Resumen de la Ponencia:

Las áreas del hinterland metropolitano de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con 5.9 millones de habitantes en su composición, han sido los pueblos  conurbados que han tenido la función de recibir e incluso albergar asentamientos industriales de larga data y excesivamente contaminantes así como la función de recibir residuos tóxicos tales como basureros, pueblos que reciben ríos  contaminados, pueblos deforestados en función de dejar crecer la ciudad. Así entonces para sostener el modelo postdesarrollista del Occidente de México se han utilizado en términos económicos y sociales aquellos pueblos marginales que han sido absorbidos por la mancha urbana pero también por las estrategias de producción y desarrollo segregacionista que  los ha convertido en pueblos de sacrificio. El término zonas de sacrificio acuñado en Chile para explicar el problema social de aquellas colonias y pueblos donde por su baja plusvalía y status de marginalidad socioeconómica es donde se han  instalado a un lado las plantas de energía nuclear. Es decir, dentro del sistema del capitaloceno hay zonas socio territoriales que son parte del mecanismo estratégico del desarrollo en donde no hay consideración por su degradación socioambiental. Esto significa entonces que hay zonas que se utilizan como zonas de sacrificio para el beneficio de otras zonas. En este sentido, la presente ponencia propone el análisis multidimensional ya no de las zonas sino de los pueblos conurbados en la zona metropolitana de Guadalajara que históricamente han servido como contenedores de aquellos oficios “inmundos” y contaminantes para ejercer el desarrollo capitalista y de la capital de Jalisco así como su lucimiento y conservación medioambiental y que no se han hecho responsables de las consecuencias colaterales y los pagos por servicios ambientales que ejercen dichos pueblos tales como Tonalá, Toluquilla, Tala, San Cristóbal de la Barranca, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán del Río, Poncitlán, Ixtican, Aguacaliente. Unos reciben la basura metropolitana, otros dotan del agua extraída, otros reciben los ríos y aguas contaminadas de las industrias y de la ciudad, entonces ¿Cuál ha sido la función socioambiental y de sacrificio por pago de servicios ambientales de los pueblos conurbados de la Zona Metropolitana de Guadalajara en México?

Resumen de la Ponencia:

La presente investigación a partir de los aportes de la ecología política y los estudios de la ciencia, plantea que la crisis ecológica mundial puede interpretarse como una crisis del pensamiento moderno. Bajo este supuesto, analizamos cómo las narrativas de la política racional universal colonizan y despojan a los territorios de sus recursos naturales, chocando y ensamblando con otros modos de existencia, los que, más allá de la dicotomía Cultura/Naturaleza, se encuentran en una lucha permanente por un mundo donde quepan otros mundos. La investigación analiza las narrativas sobre sustentabilidad que se despliegan en territorios conflictuados por proyectos extractivistas del agua, para identificar espacios en los que coexisten la ontología moderna acoplada al proyecto neoliberal globalizante, con ontologías relacionales que construyen de manera situada el territorio y la naturaleza que habitan. A través de una etnografía multilocal, se analizan las narrativas de sustentabilidad que despliegan los actores que intervienen el territorio de Curacautín en la región de La Araucanía, en el contexto de conflictos generados por el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, para dar cuenta que los diferentes actores no discuten un marco interpretativo centrado en el desarrollo sustentable o en la ecologización de la economía. Lo que se encuentra en disputa, como muestran nuestros resultados, son las maneras en que se materializa lo sustentable, la manera en cómo se construyen relaciones y valoraciones del territorio y la naturaleza, como una lucha por visibilizar un mundo donde caben muchos mundos, incluidos humanos y no humanos. La investigación quiere ser un aporte en la interpretación de lo sustentable, abriendo espacios para visibilizar aquellos mundos de la diferencia que pueden aportar nuevas respuestas para enfrentar la crisis ambiental global. 

Resumen de la Ponencia:

La industria del salmón cultivado en Chile destaca a nivel internacional como lo que "se debe hacer" en los países en desarrollo para superar el extractivismo pesquero a través de la alianza público-privada (FAO, 2020). Ha existido abundante inversión desde esta alianza para emprender la industria y posteriormente en resolver los problemas sanitarios que la afectan para mantener un crecimiento sostenido desde los 1990s en Chile (Rodrik, 2011). En este transcurso, la crisis sanitaria que afectó a la industria en 2008 más bien fue una ventana de impulso facilitada por una nueva reglamentación respecto a propiedad y manejo sanitario (Aviles, 2015). Sin embargo, esta industria sigue provocando resistencia como sucedió en 2016 en Chiloé e incluso en comunidades costeras donde se especula que podría llegar instalarse esta industria (Bustos-Gallardo, Delamaza, & Rivas, 2021). La consecuencia ha sido el despliegue de conflictos socioterritoriales que desafían la posibilidad de una gobernanza de esta actividad productiva para la sustentabilidad (Barton & Fløysand, 2010).Este trabajo busca describir los factores o acciones que despliega el Estado y la propia industria para revertir/fomentar un proceso de i/legitimación social en un contexto de globalización económica y de alta conflictividad territorial. Para esto se buscan elementos teóricos a partir de la Economía Política Internacional, de la Sociología Medioambiental y de la Nueva Sociología Institucional para conformar un marco analítico macro e intermedio. En lo que respecta a la metodología, los resultados obtenidos provienen de un análisis cuantitativo y cualitativo de datos provenientes de entrevistas, documentos corporativos, reportes de organizaciones transnacionales y prensa nacional e internacional. Luego de analizar algunos indicadores críticos de desempeño sanitario y medioambiental de la industria, se analiza el despliegue público-privado para mantener la industria en un estadio de expansión y bajo una supuesto giro hacia la sustentabilidad. Se aprecian mecanismos de legitimación catalogados en tres ámbitos: cognitivo, pragmático y moral (Suchman 1995). Sin embargo, existe un segundo clivaje necesario de agregar que tiene que ver con escalas como campos de acción estratégica (Fligstein and Doug 2012). En general, los mecanismos de legitimación hacia la escala global parecen ser más elaborados y con mayor “compromiso corporativo” que los implementados hacia lo nacional y local. Estos se basan en énfasis del desarrollo tecnológico y la innovación institucional en armonía con el Estado. Sin embargo, son en estas dos últimas escalas donde se presentan mayores desafíos actuales y en el futuro para la industria, ya que existe una baja confianza en la promesa tecnológica y más bien tiende una posición más radical de bajar la producción o prevenir la expansión de la industria hacia el Sur Austral de Chile.

Resumen de la Ponencia:

En los últimos veinte años ha sido notable la avanzada catastrófica y biocida del capitaloceno con la cual se han exacerbado y sobrepuesto lógicas de explotación y despojo a partir de su metabolismo urbano-agro-industrial en todo el planeta, afectando especialmente a los territorios ubicados en el sur global. La degradación generalizada de la vida que conlleva, principalmente, la imposición de proyectos de extracción del conjunto de fuerzas vitales de los territorios ha sido uno de los principales tentáculos de la maquinaria capitalista, convirtiéndose en uno de los tópicos recurrentes en territorios del Abya Yala.En este contexto destacan las propuestas teóricas de las luchas sociales e investigadores comprometidos quienes nos dotan de claves de comprensión acerca del actual modelo de explotación y la producción de territorios resultado del antagonismo existente entre la avanzada capitalista y el tejido de la vida en su conjunto. Destaca la idea de zonas de sacrificio, una noción que desde hace una veintena de años ha dotado a diferentes luchas sociales de herramientas para la denuncia y comprensión del fenómeno de concatenación de conflictividades ecológicas y vulneración de comunidades bióticas enteras en favor del desarrollo económico. En este texto se reconoce el potencial explicativo y político de dicha noción para comprender el preocupante aumento de conflictividades ecológicas que se han dado en los últimos años en México y que han implicado una degradación progresiva de las capacidades de los territorios para reproducir la vida. Se trata de territorios afectados directa o indirectamente por la proliferación de corredores industriales impulsados desde la década de 1990, los cuales, han sido afectados por la contaminación y sobreexplotación sistémica del suelo, agua y aire, el crecimiento de vertederos y basureros tóxicos, la contaminación y, con ello, la restricción cada vez mayor para poder sostener y reproducir la vida para las comunidades que habitan dichos territorios. En esa lid, proponemos una revisión histórica del término “zonas de sacrificio” y una relectura crítica a partir del concepto de territorio. Asimismo realizamos una lectura crítica del metabolismo urbano-agro-industrial de la región Puebla-Tlaxcala, un territorio que ha estado históricamente integrado al crecimiento de la megalópolis del centro de nuestro país, con una importante ubicación energética y geopolítica que ha resultado en el sacrificio de comunidades bióticas como son aquellas que habitan la cuenca del Alto Atoyac. No obstante, las comunidades organizadas y luchas sociales han demostrado que el sacrificio es un proceso que se puede frenar, construyendo desde saberes-haceres comunitarios novedosos, estrategias de regeneración de la vida dañada. Es por ello que en la última parte de esta presentación nos dedicamos a esbozar la manera en que las comunidades organizadas despliegan saberes-haceres que se niegan a seguir siendo sacrificados en favor del desarrollo económico.  

Resumen de la Ponencia:

El agua es un bien de la naturaleza, un derecho universal. La autonomía de los pueblos depende de la defensa de sus riquezas naturales como bienes fundamentales para la vida que son bienes comunes. Está relacionado con la vida misma, con la supervivencia de las poblaciones en el mundo y, por tanto, se establece como un derecho y se configura como fundamental para la libre determinación de los pueblosSin embargo, a água fue transformada en un “recurso hídrico”, en una mercancía y, dentro de un proceso de colonización, llevado a cabo principalmente por médio de las teorias desarolladas en los países del Norte. Estos bienes naturales y comuns fueron transformados en recursos hídricos para serem privatizados. Estão envolvidas nesse processo las grandes corporaciones transnacionales que dominan atualmente los servicios de agua y su comercialización del agua, un grupo de diez corporaciones, cinco de ellas predominantes en América Latina (Ribeiro, 2009).En la disputa por el agua se utilizan estrategias en el proceso de colonización, e que podem ser listadas, dentre outros, tendo por cuatro distinctos discursos. El primero, de la escasez y crisis del agua en el país, una narrativa que pretende alarmar a la población y justificar el proceso de privatización de las aguas brasileñas y eso esta en proceso. El segundo, se destina a justificar las precarias condiciones en que vive gran parte de la población, la falta de agua potable y entubada y saneamiento. El tercero, legitimar el proceso de privatización, ya que el discurso de la escasez beneficia a un “mercado del agua” (Swingedouw, 2004; Flores y Midoczky, 2015), al mismo tiempo que legitima la apropiación, convirtiéndola en un bien escaso y, por tanto, la escasez es producida, socialmente diseñada. El quarto, que el agua del grifo es de mala calidad, lo que difunde el hábito de beber agua embotellada, que es la industria más rentable y en crecimiento a nivel mundial.Este paper tiene como objetivo presentar algunos de los elementos presentes em la crisis del água en Brasil y las formas de resistência. Se enmarca en el contexto de la nueva división internacional del trabajo, la financiarización globalizada así como el proceso de “nueva invasión” de tierras latinoamericanas frente a la seguridad alimentaria. Se dice que es una “crisis hídrica anunciada” ya que se deriva de todo el largo proceso de colonización latinoamericana y de las formas de despojo del agua a los pueblos y comunidades desde el siglo XV y ahora una escasez como discurso producido para asustar a la población y dinamizar el mercado del agua.

Introducción:

 

El agua y el bien comun 

El agua es un bien de la naturaleza, un derecho universal. La autonomía de los pueblos depende de la defensa de sus riquezas naturales como bienes fundamentales para la vida que son bienes comunes. Está relacionado con la vida misma, con la supervivencia de las poblaciones en el mundo y, por tanto, se establece como un derecho y se configura como fundamental para la libre determinación de los pueblos.

Son muchos los significados que se le atribuyen al agua y a sus lugares de ocurrencia, como manantiales y ríos, así como montañas y árboles, que están presentes en inúmeras civilizaciones en las cuales se plasma como un elemento sagrado en tantas culturas, predominantemente antiguas, alrededor del mundo. Los ritos sagrados pasan por la alabanza del agua, en la intersección entre lo humano y lo divino, con representaciones históricas hidrocosmológicas, construidas colectivamente. Diferentes imaginarios territoriales se manifiestan en las fiestas de la lluvia en las culturas orientales. En la cosmología andina, el agua es el elemento más importante, la esencia de la vida de la que se originan los cuerpos del cosmos, el sol, la luna, las estrellas y la Madre Tierra, así como todos los ancestros.

Hay un movimiento en algunas partes del mundo por los derechos de la naturaleza. Destaca el caso simbólico de Equador y ahora también Chile, salvaguardando los derechos de los seres vivos, como animales, plantas, especies microbianas (Araoz, 2019, 2021). El parlamento de Nueva Zelanda reconoció en 2017 al río Whanganui como una entidad viva, con estatus de “personalidad jurídica”, y también en la India se reconocieron dos ríos: el Ganges y el Yamuna, donde los hindúes practican ritos de purificación, como “entidades vivas con el estado de entidad legal” por el tribunal superior del estado de Uttarakhand em el Himalaia (Acosta,2013, 2019; Gudynas, 2013, 2019).

Sin embargo, este elemento natura fue transformada en un “recurso hídrico”, en una mercancía y, dentro de un proceso de colonización, llevado a cabo principalmente por medio de las teorías desarolladas en los países del Norte. Estos bienes naturales y comuns fueron transformados en recursos hídricos com el objetivo de privatizarlos. El motor de este proceso, son las grandes corporaciones transnacionales que dominan actualmente los servicios de agua y su comercialización, un conjunto de diez grupos económicos, cinco de ellas predominantes en América Latina (Ribeiro, 2009).

En la disputa por este bien natural, se utilizan estrategias en el proceso de colonización que pueden ser listadas, entre otras, cuatro discursos diferentes. El primero: la escasez y crisis del agua en el país, una narrativa que pretende alarmar a la población y justificar el proceso de privatización de las aguas brasileñas y eso está en proceso. El segundo: se destina a justificar las precarias condiciones en que vive gran parte de la población, la falta de agua potable corriente y entubada, así como el saneamiento. El tercero: legitimar el proceso de privatización, ya que el discurso de la escasez beneficia a un “mercado del agua” (Swingedouw, 2004; Flores y Midoczky, 2015), al mismo tiempo que legitima la apropiación, convirtiéndola en un bien escaso y, por tanto, la escasez es producida, socialmente diseñada. El cuarto: que el agua del grifo es de mala calidad, lo que difunde el hábito de beber agua embotellada, que es la industria más rentable y en crecimiento a nivel mundial.

Desarrollo:

Brasil y la crisis del agua 

Aunque Brasil tiene la mayor reserva de agua correspondiente a un promedio del 13,8% del mundo, está desigualmente disponible. De esta reserva, el 68,5% se encuentra en la región  amazónica y el 15,7% en el Centro Oeste del país. El 77% de agua se utiliza en el sector agroindustrial, principalmente agricultura y ganadería, mientras que el consumo urbano gasta sólo el 9%. De esta producción del agronegócio, cerca del 60% se destina a exportación. Un 70% de las aguas de los ríos están contaminadas con residuos químicos (ANA, 2021; Castro, Heller, Martins, 2015).  Es un hecho que hay escasez de agua en el planeta, especialmente en los países del Medio Oriente y regiones desérticas. Sin embargo, las exportaciones brasileñas no están destinadas a los habitantes de estos países.

En el caso brasileño, el documento elaborado en 2021 por el servicio geológico de la Empresa de Investigación de Recursos Minerales CPRM del Ministerio de Minas y Energía, refuerza la idea que Brasil atraviesa una fuerte crisis hídrica con caudales por debajo de los promedios históricos, notablemente en el sur, sureste y centro oeste, siendo la cuenca del Plata la más afectada, que ocupa el 17% del territorio y alberga al 54% de la población. Las aguas subterráneas, ahora, están consideradas estratégicas para el abastecimiento público. La región afectada cuenta con el Sistema Acuífero Guaraní, considerado uno de los mayores del mundo con reservas de cerca de 45 mil km cúbicos (Diniz et al. 2021, CPRM). 

América Latina y el Caribe cuenta con un promedio de 28 m3 de agua al año, que es cuatro veces el promedio mundial. Sin embargo, el proceso de colonización del agua en este continente, sigue preceptos económicos de dividir los bienes comunes en bienes privados, dividir el ser humano y la naturaleza y, en el caso del agua, dividir el bien común y los derechos en los recursos hídricos. Continuó asó en el siglo XX, con la legalización de la privatización de la vida, primero por la corte norteamericana a principios de los 80’ y al final de esa década le siguió la Unión Europea.  Al tema del agua se insertó un concepto estrictamente económico, utilitario y mercantil, cuyo documento del Banco Mundial de 1993 “Gestion integrada de los recursos hidricos” lo convirtió en la base para todos los países ( W.B, 1992; Santimburgo, 2013).  El agua pasó a ser dominada por las grandes empresas transnacionales en el proceso de privatización. Entre los grupos industriales transnacionales se encuentran: Suez, Vivendi, Thames Water, Águas de Barcelona, Nestlé, Coca Cola, Danone, Pepsi Cola (Ribeiro, 2009). La colonización del pensamiento se ha destruido la perspectiva del agua como bien común y reconocido como derecho universal  al agua potable y al saneamiento. Este nuevo proceso de dominación de los recursos naturales  esta el agua como el uso de la tierra. 

El agua y la dinámica productivaLa crisis hídrica estay en tres puntos. Primero: la nueva dinámica productiva en gestación desde los años 80’, liderada por las tecnologías de información y comunicación (TIC) que depende de la extracción de minerales y del uso abundante de agua y energía para su expansión. Segundo: la crisis del agua es ahora, con la vuelta al extractivismo. Tercero: la violencia de los conflictos. Dentro de una nueva división internacional del trabajo DIT una nueva dinámica productiva es dominada por las tecnologías de la información y la comunicación, seguida por la expansión de demanda de minerales, agua y energía, necesarios para alimentar esta cadena productiva. La industria 4.0, basada en la apropriación del valor de los productos considerados tecnologicamente más avanzados de países considerados desarollados, Estados Unidos, la Unión Europea y Inglaterra. La producción final de estos nuevos bienes se dirige a los países del Sur, en los llamados países periféricos (Schuldt, 2005). Estas inversiones también son más agresivas en términos ambientales, utilizan el trabajo de formas no reguladas e incluso el uso de mano de obra esclava e infantil. Contribuyen decisivamente al aumento de los conflictos en el campo y en la ciudad y al crecimiento de la violencia. Los países del Sur son los que pasan a participar en esta cadena productiva, de manera marginal, ya sea como consumidores de estos productos. Ellos son quienes tienen los recursos naturales y minerales para esta producción y son llevados a producir lo que llaman commodities minerales y agroindustriales, es decir, están en la base de esta cadena productiva, ubicados en el otro extremo. Fueron transformados, por esas teorías, únicamente como proveedores de materias primas minerales y energía para la producción de estos nuevos bienes.

La búsqueda de rentabilidad con el agua se inició en la década de 1970 por medio de los lobbies, el proceso de privatización del agua con “acumulación por desposesión”, se expropian los bienes comunes locales. Y se creó el discurso de la escasez como una forma de legitimar este proceso de privatización de los bienes comunes. Este control y suministro de agua a los privados implica un cambio en las coreografías del poder y control político. El agua se convierte en dinero y capital, y los usuarios del agua en consumidores que pagan por el acceso al agua.  La ambigüedad del tema del agua comienza con la actuación del Consejo Mundial del Agua, que sería la institución encargada de monitorearla a nivel mundial, desde hace más de 30 años. La mayor expansión agrícola en América Latina ocurrió después del 2010. En el caso de Brasil, por ejemplo, hay un aumento de alrededor del 252% en el Cerrado y 236% en la región amazónica. Entre 2005 y 2010 se identifica deforestación y pastos y entre 2010 y 2014 producción agrícola, con Cerrado con 111.000 km, Alto Paraná 49.000 km y Mato Grosso 39.000 km2 (Graesser et al. 2018). Son terrenos de gran extensión, de más de 50 hectáreas, o 500.000 m2, con alta mecanización y tecnologías avanzadas. La adquisición de terrenos por parte de grupos chinos y empresas norteamericanas llevan más de tres décadas adquiriendo terrenos en todo el norte y medio oeste de Brasil. Las empresas extranjeras se unen a grupos nacionales para escapar de la legislación. Farmers Elevator do Brasil, por exemplo, pertenece a un grupo de agricultores norteamericanos, con más de 6.500 hectáreas de plantaciones de soja y otros productos básicos en el Cerrado de Bahía. Fondos de pensiones norteamericanos y ruralistas argentinos, en sociedad con el grupo Cyrella, y bancos como XP y BTG Pactual, poseen actualmente más de 300.000 hectáreas de tierras irregulares en el Cerrado a través de un consorcio con Brasilagro, empresa especializada en prácticas irregulares, investigadas desde 2016 por el Incra, lo Instituto Nacional de Colonización y reforma agraria, sospechoso de deforestar más de 21.000 hectáreas de bosque nativo en el país, con multas de hasta R$ 5 millones acumuladas en Ibama, lo Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y de los recursos naturales. Los fondos de pensión con más de US$ 1 billión en activos bajo administración para el bienestar de educadores e investigadores estadounidenses y la Universidad de Harvard también adquirieron más de 400.000 hectáreas de tierra en Matopiba, en el norte de país incluyendo Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía. Parte del trato fue negociado por Radar, la empresa azucarera Cosan, que adquirió al menos 22.800 hectáreas de uno de los grandes usurpadores de tierras acusados ​​de robo de grandes áreas y asesinato (Siqueira, 2005; O Joio e o trigo, 2020). En lo proceso de invasión de tierras utilizam-se acaparadores de tierras y destrucción de los opositores a la invasión, desflorestación. Los datos de Imazon (2022) sobre la pérdida de cerca de 10.000 km2 de bosque nativo solo en 2021, ou 30% de la selva amazónica. En el Xingu, la Tierra Indígena Apyterewa, 8.000 hectáreas deforestadas en 2021, un 28% más que en 2020. Solo los municipios de São Felix de Xingú y Altamira, estado de Pará, en conjunto representaron el 59% de la deforestación, 58% del total de la cuenca del Xingú (Apib, 2021). Entre 2018 y 2021 se produjo la mayor deforestación de la historia. 

La violencia del saqueo de agua y de la tierraLos países latinoamericanos y africanos son los más codiciados por los grupos internacionales. En términos de grandes extensiones de tierra, importantes reservas de acuíferos, grandes ríos y fuentes naturales de minerales y petróleo, son los países más ricos del planeta, por eso son los más explotados. Y la violencia contra estos países está presente en varios niveles. Las narrativas producidas para mantener a estos países con la imagen de pobres y como afirma Schuldt (2005), somos ricos y, por tanto, somos pobres. La seguridad del agua, no ha impedido que los gobiernos locales liberen autorizaciones y renovaciones de H2O a las grandes corporaciones, como el gobierno del estado de Bahía, autorizó su uso para riego en gran escala en proyectos agrícolas, totalizando cerca de dos mil millones de litros de agua diarios, con renovaciones y concesiones. Una de esas empresas fue autorizada en enero de 2020, a utilizar más de 39 millones de litros de agua diarios para abastecimiento industrial y riego de 600 hectáreas en la hacienda Canto do Rio. En octubre de 2020 obtuvo la renovación del derecho de uso de más de 19 millones de litros en el mismo municipio. La propiedad es de Todd Kennedy Topp de Dakota del Norte, y desde 1991 ha alentado a otros agricultores del medio oeste de América del Norte a plantar soja y otros productos básicos en el Cerrado de Bahía. Otra gran empresa de agricultores norteamericanos, SLC Agrícola, fue autorizada a captar más de 37 millones de litros diarios en la cuenca del Río Grande, en el extremo oeste de Bahía.

La comercializacion de agua embotellada es otro negocio, por medio del grupo WRG, con la Ambev (bebidas), grupo Edson Queiroz, Coca-Cola, Nestlé, IFC, entre otros, desde 2017. Nestlé anunció en 2018 la venta de sus marcas de agua embotellada, más sigue 'disfrazada' en WRG. En enero de 2018, se discutió la exploración del acuífero Guaraní, una reserva subterránea que abarca cuatro países de América del Sur, para promover una asignación “más eficiente de los recursos hídricos”, y contó com representantes del gobierno para cambiar la ley. El actual gobieno intenta autorizar actividades económicas como la minería y exploración de hidrocarburos y obras de infraestructura en territorios indígenas como lo proyecto de ley 490, que legaliza actividades ilícitas como la minería, el acaparamiento de tierras, la invasión de tierras indígenas y la explotación de productos forestales como la madera, y se elimina a las poblaciones indígenas el uso exclusivo de los recursos minerales e hídricos en las reservas indígenas que puedan ser explotados por terceros. Estas propuestas producen pérdidas de unos 863.000 km2 de la Amazonía legal, en 332 tierras indígenas oficiales donde habitan 655.000 familias de 222 etnias (Siqueira Gay et al. 2020). 

La resistencia de los pueblos, comunidades y asociaciones también está en enfrentar los conflictos sin contar con el apoyo de los líderes de las instituciones gubernamentales. Asesinatos de líderes de estas comunidades son diariamente denonciados. Las narraciones de desinformación buscan enmascarar el hecho real, como de la calidad del agua con el hecho del comercio de agua embotellada, con la apropiación de fuentes y el comercio mundial de agua virtual. En esa apropiación hay la exportación de productos conteniendo alto valor agregado como la denominada “agua virtual”, comercio del agua, incrustada en productos, especialmente commodities agrícolas. Por ejemplo, un kilo de pollo consume 4.330 litros de agua y un kilo de carne vacuna consume en promedio 30.000. Para Bleninger y Kotsuka (2015), solo en la producción de soja y aceite de soja de origen brasileño, se transportan cerca de 80.000 millones de metros cúbicos de agua virtual al año, exportándose alrededor de 32 millones de toneladas de soja y 1,6 millones de toneladas de aceite de soja. Carmo et al (2007) mostraron el destaque de la soja, con más de 50.000 millones de m3 exportados en 2005.  Brasil se convirtió en un gran exportador de agua virtual con 112 billiones de litros de agua dulce, según dados de la Unesco/Hoestra, Hung (2003). En 2005, solamente China importó alrededor de 16.000 millones de m3 de agua a través de productos del sector agroexportador brasileño, como la soja que representa casi el 60% del volumen de exportación del país.

Las corporaciones intentan dominar el agua del mundo con una fuerte presencia del capital financiero, constituyendo un alto nivel de poder. Un caso ejemplar es la corporación suiza que controla el 10,5% del mercado mundial del agua y que está instalada desde 1994 en Sao Lourenço en Minas Gerais, utilizando las fuentes y el Parque de las Aguas de la ciudad. En la región del Cerrado de Bahía, marcada por el avance de las grandes plantaciones de soja, el uso descontrolado del agua amenaza afluentes, caminos y nacientes de ríos esenciales como el Corrente y São Francisco. El riego de soja a gran escala representa un gran peligro para las comunidades tradicionales de la región, que durante décadas han protegido los recursos hídricos del Cerrado a través del sistema de cierre de pastizales, ha sido objeto de preocupación para los pequeños productores locales. En 2017, productores rurales locales invadieron una finca de la zona, dando lugar a la llamada “Revuelta del Agua”, que movilizó a miles de personas a favor de la protección de los recursos hídricos del Cerrado. Desde 1997, la población de São Lourenço denuncia a la empresa suiza por explotar aguas minerales que, antes de ser privatizadas, eran ampliamente utilizadas para tratamientos medicinales.

En 2018, los movimientos sociales realizaron el Foro Alternativo del Agua FAMA para defender “El agua como un derecho y no como una mercancía”. En representación de los pueblos indígenas, quilombolas, pescadores, ribereños, campesinos, habitantes de las periferias urbanas, como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Movimiento de Afectados por Represas (MAB) Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag), Coordinación Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales, Quilombolas Conaq y Movimiento de Pescadores y Pescadoras Artesanales MPP además de movimientos obreros contra la privatización del agua en Brasil y movimientos sociales de otros 30 países ubicados en todos los continentes.

Las discusiones en el Congreso Nacional no han sido fluidas. Con un fuerte aparato policial, en 2020 vimos poblaciones de diferentes comunidades Wapichana, Guajajara, Xakriabá, Kopenawa, Yanomami, Krenak, entre otras, reunirse ante el Congreso Nacional en diciembre para luchar por sus vidas. En las paredes del edificio se exhibían imágenes de Sopro dos Xapiri, recordando su vida y sus discursos sobre las pérdidas. Además de los conflictos con los congresistas, también deben enfrentar a mineros que invaden las tierras para talar bosques y explotar recursos bajo el mando de empresas nacionales e internacionales. 

La resistencia de estas comunidades que protegen los bosques, ríos y selvas también está en frenar el ímpetu extractivo de las corporaciones mineras. Las empresas mineras son responsables del uso del agua, y  la contaminación de los ríos con metales pesados ​​provenientes de los relaves. En 2020 se extrajeron más de 1.000 millones de toneladas de minerales, lo que representa un aumento del 36% respecto al año anterior. En 2020 datos de Mapbiomas - Proyecto Anual de Mapeo de Uso y Cobertura del Suelo en Brasil - mostra que el área minada en Brasil creció seis veces desde 1985, alcanzando las 206 mil hectáreas.  Tres de cada cuatro hectáreas minadas en 2020 están en la Amazonía, lo que representa el 72,5% de toda el área con minas en el país. Los estados con las mayores áreas minadas son Pará (110.209 ha), Minas Gerais (33.432 ha) y Mato Grosso (25.495 ha). La deforestación ligada a la minería en la Amazonía ya aumentó un 62% en 2021, en comparación con 2018.

Las empresas mineras acumulan un enorme pasivo socioambiental, con desastres, contaminación de aguas, suelos y consecuente deterioro y destrucción de las formas de vida y sobrevivencia de diversos pueblos indígenas, ribereños y quilombolas y violación de los derechos humanos. Solo en 2020, estas empresas fueron responsables por la muerte de 17 defensores ambientales, con 722 casos de conflicto. Las mineras tienen vínculos financieros, como Vale, Anglo American, Belo Sun, Potássio de Brasil, Mineração Taboca/Mamoré Mineração y Metalurgia del Grupo Minsur, Glencore, AngloGold Ashanti y Rio Tinto. Recibieron alrededor de US$ 54 mil millones en financiamiento brasileño e internacional , siendo las corporaciones estadounidenses las principales, como Capital group, BlackRock, Vanguard, seguidas de bancos privados como Bank of America, Citigroup, German Commerzbank y French Credit Agricole. Entre las empresas brasileñas se encuentran fondos de pensiones como Previ del Banco do Brasil y Bradesco.

El Atlas Amazonia Bajo Presión 2020 destaca que la minería, realizada principalmente por grandes y medianas empresas mineras, está presente en todos los países de la zona amazónica, alcanzando el 17% de la región, cerca de 1,4 millones de kilómetros cuadrados. En la mayor parte de este área (56%) se desarrollan actividades de exploración y prospección. Cuatro países concentran el 96% de la minería: Brasil, Venezuela, Guyana y Perú, siendo Brasil el país que más presenta zonas de esta actividad en diferentes etapas, con el 75% del total. Más de un millón de kilómetros cuadrados de la superficie amazónica de Brasil se encuentran bajo el impacto de diferentes fases del proceso minero. De los datos de este Atlas se desprende que el 9% de la superficie total de los territorios indígenas de la Panamazonía, o 267.100 km2, están ocupados por actividades mineras. Y debe llegar aún más 182 mil km 2.

Conclusiones:

El proceso brasileño de colonización del agua se configura dentro de una compleja red que involucra a representantes de sectores de instituciones públicas, diferentes esferas de gobierno, legisladores y academia, además de empresas y el sector financiero. Esto puede entenderse como parte de una larga dominación de América Latina para la usurpación de los recursos naturales. Este proceso utiliza los medios de comunicación, así como las estructuras del Estado, como la dirección legislativa, como un intento permanente de pensar hechos que justifiquen una usurpación.

La crisis del agua se presenta así, como una narrativa dentro de la violencia extractiva con las políticas públicas favorables a esta estrategia, con legislaciones favorables, fortalecimiento del aparato policial, invasión de tierras, aumento del número de representantes de estas corporaciones en los órganos de gobierno, militarización del mando en las instituciones del gobierno y discursos que naturalizan la violencia. Este proceso se ha ido intensificando por el actual gobierno, provocando la destrucción ambiental y asesinatos de las poblaciones indígenas, quilombolas y ribereñas, en particular los que defienden el agua como bien común y la autonomía de los pueblos.

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Palabras clave:

la crise hídrica, extractivismo, conflitos socioambientales 

Resumen de la Ponencia:

Presentaremos elementos clave de un marco teórico relacional, integrador y dinámico de los llamados conflictos socio-ambientales en escenarios donde se involucran grandes corporaciones, gobiernos y movimientos comunales. Argumentaremos la importancia de centrar el análisis de dicha conflictividad en las relaciones de poder y dominación asimétricas a través de la apropiación de la naturaleza, entendiendo su dimensión eco-política. Todo esto como un aporte que permita mejorar la investigación empírica y nuestra comprensión de la dinámica del conflicto que llamamos eco-político.  Buscamos  fortalecer la teoría del conflicto socio-ambiental desde una perspectiva que articule la historicidad de patrones de poder, capital y naturaleza vinculados entre sí recíprocamente.