Resumen de la Ponencia:

El transnacionalismo implica movimientos de individuos y de la sociedad civil a través de las fronteras (Peck, 2020). Las discusiones que se centran en el transnacionalismo abarcan las prácticas cotidianas (Innes, 2019) y la post-migración (Beauchemin & Safi, 2020). Aunque existen diversos tipos de prácticas sociales de la movilidad contemporánea, tres categorías coinciden en su visión: viajes médicos internacionales, migración a través de nodos clave dentro de la diáspora y formación de vida transnacional (Elliott & Urry, 2010). Las tres categorías se caracterizan porque involucran conjuntos específicos de capital de red y manifiestan inequidades de acceso a la salud, como la discriminación cotidiana contra los migrantes y su exclusión institucional y los efectos de los desequilibrios del estado de bienestar. Incluso, capturan en su finalidad, la atención médica y mejora en la calidad de vida, y han tenido un crecimiento considerable, en gran parte por la presencia de un contexto legislativo e institucional favorable. Desafortunadamente, durante la pandemia de COVID-19, las políticas de (in)movilidad afectaron el movimiento dentro de los países y a través de las fronteras internacionales (Brumat & Finn, 2021). Sin embargo, fueron más evidentes la mercantilización y la transnacionalización de los servicios de salud junto con las disparidades de salud en la población mundial y migrante (Palenga‐Möllenbeck, 2022). Healthy People 2020 define una disparidad de salud como “un tipo particular de diferencia de salud que está estrechamente relacionada con una desventaja social, económica y/o ambiental”. En este sentido, el modelo que entiende al migrante desvinculado de su sociedad de origen es el marco de análisis obligado de los movimientos migratorios internacionales contemporáneos, así como del devenir cotidiano de los sujetos y su entorno. En esta investigación se propone el análisis del marco teórico de la migración y del estado del bienestar que brindan perspectivas y evidencia relevante sobre el transnacionalismo y su nexo con la salud. Específicamente, se exploran los estudios de factores contextuales post-migratorios relacionados con la atención médica (Hossin, 2020). Cabe destacar que se utiliza el análisis de factores que movilizan los migrantes y que los hace superar, de cierta forma, las inequidades de acceso a la atención médica y las desigualdades globales de salud. En particular, se analiza como caso el turismo médico diaspórico mexicano y los retirados canadienses y estadounidenses viviendo en la Ribera de Chapala, México.

Introducción:

Resumen

 

No obstante que existe una amplia literatura sobre el transnacionalismo y la salud, a menudo carece de un enfoque crítico para comprender mejor la relación entre la variedad de problemas de salud de las poblaciones migrantes, las barreras significativas para acceder a la atención médica y las estrategias de afrontamiento o adaptación, que funcionan muchas veces como estilos de vida, para mejorar su salud y bienestar. Este estudio tiene como finalidad revisar en un conjunto de literatura académica, la configuración de la salud de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, los patrones y las tendencias del uso de la atención médica, uniendo dos perspectivas de investigación: los factores contextuales post-migratorios relacionados con el deterioro de la salud y las movilidades médicas contemporáneas como prácticas transnacionales. 

GT_22 - Migraciones, Refugio y otras Movilidades

 Introducción.

De acuerdo con Naciones Unidas, la población mundial actual (febrero de 2020) es de 7,800 millones, con una edad promedio de 29.6 años. Sin embargo, existe volatilidad de la población en muchos países debido a la migración internacional. Aunque se tienen distintas fuentes de medición de los flujos migratorios, existe una dificultad y subestimaciones en el contexto de la migración de retorno. Azose y Raftery (2019), estimaron que entre el 26 % y 31 % correspondía a los movimientos migratorios internacionales de retorno. Siendo el más alto el caso del flujo migratorio al país de origen, de Estados Unidos a México; estos autoress calcularon que durante el periodo 2010-2015 la cifra de retornados fue en promedio 1,309 millones de personas. Dependiendo de los estudios, generalmente medidos a partir de los datos del país anfitrión, las tasas de retorno varían de 20-75% entre los inmigrantes, los primeros cinco años después de su llegada a los países de la OCDE (OCDE 2008). Las estimaciones de los flujos migratorios son de uso potencial para estudiar las redes y los impulsores de la migración. 

Desarrollo:

La migración trae consigo costos y beneficios para los países de origen y destino. Luego, tras la migración, se presenta otro fenómeno, el transnacionalismo con múltiples impactos porque individuos, familias y comunidades mantienen múltiples conexiones a través de las fronteras nacionales.  El transnacionalismo abarcan discursos sobre prácticas cotidianas (Innes, 2019) y post migración (Beauchemin y Safi 2020). Además, se aprecia un creciente interés por el estudio del transnacionalismo y salud (Ormond y Lunt, 2022; Villa-Torres et al., 2017; Stan, 2015). 

De acuerdo con Wallace y Castaneda (2008), los migrantes mexicanos son el grupo poblacional o étnico con mayor propensión a los viajes médicos a su país de origen, debido a sus condiciones post-migratorias como la falta de seguro y familiaridad con el sistema de salud, discriminación y marginación. Según el estudio de Migración y Salud Retos y Oportunidades Actuales de Secretaría de Gobernación, CONACYT y Universidad de California publicado en 2018, la cobertura médica entre los migrantes mexicanos en E.E.U.U. es precaria, en 2016 al menos el 38 % contaban con un plan de seguro privado, en un sistema de salud basado en el mercado.

En la reciente literatura el transnacionalismo es visto como un componente de la globalización. Es por ello que el transnacionalismo se refiere a los movimientos de individuos y de la sociedad civil a través de las fronteras (Peck 2020), favorecidos e incentivados por una mayor conexión global. Los resultados del transnacionalismo y la globalización también revelan varios factores contextuales posteriores a la migración que pueden afectar la salud de las poblaciones transnacionales. La migración humana, el transnacionalismo y la salud son capturadas en diferentes de prácticas sociales de movilidad contemporánea, y junto con ello, involucra conjuntos específicos de capital de red. Estos diversos ensamblajes de humanos, objetos, tecnologías involucran prácticas sociales heterogéneas como viajes médicos a spas, hospitales, dentistas, ópticos, etc., viajes y nuevos estilos de vida transnacionales dentro de la jubilación (Elliot y Urry, 2010, p. 17). El transnacionalismo se presenta cuando existen conexiones e intercambios través de las fronteras mediante actividades y prácticas formales e informales. (Tedeschi, Vorobeva, y Jauhiainen 2020). En los últimos años, el transnacionalismo se ha convertido en un concepto importante en el campo de la salud pública, particularmente en relación con los resultados de salud de los migrantes y los turistas médicos.

Las poblaciones transnacionales pueden experimentar desafíos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales, lo que puede afectar su salud de diversas maneras. Por ejemplo, la pobreza puede conducir a inequidades de acceso a la salud tales como la discriminación cotidiana, la exclusión institucional y el desequilibrio del bienestar. La salud de los migrantes desde múltiples vulnerabilidades y discriminación sistémica corresponde a otro factor post-migratorio. Comprender estos impactos es importante si nuestras sociedades van a debatir de manera útil el papel del transnacionalismo y su alianza con la salud (Hossin, 2020). 

Las conexiones y redes transnacionales pueden desempeñar un papel positivo como en los viajes médicos internacionales, cuando se proporcionan información sobre las opciones de tratamiento disponibles, facilitando la comunicación y la planificación con profesionales médicos y proveedores de atención médica en el extranjero, y brindando apoyo logístico a los viajeros (Brown, 2008; Horton y Cole, 2011; Mathijsen, 2019).

El flujo de migración tiene varios y complejos impulsores que pueden interconectarse para dar forma a la dirección final y la naturaleza de movimiento. Entre los conductores significativos y potentes destacan, la migración arraigada culturalmente como estrategia de subsistencia, el estrés económico, demográfico y ambiental, y una marcada desigualdad de ingresos (Van Hear, Bakewell, y Long 2018). 

La crisis provocada por la pandemia de Covid-19 ha repercutido negativamente en los intercambios e imposibilitando la movilidad. Incluso, puso de manifiesto la necesidad de reconstruir el sistema de salud para eliminar las diversas dimensiones de disparidades en la salud que se presentan en la población migrante. Los patrones de migración se volvieron más complejos y han dado paso a la revisión de las desigualdades en salud como fuertes impulsores de la migración internacional. Además, la globalización promueve el crecimiento y el desarrollo, pero agudiza las desigualdades, el deterioro ambiental y la migración internacional (Hossin, 2020). Según este autor, se requiere una visión integral de los factores contextuales pre-migratorios como post-migratorios, para comprender la morfología de la salud de los migrantes dada la heterogeneidad de la población, más allá del estudio de las barreras de acceso a la atención médica, (Figura 1).

Figura 1. Visión integral para comprender la salud de los migrantes internacionales: factores pre migratorios y post migratorios 

Fuente: Hossin (2020).

Entre los factores contextuales post migratorios externos al migrante (Hossin, 2020) y que afectan la salud, son los procesos sociales de atención de la salud y factores institucionales y de derechos humanos, la exposición a nuevas enfermedades, incluso infecciosas, la discriminación, rechazo y hostilidades. Los migrantes mexicanos pueden haber sufrido discriminación o maltrato en el sistema de salud, lo que genera desconfianza en los proveedores de atención médica y renuencia a buscar atención (Feldman et al., 2010). Luego, una baja alfabetización en salud también puede representar una barrera para acceder a la atención médica, y un factor post migratorio, ya que los pacientes pueden tener dificultades para comprender la terminología médica o seguir los planes de tratamiento. Aunque aparece la falta de familiaridad con el nuevo contexto, ciertos estudios han encontrado que los niveles más altos de aculturación están asociados con niveles más bajos de actividad física, hábitos dietéticos más pobres y tasas más altas de obesidad y diabetes (Aguirre-Molina et al., 2013). Estos comportamientos socioculturales propician la aparición de enfermedades crónicas, posteriormente problemas de salud mental que llevan a los autotratamientos por las creencias culturales (Holmes, 2012).

Ciertas teorías de la migración brindan perspectivas y evidencia relevantes sobre el transnacionalismo y su nexo con la salud, sobre todo estudios que analizan cómo amortiguar las disparidades de salud entre los migrantes desde la perspectiva de los factores contextuales pre y post migratorios (Horton, 2013; Villa-Torres et al., 2017; Hossin, 2020). Un campo de estudio para abordarlo es el análisis de las redes y las formas de capital social que movilizan los migrantes y que los hace superar de cierta forma estos desequilibrios (Peck, 2020). Healthy People 2020 define una disparidad de salud como “un tipo particular de diferencia de salud que está estrechamente relacionada con una desventaja social, económica y/o ambiental”.

La atención médica es un derecho humano básico, y aunque Estados Unidos es uno de los países con mayor gasto en salud, el acceso a la atención médica sigue siendo un problema importante para los migrantes mexicanos (CONAPO), Secretaría de Gobernación, CONACYT y Universidad de California (México), 2018). La falta de seguro médico y barreras culturales y lingüísticas son algunas de las principales razones por las que los migrantes mexicanos tienen dificultades para acceder a la atención médica (Horton, 2013). 

Kaiser Family Foundation, en el año 2018, reportó que el 45% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos no tenía seguro médico posiblemente por los bajos ingresos o empleos sin cobertura patrocinada, lo que origina que retrasen su atención médica y traten afecciones médicas. Otro factor que influye en la dificultad de acceso es la barrera del idioma. A menudo, los migrantes mexicanos tienen dificultades para comunicarse con los proveedores de atención médica debido a la falta de fluidez en inglés, lo que puede llevar a malentendidos y errores en la atención médica. El miedo a la deportación también puede ser un factor que impida que los migrantes mexicanos busquen atención médica o bien si son recién llegados, porque no cuentan con ningún programa de salud pública (Derose, Escarce y Lurie, 2007). Portes, Fernandez-Kelly y Light (2012), exponen las dificultades de acceso y cómo se comportan los migrantes mexicanos con respecto al consumo de la atención médica en Estados Unidos (Figura 2). 

Figura 2. Dificultades en el acceso y comportamiento de migrantes mexicanos en el consumo de la atención médica en EE.UU.

 

 

Fuente: Portes, Fernandez-Kelly y Light (2012); Holmes (2012).

El sistema de salud en Estados Unidos está basado en el mercado de los seguros privados (Consejo Nacional de Población (CONAPO), Secretaría de Gobernación, CONACYT y Universidad de California (México), 2018). Por ello, es frecuente que los migrantes enfrenten obstáculos en el acceso a la atención médica. Como parte de una estrategia transnacional de cuidado de la salud, los migrantes en Estados Unidos, suelen buscar atención médica en México o en otros países (Collins et al., 2019; Vargas-Bustamante, 2019). Los migrantes buscan atención médica asequible, mayor comprensión del idioma y navegar eficazmente en un sistema de salud que les sea culturalmente familiar (Thomas y Gideon, 2013).  Suele ocurrir que los migrantes mexicanos pueden tener desconfianza hacia los médicos y sistemas de atención médica estadounidenses debido a experiencias previas de discriminación o desigualdad en el acceso a la atención médica (Derose, Escarce y Lurie, 2007). Sin embargo, estas estrategias transnacionales también pueden presentar desafíos, incluyendo la falta de regulación y supervisión en la atención médica en Estados Unidos y México. Además, los migrantes pueden enfrentar costos significativos en términos de tiempo y dinero cuando viajan a México para recibir atención médica, o bien, dificultades para coordinar la atención médica entre proveedores en ambos países.

Cuando no se tiene un estatus legal autorizado, los migrantes mexicanos, suelen recurrir a la medicina transnacional como una estrategia común para el cuidado de su salud. son opciones populares entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos, la medicina tradicional mexicana, como la herbolaria y la acupuntura (Vargas Bustamante, 2012).

Portes et al. (2012 p.13) distinguen como estrategias de afrontamiento de los inmigrantes y sus defensores la medicina informal, la compasión organizada (instituciones religiosas) y atención transnacional. Proveedores de servicios informales. El sector médico informal ofrece asistencia primaria, paliativos para condiciones crónicas y entre los mexicanos la medicina popular se presenta con los curanderos, parteras y sobadores. En la atención médica transnacional estos autores documentan como los migrantes no autorizados envían mensaje a su familia cuando se enferman y puede solicitar consejo a familiares o médicos locales para que envíen medicamentos o remedios caseros (Portes et al., 2012 p.17).

Una de las experiencias post-migratorias de los mexicanos en Estados Unidos es la medicina transnacional o uso transnacional de la atención médica. La medicina transnacional se refiere a la práctica de buscar atención médica en diferentes países, ya sea por motivos económicos, culturales, exposición y aparición de enfermedades crónicas o infecciosas, o necesidades especiales (Figura 3).

Figura 3. Experiencias post-migratorias del sistema de salud local y medicina transnacional

Fuente: Wan y Kwak (2015).

El uso transnacional de la atención médica proporciona interesantes visiones sobre su dinamismo y los detonantes del acto migratorio circular, periódico o recurrente. Los viajes médicos transnacionales como forma reconocida, informal o de facto de seguro de salud para algunas personas, constituyen una manifestación creciente de movilidades desiguales. En el caso de los mexicoamericanos que utilizan los servicios de salud, tanto para ellos o su familia en México o en California, existe un seguro de salud transfronterizo real disponible y se están considerando planes binacionales (Vargas-Bustamante, 2015). Por ello, es importante distinguir las estrategias y beneficios de las movilidades médicas contemporáneas para el retorno médico, es decir, la vuelta de las poblaciones transnacionales a sus países de origen después de recibir atención médica en otro país.

En el Cuadro 1 se presentan tres movilidades contemporáneas que presentan atención médica transfronteriza:, los viajes médicos internacionales, también conocida como medicina transnacional o turismo médico, la migración diásporica y la formación de vida transnacional. Se distinguen las características de cada una de las movilidades contemporáneas y las estrategias que presentan frente a la atención médica transfronteriza.

Cuadro 1. Movilidades contemporáneas para la atención médica transfronteriza

 

Fuente: elaboración propia con datos de Ellliot y Urry (2010).

 

Conclusiones:

En las últimas décadas, ha cobrado una importancia significativa en la atención sanitaria de las poblaciones transnacionales, el fenómeno de las movilidades médicas contemporáneas. Esta práctica se refiere a la búsqueda de atención médica en otro país distinto al de origen con el fin de recibir tratamientos de mayor calidad, menor costo o no disponibles en el país de origen. Además, la migración diaspórica y la formación de vida transnacional han creado nuevas oportunidades y desafíos en la gestión de la atención médica de estas poblaciones. Nuestra conceptualización de los factores post migratorios, el transnacionalismo ofrecen un marco útil para examinar las múltiples escalas afectan la salud, cómo utilizan estrategias de servicios de salud transfronterizos a partir de tres movilidades médicas contemporáneas: turismo médico, migración entre la diáspora y formación de vida tras la jubilación.

Bibliografía:

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Tedeschi, Miriam, Ekaterina Vorobeva, y Jussi S. Jauhiainen. 2020. “Transnationalism: current debates and new perspectives”. GeoJournal 87(2):603–19.

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Palabras clave:

Transnacionalismo, factores contextuales post-migratorios, movilidades médicas contemporáneas

Resumen de la Ponencia:

La presencia de COVID-19 modificó la cotidianidad de las personas en el mundo, exigiendo el reajuste de diferentes actividades ante las cuales se efectuaron novedosas estrategias para afrontar la pandemia. La ejecución de la investigación cualitativa se enfrentó a ese reto, ya que ante el panorama pandémico las metodologías usuales para la obtención de información tuvieron que configurar estrategias creativas para poder llevarse a cabo. El objetivo de esta ponencia es compartir la experiencia de un grupo de investigadoras que se enfrentó al desarrollo e implementación de una metodología cualitativa virtual desde una perspectiva crítico-interpretativa para conocer las vivencias de 14 mujeres embarazadas positivas a COVID-19. Las acciones implementadas en el proceso de obtención de la información etnográfica virtual de dicha investigación, como la aplicación de un cuestionario sociodemográfico y entrevistas semiestructuradas virtuales, permitió la conformación de una propuesta metodológica cualitativa virtual que se compuso por 3 etapas sustanciales; 1) El encuentro, en esta etapa se describe la técnica de primer contacto y disposición a participar de las informantes a través de herramientas digitales,  2) Antesala a la entrevista, en esta se describe la responsabilidad que adquiere el investigador respecto a la explicación y uso de la herramienta digital a la informante a través de la presentación de proyecto de investigación e instrumentos y 3) Aplicación de los instrumentos y organización del material, aquí se mencionan las ventajas, desventajas y retos en la ejecución de los instrumentos a través de una plataforma virtual para la obtención del dato etnográfico; además la logística en el guardado del material. Con lo anterior se busca generar una reflexión de los dinamismos, retos y compromisos a los que las disciplinas como la antropología, se enfrentan al realizar investigación cualitativa para comprender fenómenos complejos y abonar con ello a nuevas propuestas para a la acción, ya que cada etapa se desarrollan acciones previas y aplicativas que componen la presente propuesta metodológica cualitativa virtual, la cual permitió la continuidad del trabajo de campo en situaciones críticas que impiden el acercamiento físico como es el caso de la pandemia COVID-19.    

Resumen de la Ponencia:

El 4 de octubre de 2019 el gobierno de Sebastián Piñera anunciaba la subida de 30 pesos en el precio del pasaje de metro. A continuación, el 14 de octubre de 2019, el estudiantado secundario, hacía un llamado a la movilización y la desobediencia civil: “evadir no pagar otra forma de luchar” era el lema. La respuesta del gobierno se limitaba a una nefasta política comunicativa que señalaba “que quien madrugue (será) ayudado a través de una tarifa más baja” y a militarizar las estaciones de metro, generando con ello más caos, retrasos en los viajes y contestación social.El 18 de octubre, la presión popular hacía estallar, literalmente ilustrado en la quema de las estaciones de metro y el saqueo de supermercados, la tensa calma que vivía el país desde el retorno de la democracia en 1989. Como bien señalaban los y las manifestantes, no se trataba de 30 pesos, eran 30 años de despojo.En las calles del país se pudieron leer rayados de todo tipo, algunos que apuntaban a las condiciones materiales de vida como “tengo más rabia que plata pal pan” o “el gobierno ofrece migajas pero nosotras y nosotros queremos la panadería”. Otras hacían alusión a demandas de diferentes colectivos: estudiantes -“la deuda es la esclavitud moderna. No + CAE”-, niños/niñas/adolescentes institucionalizados -“el sename tortura a nuestros niños”-, feministas -“evade tu familia patriarcal”-, del coletivo LGTBIQ+ -“siempre marika nunca cobarde”-, entre otras muchas. Esto nos sitúa ante un sujeto histórico alejado del esencialismo de la primera internacional, diverso, que no otorga centralidad ontológica a la clase obrera (Laclau y Mouffe. 1987). La ponencia generará un recorrido situado a través del estallido social por el concepto gramsciano de grupos subalternos, no limitándolo “a las clases explotadas en el proceso de trabajo capitalista (Thomas; 2013:31). Sino que, como gritaban al mundo las paredes de Santiago, proyectando un sujeto protagonista del proceso enormemente heterogéneo. En la lógica que el propio Thomas (2013:31) desarrolla cuando señala que para Gramsci este concepto “incluye todos los grupos sociales oprimidos y relegados a los "márgenes" de la historia”.  Bibliografía consultada:Gramsci, A. (1986) Cuadernos de la cárcel, Tomo 4. México D.F., México: Ediciones Era.Laclau, E. y Mouffe, Ch. (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid, España: Siglo XXI.Thomas, P. (2013). Hegemony, passive revolution and the modern Prince. En Thesis Eleven, 117(1) 20–39.

Descripción de la Publicación académica:

La presente transición histórica intercivilizatoria no puede ser comprendida sin el conocimiento del impacto del neoliberalismo en las sociedades, en sus aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. El libro aborda estudios teóricos, metodológicos y temáticos de estos cambios por parte de diferentes autores, centrando su atención principalmente en nuestras sociedades de América Latina y el Caribe. Reconstruyen en sus tendencias en sus singularidades en las transformaciones presentes con prospectiva de futuro.

Descripción de la Publicación académica:

A partir da polêmica sobre ser (ou não ser) a superexploração uma categoria específica de países dependentes, ou generalizável a economias centrais, diante da intensificação da precarização das condições do trabalho, condição que o capital impõe atualmente ao trabalhador como forma de recuperar o lucro em momento de crise, o presente estudo mostra que a superexploração da força de trabalho conecta-se à transferência de maisvalor, como forma de compensação, e que o movimento de tendência entre essas unidades dialéticas demonstra a forma de acumulação que acontece em países dependentes. Dessa forma, a generalização da superexploração e sua extensão aos países centrais somente ocorre enquanto mecanismos de remuneração abaixo do valor necessário para a reprodução da força de trabalho, não representando a totalidade da reprodução das relações que conformam a dialética da dependência. Os elementos da economia brasileira, analisados nesta pesquisa, indicam que o país, a partir da abertura comercial e financeira dos anos 1990, intensificou a transferência de mais-valor ao exterior. Entre os elementos que surgem da economia brasileira que demonstram aumento da transferência de mais-valor, o estudo revelou que o crescimento dos investimentos estrangeiros no país acentuou o envio de lucros, dividendos e juros. Portanto, ocorre a transferência de mais-valor produzido no Brasil e apropriado externamente, o que intensifica as relações de dependência da economia do país. As condições de uso da força de trabalho no mercado de trabalho do Brasil se agravaram após a abertura comercial e financeira, quando a problemática da dependência determinada pela transferência de mais-valor se aguçou. Essa relação ocorre porque, no processo de desacumulação da economia brasileira e vulnerabilidades decorrentes das crises econômicas, o capital recupera a perda de mais-valor por meio da superexploração da força de trabalho. Desse modo, a partir dos elementos da economia brasileira, pode-se inferir que existe uma relação entre as unidades dialéticas, transferência de mais-valor e superexploração da força de trabalho. Essa relação, no entanto, acontece em um movimento de tendência, que indica a especificidade da função da superexploração em economias dependentes.

Resumen de la Ponencia:

Emile Durkheim (1893) denominó como “corps intermédiaires” (cuerpos intermediarios) a los grupos de profesionales que deberían fungir como intermediarios entre el Estado y los individuos. Este argumento contrastaba con la perspectiva del liberalismo clásico que intentaba eliminar tendencias corporativistas y clientelares de la vida social.En México la intermediación tomó una forma clientelar conectando partes de la población con el Estado. Sin embargo, desde las reformas neoliberales de las décadas de los años 80´s y 90´s algunas relaciones clientelares se han fracturado creando un vacío de intermediación en la Sociedad mexicana. Colombia también tiene una historia clientelar en donde la intermediación ha tomado múltiples formas. Después de la constitución de 1991 la intermediación se ha multiplicado siendo asumida -entre otros actores- por organizaciones de la sociedad civil que no alcanzan una legitimidad total. Con la intención de fomentar la validez de sus propuestas, estas organizaciones toman diversas medidas dentro de las que se encuentra la promoción de proyectos legislativos.A partir de entrevistas realizadas a integrantes de grupos de aficionados en México y Colombia, así como a personas que actúan como intermediarios entre instituciones oficiales y estas agrupaciones, se evidencia que la intermediación es percibida de manera diferente en los dos países, desencadenando discursos y acciones particulares respecto a las hinchadas y a la violencia en el futbol.En México, iniciando la primera década del Siglo XXI, existieron acercamientos entre tres barras de futbol y la Federación Mexicana de Futbol buscando estrategias para reducir la violencia. La Federación se retiró de estas conversaciones. Desde entonces se intensificó la pugna entre el Estado, preocupado por legislar de manera autoritaria y vertical, y las barras, interesadas en fortalecer sus proyectos colectivos. Algunas de estas agrupaciones intentan acercarse a la sociedad con acciones que generan beneficios sociales a corto plazo.  En casos esporádicos estas acciones se realizan con ayuda de intermediarios políticos.            En Colombia, las organizaciones intermediarias han hecho que prospere la intermediación entre los aficionados organizados y el Estado, generando leyes y políticas públicas con la intención de promover el “barrismo social”, así como la “seguridad”, “comodidad” y “convivencia” en los estadios. Sin embargo, esta intermediación no explica ni amplifica la filosofía de los proyectos barrísticos.             Mientras que en México la desconfianza respecto a los intermediarios y frente a lo estatal dificulta los acercamientos Estado-Sociedad Civil, conduciendo a que las barras continúen realizando acciones autogestionarias; en Colombia, las barras también continúan fortaleciendo sus proyectos barrísticos al mismo tiempo que la lucha de los intermediarios se enfoca en la búsqueda de “voluntades políticas” cuya ausencia dificulta la implementación de las políticas públicas que han construido pensando en reducir la violencia en el futbol.

Resumen de la Ponencia:

Inúmeros processos de desenvolvimento econômico, levados a cabo em diversas regiões do Brasil são sustentados no contínuo massacre dos povos e comunidades tradicionais. Estes processos, que em grande medida alimentam a economia primária exportadora do país, ceifam o meio ambiente, destruindo a natureza e a biodiversidade, que, para os povos e comunidades tradicionais são suas fontes de vida, e garantem sua reprodução material e espiritual. Esta condição histórica que se inicia nos marcos do inicio da colonização do país, se estende desde o século XIX até os dias atuais, e acontece por meio do expurgo e roubo de seus territórios. Um exemplo claro da intensa vulnerabilidade social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil, é a realidade das comunidades indígenas, quilombolas e pesqueiras que habitam a região da Planície Costeira do Rio Doce, localizada no litoral norte do estado do Espírito Santo. Ali, estão ainda organizadas, comunidades indígenas das etnias guaranis, comboios e tupiniquins, bem como comunidades quilombolas, além de grupos cuja principal atividade econômica é a pesca artesanal. A realidade das comunidades tradicionais da Planície Costeira do Rio Doce no Espírito Santo, é baseada na resistência política e social, como acontece em grande parte das comunidades tradicionais no Brasil. Nas palavras de Ferreira (2017 b, p.195), são “r-existências” construídas frente aos projetos de desenvolvimento econômico levados a cabo na região, como forma de preservar seus modos de vida e de produção, dando significado a um extenso patrimônio histórico e cultural brasileiro. Com mais detalhes, apresentaremos como o rompimento da barragem do Fundão/MG, da empresa Samarco, no município de Mariana/MG, que lançou na costa do Espírito Santo uma lama de rejeito de extração de minério, impactou o modo de vida e de produção dos povos e comunidades tradicionais da Planície Costeira do Rio Doce. Nosso objetivo é demonstrar como estas comunidades historicamente açoitadas pelos modelos de desenvolvimento econômico brasileiro, e renegada pelos modelos de desenvolvimento regionais, atualmente, passam a sofrer ainda mais, com um desastre sem precedentes na histórica do país, e cujas soluções de reparação de danos, ainda não oferecem saídas para pobreza e aumento da vulnerabilidade social. 

Resumen de la Ponencia:

¿Qué hace que alguien decida convertirse en aficionado de un equipo y no de otro? Para Alabarces (2001), la pregunta puede responderse con dos palabras: familia y patria. De hecho, tanto la familia como la localidad son los mejores predictores del apego de los fanáticos (Wann & James, 2018), pero ¿qué sucede cuando tu ciudad natal cuenta con dos equipos locales? La familia juega un papel importante, pero no es el único factor que los fanáticos consideran al elegir una afiliación. El fútbol es el deporte más popular en México, con más del 55% de la población que afirma ser seguidor de alguno de los muchos equipos del país (Consulta Mitosfky, 2021) y México cuenta con la mayor audiencia televisiva de partidos de fútbol en las Américas (Brewster & Brewster, 2018). Pero aún en este país amante del fútbol destaca la ciudad de Guadalajara (Antinori, 2021). La ciudad ha sido cuna de numerosos jugadores de renombre de la selección mexicana, como Javier “Chicharito'' Hernández, y otros, aunque nacidos en diferentes ciudades, son producto de las academias de los dos equipos locales actuales: Guadalajara y Atlas. Aunque ambos equipos tienen una historia similar, existe una gran brecha entre ellos en términos de éxitos. Ambos equipos tienen más de 100 años y forman parte de los diez miembros fundadores de la liga mexicana (Victoria, 2016). Pero el Guadalajara, mejor conocido por su apodo de “Chivas”, puede presumir de 12 campeonatos en esos 100 años, mientras que Atlas tiene apenas dos, con 70 años entre uno y otro. La lógica diría que Chivas tendría muchos más fanáticos que Atlas, pero la ciudad está dividida casi por igual entre los dos equipos. La localidad juega un papel importante en la decisión de seguir a cierto equipo (Wann & James, 2018), por lo que es natural que los nativos de Guadalajara apoyen a uno u otro de estos equipos, pero el rendimiento del equipo también es un factor importante en la afición, y solo Guadalajara podría considerarse exitoso. Este estudio analiza cómo los fanáticos de estos dos equipos expresan su afición y cómo se entiende la rivalidad desde la perspectiva de sus fanáticos. Se utilizaron una encuesta en línea (N=371) y entrevistas en línea (N=47) para recopilar datos. Los resultados de las pruebas U de Mann-Whitney muestran diferencias estadísticamente significativas en la forma en que los aficionados ven a sus equipos, confirmadas por los datos cualitativos. Se encuentran algunos puntos en común cuando se habla con los seguidores de cualquiera de los dos equipos, pero existen claras diferencias en términos de motivaciones, valores y expectativa. Mientras los seguidores de Chivas hablan de hechos concretos como campeonatos, los aficionados al Atlas hablan de amor a los colores y lealtad.

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de esta ponencia es analizar cuáles fueron las propuestas, los repertorios de acción y las formas de organización, a partir de relevar la importancia de los afectos y emociones, en el desarrollo del movimiento estudiantil feminista que se desarrolló en las universidades chilenas, tanto públicas como privadas, entre los meses de mayo y junio del año 2018, y que tuvo un fuerte impacto en el país, los medios de comunicación y la institucionalidad universitaria.Este movimiento estudiantil feminista -conocido como Tsunami Feminista- se sitúa en un contexto en el que están activos múltiples sociales en Chile, como es el caso del movimiento estudiantil universitario y secundario (con sus antecedentes del año 2006 y 2011), los movimientos de la diversidad y disidencia sexual, movimientos ambientalistas, etc. Asimismo, el movimiento feminista estudiantil cobra una enorme relevancia en tanto propone temas que articulan las demandas feministas con otras educativas (Follegati, 2018; Richard, 2018; De Fina y Figueroa, 2019; Paredes, 2019; Reyes-Housholder y Roque, 2019.En concreto, esta presentación trabaja el Tsunami Feminista, proceso mediante el cuál las estudiantes -tanto de universidades públicas como privadas de todo el país- ocuparon y paralizaron sus casas de estudio (con tomas de mujeres o mixtas, paros y marchas, etc.) para denunciar, visibilizar y luchar contra el acoso sexual universitario, como también para proponer una educación no sexista, criticando también el androcentrismo presente en la educación, y la brecha de género que ellas reproducen. Interesa especialmente relevar la importancia que tienen los afectos y emociones -enfocados desde la teoría de movimientos sociales- para comprender este proceso.Para ello, trabajaremos con materiales provenientes de la prensa escrita y online, revisión de redes sociales (páginas de Facebook, Instagram y Twitter de organizaciones) como también entrevistas (6) y grupos de discusión (5) a estudiantes que fueron parte del proceso, junto a la revisión de bibliografía actualizada del tema. Como resultados, proponemos que, junto a la construcción de demandas y reactualización de repertorios de acción, las emociones y los afectos fueron fundamentales para comprender la génesis, desarrollo y cierre de este proceso. 

Resumen de la Ponencia:

O presente trabalho tem como objeto de investigação os percursos socio-históricos da educação formal no bairro de Santo Amaro, localizado na cidade do Recife em Pernambuco, nordeste brasileiro. A formação do bairro, que coincide com o período de colonização brasileira, a educação centra-se no modelo tecnicista, sem dialogar com a realidade e sem formar a população local para a compreensão da vida e/ou ascensão social. Diante disso, foi percebido um movimento de reprodução que instigou a presente investigação: como se estabelece o percurso educacional no bairro de Santo Amaro no que diz respeito à educação formal? Dessa forma realizamos a pesquisa de campo com o objetivo de compreender a atualidade dos percursos educacionais traçados pelos alunos moradores do bairro de Santo Amaro e quais características a educação pública vinha tomando dentro desta realidade, a partir de seus posicionamentos e compreensões, articulando os contextos de exclusão social aos contextos educacionais e verificando os percursos educacionais dos moradores do bairro de Santo Amaro na educação formal, através da construção sócio histórica do bairro. Partimos dos estudos de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron (2014) para subsidiar e orientar nossa identificação. Foi encontrado que de certa forma, considerando renda, educação e trabalho, o trabalho se torna mais fundamental que a educação por este dar retorno imediato para a sobrevivência. Assim, quase que de forma naturalizada, as gerações se oponham a educação pela própria necessidade de existência, o que também é percebido pelo cruzamento entre renda familiar e nível de instrução do responsável pelo núcleo familiar. Segundo Bourdieu (2008) a “escolha do necessário” estabelece as condições que condicionam a existência e assim sendo estabelecem a constituição do que seria mais urgente, o que provoca uma disposição de distanciamento. Em suas palavras essa diferença “reside nas variações da distância objetiva e subjetiva ao mundo, a suas restrições materiais e urgências temporais” (BOURDIEU, 2008, p. 352). Ao não enxergar a valorização da escola, percebe-se a condução da não valorização do capital cultural como forma de ascender socialmente, justamente pelas condições materiais que descrevem. Logo, a ela não atribuem um valor ou um significado. Há coisas mais importantes – como viver, andar, vestir, comer - do que dedicar-se a um percurso educacional que poderá ou não render um acumulo de capital cultural capaz de gerar uma mobilidade social. Dessa forma, compreendemos que o conceito de “escolha do necessário”, pouco trabalhado dentro da sociologia da educação brasileira, torna-se fundamental dentro da perspectiva analítica para compreender a própria educação e suas contradições.

Resumen de la Ponencia:

Las policías en México realizan la mayor parte de su trabajo de “combate al delito” a partir de detenciones en condiciones de flagrancia. Acerca de estas detenciones distintas fuentes de información señalan problemas sistemáticos de arbitrariedad, uso excesivo de la fuerza, tortura o incomunicación. En este contexto, las audiencias iniciales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la Ciudad de México (CDMX) podrían ser una instancia de rendición de cuentas que inhiba en alguna medida los aspectos más negativos de estas prácticas de detención policial. Sin embargo, los pocos estudios sobre estas instancias en México y otros países de la región las presentan, en general, como una validación más o menos automática del trabajo policial. Para conocer cómo y en qué casos se determina la legalidad o ilegalidad de la detención policial en las audiencias iniciales del sistema penal de la Ciudad de México, analizo la información recabada por la observación de 776 audiencias de control de la CDMX, y de 45 entrevistas a jueces, defensores y fiscales. Tomo la teoría de las preocupaciones focales para analizar la interacción de los operadores jurídicos en las audiencias a partir de tres factores: el interés de todos los actores por mantener el flujo regular de audiencias, la orientación de los jueces en sus decisiones considerando la “protección de la comunidad” y la “peligrosidad” del detenido. El primer factor subraya las limitaciones de tiempo y organización, por lo que el centro de información sobre la que se debate la legalidad de la detención son solamente las narrativas de los fiscales a partir de los reportes policiales. En consecuencia, las narrativas serán cuestionadas en las audiencias por los defensores privilegiadamente en dos circunstancias: a) cuando la narrativa comete “errores” en su apego al guion de las normas sobre la flagrancia, b) cuando por características propias del tipo delictivo el relato “típico” se vuelve muy poco verosímil. Sin embargo, estas críticas serán mucho más efectivas en la decisión final de los jueces cuando se trata de delitos de menor importancia de acuerdo a la política criminal del gobierno de la ciudad (factor de protección a la comunidad), y si corresponden con “categorías de personas” que como señala el tercer factor, no son vistas como “peligrosas”. Se analizan la información y las hipótesis con una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Resumen de la Ponencia:

La emergencia sanitaria decretada a nivel mundial por la irrupción del COVID-19 tuvo y sigue teniendo consecuencias en todos los aspectos de la vida. Esto incluye el ámbito sanitario, político, económico, educativo y laboral, así como también las organizaciones domésticas, interacciones sociales y relaciones interpersonales. En este extenso contexto de reconfiguración de las actividades cotidianas, los modos de hacer investigación, también se vieron alterados. Como consecuencia, luego de un tiempo en que la investigación no asociada directamente con el nuevo virus fue pausada, se hizo necesario replantear las estrategias y redirigir los esfuerzos para la concreción de los proyectos pendientes. Más aún porque en el contexto de crisis, se agudizaron conflictos subyacentes y se puso de manifiesto, para el caso de la temática en la que se enfocaba el estudio, la fragilidad de los sistemas alimentarios.Esta ponencia tiene como propósito, dar a conocer un análisis crítico, basado en la experiencia asociada a los desafíos metodológicos de un equipo interdisciplinario de investigación para hacer frente a la necesidad de continuar un estudio cualitativo etnográfico iniciado antes de la pandemia y financiado con fondos públicos de salud, en contexto de excepcionalidad y confinamiento en Chile. Se indican las diversas fases reflexivas que sostuvimos como equipo investigador, cultivando una propuesta epistemológica crítica, al enfrentar un análisis situado complejo como lo es el contexto de crisis sanitarias, restricciones de la movilidad y limitación del contacto físico. Este replanteamiento nos permitió establecer una trayectoria, la que decidimos detallar y describir, para transparentar las acciones y transformaciones llevadas a cabo y que son vitales para dar cuenta de las lógicas de las ciencias sociales en función de las barreras macro-estructurales que pueden interferir en los procesos de nuestra labores académicas y segundo, porque esta reflexión no quería agotarse en   un relato testimonial interno, sino que pudiera comprenderse como un insumo idóneo para otros equipos de investigación, aportando en la visualización de una pedagogía basada en la superación de obstáculos/barreras y continuar con nuestro oficio (a pesar de todo): Es decir, la investigación social. 

Resumen de la Ponencia:

El ejercicio del periodismo de investigación en México ha desempeñó en los últimos sexenios, sobre todo, a partir de la alternancia político – partidista un papel cada vez más relevante como mecanismo de contrapeso social y político para la vida democrática del país y sus insituciones, particularmente, a través de la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, resultado de décadas de profundas luchas sociales que terminaron por consolidarse en la creación del IFAI (INAI) y su ley de transparencia. Avances democráticos que acompañados con derechos esenciales como los consagrados en los artículos 6º y 7º de la Constitución, en materia de libertad de expresión y acceso a la información, le han permitido desvelar actos de corrupción y exponer violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el periodismo de investigación en México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue fundamental para el escrutinio permanente del quehacer político y el empoderamiento de algunos sectores de la sociedad sobre lo público, con los riesgos que esta actividad representa, tanto para las fuentes de información como para los periodistas en búsqueda de verdad, memoria y justicia. Por ello es relevante estudiar las características de este tipo particular de periodismo, no solo como un actor, sino como un agente de cambio social, que a través de su actividad produce transformaciones significativas en la toma de decisiones políticas y en la deliberación pública -algunas de ellas a veces imperceptibles-, en el orden institucional del sistema político mexicano, pero no por ello inexistentes. Así pues, el periodismo de investigación supone la reconfiguración de un modelo de producción informativa distinto a los modelos tradicionales de relación con el poder: subversivo, cívido y dirigido por el mercado, que ha buscado marcar una clara y sana distancia, sin dejar de exigirle a las instancias gubernamentales su constante evolución en pro del interés público y de la consolidación de libertades y derechos en una sociedad democrática. El marco teórico-metodológico, consiste en dos acercamientos distintos, pero complementarios macro y microsociológicos: el primero, en torno a la democracia liberal; y el segundo, a partir de los planteamientos del Interaccionismo simbólico y las Comunidades de Práctica. Lo anterior, para dar cuenta de los debates relativos al proceso de creación y consolidación de las instituciones políticas que fungen como mecanismos de pesos y contrapesos en el sistema democrático y, para conocer la construción de prácticas y significados en comunidad de los periodistas de investigación, para ello se propuso un enfoque cualitativo con dos unidades de análisis: individuales (periodistas de investigación) y colectivas (unidades de investigación) y se utilizó la entrevista semiestructurada como técnica de investigación.                

Resumen de la Ponencia:

El sistema normativo mexicano se ha transformado profundamente desde inicios de los años 90, sobre todo gracias a la firma y ratificación de numerosos tratados de derechos humanos, cuyo hito es la reforma de derechos humanos de junio de 2011, con la cual se obliga a todas las autoridades en el país a respetar y garantizar los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales en la materia de los que nuestro país sea parte. Lamentablemente, podemos advertir que el disfrute efectivo de dichos derechos humanos en nuestro país dista mucho de ser una realidad cotidiana, tanto en el ámbito social como en el jurídico. Sin embargo, también es cada vez más frecuente que diversos actores sociales recurran a los tribunales para hacer valer sus derechos humanos, con el objetivo ulterior de transformar las prácticas jurídicas mismas. Lo que da cuenta de que el ámbito jurídico está en disputa y la herramienta de derechos humanos se usa cada vez más para hacer frente a los embates de los procesos extractivos y construir procesos de autonomía y autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, en tanto campo de disputa, los procesos de movilización social que tiene por objetivo hacer valer sus derechos humanos e incluso transformar democráticamente el marco jurídico, se enfrenta a contra movilizaciones legales y legislativas que tienen por objetivo frenar, desarticular, o posponer los cambios sociales reales que debería devenir de las movilizaciones legales. El presente trabajo se apoyará de la Teoría de los Movimientos sociales, particularmente del enfoque de la movilización legal y del enfoque de la Movilización de Recursos para ala Acción Colectiva para reflexionar se sobre los procesos de movilización legal llevados a cabo para obtener el derecho autonómico de elegir a sus autoridades bajo el régimen de “usos y costumbres” por las comunidades purépechas de Michoacán y las estrategias de contra movilización legal llevadas a cabo por el Estado para frenar e impedir el disfrute efectivo del derecho de los pueblos a la autonomía y autodeterminación. 

Resumen de la Ponencia:

La ponencia discute el efecto que la emergencia causada por el coronavirus y las medidas de mitigación establecidas por las agencias del Estado, en la capacidad de las familias mexicanas urbanas de estratos bajos y medios para acceder a alimentos sanos y suficientes de manera estable y satisfactoria, durante la contingencia. El estudio situado en la ciudad de Aguascalientes, México, identifica los espacios y prácticas de la alimentación que se plantearon como problemáticos durante la pandemia, los recursos de los que las personas echaron mano para sortear la crisis y las posibilidades que encontraron para movilizarlos en un entorno que también experimentó alteraciones, tanto por la crisis en sí misma, como por la reacción de los mercados alimentarios y la intervención pública que actuó (o no) para mitigar los riesgos. La discusión, además, explora cómo cambia la experiencia de la crisis y la respectiva capacidad de afrontar sus consecuencias, en función de la posición económica y social, incorporando al análisis una perspectiva de desigualdad.La información se desprende de un estudio original de corte cualitativo realizado durante 2021, basado en entrevistas semiestructuradas a profundidad con las personas encargadas de la alimentación en familias residentes en la ciudad. Entre sus hallazgos principales se encuentran:El impacto de la pandemia en la capacidad de los hogares para mantener empleos e ingresos es claramente diferenciado: mientras los hogares del estrato medio mantuvieron sus trabajos y salarios íntegros, con la posibilidad de trabajar desde casa, las familias de estratos populares perdieron empleos, ingresos y oportunidades para colocarse nuevamente en el mercado de trabajo, por lo que algunos de sus integrantes tuvieron que incursionar en el trabajo informal.Las familias percibieron variaciones en la calidad de su dieta durante el confinamiento, pero por razones distintas y con consecuencias diferentes en cada estrato socioeconómico: mientras el grupo medio recurrió a consumos menos nutritivos por razones de entretenimiento que después pudo “corregir” mejorando sus hábitos alimentarios, el grupo con menores ingresos hizo lo propio por razones económicas mucho más difíciles de revertir, sumando precariedad a hábitos alimentarios que de suyo consideraban no idóneos. }La satisfacción de necesidades básicas plantea una competencia por los recursos domésticos, tanto en el presente como en el futuro. La pandemia alteró los términos de esta competencia, obligando a hacer cambios que encontraron en la alimentación un primer espacio de ajuste. Disminuir porciones, adquirir alimentos más baratos, abandonar el consumo de alimentos preferidos u omitir comidas, no sólo son síntomas de un estado pasivo de inseguridad alimentaria, sino respuestas activas de las familias –especialmente de las que cuentan con menos recursos- para resolver otras necesidades en momentos de crisis.

Resumen de la Ponencia:

O corpo é, sem dúvida, o ponto de partida para “sermos” no mundo; estudar seu impacto no mundo bem como o impacto do próprio mundo em cada corpo torna-se um dever das Ciências Sociais. Pensando os sentidos e as percepções sobre o corpo e a própria corporeidade em voga no cenário atual das grandes cidades, ao acompanhar a #harmonizaçãofacial pela rede social Instagram, especialmente em um contexto histórico que envolve pandemia e pós-pandemia da COVID-19, em que os corpos enfrentaram diversos desafios e transformações, observa-se a constituição de novas movimentações simbólicas, com repercussões sociais e culturais. Assim, esta proposta aborda um pequeno recorte e olhar sobre algumas destas movimentações e seus significativos impactos a cerca de um imaginário sobre beleza que o conceito de harmonização facial, no intuito de fomentar um mercado significativo consolidado na instituição dos espaços urbanos estéticos, recria para o campo da estética aplicada[1]. Neste viés, este breve relato de experiência deve ser inserido na linha temática sobre “Estigma e pandemia: corpo e desigualdade nas cidades latino-americanas”, já que busca, sobretudo, realizar um questionamento sobre as possibilidades de tensões, disputas, buscas por reprodução e, por outro lado, resistências em torno de um imaginário estético contemporâneo recriado pelas postagens remarcadas pelas imagens e mensagens que circulam com “hastag” #harmonização facial. Palavras-chave: harmonização facial, Instagram, corpo, imaginário, sensibilidades[1]Na matéria “Tempo em casa e nas redes sociais aumenta busca por procedimentos estéticos” é apontado que além do aumento em casos de bruxismo e fraturas dentárias após meses de quarentena, alguns profissionais da odontologia e saúde bucal começaram a relatar também uma alta nas buscas por procedimentos estéticos como harmonização fácil, bichectomia e aplicação de botox. É salientado que: “As pessoas fizeram muitas lives e, se vendo depois do vídeo, queriam mudar o sorriso, melhorar a cor dos dentes, alguns também quiseram retocar a face”, aponta Mario Cappellette, presidente do núcleo paulista da Associação Brasileira de Odontologia (ABO-SP).”FONTE: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,tempo-em-casa-e-nas-redes-sociais-aumenta-busca-por-procedimentos-esteticos,70003491712 

Resumen de la Ponencia:

En la región latinoamericana los principales enfoques de la Sociología de la Juventud han mostrado limitaciones teórico-metodológicas para abordar a las y los sujetos jóvenes emergentes en el siglo XXI. En las investigaciones no es raro que el aserto de que “no existe una sola juventud, sino múltiples juventudes” se maneje como una premisa de la que hay que dar cuenta protocolariamente, pero que no trasciende ni se hace operativa en los abordajes. De tal suerte, las categorías con las que se interpela a sujetos situados de estudio suelen reproducir cierta lógica metonímica que ha estado presente en el campo; o ser desbordadas por las transformaciones de los sujetos y sus contextos tornándose ahistóricas y anquilosadas; o bien a limitar la teorización al agotarse en su particularismo; o a reproducir estigmas socioterritoriales y coloniales, si se les usa de manera acrítica e ireflexiva. A partir de la discusión realizada en una investigación cualitativa de corte exploratorio sobre la territorialidad de las juventudes en Milpa Alta –alcaldía sui géneris entre las 16 que territorialmente componen a la Ciudad de México–, se propone como una alternativa operativa la formulación de categorías contextuales para interpelar a las juventudes como parte de la construcción de los sujetos de estudio en las investigaciones. Propuesta que puede enmarcarse en las tareas que reclama el tránsito hacia una Sociología de las Juventudes Emergentes.       

Resumen de la Ponencia:

La pandemia por COVID-19 y sus medidas de mitigación, constituyen un escenario de estrés de los entornos alimentarios que potencia estrategias de conveniencia de los hogares para abastecerse y consumir sus alimentos. La evidencia señala que las precauciones adoptadas para mitigar los contagios están llevando a una importante alteración de los entornos en todo el mundo. Ello está impactando en las prácticas alimentarias de las personas y puede deteriorar el estado nutricional de la población. Las alteraciones en los entornos se han dado sobre la base de desigualdades preexistentes, acentuándolas: afectan en mayor medida a quienes ya presentaban inseguridad alimentaria, a quienes tienen menos opciones de recurrir a nuevas estrategias de compra y abastecimiento de alimentos y a quienes tienen menores ingresos. Uno de los grupos mayormente afectados son hogares con niños, niñas y adolescentes. En Chile los indicadores de inseguridad alimentaria, ingresos y ocupación empeoraron durante la pandemia en el año 2020, impactos que se profundizan en hogares con niños, niñas y adolescentes. En este contexto es urgente comprender de mejor manera las dinámicas intradomiciliarias que afectan el abastecimiento alimentario para aumentar la pertinencia de intervenciones que contribuyan a eliminar obstáculos en el acceso a alimentos saludables, desde un enfoque de equidad. Desde el estudio de los entornos alimentarios se ha reconocido la necesidad de comprender las formas en las personas habitan sus entornos y no solo el tipo, precio, calidad y cantidad de los alimentos disponibles en ellos.Esta ponencia se propone entregar los primeros resultados de un estudio de métodos mixtos que busca, primero, por medio de análisis epidemiológicos de datos secundarios de una encuesta auto aplicada durante la cuarentena de la ciudad de Santiago, entregar un panorama general de la relación entre el acceso alimentario externo en pandemia y el consumo de alimentos de niños, niñas y adolescentes; para luego, profundizar en sus resultados mediante una etapa cualitativa de aplicación de entrevistas y uso de fotografías que visibilice los arreglos de género y edad al interior de los hogares en torno a los alimentos. Se espera contribuir a una comprensión más holística de los modos en los entornos alimentarios domésticos moldean el acceso alimentario de los hogares visibilizando las desigualdades que allí se expresan.

Resumen de la Ponencia:

O semiárido do Nordeste brasileiro tem um histórico de escassez de água, por sua vez associado a conflitos, estratégias de dominação das elites, fome, morte e saída dos flagelados da seca para o litoral e outras regiões. Os órgãos públicos procuraram durante décadas dar resposta à seca através da construção de infraestruturas hídricas (barragens, adutoras, poços...), mudando de estratégia nas últimas décadas para a convivência com o semiárido, que incluiu um outro entendimento sobre o problema, assim como adoção de tecnologias sociais operadas pelos usuários e políticas sociais de fortalecimento das comunidades mais vulneráveis. Apesar do que foi feito e da chegada da água da transposição do rio São Francisco, vários especialistas questionam os encaminhamentos, a visão sobre a seca e gestão da água. No seguimento de reflexões internacionais, João Abner Guimarães Júnior, entre outros, tem insistido que o problema do Nordeste, e em particular do Rio Grande do Norte, é de gestão, havendo água para suprir as demandas do abastecimento doméstico e da agropecuária. A última seca 2012-2018 coloca a questão em outro patamar, na medida em que introduz a temática do agravamento das mudanças climáticas e, por consequência, da necessidade de planejamento adaptativo, resposta emergencial e justiça hídrica. O objetivo do artigo é discutir a resposta dos órgãos públicas em termos hídricos ao impacto das mudanças climáticas, analisando em particular se a visão sobre usos da água e acesso seguem a discussão sobre clima e justiça social ou se se mantém o paradigma de construir infraestruturas para alimentar o modelo agro-exportador consumidor de grandes quantitativos de água. Para se cumprirem os objetivos, analisamos a literatura e as políticas públicas com incidência na questão climática.

Introducción:

O histórico de secas do semiárido do Nordeste brasileiro marca a sua identidade, associando a dimensão climática a dimensões socioculturais, a políticas públicas e a práticas tradicionais que permitem lidar com a escassez de água. A seca se apresenta através de dimensões sociológicas impregnadas no modo de ser e se relacionar das comunidades. A literatura e o jornalismo desde cedo deram a conhecer o problema ao Brasil e ao mundo, contribuindo igualmente na construção de uma identidade regional em que a seca se apresenta como elemento central. Os relatos não mostram apenas os episódios de seca, mas igualmente a resistência do sertanejo face à seca e às desigualdades no acesso à terra e água, bem como as características do bioma e o desenvolvimento de atividades econômicas em um contexto climático adverso e dominado pelas elites regionais históricas (Cunha, 2016; Albuquerque Júnior, 2011; Ferreira, 2021). 

Sobre a dimensão social do fenômeno, Djacir Menezes (1970, p.185) afirmou que “a sêca é fenômeno sociológico mais que meteorológico", repercutindo-se "no meio humano com tanto mais força quanto mais densas as relações humanas” . O tema tem a ver essencialmente com os interesses enraizados e capacidade de influência das elites, que historicamente se articulam para tirar benefício do reforço da resposta hidráulica à seca. A discussão é conhecida como "indústria da seca", sobre a qual Callado (1960, p. 5-7) afirma que “Naturalmente, há uma teia de interesses criados que envolvem uma tradicional calamidade brasileira. Mas é uma indústria disfarçada e indefinida”, beneficiando aqueles cujas terras ficarem na área irrigável dos açudes, que enriquecem do dia para a noite.

A seca é conhecida desde a chegada dos portugueses e a construção de açudes foi a primeira medida que implementaram. A partir da Grande Seca de 1877-1879 o problema ganhou atenção nacional. Mais tarde, a criação de órgãos federais específicos procurou dar resposta à seca através da construção de infraestruturas hídricas, destacando-se a construção de açudes, barragens, adutoras, e a abertura de cacimbas e poços. Buscou-se igualmente conhecer mais sobre a região através do envio de Comissões Científicas, ainda assim demorando a consolidar a resposta federal ao problema.

A criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), em 1909, e dos desenvolvimentos posteriores, constitui um marco importante, assistindo-se gradualmente a uma mudança de tipologia de resposta ao problema, enveredando pela chamada convivência com o semiárido. Do ponto de vista interno podemos considerar que essa mudança foi influenciada por dinâmicas por sua vez ligadas a perspectivas de desenvolvimento decorrentes da criação, em 1959, da SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 

A partir da década de 1990, pela forte influência dos movimentos e organizações da sociedade, o paradigma da convivência com o semiárido operou uma grande transformação que repercutiu com maior amplitude no espaço rural nordestino, diminuindo os problemas socioeconômicos mais latentes da região. A nova visão inclui, nomeadamente, outro entendimento sobre o problema da seca, assim como adoção de tecnologias sociais operadas pelos usuários e políticas sociais de fortalecimento das comunidades mais vulneráveis, no que apresenta um forte vínculo à dinamização da agricultura familiar e promoção da agroecologia como proposta de soberania alimentar (Buriti e Barbosa, 2018; De Moura e Granja, 2022). No paradigma hidráulico foram importantes os avanços no armazenamento de água, mas ainda é necessário fazer muito quanto à universalização do acesso e à gestão. O último período de seca 2012-2018, coloca a questão em outro patamar, na medida em que introduz a temática do agravamento das mudanças climáticas e a necessidade de planejamento adaptativo, reforçando a preocupação com a justiça hídrica, o cumprimento do direito humano à água e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. 

A chegada da água da transposição do rio São Francisco, em 2017 aos estados de Pernambuco e Paraíba, e em 2022 aos estados do Ceará e Rio Grande do Norte, atenuou a rejeição sofrida inicialmente, passando a ser questionada de forma menos conflituosa, dado se tratar de um reforço na garantia hídrica regional. Ainda assim, no seguimento de reflexões de autores como Pedro Arrojo Agudo (2009), vários especialistas questionam os encaminhamentos e a visão sobre a seca e gestão da água, quanto ao fato da crise hídrica ser primeiramente uma crise de governança e de ser necessária uma nova cultura da água. Sobre o Nordeste, e em particular do Rio Grande do Norte, João |Abner Guimarães Júnior (2016) tem insistido que o problema é de gestão, havendo água para suprir as demandas do abastecimento doméstico e da agropecuária. 

É nosso objetivo discutir os novos desafios da gestão de recursos hídricos no Rio Grande do Norte face ao impacto das mudanças climáticas, analisando em particular se a gestão detém capacidade de resposta para o agravamento de problemas relacionados à escassez hídrica ou se mantém estruturas políticas que tornam o acesso à água desigual. Em particular, analisamos se a visão sobre usos da água e acesso seguem a discussão sobre clima e justiça social ou se se mantém o paradigma de construir infraestruturas para alimentar o modelo agro-exportador consumidor de grandes quantitativos de água. Para tal, partimos do pressuposto que a convivência com o semiárido se coloca já como uma política de adaptação climática, porém, com limitações de contexto e tipologia de resposta, essencialmente decorrentes do abastecimento de água rural e de sistemas produtivos familiares que garantam soberania alimentar; enquanto isso, a adaptação remete para o planejamento adaptativo de cidades e municípios de forma mais abrangente. Para cumprir nossos objetivos, procedemos à revisão da literatura sobre as temáticas do semiárido e da adaptação e à análise das políticas públicas estaduais com incidência na questão climática.

 

*A pesquisa integra o projeto Desafios para a gestão sócio-ambiental e de adaptação às mudanças climáticas em cenários de riscos e vulnerabilidades socioambientais em municípios do semiárido do Rio Grande do Norte financiando pela FAPERN – Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte, com coordenação geral no Programa de Pós Graduação em Estudos Urbanos e Regionais da professora Zoraide Souza Pessoa.

Desarrollo:

Evolução das estratégias de resposta às secas no semiárido nordestino

Historicamente, uma das dificuldades na resposta às secas era não só a ausência do tema na agenda política mas, sobretudo, a falta de conhecimento sobre o território e a falta de vias e meios de transporte, o que atrasava a chegada de notícias e de auxílio. Por ordem imperial foram nomeadas várias comissões científicas. Antes da Grande Seca, a Comissão Científica de Exploração que esteve no Ceará, de 1859 a 1861 acabou não encontrando um quadro climático crítico, pois foram anos regulares. A partir de 1877 seguiu-se uma Comissão Científica do Instituto Politécnico presidida pelo Conde D’Eu, que propôs importantes obras para a região. Em 1881, outra Comissão Científica recomendou a criação de uma instituição voltada ao combate da seca e a construção de açudes, consolidando-se a partir daqui a açudagem como instrumento de combate à seca (Macedo, 2014).

A Grande Seca do séc. XIX foi marcada pelas primeiras políticas de auxílio aos chamados retirantes ou flagelados da seca, que passam a ser enviados para as frentes de trabalho na região, mas também para a exploração da borracha na Amazônia e para a produção de café no eixo São Paulo-Rio de Janeiro (Ferreira; Paiva; Mélo, 2020). Face à gravidade do problema, em 1878, no Ceará foi aprovada a proposta Pompeu-Sinimbú com o objetivo de dar trabalho aos flagelados (Cândido, 2012; Sousa, 2019), iniciando uma nova fase nas políticas de resposta à seca, que deu trabalho, permitiu construir várias infraestruturas, como sejam as linhas de trem, e afastou os retirantes da ‘ociosidade’ e constituiu uma imposição aos considerados aptos para acessarem ao socorro do governo (Cândido, 2012). 

A ocorrência de secas no início do séc. XX impulsionou a criação, em 1904, no Ceará da Comissão de Açudes e Irrigação e no RN da Comissão de Estudos e Obras Contra os Efeitos das Secas e da Comissão de Perfuração de Poços, as quais, segundo Guerra (1981), estiveram na origem da criação de instituições nacionais: primeiro, da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), criada em 1909, através do Decreto 7.619 de 21 de Outubro, sendo o primeiro órgão a estudar a problemática do semiárido; passando a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS), em 1919, pelo Decreto 13.687; e finalmente a Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em 1945 pelo Decreto-Lei 8.846, de 28 de Dezembro. Não menos importante foi a Constituição Federal de 16 de julho de 1934, que introduziu uma primeira tentativa de planejar possíveis respostas à seca e cujo Art. 177, regulamentado pela Lei 175, de 7 de janeiro de 1936, criando o Polígono das Secas, a primeira delimitação territorial a ser beneficiada com ações governamentais de defesa contra os efeitos da seca, envolvendo grande parte do atual território do Nordeste brasileiro neste recorte espacial. Ao longo do tempo, foram incorporados outros territórios de estados localizados na região sudeste do Brasil.

É conhecido historicamente o fenômeno das secas no semiárido nordestino, porém, durante séculos pouco ou nada foi feito, à exceção de peditórios assistencialistas e da construção dos primeiros açudes para armazenamento de água. A construção de reservatórios marcou as políticas durante o Império, nesse sentido os governos provinciais tentavam a todo custo garantir as suas necessidades de água. A severidade das secas da primeira metade do séc. XIX, em particular das secas de 1844 e 1845, mostrou ser urgente avançar com políticas públicas de reforço do armazenamento de água e de apoio às populações. Todavia, mais três décadas sem a ocorrência de secas quase fizeram esquecer o problema, deixando a região impreparada. A Grande Seca de 1877-1879 provocou milhares de mortos por ausência de auxílio alimentar, motivando a atenção do Imperador, que em visita a Fortaleza afirmou: “Venda-se o último brilhante da coroa, contanto que nenhum brasileiro morra de fome!" (Ferreira, 2021).

Data de 1707 o primeiro relato da prática da construção de açudes, atribuído ao padre Manoel de Jesus Borges, mas a prática seria comum, uma vez que os portugueses usavam-nos na metrópole. Seguiram-se outros, geralmente construídos de pedras ou terra a reter a água aproveitando o relevo. O açude Velho de Campina Grande foi construído em 1830. Com a ocorrência da Grande Seca a açudagem ganhou novo fôlego, ficando marcada pela construção, por ordem de D. Pedro II, do Açude do Cedro, em Quixandá, Ceará. A partir da criação do IOCS aumentou o número de reservatórios, tanto públicos quanto privados. Em 1936 foi construído o açude Itans (Caicó), em 1942 o Sistema Curema-Mãe D`Água; em 1961 foi concluído o açude Orós, no Ceará; em 1968 o açude de Pau dos Ferros; em 1973 foram iniciadas as obras da barragem do Sobradinho integradas nas políticas do Governo federal de construção de grandes projetos hidroelétricas.

Das obras contemporâneas, destaca-se a inauguração, em 1983, da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a maior do Rio Grande do Norte; e em 2003 foi inaugurado o açude Castanhão, no Ceará, o maior açude do Nordeste. Em 2017 foi inaugurado o Eixo Leste da transposição da água do Rio São Francisco, que viu em 2022 ser inaugurado o Eixo Norte. No Rio Grande do Norte a expectativa é que em 2023 seja inaugurada a barragem de Oiticica, que além do controle de inundações e segurança hídrica dos municípios do interior do estado, terá a função de reservatório de armazenamento da água da transposição disponível para uso na barragem Armando Ribeiro Gonçalves.

 

Transição de agendas governamentais no Nordeste: do combate à seca à convivência com o clima semiárido

A região persiste na insistência hidráulica, que considera as obras hídricas como indutoras de desenvolvimento. Esse paradigma não é um exclusivo do Brasil, foi assim durante cerca de um século, mas a partir da década de 1960 deu destaque a preocupações com a disponibilidade do recurso, a desigual distribuição e a contaminação, temas colocados em pauta na cena internacional, que evoluíram e repercutiram na tipologia de resposta à seca nordestina, que em muitos momentos contou com o socorro de instituições multilaterais como as Nações Unidas e o Banco Mundial, nas últimas décadas..

A mudança de paradigma iniciou-se a partir da criação da SUDENE, em 1959, quando na presidência de Juscelino Kubitschek, com Celso Furtado na coordenação do novo órgão e de uma nova de estratégia de desenvolvimento do Nordeste, fica notória uma preocupação em criar condições para que os flagelados da seca não tivessem de abandonar os seus territórios. A sua visão mais alargada de desenvolvimento e os planos de irrigação nacionais e regionais subsequentes visaram criar condições de emprego e diversificação das atividades econômicas, incluindo agrícolas. Contudo, não evitou o grande fluxo de migração registrado no Nordeste entre as décadas de 1960 a 1980 em direção ao sudeste brasileiro. 

A passagem do combate à seca para a convivência com o semiárido apenas começaria a incorporar essa perspectiva a partir da segunda década de 1990, integrando igualmente a proposta de implementação de tecnologias sociais, que como afirmam Buriti e Barbosa (2018, p. 62), passam por ações “desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social”. O combate à seca significa enfrentar o clima através de obras hidráulicas e de políticas assistencialistas no auxílio às populações. A convivência com o semiárido implica políticas transversais de apoio ao retirante, mas também à agricultura familiar, aplicação de tecnologias sociais e de políticas de apoio aos trabalhadores do campo (Buriti e Barbosa, 2018; De Moura e Granja, 2022). Os desenvolvimentos ocorridos a partir desta década seguem três tendências complementares.

Desde a aprovação da Constituição Federal de 1988 e até meados da década seguinte assiste-se ao surgimento de novos atores sociais (De Moura; Granja, 2022) resultantes da abertura participativa e democrática, a novas políticas públicas transversais e desenvolvimentos no campo científico que beneficiaram proprietários agrícolas ou mesmo sem terra, que até essa data praticavam agricultura de subsistência. Destacam-se as transformações na ciência dos solos e agroecologia que acaba estando na origem do forte fomento da agricultura familiar no Brasil através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), criado em 1995 pelo Governo Federal. Paralelamente, é importante destacar os seguros de colheita e a assistência técnica e extensão rural. Entre outras medidas que se foram fortalecendo de referir a aposentadoria rural, a expansão da rede de escolas, o abastecimento de água, a criação de unidades de saúde e outros serviços públicos igualmente importantes.Centralidade do clima e tecnologias sociais através de políticas públicas de baixo para cima, correspondendo ao momento da criação da Articulação Semiárido (ASA), surgida no contexto da discussão climática internacional ocorrida em Recife, em 1999, da Conferência das Partes sobre Mudança Climática (COP3). A ASA lançou uma alteração de paradigma com preocupações de acesso universal à água e terra por parte das famílias do semiárido. O P1MC – Programa Um Milhão de Cisternas e o P1+2 Programa Uma Terra e Duas Águas foram importantes indutores da pequena agricultura familiar e da valorização da mulher do semiárido. Esta fase alarga-se igualmente a preocupações com o desenvolvimento sustentável e o acesso universal a outros serviços públicos, entre eles a saúde, educação, a moradia e igualdade de gênero. Com críticas ao modelo depradatório da natureza, “a lógica da convivência emergente na lei adere ao discurso de protagonismo social da sociedade civil”, ou seja, consolida-se a convivência com o semiárido não como apenas uma tipologia, vem pautada com a lógica da democratização do acesso à terra e à água, e influenciando “novas formas de ações das organizações da sociedade civil” e das políticas públicas regionais, assim como “novas relações entre Estado e Sociedade” (De Moura; Granja, 2022, p.3-4)Nos anos mais recentes têm emergido uma preocupação mais abrangente sobre território, clima e adaptação planejada. Esse momento resulta das preocupações climáticas globais, mas também do fato da seca 2012-2018 trazer novas preocupações. A expectativa é que se implementem políticas com visão integrada do problema, respostas diversificadas e articuladas entre a União, a política estadual e municipal.

O enfrentamento das mudanças climáticas nos coloca perante desafios de diferentes níveis e problemas que fomos adiando e que agora se multiplicam (Marengo, Cunha & Alves, 2016). A ausência de soluções de saneamento na maioria dos municípios, a poluição setorial da agricultura ou indústria são uma dificuldade acrescida. Mas também os problemas na gestão (Guimarães Junior, 2016) e dificuldades estruturais de garantia de reserva de água nos mananciais, o que obriga à aplicação de medidas como sejam rotatividade do abastecimento e situações de corte no abastecimento e a necessidade de recorrer ao carro-pipa, mas também problemas com a qualidade da água abastecida, que obriga à aquisição de água mineral. A transposição da água do rio São Francisco, cujos canais percorrem mais de 700 km para levar água aos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, ganhou aceitação com o avanço do impacto climático, na medida em que pode constituir-se como uma reserva estratégica para o nordeste em contexto de seca prolongada. 

 

Como será possível a convivência com o semiárido em um contexto de mudança climática?

Demonstramos neste tópico que a convivência com o semiárido e a adaptação climática não seguem caminhos totalmente convergentes, na medida em que a convivência acaba sendo mais restrita do ponto de vista do território e com uma preocupação no sentido da coesão social e cidadania, enquanto isso, a adaptação tem uma base social e política que demanda mais do planejamento e dos órgãos públicos. Um dos maiores problemas não é necessariamente de falta de água, mas de gestão, crise de governança e falta de capacidade adaptativa, impossibilitando a região para enfrentar as mudanças climáticas. Institucionalmente, o setor de recursos hídricos é bastante vulnerável, sem quadro de pessoal efetivo e quadro de funcionários bastante rotativo, desatualização dos planos de recursos hídricos estaduais e de bacias, lacunas na participação, não implementação dos instrumentos da política federal de recursos hídricos, como por exemplo, a cobrança pelo uso da água. Tais lacunas foram identificadas por Dias (2020), que realizou uma análise da capacidade adaptativa da gestão de recursos hídricos no Rio Grande do Norte às mudanças climáticas.

Persistem problemas no acesso à água e esgotamento sanitário, tal como persistem resquícios do paradigma de combate à seca, em opções como a construção de grandes infraestruturas hídricas, em muitos casos por insistência em um modelo agro-exportador consumidor de grandes quantitativos de água. Durante a seca 2012-2018 a fruticultura irrigada viu aumentar a área de cultivo de melão e melancia recorrendo a água subterrânea, uma utilização sem avaliação de possíveis impactos. Também as ações emergenciais, nomeadamente o recurso ao carro-pipa, faz ressurgir as inquietações quanto ao controle da terra e água pela citada “indústria da seca”. Sem esquecer que o desinvestimento em tecnologias sociais pelo anterior governo agrava a situação das comunidades rurais difusas, que sem a continuidade do programa de construção de cisternas mantém as dificuldades no abastecimento de água.

O modelo produtivo e as soluções de adaptação que venham a ser questionadas terão de levar em conta que as secas são cada vez mais prolongadas e afetam os territórios de forma desigual. A falta persistente de informação sobre poluição e água subterrânea constitui uma limitação à elaboração de bons diagnósticos. Por outro lado, persistem dificuldades na  elaboração dos Planos de Bacia, na cobrança por água bruta, nos processos participativos e nos mecanismos de governança com vista à resolução de conflitos. Em resultado, as decisões essencialmente técnicas não permitem a consolidação de processos de governança, persistindo conflitos pelo território e pelos usos da água.

Sobre a questão climática vinculada às discussões globais, entre as questões que se colocam é se políticas estaduais de convivência com o semiárido se constituem como políticas de adaptação climática ou se temos políticas climáticas para dar resposta aos problemas do semiárido no sentido estadual? Na análise realizada não identificamos essa vinculação e não encontramos de forma abrangente e consolidada a existência de instrumentos de planejamento associados à temática climática. Identificamos essencialmente planos com a preocupação tradicional de dar resposta à seca, a preparação para a convivência com o semiárido, a prevenção da desertificação ou com o desenvolvimento sustentável, mas sem apresentarem aprofundamento e manifestarem uma tendência antecipatória de eventos climáticos da parte das políticas públicas. 

O estado do Ceará, através da Lei nº 14.198, de 05 de agosto de 2008, foi o primeiro a apresentar a sua Política Estadual de Combate e Prevenção à Desertificação, entendendo:

por desertificação a degradação das terras nas zonas semi-áridas e sub-úmidas secas resultante de fatores diversos, entre os quais as variações climáticas e as atividades humanas capazes de causar redução ou perda da complexidade do solo e da produtividade biológica ou econômica, também deve-se entender a degradação da cobertura vegetal e o esgotamento dos recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos (Governo do Estado do Ceará, 2008).

O estado da Paraíba aprovou através da Lei nº 9950 de 07/01/2013, a Política Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, definindo convivência com o semiárido como a: 

relação entre o homem que trabalha na perspectiva do manejo sustentável dos recursos e o seu habitat, através da capacidade de aproveitamento dos potenciais naturais e culturais em atividades produtivas apropriadas ao meio ambiente, inclusive do conhecimento tradicional e práticas relacionadas à forma de conhecer e intervir nessa realidade, visando a melhorar as condições de vida e a permanência das famílias residentes no semiárido brasileiro (Governo do Estado da Paraíba, 2013).

Identificamos igualmente a Lei nº 13.572 de 30 de agosto de 2016, que aprova a Política Estadual de Convivência com o Semiárido do estado da Bahia, a qual define convivência com o semiárido como a: 

perspectiva orientadora da promoção do desenvolvimento sustentável do semiárido, cuja finalidade é a melhoria das condições de vida e a promoção da cidadania no campo e na cidade, por meio de iniciativas educacionais, sociais, econômicas, culturais, ambientais e tecnológicas, contextualizadas e adequadas à vida na região (Governo do Estado da Bahia, 2016).

A ligação entre a convivência com o semiárido e o desenvolvimento sustentável aparece também no Rio Grande através da Lei nº 10.851, de 20 de janeiro de 2021, a qual estabelece a Política Estadual de Convivência com o Semiárido, referindo-se à política de convivência com o semiárido como uma “perspectiva orientadora da promoção do desenvolvimento sustentável do semiárido, cuja finalidade é a melhoria das condições de vida e a promoção da cidadania, por meio de iniciativas sociais, econômicas, culturais, ambientais e tecnológicas contextualizadas e adequadas à vida na região” (Governo do Estado do Rio Grande do Norte, 2021). 

A Política Estadual de Convivência com o Semiárido de Pernambuco, aprovada através da Lei nº 14.922, de 18 de março de 2013, indica que a “estratégia para promover o acesso à água no meio rural tem como princípio fundamental assegurar água para beber e demais usos domésticos, água para a comunidade, água para a produção de alimentos e dessedentação animal, água para emergência e água para o meio ambiente” (Governo do Estado de Pernambuco, 2013). 

Por último, na Política Estadual de Combate à Desertificação (PECD) do estado de Sergipe, aprovada através da Lei nº 8785 de 6 de novembro de 2020, é feita ligação à temática do desenvolvimento sustentável, que na redação da política é “alcançado por meio de medidas de apoio financeiro e não-financeiro que visam conferir operacionalidade e viabilidade econômica para as ações sobre combate à Desertificação, Degradação da Terra e Seca” (Governo do Estado de Sergipe, 2020). 

A análise preliminar permite concluir que estamos ainda marcados pelo paradigma da convivência com o semiárido, com tentativas de resposta à desertificação e de inclusão do paradigma do desenvolvimento sustentável, mas que mesmo assim se refere essencialmente à inclusão de dimensões sociais nas preocupações políticas, refletindo-se de modo incipiente nos instrumentos de planejamento e na resposta climática global. A preocupação é essencialmente com terra, solo, vegetação e acesso à água indicado ao meio rural. A sustentabilidade é vista como concretização da cidadania, não refletindo preocupações climáticas com mitigação e adaptação, o que mostra uma visão da seca histórica essencialmente como um problema regional.

Conclusiones:

A seca no semiárido nordestino enfrenta um novo desafio com o agravamento da condição climática global, podendo se repercutir na severidade de mais eventos extremos. Perspectiva-se um novo paradigma focado no impacto dos eventos climáticos e não apenas de convivência com o semiárido e combate à desertificação, na medida que a persistência dos eventos extremos climáticos também repercutirá sobre as ações utilizadas para convivência no Nordeste. A seca de 2012 a 2018 foi a mais severa dos últimos 150 anos e uma das mais longas da história. Ainda que não tenha ocorrido o fenômeno dos retirantes em massa de décadas passadas e os estados tenham conseguido mitigar as carências de abastecimento, mostra-se necessário repensar as políticas no sentido da antecipação dos impactos, de modo a reduzir situações de escassez junto das comunidades e sistemas produtivos.

A matriz histórica da seca enquanto elemento enraizado no tecido social e modelando relações de poder necessita ser ultrapassada. Precisamos avançar no sentido do planejamento e projetando ações igualmente no sentido do desenvolvimento regional, bem como em dispositivos participativos e de governança que envolvam os órgãos públicos, a sociedade civil, as empresas, as escolas e universidades. O tema tem ganhado grande amplitude internacional, mas tarda em integrar as políticas regionais vinculadas ao semiárido e à nova agenda do clima. União, estados e municípios têm maior responsabilidade, na medida em que a articulação entre atores sociais e o avanço de ações é da sua competência.

As conclusões da pesquisa apontam para uma resposta enquadrada na tipologia tradicional de enfrentamento da seca e desertificação do semiárido. Estamos longe de integrar problemas abrangentes e gravosos que compõem as preocupações globais. É notória uma preocupação com as comunidades rurais no sentido do provimento de água e fomento de pequenas atividades produtivas, como sejam a agricultura familiar. A inclusão da temática da sustentabilidade parece essencialmente inclinada para as dimensões sociais decorrentes de desigualdades no acesso à terra e água, bem como preocupações com a temática dos solos e do bioma através da inclusão da desertificação. Entretanto, esses aspectos não dialogam com as perspectivas de observância de mecanismos de adaptação às mudanças climáticas e aos possíveis riscos e ameaças que pode provocar aos avanços alcançados com as ações de convivência.

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Palabras clave:

Semiárido brasileiro, seca, mudança climática, gestão da água, adaptação.

Resumen de la Ponencia:

La Organización de las Naciones Unidas señala que desde el siglo XIX se denomina como cambio climático a una serie de transformaciones ambientales ocasionadas por las actividades humanas. Algunos de los fenómenos más recurrentes son; extremas sequías, incremento en los incendios, cambios marítimos, así como el aumento de las inundaciones, entre otros. De manera que existe una relación directa entre el los cambios de las temporadas de lluvias con las inundaciones en el mundo. De manera que, en la actualidad, los desastres naturales se han incrementado debido al cambio climático, junto con la urbanización de zonas naturales, así como los cambios de uso de suelo, etc. En México, las lluvias excesivas, generan el incremento en las inundaciones de zonas urbanas, por lo que, estos eventos naturales se han convertido en un problema que ocurre con mayor frecuencia. La ponencia aborda los resultados de una investigación realizada en la zona urbana de la ciudad de Ocotlán, Jalisco en la que anualmente se han incrementado las inundaciones, así como las afectaciones materiales y psicológicas de los habitantes. La colonia Florida de Ocotlán, es considerada una de las más afectadas por las inundaciones, debido a que, en las calles, casas, y todo tipo de construcciones se observan los daños causados por este fenómeno natural. Algunos de los impactos psicosociales causados por las inundaciones son; la pérdida de sus bienes materiales como, muebles y construcciones, y en general la afectación de su patrimonio, así como daños colaterales de las lluvias. El objetivo de la presentación es abordar los efectos del cambio climático y en particular el incremento de las inundaciones en Ocotlán, Jalisco, así como la percepción de los habitantes en relación a los daños materiales y psicosociales en la colonia Florida de Ocotlán.  Palabras clave: Cambio climático, inundaciones, Ocotlán, psicosocial. 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de esta ponencia es analizar las acciones estratégicas que desde el ámbito de gobierno y la sociedad civil pretendieron contrarrestar las consecuencias de la inseguridad alimentaria en grupos vulnerables en Yucatán ante el COVID-19 en 2020. Se trató de: Conocer cuáles son las interacciones entre gobierno (estatal y municipal) y sociedad civil con la finalidad de identificar procesos de gobernanza garantes de la seguridad alimentaria en Yucatán. Identificar cuál es la incidencia territorial del municipio de Mérida de las acciones tanto del gobierno como de la sociedad civil.  Analizar si las propuestas de ambos se fortalecen o desaparecen de acuerdo con las etapas de la pandemia.  Generar marcos explicativos que optimicen la política local en materia de seguridad alimentaria.  La ponencia se divide en los siguientes apartados. Primero, identifica el estado de la seguridad alimentaria en México al enunciar sus principales datos e instrumentos de medición. Después, define los conceptos teóricos que guiaron nuestro análisis sobre la gobernanza en Yucatán y señala nuestra estrategia metodológica. En lo inmediato, presenta las diversas experiencias de coordinación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil haciendo énfasis en el análisis de la gobernanza. Por último, enuncia una serie de recomendaciones dirigidas a los actores sociales que pudieran auxiliarles en la manutención y promoción de la gobernanza.

Resumen de la Ponencia:

El presente trabajo tiene como objetivo explorar las tendencias agroalimentarias que surgen en torno a los huertos urbanos en la Ciudad de México. El punto de partida son las propuestas sobre el contramovimiento alimentario delineado por tendencias alimentarias que se mantienen en constante tensión por la transición hacia un nuevo régimen alimentario. La información para llevar a cabo tal análisis se obtuvo a través de revisión documental y visitas a huertos urbanos de esta ciudad en las que se realizaron diversas entrevistas a funcionarios, miembros de la sociedad y usuarios de dichos espacios. En la Ciudad de México se pudo avizorar la presencia de prácticas vinculadas a la agroecología que, en buena medida definen a las tendencias pertenecientes al contramovimiento alimentario. Pero, para dar cuenta de las tensiones que se dan en el sistema agroalimentario también se encontraron contradicciones que refuerzan el estereotipo sobre lo privativo de los productos locales y agroecológicos, así como su imbricación en procesos vinculados a la gentrificación.

Introducción:

El final de la década de los setenta marcó el inicio de un régimen alimentario de tipo corporativo, caracterizado por el acaparamiento de tierras y desplazamiento de campesinos por empresas transnacionales con un creciente poder económico y político que les permitió insertarse en las diversas fases del sistema agroalimentario y apropiarse de cada una de las ramas del sector (Delgado Cabeza, 2017). Como contraparte, el descontento por la creciente desigualdad y la crisis multidimensional (ambiental, cultural, económica y social) derivada de esas prácticas detonó la formación de diversos movimientos alimentarios urbanos y rurales con distintos alcances y enfoques (Holt Giménez y Shattuck, 2011; Holt-Giménez, 2009). 

Movimientos alimentarios internacionales como Slow Food y La Vía Campesina son parte de estas reacciones, al igual que la Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura a Pequeña Escala (AMAP) en Europa y la Alianza Africana por la Soberanía Alimentaria, solo por mencionar algunas. Estas organizaciones, si bien, buscan ser motor de cambio a partir de discursos y orientaciones propios que van de lo progresivo de la justicia alimentaría y empoderamiento a lo radical de la soberanía alimentaria y derechos adquiridos, ambas corrientes comparten cierta visión sobre cómo debería ser el modelo de sistema agroalimentario (Holt Giménez y Shattuck, 2011). 

Dentro de estos movimientos la agricultura a pequeña escala y la agroecología se posicionaron como elementos imprescindibles para avanzar en seguridad y soberanía alimentaria. Para el caso de las ciudades, la agricultura urbana tomó relevancia en las políticas ambientales y alimentarias. Se reconoce ampliamente que, como manifestación de la agricultura urbana, los huertos urbanos son símbolos de sustentabilidad y resistencia al sistema agroalimentario globalizado (McClintock, 2014). Pero también se ha evidenciado que, aunque no de manera intencional, los proyectos de agricultura urbana pueden inhibir la participación en la gobernanza del sistema agroalimentario (Montagut, 2013) y hacen de herramientas para detonar procesos de exclusión como la gentrificación (McClintock, 2014).

En la Ciudad de México, si bien la agricultura urbana en la zonas altas y chinamperas del sur se han mantenido desde tiempos prehispánicos, la urbanización hizo prácticamente inexiste los cultivos en las zonas intraurbana y suburbana de la ciudad, por tal motivo los estudios en la materia se centran en las zonas de cultivo tradicionales y de valor comercial (Avila-Sánchez, 2019). No obstante, en las últimas dos décadas la zona intraurbana de la ciudad ha visto un renovado interés por el cultivo agroecológico vinculado a la gastronomía y al activismo alimentario (Baig, 2019; Barba Flores, 2020; Gravante, 2019, 2020; Pardo Núñez y Durand, 2019)

Con base en lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo explorar las tendencias agroalimentarias que surgen en torno a los huertos urbanos en la Ciudad de México. El punto de partida son las propuestas de Holt Giménez y Shattuck (2011) sobre el movimiento y contramovimiento alimentario, así como las contradicciones de la agricultura urbana argumentadas por (McClintock, 2014). La información para llevar a cabo tal análisis se obtuvo a través de revisión documental y visitas a huertos de esta ciudad en las que se realizaron diversas entrevistas a funcionarios, miembros de la sociedad y usuarios de dichos espacios.

 

 

Desarrollo:

Tendencias agroalimentarias en el régimen alimentario corporativo

La alimentación no es solo una cuestión biológica, es también cultural, económica, política y por supuesto ecológica, un hecho social que involucra a la sociedad en su conjunto y a sus instituciones (Friedmann, 2005). Lo anterior hace de la alimentación una de las principales áreas de regulación pública rodeada por intereses y conflictos entre las diferentes fases y actores involucrados en la cadena alimentaria (Gómez-Benito y Lozano, 2014; Holt Giménez y Shattuck, 2011). Esta dinámica da lugar a un entramado de relaciones de poder que configuran la forma en la que se desarrolla la economía agroalimentaria mundial en determinados periodos históricos denominados regímenes alimentarios (Friedmann y McMichael, 1989). El concepto de regímenes alimentarios vincula las relaciones internacionales de producción y consumo de alimentos con formas de acumulación que distinguen los períodos de transformación capitalista desde 1870.

En la actualidad se dice que transitamos un tercer régimen al que Friedmann y McMichael (1989) denominaron corporativo, Otero (2014) la dieta neoliberal y Rubio Vega (2012) lo definió como la fase agroalimentaria global. Este periodo enmarcado por las políticas neoliberales tiene como principios básicos: desregulación, liberalización y privatización, de tal modo que en el sector agroalimentario “hemos pasado de una era de sobreproducción y preciosos bajos a otra de sobreproducción y volatilidad en los precios” (Otero 2014, 15).  En la construcción de esta etapa del capitalismo los países desarrollados, a través de tratados y organizaciones multilaterales, marcaron los lineamientos de la política alimentaria de los países en desarrollo. Así mientras los primeros se enfocaron a la producción y exportación de los bienes básicos, los países en desarrollo en los bienes tradicionales tales como café, tabaco y azúcar, así como hortalizas (McMichael, 2000; Rubio, 2015). 

Otra característica de esta etapa es la convergencia entre las políticas ambientales y la reorganización de las cadenas de suministro de alimentos implementadas por supermercados en dos vías: una dirigida a ricos y otra a pobres -Whole Foods-Walmart; Superama-Aurrera- (Friedmann, 2005). En este proceso la certificación por terceros intervino como elemento primordial para garantizar los parámetros de calidad de cada uno de los productos alimentarios en el mercado. Por supuesto estos organismos e instrumentos de regulación privados han sido impugnados, por considerarse una estrategia de capitalismo verde con beneficios para grupo de consumidores privilegiados (Friedmann, 2005). Además de ser una barrera de entrada al mercado para los pequeños y poco capitalizados agricultores (Hernández Moreno y Villaseñor Medina, 2014; Reyes Gómez et al., 2020).

En este punto, es importante destacar que la transición hacia un nuevo régimen ocurre debido a las tensiones internas, a través de las cuales se objetan las reglas establecidas. Este proceso eventualmente hace inoperantes las relaciones y las prácticas propias de cada régimen, lo que conlleva a una crisis seguida por un periodo de transición (Friedmann, 2005; Lang y Heasman, 2004) 

De manera amplia las medidas neoliberales han sido objetadas por organizaciones campesinas, grupos ambientales, sindicatos de distintos ramos, en distintas latitudes apenas fueron puestas en marcha. Tal como se dejó ver desde la década de 1990 con la formación de La Vía Campesina, la guerrilla Zapatista o la multitudinaria manifestación altermundista congregada en Seattle en septiembre de 1999 hasta los Cacerolazos en Argentina, los Indignados en España o Occupy Wall Street.

La crisis alimentaria marcó un cambio de dirección en las prácticas neoliberales, con estrategias como la revalorización de los alimentos y el fomento a la producción local por parte de organismos internaciones que a decir de Rubio Vega (2012, p. 36) “se instaura(n) como un rasgo de la fase de transición y probablemente del nuevo modelo que está emergiendo”. Esta última se dio en principio a través de la reducción de apoyo alimentario del FMI, BM y el G-8. Por su parte la CEPAL, IICA y FAO se pronunciaron a favor de trabajar para incentivar la soberanía alimentaria en América Latina (Rubio Vega, 2012). Incluso la ONU designó al 2014 como el año de la Agricultura Familiar. En 2015 la FAO realizó el primer simposio de agroecología en el que se plantearon 10 principios de agroecología, los cuales fueron aprobados en 2018 por el Comité de Agricultura de la FAO (COAG) como guía de una de las formas de promover los sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles y aprobados. En 2019 estos principios fueron aprobados por 97 miembros de la FAO para guiar la visión de este organismo sobre la agroecología. 

Pero ¿hacia dónde vamos en la configuración del modelo emergente? De acuerdo, con Holt Giménez y Shattuck (2011, p. 113), “la profundidad, el alcance y el carácter político del cambio de régimen alimentario, está en función tanto del "doble movimiento" del capitalismo como de la naturaleza política y el dinamismo de los movimientos sociales”. Sin embargo, pese al crecimiento del movimiento antineoliberal Holt-Giménez (2017) sostiene que, debido al control y ataques sobre organizaciones con posiciones críticas en 2008 el contramovimiento no fue lo suficientemente fuerte, en comparación con el dirigido en 1930 por obreros y partidos políticos. 

En este sentido hay que tomar en cuenta que la crisis del siglo XXI es una de tipo multidimensional en la que concurren una serie de actores que más que movimiento se cuentan en plural como nuevos movimientos sociales (Calderón Gutiérrez, 2011; Wieviorka, 2011) y culturales (Touraine, 2006). Entre los que destacan los de mujeres, estudiantes, indígenas y anticapitalista, el antiimperialista y el globalifóbico (Wieviorka, 2011), pero también los ambientalistas, feministas campesinas y de agricultores familiares, trabajadores del sistema agroalimentario, personas de color inmigrantes y jóvenes (Holt-Giménez, 2017). Es decir, el movimiento social central regido por la lucha de clase y el Estado como locus de poder, pierde centralidad en el espacio público y emerge la acción colectiva diversa (Calderón Gutiérrez, 2011; Wieviorka, 2011) 

De acuerdo con Holt Giménez y Shattuck (2011) y Holt-Giménez (2009, 2017), la época actual se caracteriza por cuatro tendencias, en lo que refiere a movimientos alimentarios. Dos de ellas, la neoliberal y reformista, buscan la continuidad del régimen alimentario corporativo. Las otras dos, consideradas como el contramovimiento alimentario, son la radical y la progresista (Holt-Giménez, 2017) o de transición (Holt Giménez y Shattuck, 2011). La primera se relaciona con los contramovimientos vinculados a la soberanía alimentaria que buscan la democratización del sistema y un cambio profundo en la estructura y dinámica del régimen alimentario actual a través de movimientos de alcance global como La Vía Campesina. 

La tendencia progresista o de transición es en la que los autores ubican a iniciativas vinculadas al acceso a alimentos saludables de producción sostenible que, bajo la noción empoderamiento ciudadano y el derecho a la alimentación, persiguen el mejoramiento de las redes de seguridad y una mayor participación ciudadana para impulsar a los pequeños agricultores orgánicos y comerciantes locales. Ejemplo de ello son: la agricultura urbana, la recuperación de las tiendas del barrio, la agricultura apoyada por la comunidad y el despliegue de mercados de agricultores, es decir el fomento de lo local (Holt Giménez y Shattuck 2011; Holt-Giménez 2009, 2017). 

Dentro de esta tendencia se manifiesta la urgencia de concebir a las ciudades como agentes de cambio en el sistema alimentario, y no como consumidoras de insumos y generadora de desechos. Tal como menciona Michael Ableman “Se está produciendo una revolución silenciosa en nuestro sistema alimentario. No está sucediendo tanto en las granjas distantes que todavía nos proporcionan la mayor parte de nuestra comida; está sucediendo en ciudades, vecindarios y pueblos pequeños” (Michael Ableman citado tomado de Dieleman 2017, 156).

La Ciudad de México da muestras de que esta revolución se está gestando, si consideramos que la agroecología se ha convertido un elemento fundamental e inherente no solo en el discurso y acciones de los huerteros capitalinos, también forma parte del repertorio de la política pública cada vez con mayor presencia de la soberanía alimentaria en instrumentos legales. 

Estrategia metodológica

Para cumplir con el objetivo de identificar las tendencias agroalimentarias que surgen en torno a los huertos urbanos en la Ciudad de México se tomaron como insumos las entrevistas realizadas los años 2019 y 2020. Durante el primer año de trabajo de campo se llevaron a cabo visitas a funcionarios y técnicos encargados de los huertos urbanos administrados por las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, así como a usuarios de estos espacios. De igual modo se entrevistó a miembros de Casa Gallina y se participó en un taller sobre huertos escolares y en un encuentro sobre Agricultura Urbana realizados por Huertos Escolares de México y El Huerto Tlatelolco, respectivamente. El segundo año se entrevistó a jóvenes involucrados en distintos proyectos sociales y empresariales vía telefónica debidos a las medidas sanitarias por Covid-19.

Es importante mencionar que el trabajo de campo forma parte de mi proyecto posdoctoral en el que se aborda la construcción de ciudadanía alimentaria.  De tal modo que, si bien no era el objetivo central, la pandemia y sus vínculos con la alimentación aunados a la crisis alimentaria, hicieron necesario dar una nueva relectura a las entrevistas con la guía de los regímenes y las tendencias agroalimentarias. 

El contexto de la agricultura urbana en la Ciudad de México

Un momento clave dentro de la historia reciente de la agricultura urbana en la Ciudad de México fue la creación en 2007 de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), instancia que, a través del “Programa de Agricultura Sustentable a Pequeña Escala en la Ciudad de México” apoyó a familias y grupos de ciudadanos de distintas delegaciones, ahora alcaldías, con recursos económicos y asesoría para el establecimiento de huertos. No obstante, con la transición en 2018 de SEDEREC a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), este programa se disolvió. 

Otro momento icónico se dio en 2017, año en que se publicó la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México (LHU2017). Sin embargo, por Decreto, en diciembre de 2020 se le abroga y promulga una nueva: Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México (LHU2020). Esta última busca atender a la modernización en materia ambiental, así como al rediseño institucional de los entes de gobierno y las modificaciones de naturaleza jurídica dada la transición de delegaciones a alcaldías (Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, 2020 [LHU, 2020] Artículo 2). De manera específica, se excluyó a la extinta SEDEREC y se le confieren sus atribuciones y obligaciones a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), también se establece la obligación a las alcaldías de generar un censo sobre los huertos urbanos y la atribución de ser notificadas del establecimiento de nuevos huertos (Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México, 2017 [LHU, 2017]; LHU, 2020). 

De manera específica SEDEMA, es la encargada de brindar capacitación y seguimiento en materia de agricultura urbana, así como fomentar la transmisión intergeneracional de conocimientos tradicionales y nuevas tecnologías. También corresponde a esta Secretaría vigilar que el establecimiento de esos espacios se lleve conforme a lo estipulado por la LHU2020. Por su parte, Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México (SIBISO) es la encargada de crear huertos con enfoques alimentarios que coadyuven a la política de seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria. La Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico tienen la facultad de presentar proponer beneficios fiscales y económicos para las personas físicas o morales que decidan participar en la elaboración de proyectos de huertos privados. También se hace la opción de solicitar beneficios fiscales y apoyos por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para quienes brinden trabajo a grupos vulnerables.

Al igual que la ley abrogada, la LHU2020 es clara en cuanto a la exclusión de agroquímicos y la promoción de principios agroecológicos a través del reciclaje de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial, el uso de especies nativas y recuperación del conocimiento tradicional de la agricultura. Aunado a lo anterior, también se hace mención sobre el fomento al intercambio intergeneracional y el llamado a promover la idea de comunidad.

Pero, sin lugar a duda lo que más llama la atención sobre la LHU2020 es la inclusión de nuevos términos a su glosario, en particular el de soberanía alimentaria, que definen como el “Derecho de las personas a disponer de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales, producidas de forma sostenible y ecológica, para una cultura determinada” (LHU, 2020, Artículo 2). Dicho termino se retoma en las atribuciones de Sibiso y en el objetivo IV que refiere a la promoción de la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de frutas, verduras, hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el consumo de alimentos transgénicos.

En la práctica, si bien no todas las alcaldías cuentan con espacios de cultivo, en algunas demarcaciones se pueden encontrar sitios que han sido apropiados por la comunidad. Un ejemplo, con más treinta años de existencia es el Huerto de las Niñas y los Niños administrado por la alcaldía Cuauhtémoc, espacio en el que se ofrece, a quien lo solicite, una pequeña parcela en la que puede sembrar y experimentar. Además, dar acompañamiento, imparten talleres y visitas guiadas. Otros más recientes como el Centro Ecológico Azcapotzalco, el cual es un sitio de aprendizaje sobre ecotecnias y conservación de especies, se ofrecen visitas guiadas e incluso si se tienen disponibilidad comparten semillas para su propagación.

La Alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con tres espacios. El primero de ellos es El Huerto Lincoln (Parque Lincoln Polanco) enfocado a la educación ambiental de niñas y niños; el segundo es Huerto Caneguín a la población de todas edades en particular quien quiera participar como voluntario en el cuidado de las parcelas a la vez que adquiere conocimientos en la materia. El tercero, pero no menos importante, es el que alberga la Universidad de la Vida para Adultos Mayores (UNIVI), un espacio por demás interesante dirigido a adultos de la tercera edad.

Otros programas que integran a los huertos urbanos en sus convocarías son Colectivos Culturales Comunitario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así como los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes de la Ciudad de México (Pilares) dirigidos por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI). El primero se enfoca a promover y fortalecer la participación ciudadana mediante proyectos artístico-culturales, a través del cual se han desarrollado diversos proyectos enfocados a la agricultura urbana que buscan la recuperación de espacios y transmisión de conocimientos sobre temas ambientales y agroecología (R y CH-AZ, comunicación personal, el 28 de octubre de 2020; Tallerista CIPEA, comunicación personal, el 21 de octubre de 2020). Por su parte Pilares, brinda espacios comunitarios para el desarrollo de procesos para el intercambio de conocimientos y saberes, entre los que se encuentran los talleres de huertos urbanos dentro del área de educación para autonomía económica.

Por supuesto que el proceso de reconocimiento e institucionalización no hubiera sido posible sin el empuje de la sociedad civil. Iniciativas ciudadanas en torno a la agricultura urbana y agroecología que hacen de puente entre productores y consumidores, pero también entre personas interesadas en aprender y compartir experiencias y conocimientos. Estas articulaciones e intercambios se concretan en los huertos, tianguis alternativos o cooperativas, sin dejar de lado las redes sociales tan útiles y solicitadas en esta pandemia. 

Algunas de estas experiencias de amplia difusión son el Huerto Roma Verde, Huerto Tlatelolco, Huerto La Romita, Mercado El 100 y Tianguis Orgánico de Tlalpan que han logrado consolidarse en la última década. Pero también se encuentran otras un tanto menos conocidas como El Molinito, Huerto San Miguel, Huerto Comunitario Las Rosas, Colectivo Zacahuitzco, Mercado de las Cosas Verdes “Tianquiskitt” y Canasta Solidaria, por mencionar algunas. Y otras tantas que se desarrollan en multifamiliares, o azoteas, y que, si bien no están en el anonimato, son conocidas solo por unos cuantos en el barrio o colonia. La diversidad de iniciativas que se presentes en la Ciudad de México nos brinda un crisol para reflexionar sobre las tendencias. 

Tendencias agroalimentarias y huertos urbanos en la Ciudad de México

La Ciudad de México, al igual que en otras ciudades del mundo, la agricultura urbana es considerada como un símbolo de sustentabilidad y resistencia alimentaria. Sin embargo, los proyectos de agricultura urbana se encuentran inmersos en contradicciones, ya que por un lado pueden contribuir a la seguridad alimentaria, pero a la vez pueden detonar procesos de gentrificación (McClintock, 2014; Sbicca, 2018) o inhibir la participación en la gobernanza del sistema agroalimentario (Montagut, 2013). 

La gentrificación es un concepto que desde la década de los sesenta se ha utilizado en ciudades del norte global para analizar a comunidades en las que tras un periodo de desinversión o deterioro económico se inicia una reinversión, generando, entre otros, alza en los servicios básicos volviéndolo inaccesibles para los pobladores originales. Sin embargo, en los últimos años ha tenido eco en Latinoamérica. En Ciudad de México colonias como Santa María La Ribera, San Rafael, Roma y Condesa han sido objetos de estudio ante la transformación de sus edificaciones derruidas en renovados conjuntos habitacionales dirigidos a la población de ingresos altos. En estos estudios llama la atención la relación que guardan estos procesos con los cambios en la oferta alimentaria, ante el arribo de vecinos con mayor poder adquisitivo, grado de estudios, nivel socioeconómicos y conciencia sobre la alimentación (Vázquez-Medina et al., 2020; Baig, 2019).

Bajo la consigna de “eres lo que comes”, “consume local” y “el apoyo a los pequeños agricultores” cada vez más la agricultura urbana se encuentra ligada a restaurantes. En la colonia Roma (Baig, 2019) y Santa María La Ribera (Vázquez-Medina et al. 2020) el auge de los restaurantes alternativos, veganos, orgánicos o agroecológicos se ha dado a la par del incremento de huertos y emprendimientos vinculados a esta práctica. Según Sbicca (2018), estos sitios representan un importante referente simbólico para los nuevos avecindados quienes relacionan los atributos mencionados al inicio del párrafo con el tipo de ciudad en la que buscan vivir, pero que llegan a convertirse en una herramienta gentrificadora.

Dentro de estas transformaciones y su relación con la agricultura urbana llama la atención que, si bien lo orgánico se ha mantenido como un valor agregado tanto en la comida preparada como en los productos frescos, se hace cada vez más necesario para los agricultores y distribuidores de la Ciudad de México marcar la diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico. Aclaración que tiene por un lado un trasfondo legal y económico, en el que lo orgánico requiere de una certificación por terceros que implica un costo, a veces incosteable, mientras que los cultivos agroecológicos, a decir de algunos huerteros, permiten un poco de agroquímicos. Sin embargo, para muchas otras personas, tanto agricultores como para consumidores, es una herramienta de resistencia contra la certificación por terceros acompañada de la crítica a los costos y a su procedencia transnacional. En su lugar propugnan por las certificaciones agroecológicas que son nacionales e incluso locales, participativas y de cara a cara. Además, porque en la agroecología reconocen una forma distinta de producción en la que impera la conexión con la tierra, con lo autóctono, lo tradicional, las raíces del agricultor, es decir, una opción radical al sistema agroalimentarios globalizado.

Desde el punto de vista de otro sector de consumidores, quienes no tienen del todo clara las diferencias entre lo orgánico y lo agroecológico, consideran a estos productos costosos, aunque reconocen que el comerlos trae beneficios a la salud. Estos atributos también son exaltados por agricultores y distribuidores inmersos en cadenas cortas quienes son conscientes que no están al alcance de todos los presupuestos, de tal modo que buscan ofrecer sus cosechas a personas y restaurantes de ingresos medios y altos. Incluso se menciona que la alimentación se podría estar convirtiendo en una cuestión elitista, pero, se enfatiza la responsabilidad de los consumidores en establecer sus prioridades, reforzando la consigna de eres lo que comes y de solidarse con el agricultor, pero además con el reconocimiento de ser una persona conocedora crítica y responsable. 

Entonces, no solo se busca la experiencia del paladar, también el generar conciencia sobre el sistema agroalimentario. Encontramos así que los huertos urbanos son sede de talleres en los que se invita a chefs que ofrecen sus creaciones o bien imparten cursos sobre la elaboración de platillos con las cosechas de los huertos. En este sentido, Vandana Shiva incluye a las cocinas y enuncia el papel que los chefs tienen en la revolución del sistema agroalimentario al marcan tendencias, enfatiza que cuando ellos sirven comida local y ecológica entonces la sociedad empieza a valorarla (Rivas, 2018).  Sin embargo, coincido con Vázquez-Medina et al. (2020, p. 18) en que las iniciativas u organizaciones que enmarcan estos eventos contribuyen a la formación de vínculos con la comunidad, sin embargo, en el intento de democratizar, “elitizan la práctica culinaria”. 

Las redes que se han formado entre agricultores y consumidores sean a título personal o con restaurantes, sin duda ha incentivado la alfabetización alimentaria y contribuido a mejorar la situación económica de los agricultores al tener ventas regulares a precios justos. Sin embargo, no hay que pasar por alto como indica Montagut (2013), que una vez que se ven resultas las necesidades de aprovisionamiento y distribución de estos actores llegan a considerar innecesario el participar de la gobernanza del sistema agroalimentario. 

En este sentido es importante mencionar que algunos de los huertos, restaurantes y espacios de comercialización alternativos realizan continuamente pláticas sobre sensibilización de las problemáticas del sistema agroalimentario. Estas platicas tienen un impacto sobre los hábitos de consumo, pero, aunque el consumo se catalogue como responsable, el mercado es un mecanismo no democrático que le otorga a unos cuantos muchos votos, unos cuantos a pocos y a los demás ninguno. Por lo tanto, la capacidad de empujar a un cambio de sistema por medio del consumo es muy limitada (Montagut, 2013). Welsh y MacRae (1998) abonan a la discusión al señalar que una las limitantes de los programas de apoyo para la eliminación del hambre es que se centran en los derechos del consumidor sin desafiar las estructuras hegemónicas.

Estas prácticas están siendo cuestionadas por algunos colectivos formados en su mayoría por jóvenes no mayores de 35 años, estudiantes o profesionistas cuyas iniciativas se localizan en colonias populares, que buscan consolidar un proceso comunitario antes de darse a conocer de manera extensiva. Esta dinámica detona, según lo observado en este primer acercamiento, la presencia de las dos tendencias de contra movimientos. 

Por un lado, la de transición representada por aquellos sitios consolidados que si bien involucran lucha por espacios urbanos al estar establecidos en predios abandonados y que en algunos casos se involucran como organizaciones de la sociedad civil en el impulso iniciativas gubernamentales, se les considera una rama del capitalismo verde. Por su parte los colectivos de jóvenes son conscientes no solo de la importancia de los pequeños agricultores, pero sobre todo que las deficiencias del sistema agroalimentario globalizado no solo afectan a productores sino también a consumidores por el que comer bien no debería ser solo para quienes tienen el poder adquisitivo, pero que además estas asimetrías derivan del propio sistema que requiere ser cambiado. Pero como indica McClintock (2018) a medida que la agricultura urbana se vuelve cada vez más institucionalizada y reconocida por la corriente principal puede parecer más reformista que radical.

Conclusiones:

En la Ciudad de México la diversidad de experiencias y las redes que se tejen en torno a la agricultura van en aumento. En cada una de ellas se refleja no solo la manera en que los actores involucrados quieren alimentarse, sino también el estilo de vida y el tipo de ciudad en la que quieren vivir y convivir. Lo anterior involucra: áreas verdes, contacto con la naturaleza y el acceso no solo a cultivos frescos, también a opciones de comidas preparados con productos locales y de comercio justo. 

Si bien la categorización de las tendencias alimentarias propuesta por Holt Giménez y Shattuck (2011) integra elementos que no se contemplan en este trabajo, es una herramienta que permite un primer acercamiento al entramado que se está configurando en torno a la agricultura urbana. Y junto con el argumento de las contradicciones en la agricultura urbana expuesto por McClintock (2014) permitió explicar que la cara más visible de la agricultura urbana en esta ciudad es la de las colonias de moda y el buen vivir. Iniciativas que llega a ser unas ideas comercializables y como afirma Friedmann (2005) el capital se aprovecha de todo lo que funciona. 

Si bien se busca la formación de redes de seguridad para los proyectos y productores locales, hasta el momento, la oferta se está concentrando en sectores con alto poder adquisitivo, que brindan esa seguridad de ingresos a los productores pero que de manera amplia no busca resolver problemas estructurales. 

No obstante, es un imperativo observar los procesos que se desarrollan en colonias populares que podrían dar un impulso a la tendencia radical al emerger con una mirada crítica sobre la manera en la que se ha desarrollado la agricultura urbana en esta ciudad. En este sentido, además de profundizar en el análisis de las redes que se configuran en torno esta práctica, queda como asignatura pendiente indagar sobre la formación de nuevos actores. 

Bibliografía:

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Barba Flores, M.E. (2020). La ecología política urbana aplicada al estudio de los huertos urbanos Comunitarios: metabolismo urbano y gentrificación. Estudio de caso de Huerto Tlatelolco en la Ciudad de Méxic0. En B. Canabal Cristiani, C. E. Muñoz Cadena, D. Cortés Rivera, M.A. Olivares Díaz, y C. Santos Cervantes (Coords.). Tejido rural urbano: actores sociales emergentes y nuevas formas de resistencia. (333-347). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Calderón Gutiérrez, F. (2011). Movimientos culturales y la emergencia de una nueva politicidad. Política e Sociedade, 10(18), 75–85.

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Palabras clave:

Huertos urbanos, tendencias agroalimentarias, Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México.

Urban gardens, agri-food trends, Law of Urban Gardens of Mexico City.

Hortas urbanas, tendências agroalimentares, Lei de Hortas Urbanas da Cidade do México.

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia presenta los resultados obtenidos en el estudio de la persistencia educativa en la Educación Superior en la Universidad de la República, Uruguay, en los dos primeros años de cursado. El objetivo de este trabajo fue identificar cuáles son las experiencias académicas y sociales que tienen lugar durante los dos primeros años de cursado que se asocian con una mayor persistencia según las características sociodemográficas de los individuos y la flexibilidad del diseño curricular. Para responder a esta pregunta la estrategia metodológica que se utilizó consistió en un diseño mixto secuencial y multinivel. La cohorte de estudiantes estudiados comprende a aquellos que ingresaron en 2018 ya que esta es la generación más reciente que no se vio afectada por la pandemia sanitaria hasta 24 meses después de ingresar como sucedió con la generación 2019. Esta decisión metodológica pretende evitar los efectos no pasibles de control de la enseñanza virtual, la incertidumbre a nivel general a la que debieron enfrentarse los estudiantes y otras consecuencias que trajo la pandemia. Las fuentes de información sobre los “atributos del estudiante al ingreso” exceptuando la variable “expectativas al ingreso” se obtuvieron del formulario de ingreso a la Udelar y del formulairo A.  La persistencia se analizó a partir de los registros administrativos de esta cohorte hasta 24 meses después de ingresar lo que permitió identificar a quienes continuaron y a quienes no continuaron estudiando en el período. Para analizar la flexibilidad curricular de los programas se estudiaron los planes de estudio y reglamentos de cursado de 30 carreras de la Udelar. Por último, para estudiar la integración social y académica que experimentan los estudiantes en primer año se utilizaron entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión.  El objetivo de esta exploración fue  identificar si existían elementos no contemplados hasta el momento en los cuestionarios que se han llevado a cabo en nuestro país con este fin. Específicamente se recuperó y complementó la medición propuesta por Cardozo, Fernández y Anfitti (2014) de la escala de la Encuesta Nacional de Participación de los Estudiantes utilizada en Estados Unidos y Canadá (NSSE en sus siglas en ingles). Luego de definir el cuestionario se procedió a aplicarlo a la generación 2018 de las 30 carreras seleccionadas. Los resultados  muestran que entre las carreras se encuentran diferencias significativas en la persistencia y en el efecto de los atributos del estudiante y de sus experiencias académicas y sociales en la decisión de persistir. Estos resultados aportan a la línea que ha sido muy trabajada por Tinto (2012) sobre los efectos de las experiencias académicas y sociales en la persistencia ya que en este trabajo se demuestra cómo varía esta relación de acuerdo a la carrera. 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de este trabajo es develar las representaciones del rol que los profesores en formación asignan a las familias en materia educativa. Si bien, respecto a la temática relación familias-escuelas existe una vasta literatura, cabe señalar que diversos autores afirman que hace falta mayor producción científica en español para consolidar su abordaje; este trabajo representa un aporte en esta dirección. Además, la literatura evidencia que los estudios se centran en la escuela y poco o nada en los procesos de formación inicial del profesorado. Otro aporte del presente trabajo es que centra su atención en la formación inicial del profesorado. El estudio utiliza la teoría de las representaciones sociales ya que permite acceder al conocimiento social que el profesorado en formación posee; facilita el acceso a los modos de actuación potenciales de los sujetos una vez iniciada su carrera docente y permite reconocer los contenidos modeladores de la representación en el proceso de formación inicial docente abriendo posibilidades para la problematización del fenómeno en el contexto universitario.   La investigación se desarrolla desde la metodología cualitativa con base al método de casos único intrínseco. El caso corresponde a la Universidad del Bío-Bío, más específicamente a la carrera de Pedagogía en Educación General Básica.  Los sujetos son estudiantes que cursan el primer semestre del plan de estudios (cohorte 2021). La técnica de producción datos fue la entrevista semiestructurada. El instrumento utilizado fue un guion de entrevista orientado a explorar contenidos, fuentes y agentes de representación respecto del rol parental educativo. En lo que respecta al análisis, este se efectúo desde el análisis semántico estructural. Respecto a los resultados, los discursos dan cuenta de que padres y madres ocupan el status de adulto responsable del cuidado y protección de niños y niñas, debiendo desempeñar un amplio abanico de roles. Esta situación expresa la tensión entre el rol de padres-proveedores versus padres-apoderados. Desde la escuela se espera que padres y madres asistan a reuniones y entrevistas cuando el profesorado lo requiere, pero producto de actividades laborales padres y madres se ausentan. De este modo, el rol parental educativo al que aluden los sujetos se sitúa en dos dimensiones: el intramuros y el extramuros. Desde el intramuros; el rol parental educativo se expresa dentro de la escuela. Desde el extramuros, el rol se modela en el hogar. Finalmente, se manifiesta la necesidad de problematizar la temática de la relación entre familias y escuelas desde el proceso inicial de formación del profesorado, con el fin de proporcionar herramientas conceptuales y prácticas para su abordaje una vez iniciada su carrera docente. 

Resumen de la Ponencia:

A chegada do século XX é marcada pela consolidação do período que Santos ([1996], 2008) denominou de técnico-científico-informacional e por sua presença, mais ou menos intensa, em todos os pontos da Terra, caracterizando-se por forte interação entre técnica, ciência e informação, que por sua vez dá suporte ao mercado global e seus principais atores hegemônicos. No campo, esses atores se apresentam através do agronegócio globalizado, levando a percepção, segundo Stedile (2013, p. 19), que “há uma lógica natural de funcionamento do capitalismo, na fase atual dominado pelo capital financeiro, que atua também sobre a agricultura”, mostrando que o respectivo capital vem solidificar as bases do sistema capitalista atual. Com o avanço do capitalismo no campo as relações sofrem transformações significativas e, no caso específico da atividade canavieira, a mão de obra e suas relações de trabalho são as mais afetadas, sobretudo, devido a substituição da pessoa trabalhadora por maquinários cada vez mais sofisticados, principalmente no trato, plantação e colheita da cana-de-açúcar. O presente artigo visa analisar as metamorfoses nas relações de trabalho no setor canavieiro de Alagoas-Brasil, a partir da agroindústria sucroenergética Santo Antônio localizada em São Luís do Quitunde. Centra-se nos usos do território, nas imposições do processo de globalização e nos avanços da modernização técnico-científica no campo. Destarte, verifica-se que os atores hegemônicos, detentores não só do capital financeiro, mas de um conjunto de normas, leis e regras, utilizam-se das melhores frações dos territórios, de forma rápida e prenhe de intencionalidades, suprindo os anseios do mercado capitalista. A categoria território assim como globalização, modernização, monocultura, atividade canavieira, agroindústrias e força de trabalho, tornam-se chave nessa discussão. Para tanto são essenciais as ideias de Andrade ([1963] 2011, 2010), Bauman (2001), Carvalho (2009), Diégues Jr. (2012), Elias (2013, 2018), Santos (1996, 2008), Santos e Silveira (2010), Rossini (2016), Thomaz Jr. (2007), Verçosa (2018), entre outros. O processo em curso impõe maior competitividade entre as empresas/grupos por espaço no mercado, levando-as a modernização em ritmo acelerado, tanto que, da segunda metade do século passado aos dias atuais, graças a forte presença da globalização no campo, houve modificações profundas nas relações aí existentes, destacando as de trabalho, que passaram a ser transformadas em virtude das modernizações impostas pela revolução técnico-científica. Dentro das adequações tem-se a redução da mão-de-obra, com parcela mínima sendo aproveitada, mantendo-se aquela com mais alta formação e qualificação profissional segundo às exigências do mercado. Esta é uma realidade visível na agricultura moderna, científica e globalizada, onde o setor canavieiro alagoano e suas unidades agroindustriais não ficam de fora, aprofundando-se, em alguns casos, nos últimos anos, em virtude das consequências deixadas pela pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus Sars-Cov-2), como foi possível constatar na usina Santo Antônio mediante trabalho de campo.