Peru -
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Resumen de la Ponencia:
La corrupción en el Perú es uno de los grandes problemas que afecta a toda institución pública en los diferentes niveles de gobierno, la Contraloría General de la República, ha estimado que se pierden alrededor del 13% del presupuesto público nacional en el proceso de corrupción que involucra no solo al corrupto sino al corruptor, desde la perspectiva ciudadana es necesario fortalecer su participación en los asuntos públicos y de gestión. En ese sentido, el control social se convierte en el impulso que necesitan las instituciones para identificar los presuntos hechos irregulares en el marco de sus acciones. Por ello, la experiencia del programa “Auditores Juveniles” promueve los valores cívicos y éticos en los estudiantes de nivel secundaria en instituciones públicas y privadas, coadyuvando a fortalecer una cultura de integridad y legalidad a través de las veedurías escolares a nivel nacional.
Introducción:
La corrupción es uno de los mayores problemas que afecta a países del mundo, según el Banco Mundial se ha constituido en el principal obstáculo al desarrollo económico equitativo (Alfaro, 2004, p. 657), generalmente en países emergentes los niveles de corrupción son más elevados, trae consigo efectos económicos, reduce la efectividad de los recursos públicos, la inversión privada y productiva, impacta sobre el crecimiento económico, desestabiliza las finanzas, provoca fuga de capital y deslegitima la democracia representada en sus autoridades (Argandoña, 2006, p. 1). Desde el punto de vista social, genera escenarios de exclusión, injusticia social, violencia, ausencia de participación política, ciudadana y frustración en los sectores poblacionales vulnerables o con mayor impacto de la pobreza (Wielandt, 2007, p. 7). Desde el punto de vista de la ética, representa la trasgresión de los valores y principios básicos necesarios para las relaciones interpersonales y la vida social, genera conductas incorrectas, aprendizajes negativos y se normaliza la acción corrupta (Argandoña, Op. Cit, p. 1).
Estudios sobre la incidencia de la corrupción realizado por la Contraloría General de la República de Perú, (CGR, 2021, 2022) determinó que es el principal problema público estructural en el país. Se perdió por corrupción e inconducta funcional en el año 2020 veintidós mil millones y en 2021 veinte cuatro mil millones de soles, equivalente al doce y trece por ciento (12 - 13%) del presupuesto ejecutado respectivamente. Además, encontró que, la mayor incidencia está en los gobiernos regionales y locales entre quince y diecisiete por ciento (15 - 17%) (Shack, Pérez & Portugal, 2021, p. 56).
Siguiendo lo desarrollado por Gonzalo Wielandt en su estudio sobre corrupción para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, como efecto social, la ausencia de participación política, es entendida como el derecho al desarrollo de todos los ciudadanos y definida como un proceso de mejora constante sobre el bienestar de la población, basada en factores económicos, sociales, culturales y políticos en torno a la participación activa. (Wielandt, Op. Cit, p. 30).
El presente ensayo se sustenta en la premisa de mitigar el impacto de la corrupción, a partir de la participación política activa de los estudiantes de nivel secundario en las instituciones educativas públicas y privadas, como horizonte de formación ciudadana, promoción de valores éticos, cívicos e impulso de una cultura democrática, de integridad y legalidad, ejerciendo control social sobre los servicios que reciben al interior de su institución educativa y comunidad, desarrolla un análisis desde la sociología de la educación como perspectiva dual y crítica y tiene como teoría base la cognitivista de Jean Piaget.
Metodológicamente, aborda un análisis con enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y utiliza herramientas de recopilación de información como la observación, revisión documental, reportes, informes y bibliografía sobre el tema desarrollado (Hernandez-Sampieri et al. 2014).
Ejecutivamente, se sustenta en la implementación de veedurías escolares como herramienta de participación democrática, acompañados de docentes y padres de familia, observa el funcionamiento de un servicio público en la institución educativa (ámbito público) o comunidad (ámbito público y privado) realizado por estudiantes de nivel secundario bajo el amparo del Compromiso para la Formación de los Ciudadanos del Bicentenario (firmado el 07 de diciembre de 2018) y el Convenio Interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación – MINEDU en adelante (firmado el 03 de diciembre de 2019), que tiene como objeto ejecutar actividades con proyección a docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa en la educación básica regular dentro del Programa “Auditores Juveniles”, que contribuyan a fortalecer de manera coordinada con el MINEDU, el ejercicio ciudadano, el compromiso social y la lucha contra la corrupción, en el marco de los documentos curriculares vigentes de educación básica.
En esa orbita de ideas, se identificó tres componentes que se ponen bajo análisis: la participación de estudiantes de nivel secundario de instituciones educativas públicas y privadas, la implementación de veedurías escolares de acuerdo a las temáticas ejecutadas en el año 2021 a nivel nacional y la promoción de valores éticos y cívicos que impulsen la participación ciudadana y el control social en los estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas públicas y privadas. Finaliza, planteando propuestas que generen alternativas de solución nacional como modificación en la política educativa, el currículo nacional e implementación de mecanismos de control social.
Desarrollo:
Mitigar el impacto de la corrupción y la inconducta funcional en el país, es tarea que debe impulsar a todos los sectores: Poder Legislativo, Judicial, instituciones educativas, universidades, empresariado, académicos, colegios profesionales, sociedad civil organizada, ciudadanía en general y principalmente el Poder Ejecutivo como ente rector de la implementación de políticas públicas, los gobiernos subnacionales y los organismos autónomos que en el marco de sus competencias contribuyen con reducir los efectos sobre el desarrollo económico equitativo.
Entendiendo que el primer problema que afecta al Perú es la corrupción, seguido sólo por la delincuencia en sus distintas modalidades, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el sesenta y dos por ciento (62%) de la población, coloca a la corrupción como la principal preocupación en todo el país (INEI, 2020, p. 3). Para Shack (2021), la crisis deviene de un sistema pre moderno que no funciona bien, y que, muestra signos de haber sido penetrado profundamente por la inconducta funcional y la corrupción en todo sector y nivel de gobierno, una conducta que se ha normalizado y que la propia ciudadanía justifica como causa para la mejora de sus condiciones básicas de vida. Así mismo, Proética (2019) señala que, en el ranking de las instituciones percibidas por la ciudadanía como las más corruptas se encuentra el Congreso de la República y el Poder Judicial con un porcentaje superior al 50% mientras que, los partidos políticos y los gobiernos subnacionales tienen porcentajes superiores al 20%.
En concordancia, Shack et al. (2021), conceptualizan la corrupción burocrática, como elemento reproducido en sobornos, favorecimiento en la asignación de contratos de bienes y servicios, concentrada en la función pública y vista como beneficio directo o indirectos al burócrata (p. 7). Haciendo una analogía del monto perdido por corrupción e inconducta funcional, de cada cien, trece soles se van en corrupción, se lo roban o son sobre costos que producto de la inconducta funcional y la ineficiencia incorporamos en el gasto público. Por tanto, ese dinero no llega a los beneficiarios que debería llegar, poniendo un ejemplo cuantificable en una obra pública se podrían ejecutar dos carreteras centrales en Perú, es decir, carriles de ida y vuelta que permitan dinamizar el transporte en dicha zona.
Entonces, para mitigar este problema, un elemento fundamental es la participación política activa, concepto que refleja la democracia como forma de gobierno, legitimando su funcionamiento y brindando espacios participativos a los ciudadanos quienes podrán involucrarse en los hechos políticos de su país, dotando la facultad de ser responsables de su futuro (Sabucedo, 1988, p. 165). En concordancia, Tanaka (2021), señala que, estos espacios son propios de la democracia participativa, la cataloga como la mejor forma de régimen político porque tiene características plurales como la libertad, el derecho a tener un rol critico de las acciones gubernamentales, la renovación de poder por periodo determinado, elecciones libres, respeto a las normas y reglas estipuladas por la sociedad.
Para Andrade (2022), la participación política es la esencia en la democracia por dos razones fundamentales, primero porque los ciudadanos pueden escalar a posiciones gubernamentales a partir de la participación política y por otro lado, mediante la representación que constituye la influencia sobre los tomadores de decisiones, estas razones hacen referencia al concepto de movilidad política, escenario que en el Perú se encuentra regulado por la Constitución Política del Estado en su Artículo 43º, representado por el Congreso de la República como primer poder del Estado y en la figura ejecutiva del Presidente de la República como funcionario de mayor jerarquía al servicio de la Nación; además, es un derecho de todo ciudadano participar en los asuntos públicos en todas sus formas y niveles de gobierno, tal como lo señala el Artículo 31º del mismo cuerpo normativo (Constitución, 1993).
Los datos empíricos señalan que los espacios de participación política en el país son limitados, en su mayoría están asociados al quehacer del gobernante de turno que utilizan estos espacios para cumplir con sus compromisos electorales o son utilizados por grupos sociales con fines particulares.
Como vemos, el problema es que no se promueven espacios participativos, políticos, informativos, de diálogo o de control social, resulta insuficiente los canales de comunicación y el uso de medios tecnológicos como plataformas que se ponen a disposición de la ciudadanía para interactuar con la autoridad, sino también, alertar sobre el presunto uso inadecuado de los recursos públicos y la inconducta funcional, como medio para mitigar su impacto. Esto, permite abordar un análisis desde el enfoque formativo de ciudadanía, el rol que cumple la Contraloría General de la Republica y el MINEDU, a partir de la implementación del programa “Auditores Juveniles” a nivel nacional.
El MINEDU, en el marco de sus competencias como órgano perteneciente al Poder Ejecutivo, brinda las condiciones necesarias para que todos los peruanos ejerzan su derecho a la educación, rector de la política educativa y pedagógica a nivel nacional, articula esfuerzos con la Dirección Regional de Educación (DRE) en los Gobiernos Regionales y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a nivel de provincias, aprueba el Proyecto Educativo Nacional y conduce el proceso de planificación de la educación (MINEDU, 2022).
Por su parte, la Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema Nacional de Control, tiene entre sus atribuciones la promoción de la participación ciudadana mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental (Ley N.º 27785, 2002).
Las relaciones y objetivos comunes, han permitido establecer una alianza estratégica que permita desde el enfoque formativo de ciudadanía, implementar el programa “Auditores Juveniles” en todas las regiones y provincias del país, datos que serán analizados a través de los resultados obtenidos de la ejecución de la veeduría escolar virtual.
PERSPECTIVA TEORICA
La teoría, cognitivista de Piaget aporta elementos trascendentales para el aprendizaje del estudiante en su proceso formativo, señala que el conocimiento es un constructo propio del individuo que constantemente va actualizando conforme interactúa diariamente con factores sociales y cognitivos, es decir, el estudiante es autogestor de su propio conocimiento, procesando información, interpretándola y poniendo en práctica lo aprendido, de ahí que genera nuevo conocimiento; así mismo, señala que el desarrollo cognoscitivo como proceso continuo parte desde la niñez, donde va adquiriendo conocimiento y encontrando situaciones cada vez más complejas, lo que permite ir resolviendo conforme va creciendo (Saldarriaga et al. 2016. p. 130-131).
Otro aporte significativo en su constructo teórico nos permite entender la población objetivo del programa analizado, son los diferentes estadios del desarrollo intelectual, específicamente al que denomina operaciones formales que se establece desde los doce años en adelante o en la etapa secundaria del proceso educativo, en esta etapa se desarrolla la inteligencia formal donde el pensamiento es más organizado, interno y reversible, el adolescente comprende el conocimiento científico, formula hipótesis, razona sobre las proposiciones y combina argumentos sistemáticamente (Ibíd, p. 133), esto permite, generar una cultura de integridad y de ética pública, permitiendo que el estudiante se involucre en la mejora y cuidado de los servicios y plantee propuestas de solución para lograr un impacto positivo en el bienestar de la comunidad estudiantil.
En la pedagogía contemporánea, el conocimiento es producto de la interacción entre el estudiante, el docente y el entorno donde se realiza el proceso de aprendizaje, poniendo no sólo al estudiante como centro del ejercicio educativo, sino, el docente visto como un elemento orientador siendo el encargado de crear las condiciones y buscar métodos apropiados que favorezca el aprendizaje en entornos conforme el nivel del estudiante, de aquí que es la base para la formulación de los currículos escolares (Ibíd, p. 136).
Desde la sociología de la educación con una perspectiva dual y crítica, según Aubert, parte por reconocer las brechas y marcadas desigualdades en el sistema educativo y el entorno donde se desarrollan las actividades académicas de los estudiantes; de ahí que, es importante señalar, la participación activa del estudiante, docente con su entorno, es necesario para transformar la realidad, integrarse a la sociedad, fortalecer el pensamiento crítico y democrático (como se cita en Fajardo & Cervantes, 2020. p. 62).
Desde la pedagogía crítica, resalta el rol que cumple el docente, estudiante y miembros de la sociedad en búsqueda de superar las desigualdades que existen en la realidad social, como señala Freire en su pedagogía del oprimido, la acción dialógica o natural del propio individuo y sus relaciones intersubjetivas permite transformar la sociedad. En concordancia, Flecha teoriza el aprendizaje dialógico como la interacción que permite desterrar todas las desigualdades sociales y alcanzar éxito educativo. En contraste a ello, Giroux pone al docente en un plano intelectual diferente, tiene un referente ideológico y hace necesario el conocimiento científico en el proceso educativo donde la escuela tiene una tarea fundamental en la construcción de espacios democráticos y culturales (como se cita en Fajardo & Cervantes, 2020. p. 63-64).
COMPONENTES
De la revisión del plan estratégico institucional al dos mil veinticuatro de la Contraloría General de la República de Perú, establece como objetivo estratégico promover la participación ciudadana en el control social, la transparencia, acceso a la información pública, fortalecimiento de estrategias como veedurías ciudadanas; así como, la atención oportuna de denuncias, en el marco de la competencia del Sistema Nacional de Control.
La implementación del programa “Auditores Juveniles” nos lleva al análisis fundamentado con datos objetivos recogidos por los reportes emitidos por la Contraloría General de la República en el marco de la implementación de las veedurías escolares a nivel nacional en el año dos mil veintiuno, que permite ampliar nuestra visión para enfrentar la corrupción en la política. En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID – 19 se implementó la veeduría escolar virtual, a través de esta modalidad, el estudiante de educación secundaria participa desde su hogar, contando con el acompañamiento de su padre, madre o apoderado; y, haciendo uso del aplicativo informático del programa, logra desarrollar el formulario de veeduría sustentado en la normativa vigente que involucra al servicio público analizado. En ese sentido, las premisas son:
PRIMERO, la participación de estudiantes de nivel secundario de instituciones educativas públicas y privadas. De acuerdo con los datos obtenidos por el Censo escolar 2021 del MINEDU, reportado en su estadística de la calidad educativa - ESCALE, los alumnos de nivel secundario de instituciones educativas escolarizadas y zonas urbanas con matrícula vigente alcanzó dos millones setenta mil trescientos noventa y ocho estudiantes (2,070,398).
De ellos, se identifica que se gestionó la participación de cuatrocientos veinticinco mil novecientos sesenta y seis (425,966) auditores juveniles de los cuales, trecientos cincuenta y nueve setecientos once (359,711) son auditores juveniles nuevos, comparativamente con la ejecución de la veeduría escolar de un año antes y que pertenecen a siete mil doscientos catorce (7,214) instituciones educativas, los cuales realizaron cuatrocientos veinticinco mil novecientos sesenta y seis (425,966) veedurías escolares con el acompañamiento de doscientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y siete (257,347) padres, en las temáticas de programadas.
El resultado muestra que, el porcentaje de participación de estudiantes alcanzado a nivel nacional fue veintiuno por ciento (21%) del total de estudiantes. En cuanto a la cobertura geográfica, que se alcanzó cobertura a un ochenta por ciento (80%) de distritos a nivel nacional. Esto, nos lleva a reflexionar e intentar explicar los limitantes que contuvieron mayor participación a nivel nacional. Para ello, debemos aterrizar en los resultados a nivel regional.
De la participación a nivel regional, los resultados muestran criterios de desigualdad que permite esbozar la conclusión que, las condiciones de participación para los estudiantes fueron desigual. La cobertura de señal de internet o paquete de plan de datos para el caso de teléfono móvil o Tablet sigue representando una brecha por cobertura pendiente, la región con menor participación fue Madre De Dios, con cero puntos dos por ciento (0.2%), Moquegua, con cero puntos cinco por ciento (0.5%), Pasco, con cero puntos seis por ciento (0.6%), y Amazonas, con cero puntos siete por ciento (0.7%), tres de las cuatro mencionadas, pertenecen a zona centro y oriente del país, la selva sigue representando la región con mayor limitación en acceso a internet.
Así mismo, se pudo corroborar que la participación estudiantil está relacionada directamente con el compromiso del directivo y docente de aula, primero por la apertura de la institución educativa y los lineamientos que su autoridad determina; y, segundo por la sensibilización, conceptos que previamente incorpora en sus clase y motivación para el ejercicio ciudadano, que el docente imparte como estrategia previa a su intervención. Por tanto, el directivo y docente son vitales para el impulso de las veedurías.
También, se identificó escenarios positivos con mayor participación de estudiantes, siendo la región de Piura con quince por ciento (15%), seguida por Lima Metropolitana – Callao con catorce por ciento (14%) y Cusco con diez por ciento (10%) del total de estudiantes participantes, números que reflejan un alza comparativa.
SEGUNDO, de la revisión documental se obtuvo que, la implementación de veedurías, estuvo acorde a seis temáticas focalizadas durante el año; responden a criterios de coyuntura e importancia para el ejercicio ciudadano y las mejoras en la calidad educativa. Así mismo, fue virtual en su totalidad, porque los criterios de participación estaban a disposición de los cambios normativos y acciones gubernamentales en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Propaganda electoral, en el marco de las elecciones nacionales tuvo como objetivo verificar si los trabajadores de los gobiernos locales realizan difusión electoral durante el desarrollo de sus actividades. Así como, si se ha efectuado el retiro de propaganda electoral, en el periodo establecido, una vez finalizada las elecciones. La participación alcanzada en esta veeduría fue setenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve estudiantes (79,549) representando el dieciocho por ciento (18%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el veintidós de marzo al cinco de junio.
Entrega del material educativo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la entrega de material educativo a los estudiantes de educación básica regular -EBR de nivel secundario del sector público, necesario para el logro de los estándares de aprendizaje. La participación alcanzada en esta veeduría fue noventa y ocho mil quinientos ochenta y seis estudiantes (98,586) representando el veinte tres por ciento (23%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el uno al dieciocho de junio.
Limpieza pública, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de limpieza pública de los distritos a nivel nacional, verificando el cumplimiento de la labor de los gobiernos locales. La participación alcanzada en esta veeduría fue sesenta y seis mil doscientos veintitrés estudiantes (66,223) representando el dieciséis por ciento (16%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el doce al treinta y uno de julio.
Entrega de Tablets, con el objetivo de verificar la recepción y el buen funcionamiento de las Tablets entregadas por el MINEDU. La participación alcanzada en esta veeduría fue veinticinco mil quinientos ochenta y ocho estudiantes (25,588) representando el seis por ciento (6%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el dieciocho al treinta y uno de agosto.
Accesibilidad y ciclovías, con el objetivo verificar las condiciones que deben de cumplir las edificaciones y la vía pública para ser accesibles a todas las personas con discapacidad, garantizando su derecho a la accesibilidad. Asimismo, verificar la implementación de las medidas de promoción y regulación del uso de las bicicletas como medio de transporte sostenible y eficiente en el uso de la capacidad vial y en la preservación del ambiente. La participación alcanzada en esta veeduría fue setenta y cinco mil setenta y nueve estudiantes (75,079) representando el dieciocho por ciento (18%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el diecisiete de setiembre al seis de octubre.
Finalmente, estrategias educativas, con el objetivo verificar el buen el funcionamiento del servicio educativo del año 2021 en las modalidades de educación a distancia, semipresencial y presencial en las instituciones públicas de la EBR. La participación alcanzada en esta veeduría fue ochenta mil novecientos cuarenta y uno estudiantes (80,941) representando el diecinueve por ciento (19%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el veintinueve de octubre al catorce de noviembre de 2021.
Al respecto, la tendencia de participación fue disminuyendo en cada participación a excepción de la última veeduría, esto respondería al escaso sostenimiento del programa en regiones donde el modelo no es adoptado como una practica regular en el proceso de aprendizaje; sino, visto como una tarea adicional. Además, la participación en veeduría con menor alcance fue entrega de Tablet, esto, sería producto de la focalización de regiones participantes, ya que, las Tablet se entregó con prioridad en regiones con mayor índice de vulnerabilidad, dejando de lado la participación de Lima Metropolitana y capital de provincia con zona urbana, lo que impacto negativamente en la participación.
Por otro lado, el porcentaje con mayor participación se encontró en la veeduría entrega del material educativo y estrategias educativas, representando para los estudiantes y docentes, herramientas fundamentales para el ejercicio de sus actividades académicas; con ello, corroboramos que, a mayor importancia del docente sobre la temática de veeduría, mayor es el impacto en la participación de los estudiantes.
TERCERO, promoción de valores éticos y cívicos que impulsen la participación ciudadana y el control social en los estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas públicas y privadas. De la evidencia empírica, hemos identificado iniciativas extracurriculares que fortalecen la participación, brindan oportunidad de sostenibilidad al programa y mayor ejecución de la veeduría escolar, tanto desde el MINEDU como de la Contraloría, siendo estas las siguientes:
En la región Callo a través de su Dirección Regional de Educación, incorporó como práctica ciudadana el trabajo articulado entre docentes, padres de familia y estudiantes, volviendo sostenible la intervención. La región Lambayeque, presentó la experiencia veeduría en la feria escolar Eureka 2021 creando impacto positivo en los estudiantes y ciudadanía que sirve de motivación a instituciones educativas que no participaron. Y, la región Cusco, donde se identificó impacto concreto de la intervención del programa, logró incorporar el ejercicio de veedurías escolares en los documentos pedagógicos a nivel regional, con ello, se garantiza el sostenimiento del programa en años posteriores. Como incidencia adicional, se identificó la implementación de una estrategia participativa en la región Lima Provincias denominada propuesta pedagógica “Markkunas Liwrisanawa” lengua originaria Jaqaru, significa Pueblos libres, que tiene como finalidad propiciar la reflexión y valoración de su historia local y regional, a través de, participación estudiantil con encuentros y elaboración de ensayos sobre la
participación de las provincias de la región en el proceso de la independencia del Perú a fin de promover el ejercicio de derechos y la ciudadanía en los estudiantes, actividades que se relacionan con el programa (Resolución Directoral Regional N.º 000306, 2021),
Así mismo, en el marco de sus facultades, la Contraloría General de la República organizó un conversatorio nacional “Auditores Juveniles fortaleciendo la legalidad e integridad como agentes de cambio” que motivó a los estudiantes a continuar con su labor fiscalizadora y sirvió de espacio para mostrar iniciativas de las regiones. Además, se emitieron reportes a las entidades donde la muestra estudiantil era representativa para la toma de decisiones de la autoridad local. Se pudo conocer gestiones de propuesta de convenios específicos con las Direcciones Regionales de Educación. Al respecto, podemos concluir que, si bien la evidencia corrobora la promoción de valores éticos, cívicos, la participación ciudadana y el control social a nivel nacional, estas iniciativas fueron aisladas, por tanto, no permitiría impacto real y sostenible en la comunidad educativa y el país.
PROPUESTAS
El análisis de resultado permite establecer una hoja de ruta con propuestas alternativas que podrían mejorar la participación estudiantil, la motivación del docente, los servicios públicos que recibe el estudiante y con ello, minimizar el impacto de la corrupción en nuestro país. Además, un efecto relativo estaría vinculado a la ciudadanía, con participación de padres de familia y la comunidad organizada que ven un espacio de participación política.
Entre las propuestas que podrían implementarse con criterios de gestión están:
Firmar convenio de cooperación interinstitucional especifico con la DRE en todas las regiones del país, de acuerdo a la realidad política, educativa, social, geográfica y cultural de la región, lo que permitiría impulsar veedurías como práctica cotidiana en la verificación de los servicios públicos dentro de su institución educativa y comunidad. Generar estrategias regionales, alineadas al programa Auditores Juveniles que potencien su implementación con actividades relacionadas a la participación política de los estudiantes, alcanzar el nivel primario con un enfoque lúdico. Generar espacios de intercambio sobre las condiciones para el éxito de tales iniciativas entre investigadores, funcionarios de educación y representantes de la sociedad civil. Implementar una plataforma digital que apoye las veedurías presenciales de ámbito nacional. Modificación en la política pública educativa, implementación de mecanismos de control social como parte del currículo nacional educativo.
Conclusiones:
PRIMERO, la corrupción es el principal problema público estructural en el país, perdiendo en el año 2020 y 2021 equivalente al 12% y 13% del presupuesto nacional, la mayor incidencia está en los gobiernos regionales y locales con 15% y 17% respectivamente.
SEGUNDO, en el año 2021 el programa Auditores Juveniles gestionó la participación de 425,966 estudiantes (21% a nivel nacional) de los cuales 359,711 son nuevos, pertenecientes a 7,214 instituciones educativas, los cuales realizaron 425,966 veedurías escolares con el acompañamiento de 257,347 padres, en las temáticas de propaganda electoral, entrega de material educativo, limpieza pública, entrega de Tablet, accesibilidad y ciclovías, y estrategias de aprendizaje y estrategias educativas, alcanzando una cobertura de 80% de distritos a nivel nacional.
TERCERO, la región con menor participación fue Madre De Dios (0.2%) y la de mayor participación fue Piura (15%), producto de criterios de desigualdad: cobertura de señal de internet o paquete de plan de datos, compromiso del directivo y motivación docente. Se identificaron iniciativas regionales como feria Eureka 2021 (Lambayeque), propuesta pedagógica “Markkunas Liwrisanawa” (Lima Provincias), incorporación de veedurías escolares en los documentos pedagógicos a nivel regional (Cusco).
CUARTO, la participación estudiantil está relacionada directamente con el compromiso del directivo y docente. Se proponen alternativas para mejorar su impacto como: convenio especifico con la DRE en todas las regiones del país, estrategias regionales, espacios de intercambio entre investigadores, funcionarios y representantes de la sociedad civil, plataforma digital que apoye las veedurías presenciales de ámbito nacional y modificación en la política pública educativa con criterios de control social como parte del currículo nacional educativo.
Bibliografía:
Alfaro, S. O. (2004). Corrupción y desarrollo: Deconstruyendo el discurso del Banco Mundial. Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (102), 657-682.
Andrade, Y. (2022). Participación Política Ciudadana En Michoacán. Revista de Direito da Cidade. Artículos Rev. Dir. Cid. 14 (1). https://doi.org/10.12957/rdc.2022.32975
Argandoña, A. (2006). La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y su impacto sobre las empresas internacionales. Documento de Investigación IESE Business School de la Universidad de Navarra, 656, 1-23.
Contraloría General de la República. (2018, 07 de diciembre). Compromiso para la Formación de los Ciudadanos del Bicentenario - Entre el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República. https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/1684350-compromiso-para-la-formacion-de-los-ciudadanos-del-bicentenario-entre-el-ministerio-de-educacion-y-la-contraloria-general-de-la-republica
Contraloría General de la República. (2022, 06 de julio). Perú perdió más de S/ 24 mil millones en 2021 por corrupción e inconducta funcional. https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/629665-peru-perdio-mas-de-s-24-mil-millones-en-2021-por-corrupcion-e-inconducta-funcional
Compromiso para la Formación de los Ciudadanos del Bicentenario, 07 de diciembre, 2018, https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/1684350-compromiso-para-la-formacion-de-los-ciudadanos-del-bicentenario-entre-el-ministerio-de-educacion-y-la-contraloria-general-de-la-republica
Convenio Interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación, 03 de diciembre, 2019, https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/1684321-convenio-de-cooperacion-interinstitucional-entre-la-contraloria-general-de-la-republica-y-el-ministerio-de-educacion
Del Perú, C. P. (1993). Constitución política del Perú. Lima, Perú. https://www.congreso.gob.pe/constitucionyreglamento/
Fajardo & Cervantes. (2020). Las teorías sobre la sociología de la educación y su impacto en los sistemas y políticas educativas en América Latina. Revista Boletín REDIPE 9(5):55-76-mayo 2020-ISSN 2 256-1536. DOI: 10.36260/rbr.v9i5.975
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (6° Ed.). México, D.F., México: McGraw Hill Interamericana.
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2020). Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones (Informe Técnico julio – diciembre 2019). Instituto Nacional de Estadística e Informática. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_gobernabilidad_febrero2020.pdf
Ley N.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. (2002, 22 de julio). https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/361328-27785
Ministerio de Educación. (2019, 31 de diciembre). Convenio 152-2019-MINEDU. https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/445365-152-2019-minedu
Ministerio de Educación. (2022, 26 de agosto). Información institucional. https://www.gob.pe/minedu
Pascagaza, E. F., & Estrada, L. C. C. (2020). Las teorías sobre la sociología de la educación y su impacto en los sistemas y políticas educativas en América Latina. Revista Boletín Redipe, 9(5), 55-76.
Proética (2019). XI Encuesta nacional anual sobre percepciones de corrupción. Proética. https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/
Resolución Directoral Regional N.º 000306-2021-DRELP. Aprueba la a Directiva N°005/GRL/DRELP-DGP/2021 - Lineamientos Específicos para el desarrollo de las Propuestas Pedagógicas durante el Año Escolar 2021 en las Instituciones y Programas Educativos de Educación Básica en el ámbito de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (2021, 19 de marzo). https://mail.drelp.gob.pe/resoluciones/r2021/RDR%20N%C2%B0%20000306-2021-DRELP.pdf
Sabucedo, J. M. (1988). Participación política. Psicología política, 165-194.
Saldarriaga, P., Bravo Cedeño, G., & Loor, M. (2016). La teoría constructivista de Jean Piaget y su significación para la pedagogía contemporánea. Dominio de las Ciencias, 2(3 Especial), 127-137. doi: http://dx.doi.org/10.23857/dc.v2i3 Especial.298
Shack, N., Pérez, J. & Portugal, L., (2021). Incidencia de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú 2020. Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú.
Tanaka, M. (2021, 09 de marzo). ¿Cómo se defiende la democracia? El Comercio. https://iep.org.pe/noticias/columnacomo-se-defiende-la-democracia-por-martin-tanaka/
Wielandt, G. (2007). La corrupción y la impunidad en el marco del desarrollo en América Latina y el Caribe: un enfoque centrado en derechos desde la perspectiva de las Naciones Unidas. CEPAL.
Palabras clave:
Corrupción, participación ciudadana, veeduría escolar
