Resumen de la Ponencia:

La Criminología verde tiene como objeto de estudio los delitos ambientales, es decir aquellas conductas que violan la norma penal en materia ambiental, y de igual forma le interesan acciones que dañan al ambiente, sin que necesariamente estén tipificados en el código penal. Esto bajo el constructo de la Criminología crítica, en donde, la norma penal obedece criterios de grupos en el poder, más allá de estar regulado u orientado por un velar un interés colectivo o de la comunidad. Por el tipo de conductas y normas violadas, las víctimas pueden identificarse como, personas en concreto, o bien como la colectividad. Por ejemplo, cuando se contamina un río, el subsuelo, el aire, la víctima es toda la vida -humana y no humana-, esta condición hace que la figura de la víctima quede difusa ante un sistema de justicia endeble, además con una representación judicial, igualmente frágil u omisa. Por otro lado, se encuentra la herramienta de la justicia restaurativa, mecanismo que busca reparar el daño moral ocasionado, puesto que el derecho penal, sólo se concentra en la norma violentada. Es decir, el derecho penal establece penas pecuniarias, cárcel, etc., ante cualquier delito, pero está fuera de su naturaleza, estas posibilidades que acerca la justicia restaurativa que son: que el victimario reconozca a su víctima (todos los actores involucrados), así como la dimensión de su daño y que por convicción propia desee repararlo. Un punto importante de la justicia restaurativa es que, no pretende ser un sustitutivo penal, sino ir a la par del proceso ordinario, pero con una preparación especial para que se lleve a cabo. En otras palabras, para que el victimario y la víctima, puedan llegar a este punto necesita haber todo un proceso previo.Esta investigación, es la primera parte pues es un acercamiento teórico a cómo se ha vivido en el país la justicia restaurativa, en lo general, y en lo ambiental, ya de forma específica, así como casos en concreto que se pueden presentar como casos para que se siga replicando esta práctica y que se pueda hablar de una justicia cercana a las víctimas.

Resumen de la Ponencia:

En el año 2019 distintos casos de abuso policial en la Ciudad de México visibilizaron la violencia y machismo que se encarnan desde el origen del Estado y de sus instituciones de justicia. Ante ello, miles de mujeres, colectivas feministas y activistas se unieron para dar paso a distintas protestas organizadas desde las redes sociodigitales y llevadas a la calle bajo el hashtag #nomecuidanmeviolan mismo que visibiliza la violencia machista del estado.Esta investigación tiene como objeto analizar el uso del hashtag #nomecuidanmeviolan como el eje de tecnopolítica feminista visibilizador de las violencias machistas del Estado y creador de relaciones de sororidad en las movilizaciones feministas de la Ciudad de México. A través del uso de la etnografía digital breve como método, se abordan las experiencias de las mujeres en internet y las calles, tratando de entretejer un abordaje tanto teórico (Teoría crítica feminista) así como inmersivo (etnografía digital) que den pistas sobre cómo los hashtags y las mujeres están conectados a coyunturas de resistencia, resiliencia y sororidad. 

Resumen de la Ponencia:

De acuerdo a los datos oficiales, los casos de enfermedad y mortalidad por COVID-19 no han alcanzado cifras muy altas entre la población indígena; sin embargo, estudios epidemiológicos han comprobado que, dada su vulnerabilidad, los riesgos de padecer formas severas de COVID-19 son más altos, y la letalidad que alcanza esta enfermedad es mayor entre dicha población. A lo anterior habría que agregar que la pandemia ha acentuado todavía más las profundas inequidades que existen en nuestro país; específicamente la inequidad y la falta de acceso a la salud está contribuyendo a profundizar las brechas de los grupos que, como los pueblos indígenas, han sido mayormente afectados. Como respuesta a esta problemática que enfrentan, algunos pueblos indígenas generaron sus propias estrategias y acciones para prevenir la llegada de la pandemia a sus comunidades o atenuar los contagios, principalmente bloqueando los accesos a sus territorios y poniendo en aislamiento a los habitantes que regresaban del exterior, así como promoviendo la medicina tradicional, para combatir los síntomas de la COVID-19. Un caso especial fue detectado entre la población indígena amuzga del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, en donde autoridades y habitantes de comunidades afirmaron que la morbimortalidad por COVID-19 rebasó por mucho las cifras oficiales, debido a que las personas infectadas evitaron acudir a los servicios de salud, argumentando que iban a morir allí, o que serían sometidas a prácticas médicas dañinas. Este comportamiento se relaciona con ideas de terapeutas tradicionales, quienes consideran que la COVID-19 no es tal, sino que corresponde a un complejo mórbido que ellos denominan “mal aire”, el cual comparte algunos de los síntomas de aquella, pero su origen y tratamiento son distintos. El objetivo de esta ponencia es compartir los resultados parciales de una investigación cualitativa que busca, desde la sociología de la salud, analizar los valores, ideas, creencias y conductas que, desde el modelo médico alternativo subordinado, conforman la respuesta de terapeutas tradicionales y población amuzga del estado de Guerrero, a la pandemia de COVID-19. La concepción indígena sobre la COVID-19 ha sido ignorada por los servicios de salud públicos, lo cual representa una seria dificultad para las estrategias y acciones que implementan, tanto en la atención de la población indígena infectada como en la prevención y control de la pandemia, pues dichas acciones carecen de una adecuación intercultural que contemple la concepción indígena de la COVID-19. En este sentido, la información generada por este tipo de investigaciones puede ser de mucha utilidad para los programas y acciones de salud institucionales. 

Resumen de la Ponencia:

En el marco de la creación de la licenciatura en Derecho Agrario dentro del Departamento de Sociología Rural de la UACh, se han generado un conjunto de discusiones en torno a los enfoques contemporáneos del derecho. En esta ponencia se discurre acerca de las diferencias y encuentros entre el enfoque sistémico y la hermeneútica dentro del ámbito del derecho. Debido a la importancia que tiene la jurisprudencia y la doctrina dentro de lo que se ha denominado derecho agrario integral, se profundiza en lo que hemos denominado fundamentos de la hermenéutica. Este enfoque es propuesto como uno de los principales métodos del litigante agrario. Mientras que se justifica la importancia que tiene el enfoque sistémico como medio para la propedéutica del derecho agrario. 

Resumen de la Ponencia:

 En esta ponencia se busca destacar la importancia geopolítica que tiene el Caribe en el siglo XXI al convertirse en un espacio en el que se está llevando a cabo una disputa por el control de rutas comerciales y recursos estratégicos en el marco de la transición hegemónica que se está desarrollando en el contexto internacional, y en el que sostenemos la región caribeña ha retomado su papel de “frontera imperial”. Por un lado, Estados Unidos ha intensificado su presencia en el Caribe, con una serie de iniciativas y leyes que tienen el objetivo de reforzar su dominación en ese espacio, y por otro lado, China ha logrado posicionarse como una actor importante en la región caribeña, a través de programas de cooperación, préstamos y la inclusión de varios países del Caribe en su proyecto comercial más importante presentado en 2013. A lo largo del trabajo se analizará también la forma como China profundizó sus relaciones de cooperación en la región caribeña durante la pandemia por COVID-19 y el papel que juegan las vacunas en el marco de la disputa hegemónica.  

Resumen de la Ponencia:

RESUMENEl estudio se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica Manuel Guerrero. El objetivo de la misma fue establecer un caso de una docente memorable de la institución para así analizar la trayectoria de la docente, y como esta ha influido en las vidas de sus estudiantes y sus familias. El tipo de investigación fue cualitativa con un método etnográfico descriptivo, indagando en la bibliografía de la docente, para con base en ese análisis, establecer un enlace con las experiencias de sus estudiantes y familias, y así determinar cuales fueron las buenas prácticas de la docente para que sea identificada como memorable. Como hipótesis se planteó que las prácticas de la docente influyen de manera directa y positiva en la adaptación de los estudiantes a una nueva realidad post pandemia; y se obtuvo como resultado que la escuela es el lazo fundamental para recuperar la normalidad de la comunidad en la que viven.Palabras Clave: docente memorable, práctica docente, educación post pandemia

Justificación del Panel:

[Antecedentes]; A lo largo de las últimas dos décadas en América Latina y el Gran Caribe, se han impulsado una serie de iniciativas multilaterales de integración regional, que tienen como base diversos megaproyectos de infraestructura transcontinental. Tal es el caso de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), en Sudamérica, y del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) -antes llamado Plan Puebla Panamá (PPP)-, en Centroamérica y el sur de México, promovidas tanto por parte de gobiernos neoliberales en clave moderno/colonial como por aquellos de orientación progresista-desarrollista desde el capitalismo de estado. Asimismo, el continente latinoamericano y caribeño se ha posicionado como un generador de conciencia anti hegemónica de geo - grafías y re - existencias, siendo esta la forma en la cual los proyectos extractivos de nuestros recursos naturales y humanos se han ido disipando hasta hoy. [Hipótesis]; En el último lustro (2015-2020), estas iniciativas parecen haber bajado su perfil en comparación con años anteriores, difuminándose en múltiples piezas locales, aparentemente fragmentadas, ahondadas por el surgimiento multiescalar de movimientos políticos conservadores y ultranacionalistas. En parte, esto puede explicarse por el fin del ciclo político conocido como el progresismo latinoamericano y sus perspectivas de integración regional (1998-2015), así como por las múltiples resistencias territoriales o geo - grafias “desde abajo”, que se han movilizado en contra de este tipo de emprendimientos geoestratégicos diseñados desde los poderes reales y globales del sistema - mundo, desde diferentes sectores de lucha. Se argumenta que esta aparente fragmentación oculta un megaproyecto territorial, impulsado a partir de la articulación entre Estados y los distintos grupos hegemónicos globales y regionales que los soportan y sustentan, ahora bajo un formato distinto en nombre de la libertad demo burgués.  [Objetivo]; Nuestro panel plantea una metodología analítica observador – participante, holística y hermenéutica, que visibilice el Megaproyecto Regional – Continental de apropiación de los diversos recursos naturales a través del despojo y los sacrificios de territorios y cuerpos a partir de una perspectiva geopolítica y geoeconómica hegemónica. Dicha perspectiva es un plan regido por los Estados nacionales, sino que avanza a partir del impulso de asociaciones entre capitales privados y gobiernos a distintas escalas (nacional-federal, estatal-provincial y municipal-departamental).[Metodología]; Los trabajos inician de la sistematización hermenéutica y de la observación – participante multiescalar sobre la “re – existencia” y las “geo – grafias” de los diversos movimientos y organizaciones populares frente a todo tipo de proyectos de infraestructura, educación en América Latina y el Caribe, para determinar la fuerza del “artificio” territorial del  “artefacto” geopolítico a partir del análisis con el fin de determinar la importancia del proyecto geoestratégico desde la perspectiva geoeconómica de las relaciones naturaleza - capital- trabajo.

Resumen de la Ponencia:

Un estudio de la ONU sobre Comercio y Desarrollo afirma que la industria de la moda es la segunda más contaminante, específicamente, la producción de “moda rápida” considerando sus procesos de producción poco sostenibles ambiental, social y económicamente. Por otra parte, los alarmantes cambios climáticos han concientizado que los sistemas de producción tradicionales de textiles deben innovarse a favor del desarrollo sostenible sin afectar la competitividad y productividad entre empresas textiles.El aumento de conciencia ambiental de organizaciones e instituciones que fomentan y regulan a través de leyes y proyectos dirigidos a la gestión empresarial sostenible, así como han surgido empresas textiles dedicadas a los eco productos y servicios, y otras tantas empresas inician a innovar sus sistemas y procesos de producción hacía unos más limpios con el ambiente.Las alternativas textiles ecológicas innovan desde sus materias primas utilizando residuos orgánicos o inorgánicos para la fabricación de tejidos textiles como rastrojo de piña, cáscaras de plátano, borra de café, cáñamo, cáscara de naranja o poliéster reciclado hecho con botellas PET recicladas.En primera instancia, a nivel tecnológico el cambio de materia prima para la producción de fibras y tejidos sostenible provoca una matriz de producción distinta transformando la industria primaria exportadora y extractivista a una industria enfocada en la producción diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, En segunda instancia, a nivel económico esta nueva matriz de producción sostenible propone un nuevo modelo económico circular pues la matriz de producción tradicional textil funciona a través del modelo de economía lineal. En tercera instancia, a nivel ambiental se conoce las consecuencias de la cadena de producción textil en el medio ambiente como la contaminación del agua,  de los suelos y el aire incidiendo negativamente en los ecosistemas y en los seres humanos. Por ello, instituciones y organizaciones a favor de la protección del ambiente han creado e impulsado proyectos, leyes y programas ambientales como los “costos ambientales” se trata de gestión empresarial sostenible pues se encarga de medir la ecoeficiencia de las empresas aplicada a la industria textil.  En cuarta instancia, a nivel social se busca un trato ético hacia las personas trabajadoras consistiendo en pagos y condiciones dignas ya que, históricamente hasta hoy, aún se evidencian caso de condiciones laborales deplorables como padecimiento de dolencias corporales, violencia de género, estrés causado por los trabajos bajo presión, entre otras causas contra los derechos humanos. A modo de conclusión, mencionando los cambios a nivel tecnológico, económico, ambiental y social mediante la innovación textil sostenible promete un impacto positivo en la sociedad del consumo pues si no se puede evitar consumir es pertinente para el bienestar del medio ambiente y nuestra calidad de vida consumir conscientemente innovando procesos de producción textil.  

Resumen de la Ponencia:

El Salvador cerró un proceso de conflicto armado sostenido por doce años con un proceso de negociación política, que pactó en los Acuerdos de Paz una importante reforma política, y un rediseño institucional orientado a la construcción democrática,  que poco abordó el cambio socioeconómico necesario para controlar el poder de los grupos económicos oligárquicos (Segovia, 2005). Este proceso tuvo como marco el giro neoliberal desarrollado en la región a inicios de los años noventa, que marcó profundos cambios. En dos décadas la inclusión política derivada de los acuerdos y la incidencia de la organización y movilización social abonaron al desarrollo de la institucionalidad y cultura democráticas, que dieron paso también al momento de la alternancia del poder en el ejecutivo, donde el FMLN-partido de izquierda-no logró sortear el desafío de gobernar en una oportunidad histórica de apertura y cambio político (Grégori 2017), corrompiéndose a la usanza habitual,  lo que le desgastó junto al resto de partidos tradicionales (Malamud y Núñez, 2019), y abrió la puerta para un giro neoconservador, fortaleciendo los fundamentalismos en la región (Sagot, 2019).En este marco, Nayib Bukele llegó al poder en 2019, mostrando desde el primer día  de su mandato hasta la fecha un creciente ejercicio autoritario del poder, con un irrespeto al estado de derecho, y un importante retroceso en el proceso de democratización avanzado en la postguerra. Ha establecido una alianza central con el ejército, y ha asegurado un creciente debilitamiento institucional y control de los diversos poderes del Estado, evidenciando una acelerada regresión autoritaria, que trunca el incipiente proceso democratizador inaugurado con los Acuerdos de Paz.A la fecha, se mantiene vigente un estado de excepción, que ha sido un recurso privilegiado en su gobierno. Las detenciones arbitrarias, la limitación de derechos, la criminalización de la organización social y la protesta, así como persecución a defensoras de derechos y periodistas, con una marcada saña hacia las mujeres -como el acoso a mujeres que participan en política-como parte de las estrategias para ‘estropear la democracia’ (Martínez, 2021), y que son algunas de las expresiones recientes de la violencia estructural y estatal, en un contexto de debilitamiento de la organización social y desmovilización enmarcada en el  confinamiento por COVID-19 desde  el año 2020. Como metodología, el abordaje se realiza cualitativamente a partir de análisis de contenido como base para sistematizar información sobre esta problemática. 

Resumen de la Ponencia:

CONSTRUÇÃO SOCIAL DA QUALIDADE DE CACAU-CHOCOLATE DA SEGUNDA DÉCADA DO NOVO MILÊNIO: REFLEXÕES DA REGIÃO SUL DA BAHIA  A produção de bens do sistema agroalimentar apresenta o fenômeno do enriquecimento, nova necessidades estéticas surgem no comportamento do consumidor, onde ele escolhe alimentos existentes ou tradicionais, porém “enriquecidos”, de novos atributos de qualidade.  Sob esse contexto, do capitalismo da crítica estética, tais alimentos são revalorizados e compõem novos mercados de nicho de qualidade superior.  Na região do Sul da Bahia,  um grupo de produtores e de empreendedores rurais de cacau se organizaram e coordenaram ações coletivas para atender às novas demandas de mercado de cacau-chocolate. A estratégia de diferenciação, em contraposição da histórica produção de cacau commodity, foi estimulada pelos preços superiores do mercado mundial e resultou em melhoria de renda, e uma integração da produção para frente pelo valor adicionado á amêndoa. Então, além do histórico cacau commodity da região a oferta do mercado dispôs de novos tipos de cacau de qualidade superior: fino, orgânico, de origem e sustentável ou agroecológico. Essas novas qualidades sob o enfoque da sociologia econômica pressupõem o ato de qualificar, interação entre o produto e o critério pelo qual ele é julgado (Champredonde, 2016). Também envolve uma mobilização de atores e recursos, em seus aspectos sociais, econômicas e institucionais; todavia mais do que predominar o livre jogo da oferta e demanda nos mercados de qualidade e singularidades, o que há por trás é uma construção social. O presente artigo pretende descrever a evolução no tempo deste fenômeno da região sul da Bahia, observando três níveis de estudo: 1) produção rural do cacau de qualidade superior e a relação entre o tradicional e a inovação; 2)  identificação de ações de reorganização e de coordenação entre os atores e 3) uma remoçada relação com o território do cacau. A descrição desse complexo processo de construção de qualidade superior do cacau e feita através das noções da sociologia econômica e economia das singularidades. O método aplicado foi a análise documental, a revisão de bibliografia e incluso aplicação de questionários a lideranças  e órgãos institucionais que integram a economia da qualidade do cacau-chocolate da região Sul da Bahia. Os primeiros resultados mostram a importância das regras, mensuração e normas como as barreiras de entrada e limites do mercado, e na esfera da ação coletiva no território, identificou-se a capacidade de institucionalizar o processo de qualificação do cacau, e ainda a presencia de certas sinergias entre a mobilização de recursos e atores e políticas públicas, e finalmente a identificação de redes de cooperação técnico-produtiva, sobretudo para o particular caso do cacau de origem. 

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia examina los diferentes planos de actuación de los movimientos sociales latinoamericanos frente a la pandemia de Covid-19: las protestas en las calles, el trabajo comunitario-territorial y la disputa de sentidos. En primer lugar, se analizan las características principales de las protestas, tanto aquellas más reactivas y puntuales contra la gestión ineficiente de la crisis sanitaria como aquellas de ´impugnación total`, que se expresaron en varios países en el formato de estallidos.  En segundo lugar, se examina la proliferación de una serie de iniciativas ciudadanas y redes de cuidado, solidaridad y apoyo mutuo. En particular, se trata de comprender cómo desde los barrios y las comunidades se buscó, en carácter de emergencia, dar respuestas prácticas a necesidades diversas de la población, incluyendo el hambre y la salud. Por fin, los movimientos sociales también desplegaron una serie de marcos discursivos e interpretativos que trataron de disputar los sentidos sobre cómo generar alternativas y transiciones justas en el mundo postpandémico, desafiando las voces que abogaban por una vuelta a la normalidad o por un supuesto cambio de rumbo cosmético. Al discutir este plano de actuación de los movimientos sociales latinoamericanos, se trata de visualizar el plano de las alternativas no sólo de corto plazo, sino también de medio y largo plazo. Aunque la ponencia tiene una ambición fundamentalmente teórica, está anclada empíricamente principalmente en el trabajo de mapeo y sistematización realizado por el Observatorio de Movimientos Sociales de America Latina, realizado en el Núcleo de Estudios de Teoría Social y America Latina (NETSAL) del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (IESP-UERJ).

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia ofrece un análisis de las entrevistas en profundidad realizadas a mujeres trabajadoras en el ámbito de quintas y cortaderos de ladrillos en el periurbano de las ciudades de Villa María y Villa Nueva en la provincia de Córdoba, Argentina. El trabajo de campo se realizó hasta el año 2019 y se ha retomado con posterioridad a las medidas de aislamientos social a raíz de la pandemia de COVID 19.En estos espacios se han consolidado la residencia de familias que provienen del Estado Plurinacional de Bolivia. En general, la persistencia laboral en determinadas actividades está relacionada con la dinámica que han asumido sus redes sociales y la organización de la unidad doméstica en términos reproductivos y productivos. Desde perspectivas de género que se ubican en la línea del feminismo decolonial, indagamos en los imaginarios laborales que construyen las mujeres en estos espacios de vida y trabajo, recuperando de las narraciones biográficas, los elementos personales, culturales y generacionales que sobresalen en sus prácticas individuales y aquellas que se tornan generalizables. Epistemológica, teórica y metodológicamente nos amparamos en las perspectivas de género que se ubican en la línea del feminismo decolonial. Corpus teórico, necesario, para interpelar la posición naturalizada de estas mujeres, dando cuenta de los condicionamientos generados por las configuraciones del devenir global que mantiene el patrón patriarcal y colonial de inicio. 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo del presente documento es analizar las condiciones laborales del mercado laboral de la Zona Metropolitana de Pachuca considerando como punta de análisis el Censo de Población y Vivienda del año 2020. Se pretende conocer el comportamiento de la población ocupada en los municipios de la Zona Metropolitana, así como saber si laboran dentro de los municipios centrales. Así mismo, esta pretensión analítica se establece en relación de las variables como acceso a servicios de salud, prestaciones económicas como son la pensión y jubilación.Se parte de la hipótesis de que el mercado laboral en la Zona Metropolitana de Pachuca carece de prestaciones sociales y económicas, además de que existe una concentración del empleo en Pachuca y Mineral de la Reforma, además de que su falta de calificación influye directamente en la remuneración percibida.

Resumen de la Ponencia:

El presente documento da cuenta del análisis del embarazo adolescente en Almoloya, uno de los municipios del estado de Hidalgo con más alta tasa  de embarazo, para ello se realizó a través de los datos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda 2020 un análisis. Así mismo a través del trabajo cualitativo mediante entrevistas se pudo profundizar y conocer cuales son sus principales atenuantes. Para ello, se estableció un diálogo directo con las instancias municipales de la localidad. A través de la técnica de grupos focales.Almoloya es uno de los municipios del estado de Hidalgo con más alta tasa de fecundidad adolescente, mismo que permite reflexionar y debatir en cuanto a los retos que se tienen que atender en el municipio en cuanto esta problemática, en la cual influyen  diversos factores.

Resumen de la Ponencia:

La Pandemia por COVID 19 durante los años 2020 y 2021 trajo importantes consecuencias en diferentes estratos de la vida social: la economía, política, el sistema de salud, la educación, las violencias y la cultura. La configuración de la vida social y la vida cotidiana se vio interrumpida y con necesidad de urgencia de ser modificada. Las diferentes políticas estatales y gubernamentales de aislamientos sociales, preventivos y obligatorios con fuertes restricciones en la posibilidad de generar encuentros entre personas derivó en una serie de modificación de las prácticas culturales de manera radical.En este sentido, el trabajo en el campo de quienes nos encontramos en el ámbito educativo, cultural y artístico requirió un debate y una reflexión para poder llevar adelante las prácticas modificatorias de nuestra vida ligada al encuentro con las personas, con las obras de arte, con los espacios de interrelación. Al no haber atravesado una pandemia con estas características y con tal desconocimiento en lo que iba a pasar, que no tuvimos otra opción que replantear este presente sinuoso para la educación, el arte y la cultura. Esta exploración que presentamos hace referencia a una serie de preguntas que quedaron y continúan en nuestro imaginario cotidiano hoy en día que ya hemos podido volver a habitar Universidades, museos, galerías, cines o salas de concierto: ¿de qué manera se modificaron las prácticas educativas en ámbitos ligados al arte y la cultura durante la Pandemia por COVID 19?¿cuáles fueron las estrategias de inserción y de encuentro con las aulas escolares o universitarias o las instituciones artísticas?¿cómo se reconfiguraron las prácticas de lxs artistas en un contexto en el que la cultura y el arte entraban en emergencia sanitaria (y económica)?La Pandemia por COVID 19, en Argentina, y en el mundo, constituyó un cambio de paradigmas en muchos espacios de la vida social y la vida cotidiana. Este estudio se propone rastrear de qué manera se pudo “politizar el hogar” para poder “seguir haciendo, creando” y cómo se pudo sortear la reinvención de ese mundo y esa temporalidad en excepción. Preguntas en torno a la transformación del miedo, qué estamos siendo cómo mundo y que nos proponemos cambiar para mejorarlo.

Justificación del Panel:

Este painel tem como proposta a apresentação de pesquisas desenvolvidas no Projeto de Pesquisa Ações Afirmativas na América Latina que desenvolvemos desde de 2020.  O projeto envolve a revisão dos estudos sobre relações raciais e desigualdades de raça em diferentes países da América Latina, com foco nas populações afrodescendentes e nas hierarquias raciais. A perspectiva de análise compreende que os processos de acesso desigual a bens materiais e simbólicos afetam os diferentes países, com aspectos comuns como a hegemonia branca instada nas posições de poder e também com diversas particularidades em cada contexto social. Neste painel a discussão proposta é sobre a constituição da hegemonia branca em diferentes países da América Latina;  as respostas e demandas dos movimentos negros nos respectivos países; as políticas afirmativas adotadas em cada um dos países.

Resumen de la Ponencia:

Esta investigación busca resaltar los cambios y modificaciones en las fases del proceso migratorio en y a través de México. La situación de violencia generalizada en gran parte del territorio marca estas transformaciones, así como la desmejora de la situación de los migrantes en tránsito. Estas transformaciones en todas las fases del proceso migratorio están articuladas a circunstancias de violencia, pero ¿cuáles son las violencias viejas y nuevas que afectan a los migrantes?, ¿qué las diferencia? Es posible que las violencias, tanto en el lugar de salida como en tránsito, tengan relación con el aumento en las solicitudes de refugio, por ello, ¿cómo se articulan las violencias con las solicitudes de refugio? A partir de una búsqueda bibliográfica, hemerográfica y una revisión de bases de datos oficiales se analiza la transformación de las migraciones conteporáneas en México a partir de tres aspectos: 1) la evolución de la política migratoria México- Estados Unidos; 2) el impacto de las violencias en la población migrante -propias de los contextos de origen, tránsito y destino-; 3) el incremento de las solicitudes de refugio que convierten a México en un país de destino y ya no solo de tránsito -con todas las implicaciones, observaciones y retos que implica esta transformación-. El trabajo de campo se realizó en tres ciudades de México —Tijuana, Tapachula y Ciudad de México—, definidas por su ubicación en el marco de las rutas migratorias: Tapachula, en el estado fronterizo de Chiapas, como principal zona de entrada de migrantes en la frontera sur; Tijuana, por representar la ciudad donde se concentra la mayor cantidad de migrantes y solicitantes de refugio en la frontera norte; y la Ciudad de México por representar un cambio en la ruta migratoria, ya que anteriormente no era una ciudad de amplia presencia de población migrante en tránsito. Los flujos actuales han modificado el proceso migratorio en conjunto: rutas, estrategias de paso —muchos no cuentan con apoyos desde Estados Unidos—, se topan con mayores obstáculos —crimen organizado, tratantes, contrabando, mayor control migratorio, seguridad pública— y las razones para salir tienen mayor relación con una huida por cuestiones de seguridad que con factores únicamente económicos, son víctimas de una vulnerabilidad estructural que repercute en su día a día. Esta situación entorpece la planeación y, por tanto, el proceso migratorio puede tener un grado mayor de vulnerabilidad que ha modificado la meta: muchos deciden quedarse en México. Este es un giro que no solamente impacta a los propios migrantes y sus familias, sino también a México, que hasta ahora no había sido destino mayoritario de migración. 

Resumen de la Ponencia:

En la realidad de los países latinoamericanos productores y exportadores de drogas, como México, Bolivia, Perú, Colombia y Brasil, las mujeres en situación de desempleo e informalidad trabajan en este nicho en gran medida como “transportistas”. En esta actividad laboral informal e ilícita, realizan la tarea de transporte de drogas, en gran parte con destino a los centros penitenciarios y pequeños comerciantes locales y/o regionales. Son los más vulnerables desde el punto de vista económico y legal, pues además de la baja remuneración por este trabajo, corren mayor riesgo de ser detenidos y vigilados por la policía. Eso explica el aumento exponencial de mujeres encarceladas entre 2006-2016 en Brasil, período de aprobación de la Ley nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, en la que uno de los propósitos es intensificar la política de guerra contra las drogas en los espacios periféricos del país. (DUARTE, 2019). En cuanto al rol de la mujer en el mercado minorista de drogas, uno de los factores de entrada se refiere a la posibilidad de continuar ejerciendo el cuidado doméstico, manteniendo así el rol social asignado al sexo/género, así como manteniendo el cuidado en todas sus vertientes. Estas mujeres, a diferencia de los hombres, mantienen una relación protectora en el manejo del hogar, incursionando en el mercado de la droga, casi exclusivamente por razones materiales, para brindarles a sus hijos y a ellas mismas un mejor acceso a vivienda, alimentación y poder adquisitivo. Tanto es así que el dinero que ganan trabajando en el narcotráfico lo invierten dentro de la familia. Esto también explica por qué las mujeres en el mercado de la droga no ascienden socialmente como lo hacen los hombres, pues, al igual que en el mundo del trabajo formal y legal, son ellas las encargadas de poner sus ingresos a disposición de la familia. Para las mujeres detenidas por el delito de narcotráfico, este mercado se presenta como un trabajo de mayor remuneración e implica menos desplazamiento, en comparación con el mercado laboral formal (con un promedio de desplazamientos que varía de 2h a 4h diarias) y/o legales informales. El narcotráfico refuerza la idea del trabajo doméstico apropiándose de él. Basta observar que la actuación de estas mujeres está involucrada en la posibilidad de compaginar la actividad doméstica con la venta de drogas en el ámbito privado. El ingreso de las mujeres a la trata se da por la ausencia de un trabajo formal y seguro. La ausencia del Estado de Bienestar ha implicado el mayor poder del Estado penal y, en consecuencia, su rostro punitivo y criminalizador.

Resumen de la Ponencia:

A partir de los años noventa del siglo pasado comenzaron a surgir nuevos conceptos en la salud publica en todo el mundo, como la búsqueda por la atención de las expectativas de los usuarios, la calidad en los servicios de salud y los problemas de rezago. En respuesta, México comenzó a adoptar criterios internacionales en salud e implementar instrumentos normativos para evolucionar en temas sanitarios.    Derivado del problema de rezago y cobertura, en 2003 se crea el Seguro Popular brazo operativo del Sistema de Protección Social en Salud incorporado en la constitución mexicana. Para 2018 el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de afiliados. En 2019 se interrumpe la actividad del Seguro Popular con la creación del INSABI. El INSABI es una institución centralizada prestadora de servicios de salud, y la cual sustituirá a los Servicios Estatales de Salud, los cuales son los responsables de la atención de los servicios de salud de la población sin seguridad social en las 32 entidades federativas del país. El objetivo general es: 1.         Analizar la implementación de la política sanitaria de México para la población indígena maya sin seguridad social de 2003 al 2018.Mientras que los objetivos específicos son:1.         Identificar los principales actores políticos del proceso de implementación del Seguro Popular.2.         Clasificar la composición de fuerzas políticas de los principales actores políticos relevantes en el proceso de implementación del INSABI3.         Determinar ‐conceptualmente‐ el grado de participación del colectivo indígena maya en el proceso de formulación e implementación del Seguro Popular.La metodología cualitativa y el método para el desarrollo de esta investigación, es el estudio de caso. La información se obtiene mediante entrevistas elite con aquellos actores políticos clave en salud encargados de tomar las decisiones en las políticas sanitarias a nivel local. De las fuentes secundarias, se obtendrá de indicadores y encuestas de salud de igual, forma se hará una revisión de la normatividad que incluyen la reglamentación inherente al Seguro Popular, la Ley General de Salud y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Existe una laguna de conocimientos en torno a la implementación del Seguro Popular, por ende, será un aporte relevante al conocimiento en torno al tema.

Resumen de la Ponencia:

En 1885, Japón, incapaz de emplear a su población remanente producto de la deflación, se vio forzado a recurrir a la migración a ultramar, específicamente hacia las Américas. Cien años después, a finales de la década de los noventa del siglo XX, su desesperada búsqueda de mano de obra confiable si bien no calificada, llevó al país asiático a abrir sus puertas a los descendientes de aquellos migrantes y, muy pronto, en una suerte de boomerang, se desencadenó un casi violento aumento en la peregrinación de nikkeijin[1] latinoamericanos a Japón. 

A pesar de que, en los albores de esta explosión migratoria a Japón, a comienzos de la década de 1990 predominaba una narrativa que confería importancia a los vínculos de sangre con el país asiático, a partir de finales del siglo XX se hizo evidente la dificultad de apuntalar esta categoría. Las fronteras étnicas -de clase o nacionalidad- se hacen cada vez más difusas y la experiencia dekasegui requiere de historias alternativas. Al día de hoy, la ciudadanía japonesa continúa inmersa en un acalorado debate sobre la inserción de los extranjeros en la sociedad. En abril de 2009, y esta vez a causa de la inflación, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, en un intento por paliar el aumento del desempleo entre los trabajadores latinoamericanos, lanzó un programa de ayuda a la repatriación de nikkeijin,  

Es sabido que, por lo general, los inmigrantes tienen una probabilidad siete veces mayor a la del resto de la población de sufrir trastornos depresivos, debido en buena medida a la sensación de derrota social, hecho que aumenta el riesgo de padecer trastornos mentales. En el caso de Japón, y de acuerdo con la Dra. Ukawa Kō,[2] profesora asociada de la Universidad Taishō y directora de la Asociación Japonesa de Psiquiatría Transcultural, los especialistas de esta última facilitan a los extranjeros el acceso a la atención médica mediante campañas de educación, denominadas apoyo psicológico.

Ante el aumento en la tasa de suicidios en Japón, en febrero del 2021 se hizo necesaria la fundación de un Ministerio de la Soledad, con el propósito de enfrentar la tristeza ocasionada por la pandemia, y que supuso, amén del gran desafío a la productividad de los japoneses a través de las exigencias del trabajo en línea, el agravado estado anímico de todos los individuos, migrantes incluidos. 

[1] Descendientes de japoneses nacidos en otras tierras.

[2] Ukawa Kō se especializa en Antropología Cultural. Sus investigaciones se centran en los problemas relacionados con el embarazo, el alumbramiento y la crianza de los hijos de las refugiadas vietnamitas.

Introducción:

La llegada masiva de trabajadores extranjeros a Japón efectivamente tuvo lugar a partir de la reforma de la Ley de Migraciones de 1989 (oficialmente 1990), como consecuencia de una aguda escasez de mano de obra en el sector manufacturero desde finales de los ochenta. El trabajo en las fábricas resultaba para los jóvenes japoneses: Kitanai, Kiken y Kitsui, refrito del inglés en el que sus contrapartes estadounidenses expresaban no querer hacer más un trabajo: Dirty, Dangerous y Difficult, pero para el que los nacionales iraníes, amén de los chinos, filipinos, coreanos, pakistaníes y demás ciudadanos del mundo no resultaron ser una solución viable. Ya en octubre de 1990, esta carencia había provocado que cincuenta y una empresas japonesas se declararan en bancarrota,[1] lo que dio pie a que, a lo largo del segundo semestre del mismo año, entre treinta y cincuenta mil hombres y mujeres latinoamericanos de ascendencia japonesa, atraídos por los altos salarios que habían sido establecidos especialmente para ellos, llegaran a Japón para trabajar.

Hoy la población de más de sesenta cinco años más numerosa del mundo, ciudades densamente pobladas y, hoy todavía, un muy alto índice de consumo de tabaco, hacen a los japoneses especialmente vulnerables a la pandemia por Covid-19 y, sin embargo, las noticias publicadas no reflejan mayores consecuencias frente a esta situación…

“La migración seguirá siendo importante para el crecimiento económico y la innovación, así como para responder a los mercados laborales rápidamente cambiantes”, declaró el entonces Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, al presentar el informe con la comisaria europea para Asuntos Internos Ylva Johansson. “Tenemos que evitar el retroceso en el tema”.

La emergencia por la pandemia ha visibilizado vulnerabilidades estructurales preexistentes, creando -a la vez- vulnerabilidades específicas emergentes de la nueva situación, una situación disruptiva que genera altos niveles de estrés individual y colectivo. Para muchas personas ha implicado, asimismo, una situación trágica a causa de las pérdidas que han debido afrontar: pérdida de seres queridos, de la salud, de la vivienda, de bienes, o del empleo.

Algunas de las consecuencias han sido el surgimiento de manifestaciones emocionales como angustia, desconfianza, ansiedad, temor al contagio, enojo, irritabilidad, sensación de indefensión frente a la incertidumbre y la impotencia. Y han surgido también expresiones de discriminación y estigma frente a las personas diagnosticadas con COVID-19, enfermedad que como se sabe es transmisible, nueva y desconocida.

Los trabajadores migrantes han estado en la primera línea de la crisis. Representan un gran porcentaje de la fuerza laboral de salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, uno/a de cada cuatro son doctores en Medicina y uno/a de cada seis, enfermeros/as. En muchos países de la OCDE los inmigrantes conforman más de un tercio de la fuerza laboral en otros sectores clave, como el transporte, la limpieza, la elaboración de alimentos y los servicios de TI (cualquier recurso digital o electrónico -de software o hardware- que la organización ponga a disposición de los usuarios para aprovechar sus grandes beneficios). 

Cierto, los migrantes están muy expuestos a los impactos de la pandemia sobre la salud, por su trabajo en la primera línea durante la enfermedad, pero también a vulnerabilidades relacionadas con, por ejemplo, las condiciones de vivienda y pobreza.

La realidad es que los trabajadores migrantes no sólo perdieron sus empleos durante la pandemia, sino que fueron excluidos de las redes de seguridad social y se enfrentaron a la estigmatización y la discriminación tanto en el extranjero como de vuelta al terruño. Algunos gobiernos afirmaron que la ayuda a los trabajadores migrantes era responsabilidad de sus países de origen. Cuando en algunos casos las autoridades brindaron ayuda alimentaria, asomaron reacciones xenófobas en las redes sociales. Lo sabemos bien en México.

Gran parte de los avances de la década pasada en cuanto a tasas de empleo entre los inmigrantes han desaparecido por la pandemia. En todos los países con información disponible, el desempleo de los inmigrantes aumentó más que entre sus pares nativos.

 

[1] Cinco veces las de enero y octubre de 1988.

Desarrollo:

El Sistema de Salud japonés

De acuerdo con el Sistema de Salud japonés, el seguro de salud es obligatorio para sus residentes. Existen ocho sistemas de seguro de salud en Japón con unas 3.500 compañías aseguradoras, y el Sistema se divide en dos grandes estamentos: El Seguro Nacional de Salud para los trabajadores independientes y los estudiantes. El seguro social es habitualmente para los empleados corporativos.

Los hospitales son tanto públicos como privados y los pacientes pueden acceder al de su preferencia sin restricciones; el acceso es universal. Japón tiene costos en salud más bajos que el promedio de la OCDE. Existen tres veces más hospitales per cápita que en Estados Unidos. Por cada mil habitantes el número de camas hospitalarias es de 8,1. El paciente promedio visita al médico trece veces por año, lo que significa más del doble del promedio de los países de la OCDE.

Parece entonces que no hay mucho qué censurar a Japón en cuanto a calidad y resultados, habida cuenta de su: 

Mejor sobrevida de cáncer gástrico entre los países industrializados Mejor sobrevida de enfermedad renal crónica entre la OCDE (11) Mejor sistema de terapia dialítica entre la OCDE (11) Esperanza de vida promedio de ochenta y tres años

En breve, que la participación de los gastos en salud dentro del producto interno bruto de Japón sigue por encima del 10.9 por ciento. Entonces, ¿por qué los inmigrantes -nikkeijin o no- forman parte de la marginación social? La emergencia por la pandemia ha visibilizado vulnerabilidades estructurales preexistentes, creando -a la vez- vulnerabilidades específicas emergentes de la nueva situación, una situación disruptiva que genera altos niveles de estrés individual y colectivo.

 

Acciones tomadas por el Gobierno de Japón, incluido el Ministerio del Exterior 

En enero de 2020, el Gobierno de Japón creó la “Oficina de Asistencia contra los Contagios del Nuevo Coronavirus” para trabajar íntegramente contra la pandemia. A partir de entonces, el gobierno, en estrecha coordinación con los órganos gubernamentales involucrados en esta tarea, ha intensificado el control fronterizo, ha apoyado la repatriación de los ciudadanos residentes en el extranjero y de la tripulación y turistas de cruceros, etcétera. En marzo, el entonces primer ministro Abe Shinzō (recientemente asesinado de un tiro en la ciudad de Nara) y el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, alcanzaron el acuerdo para aplazar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, con los resultados que hoy todos conocemos. 

Ante la propagación del coronavirus, el gobierno decretó el estado de emergencia en abril (que fue levantado al mes siguiente). Medida mediante la que el gobierno solicitaba a sus ciudadanos que permanecieran en casa, excepto en casos necesarios y urgentes, así como el cierre de las escuelas, la reducción del horario de apertura de locales comerciales, la suspensión del uso de instalaciones recreativas, etcétera. Sin embargo, para minimizar el impacto negativo en la sociedad y la economía, estas medidas basadas en el estado de emergencia eran una “solicitud”, por lo que no se contemplaba la prohibición de salir de casa ni sanciones a los infractores, lo cual era una situación diferente del confinamiento de ciudades que aplicado en la mayoría de los países de Europa y Estados Unidos. 

Paralelamente, el Consejo de Ministros aprobó en el mismo mes un paquete de medidas económicas internas urgentes orientadas a combatir la pandemia, que buscaban el mantenimiento del empleo y de las actividades empresariales y la reactivación de las actividades económicas, así como de cooperación internacional, como el apoyo a los países en desarrollo y el fomento del desarrollo de la medicina y las vacunas contra el COVID-19 etcétera. Y ya en diciembre aprobó otras medidas económicas integrales que incluyen la cooperación internacional con vistas al fin de la pandemia. 

El hecho es que el Gobierno de Japón ha introducido una amplia variedad de medidas contra la pandemia. Sin embargo, ante una nueva ola del COVID-19 que tuvo lugar desde noviembre de 2020, especialmente en Tokio, nuevamente fue decretado el estado de emergencia en enero de 2021 para Osaka, Kioto y otras ocho prefecturas además de Tokio (regiones todas en las que en marzo fue levantado). Cabe destacar que se modificó la legislación pertinente el mes de febrero para poder penalizar a los hosteleros que se negasen a ejecutar la orden oficial de reducir el horario comercial o cerrar sus locales, así como a quienes se opusieran a hospitalizarse pese a la recomendación al respecto.

Concretamente, su Libro Azul Diplomático 2021, cita las siguientes tareas:

Acción orientada a reforzar las medidas contra el COVID-19 a nivel mundial

Liderazgo en la coordinación internacional con vistas al desarrollo y la compra de vacunas además de la atención médica.

Ayuda a los países en desarrollo

Ayuda a la lucha contra las enfermedades contagiosas y fortalecimiento del sistema de salud y atención médica de los países en desarrollo.

Apoyo al mantenimiento, la reactivación y la resiliencia de las actividades económicas de los países en desarrollo.

Asimismo, Japón ha puesto en marcha mecanismos de cooperación financiera reembolsable con carácter urgente contra la crisis pandémica por un máximo de 500.000 millones de yenes concedidos durante dos años -desde abril de 2020 hasta marzo de 2022- a los países en desarrollo de la región Asia-Pacífico entre otros, con los que Japón guarda una estrecha relación económica, concretamente a Filipinas, Indonesia, India y además de otros países (50.000 millones de yenes a cada uno). Este préstamo tiene como objetivo financiarlos, de modo que puedan introducir medidas económicas de forma flexible para combatir la crisis. Los créditos en yenes tendrán condiciones favorables para los países beneficiarios, como bajos intereses (0.01 por ciento) o préstamo desvinculado, lo cual contribuye al mantenimiento y la reactivación de la económica de los países en desarrollo de la región que se vieran afectados gravemente por el COVID-19.

En cuanto a la Salud internacional, el gobierno japonés afirma que el sector sanitario es sumamente importante porque la salud “protege” a la persona y “hace florecer su capacidad”; se trata, dice, de una interpretación de la seguridad humana. Bajo la promesa de “no dejar a nadie atrás” y para promover la “cobertura universal de salud”, Japón ha trabajado en colaboración con otros países y organismos internacionales y cosechado grandes avances en materias como la lucha contra enfermedades infecciosas, la salud materno-infantil y la mejora de la nutrición. En plena propagación del COVID-19, Japón ofrece servicios de salud y asistencia médica contra el coronavirus a los países en desarrollo y apoya la construcción de un centro de salud contra enfermedades infecciosas de la ANSEA (Asociación de Naciones del Sureste Asiático), de modo que -a mediano y largo plazo- se establezca un mecanismo de atención médica y sanitaria fuerte, inclusivo y de calidad. Igualmente, impulsó esfuerzos a nivel global para mejorar la nutrición con vistas a la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento, que fuera celebrada en Tokio el mes de mayo de 2021.

 

Principales efectos económicos de la migración laboral

Haciendo a un lado el tema de la xenofobia japonesa, hay que tener presente que muchos países con economías avanzadas enfrentan problemas en el mantenimiento de sus respectivos sistemas de pensiones debido a que los cambios en la estructura de los mercados laborales y la globalización financiera les han dificultado la cimentación de una base consistente así como contribuciones suficientes para los sistemas de pensiones (Bonoli, 2003) Otro importante motivo de apremio sobre los programas de pensiones ha sido el envejecimiento de la población, que agrava la crisis de las pensiones al alterar el radio entre contribuyentes y recipientes en los distintos programas (Schludi, 2005). Como respuesta, muchos países han modificado sus sistemas de pensiones y/o disminuido los gastos que éstas ocasionan.

En lo que hace a la migración internacional y los sistemas públicos de pensiones, sucede que, en la gran mayoría de los países desarrollados, los migrantes suelen ser más jóvenes que la población nativa. Una de las razones de ello es que la edad avanzada desalienta la migración: la gente mayor es disuadida de migrar debido a que el periodo en el que puede aspirar a un ingreso mayor en el país receptor es breve. Por otra parte, es a causa de que la mayoría de los trabajadores migrantes son jóvenes que reciben menos beneficios, es decir, a pesar de pagar más de lo que reciben por el sistema de pensiones, quienes se benefician con este flujo migratorio son los pensionados.

            Estudios subsecuentes simulan modelos matemáticos usando estadísticas, así como efectos de la migración cuantificada sobre sistemas de pensiones. No obstante que las estimaciones específicas varían con los estudios dependiendo de los métodos, los modelos y las consideraciones hechas, la mayoría de estos estudios arrojan efectos migratorios positivos sobre los sistemas de pensiones (Bongaarts, 2003; Dang, Antolin, & Oxley, 2001; Lee & Miller, 2000).

Es sabido que las poblaciones de los países industrializados son considerablemente viejas, hecho que representa una de las razones que aumentan la presión sobre las pensiones públicas que tratan de aumentar las tasas de fertilidad para mitigar el envejecimiento de su población y reformar sus sistemas de beneficencia. En adición a estas políticas, algunos países se dan cuenta de que estos sistemas son capaces de beneficiar desde el flujo de migrantes mientras que mantienen niveles apropiados para la inmigración.

Así, abreviando los temas que atañen a un pacto intergeneracional, la redistribución y la reforma de las pensiones, habría que señalar que las consecuencias de incrementar la presión fiscal de manera progresiva, destinando una mayor porción de la renta disponible a las pensiones, implican una redistribución desde las capas más jóvenes hacia las más ancianas de la sociedad, desequilibrando el pacto intergeneracional a favor de estos últimos (y por supuesto cuando los actuales jóvenes llegasen a su edad de jubilación exigirían igual pago). 

En suma, el cambio demográfico previsto resulta tan brusco que el incremento en la presión fiscal necesario sería enorme; el precio para la economía saldría demasiado alto.

Se sabe también que otra posible cuantificación sería la edad de jubilación; pero como ésta no es el caso de Japón, que por lo visto hasta el día de hoy no parece desear que los trabajadores inmigrantes -nikkeijin o no- permanezcan en el país, no se toca aquí.

Lo cierto es que los ciudadanos del mundo hoy todavía asumen que, si pagan sus impuestos, en el futuro recibirán una pensión igual o más o menos parecida a su salario, aunque no hay nada que les garantice que así será. Sin embargo, si las expectativas comienzan a deteriorarse de manera clara debido a las malas perspectivas económicas y demográficas, esta confianza puede erosionarse. Es decir que, si los costos de cooperación no están claros, cooperar puede dejar de ser una idea tan fantástica.

            La única forma totalmente segura de evitar que se rompa el pacto de cooperación entre generaciones es rompiéndolo ante los propios ciudadanos, lo que significa pasar de un sistema tipo PAYG a otro basado en fondos individuales, en los que cada individuo se dedica a ahorrar hasta llegada su jubilación y el Estado -o una entidad privada- se encarga de que estos ahorros no pierdan valor por la inflación, o incluso se revaloricen, a través de inversiones. Obviamente, los costos en términos de igualdad de esta reforma son enormes al reproducir totalmente la distribución de riqueza en la vida laboral. Además, rompe el mecanismo de compartir riesgo ante shocks que implica tener un sistema del tipo PAYG: cada uno estaría, de nuevo, más solo ante el peligro. No parece, por tanto, una reforma deseable.

 

Algunas precisiones convenientes.

Si bien todo parece indicar que la movilidad no volverá a sus niveles anteriores en el corto plazo, debido a los recortes en la demanda de mano de obra, a las constantes y severas restricciones para viajar y al uso generalizado del trabajo a distancia entre los trabajadores altamente calificados, amén del aprendizaje a distancia por parte de los estudiantes, la reanudación de la  migración será un factor importante para impulsar la recuperación tras la pandemia, si la movilidad humana sigue siendo segura e integradora, y respeta los derechos humanos y las normas laborales internacionales. 

No obstante, convertir la migración en un factor de desarrollo sostenible requiere que los gobiernos, los empresarios, los sindicatos y otras partes interesadas promuevan la integración socioeconómica de los migrantes como una prioridad. La integración empodera a los migrantes al fomentar su inclusión sostenible y su contribución a las economías locales. Para alcanzar una restauración vigorosa y efectivamente incluyente, será imprescindible la adecuada formulación de políticas de migración e integración.

Tal como han señalado Martha Newton, Directora General Adjunta de Políticas de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y Asako Okai, Directora de la Oficina de Crisis del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo): “a medida que salimos de la pandemia de la COVID-19, trabajar por la inclusión de los migrantes, hacer que la migración sea más segura, más ordenada y más regular, promover la cohesión social y lograr la integración evitará que otras crisis tengan efectos adversos similares. La recuperación nos ofrece una opción: volver a lo de siempre o hacer que la migración funcione para todos”.[1]

Lo cierto es que la inmigración ha sido no sólo objeto de regulación y control, sino frecuentemente de restricción e incluso de persecución y estigmatización. En sentido contrario al reconocimiento del derecho a emigrar, como condición inherente al principio de libertad de tránsito, la internación de nacionales de otros países se enfrenta a la prevalencia del derecho del estado receptor por encima del derecho individual.Ya desde largo tiempo atrás, Alba señalaba: "la emigración se considera un derecho humano; la inmigración no" (Alba, 1992:7).[2]

La movilidad territorial de la población, en su sentido amplio, es un fenómeno que ha estado presente en todos los estadios de la historia de la humanidad. Sin embargo, sus expresiones (composición, magnitudes, direccionalidad, motivaciones y alcances) han diferido en los desiguales contextos en que se han desarrollado. En tanto procesos sociales, las migraciones están inmersas en la dinámica y el comportamiento de los distintos actores en una coyuntura dada; ello determina que su apreciación y tratamiento están permeados por la óptica que cada uno de ellos posee respecto del fenómeno.

Las poblaciones migrantes constituyen grupos altamente vulnerables en cuanto a la vigencia de sus derechos fundamentales. Algunas razones para sustentar tal afirmación tienen que ver con sus características y perfiles más generales. Si bien es cierto que la desigualdad social es uno de los factores determinantes de la movilidad actual, también existen evidencias de que las poblaciones migrantes casi nunca son las más pobres; si bien está demostrado que no son los más pobres los que constituyen los contingentes mayoritarios dentro de la migración, el auge de los niveles de pobreza sí refleja procesos de depauperación de amplias capas de la población que incorporan nuevos grupos sociales a los flujos migratorios. Dos razones para ello son: 1) que la migración tiene un costo económico que es preciso sufragar individual o familiarmente; y 2), que los mercados laborales demandantes, a su vez, tienen algún grado de selectividad. No obstante, su inserción social y laboral ocurre casi siempre en circunstancias desventajosas para ellos.

 

[1] Organización Internacional del Trabajo (OIT)

[2] Francisco Alba, “Dilemas globales de la migración internacional”, Centro de Estudios Demográficos, Vol. 8, Núm. 2, El Colegio de México, mayo-agosto de 1993.

Conclusiones:

El dilema de las políticas migratorias: ¿soberanía o derechos humanos?

Se reconoce que la mayoría de los movimientos poblacionales del mundo contemporáneo obedecen a motivaciones vinculadas con las condiciones materiales de vida. la agudización de las desigualdades sociales, por un lado, y la constitución de mercados laborales como consecuencia de la expansión capitalista, por el otro, dos factores esenciales en la generación de los movimientos migratorios que caracterizan nuestra era. Sin embargo, no son los únicos y de ahí que se admita -aunque con un insuficiente conocimiento riguroso y detallado- la existencia de una gran diversidad y complejidad en la movilidad actual de la Población (United Nations Secretariat, 1994:1 y ss.).

Desde la fundación misma del Estado moderno, un elemento constitutivo de su definición incluyó la noción de jurisdicción en un territorio dado. Así, las fronteras de los estados han delimitado los alcances de su legalidad y de su actividad. Una conceptualización formal y limitada de frontera puede restringirlas a los límites territoriales de los ámbitos de la soberanía en el ejercicio del poder por parte de los Estados (Fóucher, 1986:56-58), de “Migración y Derechos Humanos”: por extensión, son los confines de la vigencia de la identidad de los pueblos, Así como de su sentido de nacionalidad (Ibid., Bustamante, 1989 -nota crítica-; Lozano R., 1990), y del ejercicio de la ciudadanía (Barbalet, 1988). 

A pesar de ello, la categorización de estos elementos de índole cultural es objeto de amplia polémica, tanto por su naturaleza subjetiva, como por el hecho de que su conformación es un proceso históricamente condicionado (Habermas, 1994). Por todo ello, las fronteras son punto de ruptura y discontinuidad entre realidades con entornos geográficos socialmente construidos, marcos de relaciones sociales y procesos históricos diferentes, producto y síntesis de dinámicas y relaciones propias de los países que dividen, pero a veces también de las regiones más amplias en las que se inscriben (Durkheim, 1986), es decir, son el punto crucial que demarca los límites entre las naciones. Son el punto de ruptura discontinuidad entre realidades con entornos geográficos socialmente construidos, marcos de relaciones sociales y procesos históricos diferentes, producto y síntesis de dinámicas y relaciones propias de los países que dividen, pero en ocasiones también de las regiones más amplias en las que se inscriben. 

Habermas asienta que una persona se convierte en migrante, en el otro en oposición al nativo en cuanto cruza la línea fronteriza que divide un Estado del otro y que en muchos casos trae consigo un cambio cultural, pero hay algo que destacar y es que las fronteras: su conformación es un proceso históricamente condicionado (Habermas, 1992).

En el Derecho Internacional “es una máxima aceptada que toda nación soberana tiene el poder, inherente a su soberanía y esencial para su auto-preservación, para prohibir la entrada de extranjeros dentro de sus dominios o para admitirlos sólo en ciertos casos y bajo algunas condiciones que pueden ser prescriptibles” (Citado en Goodwin Gill, 1989: p. 526)109.

Por todo ello, no resulta estéril hablar de la importancia de las fronteras en el contexto de las migraciones y de los derechos de las poblaciones migrantes. A las fronteras se las relaciona con las nociones mismas de nación, de nacionalidad, de ciudadanía, pero también de extranjería, de ámbito dónde ocurren con mayor intensidad las migraciones y en donde las posiciones nativistas más recalcitrantes pueden demandar las máximas expresiones de la oposición nativo / extranjero. Es allí donde se exige una defensa vigorosa de los intereses de la nación y donde se puede ejercer frente a la supuesta amenaza implícita en el otro polo de la oposición: el extranjero, el inmigrante (Bustamante, 1994).

El Estado-Nación fue fundado con el objeto de proteger y salvaguardar los derechos de los connacionales frente a sí mismos, pero en los hechos también ha desarrollado una vigorosa oposición frente “al otro”.

Manifiestamente, la ambigua identidad cultural de los nikkeijin presume un meollo de roce en una sociedad tan maliciosa acerca del concepto de "el otro" -como es la japonesa- evidentemente derivado de la mentalidad sakoku,[1] y hoy comprometida a mansalva por los hijos ynietos de su diáspora a un cambio de arquetipo que -más a la corta que a la larga- hará de Japón una sociedad multiétnica. 

Alcanzar el replanteamiento de los derechos humanos de las poblaciones migrantes representa un gran desafío. Se trata de enfrentar un fenómeno complejo cuyas raíces se remontan no sólo a las desigualdades estructurales de los países de origen, sino también a las cada vez más globalizadas, pero paradójicamente polarizadas, relaciones internacionales.

            La migración laboral se ha incorporado de diferentes maneras como parte de este proceso. Por un lado, el capital global impulsa la migración y determina sus patrones, direcciones y formas. La migración constituye un importante factor en la realización de transformaciones sociales fundamentales de las áreas tanto de origen como de destino. De manera que la migración es una parte integral de los procesos de globalización y transformación social, así como una fuerza primordial en sí misma que rediseña a las comunidades y a las sociedades; es decir, las transformaciones sociales inherentes a la globalización no sólo afectan el bienestar económico. 

 

[1] Política aislacionista seguida por el shogunato Tokugawa de 1641 (1603) a 1853-54.

Bibliografía:

ALBA, Francisco, Dilemas globales de la migración internacional, Reunión- Diálogo, Centro Tepoztlán, Tepoztlán, Morelos, México, 28 de noviembre, Mimeo, 1992.

BARBALET, Jack (1988) Emotion, social theory and social structure. A macrosociological approach. Cambridge University Press.

BONOLI, Giuliano “Two Worlds of Pension Reform in Western Europe”, Journal article Comparative Politics Vol. 35, No. 4 (Jul., 2003).

BONGAARTS, John, “Determinantes próximos de la fecundidad. Una aplicación a países latinoamericanos”. Editorial CEPAL, septiembre 2, 2003

BUSTAMANTE, Jorge A., Corona, Rodolfo; Santibáñez, Jorge (1994), “Migración internacional: los flujos migratorios de México a Estados Unidos”, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM; Coordinación de Humanidades, UNAM; Fondo de Población de las Naciones Unidas, ONU; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, publicado en Artículos y cosechado de Revistas UNAM.

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN. Migración México- Estados Unidos Continuidad y cambio. Segunda edición: septiembre de 2000.

DANG, Thai-Thang, Pablo Antolin & Howard Oxley, (2001) Fiscal Implication of Ageing. Projection of Age-Related Spending. OECD Economic Department.

DURKHEIM, Emile (2001), “El hecho social”, en Las reglas del método sociológico, Ed. FCE, México,

HABERMAS, Jürgen (1992), Facticidad y validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Trotta, Madrid, 2010.

LEE, Ronald, and Timothy Miller "Immigration, Social Security, and Broader Fiscal Impacts." American Economic Review, 2000.

LOZANO, Rafael, (2012) Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of  Disease Study, National Library of Medicine. 2010.

OECD International Migration Outlook 2021 (Panorama de la migración internacional 2021 de la OCDE, Press Release).

SCHLUDI, Martin (2005), The Reform of Bismarckian Pension Systems: A Comparison of Pension Politics in Austria, France, Germany, Italy and Sweden, Institute for Employment Research.

United Nations Secretariat, 1994.

Palabras clave:

migración, nikkeijin, pandemia, salud mental.

Resumen de la Ponencia:

En México, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia marca un escenario de ruptura en el conjunto de los sistemas educativos, particularmente en la educación de nivel superior en las regiones del sureste de México. El objetivo de la presente ponencia es analizar la relación entre las condiciones de desigualdad y el derecho humano a la educación superior a partir del análisis de algunas variables educativas, entre las que destaca tasas de cobertura, absorción, distribución de matrícula, composición de la oferta educativa, financiamiento y gasto por estudiantes, así como el papel de nuevas legislaciones en las que destaca la Nueva Ley General de Educación Superior en México que tiene el propósito garantizar la educación superior como un Derecho Humano.Para alcanzar el objetivo trazado, se problematiza la desigualdad, no como un defecto sino como una característica de modelos de desarrollo y políticas de Estado que han mostrado su obsolescencia y que han colocado a la educación superior en mayores desventajas, profundizando desigualdades históricas en términos de financiamiento durante los últimos 30 años. Para sustentar el análisis, se recupera la experiencia de Oaxaca, una entidad del sureste mexicano que sintetiza la diversidad cultural y lingüística de 16 grupos étnicos, cuyos conocimientos y formas comunitarias han sido negadas bajo un modelo educativo integracionista a la lengua y cultura nacional. Referirnos a las condiciones de Oaxaca nos lleva a dar una larga cuenta de rezagos históricos en donde existe una población rural e indígena con distintas carencias de servicios en sus viviendas, hacinamiento, bajos ingresos económicos; rezagos que se sintetizan en la identificación de comunidades con alta marginación social. El aporte de la ponencia es que podamos identificar con esta discusión asideros locales y alternativas pedagógicas en donde hay luchas acumuladas y actores que reivindican de manera contradictoria y conflictiva demandas por una educación universitaria alternativa que tenemos que reconocer e impulsar a través de nuevas legislaciones pertinentes a las necesidades de las y los estudiantes, particularmente en el marco de un contexto de pandemia prolongado y que ha reducido la movilidad social. En este sentido, hay mucho que aprender de las luchas por una educación superior que se despliegan dentro de la diversidad cultural y lingüística que configura al sureste mexicano. Procesos inacabados, contradictorios, conflictivos que intentan desarrollarse a partir de otras posibilidades de comprender y practicar una educación superior propia, vinculada a formas de organización comunitaria que permiten la posibilidad de garantizar la educación superior como Derecho Humano. La temática amerita renovar categorías de análisis para comprender las desigualdades en la educación universitaria, lejos de conceptos coloniales que siguen dominando los terrenos de las instituciones gubernamentales, de los programas y las políticas de asignaciones presupuestales en diversas partes de América Latina. 

Resumen de la Ponencia:

A partir del año 2004 en San José, capital de Costa Rica, se empezaron a implementar una serie de proyectos que buscaban la regeneración y repoblamiento de una ciudad que, hasta ese momento, había sido catalogada como “deteriorada”, “abandonada” y “desordenada”. Estas iniciativas, que tienen como base las políticas públicas del gobierno local y los proyectos privados de desarrollo inmobiliario, han utilizado la movilidad urbana sustentable como uno de sus principales discursos de legitimación, discursos que muestran un giro neoliberal de la gestión y administración de la ciudad.  La ponencia tiene por objetivo analizar los discursos de movilidad urbana sustentable como parte parte de las políticas de regeneración y repoblamiento de la ciudad de San José en los últimos 20 años, produccionedo cambios significativos no solo en la infraestructura, sino también en los imaginarios urbanos. Se parte de la hipótesis de que el gobierno nacional y local y las empresas inmobiliarias utilizan consignas alusivas a la movilidad urbana sustentable para la implementación de proyectos urbanísticos específicos que reproducen un modelo de ciudad. A nivel teórico, se parte del concepto de motilidad para comprender las disputas en la movilidad urbana a partir de los capitales económicos, sociales, culturales y simbólicos que poseen las personas y los grupos. Estas disputas provocan que existan espacios, tanto geográficos como sociales, a los cuales se puede tener acceso o no según la cantidad de capitales que se poseen. Es así como los discursos de movilidad urbana sustentable ponen en disputa la capacidad de utilizar o no estas formas de desplazamiento. La metodología parte de la construcción de un archivo que contiene las siguientes fuentes: i) documentación referente a las políticas públicas implementadas en la ciudad de San José en los últimos 20 años, ii) noticias sobre los proyectos públicos y proyectos privados de regeneración y repoblamiento urbano, iii) publicidad de proyectos inmobiliarios eferente a la movilidad urbana sustentable. Para tratar estas fuentes se realiza un análisis de contenido, en tanto estrategia de descripción, sistematización e interpretación de los contenidos manifiestos en textos e imágenes. Los hallazgos de la investigación muestran que existen una serie de proyectos tanto desde el gobierno local, como de sectores privados, que toman el discurso de la utilización de la bicicleta como uno de sus ejes primordiales para la intervención de áreas urbanas de alta plusvalía, lo que ha promovido un aumento en la inversión inmobiliaria en puntos específicos de San José. Además, la generación de espacios de consumo como paseos gastronómicos o espacios culturales, están presentes en la construcción de un modelo de barrios caminables. Estos discursos aumentan una imagen idealizada de algunos barrios, que se publicitan como espacios ideales y  seguros para el habitar dentro de la ciudad. 

Resumen de la Ponencia:

En México, los gobiernos en turno han posicionado el tema de la educación universitaria como una prioridad en las políticas y programas institucionales; por su parte, en el debate internacional se enfatiza una y otra vez que la educación es el punto de partida para lograr un desarrollo sostenible. Los diálogos y consensos de estos debates nutren la Agenda 2030, un plan estratégico de acción global que enfatiza la importancia de la educación universitaria inclusiva para erradicar desigualdades. Si bien, los avances a partir de estas legislaciones se han traducido en una mayor presencia de las mujeres en la educación universitaria, en donde han sido históricamente excluidas, encontramos que la estadística misma generaliza en los datos puesto que de manera específica persisten antiguas desigualdades entre las mujeres, cuyas asimetrías son más palpables en el caso de mujeres indígenas, pertenecientes a la población denominada “vulnerable” en mayor pobreza. Para sustentar estos planteamientos se retoman los resultados preliminares de una investigación actualmente en curso en Oaxaca, una entidad del sureste mexicano que sintetiza la diversidad cultural y lingüística de mujeres de 16 grupos étnicos. Particularmente, se retoman experiencias de mujeres indígenas que cursan alguna carrera en la universidad estatal de Oaxaca. Así, dentro de este crecimiento cuantitativo de las mujeres indígenas en la educación universitaria, ocurre ahí mismo otra cuestión menos explorada, invisible, relacionada con las condiciones de acceso y permanencia que terminan colocando a las mujeres en situaciones de mayores desigualdades, particularmente en tiempos de la actual pandemia global. 

Resumen de la Ponencia:

O propósito da discussão é relacionar as categorias violência e Direitos Humanos é compreender como os sujeitos que habitam o espaço escolar (estudantes e suas famílias, professores e direção da escola) interpretam as situações que induzem práticas de violência física e simbólica no cotidiano das escolas e como tais situações poderiam, de algum modo, se aproximar das concepções que os mesmos sujeitos formulam acerca dos Direitos Humanos. A compreensão e análise empírica dos fatores que potencializam a emergência de atos e comportamentos violentos, logo, refratários à afirmação dos DH nas escolas, será cotejada com formulações teóricas que ressaltam as múltiplas dimensões da violência e dos Direitos Humanos. A perspectiva teórico-metodológica busca, num primeiro momento, interrelacionar as categorias violência e Direitos Humanos e, num segundo momento, pensar a viabilidade de outras formas de mediação e gestão dos conflitos opostas às investidas institucionais verticalizadoras e legitimadas por pressupostos jurídico-morais culpabilizadores, individualizantes, retributivos e estigmatizantes, por entender que tais pressupostos e estratégicas instituições criam mais problemas que soluções quando confrontados com a imperatividade de defesa e promoção dos direitos humanos.  A opção por estudos com foco na violência e nos Direitos Humanos no espaço escolar chama a atenção para a necessidade de estudos e pesquisas empíricas abertas a aportes teorico-metodo1ógicos que levem em consideração as diferentes formas de saber, envolvimento e participação da comunidade escolar nos processos de compreensão e (re)significação dos temas violência e Direitos Humanos e incorporem tais saberes e práticas visando a solução pacífica dos conflitos e a melhoria da relação ensino-aprendizagem nas escolas.

Resumen de la Ponencia:

Aunque las cifras de conectividad a nivel mundial aumentan día con día, todavía son muchos los sectores sociales con pocas posibilidades de acceder plenamente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus territorios. Un intento de solucionar esta situación ha sido el diseño de políticas públicas que aumenten la cobertura, pero la mayoría de este tipo de iniciativas han fracasado. En estas políticas públicas no se considera que las soluciones de conectividad y acceso en zonas apartadas que han demostrado ser sostenibles en el tiempo son aquellas en las que las comunidades crean, mantienen, operan y gestionan sus propias redes de comunicación, de acuerdo con sus valores, principios y formas de vida.A pesar de ello, muchas personas de las propias comunidades, convencidas de los beneficios que puede traer la conectividad en sus territorios, han desarrollado un sinfín de proyectos y soluciones locales que buscan que las personas en las comunidades en donde se desarrollan cuenten con acceso a servicios de telecomunicaciones. En muchos contextos se les conoce como redes comunitarias, pero pueden también ser soluciones que no necesariamente se conformen como una red.Para que estos procesos ocurran y sean sostenibles, es necesario construir y fortalecer las capacidades técnicas, económicas, organizativas y sociales que permitan a la gente gestionar sus propias redes y proyectos de telecomunicaciones. Apuntando a este objetivo es que en 2016 surgió el programa de formación de promotores y promotoras en telecomunicaciones y radiodifusión, Techio Comunitario, que ha sido un espacio de articulación entre organizaciones, comunidades y personas para la creación de una comunidad de aprendizaje en el que las personas que desarrollan estos proyectos se acompañen entre sí.El programa cuenta actualmente con dos generaciones presenciales en México y tres ediciones híbridas para participantes de América Latina, estas últimas en colaboración directa con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Asimismo, su metodología de diseño colectivo, basada en las etapas de la Investigación-Acción Participativa (IAP), es actualmente la base para el diseño e implementación de las Escuelas Nacionales de Redes Comunitarias en África y Asia. Las claves del proceso han sido la contextualización del aprendizaje, la colectivización de las responsabilidades y el repensar a las pedagogías para adaptarlas a los modos de compartir conocimientos de las comunidades con las que se trabaja.Si bien estos procesos de formación son claves en el camino hacia la autonomía de las comunidades, por ejemplo, mediante el análisis crítico de las tecnologías a elegir para sus proyectos de comunicación, también requieren de una constante reflexión sobre los modos de construir y compartir conocimientos. Por ello, en esta ponencia se reflexionará sobre la importancia de estos procesos de fortalecimiento de capacidades, pero también sus límites y retos.