México -
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Resumen de la Ponencia:
Pensar el tema del Estado fallido, a la luz de los datos, implica pensar su actuación en muchos contextos, además permite discurrir no solo el campo del poder y su construcción conceptual, sino anclarlo a la realidad social, para hacer notar una explicación que pueda ayudar a definir su posición y nivel de compromiso, así como para ubicar a nuestro país en el nivel de compromiso con el desarrollo y seguridad tanto social como jurídica. En este sentido, nuestra reflexión plantea en primer momento el escenario de responsabilidad del Estado y su papel en el desarrollo y la justicia social, como una de sus principales responsabilidades, después exponemos que se entiende por Estado fallido y las características que lo describen, para finalmente responder si México es un Estado fallido. PALABRAS CLAVEEstado, desarrollo, violencia, criminalidad, sociedad.
Introducción:
Las constantes y complejas transformaciones de la vida social, han puesto en un punto central de reflexión, las funciones, papel y condiciones de control del Estado mexicano como parte esencial requerida para el desarrollo y equilibrio de la sociedad. Sin embargo, las persistentes crisis económicas, la oscilación y constante violencia delictiva, los cambios en la gestión política y la llegada del Covid-19, han obligado a poner nuevamente en el centro de la atención el papel del Estado y las funciones de autoridad y gobierno, que colectivamente exigen frente a todos estos problemas la regulación e instrumentación de políticas de intervención que mejoren las condiciones de la sociedad. Una crítica recurrente es la falta de rectoría e intervención estatal para solucionar distintos problemas económico-sociales que ponen en riesgo la seguridad social y jurídica de miles de mexicanos, como el tema de la educación y sus condiciones de financiamiento y seguridad para el regreso a clases en un ambiente de contingencia sanitaria, el desempleo creciente, la vivienda, la salud y la seguridad, como uno de los temas centrales de la responsabilidad del Estado.
El fenómeno de la seguridad pública es considerado como una de sus funciones más importantes a partir de la cual la sociedad valora su condición de estabilidad o crisis. Son problemas que la sociedad se enfrenta, no como un cambio radical, pero sí como parte de una historia contemporánea que despliega preocupaciones y formula críticas en torno a la eficacia del Estado e impulsos para construir preguntas alrededor de la manera de conducir y administrar la vida social, económica y política de nuestra sociedad, y su impacto en la vida cotidiana de los mexicanos y las mexicanas. ¿Es posible pensar que hoy ante los problemas sociales que se viven en México, nos encontremos frente a un Estado fallido? ¿Cuáles son las enseñanzas históricas de las experiencias políticas y sociales que hemos vivido con mandatarios provenientes de otros partidos políticos? ¿Los modelos y esquemas clásicos que explican la importancia del Estado y sus funciones, aún tienen pertinencia para una realidad como la que hoy se vive? ¿Si coincidimos que no se está viviendo un Estado fallido, entonces, cómo podríamos definir las acciones emprendidas por el Estado actual y su gobierno? ¿Cuál debería ser el papel de los nuevos actores políticos, y qué respuestas ofrece ante la condición social, económica y política que se vive actualmente? ¿Cuáles serían las respuestas posibles frente a los retos que nos plantea la condición económica y política a nivel mundial?
Está claro que vivimos tiempos difíciles, de angustia y falta de certeza para un mejor futuro, son tiempos de cambios constantes y profundas transformaciones sujetas a interrogantes de todo tipo; económicas, sociales y políticas que rebasan nuestra comprensión. Preguntas inéditas aparecen cotidianamente, junto a estos grandes cambios y sobrepasan nuestro asombro en tanto que apuntan a nuestra vida cotidiana, e incluso forman parte de nuestro orden habitual, y por tanto en el discurso del día a día, se cuestiona el papel del Estado y su anacronismo para resolver numerosos problemas que nos rodean cotidianamente.
De esta manera, son muchos los acontecimientos que irrumpen y desafían la comprensión de gestores políticos, académicos y habitantes de nuestras ciudades, son acontecimientos que por momentos no encuentran recursos conceptuales para definir el sentido de sus acciones en tanto que muchas de sus explicaciones se alejan del optimismo y de toda razón de Estado, a pesar de las declaraciones de algunos gobernantes que se empeñan en ver dichos acontecimientos como parte de los cambios sociales que no atentan contra los principios básicos de seguridad y desarrollo social. Sin embargo, cuando se advierte que en México crece la pobreza como lo señalan cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), cuando subraya que en el año de 2018 se registraron 51.9 millones de personas en situación de pobreza y para el 2021 la cifra creció a 55.7 millones, mientras que en situación de pobreza extrema las cifras fueron de 2.1 millones más, acumulando un total de 10.8 millones (CONEVAL, 2021).
Son datos que llaman la atención, en tanto que no se advierten pretensiones reales de solución por parte del Estado, y las razones dadas no son suficientes para responder a las necesidades de miles de mexicanos y mexicanas en situación de pobreza. Es decir que el Estado y su gobierno, no están garantizando el bienestar de miles de sus ciudadanos y ciudadanas, con lo que se alimenta el desconcierto en tanto que su sentido es otro y no el resolver una necesidad transhistórica, pese a destinar 303,982,0 millones de pesos para once programas de gobierno, como son el de la Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar, Jóvenes Escribiendo el Futuro, entre otros más. Son programas que, si bien tienen la intención de subsanar las condiciones de pobreza y desigualdad, no están encaminadas a resolver el problema de la pobreza, la desigualdad y el desarrollo social, e incluso desde el diseño de sus objetivos no se alcanza a entender cómo y qué es lo que se concibe por bienestar desde estas acciones y programas.[1]
Fuente: CONEVAL, s.f. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
La idea de pobreza está figurada, desde dos visiones; una orientada a identificar y apoyar a sectores más desprotegidos de la sociedad, que son grupos como decía Durkheim, cuyas formas de organización y cohesión obedecen al tipo de sociedad mecánica, donde los sujetos se cohesionan socialmente por la propia lógica de su condición de desarrollo social y ubicación en el mercado de trabajo, son grupos a los que sin duda el apoyo e intervención estatal forma parte de una responsabilidad ética y moral (Durkheim. 2007).
La otra condición, puede ser vista en un sentido anacrónico, ya que se trata de sujetos cuya circunstancia de cohesión social son producto de una práctica colectiva anclada en la vida social contemporánea, son sujetos producto tanto de la división del trabajo y las desigualdades, como de las complementariedades funcionales de la vida moderna, donde las causas sociales de su pobreza se vuelven complejas. Por ejemplo, en términos de bienestar social, el consumo juega un papel importante al cual no podríamos poner restricciones, pero tampoco podríamos dejarlos como parte de sectores que requieren prioridad en los programa sociales, extendiendo a diestra y siniestra apoyos económicos, dado que lo económico tiene que ser priorizado, jerarquizado y organizado en función de las necesidades reales de un bienestar social, sin ser visto en términos de una forma de control social, o botín político electoral.
Dicho de otra manera, la visión dicotómica de la pobreza vista desde el despliegue masivo de apoyos económicos podría resultar peligrosa y tener consecuencias equivocadas creando una amplia franja de sujetos atendidos únicamente a los beneficios sociales y con ello creando una cultura del sostenimiento parasitario, que a futuro profundizará las diferencias y las escalas del desarrollo humano poniendo en riesgo la estabilidad económica social y política del nuestro país.
Además, vincular la pobreza con la violencia y la delincuencia como una estrategia política de beneficio social, puede traer consecuencias muy graves para la seguridad, en tanto que la inversión de los recursos sociales no solo se inyecta en aquellas zonas de mayor desigualdad y deterioro social o zonas donde la ilegalidad tiene más presencia, como es la producción y operación del narcotráfico; zonas que históricamente han sido pobres en todos los sentidos y donde los niños y jóvenes, nacen y crecen bajo el esquema de una cultura de la resistencia y uso de la violencia como estrategia de vida. Es decir, la criminalidad se convierte en una empresa cuyas condiciones están armadas para su mantenimiento, y refiere a una violencia que es subproducto de la desigualdad y del desarrollo social, (Gaitán, 2006. p. 66) que vuelve infructuoso el otorgamiento de apoyos, sin resolver problemas que históricamente han sido el punto de quiebre en la responsabilidad del Estado, la justicia social y la disminución de la desigualdad.
Es preciso recordar que las desigualdades en nuestro país, no se limitan a lo económico, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta las diferencias de acceso a recursos básicos como es el agua potable, uno de los recursos de consumo humano básicos para el sostenimiento de su vida cotidiana y en el que existen diferencias abismales entre el medio rural y urbano. Aún en la Ciudad de México, las desigualdades entre delegaciones y colonias son profundas, si se observa el problema de acceso a la educación, por ejemplo, según datos de INEGI, en México el 4.7% de la población mayor de 15 años, que no sabe leer ni escribir, además, el 8.6% de la población de más de 15 años no ha concluido sus estudios de educación primaria y de secundaria el 16.6% [2]
En general, el grado de desarrollo y bienestar de los mexicanos y las mexicanas, a pesar de los apoyos económicos no necesariamente han mejorado en su condición. Aun cuando los ingresos per cápita en apariencia sean elevados, continúan mostrando la manera en la que se distribuye la riqueza en nuestro país y las profundas desigualdades, por ejemplo, en términos reales de los 57.1 millones de mexicanos que tienen un trabajo remunerado sólo 2 de cada 100 perciben más de 18,483 pesos al mes, un equivalente a cinco salarios mínimos. Es decir, que 31% de la población gana de 0 a 3,697 pesos mensuales, lo cual es apenas un salario mínimo. Mientras que por los efectos de una inflación del 5.89% anual, en los hogares mexicanos se gasta en promedio 15,799 pesos mensuales para su mantenimiento y el pago de deudas, lo que implica que un hogar necesita más de una fuente de ingresos. Una canasta básica alimentaria representa en promedio 3,383 pesos mensuales en zonas urbanas, de acuerdo con el CONEVAL, que señala que el 57% del gasto de los hogares se destina solo a la alimentación y el transporte, soportado con un salario mínimo de 123.22 pesos diarios (El Economista, 2021).[3]
Fuente: México social. https://www.mexicosocial.org/educacion-en-crisis-crecio-el-rezago-educativo/
De ahí la importancia de advertir lo que se entiende no solo por desarrollo y bienestar social, sino por Estado fallido, en tanto que se observa que, en el discurso, se integran diversas prácticas para explicar y entender la realidad social, y específicamente, las responsabilidades del Estado y la gobernabilidad, en el sentido que lo piensa Michel Foucault, como aquel poder o práctica positiva sobre la vida, es decir, como aquella manera de gobernar que aparece en los Estados modernos y que conducen y administran la vida de los ciudadanos mediante un poder: el biopoder (Revel, 2008 p.36).
En consecuencia, la inequidad y la marginalidad provocadas por la pobreza son constitutivos y originados de ella, de ahí que más que la pobreza, son la inequidad y la marginalidad las verdaderas creadoras tanto de la inestabilidad social como de la violencia estructural y de todas aquellas expresiones de violencia, incluida la más evidente, aquella cuyas escenas por su propias características intrínsecas, pone en quiebre al Estado y el deterioro de sus sistema de justicia, la violencia delictiva (Ciafardani, 2006. p. 33-34).
En este sentido lo que se pretende en estas líneas es problematizar el entendido del concepto de Estado fallido, apoyado en la realidad empírica de los datos con la finalidad de mostrar las amenazas o debilidades para responder a las demandas de la ciudadanía de justicia social. Para ello, primero se define lo que se entiende por Estado fallido, después, con base en datos de la realidad mexicana, se mostrará si lo que se vive en México es una condición de Estado Fallido u obedece a otra condición que apunte a subrayar los vacíos o fallas de responsabilidad por parte del Estado y su gobierno, apuntando a mostrar desde los datos la fragilidad u omisión en sus responsabilidades
[1] El gobierno de AMLO proyecta invertir 303,982 mdp para 11 programas sociales. Diario expansión https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/09/el-gobierno-de-amlo-proyecta-invertir-303-982-9-mdp-para-11-programas-sociales%20(%2010/11/2021 (Fecha de consulta 10/11/2021)
[2] Fuente: México social. Educación en crisis: creció el rezago educativo. https://www.mexicosocial.org/educacion-en-crisis-crecio-el-rezago-educativo/ (Consultado el 12/11/2021)
[3] El Economista. ¿Cuánto ganan los mexicanos? Datos del INEGI de julio de 2021. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cuanto-ganan-los-mexicanos-Datos-del-Inegi-de-julio-de-2021-20210802-0062.html (Consultado 12/11/2021)
Desarrollo:
¿México es un Estado fallido?
En este sentido, continuamente se realizan juicios sobre la importancia que tiene la participación del Estado en muchas de las dimensiones de la vida social. Incluso es común formular cuestionamientos e hipótesis sobre los acontecimientos que se presencian, algunas veces para justificar la participación de unos actores, en otras, se conjeturan el sentido y razón de los hechos y otras más se procede a cuestionar el papel del Estado y su responsabilidad, no obstante, todas estas posiciones confluyen en el cuestionamiento de la intervención gubernamental o falta de ella.
Por ejemplo, los acontecimientos que se han vivido en recientes fechas han acentuado la zozobra respecto al sentimiento de una crisis de Estado, en tanto que no se ha atestiguado la respuesta positiva de los programas implementados por el gobierno actual. De ahí, la percepción que se tiene por parte de la sociedad respecto a la búsqueda de alternativas de solución, no se vean con claridad. Por ejemplo, según datos de INEGI, entre el año de 2018 a 2019, se registró un aumento en los feminicidios, de los cuales 11 mil 584 mujeres casadas, fueron asesinadas con arma de fuego, pero en 2019 se sucedió un incremento de 976 casos, lo que implicó 137 por ciento de incremento respecto del acumulado desde 2015, cuando se registraron 411 casos. Dicho incremento se concentró en 404 municipios de los 2 mil 463 existentes en el país (Belmont, 2020).
Fuente: Milenio diario. https://www.milenio.com/uploads/media/2020/01/27/feminicidios-en-aumento.jpg
A pesar del constante aumento de violencia, en el mes de septiembre del 2021 se registró la cifra más alta de este fenómeno delictivo, con 107 casos. Pese a haberse modificado la metodología para sus registros, las cifras oficiales continúan mostrando datos alarmantes, junto con la violación que reportó un incremento del 30.8%, respecto a 2020 donde se han registraron 10 mil 687 violaciones, mientras que en lo que ha transcurrido de los meses enero al mes de agosto del 2021, se han registrado 13 mil 993 casos. A esta condición habría que sumar la existencia de 5 mil 239 carpetas de investigación por denuncias de delitos sexuales (Domínguez, 2021). Son denuncias de toda índole de violencia; hostigamiento, agresiones físicas, emocionales y maltrato psicológico, cuyos efectos causan alteraciones en la vida de las mujeres y de sus familiares.
El Estado mexicano, si bien no ha perdido el control físico del territorio, ni transita por un proceso general de deslegitimación, constantemente se le cuestiona por la falta de algunas de sus responsabilidades sociales, que lo han llevado ser identificado como un Estado fallido, por ejemplo, según datos de CASEDE[1] e inSight Crime[2] México descendió ocho puestos en el Índice de Estados Frágiles. En su edición de 2021 ubican a México en el lugar 90, del ranking mundial, mientras que el año pasado, estaba en la posición 98, y durante el año de 2019, en la 150.
Según los criterios de estas organizaciones existen 33 indicadores desde donde se identifica la condición de un Estado fallido, dentro de esto 10 podríamos decir son los más relevantes, El primero es lo relativo a un crecimiento demográfico desmedido, que ejerce presión sobre el Estado y su gobierno. El segundo, sería el resultado de aquellos movimientos masivos de desplazados o refugiados, que pongan al Estado en una compleja situación de emergencia humanitaria como resultado de movimientos migratorios en masa. El tercero, sería el caso de un flujo migratorio crónico resultado de persecuciones políticas, o por falta de seguridad y garantías del Estado para dar certeza jurídica de protección y garantías de vida digna. El cuarto, sería el caso de una severa crisis económica que limitara el desarrollo social y político de la ciudadanía, profundizando las desigualdades. El quinto, el marcado y progresivo deterioro en los servicios públicos básicos. El sexto, la suspensión parcial o total del Estado de Derecho, junto a la violación generalizada de los derechos humanos. Séptimo, la deslegitimación y falta de reconocimiento del Estado. El octavo, la pérdida en el control y uso legítimo de la fuerza o violencia como instrumentos de dominio y control gubernamental. El noveno, la emergencia de grupos o facciones fuera del gobierno que imponen sus leyes y operan paralelamente al Estado y finalmente el décimo, la intervención de otros Estados o actores políticos externos en nuestro territorio, violentando nuestra soberanía como nación. (Villarreal, 2009 p.12)
En este sentido, los acontecimientos cotidianos, sin duda, constituyen en una guía para cuestionar los discursos que subyacen ante la contundencia de datos que bien legitiman sus acciones, o finalmente crean un conflicto de legitimidad frente a las amenazas de la calidad de vida y soberanía del Estado como resultado de la miseria y la violencia social marcada por la dinámica y transformación mundial.
De ahí que se puede subrayar que dos son los indicadores más importantes para medir la eficiencia y condición de un Estado: el económico, que mide tanto el ingreso de la población, como el desempleo y el desarrollo humano, junto a este último está la violencia. Ambos indicadores muestran las fortalezas o debilidades de un Estado. En el caso de nuestro país cuando se refiere a este último indicador ha demostrado la condición de inseguridad y los desaciertos por parte del gobierno para diseñar una política de prevención. Por ejemplo, las cifras de homicidios dolosos durante el gobierno actual han superado los 31,000 homicidios dolosos en un año, mientras que en los últimos 11 meses del gobierno anterior se registraron 30,847 homicidios dolosos, y un año antes, en 2017, alcanzó los 28,870 casos registrados y en el 2016 los 22,542.[3] Los datos son esenciales, una muestra clara de la condición de anarquía al interior de nuestro país, además de mostrar su relación con el valor que se otorga a la vida. En consecuencia, es un fenómeno claramente observable, que permite hacer inferencias de la condición que se vive en un país y su comportamiento histórico el cual no proporciona una idea de las fallas del sistema y funcionamiento de las políticas y estrategias que el Estado diseñó para otorgar libertades, seguridad y justicia a sus pobladores.
Sin embargo, la posible condición de seguridad queda al margen cuando la anarquía se ve fortalecida por la situación de violencia e impunidad que se vive en el país, debido a que muchos de los conflictos que aquejan cotidianamente a la población no son resueltos por el Estado, así lo demuestran la tasa de impunidad, la cual es del 94.8%, mientras que en el 2019 estaba situada en 92.4% (Jaime, 2020).
En consecuencia, el 93.3% de los delitos que se comenten en México, no se denuncian en tanto que el 60.7% de las y los ciudadanos consideran que es una pérdida de tiempo y que no se hará justicia. Así lo muestra la Encuesta Nacional de Víctimas y percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la cual estima que en 2021 se han cometido 27.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas entre 18 y más años, quienes afirmaron no haber denunciado ante las autoridades el delito sufrido. Es decir que solo se han denunciado el 10.1% de delitos frente a la autoridad.
Fuente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf
El indicador de impunidad es relevante en la medida que muestra la eficiencia del sistema de justicia del Estado, en tanto que la inseguridad es una de las principales causas de inestabilidad social. Los efectos marcados por la violencia delictiva y el crimen organizado son otro ejemplo claro del impacto que tiene la violencia en el caso de México, al punto que en los últimos 6 años han aumentado las actividades delictivas, las cuales registraban un 26.7% de delito por cada 100 habitantes en 2015, y pasaron al 60% en el 2020, en contraste, la tasa de homicidios se incrementó 1.4% con respecto al año anterior, los delitos con arma de fuego, tuvieron un incremento del 12% (CESOP, 2020. p.4).
Como se advierte, existe una evidente falla de intervención estatal en algunos rubros para establecer fuertes cimientos de un Estado de Derecho en toda la extensión de la palabra. De ahí que, desde esta amalgama de datos, se pueda tomar una posición para definir la condición en la que se encuentra nuestro país, y observar el nivel de protección que el Estado otorga a las y los ciudadanos y las principales preocupaciones en las que debería concentrarse el poder del Estado para resolver problemas. Problemas como el del secuestro, el cual aumentó un 32.2% mensual en enero cuando se registraron 123 casos frente a los 93 de diciembre de 2020, con lo que se incrementó el número de carpetas de investigación de un 7.5% pasando de 79 en diciembre de 2020 a 85 durante el primer mes de 2021.[4]
Otros dos alarmantes fenómenos que muestran la condición de debilidad del Estado son, por un lado, las 174 fosas clandestinas halladas en el primer semestre de 2021, cifra que suma a las 297 encontradas en el año del 2020. En adición, según datos del Informe de Personas Desaparecidas, del Gobierno Federal, se tiene un acumulado de 77,171 personas desaparecidas de 2006 a 2020 (Secretaría de Gobernación, 2020).
Fuente: SEGOB. CNB https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/586166/B_squeda_e_Identificaci_n_7_de_Octubre_2020.pdf
Muchos de estos lamentables acontecimientos si bien son casi inherentes a la situación social del país y a las profundas diferencias y dificultades económicas, son también una amenaza que atenta contra el orden y ejerce mucha presión por parte de otras naciones para garantizar la seguridad de sus connacionales, con lo que sitúa a México frente al mundo como un Estado fallido y carente de un proyecto de seguridad fuerte y exitoso.
El otro tema de gran relevancia por sus implicaciones en la coexistencia de poderes paralelos que operan con una relativa autonomía y consenso por parte del Estado en algunos territorios del país, son los grupos denominados autodefensas, que indudablemente son grupos antagónicos al gobierno, que aparecen como resultado de la crisis de inseguridad que viven y que no buscan el poder ni confrontarse con el Estado, puesto que son grupos que se organizan e ilegalmente se arman como resultado de nuevas causalidades, que rompen su tejido social, grupos que viven objetivamente la pobreza y se sienten excluidos, y que a diferencia de otras regiones del país, no se sienten representados, ni protegidos por el Estado debido a que viven la desigualdad y el abandono por parte de las políticas sociales y los programas de justicia social Son grupos de población que han quedado al desamparo y protección del Estado, a la deriva de las violencias impuestas por el narcotráfico, de ahí que como grupos se organicen y adquieran armas para imponerse como autoridades locales e impongan y vigilen el mantenimiento del orden y el control de sus localidades. El problema es de tal magnitud que en el país existen en promedio 50 grupos de autodefensas o policías comunitarios, como el gobierno les ha denominado, son grupos que operan en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, todas estas entidades donde la pobreza y las desigualdades son históricas. La aparición de estos grupos en principio fue para hacer frente a la delincuencia organizada, pero en Michoacán y Guerrero, las confrontaciones entre ellos han sido un punto de inflexión que ha puesto en severos cuestionamientos su presencia.[5]
Sin duda, estos grupos son una muestra de la falla del Estado, que apunta a reconocer su incapacidad para hacer efectivo el ejercicio de la legalidad como resultado de una red multi factorial de componentes que se han agudizado en las últimas décadas, profundizando una crisis de justicia social, en el marco de una concepción en la que no queda claro lo que debe entenderse por funciones del Estado. De esto deriva que muchas críticas se concentren en subrayar aquellas decisiones políticas de cómo usar al aparato del Estado para construir una sociedad justa y libre, o la noción misma de estatalidad que está ligada a una voluntad política y a las condiciones reales a partir de las cuales se enfrenta la realidad.
El último de los puntos que se señalan como muestra del debilitamiento en las funciones del Estado y como institución responsable de la seguridad, defensa y control de los espacios públicos e imposición de nuevos poderes, que violentan la integridad y cotidianidad de los ciudadanos es el narcotráfico. Se trata de una realidad que no queda circunscrita a un par de entidades, por el contrario, un fenómeno que se ha generalizado en casi todo el mundo y que ha provocado la descomposición del Estado.
Fuente: Gabinete de Seguridad, citado por Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/07/03/quien-es-quien-en-el-mapa-del-narcotrafico-en-mexico-estos-carteles-dominan-en-2021/
Sus efectos impusieron una ausencia de control y anarquía, tanto en las áreas urbanas como rurales, desarrollando una economía depredadora que no solo ha tocado a los gobiernos, municipales y estatales, también ha sometido a su lógica de violencia y corrupción, tanto organizaciones de la sociedad civil, como medianas y grandes industrias.
El narcotráfico ha creado una vida gris y turbulenta contenida por la violencia e imposición de un control que no solo somete a los más pobres, pues llega al campo político, a imponer y controlar candidaturas y elecciones locales. Son actores que actúan bajo la alianza de funcionarios públicos como resultado de la corrupción, aunque también como promotores sociales al establecer fructíferas relaciones de apoyo por parte de la población, como resultado del vacío y abandono por parte del Estado, imponiendo justicia e invirtiendo socialmente en beneficio de las localidades en las que tiene fuerte presencia.
Se trata de una compleja relación de apoyo entre fuerzas policiacas, funcionarios públicos, gobernantes y fuerzas militares, ya que como se aprecia no es solo un problema de estrategia, en muchos de los casos. Se trata de una organización cuyos beneficios de utilidad de un año, sobrepasan lo que puede generar un grupo empresas en nuestro país, es una condición que quiebra institucionalmente todo esfuerzo de orden y eficiencia del sistema de justicia. Por el contrario, estas condiciones quiebran los esfuerzos del sistema de justicia al sobrepasar la eficacia del Estado para dar respuesta desde la fuerza policial y militar, detonando una condición de debilidad al perder el monopolio absoluto del ejercicio de la fuerza en tanto que se vuelve incapaz para contener toda la violencia provocada por las deficiencias jurídicas e inseguridad.
De esta manera, la violencia desatada por las omisiones y debilidades en las acciones del Estado no solo ha tenido un costo económico y político, el costo de vidas humanas ha sido mucho, tanto que ha trastornado el porvenir de muchas generaciones, como resultado de la violencia impuesta por los grupos del crimen organizado y por los vacíos de ingobernabilidad, que quiebran la confianza y credibilidad de las instituciones y del Estado.
[1] CASEDE Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia https://www.casede.org/index.php/quienes-somos
[2] InSight Crime. https://es.insightcrime.org/quienes-somos/
[3] Fuente: Diario Expansión. Cifra de 100,000 homicidios confina tres años de violencia inédita con AMLO. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/21/100-000-homicidios-confirman-tres-anos-de-violencia-inedita-con-amlo
[4] Fuente. Estadísticas Alto al secuestro. https://www.altoalsecuestro.com.mx/estadistica
[5] Fuente: En México existen más de 50 autodefensas. El universal. https://www.eluniversal.com.mx/estados/en-mexico-hay-50-autodefensas-en-seis-estados
Conclusiones:
CONCLUSIONES
De ahí la difícil condición para definir si México es un Estado fallido, en tanto que según se puede advertir por la dimensión de los datos y las condiciones que se viven, resulta difícil no dudar que sea un Estado fallido. Sin embargo, se tiene que admitir que el Estado está presente a pesar de las múltiples complicaciones sociales, es decir, está presente con todas las debilidades. Más bien se puede afirmar que el problema radica en que se vive bajo la sombra de un Estado débil y reducido en la responsabilidad de sus compromisos, un Estado que ha sido desmantelado paso a paso tras reformas políticas que en principio buscaron modernizarlo, dejando de lado la visión de su expresión social.
Se vive entonces, bajo una condición de Estado que ha cambiado, aunque no en paralelo con la sociedad ni con el sistema político, y en consecuencia el Estado se debilitó, al no establecer una relación con los actores fundamentales que le dan soporte y fortaleza en la reconstrucción de sus marcos institucionales. De ahí que el gran desafío para el Estado moderno, no solo está en la necesidad de redefinir y replantear su compromiso frente a las condiciones de una sociedad contemporánea y el malestar provocado por los ajustes del modelo económico mundial. El reto es cómo disminuir su condición de debilidad frente a la globalización de la criminalidad y las nuevas condiciones de seguridad en materia de salud, medio ambiente, economía. Sin duda se considera que el punto central está en la reformulación de redes institucionales bajo un nuevo lenguaje inclusivo que construya espacios comunes de desarrollo y seguridad desde la horizontalidad, la promoción social y la democracia como la idea de estrategia integral que neutralice las desigualdades, fomente la libertad y garantice el Estado de Derecho.
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Palabras clave:
Estado, desarrollo, violencia, criminalidad, sociedad.
