Resumen de la Ponencia:

 La crisis por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela ha generado un procesomigratorio inédito hacía Colombia, situación que obedece a la amplia frontera que comparten estos países, la cual facilita innumerables cruces limítrofes que están fuera del control de las autoridades migratorias. este proceso se ha manifestado con mayor fuerza en zonas donde históricamente los ciudadanos de estas naciones han compartido dinámicas sociales y económicas, como ocurre en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, y en ciudades que han sido históricamente receptoras de migrantes como Santa Marta y Barranquilla.La migración de ciudadanos venezolanos ha generado dinámicas demográficas que impactan directamente el crecimiento desmesurado y desordenado de las ciudades receptoras, así como también situaciones económicas relacionadas con el aumento de la oferta de una mano de obra que se cotiza por debajo del mercado laboral colombiano.En este sentido, las escuelas colombianas se han visto obligadas a incluir en sus aulas a niños y niñas inmigrantes, lo cual nos llevó a preguntarnos ¿qué tan preparados estaban los maestros y maestras para asumir los retos que implica la integración y adaptación?  Por lo anterior, se realizó un trabajo de campo en cada una de estas ciudades colombianas que nos permitieron hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, para describir los tipos de violencia, xenofobia y discriminación que se genera en las escuelas seleccionadas. 

Resumen de la Ponencia:

El Estatuto del Niño y del Adoleciente brasileño – ECA (acrónimo en portugués) prevé la participación obligatoria de la agencia estatal de protección de los pueblos indígenas - Funai (acrónimo en portugués) y de un antropólogo en los procesos de poner a los niños indígenas en una familia sustituta. Las familias sustitutas son aquellas que se ingresan por adopción, tutela y custodia. Tales determinaciones tienen como objetivo hacer efectiva la Constitución Federal de Brasil, que establece el derecho a la convivencia familiar y comunitaria como derecho humano del niño. Sin embargo, hay casos recuentes en que los niños indígenas son separados de sus familiares y pueblos debido a las interferencias ilegales que son legalizadas por el poder judicial bajo el principio de "interés superior del menor". La participación de la Funai y de un antropólogo en todos los procedimientos es obligatorio y colabora con el tribunal en la identificación de los mejores intereses de los niños indígenas y mitigan las violaciones de derechos de que son alvos. Pero han ignorado la participación de estos dos agentes, y el interés superior del niño indígena no ha sido adecuadamente identificado.

Resumen de la Ponencia:

Antecedentes. En marzo de 2020, el gobierno peruano declaró el Estado de Emergencia Nacional, debido a la pandemia, iniciando un largo periodo de aislamiento social obligatorio y restricción de diversas actividades económicas. La pandemia y el debilitamiento de la economía agravaron la inseguridad alimentaria (IA) (en 2020, había 47% de IA moderada o grave, y 12.1% de desnutrición crónica infantil). En abril de 2020, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través de gobiernos locales (GL), inició la entrega de alimentos a poblaciones vulnerables, pero con alcance limitado y tardío. Objetivo. Describir y discutir la experiencia de las “Ollas Comunes” (OC) en el Perú, durante la pandemia de la COVID-19. Método. Se realizó una revisión narrativa de literatura científica y literatura gris (tesis, publicaciones, normas jurídicas, incluyendo reportes periodísticos) sobre las OC en el Perú, según su origen, desarrollo y reconocimiento estatal, publicadas a partir del 2020. Resultados. Las OC son iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal (ICAAT), que han surgido -históricamente- ante situaciones de crisis socioeconómicas. Desde abril de 2020, las OC se han ido conformando en zonas urbano-marginales, mediante la auto-organización de grupos de vecinas, para comprar alimentos de mercados de abastos (mediante autofinanciamiento o donación de terceros), preparar alimentos (en locales comunales), y distribuir raciones (principalmente almuerzos) a las personas más vulnerables. En junio de 2020, el Ministerio de Salud emitió orientaciones sobre condiciones sanitarias para preparar alimentos en las OC. En febrero de 2021, se modificó funciones del MIDIS y GL sobre ICAAT (incluyendo OC) ante desastres o emergencias; en junio, el MIDIS dispuso el registro único de OC (Mankachay); en octubre, se aprobó como política de gobierno: “Promover la seguridad alimentaria: …apoyo a las organizaciones sociales de OC”, y, en noviembre, se declaró la Emergencia Alimentaria Nacional. En marzo de 2022, el MIDIS creó una Comisión Multisectorial de apoyo a las OC-ICAAT; y en abril, se promulgó la Ley 31458, “Ley que reconoce las OC y garantiza su sostenibilidad…”. Existen 3282 OC registradas, en 14 de 25 departamentos del país, con 244109 beneficiarios. Discusión y conclusiones.  La pandemia, las medidas de restricción de actividades socioeconómicas, y el escaso apoyo económico y alimentario efectivo del gobierno, impactaron negativamente y desproporcionadamente en las poblaciones que ya eran vulnerables antes de la pandemia, lo que motivó la respuesta popular. Lima Metropolitana (LM) concentra 76% de OC, quienes participan en Mesa de Trabajo –municipal– de Seguridad Alimentaria. La abogacía de la Red de OC-LM logró el reconocimiento del derecho fundamental a la alimentación (Ley 31315, “Ley de seguridad alimentaria…”), el financiamiento para adquisición y distribución de alimentos para las OC (Ley 31458), y, recientemente, la aprobación de la “Ley que promueve acciones para la recuperación de alimentos”.

Resumen de la Ponencia:

En el reconocimiento y valoración del patrimonio, se configuran las interacciones de los diversos rubros que lo conforman y significan, construyéndose inicialmente - aún en lo tangible-, la prefiguración visual que produce arraigo, aquella que otorga valor primero en el individuo y posteriormente, en la sociedad a la que le es propio. En el caso de los centros históricos mexicanos, la metamorfosis comienza con un nuevo planteamiento, en el que el turista es el protagonista y los habitantes se convierten en prestadores de servicios, lo que constituye un giro sustancial para la ciudad y quien la habita. La imagen de los centros históricos es ahora un recurso económico, se visualiza como tal, por tanto, se oferta según la demanda, explotando todo aquello visualmente atractivo, históricamente relevante o culturalmente representativo. En el que la salvaguarda patrimonial pareciera tener un papel preponderante, y que sin embargo, cada vez mas, importa no por la conservación y valía de una expresión única, sino por la derrama económica que puede dejar a la entidad. Resulta importante entonces, una lectura a través de la historia y las transformaciones sociales de las ciudades, en la que sea evidente el impacto de las políticas públicas, de las manifestaciones culturales consolidadas y el desarrollo de estas, lo que ha hecho posible la incorporación de nuevas interpretaciones del patrimonio cultural. El presente trabajo puntualiza en el nuevo uso de algunas de las construcciones icónicas de los centros históricos de ciudades como Zacatecas y Guanajuato, lo que ha impactado tanto en la disposición espacial de estas como en su contexto inmediato, desde de la función que albergan, hasta la panorámica que brindan, misma que se ha resignificado. De este modo, la arquitectura como expresión artística, contiene una diversidad de funciones, enfocándose en gran medida a las culturales, en estas edificaciones convergen simultáneamente diversas artes y ello genera un nuevo entendimiento del espacio, evidencia los cambios y nuevos paradigmas sociales y reafirma la restructuración del patrimonio cultural y sus implicaciones. 

Resumen de la Ponencia:

Dedicamo-nos a pesquisar tanto a participação da sociedade civil no planejamento e gestão das políticas públicas de direitos humanos, no Estado do Rio de Janeiro, quanto a adoção, pelo governo do Rio de Janeiro, de medidas neoliberais de gestão e gestão de benefícios e serviços públicos com consequente redução das funções do Estado. Por isso, os conselhos jurídicos (instituições do Poder Público, de caráter, conforme o caso, consultivo, deliberativo ou fiscalizador, integrados, simultaneamente, por representantes da sociedade civil e do governo) têm sido objeto de estudo da violação da lei do nível de vida adequado (DNAV) de populações em situação de vulnerabilidade social. Dando continuidade a esta pauta, levantamos (1) a relação e ampliação entre os diferentes tipos de direitos e (2) os meios de garanti-los, analisando, O texto da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), ou como ela enreda os direitos humanos (DDHH) - à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade e à propriedade - e instrumentaliza sua defesa e proteção. Isso nos levou ao estudo concomitante das duas matrizes dos direitos humanos que obrigam as políticas públicas e as estruturas de operacionalização de sua defesa e proteção. Seguindo essa linha de raciocínio, nossa hipótese foi a de que a carta constitucional, além de possibilitar a admissão de novos direitos, como o padrão de vida adequado, e permitir a participação da sociedade civil nas decisões governamentais, mesmo que o Brasil seja marcado ou à igualdade e à propriedade – e instrumentaliza sua defesa e proteção. Isso nos levou ao estudo concomitante das duas matrizes dos direitos humanos que obrigam as políticas públicas e as estruturas de operacionalização de sua defesa e proteção. Seguindo essa linha de raciocínio, nossa hipótese foi a de que a carta constitucional, além de possibilitar a admissão de novos direitos, como o padrão de vida adequado, e permitir a participação da sociedade civil nas decisões governamentais, mesmo que o Brasil seja marcado ou à igualdade e à propriedade – e instrumentaliza sua defesa e proteção. Isso nos levou ao estudo concomitante das duas matrizes dos direitos humanos que obrigam as políticas públicas e as estruturas de operacionalização de sua defesa e proteção. Seguindo essa linha de raciocínio, nossa hipótese foi a de que a carta constitucional, além de possibilitar a admissão de novos direitos, como padrão de vida adequado, e permitir a participação da sociedade civil nas decisões governamentais, ainda que o Brasil tenha sido marcado por seu modo de atuação pelas políticas públicas, seu formato institucional, seu alcance e as regras de financiamento das mesmas, desde 1988, constituindo uma governança de dois direitos humanos . Aqui, queremos apresentar os primeiros resultados desta nova etapa de nossa agenda de pesquisa. Um produto a que chamamos painel de governação de dois direitos humanos, fruto do cruzamento de dois direitos humanos com direitos sociais – à saúde; à alimentação; à educação; ao trabalho; ao lazer, ao transporte; na moradia; à segurança; à segurança social; à proteção da maternidade e da infância; e atenção à população em situação de rua – que revela tanto as diretrizes quanto os instrumentos de planejamento e gestão para a efetivação de dois direitos humanos e sua interação com as políticas públicas. Qualquer evidência ou problema que oriente esta etapa investigativa pode ser traduzido na seguinte pergunta:

Introducción:

 Discutindo os espaços institucionais de controle social das políticas públicas, temos analisados os conselhos de direitos e nos dedicado a entender os arranjos institucionais franqueados a participação da sociedade civil nas ações governamentais do Poder Executivo fluminense. 

Desdobramento dessa pesquisa, nos dedicamos a análise sobre a ampliação dos Direitos Humanos e dos meios para garanti-los, desta vez tendo por referência a Constituição da República Federativa do Brasil em vigor desde 1988, a fim de entender como os Direitos Humanos se transmutam em Direitos Sociais, ou seja, como os dispositivos constitucionais, obrigam o Estado brasileiro, a promover o equilíbrio material de enfrentamento as desigualdades sociais existentes em nossa sociedade. 

Para tanto, foi preciso discutir como estão dispostos os Direitos Humanos e os Direitos Sociais no texto da Constituição Federal e compreender o teor dos dispositivos que obrigam o Poder Público, a implementar as políticas públicas de promoção desses direitos. 

Igualmente, consideramos os efeitos que sucessivas alterações vêm produzindo no texto constitucional, com a redução das funções estatais que indiretamente bloqueiam o acesso aos bens, e serviços, preconizados pelas políticas sociais. 

Por fim, para responder a nossa indagação e com isso testar a correção da nossa hipótese, elaboramos dois painéis. O primeiro, em formato tabela, permite visualizar a correlação que estabelecemos entre Direitos Humanos e Direitos Sociais, tendo por referência dois dispositivos da nossa Constituição Federal. O segundo, mais complexo por resultar da análise de toda a Constituição, possibilita a compreensão da amplitude alcançada pela constitucionalização das políticas públicas para realização desses direitos, resultando nesse painel da governança dos Direitos Humanos. 

Essas visualizações permitem a identificação dos balizadores dessas políticas públicas, constituindo um modus operandi do formato institucional, alcance e delimitação dos meios necessários a exequibilidade dos Direitos Humanos.  

Desarrollo:

I –  O Regime Constitucional dos Direitos Humanos e dos Direitos Sociais no Brasil

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada 05 de outubro de 1988 e vigente desde aquele ano, resultou de um longo processo de abertura política após vinte anos de governos autoritários. Conhecida como “Constituição Cidadã”, o texto constitucional reformulou as instituições estatais brasileiras, reconheceu novos direitos, ampliando o exercício da cidadania, os direitos políticos e a participação da sociedade civil nas ações governamentais.

A estrutura do texto constitucional está organizada com um Preâmbulo e dez títulos. Os títulos se desdobram em capítulos e seções que por sua vez contém parágrafos, incisos e alíneas. 

No Preâmbulo estão estabelecidas as bases do Estado brasileiro e os valores a serem observados no texto constitucional. Adotou-se o regime democrático destinado “...a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos...” da nossa sociedade (Brasil, 2022). A partir do texto introdutório, evidencia-se, que o corpo político que elaborou e aprovou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), incorporou os Direitos Humanos e o Estado de bem-estar social, como diretrizes da mudança jurídico-institucional do país.

Em seguida, ao Preâmbulo, o texto constitucional está organizado em dez títulos que tratam dos seguintes temas: I - Princípios Fundamentais; II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais;  III - Da Organização do Estado; IV - Da Organização dos Poderes; V - Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas; VI - Da tributação e do Orçamento; VII - Da Ordem Econômica e Financeira; VIII - Da Ordem Social; IX - Das Disposições Constitucionais Gerais e por fim a seção Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (Brasil, 2022).

Considerando nossa proposta de pesquisa, buscamos identificar nessa estrutura normativa, imposições referentes aos Direitos Humanos (DDHH) e aos Direitos Sociais (DS), alinhados com os valores estabelecidos no Preâmbulo da CRFB/88. Dessa análise inicial, identificamos o inc. II, do art. 4º, do primeiro título, regendo-se as relações internacionais pela prevalência dos DDHH e os tratados e convenção nessa temática, uma vez aprovados no Congresso Nacional, equiparados a Emendas Constitucionais (ECs), conforme o texto do §3º, inc. LXXIX, art. 5º (Brasil, 2022). 

Todavia, ao prosseguirmos nessa análise, percebemos que nos demais dispositivos constitucionais, os Direitos Humanos são tratados como Direitos Fundamentais na CRFB/88, conforme os termos do Título II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, art. 5º e o capítulo II – Dos Direitos Sociais, artigos 6º ao 11º. Nesse tema, observamos que, pela primeira vez em nossa história constitucional, os Direitos Sociais foram incluídos no rol dos Direitos Fundamentais (Brasil, 2022). 

O caput , do art. 5º, estabelece a igualdade perante a lei, o direito à vida, à liberdade, à segurança e propriedade, conforme os termos estabelecidos em seus setenta e nove incisos. No caput do art. 6º foram estabelecidos o direito à saúde; à educação; ao trabalho; ao lazer, à segurança; à previdência social; à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. 

Seguindo a ordem, o art.7º, composto por trinta e quatro incisos, trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. O art. 8º, estabelece a liberdade de associação profissional ou sindical, detalhada em oito incisos. O caput do art. 9º estabelece o direito de greve, enquanto o caput do art. 10º se refere a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos de seus interesses profissionais e previdenciários e o caput do art. 11º, da representação de trabalhadores junto aos empregadores para negociações.

Esses dispositivos permitem identificar a diretriz política observada pelos constituintes, tendo seguido o modelo do Estado Liberal e o Modelo do Estado Social, com a sedimentação dos direitos individuais, que exigem a atuação negativa do Estado, e os inclusão dos Direitos Sociais que exigem sua intervenção. 

 

II – Governança dos Direitos Humanos: uma imposição constitucional

 

Ao longo dos últimos 34 anos, a CRFB/88 foi alterada e descaracterizada em relação aos objetivos preconizados no seu texto original. Logo após a sua promulgação, alguns críticos argumentaram que alguns dos novos dispositivos impediam a modernização do país, do ponto de vista econômico, e a governabilidade, do ponto de vista político (Couto & Arantes, 2006). Com isso em 1992 foi aprovada a primeira alteração no texto original, totalizando até o final de 2022, cento e vinte e oito Emendas Constitucionais.

Embora os DDHH e os DS gozem de rigidez e imutabilidade no esteio do inc. IV, §4º, art. 60 da CRFB/88, considerados como “cláusulas pétreas”, as frequentes reformas constitucionais implicaram na redução do gasto público, resultando na redução das prestações sociais e assistenciais a que o Estado está obrigado a fim de materializar esse direitos.

Ao mesmo tempo, em que essas modificações foram realizadas no texto original, houve a adesão ao Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, regulamentado pelo Decreto nº 591 de 06 de julho de 1992, que incorporou ao nosso arcabouço jurídico-institucional novos direitos, como um nível adequado de vida e a melhoria contínua de suas condições de vida (Decreto nº 591, 1992).

Da mesma forma, três Emendas Constitucionais alteraram o caput do art. 6º, que no texto original citava o direito a educação, a saúde, ao trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, tendo sido incluído em 2000, o direito à moradia, em 2010, o direito à alimentação e em 2015 o direito ao transporte (Brasil, 2022).

Entendemos a existência de uma dualidade contraditória, produzida pelos interesses econômicos que influenciaram as alterações nos dispositivos da CRFB/88, que enseja a discussão entorno da constitucionalidade de uma “ ...transformação do modelo de Estado Social, delineado pela Constituição de 1988, em um modelo de Estrado Pós-Social neoliberal...” (Gotti, 2012). Para alguns juristas, sem que se altere os artigos 1º, 3º e 170 da CRFB/88, essa mudança é inconstitucional (Grau, como citado em Gotti, 2012, p. 152).

A despeito dessa discussão, em nossa análise consideramos que os DDHH, do caput do art.5º, estão situados no topo de uma matriz em que as linhas inferiores são os DS, do caput, do art. 6º. Ambos vinculam-se mutuamente constituindo uma matriz interdependente na realização desses direitos, conforme o quadro abaixo: 

 

Figura 1 – Matriz de Governança DDHH e DS

 

Consideramos que a finalidade precípua dos DS é assegurar “...a existência das condições materiais essenciais para o exercício do direito à liberdade individual, a consolidação da democracia, por meio da garantia não apenas da igualdade formal, mas sobretudo, da igualdade material, entendida como igualdade de oportunidades” (Gotti, 2012) e assim entendemos que os Direitos Sociais, em toda a amplitude estabelecida na CRFB/88, conferem materialidade de acesso a bens, e serviços, que possibilitam o exercício dos Direitos Humanos. Essa correlação mútua de direitos pode ser graficamente visualizada na Matriz de Direitos que construímos.

Portanto, alguns dos meios que garantem um padrão de nível adequado de vida, promovem melhores condições para grupos em situação de vulnerabilidade ou reduzem as diferenças entre particulares, referem-se as políticas públicas dos DS que, tendo por objetivo promover a igualdade material (Gotti, 2012), promovem a igualdade formal e igualmente torna exequíveis os demais direitos estabelecidos no caput do art. 5º da CRFB/88. 

São dispositivos que expressamente determinam a elevação das condições sociais da população em situação de desamparo ou vulnerabilidade social (caput e parágrafo único do art. 6º), obrigando o Poder Público a instituir serviços de assistência e um programa de renda básica familiar, identificando-o como programa permanente de transferência de renda (Brasil, 2022). 

Nessa mesma linha, para o exercício dos direitos individuais, a CRFB/88, o inc. LXXVI, do art. 5º, segmenta a população franqueado para aqueles que estão em situação de pobreza, o acesso gratuito aos serviços de registro civil de nascimento e óbito (Brasil, 2022). 

A erradicação da pobreza e da marginalização são alguns dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, sendo tema de mais de um dispositivo. O texto constitucional fixa a competência comum de todos os entes federativos no combate as suas causas e fatores. Um fundo de combate e erradicação da pobreza foi criado por EC em 2000 e estabeleceu que um conselho, composto também por representantes da sociedade civil, deve fazer o acompanhamento dessa política pública obrigando estados, Distrito Federal e municípios a aplicar o mesmo modelo para receber recursos transferidos da União. Outra EC de 2010, prorrogou a existência do fundo por tempo indeterminado (Brasil, 2022).

Nessa mesma temática, a assistência social deverá ser prestada a quem dela necessitar independentemente de contribuição para a seguridade social, sendo um dos seus objetivos, a promoção da redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza conforme estabelece o inc. VI, e caput, do art. 203 (Brasil, 2022).

As ações governamentais de assistência social são realizadas com recursos da seguridade social, havendo outras fontes. Sua organização é descentralização política e administrativamente, com programas na esfera estadual e municipal, entidades beneficentes e de assistência social. Franqueia-se a participação da população, por meio de representantes de organizações, para formulação e controle das ações. 

Esses são alguns dos inúmeros artigos constitucionais que fixam as temáticas, a distribuição de competências, os arranjos institucionais, determinam quais as fontes de recursos e sua repartição na formulação e implementação das políticas públicas a partir de 1988. Portanto, a Constituição impõe o modus operandi das política de DS que tornam efetivos os DDHH, constituindo o que chamamos governança dos Direitos Humanos. Dessa forma os DDHH se transmutam nos DS. 

Couto e Arantes (2006) assinalaram que “...a grande presença de políticas públicas...” no texto constitucional, se relaciona principalmente com o “...formato que presidiu os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte...”, um processo descentralizado, cujo colegiado de representantes políticos decidia com quórum de maioria simples e sem um projeto de referência. O resultando foi uma carta constitucional cujos dispositivos em sua maioria referem-se mais as políticas públicas a serem desenvolvidas do que aos princípios constitucionais gerais e fundamentais (Couto & Arantes, 2006).

Ao examinarmos os dispositivos que aprofundam as temáticas dos DS, começando pelas políticas públicas de acesso a saúde, algumas das diretrizes podem ser destacadas. A competência comum dos entes federativos no atendimento a população; a indicação de que municípios contarão com a cooperação técnica e financeira da União e do estado e que a União poderá intervir nos municípios, caso os valores mínimos constitucionalmente previstos, não sejam aplicados na área, são alguns desses itens (Brasil, 2022). 

Nessa temática, para implementação das políticas de saúde, na CRFB/88 foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS), que se organiza com ações e serviços regionalizados, hierarquizados, descentralizados, de acesso universal, compreendo colegiados com participação social, com percentuais de recursos de aplicação obrigatória pelos entes federativos (Brasil, 2022).

Em relação a educação, o balizamento das políticas envolve uma ampla gama de itens, sendo alguns deles: definição de competências comuns no acesso; piso salarial nacional para pagamento dos professores; a gratuidade de acesso à educação básica, por idade e aos que não tiveram acesso na idade própria; progressiva universalização do ensino médio; a obrigatoriedade de aplicação de determinados percentuais dos recursos provenientes de impostos, considerando cada ente federativo, instituição de um fundo para receber recursos da União (Brasil, 2022).

Na temática que diz respeito às relações capital x trabalho, os dispositivos constitucionais são de diferentes níveis, tratando de cláusulas contratuais ao impor, por exemplo, que o empregador o pague o salário mínimo estabelecido em lei federal e o décimo terceiro salário; de promoção de direitos, limitando a jornada laboral e estabelecendo as licenças maternidade e paternidade e de liberdade da afiliação sindical bem como do direito de greve (Brasil, 2022).

Poucos dispositivos constitucionais se referem ao direito ao Lazer, enquadrado como atividade esportiva §3º, do inc. IV, do art. 217 que deve ser assegurado pela família, sociedade e pelo Estado, a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade (Brasil, 2022).

O direito a segurança, constitucionalmente identificada como um DDHH e um DS, é outra temática que carece de uma sistematização, pois vincula-se a diferentes setores. O primeiro se relaciona com os chamados remédios constitucionais, pois trata das ações judiciais que podem ser interpostas para proteção e defesa dos direitos individuais e coletivos como o habeas corpus, o mandado de segurança ou a ação popular (Brasil, 2022). 

De outra banda, a segurança, no texto constitucional, está relacionada também com os riscos provenientes do exercício profissional; com a segurança interna do país; segurança do trânsito; do território nacional e defesa nacional. Em um título específico é tratada como segurança pública, dispondo sobre as competências dos entes federativos na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (Brasil, 2022).

Aspectos que tratam das políticas públicas relacionadas com o direito a previdência social, são disciplinados em vários dispositivos. Foi estabelecida a competência concorrente entre União, estados e Distrito Federal, sendo que estes entes, além do município, podem ter servidores público regido por regime próprio. Esta área tem sido uma das mais afetadas por reformas constitucionais que, na maioria dos casos, reduziu direitos de trabalhadores do setor privado e do setor público, postergando a possibilidade da aposentadoria, restringindo a concessão de benefícios e dos valores recebidos em relação ao que foi estabelecido no texto original (Brasil, 2022). 

A proteção da maternidade é regida por dois tipos de políticas. Uma decorre da relação de emprego, com o pagamento da licença maternidade, realizada através da previdência social, em razão dos recolhimentos de contribuições. A segunda, que independe de contribuições, está na área da assistência social, que estende a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice (Brasil, 2022). No mesmo segmento, a assistência aos desamparados também está na área da assistência social, relacionada com a redução da vulnerabilidade socioeconômica de pessoas e famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza (Brasil, 2022). 

As políticas de direito à moradia são de competência comum a todos os entes da federação que estão obrigados a promover programas de construção e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Dois outros dispositivos que se relacionam com o acesso a moradia, estabelecem a possibilidade do possuidor de pequenas áreas urbanas ou rurais, adquirir, em razão do tempo, o domínio tornando-se proprietário (Brasil, 2022).

Quanto ao direito ao transporte, sua regulação constitucional restringe-se em estabelecer a competência da União para legislar sobre o tema, atribuindo aos municípios a obrigação de prestar o serviço diretamente ou conceder ou permitir a exploração pela iniciativa privada. Garante-se o transporte gratuito em área urbana, aos maiores de sessenta e cinco anos e, aos educandos. 

Ao ampliarmos a nossa análise, incluindo mais dispositivos constitucionais que determinam as diretrizes, instrumentos, planos, programas das políticas públicas, temos por resultado a figura 2  - Painel de Governança dos Direitos Humanos em Direitos Sociais:

Desdobramos dessa forma a correlação que estabelecemos inicialmente na figura 1 – Matriz de Governança DDHH e DS – no segundo painel, diante da complexidade disposta no texto constitucional. Nesse segundo painel é possível visualizar as temáticas dos programas, dos planos, segmentos das populações, às competências federativas, os sistemas, que institucionalizam constitucionalmente a formulação e implementação das políticas de DDHH e de DS, conforme o texto original e as reformas realizadas até esta ocasião. 

Conclusiones:

Os resultados parciais da nossa pesquisa, possibilitaram a identificação de uma governança dos Direitos Humanos, em nossa Constituição Brasileira de 1988, por delinear de forma impositiva as políticas públicas de DDHH e DS. Esses resultados também revelaram uma dualidade constitucional, entre a manutenção desses direitos e a redução das políticas públicas que possibilitam seu exercício por meio da intervenção do Estado. 

Considerando esses resultados duas novas questões, sugiram a partir da nossa análise. A primeira diz respeito ao alcance da materialidade dos DS, por meio das políticas públicas de promoção da igualdade material, desde a promulgação da CRFB/88, considerando, inclusive, as leis infraconstitucionais que tratam dessas temáticas. Nossa indagação é: qual a efetividade das políticas públicas de promoção dos DS entre 1988 a 1992 quando se aprovou a primeira EC ? 

Ampliando a análise suscitada na indagação anterior, considerando que após 34 anos, os DDHH e DS foram mantidos e ampliados na CRFB/88, continuando a obrigação do Estado brasileiro em promovê-los, assegurá-los, indagamos como têm se comportado os Órgãos fiscalizadores, os atores políticos, os movimentos sociais diante do que identificamos como uma dualidade contraditória produzida pelos atores políticos no texto constitucional ?  Quais são as instâncias acionadas e o que elas têm decidido a fim de garantir o exercício desses direitos, ou seja, para garantia a igualdade material e por consequência promover a igualdade formal e, logo, dos demais direitos que dela decorrem ?

Bibliografía:

Brasil. (15 de Dezembro de 2022). Presidência da República, Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos. Acesso em 15 de janeiro de 2023, disponível em Presidência da República, Casa Civil, Subchefia de Assuntos Jurídicos: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Couto, C. G., & Arantes, R. B. (2006). Constituição, Governo e Democracia no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 41-62.

Decreto nº 591, d. 0. (06 de Julho de 1992). Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Acesso em 20 de Fevereiro de 2023, disponível em Planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm#:~:text=Os%20Estados%20Partes%20do%20presente%20Pacto%20reconhecem%20a%20cada%20indiv%C3%ADduo,art%C3%ADstica%20de%20que%20seja%20autor.

Gotti, A. (2012). Direitos Sociais: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de resultados. São Paulo: Saraiva.

 

Palabras clave:

direitos humanos, direitos sociais, políticas públicas

Resumen de la Ponencia:

A partir del estudio y discusión sobre el disenso o desacuerdo como categoría analítica y como práctica se explora su utilidad para analizar campos ambientales altamente disputados en los que no es posible lograr consensos ni la cooperación entre los distintos actores sociales involucrados. Nuestro interés es indagar, desde la perspectiva de los distintos actores sociales y políticos involucrados en un caso específico, los diversos significados (discursos y acciones) que dan forma al disenso o desacuerdo. La óptica del disenso que retomamos no se equipara a una diferencia de opinión o disputa sobre qué «medidas políticas» adoptar, sino que se refiere a desafiar la lógica que distingue a unos como seres de decisión y acción y relega a otros a la esfera pasiva de la reproducción (Rancière, 2019). Esta perpectiva permitirá explorar la práctica del disenso como un potencial catalizador de las diferentes partes y visiones sobre un mismo asunto y de esta forma, contribuir al reconocimiento de las relaciones interdependientes entre actores y no sólo como indicador de conflicto o confrontación entre las partes involucradas. Consideramos que éste puede ser un enfoque novedoso para ser contrastado con el de gobernanza ambiental que supone la coordinación, cooperación y consenso entre las partes involucradas. Nos parece que la categoría del disenso es pertinente para comprender fenómenos sociopolíticos en campos sicioambientales disputados en México y América Latina, toda vez que crecientemente se manifiestan agravios, disputas y conflictividades relacionadas con sistemas socioecológicos, lo que imposibilita el logro de un desarrollo socialmente justo y ambientalmente sostenible. 

Resumen de la Ponencia:

La pandemia de COVID-19 evidenció condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social que se intensificaron durante la imposición de medidas de confinamiento por emergencia sanitaria y que se reproducen e intensifican en forma de desigualdad digital. Las y los jóvenes constituyen el grupo con mayor acceso proporcional a Internet en México y América Latina, pero ello no implica que su experiencia, condiciones y posibilidades de aprovechamiento sean homogéneas, cuestión que se indaga sobre la línea de tres brechas digitales: de acceso, de uso y de aprovechamiento. En este aspecto, más allá de la ilusión de democratización en el acceso, debemos pensar en su calidad y estabilidad. En cuanto al uso, se precisa que los procesos de alfabetización digital y acompañamiento van más allá de los saberes técnicos sobre el manejo de recursos, y así, finalmente, indagar en las diferentes posibilidades de aprovechamiento de lo digital que se traduzca en un aporte significativo en su vida cotidiana presencial. En este trabajo, que es resultado de los avances de una investigación doctoral en curso, el interés se centró en explorar la relación entre condiciones de desigualdad social y de desigualdad digital que se hicieron más visibles frente a las restricciones que supuso la pandemia. Como ejes de la discusión, primero se analiza la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2020) y, posteriormente, se exploran los sentidos que jóvenes atribuyen a su experiencia con Internet en el contexto de las restricciones en la interacción social por motivo de la pandemia. A partir del reconocimiento de las brechas digitales, el objetivo es aportar una reflexión sobre la desigualdad sociodigital a partir de esfuerzos metodológicos mixtos para visibilizarla y explorarla. En este aspecto, en primer lugar, se presenta una evaluación preliminar sobre retos y limitaciones que se plantean a partir de un análisis de los resultados de la ENDUTIH 2020 al respecto del acceso y los hábitos de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de jóvenes en México según sexo, edad y estrato social. En segundo lugar, se presentan resultados de algunas entrevistas en profundidad con enfoque biográfico para conocer el sentido que jóvenes atribuyen a la presencia de las TIC en su vida cotidiana y de ellos en las redes sociodigitales durante el periodo de confinamiento por COVID-19. Al ser una investigación en curso, los resultados son preliminares y se enfoca en los principales hallazgos que sugieren los datos, tanto en los análisis estadísticos como en los de las experiencias que reportan los jóvenes, vinculados por posibilidades desiguales de aprovechamiento de recursos digitales ante la necesidad percibida de su uso como una medida para contrarrestar las restricciones sociales por la pandemia.

Resumen de la Ponencia:

En Argentina los programas sociales en general, y los programas alimentarios en particular, muestran una presencia permanente y en crecimiento de alcance masivo en las poblaciones con necesidades básicas insatisfechas desde hace más de treinta y cinco años. En la actualidad cuatro generaciones destinatarias de programas alimentarios complementan y organizan su alimentación diaria con las prestaciones de los mismos. Entre las personas titulares, destinatarias y/o receptoras de programas alimentarios se entraman vínculos con valoraciones de oposición en relación a las ventajas y desventajas que implican los requisitos de focalización de los mismos. En este marco, el objetivo de este trabajo es identificar las emociones asociadas a los procesos de sociabilidad en el acceso y permanencia de los programas alimentarios y comparar dichas vivencialidades en distintas generaciones que hayan recibido los prestaciones alimentarias en el periodo 1983-2020, en el Partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, Argentina.El diseño del estudio es cualitativo, se implemento el método biográfico con la estrategia historias de vida. Se realizaron 45 entrevistas en profundidad para construir un modelo teórico que permita identificar “a la voz social” de cada generación destinataria de programas alimentarios. Así se definieron los grupos etarios de cada generación: mayores de 56, entre 31 y 55 años y entre 18 y 30 años. Luego, se realizaron dos historias de vida en cada grupo etario; cada historia de vida implico entre seis y ocho entrevistas en profundidad en las que se reconstruyeron las trayectorias biográficas y se complementaron las narraciones con documentos, fotos, cartas y otros elementos personales. Entre los principales resultados se identificó que en las tres generaciones aparecen relaciones en posición de alteridad en las que un “otro” no merece la prestación y,  al definir a quienes “no merecen” recibir el programa se construye la propia identificación con los requisitos de acceso y el uso de las prestaciones. Ese “otro” subalterno no solo se formula en términos morales sino que, además, diferencia a una generación de otra. En este sentido, se generan tensiones intergeneracionales en relación a prácticas que han sido modificadas producto de los grandes cambios en las modalidades de prestaciones, desde las bolsas de alimentos a las transferencias moentarias. Este hito en las modalidades de prestación marcó una diferencia generacional sustancial en relación a las modalidades de “control” para el acceso y la permanencia en los programas. En este contexto se observó un pasaje generacional respecto a las emociones asociadas al acceso al programa. Mientras las personas mayores de 56 años, primera generación, vivenciaron indignación y enojo, la segunda y tercera generación vivenciaron incertidumbre, desconfianza y miedo respecto a la intervención de los mismos programas.

Resumen de la Ponencia:

 Na última década, a larga apropriação política das mídias sociais mostrou que estas são muito potentes em mobilizar pessoas (GIANSANTE, 2015). Contudo, pesquisas indicam que essas plataformas vêm sendo instrumentalizadas mais para práticas populistas (GERBAUDO, 2018) e de violência discursiva (SOLANO, 2018; BACHINI, 2021), do que para aprimorar a contraposição de argumentos e pluralizar a experiência política (FRASER, 2014). Como resultado desse processo, verificam-se o aprofundamento da democracia da audiência (URBINATI, 2014) e involuções autoritárias por toda parte. As lacunas sociais deixadas pela globalização neoliberal associadas à incompletude do processo democrático (PINHEIRO, 2020), favoreceram particularmente a reprodução desse fenômeno no Brasil, demarcada pela eleição de Bolsonaro em 2018. Contudo, ao tornar-se governo, viu-se gradualmente a fragmentação da articulação política que o elegeu (ROCHA e SOLANO, 2020), embora ainda resistam cerca de 25% de apoiadores fiéis. Nesse artigo tem-se como objetivo compreender como as mídias sociais vêm sendo empregadas pelos atores da “direita conservadora” no Brasil como uma espécie de novo repertório de ação (TILLY, 2008), com particular atenção para as estratégias de mobilização em prol de suas agendas e projetos de lei enquanto governo. Para explorar empiricamente a questão, estudou-se, a partir de uma metodologia que articula noções da análise do discurso (FOUCAULT, 1999) e da análise de enquadramentos (GOFMANN, 1986), os posts das páginas públicas no Facebook que se identificam como pertencentes a esse campo – “direita conservadora”, dando continuidade, assim, à análise da atuação desses atores na plataforma ao longo da pandemia de Covid-19. Os primeiros resultados da pesquisa indicam (BACHINI et al, 2022) que, em geral, estes atores se comportam de forma personalista, defendem posições autoritárias e realizam permanente campanha negativa contra seus adversários e o sistema político. Enquadram negativamente seus adversários políticos, os direitos humanos e as instituições democráticas, a partir de formulações simplistas, opondo-os às suas pautas. Ao mesmo tempo, argumentam em prol de projetos que endossam o uso da violência (tanto privada, quanto estatal) como forma de controle social. Porém, os dados sugerem também um desalinhamento entre os enunciadores e os adeptos do discurso da direita conservadora com relação às responsabilidades sociais do Estado e a questão racial. Palavras-chave: ativismo de direita; discurso conservador; autoritarismo; democracia; identidade ciber-orientada.

Resumen de la Ponencia:

En Argentina, como en otros países del mundo, durante la pandemia de Covid-19 numerosos trabajadores pasaron a desempeñar sus tareas en forma virtual, ante la necesidad de restringir la circulación y las actividades económicas con el fin de prevenir los contagios. La extensión del teletrabajo fue, en este sentido, uno de los efectos más importantes de la pandemia sobre el mercado laboral, acelerando procesos de cambio tecnológico que ya estaban en marcha. Es probable que los efectos de la extensión del teletrabajo perduren en el tiempo. Sin embargo, no todos los trabajadores tienen la posibilidad de trabajar en forma virtual, en tanto el teletrabajo sólo es viable en algunas ocupaciones. En esta ponencia analizamos el teletrabajo en Argentina en el contexto de la pandemia desde un triple ángulo. En primer lugar, revisamos la situación en materia de legislación laboral, con el fin de precisar en qué medida y de qué manera el teletrabajo se encuentra regulado por el Estado argentino. En segundo lugar, evaluamos la factibilidad del teletrabajo durante la pandemia, y las diferencias en ese potencial a lo largo del país y entre distintos sectores sociales. Para ello, presentamos una propuesta metodológica de clasificación de las ocupaciones según sean potencialmente teletrabajables o no, y la aplicamos a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC). Finalmente, indagamos cuán extendido estuvo efectivamente el teletrabajo en el país durante la crisis de Covid-19. En base a los datos sobre cambios en las condiciones laborales durante la pandemia relevados por la encuesta “Estructura social de Argentina y políticas públicas en tiempos del COVID-19” (PIRC-ESA/PISAC, 2021), analizamos cuántos trabajadores efectivamente realizaron sus tareas en forma virtual durante la pandemia, y si hubo heterogeneidades entre los trabajadores de las distintas regiones del país y de distintos sectores sociales. 

Resumen de la Ponencia:

La sociedad colombiana en los últimos años avanza hacia la construcción de paz como horizonte de sentido colectivo, sin embargo, el debilitamiento de la democracia, el aumento de la pobreza y la desigualdad, la crisis humanitaria y de derechos humanos, unido a la baja e inadecuada implementación del acuerdo de paz, han generado una nueva ola de violencia y el fortalecimiento de actores armados. La participación ciudadana en sus diversas expresiones institucional, electoral, movilización y protesta social sigue impulsando cambios en niveles locales y nacionales.  Las instituciones estatales continúan en deuda, la ciudadanía tiene la bandera del cambio. El pasado noviembre se conmemoró los primeros cinco años de la firma de Acuerdo Final de paz entre el Estado Colombiano y las FARC con un balance bastante negativo de la implementación del mismo.  La construcción de paz contiene por lo menos cuatro elementos: Implementación del acuerdo final de paz: El acuerdo desde una concepción integral supone desarrollos normativos, institucionales, designación de recursos y avances efectivos en la reforma rural integral, la modificación del sistema político electoral colombiano, avanzar en la gestión del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, asignación y ejecución de recursos y por supuesto, parar de inmediato la muerte de excombatientes. Avanzar en la salida negociada al conflicto armado colombiano: lo que supone reactivar y llevar a feliz término un proceso de diálogo y negación con la guerrilla del ELN. Si bien se han esfuerzos en el pasado, el actual gobierno cerró la mesa negación, negando los avances en agenda y procedimientos que el gobierno anterior, el ELN y la sociedad civil destacaron como avance. Garantías para el liderazgo social y la defensa de los DDHH: Colombia sigue ocupando el primer lugar en el mundo de asesinatos de líderes ambientales y sindicalistas. Aunque existen algunas contradicciones con la sistematización de los casos y cifras, los medios de comunicación continúan presentando diariamente las muertes, hostigamientos y amenazas contra lideres y lideresas sociales al igual que defensores de derechos humanos, justificando la situación con conflictos personales o distractores, sin cuestionar la responsabilidad por omisión o acción de agentes estatales en esta vulneración sistemática de los derechos humanos en el país. Desmantelar el paramilitarismo: Construir la paz también supone reconocer la refundación, reconstrucción y centralización de estructuras narco-paramilitares bajo el liderazgo de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Clan del Golfo. Con relación a esto, el acuerdo de paz presenta como principal compromiso desmantelar las estructuras paramilitares, llevar seguridad y garantías de participación a las regiones y municipios afectados por el conflicto.

Resumen de la Ponencia:

 O presente estudo refere-se  a reflexões  desenvolvidas no âmbito de uma de Pesquisa intitulada “Cidade e Meio Ambiente em disputa: O Programa Minha Casa minha vida X a Comunidade do Maracanã”. Esta Comunidade tradicional, situada numa Área de Preservação ambiental, vem sendo afetada de forma brusca pela expansão urbana em curso na cidade de São Luís. A cidade tem se transformado em objeto de apropriação do capital financeiro por meio da implantação de programas habitacionais. Dentro e no entorno da APA foram construídos quatro (4) conjuntos do Programa Minha Casa minha Vida. O referido Programa instituído pelo governo federal no ano de 2009, cuja pretensão era tentar resolver o déficit habitacional no Brasil, deve ser compreendido no contexto da financeirização da economia e da moradia. (ROLNIK, 2015). A lógica de implantação dos empreendimentos imobiliários do PMCMV, busca por terrenos mais baratos o que invariavelmente leva à ocupação de áreas rurais ou ambientalmente improprias promovendo a expansão urbana com custos socioambientais e conflitos com as comunidades tradicionais.  Tal modelo de cidade que se projeta de fora, aprofunda velhos problemas e gera novas disputas e prejuízos socioambientais irreversíveis. A expansão da cidade por meio da construção dos conjuntos nessa região, vem gerando uma série de impactos negativos para a Comunidade do Maracanã, o que provocou mudanças significativas nos seus modos de vida.  Este estudo busca refletir sobre as disputas pela cidade de São Luís, determinadas pela lógica do capital financeiro, contrariando os interesses e necessidades dos demais segmentos da sociedade e apreender as transformações na comunidade do Maracanã a partir do olhar dos moradores, notadamente, sobre os problemas que afetem diretamente seus modos de ser e viver. Para isso tem-se por condição a escuta da Comunidade no sentido de que possa expressar como percebe as mudanças em curso e como está reagindo aos problemas que alteraram de forma brusca as interações entre si, com a natureza e com a cidade. Os moradores, vêm desenvolvendo estratégias coletivas e individuais no sentido de esperançar novos presentes e futuros enquanto condições desejáveis para si, necessárias à sua maneira ser e existir no mundo.

Descripción de la Publicación académica:

Inserido no contexto neoextrativista latino americano, o estado do Espírito Santo (ES, Brasil) fortalece seu papel na cadeia produtiva global nas últimas décadas, reafirmando a sua trajetória desenvolvimentista, iniciada na década de 1970 com mega projetos visando a internacionalização econômica através da exploração e exportação de recursos naturais. Tais foram se instalando em suas cidades litorâneas (como a capital Vitória), modificando-as em plataformas logísticas portuárias num processo de transformação capaz de vulnerabilizar seus territórios social e ambientalmente. Os diversos problemas socioambientais advindos destas instalações em ambiente urbano demandam dos atores da governança cidade-porto pensar a sustentabilidade de suas ações, visando contribuir para políticas públicas sustentáveis. A presente comunicação pretende discutir as cidades portuárias enquanto atores capazes de influenciar o sistema internacional através da análise de práticas sustentáveis de complexos portuários no mundo com impacto social positivo em seu entorno. Trazendo a perspectiva da Teoria Verde das RIs e a noção de soft power, assume-se que as cidades portuárias consideradas sustentáveis têm potencial de atuação como atores do soft power verde, ou seja, capazes de influenciar outros atores / cidades desta governança. Parte-se da noção de que, tendo  uma responsabilidade social e ambiental,  os portos implementem  experiências de boas práticas como estratégia de consolidação de um projeto de cidade sustentável tendo como princípios orientadores de seus projetos na complexa relação cidade-porto os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030.O World Port Sustainability Program aponta alguns portos europeus preocupados com a sustentabilidade de suas áreas. Do seu site, foram selecionados e estudados seis portos com práticas sustentáveis visando a integração à dinâmica das cidades: cinco europeus (Hamburgo, Vigo, Marselha, Londres e Gotemburgo) e um caso latino-americano: o Porto do Açu, em São João da Barra, RJ, Brasil. A análise aponta para aspectos que poderiam ser contribuições para o contexto periférico latino americano de cidades portuárias na cadeia produtiva global. Por exemplo, a questão da integração cidade-porto estar atrelada às especificidades de cada uma destas cidades, as quais orientam a formulação das boas práticas para o respeito e a preocupação em mitigar problemas locais. Tais como as estudadas, as cidades-portuárias, enquanto atores econômicos globais, podem ter um papel na disseminação do princípio sustentabilidade atuando como um ator do soft power verde no sistema internacional.

Resumen de la Ponencia:

Al observar los procesos de secularización y reconfiguración de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado en América Latina se perciben hechos similares que ocurrieron en Cuba y México en el mismo período histórico: la década de los 90 del siglo XX. Desde entonces, se ha visibilizado una reconfiguración progresiva de las relaciones de la Iglesia católica con las instancias políticas y grupos de la sociedad civil, más posibilidades para ejercer la libertad religiosa por parte de la Iglesia católica y de reformas constitucionales y resoluciones jurídicas que lo legitiman. Aunque Cuba y México presentan elementos diferentes durante los procesos de secularización y reconfiguración de las relaciones Iglesia y Estado, se evidencian también rasgos comunes con respecto a la actuación de la Iglesia católica en estos países con respecto a las medidas de secularización intensiva que sufrieron ambas naciones. Con la llegada del mandato del papa Juan Pablo II, la Nueva Evangelización se constituye en el programa pastoral de su pontificado y se convierte en el primer programa global de pastoral de toda la Iglesia católica a nivel mundial. Los viajes misioneros de los papas a Cuba y México, visibilizaron la intención de una Iglesia que quería reposicionarse en la esfera pública, no ajena a los asuntos políticos de la región, poniendo especial interés en promover laicos consientes y comprometidos con lo social para incidir en procesos políticos y cívicos. Paralelamente, en el contexto internacional de los 90 comenzaba la época de postguerra fría,  la implementación concreta de políticas económicas neoliberales en la región, la crisis del paradigma marxista y la desaparición del bloque socialista de Europa de Este que se había mantenido prácticamente irreconciliable con el catolicismo. Al observar todos estos hechos, se percibe que los escenarios cubano y mexicano son muy fecundos para los análisis sobre cómo se dan estos procesos de “retorno” o de redefinición de los límites de acción de la Iglesia católica con el espacio público y específicamente con lo político en países donde la secularización se había marcado de manera significativa a lo largo de su historia nacional. Por tal motivo, se pretende como objetivo de esta reflexión analizar la reconfiguración de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado en Cuba y México a partir del contexto de la década de los 90 del siglo XX, como parte de estrategias institucionales eclesiales y gubernamentales. Esta investigación ha privilegiado el enfoque cualitativo mediante la utilización del método comparado, donde historia y sociología convergen para un mejor acercamiento al fenómeno en cuestión. 

Resumen de la Ponencia:

Este artigo busca identificar e analisar como os jovens brasileiros representam as mudanças climáticas. Aborda as categorias de análise: juventudes, mudanças climáticas/aquecimento global, e se apoia na Teoria das Representações Sociais (TRS) como pano de fundo. O estudo é pautado por uma base de dados secundária, representativa da população jovem brasileira (18-24 anos), com 379 registros. A metodologia consiste na análise estatística descritiva e exploratória, e traz análises bivariadas para investigar se há correlações relevantes entre as variáveis pesquisadas. O estudo fez uso do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) e apresenta saídas gráficas e tabelas para apresentação dos resultados. O artigo concluiu que: as representações sociais das mudanças climáticas no universo juvenil estão ancoradas em uma forte preocupação com o presente e o futuro; são raros os registros de jovens negacionistas climáticos; aparentemente, o conhecimento sobre o assunto é confuso e superficial. Os resultados sinalizam para a necessidade de ações de educação ambiental, com ênfase nas mudanças climáticas.

Resumen de la Ponencia:

¿Podemos pensar en el Patrimonio Cultural como una narración del pasado en el presente en forma de narraciones e interpretaciones grabadas, como lo hacen las películas y los libros? ¿Qué agentes escriben el pasado de los lugares, construyendo escenarios y documentos oficiales para crear una memoria colectiva presente? En esto investigación se analiza a través de discursos y documentos la cronología de la patrimonialización del Sítio Arqueológico Morro da Queimada, en la ciudad colonial de Ouro Preto – MG - Brasil, ciudad símbolo de las políticas de patrimonio cultural en Brasil. Contradictoriamente, el Sítio, aunque conocido, hasta entonces fue dejado de lado por las políticas patrimoniales hasta mediados de 2005. A lo largo de la línea del tiempo (1937 - 2021), se expone y problematiza la patrimonialización como un proceso de interpretación documentada y contextualizada a través de la selección y exclusión que resulta de procesos de negociación entre agentes e instituciones involucradas en cada momento de la patrimonialización grabada o apagada en el mismo espacio. Metodologicamente se analizan las dimensiones histórica, político-institucional, social y cultural del Sítio Arqueológico a través de documentos institucionales y académicos, imágenes de archivo e imágenes producidas en el relevamiento en el proceso de trabajo de campo, en busca de los agentes, intenciones y motivaciones que apagaron y generan reconocimiento y legitimación del lugar como patrimonio cultural ao largo del tiempo (1937 - 2021).La pregunta más pertinente no sería qué es patrimonio, sino cuándo hay patrimonio (CACLINI, 2016). La patrimonialización se caracteriza en la interpretación contextualizada, social y culturalmente, en las diferentes dotaciones de un bien cultural del pasado, con el fin de seleccionar y transmitir el valor público, la importancia y el significado de un bien, objeto o tradición colectiva. Es un proceso de negociación documentado y contextualizado que selecciona puntos de vista y narrativas en disputa y selección, realizado a través de la acción, intervención, documentación y legitimación del Estado, visando la producción de políticas de memoria colectiva de cada momento histórico.

Introducción:

¿Podríamos pensar el Patrimonio Cultural como una narración del pasado en el presente en forma de narraciones e interpretaciones? ¿Qué agentes escriben realmente el pasado de los lugares? ¿Reconocer un Patrimonio no sería tomar partido desde el punto de vista de la historia de los lugares?

Este trabajo analiza el proceso de patrimonialización del Parque Arqueológico de Morro da Queimada, en la ciudad de Ouro Preto, provincia de Minas Gerais, a unos 400 km de la ciudad de Río de Janeiro, interior de Brasil. Ouro Preto es una ciudad de historia colonial brasileña del siglo XVII, reconocida por la UNESCO en 1980 como patrimonio cultural de la humanidad y símbolo del patrimonio cultural brasileño.

La patrimonialización del Parque Arqueológico del Morro da Queimada es un proyecto dejado de lado durante muchas décadas, y comenzó, de hecho, recién a partir de 2005, cuando, en efecto, su valor público adquirió importancia y significado como patrimonio cultural. En todos los barrios vecinos del Parque Arqueológico quedan restos de la ocupación urbanística de una próspera villa minera de principios del siglo XVIII, escenario de la Revuelta de Felipe dos Santos en 1720 contra la corona portuguesa.

La necesidad de crear el Parque Arqueológico surgió desde la perspectiva de proteger un patrimonio material que fue paulatinamente deteriorado, tanto por el gobierno local como por la población (MATTOS, 2009), quienes ocuparon el sitio con casas populares a partir de la segunda mitad del siglo 20. Cuatro barrios se formaron en la periferia cerca del área tradicionalmente patrimonial de Ouro Preto, construida sobre parte de las ruinas, y hoy bordeando el Parque Arqueológico.

Desarrollo:

Con base en la cita de Néstor Canclini, “lo más pertinente no es lo que es patrimonio, sino que cuando hay patrimonio (CACLINI, 2016) buscamos establecer un marco temporal con la función de delimitar hitos temporales en el proceso de patrimonio del Parque Arqueológico. Para enfrentar este desafío, la propuesta es clasificar los discursos y documentos investigados en cuatro períodos marcados por diferentes contextos, circunstancias y agentes, teniendo en cuenta las políticas de memoria y patrimonio en Brasil en relación con el Sitio Arqueológico y la ciudad de Ouro Preto.

 

1) 1937 a 1969 - El primer período de tiempo a ser considerado es algo fundacional, período que incluye la creación del antiguo Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional - SPHAN y el desarrollo de Políticas Públicas para el Patrimonio Cultural en Brasil.

 

Un momento en que la preservación de las ciudades coloniales gana protagonismo frente a las ciudades modernas e industriales en desarrollo en Brasil. La nueva capital de la provincia de Minas Gerais, Belo Horizonte, la ciudad colonial desfigurada por las diversas reformas urbanísticas y luego capital del país, Río de Janeiro, y la ciudad de inmigrantes que se industrializaba, São Paulo.

Vale mencionar que Ouro Preto es considerado monumento nacional por las políticas patrimoniales brasileñas después de un largo período de ostracismo y abandono de la ciudad. Entre 1897 y 1930, debido al cambio de capital del estado, migró a la nueva capital toda la población de servidores públicos y, en consecuencia, sus recursos económicos, así como muchas inversiones públicas. Varias casas son abandonadas y la ciudad se vacía social y políticamente.

Paradójicamente, podemos reflexionar que, si no hubiera habido un cambio en la capital de la provincia, Ouro Preto, un monumento nacional, ya no existiría incluso en la década de 1930.

En 1951, el Morro da Queimada como Sitio Arqueológico fue visitado y mapeado por una expedición del equipo del Instituto Brasileño de Patrimonio Cultural – IPHAN, que incluía  el poeta Carlos Drummond de Andrade y el gestor y político Rodrigo de Melo Franco, quienes fueron fotografiados sentados sobre las ruinas en una famosa fotografía que ahora se conserva en el Colección IPHAN - Río de Janeiro. También existen registros fotográficos de las ruinas realizadas durante la misma expedición en 1951 ya ubicados en la colección del IPHAN- Minas Gerais.

En 1969, se crea formalmente la Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP), con la unificación de las centenarias Facultad de Farmacia y Facultad de Minas, creadas por la orden colonial en el siglo XIX. Así, la antigua ciudad colonial amplía su perfil universitario y de repúblicas estudiantiles que se consolidan en las siguientes décadas. Cabe mencionar que las diferentes repúblicas estudiantiles propiedad de la UFOP, donde se pueden leer placas metálicas con la leyenda: "Propiedad de la Escuela de Minas", fueron en gran parte compradas o expropiadas entre las abandonadas por los funcionarios públicos y la población que emigró para la nueva capital de la provincia.

 

2) 1970 a 1989 - El segundo período corresponde al crecimiento del perfil universitario de Ouro Preto con la fundación de la universidad federal local, el desarrollo del turismo en la ciudad y la expansión de nuevos barrios, con la ocupación de parte de los cerros, incluyendo áreas del Sitio Arqueológico.

 

En este contexto, algunas áreas del Sitio Arqueológico son ocupadas sistemáticamente por loteos irregulares, que incluso utilizan piedras de las ruinas del propio Sitio como material de construcción de viviendas populares. Según la arquitecta Maria Raquel Ferreira (2011), quien desarrolló una tesis de maestría sobre el Parque Arqueológico del Morro da Queimada:

“En Minas Gerais, los sitios urbanos históricos de la época colonial, conservados hasta mediados del siglo XX, a partir de la década de 1970 retomaron sus actividades socioeconómicas, con un nuevo ciclo ligado a la minería de hierro y también a la actividad turística, iniciando un crecimiento urbano desordenado, modificando el paisaje original y deteriorando el patrimonio arqueológico existente alrededor del centro histórico” (FERREIRA, 2011).

En una investigación realizada en la colección regional de Minas Gerais del IPHAN, se puede encontrar una carta transcrita a continuación del director regional de la agencia que pide al jefe de policía de Ouro Preto que tome medidas "con demoliciones clandestinas de los viejos muros del histórico Morro da Queimada en Ouro Preto ".

Apesar de las transformaciones, en 1980 la ciudad recibió el título de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El crecimiento urbano de Ouro Preto en el período también se atribuye al crecimiento de la exploración de la minería de hierro en su territorio y en la región, especialmente por la entonces Compañía Estatal Vale do Rio Doce. Generando, a su vez, migraciones urbanas desde el interior del Estado de Minas Gerais, y en el contexto de la Región Metropolitana de Belo Horizonte, de donde Ouro Preto está fuertemente influenciado.

 

3) 1990 a 2015 - El período siguiente, posterior a la Constitución Nacional de 1988, está marcado por la implementación de leyes que establecieron nuevos marcos jurídicos y prácticos para las políticas de Patrimonio, así como por la renovación institucional del Instituto Brasileño de Patrimonio Cultural - IPHAN.

 

En 1996, se aprobó el primer intento legal de creación del Parque Arqueológico Morro da Queimada, Proyecto de Ley 76/1996, sancionado por el entonces alcalde Ângelo Oswaldo, de acuerdo con la determinación del Plan Director de Ouro Preto, que ya preveía la creación del Parque en ese momento. Sin embargo, aún con la base legal, el proyecto fue dejado de lado por las administraciones municipales que siguieron.

A fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, se realizaron los primeros estudios arqueológicos sistemáticos del Sitio Arqueológico de Morro da Queimada, con levantamientos realizados por el Arqueólogo Prof. Carlos Magno Guimarães de la Universidad Federal de la Provincia de Minas Gerais - UFMG. Los estudios resultaron en informes como el Levantamiento Visual del Patrimonio Arqueológico del Morro da Queimada (2004), donde hay registros de casas populares construidas con material de las ruinas o incluso utilizando las ruinas como base para construcciones.

La década de 2000 está marcada por una redefinición de las Políticas de Patrimonio en Brasil, y se elaboran nuevos conceptos como Patrimonio Inmaterial (2009) y Paisaje Cultural (2010). Al mismo tiempo, se crean líneas específicas de inversión en obras urbanas para Ciudades Históricas, como el Programa Monumenta y Programa de Aceleración del Crecimiento - Ciudades Históricas. También hubo una nueva expansión urbana en Ouro Preto durante el período, que requirió nuevas formas de control con las autoridades públicas.

Surgió a continuación un manifiesto de abril de 2000 del Movimento Pró-Morro da Queimada en defensa de la creación del Parque Arqueológico y denunciando el "uso de las ruinas como material de construcción", así como las "invasiones clandestinas" del área del Sítio.

De 2001 a 2005, la delimitación del Parque Arqueológico fue debatida públicamente a través de audiencias públicas. Hay una fuerte actuación de los organismos públicos en los diferentes niveles que contribuyeron para hacer posible la creación del Parque, incluyendo además del IPHAN, la Universidad Federal de Ouro Preto - UFOP, UFMG, Fundación Oswaldo Cruz -FIOCRUZ, la Alcaldía y el Ayuntamiento de Ouro Preto, e incluso el Ministerio Público Federal, además de entidades religiosas, ONG y asociaciones de vecinos. Según la investigadora Maria Raquel Ferreira (2011), en una audiencia en 2003 se decidió que lo mejor sería establecer dos parques – Parque Municipal das Andorinhas y Parque do Morro da Queimada – ya que las dos áreas tenían características diferentes.

La nueva delimitación del Parque y su implementación efectiva se produjo algunos años después, mediante la Ley Municipal 465/2008, e implicó la expropiación y remoción de las viviendas populares ubicadas dentro del área delimitada en el Sitio Arqueológico, además del requerimiento con el IPHAN mediante al Ministerio Público Federal para el cerco de protección de la zona, lo que terminó por no concretarse.

En los años siguientes, se destaca la creación del Ecomuseo del Parque Arqueológico de la Serra de Ouro Preto, como proyecto de extensión del Departamento de Museología de la Universidad Federal de Ouro Preto. Creado con el objetivo de sensibilizar, involucrar y brindar herramientas a los vecinos de los barrios aledaños al Parque en relación al acervo arqueológico, además de desarrollar su propia memoria social en relación a la historia de la ciudad. En este sentido, el Ecomuseo se ha convertido en uno de los agentes activos y productores de discursos sobre el patrimonio del Parque.

Otro aspecto importante a considerar es el desarrollo de proyectos técnicos diferentes y quizás incluso competitivos en términos de formas de uso presente y futuro del Parque Arqueológico. Es un relevamiento aún en proceso por la presente investigación.

Básicamente, hay un proyecto que pretendía abrir en el corto plazo la visita al Parque Arqueológico a partir de la creación de estructuras físicas y guías para atender al público, sumado al incentivo al Ecomuseo de la Serra de Ouro Preto. Y otro proyecto que defendía que el Parque debía ser estudiado intensamente en términos arqueológicos antes de ser abierto al público, al mismo tiempo que se desarrollaba una arqueología pública, en la medida en que implicara a la comunidad local en la conservación, sumado al incentivo al Ecomuseu da Serra de Ouro Preto. Al final, ninguno de los dos proyectos se desarrolló por completo.

Del primer proyecto se destaca el sitio web http://morrodaqueimada.fiocruz.br/, con informaciones históricas y cartográficas del Parque. El portal fue desarrollado a través de la Ley Federal de Incentivos. Aunque actualmente está desactualizado, hay mucha información que no está disponible en otros lugares.

La Universidad Federal de Ouro Preto viene realizando visitas y relevamientos arqueológicos de campo en el área del Parque desde hace varios años y actualmente sigue realizando visitas a cursos de Museología como parte de sus actividades docentes y extensión de la Universidad que emprende un esfuerzo institucional. De hecho, la patrimonialización del Parque Arqueológico del Morro da Queimada es un proceso aún en consolidación y muy sujeto a cambios institucionales o incluso políticos.

 

4) 2016 a 2021 – Como esta investigación también reflexiona sobre la actualidad y el presente de la patrimonialización del Parque Arqueológico del Morro da Queimada, un cuarto período de tiempo, aunque breve, es necesario para evidenciar los cambios radicales de gobierno y los contextos actuales de un proceso de patrimonialización no consolidado.

 

Es importante destacar que a partir de 2016 se inició en Brasil un contexto de debilitamiento de las Políticas Patrimoniales provocado por los cambios políticos y la crisis económica que vive el país. En los años siguientes, a este contexto se sumaron cambios institucionales en el IPHAN Nacional y en el IPHAN-MG.

A nivel local, pero también influido por cuestiones nacionales, como el nuevo gobierno federal, desde mediados de 2018 se debate en el Ayuntamiento de Ouro Preto un proyecto de ley que prevé la reducción de la delimitación del Parque y el cambio de categoría patrimonial de Parque a Monumento.

En 2019, el proyecto de ley cambió la categoría de parque a monumento, una forma controvertida de expandir la preservación del sitio arqueológico. El cambio de categoría tiene claramente el objetivo de flexibilizar los límites en relación con los barrios y propiedades privadas como posadas y haciendas e incluso terrenos pertenecientes a la Iglesia Católica. 

En contraste, en junio de 2020, se celebró el 300 aniversario de Minas Gerais y la Revuelta de Felipe dos Santos, hecho histórico que está asociado a la fundación del Estado, y la historia de Ouro Preto junto con el Sitio Arqueológico, liderando la Parque Arqueológico para ser guiado por la prensa regional y la comunidad local.

En gran parte de 2021, con los impactos de pandemia en la ciudad y en Brasil, la patrimonialización estuviera parada, gerando grandes riesgos y pierdas de continuidad de la política de patrimonio cultural. Con la continuidad, luego de nuevas acciones de evacuación del área del Parque/Monumento del Morro da Queimada, promovidas por el Ayuntamiento junto con la Policía Militar Ambiental, un incendio con sospecha criminal consumió parte de la vegetación del área y alcanzó varias ruinas. 

Esto, luego de muchos años sin incendios en la región, según el presidente de la Junta Administradora del Parque/Monumento. La comunidad de los barrios aledaños se movilizó durante días para contener las llamas que también podrían llegar a sus viviendas. Se salvan las ruinas de las zonas afectadas del parque y, contradictoriamente, la quema de vegetación revela ruinas hasta entonces ocultas u ocultas en el paisaje de pequeños árboles.

Conclusiones:

En la línea de tiempo de la patrimonialización de 1937 al 2021, se evidencian las dimensiones históricas, político-institucionales, sociales y culturales de la patrimonialización del Sitio Arqueológico a través de documentos institucionales y académicos, imágenes de archivo e imágenes producidas a lo largo del período, y en cada momento especifico. A lo largo de este tiempo, encontramos diferentes fuerzas, agentes, intenciones y motivaciones con mayor o menor capacidad para generar reconocimiento y legitimar el lugar como patrimonio cultural para ser integrado a la ciudad patrimonial de Ouro Preto.

La capacidad de reconocerlo y legitimarlo como Patrimonio Cultural se puede asimilar a la capacidad de convencer una narración del pasado en el presente en forma de narraciones e interpretaciones, tal como lo hacen también películas, libros y otros productos culturales. Nos corresponde cuestionarnos: qué agentes, en efecto, y en qué momentos, escriben el pasado de los lugares, construyendo escenarios para crear un presente compartido de memoria colectiva de estos espacios, es decir, “cuando hay patrimonio” (Néstor CACLINI , 2016).

Después de todo, no es el patrimonio cultural el que crea valor en sí mismo, sino los actores sociales involucrados que reconocen su eficacia simbólica como dotada de un valor reconocido para el campo en el que operan (Bourdieu, 1996). Reconocer un Patrimonio representa tomar partido desde un punto de vista de la historia de los lugares, ya que “el patrimonio es un proceso relacionado con un habitus de dar importancia a lo que sabemos” (CHUVA, 2009). Por tanto, si no conocemos y reconocemos el patrimonio cultural, ¿cómo podemos darle importancia?

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Palabras clave:

patrimonialización, memoria colectiva presente, Ciudad de Ouro Preto

Resumen de la Ponencia:

El 26 de enero del año 1971, durante el rectorado del Doctor Pablo González Casanova en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Universitario aprobó por unanimidad la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Al respecto, la histórica Gaceta Amarilla publicada el 1 de febrero de 1971 destacaba: “[...] El Colegio será el resultado de un esfuerzo de la Universidad como verdadera Universidad, de las facultades, escuelas o institutos como entidades ligadas y coordinadas y de sus profesores, estudiantes y autoridades en un esfuerzo de competencia por educar más y mejor a un mayor número de mexicanos y por enriquecer nuestras posibilidades de investigación en un país que requiere de la investigación científica, tecnológica y humanística si se quiere ser, cada vez más, una nación independiente y soberana, con menos injusticias y carencias” (UNAM-Gaceta, 1971, p. 7).

Actualmente, la comunidad del CCH está conformada por casi 60 mil estudiantes y más de tres mil profesores que sostienen el modelo educativo: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Para muchos estudiantes cursar el bachillerato en el CCH de la UNAM representa la oportunidad de estudiar en una institución pública de prestigio y la posibilidad de poder continuar al nivel superior mediante el pase reglamentado. Bajo la perspectiva sociológica de la estratificación social y la desigualdad de oportunidades educativas, el objetivo de la ponencia es describir el perfil social y escolar de los estudiantes de primer ingreso al CCH en el marco del 50 aniversario de su creación. Se plantean un conjunto de preguntas: ¿quiénes ingresaron al CCH en el marco de la conmemoración del 50 aniversario?, ¿cómo se conforma el hogar familiar de los estudiantes?, ¿a qué tipo de escuela asistieron la secundaria?, ¿en qué turno?, ¿cuál es la ubicación de la escuela?, ¿finalizaron la secundaria en tres años?, ¿presentaron exámenes extraordinarios?, ¿recursaron materias?, ¿qué promedio de calificaciones obtuvieron?, ¿qué dispositivos electrónicos utilizaron en la secundaria?, ¿recibieron herramientas sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación?, ¿de qué orígenes sociales familiares provienen los estudiantes? y ¿existen diferencias entre los planteles del CCH con respecto a la composición social y escolar de los estudiantes?

La fuente de información proviene de la hoja de datos estadísticos aplicada a la población asignada al bachillerato de la UNAM en el ciclo 2020-2021 y las técnicas de análisis corresponden a la estadística descriptiva. 

Introducción:

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrece dos opciones para cursar el bachillerato bajo el sistema escolarizado: la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). La ENP cuenta con nueve planteles en la Ciudad de México (ENP 1 Gabino Barreda, ENP 2 Erasmo Castellanos Quinto, ENP 3 Justo Sierra, ENP 4 Vidal Castañeda y Nájera, ENP 5 José Vasconcelos, ENP 6 Antonio Caso, ENP 7 Ezequiel A. Chávez, ENP 8 Miguel E. Schulz y ENP 9 Pedro de Alba), mientras que el CCH cuenta con cuatro planteles en la Ciudad de México (CCH Azcapotzalco, CCH Oriente, CCH Sur y CCH Vallejo) y un plantel en el Estado de México (CCH Naucalpan).

En el año 2021 se conmemoró el 50 aniversario de la creación del CCH. El 26 de enero del año 1971, durante el rectorado del Doctor Pablo González Casanova, el Consejo Universitario aprobó la creación del CCH. Al respecto, la histórica Gaceta publicada el 1 de febrero de 1971 destacaba: “[...] El Colegio será el resultado de un esfuerzo de la Universidad como verdadera Universidad, de las facultades, escuelas o institutos como entidades ligadas y coordinadas y de sus profesores, estudiantes y autoridades en un esfuerzo de competencia por educar más y mejor a un mayor número de mexicanos y por enriquecer nuestras posibilidades de investigación en un país que requiere de la investigación científica, tecnológica y humanística si se quiere ser, cada vez más, una nación independiente y soberana, con menos injusticias y carencias” (UNAM-Gaceta, 1971, p. 7). Desde el inicio, la creación del CCH perseguía un propósito puntual: la atención a la creciente demanda de ingreso a nivel medio superior —ampliar las oportunidades educativas— y la transformación académica de la propia Universidad bajo una nueva perspectiva curricular y nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. 

El ingreso al bachillerato de la UNAM en la actualidad se realiza por medio del Concurso de Asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México organizado por la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) que consiste en un examen de 128 preguntas de opción múltiple referidas a conocimientos y habilidades adquiridas en la secundaria. Para ingresar al bachillerato de la UNAM se requiere un número de aciertos mínimo que depende de la demanda de ingreso y el cupo ofertado en cada plantel de la ENP y el CCH (UNAM-DGAE, 2019). La demanda de ingreso al bachillerato de la UNAM tiende a incrementarse año tras año producto del aumento de la población que logra egresar de la secundaria —demanda potencial—; en general, el bachillerato de la UNAM se encuentra entre las primeras opciones de preferencia y; por último, los estudiantes del bachillerato de la UNAM tienen la posibilidad de ingresar a la licenciatura en la misma institución sin rendir el examen de admisión mediante el pase reglamentado conforme al desempeño escolar —concluir el bachillerato en un máximo de 4 años con un promedio mínimo de 7.0—. En este contexto, los resultados de investigaciones recientes sobre la composición social de los estudiantes del bachillerato de la UNAM muestran que en la selección académica recrudece la selectividad social a favor de los estudiantes de orígenes sociales y culturales medios y altos (Guzmán y Serrano, 2007a; 2007b; Bartolucci, 2022).

El objetivo de la ponencia es describir el perfil social y escolar de los estudiantes de primer ingreso al CCH en el marco del 50 aniversario de su creación: ¿quiénes ingresaron al CCH en el marco de la conmemoración del 50 aniversario?, ¿cómo se conforma el hogar familiar de los estudiantes?, ¿a qué tipo de escuela asistieron la secundaria?, ¿en qué turno?, ¿cuál es la ubicación de la escuela?, ¿finalizaron la secundaria en tres años?, ¿presentaron exámenes extraordinarios?, ¿recursaron materias?, ¿qué promedio de calificaciones obtuvieron?, ¿qué dispositivos electrónicos utilizaron en la secundaria?, ¿recibieron herramientas sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación?, ¿de qué orígenes sociales familiares provienen los estudiantes? y ¿existen diferencias entre los planteles del CCH con respecto a la composición social y escolar de los estudiantes? 

Desarrollo:

Encuadre teórico-metodológico y análisis de la información.

A nivel general de la teoría, la ponencia se inscribe en la perspectiva sociológica de la estratificación social y la desigualdad de oportunidades educativas que, a grandes rasgos, se define como “la influencia de las circunstancias externas a las personas en sus oportunidades de educación, la DOE [Desigualdad de Oportunidades Educativas] suele observarse a través de la asociación entre factores adscriptivos y la probabilidad de alcanzar ciertas marcadores educativos” (Blanco, 2021, p. 9). Mientras que en el terreno de la teoría sustantiva entendida como los conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar, la ponencia dirige la mirada hacia la línea de investigación sobre los perfiles estudiantiles cuyo propósito principal radica en describir las características sociodemográficas, socioeconómicas, familiares y académicas de los estudiantes (Guzmán, 2005; Mancera Cardós, 2013). De acuerdo con Guzmán (2005) y Mancera Cardós (2013), el estudio sobre los perfiles de los estudiantes de nivel medio superior y superior incorpora las siguientes dimensiones de análisis:

* Características sociodemográficas: sexo, edad, estado civil y número de hijos.

* Antecedentes escolares: escuela de procedencia, materias reprobadas, exámenes extraordinarios, promedio e interrupción de los estudios.

* Características sociofamiliares: número de integrantes en la familia, tipo y estructura del hogar.

* Orígenes sociales familiares: padres hablantes de lengua indígena, escolaridad de los padres, ocupación de los padres, ingresos familiares, bienes y servicios en el hogar.

* Participación en el mercado laboral del estudiante: condición de actividad, categoría ocupacional, horas trabajadas e ingresos.

* Motivaciones para estudiar o para elegir una carrera en la licenciatura: intereses, inclinaciones e influencias en la decisión.

* Condiciones de estudio: lugar para estudiar, libros y disponibilidad de equipo de cómputo.

* Hábitos de estudio: tipo y tiempo de lecturas, formas de estudio y lugar de estudio.

* Percepciones y opiniones sobre la escuela: condiciones de los establecimientos, planes de estudio, materias específicas y opiniones sobre la planta de profesores. 

* Actividades culturales y recreativas: asistencia a museos, cines y teatros, prácticas deportivas y participación en actividades artísticas y culturales.

* Acceso y utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

* Expectativas y aspiraciones educativas y laborales. 

Las dimensiones que subyacen en el estudio sobre los perfiles estudiantiles permiten “caracterizar al público que tiene posibilidades de acceso o que es atendido por las instituciones y analizar fenómenos como la exclusión o la desigualdad educacional” (Guzmán, 2005, p. 685). En el plano metodológico, las investigaciones generalmente se apoyan en los cuestionarios que las instituciones educativas suelen aplicar a los estudiantes en dos momentos claves de la trayectoria escolar: el ingreso y el egreso. Mientras la estadística descriptiva constituye la herramienta que se utiliza frecuentemente para reconstruir los perfiles estudiantiles (López Ramírez y Rodríguez, 2020). En este caso, la población de estudio refiere a los estudiantes que fueron aceptados por la UNAM para iniciar el nivel de bachillerato en el CCH durante el ciclo escolar 2020-2021 (18,758 estudiantes). La fuente de datos proviene del Perfil de Aspirantes y Asignados a bachillerato y Licenciatura de la UNAM 2020-2021 proporcionada por la Coordinación General de Planeación y Simplificación de la Gestión Institucional. La información surge de la Hoja de Datos Estadísticos (HDE) que los estudiantes asignados al bachillerato llenan de manera electrónica. En la ponencia se analizan las dimensiones correspondientes a las características sociodemográficas, los antecedentes escolares en la secundaria, los orígenes sociales familiares, el acceso a internet, los dispositivos electrónicos y el uso de las TIC por medio de técnicas estadísticas descriptivas —tablas de frecuencias relativas— (Ritchey, 2008).

La tabla 1 presenta las características sociodemográficas —sexo, edad, estado civil e hijos(as)— y la composición del hogar familiar —situación de convivencia y principal sostén económico— de los estudiantes que constituyen dimensiones analíticas relevantes para “estimar por separado la variación de las oportunidades educativas de los miembros de cualquier grupo escolar” (Bartolucci, 1994, p. 61). 

Desde el inicio de la década de los años ochenta, la composición de la matrícula de la UNAM muestra la participación creciente de las mujeres tanto en el bachillerato como en la licenciatura. Por ejemplo, la participación de las mujeres en la matrícula de bachillerato pasó de 23.2% en 1980 a 51.4% en el año 2003 —17.2% de primer ingreso y 34.2% de reingreso— (UNAM-DGPL, 2004). En el caso del primer ingreso al CCH en el ciclo 2020-2021, la proporción de mujeres representa 51.1% del total con una distribución similar entre los planteles; solo se destaca una menor presencia de las mujeres en el CCH Oriente. La pauta reportada también se observa en el sistema educativo a nivel nacional. La educación media superior alcanzó una matrícula escolarizada de 4,985,005 estudiantes en el ciclo 2020-2021, de los cuales 2,562,983 son mujeres y 2,422,022 son hombres (51.4% y 48.6%) (SEP, 2021).

La variable edad refleja el desarrollo de la trayectoria educativa de los estudiantes (Guzmán, 2011). La edad promedio es 15.4 años, lo que indica una trayectoria escolar continua si se consideran los 15 años como una edad idónea para cursar la educación media superior; en otras palabras, se trata de un conjunto de estudiantes que logró transitar de manera continua por la primaria y la secundaria sin interrupciones escolares prolongadas en el tiempo.

La entrada a la unión conyugal y la llegada del primer hijo constituyen eventos del curso de vida que inciden en el ingreso, la permanencia y el egreso de la educación media superior sobre todo para el caso de las mujeres, probablemente debido a concepciones y estereotipos tradicionales de género asociados a la situación conyugal y la paternidad/maternidad (Blanco, 2014). Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes son solteros y no tienen hijos: 96.7% y 99.6%, respectivamente. Por otra parte, se destaca que 94.3% de los estudiantes vive con alguno de sus padres y/o hermanos. Por último, el padre representa el principal sostén económico para los estudiantes del CCH Azcapotzalco (40.9%), Naucalpan (42.4%), Vallejo (41.4%) y Oriente (41.5%); en cambio, los estudiantes del CCH Sur señalaron que ambos padres representan el principal sostén económico del hogar y sus estudios (38.7%). El supuesto analítico indica que cuando un estudiante depende de algunos de sus padres o ambos, significa que no tiene que enfrentar grandes responsabilidades económicas y que su familia dispone de un piso mínimo de recursos para pagar los costos directos e indirectos de la educación, lo que en gran medida permite garantizar la continuidad escolar (Guzmán y Serrano, 2007a). 

La tabla 2 presenta la dimensión de los antecedentes escolares en la secundaria medida por medio de las variables tipo de escuela, escuela de procedencia, turno, ubicación de la escuela, finalización de la secundaria en tres años, exámenes extraordinarios, materias recursadas y promedio. Los antecedentes escolares permiten aproximarse al conocimiento de los ambientes educativos y las formas de socialización de los estudiantes durante la secundaria que influyen sobre las metas y los compromisos escolares en el camino hacia el bachillerato (Bartolucci, 1994; Guzmán y Serrano, 2007b; Rodríguez Rocha, 2016).

La gran mayoría de los estudiantes cursó la secundaria en escuelas públicas (84.7%) de turno matutino (83.1%) y vespertino (13.5%); este resultado se encuadra dentro del sostenimiento de la matrícula de secundaria a nivel nacional: 91% público y 9% particular para el ciclo escolar 2020-2021 (SEP, 2021). En general, se trata de escuelas incorporadas a la SEP (88.9% CCH Azcapotzalco, 87.8% CCH Naucalpan, 91.2% CCH Vallejo, 90.3% CCH Oriente y 95.7% CCH Sur). Las escuelas incorporadas se encuentran avaladas oficialmente por la SEP como centros educativos, lo que conlleva un conjunto de ventajas como la dirección de la SEP, la implementación de programas educativos y sociales para beneficio de la comunidad, el reporte y el monitoreo constante por las autoridades educativas (SEP, n.d.). La ubicación de las escuelas donde los estudiantes cursaron la secundaria corresponde principalmente a la Ciudad de México (57.8% CCH Vallejo, 58.3% CCH Oriente y 85.4% CCH Sur) y el Estado de México (54.9% CCH Azcapotzalco y 68.1% Naucalpan). 

La distribución de las variables finalización de la secundaria en tres años, exámenes extraordinarios, materias recursadas y promedio de calificaciones guarda una relación estrecha con la regularidad y el rendimiento académico de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes finalizaron la secundaria en 3 años (98.4%), no presentaron exámenes extraordinarios (95.2%) y tampoco tuvieron que recursar materias durante sus estudios (99.6%). Ahora bien, ¿qué promedio de calificaciones obtuvieron en la secundaria? El promedio tiende a ubicarse en los rangos más altos “De 9.1 a 9.5” y “De 9.6 a 10” para los cinco planteles del CCH: 50.8% en Azcapotzalco, 47.1% en Naucalpan, 49.6% en Vallejo, 53.2% en Oriente y 42.5% en Sur. En cambio, el rango inferior del promedio “De 7.0 a 7.5” que equivale a tener los “requisitos académicos mínimos” para ingresar al nivel de bachillerato de la UNAM (UNAM-DGAE, 2019), representa 6.3% en Azcapotzalco, 7.1% en Naucalpan, 5.9% en Vallejo, 5.4% en Oriente y 8.2% en Sur. 

Los estudiantes ingresaron al CCH durante la pandemia producto de la COVID-19. La UNAM realizó importantes esfuerzos para migrar de la educación presencial a la educación remota de emergencia (UNAM-CUAIEED, 2021). La transición de la educación presencial a la educación remota de emergencia implicó un fuerte reto tanto para los estudiantes como para los profesores. Por ejemplo, las clases en línea requirieron de la disponibilidad de un espacio físico, infraestructura, recursos educativos y equipamiento tecnológico como computadoras, laptops, tablet o teléfonos celulares con conexión a internet y el manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que permitieran el desarrollo de las actividades y tareas escolares. La tabla 3 presenta la dimensión de acceso a internet, dispositivos electrónicos y uso de las TIC.

La mayoría de los estudiantes contaba con servicio de internet en el hogar (92.8%); mientras que la utilización de dispositivos electrónicos durante la secundaria se distribuye de la siguiente manera: 85.7% teléfono celular, 46.4% laptop, 37% computadora de escritorio y 12.2% tableta sobre el total. Por otra parte, el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje resultó fundamental durante la educación a distancia. Al respecto, un asunto relevante refiere a que no todos los profesores y los estudiantes contaban con las habilidades tecnológicas y recursos suficientes para las clases y las actividades escolares virtuales, lo que puede traer aparejado un impacto negativo sobre el rendimiento académico (Silas y Vázquez Rodríguez, 2020, 2021). La hoja de datos estadísticos incorpora las siguientes preguntas sobre el uso de las TIC: En la secundaria ¿Te brindaron herramientas sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)? y ¿Cuáles? Del total de la población, aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes indicaron que durante la secundaria recibieron herramientas sobre las TIC, entre las cuales se destacan: PowerPoint (52.1%), hoja de cálculo (37.1%) y procesador de textos (31.7%); lo que seguramente favoreció a la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje en el periodo de contingencia sanitaria. 

Finalmente, la tabla 4 presenta la dimensión del origen social de los estudiantes que se hace observable por medio de las variables lengua indígena (padres), máximo nivel de escolaridad del padre, ocupación del padre e ingreso mensual familiar medido en salarios mínimos. El origen social familiar constituye un factor determinante de la progresión escolar hacia la educación superior en México, lo que pone de manifiesto la exclusión social y la desigualdad de oportunidades (Blanco, Solís y Robles, 2014; López Ramírez y Rodríguez, 2022).

Un primer dato llamativo refiere a que apenas 3.9% de los padres de los estudiantes habla alguna lengua indígena. De acuerdo con el estudio “Por mi raza hablará la desigualdad” (Solís, Güémez y Lorenzo, 2019), las personas hablantes de lengua indígena o con padres hablantes de lengua indígena no solo tienen menores probabilidades de avanzar en el sistema educativo, sino también de progresar en el ámbito laboral y pasar a la cúspide de la distribución de la riqueza. 

El nivel de escolaridad del padre juega un papel importante del capital cultural que cuentan los estudiantes cuando ingresan al bachillerato y a la universidad (Bourdieu y Passeron, 2003). Al analizar el extremo más bajo de la escolaridad, destaca que el CCH Naucalpan presenta la mayor proporción de estudiantes cuyos padres tienen el nivel de escolaridad más bajo de todos los planteles (7.3% con primaria y 23.8% con secundaria) y, en segundo lugar, se encuentra el CCH Oriente (5.3% con primaria y 23.7% con secundaria). En general, la escolaridad de los padres de los estudiantes se concentra en el nivel de Bachillerato con distribuciones similares por plantel: 26.3% en Azcapotzalco, 25.8% en Naucalpan, 28.4% en Vallejo, 29% en Oriente y 26.2% en Sur. En el extremo más alto de la escolaridad, se observa que 4 de cada 10 padres de los estudiantes alcanzaron la educación superior (9% con Carrera técnica profesional y 31% con licenciatura o más); el plantel Sur resalta por la mayor escolaridad alcanzada por los padres de los estudiantes (9.2% con Carrera técnica profesional y 37% con licenciatura o más).

En sociedades con alta diferenciación social como el caso de la sociedad mexicana, la inserción ocupacional de los padres muchas veces determina las oportunidades de vida de los hijos expresadas en resultados educativos, laborales, nivel de ingresos, salud y riqueza (Solís, 2010). En su conjunto, la población estudiantil se encuentra principalmente conformada por estudiantes cuyos padres se desempeñan como empleados no profesionales (28.6%), empleados profesionales (23%) y vendedores (14.5%). Por otra parte, se observa que resulta minoritario el ingreso de estudiantes que son hijos(as) tanto de padres empresarios, funcionarios de alto nivel como de trabajadores manuales no calificados y trabajadores en actividades del sector primario que representan los extremos de la estructura y la jerarquía ocupacional; es decir, las posiciones ocupacionales que imprimen las diferencias más significativas en términos de ingresos, oportunidades de vida y situación de pobreza. Un rasgo distintivo refiere a que la proporción de estudiantes que son hijos(as) de padres empresarios, funcionarios de alto nivel y profesionistas es mayor en el caso del CCH Sur; por el contrario, el CCH plantel Naucalpan concentra en mayor medida estudiantes que son hijos(as) de padres trabajadores manuales no calificados y trabajadores del sector primario. 

Los ingresos mensuales también constituyen una variable proxy del nivel socioeconómico de la familia de los estudiantes. La distribución del ingreso indica que aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes de primer ingreso al CCH cuenta con ingresos familiares menores a cuatro salarios mínimos, sobre todo resaltan los planteles Naucalpan (83.5%) y Oriente (83.4%). La proporción de estudiantes que proviene de familias que perciben más de ocho salarios mínimos no supera el 7% de la distribución total: 3.5% en Azcapotzalco, 2.5% en Naucalpan, 3.1% en Vallejo, 2.5% en Oriente y, por último, el porcentaje más alto corresponde al CCH Sur con 6.8%. En suma, los ingresos mensuales, al igual que los otros indicadores del origen social, muestran un marcado contraste entre los planteles del CCH: por un lado, el CCH Sur representa a un sector de la población con mejores condiciones socioeconómicas y culturales y, por otro lado, se encuentran el CCH Oriente y el CCH Naucalpan que concentran a estudiantes de menor nivel socioeconómico. 

Conclusiones:

El objetivo de la ponencia consistió en describir el perfil social y escolar de los estudiantes de primer ingreso al CCH en el ciclo 2020-2021; es decir, en el periodo que corresponde a la celebración del 50 aniversario del inicio de clases en el Colegio (1971-2021). Si bien la población estudiantil no es homogénea y tampoco puede apreciarse un modelo único de estudiante, los resultados de la ponencia permiten trazar un perfil social y escolar general: la generación que ingresó al CCH en el ciclo 2020-2021 está conformada por una proporción similar de hombres y mujeres; los estudiantes son solteros, sin hijos, con una edad promedio que refleja una trayectoria escolar continua, viven con sus padres y hermanos; los padres constituyen el principal sostén económico; cursaron la secundaria en escuelas públicas ubicadas principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México,  terminaron la secundaria en tres años sin presentar exámenes extraordinarios ni recursar materias y con promedios altos. La mayoría de los estudiantes contaba con servicio de internet en el hogar y durante la secundaria recibieron herramientas sobre las TIC, lo que seguramente favoreció la continuidad escolar en el periodo de contingencia sanitaria producto de la COVID-19.  Si bien sus padres cursaron estudios postsecundarios y en el mundo del trabajo se desempeñan como empleados no profesionales, empleados profesionales y vendedores —estratos de clase media—, el grueso de los ingresos familiares se concentra en menos de 6 salarios mínimos. Al mismo tiempo, entre los planteles del CCH resalta un importante contrapunto: el CCH Sur representa a un sector de la población que detenta mejores condiciones socioeconómicas y culturales y, por otro lado, se encuentran el CCH Oriente y el CCH Naucalpan que concentran a estudiantes de estratos sociales y culturales desfavorecidos.

El análisis de los perfiles sociales y escolares de los estudiantes por medio de tablas de distribución de frecuencias presenta una limitación metodológica: cuando se incorporan más de dos variables simultáneamente se dificulta la interpretación de los resultados. Para sortear esta limitación se recurrirá a la práctica del análisis de correspondencias múltiples que constituye una técnica estadística destinada al estudio de la asociación o interrelación entre un grupo amplio de variables cualitativas (López Roldan y Fachelli, 2015). 

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Palabras clave:

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 50 aniversario, desigualdad de oportunidades y perfiles estudiantiles. 

Resumen de la Ponencia:

Frente a la crisis económica y social de fines de la década de 1980 en Argentina, los comedores comunitarios surgieron como una alternativa ante las necesidades alimentarias. Actualmente, estos elementos continúan luchando por paliar las desigualdades vinculadas con el hambre, en tanto, el Poder Ejecutivo Nacional en 2019 sancionó la Ley 27.519 de Emergencia Alimentaria Nacional, que prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 lo dispuesto por el decreto 108/2002. A partir del surgimiento de la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020 y el consiguiente aislamiento social preventivo obligatorio, la estructura socioeconómica del país se vio fuertemente afectada, con la agudización de la crisis alimentaria como resultante. En este marco, constituidos como dispositivos de ayuda alimentaria con un rol fundamental, los comedores tejen redes con gran cantidad de actores sociales que intervienen/colaboran en su financiamiento, infraestructura y abastecimiento.Considerando que la ciudad de Mar del Plata, cabecera del Partido de General Pueyrredon, es el segundo tercer con mayor población de la Provincia de Buenos Aires, y presenta las tasas más altas de desocupación del país, este trabajo se propone observar la dinámica de la organización comunitaria en torno a los comedores. El objetivo de la ponencia es describir el mapa de actores que constituye a la red de abastecimiento de alimentos, e identificar las frecuencias de entrega  y la regularidad de la distribución de mercadería en comedores comunitarios de la ciudad de Mar del Plata durante 2021- 2022.Siguiendo este objetivo el diseño del estudio es de carácter cualitativo, donde análisis e interpretación se apoyan en la teoría fundamentada. Se realizaron entrevistas en profundidad a  referentes/as de  comedores comunitarios, seleccionados mediante un muestreo de bola de nieve y de saturación teórica. También se implementó la técnica de observación no participante en los comedores durante los días de entrega y elaboración de viandas. De este modo, se observaron tipos y calidad de los alimentos, cantidad de familias que retiran las preparaciones y condiciones infraestructurales de las cocinas. Este trabajo presenta un avance de los resultados del proyecto “Seguridad y soberanía alimentaria en comedores escolares y comunitarios en contexto de pandemia por Covid19, en el Partido de General Pueyrredón y General Balcarce en el período 2021-2022”. Este trabajo se inscribe en el programa “CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONTRA EL HAMBRE” y es financiado por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación de la Nación Argentina.  

Introducción:

Introducción 

Como alternativa a la crisis económica y social de fines de la década de 1980 en Argentina, los comedores comunitarios nacen esperando palear las desigualdades vinculadas al hambre. A partir de la organización comunitaria en torno al acceso y elaboración de alimentos lxs cocinerxs, en su mayoría mujeres, resuelven como pueden algunas de las consecuencias de la Emergencia Alimentaria Nacional prorrogada hasta diciembre del año 2022.

El surgimiento y avance de la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020, con el consiguiente aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), sacudió la estructura socioeconómica del país incrementando las desigualdades y la escasez de alimentos entre un alto porcentaje de la población. En esta línea, resultó necesario buscar soluciones capaces de garantizar el alimento en cantidad y calidad, y los comedores comunitarios resaltaron nuevamente como dispositivos de ayuda elemental, articulando con diferentes organizaciones sociales e instituciones en búsqueda de colaboración, infraestructura y abastecimiento.

La ciudad de Mar del Plata, cabecera del Partido de General Pueyrredon se vio fuertemente socavada por la falta de alimentos en un número elevado de habitantes. Contando con una de las tasas más altas de desocupación del país y siendo el segundo tercio con mayor población de la Provincia de Buenos Aires, se encontró con la necesidad urgente de resolver la cuestión alimentaria mediante el trabajo comunitario de estos actores.

Pensar la cuestión alimentaria desde una postura sociológica, posibilita identificar los medios de cohesión y regulación mediante los cuales se mitiga, supera y re-configura el conflicto de hambre (Sordini, 2022). Esto parte de pensar que las políticas alimentarias intervienen en las condiciones de vida y de reproducción de la misma de amplios sectores sociales atravesados por el contexto socioeconómico de manera permanente (Sordini,2022).

Siguiendo a Adelantado et al, (1998) la política social además de compensar las desigualdades, también puede constituirlas, aumentarlas y reproducirlas. (Adelantado, et al., 1998). Estas intervenciones poseen un carácter organizativo que otorga a cada sector social determinada responsabilidad para la satisfacción de las necesidades de la sociedad articulando la relación entre la esfera doméstica, mercantil, estatal y relacional (Adelantado  2009).

Los programas implementados en los años noventa marcaron la época de la promoción de la organización colectiva de las necesidades y configuraron prácticas de comensalidad al promover el financiamiento de comedores y merenderos comunitarios. En esta trayectoria se observa cómo se ha institucionalizado la estrategia colectiva de comer en comedores comunitarios a partir de la intervención estatal (Sordini, 2020). Si bien los comedores emergieron como una acción espontánea y colectiva en un contexto de crisis económica y aumento de la pobreza, su vigencia permanente durante todo el periodo muestra que la situación de emergencia alimentaria no se revierte mediante la intervención de los programas alimentarios (Sordini, 2022). 

En este contexto planteamos como preguntas de investigación: ¿Cómo se abastecen los comedores comunitarios ante el aumento de la demanda en un contexto de emergencia alimentaria y sanitaria? ¿Cómo es el circuito de entrega de mercadería en comedores comunitarios? ¿Qué alimentos se entregan, con qué frecuencia y en qué volumen?

¿Cómo se articulan las redes comunitarias con las políticas alimentarias para comedores comunitarios en el PGP entre 2020 y 2022?

La presente ponencia espera describir el mapa de actores que constituye a la red de abastecimiento de alimentos e identificar las frecuencias de entrega y la regularidad de la distribución de mercadería en comedores comunitarios de la ciudad de Mar del Plata entre 2021 y 2022.

El objetivo general es reconstruir el proceso de abastecimiento de alimentos en comedores y merenderos comunitarios del PGP durante 2020-2022. Los objetivos específicos son:  identificar la red de actores que constituye el proceso de abastecimiento y, describir las condiciones, frecuencia y regularidad de la entrega y distribución de alimentos 

 

 

Desarrollo:

Metodología 

El diseño del estudio es cualitativo porque permite una aproximación a las subjetividades y a las intersubjetividades desde la propia comprensión que cada persona tiene de la realidad social que experimenta (Denzin y Lincoln 1994; Tylor y Bogdan 1996). Para responder al objetivo de reconstruir el proceso de abastecimiento de alimentos en comedores y merenderos comunitarios del PGP durante 2020-2022, se realizaron entrevistas en profundidad (Piovani 2007). La técnica de indagación implica un modo de producción y registro de los conocimientos que posibilita un acercamiento a las personas entrevistadas en calidad de ejemplificadoras de los rumbos sociales (Oxman 1998). La entrevista permite captar la apropiación individual de la vida colectiva (Piovani 2007) y ello da paso a reconstruir los sentidos y significados que las personas le otorgan a la vida diaria.

Se implementó un muestreo teórico hasta alcanzar su saturación, es decir, su representatividad teórica (Strauss y Corbin 2002), por la estrategia de bola de nieve (Baeza 2002). De esta manera, se realizaron entrevistas en profundidad a referentes de los cuatro Centros de Distribución de alimentos del PGP en 2021-2022 y entrevistas en profundidad a referentes de Comedores Comunitarios del PGP en 2021-2022.

La guía de pautas de entrevista abordó temas relacionados a la emergencia de los Comité Barriles de Emergencia, la organización comunitaria en relación al registro de comedores, comensales y distribución de la mercadería, proveedores de mercadería, circuito de entregas, almacenamiento  y distribución, tipos de alimentos, cantidades y calidad de los productos. 

El procesamiento de datos se realizó de manera artesanal. El análisis y la interpretación requieren de un trabajo constante durante todo el proceso porque son actividades reflexivas que influyen en el registro, la redacción, el rediseño de los instrumentos de indagación y el registro de datos adicionales (Coffey y Atkinson 2003). Siguiendo a la teoría fundamentada, las tareas analíticas consisten en denominar conceptos, definir categorías y clasificarlas según sus propiedades y dimensiones. 

  La acción colectiva como medio para garantizar la distribución: Mapa de actores para abastecimiento de comedores 

Resulta interesante prestar atención a la diversidad de las experiencias orientadas por la búsqueda de soluciones colectivas a las problemáticas planteadas por “la cuestión social”, ya que reflejan la ampliación de lo posible (Santos y Rodríguez, 2002). El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la Pandemia de COVID-19 dejó en evidencia una problemática política y social de larga data: el hambre generalizada en el partido de General Pueyrredon. Entendiendo el comer como problema político y social diferentes actores se unificaron en la conformación de un elemento destinado a la búsqueda de soluciones inmediatas a la situación alimentaria local: Los Comités Barriales de Emergencia (CBE).

En las primeras semanas de ASPO, en 2020, el Partido de General Pueyrredon contaba con 33 comités divididos en cuatro zonas: zona norte, zona sur, zona este, zona oeste y Batán. Las acciones implementadas por los comités, en su gran mayoría encabezados por mujeres, se orientan a la lucha por el acceso a derechos, el fortalecimiento de las redes comunitarias y el mantenimiento de comedores barriales y merenderos populares (Slovacek y del Rio Fernandez, 2021) a partir del trabajo comunitario de agrupaciones sociales, iglesias, sociedades de fomento, comedores y merenderos del partido.

Según los y las referentes entrevistadas, los CBE están constituidos “de abajo hacia arriba (…) desde el territorio y en función de sus mismas características” (E3). Si bien surgen como una red territorial donde las distintas organizaciones, con mala, escasa o nula relación previa, se unieron para resolver la problemática concreta vinculada con la falta de acceso a alimentos; la logística comunitaria dio lugar al reconocimiento de otro tipo de problemáticas urgentes. En este sentido, resulta interesante pensar cómo este entramado, pionero en Mar del Plata, se teje como una malla de resistencia frente a problemáticas sociales de larga data y se moviliza en búsqueda de soluciones. Si bien los comités surgen para resolver una cuestión alimentaria, terminan ocupándose también de problemáticas vinculadas a la salud, la educación sexual integral o la violencia de género, reafirmando así su campo de acción.

Pensar la historia de la alimentación desde una postura cultural (Flandrin, 1987 en Huergo, 2016) permite mirar el surgimiento de estos dispositivos como una construcción social. Cuándo cocinar, cómo hacerlo, cuánta cantidad va a cada comité, cuál es la mejor manera de elaborar para aprovechar el recurso, de dónde sacar los nutrientes faltantes se convirtieron en algunos de los temas de agenda en las reuniones de los CBE.

Si bien cada zona cuenta con su propio referente, se estableció una coordinación  general de la cual forman parte todos los actores presentes; además de la creación de  subgrupos “por alerta” con representantes de cada zona. Mediante una organización asamblearia constituida por referentes electos por cada comité las discusiones en torno a la toma de decisiones se dieron siempre en conjunto. Siguiendo a Fernández et al (2003) puede decirse que el propio dispositivo asambleario es el que da lugar a las condiciones para el despliegue de la diversidad y que esta, junto con otras características como  la potencia, la vertiginosidad, y la radicalidad de la inmediatez permiten construir la singularidad del elemento. Lxs asambleístas motivados por la lógica de situación se configuran y reconfiguran de acuerdo al contexto y las posibilidades.

En esta línea, el trabajo comunitario de los CBE garantizó el acceso a la alimentación de muchas familias, además de instalarse como un llamado de atención al sector político de turno. La logística en base a la distribución de la mercadería demuestra cómo mediante “estrategias alimentarias de sobrevivencia” (Hintze,1989) la sociedad busca alternativas a una emergencia alimentaria que continúan en proceso.

Divididos por zona, cada comité cuenta con un porcentaje de alimentos correspondientes acorde a su demanda. Mediante un relevamiento realizado por los y las referentes de los diferentes comedores en conjunto con las organizaciones involucradas en cada comité, resulta posible conocer la demanda de cada zona. Este elemento significa un gran aporte a nivel político y académico, y permitió configurar un engranaje de entregas que ayudó a subsistir a un porcentaje elevado de la población durante la pandemia

Así, la zona oeste, que es la más grande, contando con diez comités entre los que estaban Autódromo, Virgen de Lujan, Libertad, Nueve de Julio, Don Bosco, Newbery, Las Américas, entre otros recibía al comienzo de la pandemia el 34% de las donaciones. 

Los camiones con donaciones provenientes del estado nacional, provincial, municipal (recibiendo este último recursos de terceros, como empresas y personas civiles); el Banco de Alimentos y la Federación Campesina  dejan los alimentos en los diferentes centros de distribución donde cada comité, según su cercanía, retiran con un flete.

La construcción de los comités comprendió un proceso de aprendizaje significativo en cuanto a la planificación y gestión conjunta de actividades entre diferentes actores de la sociedad. La definición de los centros de distribución, el porcentaje de alimentos para cada zona, el transporte, lxs aportantes, lxs referentes, todo forma parte de un núcleo organizativo que continúa vigente, trabajando en conjunto. Las negociaciones con la gestión pública y el Banco de Alimentos respecto a la entrega de insumos se definen a partir de una construcción asamblearia que, desde un principio, buscó ponerse de acuerdo respecto al objetivo común de conseguir y gestionar donaciones.

Los discursos sobre el desarrollo y organización de los comités y centros de distribución dan cuenta de un proceso de aprendizaje con racionalidad dialógica orientada a la elaboración de acuerdos y resolución de conflictos, destacándose el trabajo colaborativo de actores diversos. Este dispositivo asambleario parte de una democracia directa centrada en la horizontalidad para buscar soluciones entre los distintos participantes, dando lugar tanto a aquellos que forman parte de agrupaciones políticas, representados en muchas de las entrevistas como quienes “siempre obtuvieron cosas” (E4) y quienes nunca participaron en ninguna agrupación, pero encabezaron comedores y merenderos comunitarios.

En base a esto último, resulta llamativo el hecho de que muchos de los relatos relacionados con los conflictos previos entre organizaciones, o aquellos surgidos en el proceso de toma de decisiones durante la pandemia, se resuelven partiendo de una socialización resolutiva pensada como sinónimo de armonía. Esta socialización, necesaria para el establecimiento e incorporación de reglas que nacen de valores compartidos pero donde también hay tensiones vinculadas con los modos de acción de cada subgrupo, se articulan en la construcción común.  En esta línea, las diferentes individualidades se unifican en un marco referencial compartido destinado a guiar la acción (Cittadini, et.al 2008).

Las entrevistas a referentes dan cuenta de una reconfiguración de las representaciones entre uno y otro subgrupo, a partir del objetivo compartido. El rol de las iglesias evangélicas y de las agrupaciones partidarias es rescatado por varios de los entrevistados como un emergente clave en el desarrollo de la tarea colectiva. Así, los CBE demostraron la importancia del trabajo comunitario para resolver situaciones urgentes en las que el Estado necesita un llamado de atención.

En su análisis sobre los movimientos sociales, Melucci se propone superar el pensamiento dualista que ubica a los mismos entre los enfoques subjetivistas y objetivistas. El autor define la acción colectiva como una construcción social influenciada por un sistema de relaciones tanto internas como externas, es decir que no se detiene meramente en la lógica de motivaciones o valores de los actores, sino en las relaciones sistémicas: el énfasis está en sus metas y en el campo de oportunidades y restricciones en el cual tiene lugar la acción (Melucci,1989; Chihu Amparán y López Gallegos, 2007).

Entonces, el mapa de actores para el abastecimiento de comedores comunitarios se constituyó de la siguiente manera. Los actores de abastecimiento de mayor volumen de mercadería y con mayor sistematicidad fueron: Ministerio de Desarrollo Social de Nación y de la Provincia de Buenos Aires y Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon. Los actores de abastecimiento de menor volumen de mercadería y con menor sistematicidad fueron: Banco de Alimentos, Servicio Alimentario Escolar, UNMdP, pequeños productores del cordón frutihortícola, Federación Nacional Campesina, organizaciones sociales, iglesias, ONG, empresas. Todos ellos canalizaron la mercadería a los Centro de Distribución de Alimentos  (CDA), quienes articulan a los 33 CBE que contienen a 369 comedores y merenderos comunitarios (CBE, 2020).

 

3. Composición y frecuencia de las entregas de alimentos a comedores

La entrega a los CDA se realiza de manera equitativa, en función de la cantidad de espacios comunitarios que dependen de cada uno de ellos. Los alimentos, garrafas, productos de limpieza, entre otros llegan a la sede de cada CDA para que luego éstos los distribuyan también de manera equitativa -y autogestiva- a sus respectivos CBE, que a su vez abastecen a un número determinado de comedores comunitarios. Hay CBE que tienen a su cargo un número mayor de comedores son provistos de un mayor volumen de mercadería por parte del CDA. Desde la voz de las personas entrevistadas emergió con fuerza la transparencia en el reparto de las cantidades. Todo lo que llega a los centros se subdivide en distintos sectores del espacio físico y se registra en pizarrones, además cada referente cuenta con sus anotaciones en cuadernos que reflejan lo que se recibió y las cantidades de fracción para cada destinatario. Se hace hincapié en que la transparencia de ese trabajo fortalece a la comunidad.

La jurisdicción nacional, provincial y municipal del Estado con los actores que proveen el  mayor volumen de entrega de mercadería en 2021-2022 son quienes durante 2020 entregaban de manera sistemática. La entrega municipal en 2020 era semanal, y proveía productos frescos: en mayor medida verduras (papa, zanahoria, batata, zapallo anco, zapallito, acelga, espinaca, morrón, cebolla), frutas (manzana, mandarina, pera),  y proteínas (vaca, cerdo y la mayor parte del tiempo pollo; en ocasiones pescado, a través de convenios entre el Municipio y ciertas empresas de la industria pesquera). También proveía productos de limpieza (lavandina, alcohol, detergente), una vez por mes. En el caso de las garrafas, la frecuencia es semanal y se le asigna una cantidad determinada a cada CDA, en función de la cantidad de espacios que dependen de él. 

Durante 2020, el Municipio recibía esta mercadería a través de donaciones que gestionaba con distintos actores, y en las cuales no mediaba un contrato, eran esporádicas. Pero la entrega que realizaba a los CDA sí era sistemática, al menos hasta diciembre de 2020. 

“cuando arrancaron los comités, el estado entregaba algo de mil kilos por semana. Eso en 2020 fue aumentando paulatinamente hasta llegar en diciembre al “techo” digamos, porque lo que más se logró (que fueron 20 mil kilos por semana de fresco), entre carne y verdura, aunque siempre más verdura que carne, pero igual era una muy buena cantidad de ambas que se distribuía.” (E1)

A diferencia del Municipio, la jurisdicción de Nación y Provincia realizaban entregas más espaciadas, cada dos meses, y de alimentos secos (aceite, puré de tomate, arroz, polenta, harina, azúcar; leche en menor medida, y galletitas y cacao en ocasiones particulares) y productos de limpieza. 

Por otro lado, las entregas del Banco de Alimentos son por convenio y relativamente sistemáticas. Los CBE se registraron y pagaron su mensualidad para entrar al Banco de Alimentos. De este modo, un mes entregan a un determinado CDA, y al siguiente mes entregan a otro. Las entregas son semanales, y se constituyen nodos que contactan directamente con los productores de verdura y fruta del cordón frutihortícola (cebolla, kiwi). En cambio, la UNMdP (alimentos secos), Servicio Alimentario Escolar, pequeños productores del cordón frutihortícola y la Federación Nacional Campesina (verdura), y empresas como McCain (papa), realizaban entregas esporádicas. 

Durante todo 2020 (invierno hasta el verano) se mantuvo el volumen. En el verano se discontinuó (protestas). En marzo 2021 volvió, y ahí empezaron a bajar considerablemente las cantidades. En lo que refiere a Municipio, ahora estamos en menos de la mitad, pasándose de entregas semanales a quincenales. En 2022 se entrega cada quince días la misma cantidad que era semanalmente. El Banco de Alimentos continúa entregando. Y, la jurisdiccion nacional y provincial del Estado no entregan hace seis meses.

La jurisdiccion municipal fue disminuyendo considerablemente su frecuencia y volumen. Se sostuvo durante 2020 y 2021 empezó a mermar las cantidades. Con la temporada de verano y la disminución de entregas, la organización comunitaria debió trabajar en una estrategia de reclamo. La “protesta de ollas vacías” de diciembre del 2020 significó para los y las entrevistadas un elemento importante para la consolidación de los comités en base a un reclamo compartido. Se hicieron dos protestas en puntos turísticos con gran afluencia de visitantes a la ciudad, en la rambla y en la calle Güemes. Estos hechos garantizaron un diálogo “mas fluido” con el municipio, a quien consideran como principal responsable de la situación.

 

“Una cuestión más política…. Sí, eso fue para el verano más o menos. Ahí fue que el municipio cortó la entrega (…) como que hubo una intención de decir “cortamos la entrega y no las retomamos”. (E1)

“Sí. Fue entre fiestas, si no me equivoco. Fue justamente eso, el corte en un momento álgido del año, complicado… donde había mucha expectativa de parte de los comedores y merenderos para no cortar, para aportar algo para las mesas navideñas… y ahí se organizó esa actividad que fue muy buena, fue masiva… se había cortado el diálogo y eso ayudó a traccionar para que el obispado también se manifestara en ese sentido… se pidió diálogo y hubo como varias presiones para que se reactivara”.  (E3) 

En la figura 1 se ilustra la fluctuación e intermitencia de las entregas de mercadería en el periodo 2020-2022 en el Partido de General Pueyrredón.

Figura 1: Entregas de mercadería para comedores comunitarias en General Pueyrredon

Fuente: Elaboración propia

 

En 2022 la frecuencia de entrega que el Estado municipal realiza en los CDA es cada quince días. Disminuyó la frecuencia y también el volumen; no disminuyó la demanda en los comedores.

“Hoy entregan cada quince días por una cuestión de logística, el municipio pidió y nosotros accedimos a eso. Bueno entreguen cada quince días en vez de una semana en función de los gastos que genera la logística. Vos tenes diez bolsas de papa para repartir y cincuenta lugares, más vale juntar de a veinte bolsas de papa y repartirla en cincuenta lugares, para que te rinda más la logística” (E2).

La cantidad de CBE que dependen de los CDA siguen siendo los mismos. Disminuyeron algunos comedores que no pudieron sostener las entregas de comida por falta de insumos o que abrieron de manera precaria en situaciones de emergencia. Es decir, cerraron aquellos comedores que se improvisaron con un anafe y algunas ollas en el patio de una casa y no han conseguido financiamiento para mejorar la infraestructura y continuar con la tarea. Ello indica que si bien cerraron no disminuyó la demanda de comensales en otros comedores que continúan vigentes.

En relación al tipo de alimentos la gestión municipal  articuló con empresas y donantes (aleatorios, excepcionales) para recibir donaciones, y cuando estos actores de estar no se pudo garantizar el mismo volumen. Entonces, en proteínas, se bajó la variabilidad que había, pasado de ofrecer distintos tipos de carne, a sólo pollo. En lo que refiere a frutas y verduras, al principio de la pandemia (invierno de 2020) eran más variadas. 

Cada CDA implementó estrategias de control para garantizar la equidad en la distribución. Entonces, los porcentajes de alimentos que se destinana a  cada comedor dependen del relevamiento de comensales que se realizó a partir de las intervenciones de los CBE. Así, partiendo “del comer como una conquista cultural” (Gómez, 1984), distribución y cocción de alimentos se unificaron persiguiendo el fin de garantizar tanto una seguridad alimentaria donde todxs tengan acceso a los alimentos, como un acceso igualitario a los nutrientes esenciales. En relación con este último punto, resulta interesante considerar que en la mayoría de las entrevistas se destaca la calidad alimenticia de las primeras entregas semanales en las que recibían alimentos frescos, pescado, cerdo y carne vacuna por parte del municipio y el Banco de Alimentos y las dificultades para elaborar comidas proteicas una vez llegado el verano y hasta la actualidad.

La disminución en las entregas significó un inconveniente difícil de resolver para los CBE. Así, si bien la demanda de alimentos respecto al ASPO bajó notablemente, los referentes afirman contar con dificultades para abastecer a quienes solicitan alimentos en la actualidad. El contexto de emergencia convocó a  múltiples donantes. En ese marco, la mayoría de los y las entrevistadas relata no haber tenido problemas para alimentar a las familias que visitaban los comedores durante la pandemia. Las entregas estatales fueron eficientes al comienzo del ASPO y, si bien requirió de un “tira y afloja” por parte de los comités y la gestión pública, lograron cubrir la demanda. Sin embargo, las cantidades fueron bajando y los y las referentes se encontraron en reiteradas oportunidades “poniendo plata de su bolsillo” para comprar insumos.

Siguiendo a Scribano et al (2010) la religión del desamparo neocolonial se apoya, entre otros elementos, en la resignación. Mientras se construye la fantasía de no haber tenido problemas para alimentar a las familias allí también la frustración narra un presente aceptable, en que es posible resistir con el equilibro entre el “tira y afloja”  y “poniendo plata de su bolsillo”. Esta religion neolonial requiere de la auto-organización, la auto-resposnsaliblidad y la auto-culpabilidad (Scribano, et al, 2010) en torno al hambre que requiere la constante desidia en las condiciones de manipulación y calidad de los productos entregados. 

Respecto a la calidad de los alimentos se identificó que algunos productos llegan en mal estado y es limitada la refrigeración de los mismos en el transporte.

“cajas, bolsas, a veces las bolsas rotas, a veces las cajas rotas, y bueno es un si… digo que muchas veces incluso los mismos compañeros decían: “es una falta de respeto que nos traigan los alimentos así, parece que le están tirando a los chanchos, a los perros” (E2)

“lo que hace -el banco de alimentos- es reciclar verdura de los campos, recicla lo que no se exporta, lo traen y lo vuelcan. Bueno, eso muchas veces viene a granel, directamente es el del campo. Entonces viene como viene. A veces eran más cascotes de tierra que papa” (E3).

Desde aquí se plantean interrogantes respecto a cuáles son los modos de preparar la comida y comer que configura la intervención estatal.  Se identifican distintos grados de obstáculos/dificultades en la acción colectiva por la obtención de los alimentos. En el siguiente apartado se esbozan brevemente las estrategias que proponen los y las referentes de los CDA ante las entregas de alimentos. 

 

Conclusiones:

Considerando a la organización colectiva de los CBE como apoyada en relaciones sociales compactas y estructuras de conexión, que utilizan marcos culturales consensuados orientados a la acción puede pensárselos desde la línea de los nuevos movimientos sociales (Melucci, 1989). En América Latina el desarrollo de movimientos sociales se volvió evidente a principios de 1980 y como consecuencia de un contexto de “crisis de representación” en el que se plantearon “nuevas formas de hacer política” a partir de las cuales lxs ciudadanxs encontraron opciones para construir y expresar sus intereses colectivos (Obarrio y Procupez, 2013). Mediante el uso de la acción colectiva de manera estratégica, como respuesta a un cambio en la pauta de restricciones y oportunidades políticas, se generan nuevas oportunidades que serán luego aprovechadas en otros ciclos de protesta, cada vez mayores (Tarrow, 2014). 

La creación de los comités da cuenta de una problemática de larga data, que continúa vigente aún finalizado el ASPO y que sigue necesitando del reclamo y la movilización civil. Si bien los Centros de Distribución de Alimentos muestran un ejemplo de organización comunitaria más indican sobre la persistencia del problema alimentario en tanto se desplegaron sobre la malla de una organización que cuenta con mas de tres décadas en los sectores vulnerables de General Pueyrredón (Sordini, 2020, 2022). Las lógicas de la emergencia se instalan porque dan cuenta de una llaga herida que va más allá de este contexto de crisis particular en pandemia. La resistencia que tejen las redes comunitarias para solucionar la problemática concreta del comer muestra la capacidad de dar respuesta que mostraron distintas organizaciones sociales, políticas y partidarias que no trabajaban en conjunto antes de la pandemia, como así también la articulación con iglesias, el sector privado y la gestión pública enfocada en un mismo objetivo durante algunos momentos de recorrido de entregas de alimentos que detallamos en este trabajo. 

La organización comunitaria es nodal en la articulación para implementación de la política alimentaria. Sin autogestión la mercadería no se distribuye ni se prepara para su consumo. Se destacaron consensos entre distintas organizaciones políticas partidarias, nuevos actores y viejas prácticas. Los aspectos disruptivos que presentaron los CDA se han construido con una trayectoria de dos tres décadas de organización comunitaria apoyadas en la lógicas de trabajo voluntario en las que la alarma sanitaria moldeo los modos de cocinar y comer en los comedores comunitarios. El trabajo territorial comunitario contuvo y organizó a la creciente demanda en los comedores comunitarios. Si bien el problema alimentario persiste, desde la pandemia se crearon y se quedaron los centros de distribución de alimentos, contribuyendo a la institucionalización de los comedores como respuesta posible y aceptada al hambre y, mejorando la agilidad de la distribución de mercadería y mostrando un modo de hacer que hizo hincapié en la transparencia para el reparto equitativo de los productos. 

 

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Palabras clave:

comedores comunitarios

hambre

pandemia

covid 19

políticas alimentarias

Resumen de la Ponencia:

 A financeirização da natureza converte recursos ambientais em ativos negociados em bolsas de valores de todo o mundo, ações cujos detentores são empresas de diferentes matizes, desde estatais a companhias formadas por capitais privados nacionais e multinacionais. No Brasil, a privatização do setor hidrelétrico favoreceu a expansão do hidronegócio, a construção de grandes usinas hidrelétricas (UHEs) nas principais bacias hidrográficas do país e a pulverização de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) em rios de menor porte. A participação do Estado brasileiro nesse setor é ativa, o que pode ser constatado pela participação da Empresa de Pesquisa Energética nos processos de outorga e de licitação das obras. Na bacia do rio Uruguai, situado na região sul do Brasil, foram instaladas cinco UHEs e dezenas de PCHs. A construção de barragens e a formação de lagos artificiais onde anteriormente havia um rio produz impactos socioambientais de grande repercussão, atingindo moradores ribeirinhos e comunidades adjacentes. Neste trabalho analisamos o caso dos pescadores profissionais da pesca artesanal do rio Uruguai, cujos meios de vida foram irremediavelmente comprometidos pelas alterações ambientais decorrentes da transformação do ambiente lótico em lêntico, bem como de seu impacto na qualidade da água e na ictiofauna. São estudadas três colônias de pescadores: Z 29 (Chapecó) e Z 35 (São Carlos), atingidas pela UHE Foz do Chapecó, e Z 34 (Concórdia), atingida pela UHE de Itá. Nas primeiras constata-se o abandono da profissão pela maioria dos pescadores, com o consequente comprometimento de sua renda e da condição de segurados especiais da Previdência Social. Na última, registra-se a conversão de pescadores em aquicultores de produzem pescado em tanques-rede instalados no lago artificial, no município de Concórdia, como medida mitigadora de impactos pelo empreendedor, em consonância com o Plano Básico Ambiental. Num e noutro caso, a instalação dos empreendimentos hidrelétricos de grande porte (hidronegócio) expropriou os pescadores do acesso aos recursos naturais: o rio e o pescado, fonte de alimentação, trabalho, renda e dignidade. O ofício de pescador profissional da pesca artesanal tende a desaparecer com os últimos remanescentes na “lida com a pesca”, que por terem mais idade e baixa escolaridade não encontram alternativa laboral e esperam se aposentar como pescadores. Palavras-chave: Pescadores profissionais artesanais; hidronegócio; financeirização da natureza. Pesaquisa Financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina.

Introducción:

Introduzindo a questão

De forma sintética, afirmamos que a implantação de grande obra de engenharia para geração de energia não é nem um deus ex machina e tampouco um projeto civilizador, embora tenha aspiração para tal. É fruto de um plano governamental e faz parte de estratégia empresarial para ampliação de seus negócios, transformando-o num hidronegócio. Requer capital de grande monta para efetivação da obra e é certo que, como empreendimento capitalista, conta com retorno garantido, trabalhadores bem qualificados e aqueles de qualificação mediana para executá-lo, alteração ­­no meio ambiente, inundação de área, geralmente agricultável, e deslocamento compulsório da população nela localizada. Implica na alteração da natureza e em atividades tradicionais, como a pesca profissional artesanal. É desse ponto que podemos seguir em frente, mas, principalmente, retroagir e não trilhar os dados oficiais do “início” da obra. 

A démarche do texto consiste em tomar o processo de implantação dos projetos de grandes hidrelétricas na Bacia do rio Uruguai[i], situando-os em posições distintas e antagônicas, aquelas dos empreendedores dos grandes projetos e das populações atingidas, em especial, a dos pescadores profissionais artesanais. Nos últimos anos foram implantados dez grandes empreendimentos hidrelétricos no trecho brasileiro dessa bacia hidrográfica. Exceto a fração pertencente às Centrais Elétrica Brasileira - Eletrobras e subsidiárias, as demais empresas, grosso modo, são constituídas por capital transnacional. Suas ações extrapolam esta bacia, melhor dito, têm aqui apenas um ancoradouro para exportação de energia gerada para outras partes do país. De outro lado, confrontamos esses empreendimentos com um grupo nativo da bacia cuja trajetória apresentou percursos de constrangimento, ou seja, os pescadores profissionais artesanais.

Pretendemos, neste texto, problematizar o contexto da ascensão das empresas e o descenso dos pescadores profissionais, tendo como pano de fundo dois aspectos, o da ecologia moral e o da financeirização da natureza.

 

 

 

[i]O rio Uruguai, cuja bacia no trecho brasileiro a partir de 1973  conta com  hidrelétricas de grande porte,  nasce na Serra Geral, formado pelos rios Pelotas e Canoas, tem 1262 km. Divide os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; depois em território internacional faz a divisa entre o Brasil, Argentina e Uruguai, desembocando no rio do Prata.

 

 

Desarrollo:

Percurso metodológico

A pesquisa se insere no Campo Ambiental, no qual estão situados os pescadores  profissionais artesanais do rio Uruguai que tiveram suas vidas transformadas por um  Projeto de Grande Escala (PGE), demarcador de tempos e transformações da vida, fauna e  paisagem. O PGE Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó Energia S/A, projeto em questão, tem capacidade de gerar 855 MW. Seu reservatório mede 79,93Km2 e margeia 13 municípios dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mas cujos reflexos atingem indiretamente outros. 

Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa, interessando-nos, acima de tudo, a qualidade dos dados. Estes foram construídos em trabalho de campo, em diversos momentos, entre os anos de 2019 e 2021. Entrevistamos pescadores profissionais e lideranças de colônias. Consultamos materiais de imprensa, a partir de 2002, e literatura produzida sobre hidrelétricas e pescadores.  Empiricamente, o texto refere-se aos pescadores da Colônia Z29, da área de abrangência da Usina Hidrelétrica da Foz do Chapecó, em operação desde 2010, embora dialogue com aqueles das Colônias de Z34 (Concórdia-SC) e Z35 (São Carlos-SC). Esta hidrelétrica não pode ser dissociada daquelas que compõem a dezena delas implantadas na bacia do rio Uruguai nas duas últimas décadas, inseridas no Setor Hidrelétrico Brasileiro. Este é tomado como campo, na acepção de Bourdieu (1984), espaço multidimensional no qual os agentes são dotados de capitais desigualmente distribuídos, bem como dos instrumentos de apropriação. As perspectivas acerca de seus projetos serão divergentes e constituem-se em campo de lutas. Enfim, defrontam-se diferentes visões e divisões de mundo, mesmo que não se expressem com este teor semântico.

Num quadrante do espaço social situam-se as agências estatais, reguladoras do setor elétrico e, principalmente, os conglomerados empreendedores que podem ser nominados por dam industry [indústria barrageira] (McCully, 2004) que, explicitamente, se habilitam aos editais das agências reguladoras para implantação de grandes projetos de hidrelétricas na bacia do rio Uruguai, sob o argumento imperioso de geração de energia limpa e renovável para atender às necessidades do país, de desenvolvê-lo sustentavelmente (por mais polissêmica que seja esta categoria). 

 Trata-se, igualmente, de espaço hierarquizado, no qual os agentes se encontram em posições diferenciadas, polarizadas, disputando recursos, bens, capitais, relações de dominação. As posições estão demarcadas, de acordo com as aquelas já capitalizadas nas lutas anteriores (Bourdieu, 1989, p.64-70). No campo ambiental entram em jogo os “atingidos”, dentre esses os pescadores profissionais artesanais, os órgãos ambientais, as agências de desenvolvimento. A hidrelétrica altera a paisagem, provoca danos na natureza, interfere nas vidas das comunidades, deslocando ou cindindo comunidades. Os recursos hídricos são alterados, influenciando a ictiofauna. Assim, ao recorrer à análise do campo ambiental se revela, a partir das evidências de configuração do campo do desenvolvimento, como o discurso do desenvolvimento adquire visibilidade e legitimidade, conferindo atenção aos discursos professados e às relações de poder estabelecidas.

 

 

Dam industry e financeirização

 

É invariante a dam industry apresentar como sua missão o desenvolvimento sustentável da região ou do entorno do local onde se situa fisicamente. Ao lado de todas as cartas e documentos da sustentabilidade que advogam para legitimar suas práticas, poderia ser justaposto o lucro anual das grandes corporações, gerando energia, não obrigatoriamente hídrica. São diferentes formas de computar e expor os números[i]. No entanto, um contraste pode ocorrer à justaposição com as diferentes partes do campo, a exemplo, empreendedoras e pescadores atingidos.

A política energética brasileira foi construída no “espírito” da grande aceleração (Oliveira, 2018; Charbonnier, 2021). Com o espalhamento do neoliberalismo, ocorreu a desestatização na década de 1990. Esta permitiu o ingresso de grupos transnacionais, alguns especialistas em geração de energia, como a francesa Engie, no Brasil desde os ano de 1990, ou o caso das holdings chinesas Three Gorges e State Grid que aqui aportaram no último decênio. Há ainda produtores voltados à indústria de aço (Companhia Siderúrgica Nacional), produção de alumínio e bauxita (Alcoa; CBA), de cimento (Votorantin Cimento; InterCement). Esses grupos empresariais não se limitam a empresariar unicamente na bacia do rio Uruguai. Encontram-se em diversos pontos de empreendimentos do país.

Para Moore (2015 e 2022), a importância estratégica da acumulação da Cheap Nature [Natureza Barata] se faz presente no desenvolvimento e nas transformações do capitalismo dos últimos cinco séculos (MOORE, 2015, p. 146, 150, p160). O barateamento da natureza implica em não substantivar.  Está em jogo uma constelação de empresas e de agências de recursos que foram mobilizados para sua construção. Foram facilitadas algumas condições, tais como a disponibilização de recursos públicos, a exemplo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES. Noutros casos, a partir de 2005, contaram com o montante do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, na organização empresarial em consórcios, nos recursos de empréstimos por meio de debêntures.

O recurso mais expressivo consta da água que, de bem público, por meio de leilão, torna-se bem privado para geração de energia. 

A financeirização e a financeirização da natureza tornaram-se categorias ambíguas. Uma forma de desambiguizar é recorrer ao trabalho de Ortiz (2017), tomando as hidrelétricas como parte da categoria “indústria financeira”, que faz parte da instituição política global, considerando como recolhe, produz e distribui o dinheiro mundial.

A natureza barateada, transformada em mercadoria, e a financeirização são irmãs siamesas, combustível do capital financeiro e um dos motores da atual fase da globalização (Schweitzer, 2000). Isso nos remete ao processo de transferência do capital acionário das hidrelétricas.

Uma das particularidades é o uso da natureza barata (Cheap Nature) e a financeirização da natureza, tornando a energia gerada localmente numa mercadoria que circula livremente pelo país, por meio do sistema interligado, atendendo residências, indústrias e, principalmente, o setor eletrointensivo (aço, alumínio, cimento etc.) que pode figurar como acionista em grande parte das usinas da bacia do rio Uruguai. 

O quadro abaixo é uma demonstração da composição acionária das Hidrelétricas da bacia do rio Uruguai.

Quadro 1 Hidrelétricas do rio Uruguai – composição acionária

UHE Ano Potência Corporação/ões

Passo Fundo 1973 113,1 Engie do Brasil

Itá 2000 1450 Consórcio Itá (Engie, CSN, Itambé)

Machadinho 2002 1140 Consórcio Machadinho: CBA, ALCOA,

ENGIE, VALE, Votorantim Cimento, CEEE,

InterCement e MDE Distribuidora

Quebra-Queixo 2003 120 Companhia Siderúrgica Nacional

Barra Grande 2005 690 Alcoa Alumínio; Cpfl (State Grid); CBA;

Barra Grande Participações e DME

Energética

Campos Novos 2010 880 Cpfl (State Grid); CBA; Pollarix S/A; CEEE

Anita Garibaldi 2010 191,9 Three Gorges CTG Brasil

Foz do Chapecó 2010 855 Cpfl (State Grid); Eletrobras/Furnas; CEE

Monjolinho 2019 74 Monel- Monjolinho Energetic; Starkraft

São Roque 2022 141,9 Nova Participações (Nova Engevix)

Quadro elaborado pelas autoras com base nos documentos e páginas da web das empresas

 

É tautológico afirmar que o hidronegócio ampara-se na financeirização da natureza.  A assertiva de Appadurai (2009) é ilustrativa ao indicar a velocidade que caracteriza essa finaceirização e que consiste num processo no qual o dinheiro é utilizado para obter mais dinheiro mediante os diversos instrumentos que possam ser explorados. Aqui, para além de nota de rodapé, vale a constância e invariância com que os cofres públicos têm sido generosos no financiamento do hidronegócio brasileiro. Da listagem acima, com exceção da UHE Quebra-Queixo, da qual não obtivemos dados, as demais hidrelétrica (quando em construção) foram clientes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com prazo de carência e tempo considerável de amortização, quando não para lançamento de debêntures, na lógica da contribuição ao desenvolvimento. As UHEs em construção após 2007 podiam contar com o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do governo federal.

 

Pescadores profissionais e a violência lenta                      

Os pescadores, sujeitos nativos, que são os agentes com os quais trabalhamos, podem ser inseridos na categoria da “sociabilidade do homem simples” (Martins, 2020).  A constituição dos pescadores profissionais artesanais no rio Uruguai tem como pano de fundo o processo do Setor Elétrico Brasileiro, realizado sob o prisma da engenharia, e, para dizer o mínimo, com o olhar torto para o componente humano a ser atingido. O conceito de violência lenta, expressão de Rob Nixon (2011) é ilustrativo para o caso. 

[...] chama a atenção para calamidades lentas e duradouras, calamidades que pacientemente dispensam a devastação enquanto permanecemos fora de nossa atenção cintilante – e fora da visão da mídia corporativa orientada para o espetáculo (...). A violência é levada para dentro, somatizada em dramas celulares de mutação que – especialmente nos corpos dos pobres – em grande parte não observadas, não diagnosticadas, sem diagnósticos.

 

O pescador profissional artesanal é amparado legalmente e tem a Colônia de Pescadores como órgão que age em defesa dos direitos e interesses da categoria, em juízo ou fora dele, dentro de sua jurisdição. Em Chapecó, em 1979, foi constituída a Colônia de Pescadores Z29, cuja base territorial abrangia a área de Concórdia (afetada pela UHE Itá) a Palmitos, no estado de Santa Catarina, com mais de 550 pescadores. Face à dimensão territorial da Colônia Z29, em comum acordo, os pescadores decidiram estabelecer nova base em  Concórdia, criando a Colônia Z34, voltada à aquicultura no reservatório formado pela barragem da UHE de Itá. Por divergências de lideranças, quando da implantação da Hidrelétrica Foz do Chapecó,  pescadores da área de São Carlos, SC, estabeleceram nova unidade, conhecida Colônia Z35, desmembrada da colônia-mãe. As relações de negociação com o consórcio empreendedor foram favorecidas em relação à última colônia criada, em detrimento da originária. 

A violência lenta (Nixon, 2011), iniciada com a exclusão da categoria profissional do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório (EIA/RIMA), é cumulativa. Os pescadores ribeirinhos, responsáveis por constituírem em sua territorialidade saberes e práticas que aprimoram com o conhecimento e vivência com o rio, viram-se afetados nas suas condições de sobrevivência (meios de vida) pelo barramento, que transformou o ambiente e impactou a ictiofauna. A intervenção imoral (Scaramelli, 2019) leva a perceber e relatar as mudanças severas no rio, que antes garantia o pescado em volume suficiente para comercialização e sustento próprio, o que já não ocorre.

Quando dos estudos iniciais para construção da UHE Foz do Chapecó, na elaboração do EIA/RIMA (2000), documento indispensável para aprovação do empreendimento hidrelétrico, este não registrava a presença de pescadores profissionais no rio Uruguai, tão somente de pescadores amadores. Isso nos remete à assertiva de Scaramelli (2019, p. 391): “As ecologias morais refletem diferentes entendimentos sobre quem é incluído e excluído na tomada de decisões ambientais, e quem colhe os benefícios da transformação infraestrutural e ecológica.” 

A exclusão representava, além de falha grave na confecção do documento, a não inclusão na condição de atingido pela obra. De outro lado, denotava o lugar ocupado no espaço social. Após reivindicações, acompanhadas pelo Movimento dos Atingidos pelas Barragens, alcançando a Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), conseguiram a inserção no estudo.

A implantação de uma hidrelétrica traz alteração ao ambiente físico, biótico, abiótico e socioeconômico das populações ribeirinhas, alterando a qualidade da água, suprimindo a vegetação e gerando impactos na ictiofauna. O reservatório, parte do empreendimento hidrelétrico, contribuirá para que os ambientes lóticos transformam-se em lênticos. Foi o que ocorreu com o fechamento do reservatório e com a operacionalização da UHE Foz do Chapecó.

No segundo ano de operação da UHE, em 2012, anunciava-se o problema da proliferação de algas, pela não retirada da vegetação na área do lago. A formação de limo, decorrente do material orgânico em decomposição, trouxe prejuízo à pesca, danificando as redes. À jusante, no âmbito da Colônia Z35, a baixa vazão de água se mostrou persiste. Esses são fatores que prejudicam a pesca.

O que se constata é um rio considerado morto pelos pescadores. À jusante já não apresenta condições de navegabilidade. No reservatório as espécies nobres como jundiá, dourado, surubim, curimbatá, que exigem água corrente, não se reproduzem. O mesmo ocorre no trecho afetado pela redução da água. As alterações causadas por hidrelétricas podem ser encontradas em outros casos, como naquele de Belo Monte, analisado por Magalhães et alii (2016).

A fala do presidente da Colônia é significativa, ao apontar o rio como morto, no qual o pescado praticamente sumiu. A floresta foi posta abaixo.  Haveria “20 barragens” na bacia, um encordoamento de barragens. Há barramento em série, concentrando os minerais. Outro problema é o oxigênio. Na madrugada diminui e produz a alga preta.

As respostas da concessionária são de que toda grande obra gera impactos sociais e ambientais, mas cabe lembrar que está gerando energia limpa. No que diz respeito à ictiofauna, vale-se do mérito acadêmico da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), apontando estudo que indicou que a comunidade de peixes apresentava diminuição antes da construção da obra. Responsabiliza a pesca predatória, a poluição e as “variações nas condições ambientais da região pela redução do pescado.

A condição dos pescadores da Colônia Z-29 encontra-se com diminuição acentuada de associados, face à queda do pescado e à baixa qualidade deste. O pescado de qualidade como dourado, surubim e outros peixes de corredeira não se reproduzem no reservatório da hidrelétrica. As águas eutrofizadas em razão da biomassa em decomposição no lago não favorecem os peixes de qualidade nobre, à montante. Ocorre a proliferação do mexilhão dourado, espécie exógena que danifica as redes, bem como de piranhas, que põem em risco as espécies nativas. A quantidade de pescado diminuiu abruptamente, de modo que o rendimento obtido com a pesca está longe de representar o percentual obtido nos anos anteriores. 

Além desses problemas de ordem ictiológica, somam-se os aspectos externos. O pescador profissional artesanal é considerado segurado especial perante a Previdência Social, com direito ao Seguro Defeso no período da piracema. A piracema é um interregno na pesca, fixado pelo IBAMA, em geral de dezembro a fevereiro. Os pescadores profissionais recebem o seguro como compensação pelo respeito ao intervalo em que não podem pescar para garantir a reprodução dos cardumes. Nos últimos anos foram diversas as dificuldades no acesso ao Seguro Defeso. Para isso, bastaria a carteira expedida pela Colônia de Pescadores. Nos anos acima mencionados tem havido vigilância por parte da Previdência, não habilitando candidatos, alegando, dentre outras razões, a não exclusividade no ofício de pescador. Some-se a isso o atraso no pagamento do seguro e o fato de o acesso à Previdência Social ocorrer por meio de plataforma digital ou pelo telefone 135, o qual dificilmente é atendido ou quando o é apresenta as demais opções de ramais, para as quais os demandantes não têm familiaridade. O serviço digitalizado foi implantado em 2019 com o intento de agilizar o acesso dos segurados. No entanto, no caso em questão, tem mostrado ser inibidor. A eficácia esperada pelo órgão estatal não encontra ressonância entre estes usuários.

Na esfera do Seguro Defeso, além das constantes negativas, não reconhecimento e atraso, têm ocorrido denúncias de cadastro irregular na condição de segurado especial, o que ocasionou aos dirigentes e ex-dirigentes de colônia inquéritos perante a Polícia Federal.

Não raro os pescadores têm demandado judicialmente os direitos em ações contra a hidrelétrica, entendendo a corrosão moral de seus direitos.  No âmbito judiciário, têm sofrido reveses. 

 

 

[i]A holding Eletrobras, que responde por 28% da energia nacional, com capacidade instalada de 50.515 Megawatts e   responsável por 40% do segmento de linha de transmissão nacional, ao anunciar que seu lucro no exercício de 2021 foi de 5,7 bilhões, apesar da crise hídrica ocorrida. (Agência Brasil.E.B.C.). A Engie publica que seu lucro líquido em 2021 foi de 2,4 bilhões de reais.(https://engie.com.br>imprensa?pres-release)

 

Conclusiones:

Moore (2022, p 22) lembra que o “capitalismo é uma maneira de organizar  a natureza como um todo, uma natureza na qual organizações humanas (classes, impérios, mercados etc) não apenas constroem ambientes , mas são simultaneamente criadas pelo fluxo e pelo fluir da teia da vida”. A natureza barata (Moore, 2022) na implantação das hidrelétricas de grande porte na Bacia do rio Uruguai e a financeirização desses empreendimentos que, dizer de Appadurai (2017) consiste num processo em que o dinheiro qual o dinheiro é utilizado para obter mais dinheiro. A grande aceleração e a política de energia hídrica nacional, naquele momento, possibilitou o surgimento das dam industry, sob a denegação do desenvolvimentismo 

O reverso dessa moeda são os dados e os dramas criados pelos projetos de desenvolvimento, cujo sentido  nunca é inocente. Nesse conjunto inserem-se os homens/mulheres simples, de sociabilidade simples (Martins, 2021). Em nosso caso, os pescadores profissionais. Se, de um lado a dam industry, constrói  suas usinas, instala suas turbinas, altera os rios, de outro, instala-se a violência lenta (Nixon, 2011), que vai corroendo a natureza, os modos de vida, deixando os escombros aos sobreviventes. A natureza não lhes é barata, mas desfigurada, expropriada.

No embate, são despossuídos do universo linguístico, do acesso físico. Seus instrumentos são a Colônia de Pescadores que se encolhe à medida que a categoria não vê projeto de continuidade.

Em relação às hidrelétricas, conforme quadro 01, temos um efeito cumulativo de possibilidades de investimentos e acumulação de bens, capitais, gerados a partir da natureza que está à disposição. De outro lado, como mencionamos, os pescadores, situados no polo dominado do campo ambiental, sofrendo os efeitos da “violência lenta”, sentem mais agudamente os  constrangimentos contábeis e e da ecologia moral.

O pescado de qualidade como dourado, surubim e outros peixes de corredeira não se reproduzem no lago do represamento da água da hidrelétrica; a água em eutrofização em razão dos vegetais em decomposição no lago, não favorecem os peixes de qualidade nobre, a montante, tem o surgimento de mexilhão dourado, espécie exógena que põe em risco as espécies nativas. Alia-se a isso, a quantidade de pescado diminuiu abruptamente no rio, de modo que o rendimento familiar não alcança o percentual de anos anteriores. 

 A perda do rio, nos seus aspectos paisagísticos, na vazão da água liberada pelas  turbinas alterando o fluxo d ́água, na diminuição das espécies da ictiofauna, da  sociabilidade dos pescadores, da diminuição e qualidade do pescado, a diminuição do  número de pescadores,  indica  o descenso  socioprofissional. Um dos grandes indicadores é pela redução de pescado e pela qualidade de baixa aceitação no mercado. No rio Uruguai, no pós barramento, houve a retirada dos pescadores mais jovens, permanecendo aqueles com faixa  etária passível de aposentadoria. 

Em síntese, a condição dos pescadores da Colônia Z-29 encontra-se com diminuição acentuada de associados, face a queda do pescado, a qualidade deste e some se a isto as dificuldades dos pescadores acessares ao Seguro Defeso no período de piracema. Atribuem a situação às condições do rio, após o empreendimento. No atual momento o registro é de 57 pescadores.

Alguns pescadores tem demandado judicialmente os direitos contra a hidrelétrica, entendendo a corrosão moral de seus direitos. Tem sofrido reveses. Invariavelmente, tiveram sentença negativa. Ora o judiciário entende que a diminuição peixe relaciona-se a mudanças climáticas, isentando a empresa de responsabilidade. (Apelação n. 0001434-18.2011.8.24.0059). Noutra ocasião, o Tribunal de Santa Catarina não reconhece a legitimada da demanda do pescador, sugerindo necessidade de harmonizar os conflitos, levando em conta os benefícios que a energia traz. (https://tj-sc.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/945681012/apelacao civel-ac-3249520128240043-mondai-0000324-9520128240043/inteiro-teor 945683721)

As trajetórias dos agentes do campo ambiental apontam para crescente configuração, na qual um segmento, o de pescadores, no contexto em estudo, vê-se na iminência de desaparecimento. Se antes era uma profissão herdada, desde a tenra infância eram socializados no ofício, hoje observa-se a recusa. “Não se vive mais do pescado. Além do peixe pouco não conseguem comprovar que são pescadores”. Referindo-se aos trâmites burocráticos a que são submetidos para justificar a condição de pescador.

 

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Palabras clave:

pescadores; hidronegócio; financeirização

Resumen de la Ponencia:

En Latinoamérica la educación técnica en general, como política educativa, está aún articulada a políticas de modernización; donde los procesos educativos o de formación técnica estuvieron y están delineados a fortalecer procesos productivos industriales con la incorporación de fuerza de trabajo calificada; la cantera para ese cometido casi siempre fueron indígenas originarios, población históricamente excluida de la educación formal (inicial, primaria y secundaria), pero también superior; como el caso de países andinos; por lo que las acciones estatales se dirigieron a una concepción, en términos político-ideológicos, de incentivar una educación técnica de tipo subsidiaria colonial y hasta marginal en algunos casos, fortaleciendo desde la educación la actividad capitalista con obreros cualificados de estos segmentos sociales. En el caso de Bolivia, estos criterios se desarrollaron al menos bajo dos corrientes epistemológicas en educación técnica; la primera tiene que ver con las teorías del desarrollo promovidas por la CEPAL y OIT con perspectiva de asistencialismo educativo dirigido a fortalecer la producción capitalista; la segunda corriente basada en las propuestas de la UNESCO centrada en una educación inclusiva como respuesta a la problemática de desempleo entre jóvenes y adultos que no concluyeron “estudios escolares” e incorporarlos al mercado de trabajo con capacidades y competencias técnicas, esto como parte de los objetivos del milenio propuestos durante la década de 1990, reduciendo la pobreza y el desempleo, por ejemplo. Ambas corrientes configuraron un tipo de educación técnica dirigida a una población específica, concepción que no contribuyó al desarrollo del país; una visión casi segregacionista, con criterios étnico-raciales, coloniales y neoliberales. Empero, a partir de 2010, se abre un proceso que denominamos “ruptura epistemológica” primero en la comprensión de las lógicas políticas e ideológicos de la formación profesional técnica y tecnológica que supere lo anterior; segundo, funde una formación en el marco de las transformaciones estructurales que la sociedad boliviana viene construyendo y tercero, propicie la articulación entre educación y producción de manera integral con desarrollo científico y tecnológico. Ahora bien, este proceso iniciado hace más de una década como política que emana de la Constitución Política del Estado y la Ley de la educación 070 como educación socio-productiva y comunitaria en línea al modelo económico actual, requirió generar condiciones en la transformación curricular, adecuación de la infraestructura y equipamiento de los centros de formación, transformar la concepción de las y los actores educativos. En ese entendido, lo que pretendemos en esta ponencia, es compartir la experiencia boliviana en esta temática desde el análisis sociológico este proceso desde la práctica estatal y los resultados hasta ahora obtenidos en esta idea de articular la educación con la vida productiva como política educativa en el ámbito superior.

Resumen de la Ponencia:

La República Dominicana ha estado sometida a considerables cambios sociales durante los primeros 20 años del siglo XXI. La juventud es una población que ha sido especialmente impactada por estos cambios en las relaciones sociales, la tecnología y la sociedad en general. En este marco nuestra investigación busca documentar estas transformaciones en diversas dimensiones referentes a su desarrollo e incorporación a la sociedad como entes productivos.La investigación ha sido desarrollada en el marco del desarrollo de políticas públicas dirgidas a la juventud por el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana. En términos metodológicos la investigación es de tipo mixta, valiéndose para su parte cuantitativa de diversos estudios nacionales y registros administrativos, mientras el componente cualitativo incluye la aplicación de entrevistas y grupos focales. La presente ponencia se concentra en la evidencia cuantitativa.De manera particular se analizarán las tendencias seguidas en materia educativa, de conformación de nuevos hogares y parejas y de incorporación al mercado laboral durante el período de estudio. Los resultados evidencian un incremento de los niveles educativos durante el período, pero una creciente desigualdad en función de las condiciones de vida. Asimismo, se observan transformaciones en las estructuras de los hogares, tanto en número como en composición. En cuanto al mercado laboral, el crecimiento de la economía dominicana durante el período de estudio no siempre se ha traducido en un incremento del empleo formal para las y los jóvenes, quienes siguen mostrando una tendencia a incrementar su presencia en el empleo informal.

Resumen de la Ponencia:

A Constituição de 1988 consolidou o direito de greve como garantia fundamental, incluindo pela primeira vez a greve no setor público, por meio do artigo 37, inciso VII. Contudo, este dispositivo carece de regulamentação por lei específica, a qual ainda não foi editada. A falta de regulamentação potencializou a atuação do Judiciário, dando ensejo a uma jurisprudência do STF restritiva ao direito de greve no setor público, sobretudo em atividades consideradas essenciais. Dessa forma, o objetivo deste artigo é analisar a judicialização dos conflitos coletivos de servidores civis e as consequências desse fenômeno para a redução do número de greves. Servindo-se de uma abordagem metodológica qualitativa, com predomínio do método dedutivo, nos debruçamos ao seguinte questionamento: quais os impactos das decisões paradigmáticas proferidas pelo STF em relação à greve de servidores da Administração Pública? A importância da discussão abordada revela-se a partir da ampliação da judicialização dos conflitos coletivos no bojo de um contexto de retração do sindicalismo e aprofundamento de políticas neoliberais de austeridade. A pesquisa buscou ressaltar que os Tribunais não devem impor óbices excessivos ao exercício do direito de greve do servidor público, sob pena de reverberar problemas de ordem democrática. Ainda que se reconheçam as particularidades do regime estatutário, há que se ter em vista que os servidores públicos são trabalhadores, de forma que enxergam na greve um instrumento de luta por melhores condições de trabalho e, por consequência, capaz de ensejar melhoria na qualidade dos serviços públicos prestados. Os procedimentos de pesquisa utilizados consistem na pesquisa bibliográfica e documental.

Introducción:

A greve é um importante fato social para aferição e compreensão das lutas por democracia e reconhecimento de direitos. Os diferentes processos históricos demonstram fases em que ela foi tratada ora de forma mais restritiva, ora de forma mais permissiva, sendo uma espécie de termômetro capaz de dimensionar a amplitude do espaço democrático. Dessa forma, é possível afirmar que ambientes mais democráticos são, também, mais propícios (em termos de regulamentação) ao reconhecimento dos conflitos coletivos de trabalho pelo ordenamento jurídico.

No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988 (CRFB/88) apresentou-se como um marco em relação à institucionalização do fenômeno da greve, pois além de enquadrá-lo como direito fundamental, foi a primeira a prever o direito de greve no serviço público em seu artigo 37, VII. Trata-se, portanto, de um significativo avanço democrático de constitucionalização do Direito Administrativo, buscando reverter o dogma da supremacia da Administração Pública através de princípios constitucionais que visam à ampliação das liberdades sindicais às relações jurídicas entre a Administração e seus trabalhadores.

Não obstante, em relação à greve no setor público, os ditames constitucionais preconizam a elaboração de lei específica para fins de regulamentação, porém até o presente momento esta lei não foi editada[1]. Tal cenário potencializou a atuação do Poder Judiciário e o STF vem desempenhando de forma proativa o papel de criador do direito. Destacamos, em primeiro momento, um breve panorama histórico dessa construção jurisprudencial, em especial o julgamento dos Mandados de Injunção n° 670/ES (BRASIL, 2007a), 708/DF (BRASIL 2007b) e 712/PA (BRASIL, 2007c), assim como do Recurso Extraordinário n° 693.456/RJ (BRASIL, 2016), tendo em vista se tratar de julgados paradigmáticos com forte reverberação na regulamentação do fenômeno grevista. 

Buscou-se enfatizar alguns desdobramentos da aplicação da lei de greve do serviço privado, a Lei n° 7.783/89 (BRASIL, 1989). Ademais, foram levantadas algumas das principais divergências no julgamento do Recurso Extraordinário n° 693.456/RJ, através das quais é possível notar a opção da Corte pela supressão da remuneração de servidores grevistas.

Ainda nesse primeiro ponto, destacou-se a discricionariedade permitida pelo STF na caracterização de serviços públicos como atividades essenciais, excedendo o rol do artigo 10 da Lei n° 7.783/89, e os impactos disso para a declaração da legalidade/ilegalidade do movimento grevista nos casos concretos.

A partir desta breve exposição é possível levantar alguns debates acerca dos avanços e retrocessos que o direito impõe à autotutela dos trabalhadores. Problematizando tais julgados do STF como uma atuação restritiva ao direito de greve no serviço público, mormente nos casos em que se trata de serviços julgados essenciais.

A premência da discussão é revelada na medida em que se observa a redução significativa da quantidade de greves tanto no setor privado quanto no setor público, esta última objeto deste estudo. Os dados do DIEESE[2] demonstram que a partir de 2016 a quantidade de paredes realizadas por servidores apresentou uma grande queda, fato que caminha na esteira da retração com a qual vem sofrendo o movimento sindical.

Dessa forma, considerando o contexto sócio-político no qual o Brasil imergiu após o ano de 2016 (inclusive, considera-se que a atuação do STF tem relação direta com esse contexto)[3], o artigo, servindo-se de uma abordagem metodológica qualitativa, com predomínio do método dedutivo, busca fornecer subsídios para compreender os mecanismos de obstaculização do direito de greve dos servidores públicos diante do intenso processo de judicialização do fenômeno. Os procedimentos de pesquisa utilizados consistem na pesquisa bibliográfica e documental.

 

[1] Mais de vinte projetos de lei (PLs) foram apresentados nas Casas Legislativas com o intuito de regulamentar o art. 37, VII, da CRFB/88, porém, nenhum foi aprovado até o momento.

[2]Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realiza desde 2004 balanços anuais das greves.

[3] Sobre o tema, ver a análise de Schlottfeldt e Dutra (2022) sobre a correlação entre as disputas envolvendo o direito de greve no serviço público e as políticas neoliberais de reforma do Estado no contexto de austeridade, que se aprofundaram após 2016.

Desarrollo:

1. Greve no serviço público brasileiro – uma construção jurisprudencial

Atualmente inserida no Capítulo II da CRFB/88, que aborda os direitos sociais, a greve, por ser uma prática de luta no campo fático, teve de ser regulamentada pela ordem jurídica, sendo o seu conceito, inicialmente alicerçado observando as relações de caráter privado. No setor público, como o Estado exerce a soberania, impondo necessariamente restrições para o alcance do bem comum, os princípios e regras que regem o instituto da greve no âmbito das relações privadas não podem ser importados irrestritamente (DELGADO, 2017). 

Existem especificidades em torno da norma que deverá regular o movimento paredista no setor público, dentre outros motivos, devido à inexistência da tensão direta entre capital e trabalho. Além disso, a Administração Pública é regida pelo princípio da supremacia do interesse público e seu corolário, o princípio da continuidade do serviço público, segundo o qual deve haver um fluxo de continuidade na prestação de tais serviços (DELGADO, 2017).

Diante da anomia legislativa para regulamentação do direito de greve no serviço público, durante a década de 1990, o STF entendia que o artigo 37, inciso VII da CRFB/88, possuía eficácia limitada[1], afirmando que o Judiciário “não poderia suprir a omissão da norma faltante, tampouco fixar prazo para o legislador elaborar a lei, restando a sentença produzindo efeitos apenas para declarar a mora legislativa” (BAHIA, 2020, p. 40). O mandado de injunção n° 20/DF, de 1994, é um dos principais exemplos de julgado em que o STF adota tal posição não concretista, chegando a afirmar, inclusive, que “o exercício do direito público subjetivo de greve outorgado aos servidores civis só se revelará possível depois da edição da lei complementar reclamada pela Carta Política” (BRASIL, 1994, p. 1).

Contudo, ainda que inexistente a lei regulamentadora, as greves no setor público não deixaram de ocorrer, assim como sua ilegalidade acabava não sendo presumida. Desse modo, o entendimento do STF acerca da eficácia limitada do artigo 37, inciso VII da CRFB/88 foi questionado, ganhando relevo interpretações no sentido de prestigiar o fato de o direito de greve ser constitucionalmente previsto e se tratar de uma regra de eficácia contida[2], ou seja, um direito passível de ser diretamente exercido.

Nesse sentido, em 2007 o STF alterou seu entendimento sobre a matéria, passando a adotar posições concretistas, “aplicando por analogia leis já existentes para suprir a omissão normativa, ora atribuindo efeitos subjetivos erga omnes, ora inter partes” (BAHIA, 2020, p. 40). Nesse contexto, o julgamento dos Mandados de Injunção n° 670/ES, 708/DF e 712/PA tornou-se paradigmático e, por isso, será explicitado no próximo item.

 

1.1 Mandados de injunção n° 670/ES, 708/DF e 712/PA – A aplicação da Lei n° 7.783/89 por analogia

Em 25 de outubro de 2007, no bojo do julgamento dos Mandados de Injunção n° 670, 708 e 712, o órgão Plenário do STF decidiu por unanimidade, declarar a omissão legislativa em relação ao dever constitucional de editar lei específica para regulamentar o exercício do direito de greve no setor público e aplicar, por analogia, no que couber, a lei de greve vigente para o setor privado, a lei nº 7.783/89, fixando como competentes para o julgamento das causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários as Justiças Comuns, Estadual e Federal.

A mudança no entendimento da Suprema Corte foi paradigmática no sentido de ensejar, de certa forma, regulamentação ao direito de greve no setor público, conquanto existam importantes questionamentos acerca da utilização da lei 7.783/89, originada, não se pode olvidar, de conversão de Medida Provisória, cujos determinados requisitos extrapolam as diretrizes constitucionais (PAIXÃO, 2016). Destacamos a questão da competência para a solução dos conflitos ter sido conferida à Justiça Comum; a incongruência acerca da frustração da negociação coletiva prévia, na medida em que não há um consenso acerca da possibilidade ou não de negociação coletiva no caso dos trabalhadores da Administração Pública[3]; e a definição discricionária das atividades essenciais, a partir da não taxatividade do rol contido no artigo 10 da lei n° 7.783/89.

Assim, como observam Schlottfeldt e Dutra (2022, p. 67), a aplicação analógica da lei de greve do setor privado teve como efeito prático “estender também aos servidores públicos as controvérsias e dissonâncias entre a Lei de Greve e o texto constitucional”, ressaltando as autoras a questão do tratamento conferido às atividades essenciais e dos reflexos da greve sobre a relação de trabalho, tendo em vista a natureza jurídica que foi conferida a ela.

 

1.2. Recurso Extraordinário n° 693.456/RJ – Corte imediato da remuneração de servidor participante de movimento paredista

Importante discussão envolvendo o direito de greve diz respeito à sua natureza jurídica, pois possui reverberação no entendimento sobre o desconto dos dias paralisados em função do movimento paredista, assim como o cômputo do tempo de serviço. A antiga lei de greve, Lei n° 4.330/64, em seu artigo 20, previa a suspensão do contrato de trabalho em decorrência de paralisação, porém assegurava expressamente o pagamento dos salários aos grevistas e o cômputo do tempo como de trabalho efetivo nos casos em que as reivindicações formuladas pelos trabalhadores fossem total ou parcialmente deferidas pelo empregador ou pela Justiça do Trabalho (MARTINS, 2012, p. 896).

Já a Lei 7.783/89 prevê em seu artigo 7° que “[...] a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho” (BRASIL, 1989). Observa-se que, diferentemente do regramento anterior, a atual lei de greve não ressalva expressamente a possibilidade de remuneração dos dias paralisados em função de greve.

Sobre o debate, destacamos a posição de Souto Maior (2010, p. 179)[4] em relação à suspensão da relação de emprego. Segundo o autor, deve-se observar quais os efeitos obrigacionais são dispostos pela lei, não sendo papel da doutrina afirmar tais efeitos. Nesse sentido, na medida em que a Lei de Greve não definiu os efeitos obrigacionais, assim como não fixou a diferença entre suspensão e interrupção, limitando-se a afirmar que a greve suspende do contrato de trabalho, não cabe à doutrina fazê-lo. Ainda que parte dos autores tenha interpretado o termo “suspensão” como indicativo da negativa do pagamento dos salários, tal entendimento não está contido na legislação, sendo alvo de críticas. Isto porque ele preconiza que o direito fundamental de greve passa a denotar a supressão de outro direito fundamental, qual seja, o de percepção de salários (SOUTO MAIOR, 2010, p. 180).

O julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário n° 693.456 em 27 de outubro de 2016 definiu contornos sobre o tema em relação à greve no serviço público. Sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, restou fixada, pela maioria de 6 votos a 4, tese de repercussão geral que reconheceu a compulsoriedade da Administração Pública em proceder com o desconto da remuneração do servidor público referente ao período não trabalhado em razão da adesão à greve e, consequentemente, a não contabilização desse período como efetivamente trabalhado, salvo nos casos em que há conduta ilícita praticada pelo Poder Público [5]

O voto de Dias Toffoli, embasado por uma narrativa histórica anacrônica e parcial (SIQUEIRA, 2019)[6] se coaduna com a posição majoritária acerca dos efeitos da greve enquanto suspensão do contrato de trabalho. O ministro considera que, mesmo a Constituição tendo previsto o direito de greve para servidores públicos, tal direito não é absoluto, devendo ser exercido nos moldes legais. Apresenta como justificativa a menção ao termo “suspensão” no artigo 7° da Lei 7.783/89 e os entendimentos doutrinários sobre a natureza jurídica da greve, discussão já suscitada no presente trabalho. Como alternativa à falta de pagamento, menciona o fundo de greve dos sindicatos.

Ademais,  pontua que o ônus inerente à paralisação não deve ser sustentado pela Administração Pública e aponta como justificativa o princípio da continuidade do serviço público, além da estabilidade do servidor, no sentido de que, como há restrição para demissão, existe o risco de que a greve se prolongue além do necessário (BRASIL, 2016, p. 64; 67). 

Apesar dos argumentos elencados pelo relator, foram apresentadas divergências no julgamento do Recurso Extraordinário em questão, evidenciando que a obrigatoriedade do corte do ponto pela Administração foi questionada no âmbito da própria Corte. Isto nos fornece mais um indício acerca do caráter inibitório da decisão ao exercício do direito fundamental de greve.

 

1.2.1. O voto do Ministro Edson Fachin: “aniquilação do direito de greve” e outras ponderações acerca de divergências

O Ministro Fachin ressalta que o direito de greve, sendo fundamental, está intrinsecamente relacionado à consolidação do Estado Democrático de Direito na medida em que a greve é o principal instrumento de reivindicação dos servidores públicos diante do Estado. Nesse sentido,  ressalta que a adesão à greve pelo servidor não pode ser uma opção economicamente intolerável ao grevista e ao núcleo familiar (BRASIL, 2016, p. 83).

Depreende-se, portanto, a preocupação em tornar um direito constitucionalmente previsto impraticável, ao passo que a lógica de permitir que os prejuízos do movimento sejam suportados apenas pelos servidores, nas palavras do ministro, praticamente aniquilaria o direito de greve (BRASIL, 2016, p. 84).

Ricardo Lewandowski suscita também o debate acerca da natureza jurídica da greve e da interpretação literal do artigo 7° da Lei 7.783/89. Na mesma linha de Souto Maior (2010), o ministro questiona interpretações que associam o corte de ponto à redação do dispositivo e ressalva que o servidor público não possui contrato de trabalho, sua relação com o Estado é estatutária, portanto, a expressão “suspensão” não seria aplicável. Assim, trata-se de uma relação que é assegurada pela estabilidade e “há mais um princípio constitucional, a irredutibilidade de vencimentos e, também, a garantia de que esses vencimentos sejam pagos no momento adequado” (BRASIL, 2016, p. 92).

A análise das divergências sinaliza preocupação com a inviabilização do exercício do direito fundamental de greve por parte dos servidores. Como aponta Souto Maior (2010, p. 175) “Não que direitos não possam ter limites, mas, no caso da greve, os limites impostos podem gerar a consequência paradoxal de impedir-lhe o efetivo exercício. O direito de greve, assim, pode ser negado pelo próprio direito”.

 

1.3. Greve em serviço público essencial

A legislação grevista brasileira, Lei 7.783/89, em seu artigo 10, traz um rol de atividades essenciais, tais como: tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; assistência médica e hospitalar; distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos; funerários; transporte coletivo; captação e tratamento de esgoto e lixo; telecomunicações; guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; controle de tráfego aéreo; compensação bancária entre outros (BRASIL, 1989).

Existe, porém, divergência no entendimento acerca da taxatividade deste rol. Martins (2012, p. 892) afirma que as atividades elencadas são taxativas e não meramente exemplificativas. Noutro giro, Santos e Pereira (2013, p. 5) consideram que o rol desses serviços é mais extenso, de forma que a legislação não esgotou todos os serviços essenciais existentes.

Quando do julgamento dos mandados de injunção 670, 708 e 712, o STF definiu que “a amplitude da limitação ao exercício do direito de greve por meio da admissão da necessidade de continuidade de determinados serviços públicos seria feita, caso a caso, jurisprudencialmente” (SCHLOTTFELDT; DUTRA, 2022, p. 77). Ou seja, ficou a cargo do julgador determinar no caso concreto se o serviço público em questão é essencial.

Dessa forma, diante dos posicionamentos divergentes acerca da extensão das atividades consideradas essenciais, é importante discorrer, ainda que brevemente, sobre sua definição. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), na mesma linha do artigo 11 da lei de greve, considera essenciais as atividades cuja interrupção ou restrição representem perigo à vida, à segurança ou à saúde da pessoa em toda ou parte da população (MARTINS, 2012).

Por sua vez, existe o entendimento de que todo serviço público é essencial, com substrato em parte da literatura grevista e também da jurisprudência. Em consonância com a segunda perspectiva caminhou o posicionamento do Ministro Dias Toffoli, em seu voto no bojo do Recurso Extraordinário n° 693.456/RJ. (BRASIL, 2016, p. 59).

O presente estudo não intenta esgotar a discussão acerca do tema, mas tão somente chamar a atenção para o fato de que o entendimento de que todo serviço público é atividade essencial impõe entraves excessivos à realização das greves por servidores. Importante mencionar que os debates durante a Constituinte já demonstravam preocupação com os parâmetros de definição das atividades essenciais, de modo que não impliquem restrições infraconstitucionais ao direito de greve (SCHLOTTFELDT; DUTRA, 2022, p. 78-79).

 

2. A jurisprudência restritiva ao direito de greve no serviço público

O Estado Social brasileiro, ao estabelecer uma cultura de direitos, combinou avanços na justiça social com maiores dificuldades para o desenvolvimento da democracia. Uma dessas dificuldades está diretamente relacionada ao objeto deste trabalho: as decisões restritivas ao direito de greve proferidas pelo Judiciário. No âmbito da Justiça do Trabalho, é possível verificar limitações ao direito de greve por parte da jurisprudência de determinados Tribunais, em especial da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do TST. Dentre esses obstáculos estão os interditos proibitórios em favor de empregadores e a fixação de percentuais mínimos elevados de trabalhadores em exercício durante a paralisação (PAIXÃO, 2016).

Nos serviços públicos considerados essenciais[7], a atuação jurisprudencial restritiva em relação à greve é ainda mais acentuada, na medida em que os Tribunais aplicam penalidades exacerbadas, na maioria das vezes multas vultosas aos sindicatos para conter o movimento paredista, considerado ilegal (SANTOS; PEREIRA, 2013).

Tendo em vista a dificuldade de parametrização do que é ou não uma atividade essencial, é possível vislumbrar a construção de uma jurisprudência restritiva ao direito de greve no serviço público (considerado muitas das vezes atividades essenciais), sobretudo após 2016, sendo o julgamento do Recurso Extraordinário n° 693.456/RJ um dos principais exemplos de jurisprudência restritiva em se tratando de greve de servidores.

A questão da competência para julgamento das demandas de greves no âmbito público tem especial relevância. Apesar da redação da Emenda Constitucional (EC) n° 45/2004, que alterou o art. 114, I e II da CRFB/88, ser nítida nos sentido de fixar a Justiça do Trabalho como competente para julgar as ações envolvendo relações de trabalho na Administração Pública, incluindo as de greve, o STF proferiu entendimento em sentido diverso, promovendo uma descaracterização do espírito da EC 45/2004. Quando do julgamento mandado de injunção 670/ES, o STF sedimentou tal entendimento, declarando como competente para processar e julgar as causas envolvendo greve de servidores públicos a Justiça Comum.

Nesse sentido, Artur (2014, p. 140) nos oferece uma importante contribuição ao afirmar que na justiça comum “a matéria é tratada sob a ótica do direito civil, ou seja, de proteção da posse e não sob a ótica do exercício constitucional do direito de greve”. Por sua vez, a Justiça do Trabalho possui uma ótica distinta, com maior repertório e especialização em relação a julgamentos de conflitos coletivos do trabalho, ainda que envolva trabalhadores com regimes jurídicos distintos.

Tal crítica nos fornece subsídios para compreender a forma como o instituto da greve vem sendo tratado nos Tribunais da Justiça Comum, corroborando o entendimento de que se firmou uma jurisprudência restritiva ao direito de greve no serviço público, com declarações sucessivas de ilegalidade dos movimentos ou entraves burocráticos, como fixação de multas abusivas, sobretudo nos serviços públicos considerados essenciais.

 

3. Redução das greves no setor público após 2016 

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) anualmente divulga estudo sobre o balanço das greves ocorridas no ano anterior, suscitando o número de greves no setor público e privado, entre outros diversos indicadores e estatísticas.

Com base nesses estudos, verifica-se que em 2016, foram registradas 2.093 greves no Brasil, das quais os trabalhadores da esfera pública paralisaram suas atividades em maior número (1.100 registros) em comparação aos trabalhadores da esfera privada, que contou com 986 registros (DIEESE, 2017).

Em 2017, a quantidade total de greves realizadas foi menor, ao passo que o Dieese (2018) registrou um número de 1.566 greves, dentre as quais 814 foram realizadas por trabalhadores da esfera pública e 746 da privada. 

No ano de 2018, a tendência de redução do número de greves se manteve, havendo sido registradas 1.453 greves, das quais 791 foram promovidas por servidores públicos e 655 de trabalhadores da seara privada (DIEESE, 2019).

Em 2019, o cenário começa a apresentar alterações mais substanciais na medida em que, das 1.118 greves realizadas pelos trabalhadores, 566 foram no setor público e 548 na esfera privada, o que demonstra uma maior aproximação na quantidade de greves em ambas as esferas, pública e privada (DIEESE, 2020).

Em 2020, a situação se inverte. Das 649 greves levantadas pelo DIEESE (2021) ao todo, os trabalhadores do setor privado, com 417 registros, aparecem realizando um número consideravelmente maior de greves em comparação com os movimentos de servidores públicos, que realizaram apenas 231 greves ao total.

Em 2021, essa tendência se manteve, na medida em que dos 721 movimentos paredistas registrados, 468 ocorreram na rede privada e apenas 250 foram realizados por trabalhadores do setor público (DIEESE, 2022).

A partir de um exame quantitativo, é possível constatar  a diminuição gradativa no total de greves realizadas pelos trabalhadores após 2016, sobretudo a redução brusca na quantidade de greves nos serviços públicos. A perda da capacidade de articular greves é um indicativo da fragilidade das estruturas sindicais dos servidores, sendo possível interpretar pela diminuição de sua capacidade de intervenção nos processos de discussão legislativos e judiciários.

Tal situação se coaduna com um contexto sócio-político mais amplo que se sucedeu ao ano de 2016. Um cenário permeado por políticas de austeridade e processos de desdemocratização, mudanças institucionais fomentando retrocessos sociais, inclusive no período da crise sanitária da COVID-19, desintegração do direito do trabalho com vistas a incentivar a racionalidade econômica do mercado em detrimento das disposições democráticas contidas na CRFB/88, mudanças ocasionadas pelo capitalismo de plataforma e precarização dos direitos dos trabalhadores (ARTUR; SILVA, 2020).

Especificamente em relação aos servidores públicos, Schlottfeldt e Dutra (2022, p. 63) observaram uma tendência ao desmonte das estruturas de seguridade social promovido pelo Poder Público e ataques aos servidores e suas entidades representativas, apresentando-os como portadores de privilégios antagônicos aos interesses da população. Essa lógica de construção do sujeito coletivo dos servidores públicos como inimigos implica não somente no esvaziamento do arcabouço normativo especial de direitos dos servidores, mas também no sucateamento de serviços públicos.

Dessa forma, o ano de 2016 pode ser considerado um divisor de águas, porque as alterações institucionais com foco no desmonte das políticas públicas passam a ganhar relevo. Em relação à greve no serviço público, o julgamento do Recurso Extraordinário n° 693.456/RJ apresenta-se como um dos principais e mais recentes entendimentos restritivos por parte do STF, postura que já vinha se consolidando desde a aplicação da Lei n° 7.783/89 por analogia.

Compreender que essa decisão está inserida no bojo de um processo de intensificação da retirada de direitos sociais é importante e nos permite refletir sobre uma possível relação entre tal jurisprudência restritiva do STF em relação ao direito de greve no setor público e a diminuição da quantidade de paredes realizadas, conforme apontado pelo DIEESE. E, a partir disso, pensar que os contornos fornecidos pelo direito significou a imposição, para os servidores, do sacrifício do próprio salário no momento em que buscam melhorias nas relações de trabalho.

Nesse sentido, são pertinentes as observações de Souto Maior (2010, p. 177) no sentido de que a supressão da remuneração no momento da greve não significa um mal apenas para os trabalhadores, mas também para a democracia e para a configuração do Estado Social de Direito, que reconhece os conflitos coletivos e possui na greve um mecanismo equilíbrio para as relações de trabalho. 

Ainda que existam diferenças entre a greve deflagrada no âmbito privado em relação ao setor público, a anomia legislativa do direito de greve no caso deste último não pode ser propulsora de limitações excessivas por parte dos Tribunais Superiores, sob pena de ensejar a fragilização da democracia. Isto porque, ainda que existam particularidades em relação ao regime estatutário, os servidores públicos são trabalhadores, de forma que possuem na greve um importante instrumento de luta por melhores condições de trabalho e avanços para a categoria.

Fragilizar de maneira exacerbada o direito de greve dos servidores, portanto, caminha na esteira do autoritarismo e, em última instância, é desvantajoso para os próprios usuários, que deixam de usufruir de um serviço público de melhor qualidade.

 

[1] De acordo com Silva (2008), as normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque necessitam de uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a eficácia, conquanto tenham uma incidência reduzida e surtam outros efeitos não essenciais.

[2] Na definição clássica de Silva (2008), trata-se de norma aplicabilidade direta, imediata, conquanto não integral, pois estão sujeitas a restrições previstas ou dependentes de regulamentação que limite sua eficácia e aplicabilidade.

[3] O PL n° 3.831/2015, que previa a negociação coletiva no âmbito da Administração Pública, foi integralmente vetado em 2017. Entretanto, ainda que inexista lei específica, importante frisar que o Brasil ratificou a Convenção 151 da OIT, que trata das relações de trabalho no serviço público e incentiva a utilização de procedimentos de negociação. Sobre o tema, ver Cavalcanti (2017).

[4] Não desconhecemos, entretanto, a posição contrária, segundo a qual, conforme aponta Cavalcanti (2017, p. 88), “fazer greve sem a perda do salário correspondente seria um estímulo para repetir a greve indefinidamente”, acrescentando, ainda, “a necessidade de instituição de fundos de greve, muito utilizados nos países do hemisfério norte, para cobrir parte da remuneração perdida nos dias parados”.

[5] Muçouçah (2017) designa tal decisão da Corte como uma conduta antissidincal, ressaltando que a supressão do pagamento em uma sociedade salarial retira a essência da greve como um direito fundamental.

[6] Estudo realizado por Siqueira (2019) buscou demonstrar as incongruências em relação aos fatos históricos, à metodologia e à própria contextualização no voto vencedor proferido pelo Ministro Dias Toffoli.

[7] Retoma-se aqui a discussão acerca da definição de serviço público essencial, ao passo que incumbe ao julgador no caso concreto avaliar se aquele serviço público paralisado deve ou não ser considerada uma atividade essencial. Destaca-se que, no bojo do Recurso Extraordinário n° 693.456/RJ, o Ministro Dias Toffoli afirmou que todo serviço público é uma atividade essencial.

Conclusiones:

A CRFB/88 representou um avanço na regulação da temática da greve, sendo, das constituições brasileiras, a precursora na disposição do direito de greve para os servidores públicos civis. Entretanto, o artigo 37, inciso VII carece de edição de lei específica para sua regulamentação.

A mora legislativa deu ensejo a intervenções sucessivas de cunho interpretativo e, sobretudo, criativo por parte do STF, que vem atuando como verdadeiro legislador. Na concepção aqui adotada, tal jurisprudência possui um caráter eminentemente restritivo ao direito de greve dos servidores públicos, mormente nas atividades discricionariamente consideradas essenciais. Daí a importância do debate levantado sobre os diferentes entendimentos do que deve ou não ser considerado serviço público essencial, pois impacta diretamente no julgamento da legalidade/ilegalidade do movimento, além de justificar uma série de restrições procedimentais (como exemplo, podemos citar o quórum mínimo elevado de trabalhadores ativos durante a greve).

Às decisões paradigmáticas do STF no âmbito do direito de greve no setor público foram trazidas reflexões sobre seus impactos. O que se avalia é que a postura da Corte, desde 2007, centrou esforços a atingir a remuneração desses servidores, ora através da aplicação analógica da Lei 7.783/89 e, a vista disso estendendo ao instituo da greve a natureza jurídica de suspensão do contrato de trabalho, ora, de maneira mais direta em 2016, fixando uma tese de repercussão geral que prevê a obrigatoriedade do corte de ponto do servidor grevista.

O artigo delineou algumas das consequências da atuação restritiva do STF. Reconhecendo se tratar de um contexto mais amplo de retração do movimento sindical, bem como de avanço de uma política de austeridade, após as decisões paradigmáticas do STF, seguiu-se uma realidade pouco promissora à realização de greves, sendo possível notar através dos dados levantados pelo DIEESE a redução brusca do fenômeno de 2016 até 2022.

O reconhecimento dos conflitos coletivos pelo direito é fenômeno historicamente vinculado a períodos democráticos, que prestigiam as mobilizações dos trabalhadores. Dessa forma, avalia-se que tais decisões restritivas, além contribuírem para a fragilização excessiva do direito de greve dos servidores, são danosas para a democracia, na medida em que esta reconhece a existência de conflitos nas relações de trabalho.

Mesmo com as particularidades provenientes do regime jurídico estatutário e da relação de trabalho diretamente com a Administração Pública, importante ressaltar que os servidores públicos são trabalhadores, de forma que utilizam a greve para obtenção de melhores condições de trabalho, o que impacta diretamente na qualidade dos serviços públicos fornecidos à população.

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Palabras clave:

Greve; servidor público; jurisprudência restritiva; STF.

Resumen de la Ponencia:

O trabalho doméstico é uma atividade essencial para existência e manutenção da vida humana, pois evoca a responsabilidade individual e coletiva de continuação da própria sociedade. Em seu desvendamento, é possível encontrar as complexidades das relações sociais, que se transformam e se configuram de acordo com o movimento histórico e os interesses da classe dominante. Na era do modo de produção capitalista, se constitui como espelho que imprime em sua dinâmica o sistema de precarização das forças de trabalho, onde a atividade doméstica torna-se um barato instrumento de exploração condicionado a estrutura hierárquica do sistema capitalista, que marginaliza o trabalho doméstico e o situa na invisibilidade tirando sua importância social enquanto trabalho. Assim, é na categoria da divisão sociossexual e racial do trabalho, que retratamos como esse sistema hierarquizado das relações capitalistas, essa constituída historicamente, subalterniza as mulheres atravessadas pela intersecção de classe, gênero e raça, para sustentar uma dinâmica perversa de exploração, bem como submete um processo de feminilização de determinadas atividades, principalmente, as que envolve a esfera da reprodução; sendo às trabalhadoras domésticas escopo deste artigo. No contexto do capital pandêmico, diante da crise instaurada pelo COVID-19, onde sujeitou o Brasil e o Mundo à condições de calamidades sanitárias e econômicas, impôs transformações radicais do modo de vida, mas, também, alargou o cenário de vulnerabilidade e pobreza. Deste modo, o presente artigo buscou traçar reflexões analíticas acerca do aprofundamento da precarização das condições laborais das trabalhadoras domésticas, no processo concessões sociojurídicas perpetradas pelo Estado brasileiro durante a crise pandêmica do COVID-19. Através de uma abordagem qualitativa, tomamos enquanto ponto de partida para essa reflexão a centralidade do trabalho em sua perspectiva ontológica, vislumbrando a compreensão das complexidades que envolvem as relações sociais de produção e reprodução à luz do materialismo histórico dialético. Além disso, consideramos que para a análise da realidade e sua imprevisibilidade, se faz importante aprofundar a perspectiva da interseccionalidade das relações antagônicas de classe, gênero e raça, principalmente, diante das heranças escravocratas que dão o tom da desigualdade brasileira, que são ressignificadas de acordo com os interesses da classe dominante nacional e internacional, principalmente, na particularidade da América Latina. Por fim, a pretensão é estimular reflexões acerca da urgência da elaboração de estratégias efetivas para a desconstrução dos pressupostos patriarcais e racistas que regem nossa sociabilidade, objetivando a plena emancipação da classe trabalhadora. 

Resumen de la Ponencia:

O estudo sobre a realidade brasileira e as particularidades regionais tem sido cada vez mais emergente e necessário para o nosso tempo histórico. Considerada a trajetória desta imensa nação interrompida para “os de baixo”, profundamente desigual e que hoje se apresenta com traços agravantes no contexto da primeira grande pandemia no capitalismo contemporâneo, muitos analistas têm recorrido ao legado que nos foi deixado por referências do pensamento social brasileiro. Referimo-nos ao legado e às importantes obras científicas e/ou literárias de pensadores situados no bojo dos acontecimentos do século XX que se destacaram nos estudos sobre a formação social brasileira e latino-americana a partir de temas mais centrais, como herança escravocrata e colonial, questão agrária, questão étnico-racial, capitalismo dependente. Temos, portanto, como objetivo apresentar uma síntese das principais análises desenvolvidas no âmbito da pesquisa, cujo o título é o mesmo do presente resumo, como parte das iniciativas desenvolvidas no âmbito do Serviço Social brasileiro de identificar os traços centrais sobre a emergência e o desenvolvimento do capitalismo dependente e seus desdobramentos para a questão social, marcada profundamente por desigualdades regionais, ontem e hoje. Ressaltamos que o desenvolvimento da pesquisa demandou a delimitação bibliográfica a partir da perspectiva histórico-crítica centrada em dois eixos principais: Formação social brasileira e questão regional; Capitalismo dependente, questão social e sua dimensão regional. Entendemos que alguns autores, a exemplo de Florestan Fernandes, Octávio Ianni, Clovis Moura, Heleieth Saffioti e Francisco de Oliveira, são fundamentais para a pesquisa, atentando para suas contribuições, em gerações distintas, nos eixos acima dispostos. Já para a análise documental, priorizamos como material de referência os debates desenvolvidos nos últimos anos pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, divulgados pelos canais e redes sociais oficiais da referida associação, a partir dos quais nos orientamos no processo de sistematização, atentando para a concepção de questão social, formação social e sua relação com o Serviço Social. Como resultados parciais, além do aprimoramento dos estudos sobre os fundamentos da questão social, a pesquisa nos permitiu melhor compreensão sobre a concepção que predomina no Serviço Social brasileiro em torno dos aspectos que particularizam a questão social na região. Isto considerando a relação estrutural entre capital e trabalho; o processo histórico de lutas de classes; e o reconhecimento e legitimidade dessa questão sob mediação do Estado. Dentre esses aspectos, destacam-se traços considerados centrais na formação social brasileira e regional que particularizam, no passado e no presente, o desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, a questão social, tais como a condição de dependência, o racismo estrutural e a generificação patriarcal. 

Resumen de la Ponencia:

El análisis social y la investigación forman parte fundamental para la formación de sociólogos, así lo afirma el plan de estudios de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón; sin embargo, en el diagnóstico para el Proyecto de Modificación del plan y programas de estudio de dicha licenciatura se detectó un alto índice de reprobación y de deserción en los seminarios de investigación, así como en algunas otras materias pertenecientes a las áreas de mayor importancia para su formación. Los cambios y las consecuencias producidas a partir de las condiciones generadas durante la pandemia de COVID-19, ocasionaron un gran impacto en diversos sectores. En el caso del sector educativo, modificó completamente la percepción del ideal de asistir a la escuela de manera presencial, pues se tuvo que optar por una modalidad a distancia, transformando así las formas de enseñar y, por supuesto, de aprender, complicando en algunos casos el aprovechamiento pleno ante la inexperiencia de dicha modalidad.  Aunado a lo anterior, esta situación hizo latente la existencia de una multiplicidad de realidades, en donde se hicieron visibles las desigualdades sociales, pues no todos los alumnos pudieron tener  acceso a equipos de cómputo, sin perder de vista que, en el caso del nivel superior, el panorama fue más complejo debido a que en muchos casos se vieron forzados a comenzar a trabajar o a abandonar sus estudios temporalmente o definitivamente por falta de medios, recursos o problemas de salud física y mental, complicando aún más la adaptabilidad a esa nueva lógica educativa. En este sentido, el trabajo aquí presentado tiene como objetivo hacer un análisis comparativo sobre los niveles de reprobación, los índices de deserción y los procesos de titulación de los alumnos de la licenciatura de Sociología, antes y durante la pandemia, y poner de manifiesto las afectaciones que este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje trajo en cuanto a una ya de por sí compleja formación de sociólogos en el área específica de investigación. Todo ello se hará a través de la recolección de las vivencias de los alumnos durante la pandemia, por medio de grupos focales, y realizar una comparativa con los datos recuperados del Diagnóstico de plan de estudios.  

Introducción:

La enseñanza aprendizaje en la investigación social

 

De acuerdo al perfil de egreso de la Licenciatura en Sociología de la FES Aragón, el egresado obtendrá diversos conocimientos, y desarrollará habilidades, aptitudes y actitudes que le permitan comprender, analizar, explicar y proponer alternativas en cuanto a lo social, los estudiantes al egresar tendrán la habilidad para el ejercicio de la investigación (teórico y técnico) a fin de explicar cualitativa y cuantitativamente el surgimiento y desarrollo de los nuevos fenómenos sociales, es decir, en el plan de estudios vigente se plantea desde los objetivos que la enseñanza “no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a aquellos vinculados a aprender”. (Meneses, 2007, p.32). 

Los procesos de enseñanza aprendizaje se entienden como aquellas estrategias encaminadas a brindar conocimiento, enmarcadas desde los planes de estudios,  aunque esto no quiere decir que se trate de un modelo didáctico estático, en la investigación social la enseñanza aprendizaje se considera fundamental el trabajo de exploración que debe de hacer el alumno en las asignaturas que se encuentran en el Área de Metodología de Investigación Social y en el área de Investigación  para lo cual una “didáctica de las metodologías de la investigación debería considerar, en la estructura de los cursos en las Ciencias Sociales, tanto la enseñanza de las metodologías como la práctica – o prácticas – misma de la investigación” (Escobedo y Arteaga, 2016, p.284). 

El presente trabajo tiene como objetivo reflexionar el proceso enseñanza aprendizaje en la investigación social, en los alumnos de sexto y octavo semestre, por medio del análisis de los resultados del Cuestionario Diagnostico y dos grupos focales, realizados como parte de las actividades del proyecto PAPIME PE3O4121 “La articulación teórico metodológica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón”.

Es importante mencionar que dichas herramientas de recolección de datos pretenden reflexionar sobre sus experiencias en la educación remota de emergencia como consecuencia de la llegada del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), y de la implementación de medidas de seguridad sanitarias y de confinamiento social que obligó a todas las escuelas a cerrar sus aulas, las cuales se pueden resumir en dos apartados: a) la problemática de desigualdad social y la brecha digital en la educación remota de emergencia, en donde trataremos de reflexionar sobre su vivencia en la adaptación de la educación virtual y problemáticas con TIC, tanto de los docentes como de los estudiantes, y b) dificultades durante el proceso enseñanza aprendizaje en la investigación social.

 

Desarrollo:

Educación remota de emergencia y la brecha digital. 

Los procesos de modernización y de globalización han traído consigo cambios sociales, económicos y tecnológicos que han impactado la vida cotidiana de acuerdo a Castell:

 la nueva sociedad que surge de ese proceso de cambio es tanto capitalista como informacional, aunque presenta una variación considerable en diferentes países, según su historia, cultura, instituciones y su relación específica con el capitalismo global y la tecnología de la información (2000, p.27) 

 

El papel que juega la tecnología en los últimos años es fundamental, tal como ha sucedido con la inserción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito educativo, en primera instancia desde la alfabetización digital, integrando las TIC, como instrumento para aprender de ellas agregándolos a la curricula de los estudiantes y mejora en la productividad en el proceso de la información, sin embargo, el nivel de alcance en la distribución de bienes tecnológicos y por ende el acercamiento a la producción del conocimiento definirá el nivel de exclusión. 

Derivado de la crisis a la que nos enfrentamos en los dos últimos años, esto como consecuencia de la llegada del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), y de la implementación de medidas de seguridad sanitarias y de confinamiento social, limitando así la movilidad social e impactando en la mayoría de las actividades económicas y por ende en los empleos, afectando los ingresos de parte importante de la población. En el caso de América Latina, de acuerdo con la CEPAL: 

el impacto en la región fue aún más severo por tres razones simples: la región se encuentra en un ciclo negativo económico desde antes de la pandemia, las capacidades fiscales de los Estados de la región son notoriamente menores que las de los países desarrollados, y la salud de sus cadenas productivas, de pagos y sus nodos de estabilidad financiera son más endebles que en los países desarrollados (Filgueira et al., 2020 p.9)

 

Aunado a esto, cabe señalar que los grupos sociales de estratos bajos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad vivieron las consecuencias de manera diferente a la clase privilegiada, pues aquellos que lograron mantener un ingreso constante para garantizar el acceso a bienes y servicios básicos (casa propia, electricidad, agua potable y telefonía e Internet). Aunque en este trabajo no analizaremos a fondo los índices de pobreza, ni las repercusiones económicas ocasionados por la contingencia sanitaria, es importante resaltar que en el contexto latinoamericano y de manera más específica en el nacional, las brechas de desigualdad entre los mexicanos se hicieron más grandes, dificultando el vivir día a día. Esta situación no fue ajena para los estudiantes de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón, quienes en diferentes momentos han expresado las múltiples dificultades a las que se enfrentaron en su proceso formativo mediante la modalidad a distancia.

El sector educativo, frente a la crisis sanitaria que se estaba haciendo presente, tomó como primera medida suspender las clases presenciales, inicialmente desde el 23 de marzo al 20 de abril del 2020, en todas las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, así como las de nivel medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, medida que obligó a tomar alternativas para el seguimiento de los ciclos escolares. La UNAM no hizo caso omiso de estas acciones y recomendaciones y a partir de los últimos días del mes de abril se iniciaron las clases en formato virtual, también conocida como modalidad a distancia. 

Esta situación fue el escenario perfecto para visibilizar fortalezas y debilidades estructurales en la sociedad, específicamente las del sistema educativo. 

Si bien, el proceso globalizador ha permitido tener un acercamiento a las tecnologías, como ya se mencionó, no es un factor que garantice el acceso a la conectividad a internet plena. De acuerdo con cifras oficiales de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021 del INEGI, se estimaba que en 2019 un 62% con un aproximado de 70.8 millones de usuarios de la población tenía acceso a internet desde el interior de sus hogares, presentándose un aumento de 10.0 puntos porcentuales para el año 2021, siendo un 72% con un aproximado de 84.4 millones de usuarios el total de la población a nivel nacional que contaba con conectividad a internet desde sus hogares. 

En cuanto al uso de las computadoras al interior de los hogares para usos escolares se presentó un aumento en el año 2019 (44.9%) al año 2020 (55.0%), mientras que del año 2020 al año 2021 (50.9%) se marcó un ligero descenso

Partiendo de los datos expuestos, es necesario reflexionar si tanto alumnos como profesores se encontraron en las cifras positivas en cuanto a acceso a servicios de conectividad y equipos en sus hogares comenzando el confinamiento y la educación a distancia, o qué porcentaje de ellos se encontraban en las cifras contrarias, haciendo notoria esta brega digital. 

La problemática no parte del impedimento de asistir cotidianamente a las aulas de clases, ni de la idea de las clases en línea, ya que la UNAM, y otras tantas instituciones de educación superior, han hecho uso de modelos híbridos previos a esta situación, tal es el caso del el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), perteneciente a la UNAM, que desde el año 2009 está destinado a extender la educación media superior y superior hacia grandes sectores de la población por medio de métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos y de la creación de grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera de los planteles universitarios, e impulsar la integración de las tecnologías de la información y comunicación a los procesos educativos; sin embargo, estamos hablando de un porcentaje mínimo de la población educativa y la cual ha decidido participar en ella porque cuenta con los recursos digitales para ello, lo que no se puede comparar con el cien por ciento de la población que integra al sector educativo quien se vio obligada a ser partícipe de esta dinámica prácticamente de la noche a la mañana, sin experiencia previa y con la idea de que se trataría de un lapso de tiempo corto.

La educación remota de emergencia provocó en la educación básica, media superior y universitaria una serie de complicaciones y limitantes, las cuáles no sólo quedaron enfrascadas en cuestiones como problemas de conectividad, ya sea por falta de conexión a internet o de un equipo, sino que también estas se ampliaron a aspectos psicoemocionales, familiares, económicos, laborales, impactando profunda­mente en los procesos de enseñanza – aprendizaje que hasta antes del confinamiento se daban por hecho que ocurrían de formas ya conocidas y respondían a objetivos planteados en cada uno de los planes de estudio. 

La brecha digital se define como un nuevo factor de inequidad social y económica entre la población, en este caso entre la conectada y la no conectada a internet y, por ende, usuaria y no usuaria de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)[1]. De acuerdo con cifras oficiales de la UNAM[2], el celular y la laptop son los dispositivos más utilizados como herramientas de apoyo para desarrollar actividades académicas por estu­diantes y docentes de esta institución, en  el caso de los estudiantes que respondieron el “Cuestionario diagnostico”[3] expresaron que el 34.1%  no conto con el equipo necesario para tomar con sus a distancia, el impacto en el cambio de la formación en educación en línea y a distancia como la incorporación de tecnologías digitales se muestran como claves para sortear los retos de la transición.

Como se mencionó con anterioridad, se debe destacar que la problemática de la brecha digital afecta tanto a los docentes como a los estudiantes, pues en la mayoría de los textos académicos derivados del contexto de COVID 19, se parte principalmente desde la realidad de los estudiantes reflexionando las desigualdades sociales e invisibilizando las vivencias de los docentes y su proceso de adaptación a las clases en formato virtual.   

 

Problemáticas en la enseñanza aprendizaje en la investigación social durante la educación remota de emergencia en la Licenciatura en Sociología de la FES Aragón. 

 

Las condiciones laborales de los académicos pertenecientes a la planta docente de la UNAM están reguladas por medio de nombramientos que establecen características para definir los estímulos y sueldos que reciben. De acuerdo con la DGAPA, dentro de la UNAM se tiene registro que los profesores de licenciatura están conformados por un 70% de profesores de asignatura, 11% son profesores de carrera y 6% son técnicos académicos[4]. En el caso del personal académico de la licenciatura en sociología de la FES Aragón, se observa que la mayoría de la planta docente se ubica en la categoría de profesores y profesoras de Asignatura “A” Interino, cuya proporción equivale al 61%, mientras que los profesores y profesoras que se ubican en la categoría de profesor de Asignatura "A" Definitivo representa un 24%, los profesores y profesoras significan el 12% Asignatura "B" Definitivo y solo el 4% de los profesores de carrera[5].

El tipo de nombramiento y grado académico de la planta docente, y otros factores como lo son la edad, el género, el nivel de conocimiento en el manejo de plataformas digitales, así como contar con un espacio que les permita impartir clases a distancia sin interrupción, pudo dificultar su adaptación y su óptimo desempeño en esta modalidad, teniendo consecuencias directas en el proceso enseñanza aprendizaje del que es partícipe.

Por otra parte, es importante considerar que las complicaciones que se dieron en el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en investigación, de los estudiantes de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón, durante la educación remota fueron variados, en donde la brecha digital es solo una de estas. 

Para poder identificarlas, se aplicó  “Cuestionario Diagnostico”, que tuvo como objetivo realizar un diagnóstico sobre el Área de Investigación para identificar los problemas que se presentan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación en investigación de las y los estudiantes de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón, realizado en el marco del proyecto PAPIME PE3O4121 “La articulación teórico metodológica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón”. Dicho cuestionario fue complementado con la organización de dos grupos focales en el turno de la matutino y otro en el turno vespertino, en donde se logró identificar otra clase de problemáticas en torno a la educación remota. 

La percepción de los estudiantes con respecto a la educación a distancia fue negativa, pues el 60% de los alumnos de la UNAM, afirman que empeoró, y el 28% considera que sigue igual[6]. Dicha percepción es compartida por la población de sociología de la FES, ya que el 47[7]% de los alumnos entrevistados considera que la educación en línea es de menor calidad en comparación a la educación presencial. Ejemplo de esta situación se hace evidente cuando el 87% de los entrevistados expresaron haber tenido dificultades con la elaboración de su diseño de proyecto de investigación por causa de la modalidad a distancia, siendo una de las causas principales la falta de acercamiento a sus asesores, aún y con un 51% de estudiantes que dice tener el suficiente conocimiento sobre la vinculación teórico-metodológica, entre los cuales, el 3% asume tener total conocimiento sobre ello; sin embargo, este panorama parece contradictorio según lo que expresaron en los grupos focales, ya que ahí se reconoció que las estrategias didácticas de enseñanza aprendizaje propuesta por los docentes en los Seminarios de Investigación I,II,III y los Seminarios de Análisis Social I, II, III, en donde se proporcionan conocimientos teóricos y conceptuales, no hubo ejercicios prácticos que les permitan entender el vínculo entre teoría y metodología, situación que no solo se fijó en las dificultades de generar un diseño, como ya se mencionó, sino también en los datos obtenidos sobre los altos índices de reprobación en materias propias del área de investigación, lo cual es síntoma de las complicaciones existentes a la hora de enseñar los contenidos propuestos en una situación remota.

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Los estudiantes expresaron que dentro de las problemáticas constantes en estas situaciones arriba señaladas está la poca interacción con los docentes y viceversa, pues en el caso de los Seminarios de Investigación I, II, III, ya que la didáctica en la mayoría de las veces se resumía en el seguimiento del proyecto de investigación, en su mayoría estableciendo comunicación por medio de correos electrónicos y algunas veces por medio de las aulas virtuales, sin tener un asesoramiento personalizado, lo que les provocaba una sensación de abandono e incertidumbre, tanto en la construcción de sus proyectos, así como de su propia evaluación de la asignatura. 

De acuerdo a la propia experiencia de los estudiantes, la educación en línea no tenía una didáctica propositiva que los alentara a interesarse en la investigación y por ende a sus propias clases, considerándose como un proceso mecánico en donde solo importaba cumplir con las evaluaciones determinadas por cada uno de los profesores, además que destacaron la falta de actualización en temas referentes al manejo de la TIC, y de la propia vinculación de estas con el procesos de enseñanza, así como en el proceso de investigación, como lo son la carencia de saberes por parte de los docentes en el área de la etnografía digital y otras temáticas de interés por parte de los estudiantes. 

 

[1] Micheli Thirión, Jordy y Valle Zárate, José Eduardo. La brecha digital y la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en las economías regionales de México

[2]La educación remota y digital en la UNAM durante la pandemia. Panorama General por Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia UNAM

[3] “Cuestionario diagnostico”, parte de las actividades del proyecto PAPIME PAPIME PE3O4121 “La articulación teórico metodológica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón”.

[4] La educación remota y digital en la UNAM durante la pandemia. Panorama General por Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. UNAM

[5] Diagnostico para el Proyecto de Modificación del Plan y Programas de Estudios de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. 

[6] De acuerdo a los datos de La educación remota y digital en la UNAM durante la pandemia. Panorama General por Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. UNAM

[7] De acuerdo a los datos obtenidos del “Cuestionario Diagnostico” parte de las actividades del proyecto PAPIME PAPIME PE3O4121 “La articulación teórico metodológica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de investigación en la carrera de Sociología de la FES Aragón”.

Conclusiones:

La metodología de la investigación en Ciencias Sociales es una herramienta fundamental que se debe dominar tanto en sus contenidos como en su aplicación en el desempeño profesional. Por lo tanto, su enseñanza y aprendizaje ha tomado una relevancia clave en las últimas décadas. En general, las pocas investigaciones que se han realizado desde el área han abordado el binomio señalado, en el contexto de la educación remota, la didáctica en las clases en línea resulto difícil en el proceso de aprendizaje de acuerdo al testimonio de los propios estudiantes, aunado a la brecha digital a la que se enfrentaron les obligó a reconfigurar la idea de asistir a la universidad. 

Cabe mencionar que el ejercicio de reflexión que se desarrolló con anterioridad parte de la autopercepción de la formación de los alumnos en el área de la investigación, pues en los dos métodos de recolección de datos los alumnos expresaron una opinión negativa ante la enseñanza aprendizaje por parte de los docentes, por lo que tal ejercicio nos deja pendientes de saber la percepción que los docentes tuvieron en el contexto de la educación en línea, para conocer las didáctica ejercidas y el trabajo desarrollado en las herramientas electrónicas y tener un diagnostico sobre el conocimiento de la planta docente en el uso de estas para el procesos enseñanza aprendizaje de la licenciatura en Sociología de la Fes Aragón. 

La educación en línea puede brindar beneficios y es necesaria durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la actualidad, pero en este contexto de crisis visibilizo que es insuficiente, si no se cambian los paradigmas educativos, pues debe de hacerse un análisis profundo de los currículos, evaluaciones, práctica docente, gestión académico-administrativa y brechas digitales, es decir, buscar los medios suficientes para garantizar el acceso de conectividad y digital a todo el sector educativo buscando a cortar las desigualdades institucionales y económicas y sociales que garanticen los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

Bibliografía:

Castells, M. (2000) La era de la información: economía, sociedad y cultura.Volumen I. LA SOCIEDAD RED. (Versión castellana de Carmen Martínez Gimeno y Jesús Alborés) Segunda edición. 

Comité de Carrera de la licenciatura en Sociología de la FES Aragón (2018). Diagnóstico para el proyecto de modificación del plan y programas de estudio de la licenciatura en Sociología. (s. f.) (manuscritos no publicados). Nezahualcóyotl, Estado de México: Facultad de Estudios Superiores Aragón-Universidad Nacional Autónoma de México (FES Aragón-UNAM).

Escobedo, C. y Arteaga, E. (2016). El proceso de enseñanza-aprendizaje de los métodos de investigación social en un contexto de vulnerabilidad económica, social y cultural. Prisma Social, núm. 16, junio-noviembre, pp. 278-321

 

Filgueira, F., Galindo, L.,  Giambruno, C.,  Blofield, M.(2020)  América Latina ante la crisis del COVID-19. Vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social. Políticas Sociales, N° 238 (LC/TS.2020/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

 

Meneses, G. (2007). NTIC, Interacción y aprendizaje en la universidad. Universitat Rovira I Virgili. 

 

Micheli Thirión, Jordy y Valle Zárate, José Eduardo. La brecha digital y la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en las economías regionales de México.

 

Universidad Nacional Autónoma de México (2021) “La educación remota y digital en la UNAM durante la pandemia. Panorama General” por Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia UNAM. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cuaieed.unam.mx/url_pdf/educacion-remota-digital_V06-29-10-21.pd

Palabras clave:

Enseñanza-aprendizaje. Sociología. Investigación social. COVID.