiciones sistémicas pero no institucionales se radicalicen y deterioren no intencionalmente las democracias. 

Conclusiones:

A manera de conclusión: el problema de la “demasiada” oposición

¿En qué medida los diseños institucionales de las democracias latinoamericanas permiten que las oposiciones tengan canales efectivos de comunicación para que sus demandas sean escuchadas y solucionadas? A menor rigidez institucional, las democracias tienen mayor capacidad de respuesta ante las demandas de las oposiciones no institucionales y sistémicas, e incluso resolver demandas de oposiciones antisistémicas. El problema de la “demasiada poca oposición” afecta la democracia por al menos tres razones:

a) Cuando las potenciales oposiciones han encontrado nichos cómodos y gratificantes dentro del sistema

b) Cuando los oponentes reales tienen pocos recursos para organizarse, luchar y presentarse como una alternativa aceptable capaz de cimentar una política, electoral, parlamentaria y gubernamental

c) No es un problema de cantidad, sino también de calidad:  si existe una oposición formal, identificable, distinta políticamente e institucionalizada, es un tipo de alternativa limitada y reductora. Es el “ocaso de la oposición”: i) no hay distinción por grandes principios o ideologías; ii) no hay confrontación por las normas que rigen el sistema político; iii) por la relación estado-mercado

La separación ya no es cualitativa, sino cuantitativa. Las oposiciones en las democracias pierden su capacidad de plantear cuestiones de fondo. Ninguna oposición quiere aparecer como “radical”. Hay un punto de no retorno (mas no improbable), por lo que la radicalidad requiere otros fundamentos. Las oposiciones sistémicas en los regímenes democráticos se encuentran enjauladas – ellos marcos institucionales-, por lo que son co-partícipes y corresponsables del funcionamiento del sistema, y hasta cierto punto, pueden serlo de la desdemocratización. 

Bibliografía:

Abendroth, Wolfang. 1972. Sociedad antagónica y democracia política, Barcelona: Grijalbo.

Anderson J., Christopher, André Blais, Shau Bowler, Todd Donovan y Ola Listhaug. 2007. Losers’ Consent. Elections and Democracy Legitmacy, Oxford: Oxford University Press

Barrientos del Monte, Fernando. 2015. “La oposición política. Notas para una discusión teórica”, Revista Debates, Vol. 9, No. 3, p. 143-164

Dahl, Robert A (ed.). 1966. Political Oppositions in Western Democracies, New Haven: Yale University Press

Della Porta, Donatella. 2014. Mobilizing for Democracy: Comparing 1989 and 2011, Oxford: Oxford University Press.

Pasquino, Gianfranco. 1997. La oposición en las democracias contemporáneas, Buenos Aires: EUDEBA.

Pleyers, Geoffrey. 2018. Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas, Buenos Aires: CLACSO

Offe, Clauss. 1990. Contradicciones en el Estado del Bienestar, México: Alianza Editorial.

Revilla Blanco, Marisa. 2010. “América Latina y los movimientos sociales: el presente de la 'rebelión del coro'”, Nueva Sociedad, Nº 227: 51-67.

Tarrow, Sidney G. 2012. El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid: Alianza

Palabras clave:

oposición política, democracia, autoritarismo

Resumen de la Ponencia:

La reelección legislativa es una actividad que aparece para solventar un vacío en el rubro de la profesionalización de las legisladoras y legisladores, de quienes, a pesar de tomarse en cuenta la formación profesional como un factor para establecer una labor de calidad, se enfrentan a la falta de experiencia por lo corto de los periodos en el puesto legislativo. Frente a un rechazo histórico a la figura de la reelección, en México se establece la reelección legislativa a través de una reforma constitucional el año 2014, permitiendo a las legisladoras y legisladores obtener la posibilidad de adquirir experiencia y mejorar la calidad de su desempeño en el puesto. El presente trabajo tiene como finalidad identificar a las y los diputados locales del estado de Aguascalientes que han ejercido la reelección en sus cargos legislativos, como una forma de establecer si es un ejercicio continuo en el Estado a partir de su introducción en las elecciones del año 2018. Para ello se recopilan las listas de integración de las LXIII, LXIV y LXV Legislaturas locales para identificar los nombres de los y las diputadas reelectas. 

Resumen de la Ponencia:

En la presente ponencia se exponen los resultados de mi actual investigación de doctorado, cuyo objetivo ha sido explicar el por qué tuvo lugar la crisis de hegemonía del Estado neoliberal mexicano. Aquí se propone como tesis que la crisis de hegemonía del Estado neoliberal mexicano se debió a un colapso de la representación política del bloque dominante, al haber desarrollado una forma de organización neooligárquica y desnacionalizante, subordinando la economía y la política interna a la conducción del capital trasnacional financiero y a los intereses geopolíticos de Estados Unidos de América (EUA) y rompiendo las mediaciones nacionales de representación entre Estado y Sociedad civil del siglo XX. A lo largo de su existencia, el bloque neoliberal se enfrentó a diversas crisis políticas de representación. La primera tuvo lugar en 1988 con el triunfo electoral de la candidatura izquierdista de Cuauhtémoc Cárdenas, sin embargo, el bloque neoliberal propinó un fraude electoral e impuso en la presidencia a Carlos Salinas, quien se encargó de consolidar el Estado neoliberal por medio de un acuerdo entre la gran burguesía y la burocracia priísta.La segunda crisis política tuvo lugar en 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que exigía el fin del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) para evitar la apertura indiscriminada de la economía mexicana al capital estadunidense y canadiense. Para resolver la crisis, el bloque dominante propuso llevar a cabo una alternancia partidista, llamando al cambio del partido en el gobierno e instalando en la presidencia a Vicente Fox, quien declaró que su gobierno sería “de los empresarios y para los empresarios”. Esa fue una salida gatopardista que buscaba hacer ver que las cosas cambiaban para no cambiar lo sustancial que era la continuidad del proyecto neoliberal. Esa estrategia conformó un nuevo partido del orden unificado que fue conocido popularmente como el PRIAN. La tercera crisis política se dio entre 2005 y 2006, pues ante el cambio negado por la alternancia foxista, las clases subalternas voltearon a ver a la izquierda como una alternativa viable generando una gran movilización sociopolítica que fue acallada nuevamente por otro fraude electoral, lo que dio pie a una larga crisis de hegemonía que se prolongó durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes gobernaron con iniciativas de control policiaco-militar, apoyándose en el monopolio de los grandes medios de comunicación y desplegando estrategias de demagogia gatopardista. A pesar de ello, la extrema precarización y empobrecimiento de la sociedad mexicana condujo a un nuevo estallido de hartazgo ante la conducción neoliberal que finalmente orientó la victoria de la izquierda institucional en 1988.

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia, busca analizar las estrategias implementadas por la alcaldía municipal de Chía para garantizar el derecho fundamental a la participación ciudadana en el marco de la pandemia generada por la COVID-19 y las decisiones que se tomaron en función de la preservación de la salud pública, en particular las relacionadas con los confinamientos y la cuarentena. Con este fin, se realiza un análisis conceptual que pone en diálogo la participación ciudadana desde un punto de vista teórico y la apropiación social de este ejercicio en Chía, municipio que, como muchos otros en la región, ha primado históricamente por ejercicios participativos presenciales, que le confieren legitimidad a la toma de decisiones comunitarias para el beneficio de sus territorios. Esto como antecedente a la necesidad de los Estados y en particular de los gobiernos locales, de dar continuidad a la garantía de derechos en el marco de los confinamientos y la cuarentena. Con ocasión a este contexto, se describe la forma en que el municipio de Chía asumió este compromiso constitucional, en clave del derecho fundamental a la participación ciudadana, reconociendo sus estrategias, propuestas y el resultado de las mismas. A partir de ello se evalúa la pertinencia de dichas estrategias, se analizan algunas prácticas que pueden ser relevantes para escenarios pos-pandémicos y se hace una reflexión sobre los cambios que pudieron producir en el ejercicio de la participación ciudadana como aprendizaje del escenario de pandemia.   

Resumen de la Ponencia:

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado (CPE) en Bolivia, febrero 2009 se refunda el Estado Plurinacional, dejando formalmente lo que fue la estructura del Estado Nación monocultural. En ese sentido, lo Plurinacional se convierte en una categoría transversal que redefine las políticas públicas. Para lo cual, se fundamenta en las civilizaciones andinas, amazónicas que subsistieron hasta ahora en una relación colonial con la clase política dominante. Sin embargo, el proyecto plurinacional aún no se consolida a nivel institucional, ya que con la implementación de las políticas públicas se complejiza la relación Estado – Sociedad, lo que nos lleva a plantear una lectura sistémica del Estado (Luhmann, 2014), mientras tanto, las políticas culturales, educativas, jurídicas, de relación internacional crea más derechos y expectativas en los movimientos sociales, que defienden al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Rememorando, los sectores sociales han apoyado el proceso constituyente como estrategia de ruptura con el Estado nación. Considerando estos cambios, el concepto de Estado se amplía; para ello nos remitimos a Bob Jessop que define al Estado como un ámbito de las relaciones sociales que se reproduce en un territorio (Jessop, 2019); es decir, el territorio no es un espacio físico solamente, sino un ámbito donde se construyen las relacione sociales que cambian con el tiempo. Esto se diferencia del concepto clásico que se define a partir del territorio, población y norma constitucional. Si bien los componentes anteriores no se excluyen, pero el Estado cambia con el tiempo por las fuerzas materiales, del mercado de donde emerge una identidad. En relación al Estado Plurinacional, los sectores que apoyan las políticas públicas en suman fortalecen al propio Estado a través de las relaciones sociales.  Por otra, como se indica el Estado se interpreta como sistema político, que se auto reproduce internamente, esto tiene que ver con la relación sistema (Estado) /entorno que son los movimientos sociales, partidos políticos, agentes externos, etc.; quienes influyen en las decisiones de gobierno, pero es el mismo Estado, que en última instancia acepta o rechaza las demandas del entorno político, social, cultural, etc. Es decir, las demandas de los movimientos sociales (campesinos, indígenas, interculturales, mujeres) influyen en las políticas del Estado, pero, previamente pasa por un proceso de deducción por parte de los burócratas que reducen la dimensión de las demandas; entonces, esta lógica sistémica permite la auto reproducción del Estado sosteniéndose con el discurso Plurinacional. Finalmente, este resumen de ponencia es parte de una investigación sobre “El Estado de situación del Estado Plurinacional de Bolivia 2010 – 2020” para la Vicepresidencia, para lo cual se realizaron entrevistas a diferentes funcionarios que trabajan y/o han trabajado en el sector público.

Introducción:

“El problema es el Estado”, desde que la humanidad se organiza en base a algún tipo de normas y en un marco de referentes culturales y cohesionan la convivencia de un grupo humano en un territorio. Definir el Estado como una articulación de territorio, población y Constitución Política es insuficiente (Jessop 2019) por la complejidad que alcanza el Estado en el siglo XXI. Según Bob Jessop existen tipos de Estados: centralistas, fiscales, autónomos, burocráticos, fascistas, autoritarios, democráticos (Jessop 2019) no se ajusta a una definición estándar, si se analiza con profundidad, en cada territorio se forja un tipo de Estado por las fuerzas sociales que lo constituyen históricamente. Jessop Bob descalifica la definición tradicional del Estado, al respecto dice, “Aunque los orígenes del Estado han sido debatidos de varias formas monocausales, ninguno de estos trabajos aportan a una explicación general convincente” (Jessop, 2019: 184)  

En la antigüedad concentraron el poder de un Estado en personas identificados como caudillos, dictadores, profetas o líderes religiosos, mientras en la Europa medieval, la fundamentación del poder político se sustenta en la religión que instituye autoridades absolutas. Esto da origen a la monarquía que ha dominado en Francia, Italia, España donde el poder de un Rey se concebía como una revelación divina. Por eso estos gobernantes tenían una relación con el pueblo de manera despótica, dictatorial, fascista; por ejemplo, en el régimen socialista de Josep Stalin, el fascismo de Hitler, Mussolini y Francisco Franco. Esta lógica totalitaria sigue vigente en otras latitudes del mundo. En América Latina: Pinochet (Chile); Videla (Argentina); Banzer (Bolivia); Alfredo Stroessner (Paraguay) son los dictadores militares que ejercieron un poder despótico y cometieron delitos de lesa humanidad al asesinar ciudadanos inocentes. El poder absoluto tiene relación lo que cita a Finer, Bob Jessop, “el gobernante gobierna de una forma verdaderamente palaciega” (Jessop, 2019: 192) en este caso el poder concentra un personaje militar con el apoyo de una élite. Pero con la apertura de la democracia liberal el autoritarsmo y fascismo pierde legitimidad por el respeto a los derechos civiles y políticos. 

Según Bob Jessop el concepto de Estado va, “Más allá del Estado visto como sujeto jurídico-político real o ficción, podemos inquirir sobre la pluralidad de sujetos que actúan como agentes del Estado” (Jessop 2019: 63). Una diferencia con el tipo de Estado monárquico, caudillista antes de la modernidad es la despersonalización de la política, donde, la norma jurídica garantiza la relación Estado – sociedad. A diferencia de los mitos que se había construido antes de la modernidad. Jessop dice lo siguiente. 

Esto queda reflejado en la afirmación moderna atribuida, quizá apócrifamente, a Luis XIV de Francia: “L’Etat c’est moi” (“El Estado soy yo”). Hay opiniones encontradas acerca de si lo dijo en su lecho de muerte o cuando los diputados del Parlamento francés desafiaron la autoridad de sus edictos. Pero también se dice que afirmó: “Je m’es vais, mais l’Etat demeurera toujours” (Me marcho, pero el Estado permanecerá siempre”) (Jessop 2019: 61) 

Desde la modernidad el Estado se constituye con base a tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. La soberanía reside en el pueblo y adopta la democracia representativa como modelo para elegir a gobernantes y representantes en la Asamblea. Pero esta afirmación termina siendo formal e incluso idealistas; en realidad el problema del Estado en países como Bolivia son las diferentes fuerzas sociales que influyen en la construcción de legitimidad de los gobernantes. En países con diferencias culturales el proyecto de Estado moderno promueve las élites blancas que se reproducen con el vínculo político manteniendo una conducta colonial hacia los indígenas. Y se instituye relaciones de dominación de carácter étnico y de clase, en los cuales es visible las diferencias raciales como criterios de dominación a los pueblos indígenas que subsisten en el tiempo.

Por tanto, planteamos la pregunta, ¿cuáles son los argumentos políticos, ideológicos que influyen en la consolidación del Estado Plurinacional? En respuesta se desarrolla en el contenido del presente trabajo. 

Desarrollo:

Del Estado oligárquico al Estado Nación

El “Estado Nación” tiene su origen en la revolución francesa de 1789. Ideas que llegan a las colonias españolas de Latinoamérica, donde había una crisis económica, política, que ha motivado los levantamientos libertarios y anticoloniales; el primero es consecuencia de la crisis interna de la estructura colonial; donde, los mestizos y criollos se constituyen en una población que cuestiona a sus autoridades por el cobro de impuestos. El segundo, consiste en los levantamientos indígenas anticoloniales de Tupac Katari y Bartolina Sisa en 1781 en el Alto Perú (Bolivia) y otros como Tupak Amaru en Perú. Estas movilizaciones estaban en contra de los abusos que cometían los españoles y criollos contra el indígena que en la hacienda los tenían como siervos y en la minería los explotaban hasta la muerte. El levantamiento de Katari ha creado una crisis en los habitantes criollos de La Paz[1], quienes persiguen, encarcelan y lo descuartizan a Tupak Katari acusándolos alzamiento, incluso el criollo Pedro Domingo Murillo que en 1809 se rebela, había perseguido a Tupac Katari.  

La independencia de Bolivia del Reyno de España ha durado 16 años, donde, la rebelión de los criollos buscaba consolidar la República, que margina y traiciona las luchas indias anticoloniales. Por eso los que firman el Acta de la independencia el 6 de agosto de 1825 en Sucre[2] son criollos, formados en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca bajo los ideales del liberalismo, y reproducen los comportamientos y actitudes coloniales respecto a las culturas ancestrales al negarles sus derechos, más bien imponen el proyecto señorial republicano proclamando la libertad, independencia para una minoría blanca.  

Las expresiones simbólicas, culturales de la colonia se reproduce durante la república, que estaban internalizadas en las sociedades andinas. La religión católica era dominante y configuraba un modelo de familia, sociedad, poder, que practican los descendientes españoles profesando el catolicismo como un capital simbólico dominante sobre las religiones ancestrales calificadas como brujería. Asimismo, la república se instituye con sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. 

En el siglo XIX la economía feudal es la fuente de riqueza a través del trabajo indígena que con su esfuerzo genera recursos que se apropian las familias criollas y mestizas. En ese sentido, el Estado sacrifica al indígena convertido en pongo, trabajador de las haciendas. Lo propio sucede con la economía minera que pasan a ser propiedades de los criollos como: Aniceto Arce, la familia Aramayo, Gregorio Pacheco, denominados los patriarcas de la plata (Mitre 1982). En la minería, el indígena ocupa el último peldaño de la estructura laboral y su esperanza de vida no sobrepasa los treinta cinco años, trabajando en las minas de plata. A finales del siglo XIX las comunidades aymaras se organizan bajo el liderazgo de Pablo Zárate Villka, y se rebelan contra las élites gobernantes, participando en lo que fue la guerra federal de 1899. La causa del enfrentamiento ha sido por la Ley de radicatoria de la sede de gobierno. Este hecho fractura el Estado oligárquico del siglo XIX, y transita a un liberalismo racista, que en el campo social ha significado la asimilación del indio a la cultura occidental. Para los políticos, intelectuales, pensadores darwinistas sociales la integración del indio a la vida nacional es una estrategia para el progreso que pregonaban (Martinez 2021). Un ejemplo es el proyecto educativo liberal que traen de Europa un modelo pedagógico para formar profesores que enseñen en las escuelas de Bolivia. Por eso se crea la primera Normal de Maestros en la ciudad de Sucre el 6 de junio de 1909 en la presidencia del Dr. Ismael Montes. 

En el campo económico la transición de la era de la plata al estaño ha cambiado el escenario político, impulsando el desarrollo económico de las ciudades de La Paz, Oruro y Cochabamba, con inversiones en infraestructura pública, instalación de casas de importación de insumos, entidades financieras. Pero en el campo social se mantiene una ciudadanía censitaria, donde, los varones con profesión, empleo, y propiedades tenían derechos políticos, no así las mujeres, menos los indígenas que trabajaban en las haciendas a cambio de alimentos, en jornadas que se dividían tres días para el patrón y dos días para el sustento familiar. No había una remuneración salarial que explica la vigencia de una mentalidad colonial que concebía el trabajo del indígena como un servicio gratuito. En ese contexto, los indígenas se rebelan contra los abusos de los patrones en las haciendas. Lo propio ocurre con las rebeliones obreras, mineras contra los barones del Estaño, siendo un hecho nefasto la masacre de Catavi Potosí en diciembre de 1942. Antes la guerra del Chaco 1932 - 1935 provoca una crisis social, política que configura un nuevo escenario político nacional y tiene su desenlace en la revolución de 1952. La población indígena había sacrificado sus vidas en el Chaco, en un país que los negaba como ciudadanos iguales. A partir de esa historia, surge la conciencia nacional con políticos, intelectuales que se oponen a la oligarquía política y se encausan en el Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR que implementa medidas políticas después de la revolución de 1952. 

Del Estado Nación, al Estado Multicultural

El Estado nación es el proyecto de la ideología del MNR que plantea la construcción de una nación con base a cuatro de medidas, uno, la nacionalización de las minas, dos, el voto universal, tres, la reforma agraria, cuatro, el nuevo código de la educación boliviana. Según historiadores y sociólogos (Rivera Cusicanqui 1984). El discurso de la época ha sido la creación de una nación mestiza homogénea, mientras las culturas aymara, quechua, guaraní y las demás fueron categorizados como campesinos y fungieron en brazo operativo del Movimiento Nacionalista Revolucionario MNR (Gordillo 2000). Pero acá es importante mencionar lo que se entiende por nación, como aquella comunidad humana que comparte rasgos culturales comunes, aunque existen otras definiciones que conciben a la nación como una comunidad imaginada, que no todos los que viven en un territorio nacional se conocen (Anderson 2011) (Jessop 2019). Pero, otros como Jessop identifican tres tipos de naciones, étnica, multicultural y cívica. Lo último es la que se forja con el Nacionalismo Revolucionario. 

La base política del MNR ha sido los movimientos campesinos[3] y obreros que apoyaban el proyecto de la revolución nacional como una esperanza para su liberación ante las élites criollas, “El MNR impulsó la formación de sindicatos rurales en un proceso competitivo entre sus dos sectores internos…” (Gordillo 2000). Sin embargo, la Reforma Agraria desde 1953 como paradoja, reduce la capacidad productiva del área rural y la migración de los campesinos, indígenas al área urbana, donde trabajan en oficios manuales de baja remuneración, ya sea como independiente, o en un empleo, donde existe una relación laboral de dependencia. Esto es un ejemplo de la sociedad desigual que está vigente, donde, los roles de los migrantes, campesinos se adscriben a funciones laborales de baja remuneración y que exige mayor fuerza de trabajo. Por otra parte, la escuela estructura la mentalidad de la población rural a través del idioma oficial, que ha significado una violencia simbólica asimilando al indígena al idioma castellano de la clase social dominante. Lo cual lo desclasa de su origen cultural y lo enclasa a los patrones culturales de la sociedad moderna; aunque apertura a que los indígenas se involucren en la política nacional a través del MNR (Gordillo 2000) y en partidos de izquierda que tenía en la clase proletaria su fuente de ideología. Pero el indígena vive en pobreza en el campo por las reducidas parcelas que solo abastece una economía de subsistencia. Esto provoca la migración a las minas y ciudades capitales del país. El fenómeno social de la migración interna cambia la composición demográfica, donde la mayoría de los habitantes residen en el área urbana. 

El avance de los derechos humanos a favor de los pueblos indígenas, incluyendo el convenio 169 de la OIT, los lineamientos en desarrollo sostenible, son normativas internacionales que obligan a los países miembros de las Naciones Unidas a establecer normativas que reconozca la auto y libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Por otro están los mandatos neoliberales como el consenso Washington que establece mandatos a los países en vías de desarrollo a reducir el gasto fiscal, priorizar la inversión privada y flexibilizar los derechos laborales. Los cuales impulsa la transición al Estado neoliberal con políticas multiculturales que en Bolivia se instituye con las reformas de 1994. En ese contexto es importante el viraje a proyectos que fortalecen las organizaciones indígenas. Pero la política económica neoliberal se consolida con la Ley de Privatización de empresas de sector público el 24 de abril de 1992. La otra medida de tendencia neoliberal es en el gobierno del MNR que promulga la Ley de capitalización el 21 de marzo de 1994, de las empresas estratégicas como, “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y Empresa Metalúrgica Vinto”[4].

En el campo político se implementan normas que reconocen las Tierras Comunitarias de Origen TCO a favor de los pueblos indígenas y otras medias que descentraliza competencias y recursos públicos a gobiernos subnacionales. La norma emblemática de los noventa es la Ley 1551 de Participación Popular del 20 de abril de 1994, que modifica la relación Estado – sociedad, donde, las comunidades campesinas e indígenas a través de sus autoridades y formas de organización tradicional participan en la elaboración de la agenda pública en los municipios para acceder a los recursos públicos del Estado. La otra medida es la Ley de Reforma Educativa 1565 del 7 de junio de 1995, que incorpora la educación intercultural bilingüe en la escuela de nivel primario. Estas reformas estructurales por una parte fortalecen al Estado neoliberal con las políticas culturales que reconocen gradualmente la identidad cultural de los pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo, fortalecen las políticas neoliberales con la apertura a empresas transnacionales que se encargan de administrar las empresas capitalizadas. En conclusión, el Estado nación multicultural ha sido una estrategia de legitimación de las mismas élites que habían gobernado antes, pero con las reformas multiculturales se estaban legitimándose como clase dominante. 

Del Estado Multicultural al Estado Plurinacional

El Estado Plurinacional es una creación de la Asamblea Constituyente 2006 a 2008, realizado en Sucre (capital histórica) que concluye en Oruro; aunque el borrador final de la Constitución se corrige en el Congreso (La Paz), en octubre 2008. La Asamblea Constituyente ha sido un momento constitutivo en la historia de Bolivia. Por primera vez se redacta una Constitución con representantes de organizaciones sociales urbanas, campesinas e indígenas que conforman un Poder Constituyente que define las bases y la organización del nuevo Estado. En ese contexto, la constituyente se desarrolla en un escenario de polarización política entre las fuerzas del proyecto indígena aliado con la izquierda versus las fuerzas políticas de derecha anclados en los partidos neoliberales. A nivel del territorio, las fuerzas opositoras al gobierno se asientan en el departamento de Santa Cruz quienes demanda la autonomía como discurso de oposición a las medidas del oficialismo. 

La carga subjetiva, simbólica de las movilizaciones indígenas, organizaciones sociales retrotraen la memoria de los pueblos indígenas. A partir de ahí construyen un argumento que permite definir el horizonte plurinacional del nuevo Estado. La base es la refundación, desmotar el estado colonial republicano y la plurinacionalidad, sobre esos paradigmas se trabaja los contenidos de la Nueva Constitución. 

La memoria de los pueblos se remonta a formas de subordinación, dominación que han subsistido en la colonia y república (Rivera Cusicanqui 1984). Pero las relaciones de dominación en el tiempo se reproducen en la escuela, trabajo y en otros espacios sociales, políticos donde al indígena se lo predestina a funciones de baja jerarquía social. Se identifica las relaciones de dominación étnica, blanco versus el indígena y de clase, las élites económicas versus los trabajadores de origen popular en condiciones precarias. Por tanto, la Constitución Política del Estado que tiene dos componentes, el primero es la parte dogmática, donde se menciona la base filosófica del Estado como el vivir bien, pluralismo y descolonización. Es decir, el origen del Estado Plurinacional se remonta a la memoria, a las fuentes escritas que describen la vida que tenían los pueblos aymaras, quechuas y guaraníes antes de la invasión española al territorio de Bolivia y la región andina (Murra, 1975a; 2004b). Al menos se piensa que lo plurinacional se funda en los valores y principios de las culturales que provienen de un periodo anterior a la colonia (Platt, y otros 2011) , a partir de esa histórica se reconoce las 36 lenguas indígenas en la Constitución Política del Estado. Además, en el art. 30 de la CPE se reconoce el estatus de nación a los pueblos indígenas que poseen identidad, cultura, territorio, forma de gobierno, justicia propia, educación, etc. Estos enunciados se implementan con políticas públicas y expresa una nueva característica del Estado, que considera la plurinacionalidad política públicas en economía, política, idioma lengua. Todo esto se vuelve complejo para la estructura del Estado que mantiene la burocracia moderna. Lo que existe son experimentos aislados; por ejemplo, la enseñanza del idioma originario a funcionarios públicos. Una característica de esa complejidad es la Ley 070 de la Educación Avelino Siñani Elizardo Pérez de 2010. A partir de esta normativa la malla curricular a un enfoque de descolonización, incorporando nuevas materias que según el magisterio, la nueva mallla curricular está siendo impuesto por el gobierno. Al respecto en una nota del diario Página Siete, dice:

fines de 2022, el Gobierno a través del Ministerio de Educación informó que el plan curricular actualizado ya estaba listo y que en esta gestión se la debía aplicar. El mismo tiene varios cambios como la incorporación de varios temas en diferentes materias. Por ejemplo, robótica, sudoku y ajedrez en matemáticas y Técnica Tecnología; inglés y aymara en primaria; educación financiera y cálculo en matemáticas de secundaria; educación sexual en ciencias naturales, entre otros. Álvarez reiteró que esos cambios no son apropiados, porque para la incorporación de esos temas se debería contar con más horas de trabajo, además tener maestros especializados y garantizar material e infraestructura, por lo que se “necesariamente se requiere mayor presupuesto para Educación. Sin embargo, el presupuesto es el mismo y lamentablemente los profesores no son especialistas en esos temas (Zapana 2023). 

Los profesores que enseñan a niños y jóvenes no están de acuerdo con un modelo educativo que se lo cuestiona como culturalista por profesores de ideología trotskista. En cambio para el Ministerio de Educación la Ley educativa Ley 070 ha sido consensuado con profesores, padres de familia y organizaciones sociales conforme a los cambios que plantea la Constitución Política del Estado. 

La ley 070 amplia el concepto de educación en favor de la población que ha dejado de estudiar desde la primaria o secundaria. Pero tienen la necesidad de instruirse en oficios que pueda ser útil en el ejercicio laboral. Ante esa necesidad se implementa el programa de formación por competencias, dirigido a un público que no tiene oportunidad de estudiar en la educación regular. Lo cual fortalece las habilidades y destrezas de artistas, albañiles, carpinteros que conocen por la experiencia laboral. Desde una lectura sociológica, los conocimientos técnicos de mecánica, albañilería, costura, arte popular, etc., son habilidades que están incorporados en el cuerpo del sujeto (Bourdieu 1998) y con los años son expertos. Esto ocurre en otras sociedades donde la educación al ser un privilegio de una clase superior; para las clases populares los jóvenes optan por estudiar carreras técnicas (Willis 1983) tal como señala Willis, “la escuela ha favorecido una cierta resistencia al trabajo mental y una inclinación hacia el trabajo manual” (Willis 1983: 123). En Bolivia esta realidad es consecuencia de la estructura social, económica desigual; donde, los índices de deserción escolar tienen un efecto negativo en el campo laboral para una población que tan solo posee habilidades en distintos oficios con lo cual se auto acredita para trabajar en un empleo informal o por cuenta propia. Por tanto, las oportunidades laborales para los sectores populares que abandonan la escuela se restringe a funciones manuales de bajo rango. Ante esta situación la formación técnica con la nueva ley educativa intenta mejorar las oportunidades laborales capacitando a los adultos, jóvenes de municipios rurales y del área urbana. Al respecto Sandra Espada, de la fundación FAUTAPO dice acerca de la educación técnica.

lo que se buscaba era la inserción laboral de los jóvenes, obviamente la empresa las contraté en las condiciones, en las mejores condiciones posibles, no, entonces, se ha tenido una buena, buen nivel de inserción laboral, hablamos … de esa época unos 80 por ciento de inserción laboral al terminar el proceso, ese es el programa, un poco el grandecito que se ha manejado de inserción laboral para jóvenes (Espada, 2021). 

La formación técnica se gestiona desde el Ministerio de Educación con el apoyo y coordinación de la Cooperación Internacional, Organizaciones no Gubernamentales que ejecutan proyectos de educación técnica. En suma, los funcionarios y profesionales del campo educativo coinciden que la formación escolar en Bolivia ha sido predominantemente humanística, relegando la educación técnica para un sector social subalterno o tan solo se imparte a nivel técnico superior y no así en licenciatura. Aspectos que influye en los jóvenes al elegir una carrera humanística por la condición de estatus que representa carreras como Derecho, Literatura, Economía, Administración, etc.  

La otra medida del Estado Plurinacional son los cambios en el campo del derecho. La Constitución Política del Estado plantea que la fuente del Derecho, aparte de la doctrina, jurisprudencia, provienen de los saberes de los pueblos indígenas. Sin bien, el problema de la justicia en Bolivia es tarea pendiente, por la aguda situación de los procesos judiciales que no garantizan celeridad, independencia, imparcialidad para las partes de un proceso. 

Por otro, la Constitución reconoce la justicia de los pueblos indígenas como una jurisdicción independiente, autónoma y en igualdad de jerarquía con la ordinaria; pero esa potestad de los pueblos se contradice con la ley 073 de Deslinde Jurisdiccional que otorga competencia a la autoridad indígena solo a resolver conflictos de tierra en una comunidad. En relación existen investigaciones que abordan la factibilidad y los logros de la JIOC cuando alcanzan de resolver conflictos con base a procedimientos y normas orales (GIZ 2012). Las resoluciones y sentencias constitucionales (SC) del Tribunal Constitucional Plurinacional reconocen la potestad de las comunidades para impartir justicia. Pero el problema, es que las Sentencias y Resoluciones Constitucionales no se cumplen, aunque jurisprudencia a favor de la jurisdicción indígena originaria campesina, por ejemplo, la 0874/2014 del 12 de mayo, “Declara COMPETENTE a las autoridades indígena originario campesino de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina de Zongo, provincia Murillo del departamento de La Paz”[5]. En este caso la parte contraria dilata el cumplimiento de la Sentencia Constitucional acudiendo a la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, la materialización del pluralismo jurídico sigue siendo una tarea pendiente. El campo jurídico es complejo, cuando las propias leyes confunden a la ciudadanía por la colisión de derechos; y no es suficiente promulgar leyes, normas, más bien influyen factores de otros campos, como el desempleo, la migración, la demanda de recursos públicos para la jurisdicción indígena. 

Por otro, una de las políticas públicas relevantes del Estado Plurinacional es la economía social comunitaria. La Constitución Política del Estado plantea la economía comunitaria, privada, mixta, estatal y social cooperativa. El gobierno del MAS ha estatizado las empresas estratégicas de desarrollo nacional como: YPFB, ENTEL, ENDE, ENAF y otras empresas productivas. La creación de empresas industriales por el Estado, intenta recuperar la política de industrialización por sustitución de importaciones de la CEPAL. El Estado intenta ejercer mayor control de la economía, creando una disputa comercial con el sector privado que pierde mercado por la competencia del sector pública. A pesar de la caída de la reserva internacional que es de 4300 millones de USD hasta junio 2022. El Producto Interno Bruto alcanza a 40 mil millones de USD, y un PIB per cápita de 3345 USD. Si bien estos datos expresan un crecimiento de la economía en comparación del periodo neoliberal, el 2003 el PIB de Bolivia era 8 mil millones de dólares y el PIB per cápita de 892 dólares americanos. Pero el costo de vida se incrementa conforme al crecimiento de la economía. Según una publicación del Centro de Investigación Social de la Vicepresidencia, los patrones de consumo de sectores emergentes se incrementan en el gobierno del MAS. Estos cambios se interpretan como una movilidad social de los sectores emergentes (Paz Arauco y Velasco Unzueta 2018). Pero el problema reside en la precariedad del empleo y los bajos salarios en el sector privado (Escobar de Pabón, Rojas Callejas y Hurtado Aponte 2015)

 

[1] José Manuel de Goyeneche (Gobernador de La Paz) encabeza la persecución a Tupak Katari. 

[2] Es la capital histórica de Bolivia. 

[3] En realidad la denominación campesino culturalmente son los aymaras, quechuas y de otros pueblos  que fueron mestizados por la categoría campesino como una imposición del MNR. 

[4] El artículo 2 de la Ley de Capitalización menciona a 5 empresas estratégicas de Bolivia. Aunque estas medidas han abarcado hasta otras empresas estratégicas como la Línea Aérea Boliviana.

[5] “Histórica decisión: Conflicto minero pasa a la justicia indígena” https://www.cenda.org/secciones/tierra-territorio-y-derechos-colectivos/item/258-historica-decision-conflicto-minero-pasa-a-la-justicia-indigena leido 1-2-2023 hrs. 10:02. 

Conclusiones:

En una primera etapa de la historia de Bolivia se consolida un Estado oligárquico de las minorías blancas letradas y que ostentan poder económico, mientras los pueblos indígenas y los sectores populares vivían en pobreza y analfabetismo. Pero con el advenimiento del nacionalismo revolucionario (NR) se hacen avances cualitativos al asimilar al indio al mestizaje modernizante. En ese sentido, la reforma agraria de 1953, nacionalización de las minas 1952, voto universal y el código de la educación de 1955 cambia la estructura social boliviana, transitando luego del Estado nación desarrollista al Estado nación neoliberal, que ha sido una estrategia de prolongación de las élites y con la crisis económica justifican las políticas neoliberales; por ejemplo, el Decreto Supremo 21060 de 1985 define los lineamientos de las políticas económicas que paralelamente implementa programas multiculturales de reconocimiento a pueblos indígenas. 

Pero a fines del siglo XX, agobiados por la crisis económica, los movimientos sociales rechazan la privatización y enajenación de recursos naturales, como el agua (García Orellana, García Yapur y Quitón Herbas 2003). A nivel internacional se siente el impacto de la crisis asiática. El Estado boliviano para cubrir el déficit fiscal dictan medidas antipopulares; por ejemplo, el intento de privatizar el servicio de agua potable en Cochabamba provoca la movilización de campesinos, regantes, que obliga al Estado anular la privatización. En este proceso los movimientos sociales coadyuvan en el ascenso político del Movimiento al Socialismo MAS el 2005, que luego organiza la Asamblea Constituyente y refundan el Estado Plurinacional el 2009. 

Bibliografía:

Anderson, Benedict. Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2011.

Bourdieu, Pierre. La Distinción, criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus, 1998.

Escobar de Pabón, Silvia, Bruno Rojas Callejas, y Giovanna Hurtado Aponte. Un futuro en riesgo, jóvenes y trabajo en el Municipio de El Alto. La Paz: CEDLA, 2015.

García Orellana, Alberto, Fernando García Yapur, y Luz Quitón Herbas. La Guerra del Agua, Abril 2000, la crisis de la política en Bolivia. La Paz: Programa de Investigación Estratégica en Bolivia PIEB, 2003.

GIZ. Sistemas jurídicos indígena originario campesinos en Bolivia. Tres aproximaciones: Curahuara de Carangas (Oruro), Sacaca (Potosí) y Charagua (Santa Cruz). La Paz: GIZ. PROJURIDE, 2012.

Gordillo, José. Campesinos Revolucionarios en Bolivia. Identidad, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba, 1952 - 1964. La Paz: Plural, 2000.

Jessop, Bob. El Estado, Pasado, Presente, Futuro. Buenos Aires: Prometeo, 2019.

Martinez, Francoise. Regenerar la raza, política educatia en Bolivia (1898 - 1920). La Paz: Centro de Investigación Social CIS, 2021.

Mitre, Antonio. Los patriarcas de la Plata. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1982.

Murra, John. El mundo andino, población, medio ambiente y economía. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2004.

—. Formaciones Economícas y Políticas del Mundo Andino. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1975.

Paz Arauco, Verónica, y Ana Velasco Unzueta. Movilidad socieconómica y consumo en Bolivia: Patrones de consumo en sectores emergentes. La Paz: PNUD, CIS, 2018.

Platt, Tristan, Therese Bouysse-Cassagne, Olivia Harris, y Thierry Saignes. Qaraqara - Charka. Mallku, Inka y Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII) Historia antropológica de una confederación aymara. La Paz: Plural, 2011.

Rivera Cusicanqui, Silvia. Oprimidos pero no vencidos, luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900 - 1980. La Paz: Aruwiyiri, 1984.

Willis, Paul. Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Madrid: Akal, 1983.

Zapana, Verónica. «El Magisterio comienza la pulseta conel Ministerio de Educación.» Página Siete, 7 de febrero de 2023: 4-5.

 

Palabras clave:

Estado, Bolivia, plurinacional

Resumen de la Ponencia:

El surgimiento y progresivo desarrollo de la sociología como ciencia, ha asumido dentro de sus preocupaciones y debates centrales la aparición y consolidación de colectividades humanas complejas, caracterizadas por tener una pluralidad de actores que tienen intereses, percepciones, preferencias y opiniones diversas y en muchos casos contrapuestas entre sí. De esta situación, caracterizada por la poca homogeneidad entre los individuos y las formas de relacionamiento que permiten una relativa estabilidad social, han emergido conceptos como el de sociedades tradicionales y sociedades modernas, solidaridad orgánica y solidaridad mecánica, e incluso la distinción entre sociedad y comunidad.En la actualidad, esta serie de dicotomías parecen cobrar vigencia no solamente en el ejercicio explicativo o interpretativo de la realidad social, sino también en la puesta en marcha de metodologías relacionadas con el desenvolvimiento de la gestión pública, especialmente cuando se trata de acciones encaminadas a cerrar las brechas entre la pretensiones y objetivos institucionales y el universo de pretensiones e intereses socioculturales que se presentan en los diferentes campos sociales, como sucede en el caso de la planeación territorial. Dado que el territorio es una construcción social dinámica, resulta fundamental para la sociología contemporánea comprender cómo los conflictos sociales estructurales, ligados a las desigualdades socioeconómicas, la apropiación de la renta del suelo, la segregación socio-espacial o los conflictos ambientales permean los discursos que se exponen en los procesos de planeación territorial, bien sea por parte de las instituciones públicas, los agentes del desarrollo urbano y la sociedad civil. En este sentido, el ejercicio de interpretación de la construcción de los valores, normas y condicionamientos que se adoptan en la planeación del ordenamiento territorial dentro de la perspectiva y preferencia ciudadana, resulta particularmente útil para identificar los aciertos en los procesos de legitimación de los procesos orientados hacia la gobernabilidad democrática. Así que, teniendo en cuenta que el ordenamiento territorial supone la construcción de discursos que pueden estar sometidos a criterios de validez según el punto de enunciación de quien lo construye o quien lo evalúa, resulta fundamental generar un ejercicio práctico-reflexivo que permita encontrar las continuidades y tensiones entre los intereses privados, particulares, colectivos y públicos. Bajo esta línea de pensamiento, la presente ponencia busca poner en relieve el papel de dichas escalas de interés en los procesos de planeación territorial, teniendo como caso de referencia la ejecución de programas de participación ciudadana en los planes de ordenamiento territorial en Colombia, en donde el problema de la participación dentro de la gestión pública ha tenido un avance considerable en las últimas décadas, pero se mantiene como una herramienta sobre la que se suscita enorme escepticismo ciudadano.   

Resumen de la Ponencia:

Política e Democracia: da participação do empresariado aos recursos públicos nas campanhas eleitorais no Brasil.  Uma das principais mudanças a respeito da alteração de regras do financiamento de campanhas eleitorais no Brasil foi a proibição de doações de pessoas jurídicas para partidos políticos. Essa modificação passou a vigorar nas eleições de 2016. Tal vedação legal foi implementada pelo Judiciário, com a finalidade de diminuir a influência do poder econômico na escolha dos eleitos. Essa decisão foi importante, pois, vedou após 20 anos a participação do principal financiador das disputas eleitorais. Com o fim da participação das pessoas jurídicas no jogo eleitoral, a necessidade de instituir o financiamento público de campanhas eleitorais no Brasil voltou a fazer parte da agenda do Congresso Nacional e seguiu sendo objeto de preocupação do Judiciário. O resumo apresentado é uma revisão de literatura sobre a história do financiamento empresarial e a transição brasileira pra o modelo de financiamento público de campanhas em vigor no país. Trata-se de um debate sobre financiamento de campanhas no Brasil, buscando autores que trazem à arena da sociologia e da ciência política várias concepções sobre o tema. A revisão de literatura passa pela história do financiamento empresarial no Brasil e de como foi instituído o financiamento público para partidos e candidatos. A relação dinheiro/capacidade de atrair doadores e chances de sucesso eleitoral tem sido alvo de inúmeros estudos no Brasil. Em termos gerais, os estudos tendem a identificar associações positivas entre recursos financeiros e resultados nas urnas. Nossa análise será concentrada nas mudanças na legislação brasileira. Nosso objetivo é o de resgatar a história do financiamento empresarial de campanhas no Brasil e de que forma os recursos privados oriundos de pessoas jurídicas foram substituídos por recursos públicos. Para alcançar o nosso objetivo, analisamos as mudanças de regras ocorridas com as reformas políticas, que introduziu um fundo público específico para financiamento de campanhas, que se tornou a principal fonte de recursos de partidos e candidatos. As fontes de revisão da literatura concentrou-se nas contribuições teóricas que buscam analisar o financiamento das campanhas políticas no Brasil e a relação entre financiamento, desempenho eleitoral e seus impactos no sistema democrático. Os resultados de nossa investigação demonstram que a restrição imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), através da ADI 4650, que resultou no fim da participação das empresas no jogo eleitoral, foi um passo importante na busca pelo equilíbrio nas competições eleitorais, mas ainda não o suficiente para impedir que o poder econômico siga influenciando na escolha dos eleitos.