Chile -
mora89.gab@gmail.com
| 4750
Resumen de la Ponencia:
La propuesta de ponencia expone los principales resultados sobre el análisis del sostenimiento en el tiempo de la subjetividad de víctima como categoría que performa a los/las sujetos afectados por las prácticas de violencia política en el contexto de la violencia de Estado en México y el Conflicto Armado Interno en Colombia, esto en una temporalidad que transcurre entre los años 1960 al 2018, a partir del análisis de un dispositivo de calificación, reconocimiento y reparación estatal, y otro dispositivo de autorreconocimiento centrado en la perspectiva del/la afectado/a. Se busca exponer algunas aproximaciones teóricas y prácticas en torno a la construcción del/la sujeto víctima para ambos casos nacionales a partir de los dos dispositivos propuestos en tanto tecnologías políticas de memoria, dando cuenta de la historicidad del sujeto sobre el que actúan diferentes regímenes de verdad, sistemas de enunciación, tecnologías políticas y agencias que lo performan y sostienen en el tiempo.
Introducción:
La presentación es fruto de mi investigación de tesis para optar al grado de Magíster en Estudios Latinoamericanos por el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Tuvo financiamiento por medio del proyecto FONDECYT Regular “Más allá del paradigma de la víctima: genealogías de dispositivos de performación de sujetos de la violencia política. Chile, 1973-2018”, dirigido por la Académica de la Universidad Alberto Hurtado, Dra. Oriana Bernasconi Ramírez.
El propósito de la investigación radicó principalmente en tratar de realizar un trabajo de carácter genealógico sobre la emergencia, sostenimiento y constitución ciertos tipos de ser sujeto víctima a partir de diferentes definiciones de carácter históricas, esto en relación a las personas afectadas por los escenarios de violencia política en Colombia y México, específicamente en los contexto del Conflicto Armado Interno y de la llamada Guerra Sucia o violencia de Estado respectivamente. Planteado de otro modo, se buscó analizar la categoría de víctima a partir del enfoque de genealogía de dispositivos de perforación de sujetos adaptado para estas dos realidades nacionales y así poder trazar y verificar cuáles son los sentidos con los cuales se ha dotado a esta categoría de víctima, las fijaciones de sujeto que realiza, y los límites que presenta. Es por lo anterior que el objetivo de la investigación fue analizar el sostenimiento en el tiempo de la subjetividad de víctima como categoría que performó a los/las sujetos afectados por las prácticas de violencia política en el contexto de la violencia de Estado en México y del Conflicto Armado Interno en Colombia, a partir del análisis de un dispositivo que he nombrado de “calificación, reconocimiento y reparación estatal”, y otro dispositivo de “autorreconocimiento centrado en la perspectiva del/la sujeto/a afectado/a”.
Desarrollo:
Opción metodológica y documental.
La metodología de genealogía de dispositivos de performación tienes sus orígenes en la contribución analítica realizada desde la sociología del sujeto por las y los investigadores asociados al proyecto FONDECYT señalado más arriba, y a su vez se podría decir que mantiene relación con las reflexiones que Judith Butler y Michel Foucault entre otros y otras investigadoras han realizaron en torno al surgimiento histórico de los sujetos y la inmensa red de dispositivos, acontecimientos y procedimientos que actúan sobre él o ella para constituirse como tales. La principal contribución de esta opción metodológica es que permite desnaturalizar al sujeto, en este caso al sujeto víctima, y situarlo en procesos dinámicos de relaciones de poder y de saber, así como de posibles resistencias a las reglamentaciones que lo definen y performan subjetivamente.
Esta práctica investigativa permite dar cuenta de la historicidad del sujeto sobre el que actúan diferentes regímenes de verdad, sistemas de enunciación, tecnologías políticas de memoria y agencias que lo sostienen en el tiempo, evidenciando para el caso de la víctima, que su constitución no se debe a una supuesta esencia de sus características de sujeto sino que a procesos múltiples relacionados entre sí, que van dotando de sentido, conduciendo las acciones y estrechando los reconocimientos hacia tipos concretos de ser víctima. Por ello, se utilizó este enfoque para identificar los puntos de emergencia, continuidades y rupturas, de ciertas perspectivas de sujeto víctima a partir de los dos dispositivos señalados y los documentos que producen.
En relación a esto último, los documentos han sido comprendidos como resultado de tecnologías políticas que participan en la figuración del/la sujeto víctima, ya que, desde ellos se proponen ciertas fijaciones de sujeto o ciertas construcción del mismo, en los cuales es posible reconocer las categorizaciones emergidas entre los años 1960 y 2018 en base a procedimientos tales como de registro, denuncia, investigación en clave histórica, marcos normativos técnico-jurídicos, procesos de reconocimiento y clasificación, trabajos de memoria y restitución del testimonio, entre otros. Estos documentos son una muestra de las estrategias elaboradas por los Estados y por lo actores afectados por las prácticas de violencia política organizados en agrupaciones o grupos de pertenencia, que impactaron en el sostenimiento en el tiempo del/la sujeto víctima, ya que detrás de un discurso político, detrás de un informe proveniente de alguna de las Comisiones de Verdad, detrás de alguna declaración por parte de familiares de personas afectadas y las personas afectadas, hay un proceso de construcción del o la sujeto.
Los criterios de selección de la documentación utilizada fueron: a) de pertinencia para el análisis, remitiéndose sólo a documentos producidos en las tecnologías políticas que son parte a los dispositivos de análisis; b) criterio de accesibilidad, remitiéndose sólo a documentos de archivo digitales alojados en repositorios institucionales estatales y de las organizaciones de víctimas u otros archivos; y c) criterio de diversificación que permitió tener un diseño adaptativo en los casos en que no se encontraron suficientes documentos escritos.
El/la sujeto víctima, la categoría y una posible problematización.
Una vez planteado la anterior, surge la pregunta y la necesidad de responder ¿porque problematizar sobre las víctimas y su construcción como sujetos? Una respuesta aceptable es señalar que, parece ser que, se ha erigido desde hace algún tiempo en términos de mediada duración histórica, un paradigma respecto de la víctima que funciona como marco de explicación y reconocimientos que presenta límites y desde el cual se han ido construyendo tipos históricos de sujeto víctima que no siempre responden a las necesidades y exigencias de las mismas personas afectadas por las prácticas de violencia política, en específico de aquellas prácticas que se reconocen como de carácter antirrevolucionarias y represivas impulsadas por los aparatos estatales de México y Colombia y por las elites y grupos de poder que los controlan, prácticas justificadas ideológicamente en el periodo de la Guerra Fría para realizar una serie de acciones violentas destinadas a impedir la toma del poder política o despojar del mismo a movimientos revolucionarios que buscaron transformar las realidades nacionales en un contexto álgido de conflictividad social fundamentado por opciones ideológica contrapuestas y que significó la afectación de miles de personas independiente de si estás tuvieron una participación activa o no de alguna organización o movimiento revolucionario (Ansaldi y Giordano, 2014). En base a esto es que los Estados nacionales articularon una red instituciones y prácticas legales e ilegales con la finalidad de reprimir a otro que fue catalogado como el enemigo interno.
Al respecto, la socióloga Oriana Bernasconi precisó que “la víctima es un tipo de subjetividad relativamente nuevo, constituido en el daño o vulneración y en la intervención destinada a repararlos” (2020, p. 54). De manera complementaria pienso que se puede comprender lo señalado por Isabel Piper (2018, p. 494), quien escribió que la imagen que se construye sobre este sujeto es el de alguien que ha sufrido o ha sido afectado por la aplicación de algún tipo de fuerza y/o violencia fuera de su control, por lo que necesita protección y reparación, o al menos ese ha sido uno de los aspectos paradigmáticos con el cual ha sido identificado.
Para ambas investigadoras y académicas, el enfoque que contribuye a la construcción de los/as sujetos sociales en tanto víctimas tiene sus limitaciones y puede ser analizado críticamente cuando, por ejemplo, Bernasconi, Lira y Ruiz y (2019) señalaron que, “presenta limitaciones desde el punto de vista de los sujetos a quienes se les confiere esta condición -y a quienes no- y el mundo social que produce”; y también, otra perspectiva crítica semejante es plantada por Piper (2018), cuando alude a que la categoría de víctima despolitiza las prácticas por las cuales o en el marco de las cuales se produce la persecución política, construyendo un modelo ideal que homogeneiza las diferencias entre sujeto/as borrando posibles contradicciones y rasgos subjetivos de humanidad que pueden ser contradictorios con los relatos hegemónicos, en donde se ha ido transformando a los protagonistas de las luchas políticas en dolientes, y por esa vía los ha despojado de su fuerza política. Por tanto, su problematización tendría por tanto que ser capaz de devolverles el lugar de actores y actrices sociales” (2018, p. 495).
Las puntualizaciones anteriores pueden ser consideradas a partir del debate abierto respecto a la necesidad de dotar de nuevas nociones y definiciones políticas a la subjetividad de víctima debido a sus exigencias por salir del lugar que les asigna el reconocimiento institucional como sujetos dolientes, pasivos, carentes de acción y asistidos/as de forma individual que restringe el alcance colectivo y comunitario de la violencia y sus resignificaciones. Si la víctima emergió con un carácter de alegato frente a la configuración de un orden social represivo y violento que les negó la condición de sujetos sociales y políticos, dentro de los procesos trasnacionales y de postconflicto, las víctimas han alegado que se les continúa asignando un lugar subalterno y que se excluye de los relatos oficiales las perspectivas políticas que pudieron haber ostentado y las que defienden en el presente, en parte, porque no son particularmente afines a las elites o a los proyectos pos-autoritarios. Proceso de exclusión que Gabriel Gatti (2011, p. 102) reconoce como de despolitización en el proceso de categorización, en donde el/la sujeto víctima se constituye a partir de las políticas públicas que buscan actuar y conducir sus subjetividades para remover todo lo indeseable a los ojos de la gubernamentalidad o a partir de su agencia que resiste y se opone a estos procedimientos.
Por otra parte, el que las víctimas reconozcan este entramado que los subalteriza, les permite replantearse el cómo se han performado subjetivamente y reconocer los poderes, dispositivos y tecnologías que han actuado sobre ellos/as, orientando reflexiones y prácticas que constituyan nuevas subjetividades, pasando de lo individual a lo colectivo, de la pasividad a la agencia, del trauma al trabajo de memoria, en suma, reconocerse como individuos y colectividades con conciencia de los procedimientos que los someten, y utilizar dicha conciencia para organizarse y movilizarse. Esto es darse cuenta que pueden actuar, “pueden hacer algo y que el hecho violento no paralizó; aun cuando haya implicado la pérdida de un ser querido, la mutilación de una parte de su cuerpo o el padecimiento de algún tipo de tortura o violencia psicológica” (Delgado, 2011, p. 39). El mismo sufrimiento puede convertirse en factor que impulsa la organización y movilización para proponer otros sentido y orientaciones respecto a las políticas de reparación, e incluso, para emprender procesos en los cuales se van configurando otras subjetividades a partir, por ejemplo, de procesos de recuperación de memoria que les restituye lugar como sujetos históricos y como protagonistas de sus vidas.
A pesar de lo anterior, también es cierto como lo plantea el mismo sociólogo argentino y otros/as autores/as vinculados al proyecto de investigación “Mundo de Víctimas”, que las personas afectadas por acontecimientos trascendentales de violencia (es decir de carácter políticos) o por hechos más cotidianos no necesariamente vinculados al conflicto político, buscan y se organizan con el fin de conseguir reconocimiento social e institucional en tanto víctimas a pesar de los límites de la categoría (Gatti, 2016, 2017; Gatti e Irazuzta, 2017).
En el caso del propósito de la investigación realizada, lo importante fue no sólo reconocer este deseo, sino que intentar proponer un análisis sistematizado de al menos dos dispositivos (sobre un conjunto mucho mayor de los que actúan sobre los/las sujetos) en tanto procesos por los cuales las personas afectadas se constituyen y son constituidas como víctimas, y también, problematizar los mecanismos por los cuales se procede a identificar y clasificar a ciertos tipos de sujetos como tales, donde se producen procesos de selección, inclusión y exclusión.
Para el caso de Latinoamérica, el término de víctima comenzó a ser utilizado por las organizaciones de DDHH que surgieron en el marco de las violencias políticas de las décadas de 1970 y 1980, específicamente por la acción represiva de las dictadura del Cono Sur, como estrategia de denuncia ante los crímenes cometidos por éstas y sufridos por gran parte de los estratos sociales populares y colectividades políticas de izquierda. El concepto emergió como una manera de contrarrestar el régimen de invisibilización y criminalización de las dictadura y regímenes autoritarios, que por lo general justificaron sus acciones afirmando el carácter criminal o terrorista de los/as disidentes. Como señaló Piper, el denominarse como víctima, “resultó ser una manera de reivindicar su inocencia y denunciar el carácter arbitrario de la persecución que sufrían” (2018, p. 494-495). Sin embargo, no todos/as los/as afectados por la violencia política se sintieron representados con esta categorización, principalmente porque prefirieron ser reconocidos/as como actores políticos con una filiación decididamente revolucionaria. Aunque la consolidación institucional de la categoría de víctima para el Cono Sur aconteció en el trascurrir de los proceso de redemocratización hacia mediados de los años 1980 y durante toda la década de 1990, en paralelo con el auge de experiencias de recuperación y disputas por las memorias colectivas (Martínez y Silva, 2012). En otros casos en donde el régimen democrático no fue interrumpido pero si se produjeron derivas autoritarias que devinieron en expresiones de violencia política como en Colombia y México, la institucionalización de la categoría de víctima ha sido un proceso más tardío y fragmentado (Garza, 2017).
Análisis de casos: la violencia de Estado en el México priista y el Conflicto Armado Interno en Colombia.
La violencia de Estado en México fue una reacción al creciente descontento popular respecto a las condiciones sociales de vastos sectores de la población, tanto en el campo como en las ciudades. En las primeras por los anhelos de extender y profundizar la reforma agraria que hacia 1960 se había desacelerado, y en las segundas, por la acción de las clases medias que reclamaron más participación en la vida social, política y económica ante el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones. Además, se alegó contra la profunda contradicción económica y de las riquezas entre los sectores políticos y empresariales vinculados al PRI con el resto de la población que experimentó el empobrecimiento progresivo y sus tierras fueron perdidas a manos del gamonalismo cercano al PRI. La respuesta a este escenario fue la aparición de diferentes movimientos rurales campesinos, de trabajadores ferroviarios y otros sectores obreros, en torno a los gremios de la salud y de profesores normalistas y magisteriales, también surgió con fuerza a mediados de la década 1960 el movimiento estudiantil universitario, politécnico y a nivel de preparatoria.
Se caracterizó por el uso de la fuerza y la violencia política como un instrumento de represión ilegal que se ejecutó fuera de las normas que regulan la conflictividad social, al tiempo que el Estado mexicano cultivó una fachada de pacifismo, de legalidad en el ejercicio de su violencia, de constitucionalismo, impostando una apariencia de intachable respeto a la institucionalidad del orden político y social, aunque en el fondo practicó la deslegitimación e invisibilización de la guerrilla y de los movimientos sociales en tanto actor político con el cual se encontraba en disputa, tachándole en el discurso oficial un carácter criminal, antisocial o terrorista, sin agencia y por tanto sin ideología y proyecto político, volcando todos los aparatos de inteligencia y toda la violencia que puede ejercer el Ejército ante lo que internamente, en las esferas de poder del régimen de dominación priista, denominaron como subversión, independientemente de si se trataba de militantes de alguna organización armada o de alguna expresión de inconformidad social no violenta, todas reprimidas de igual modo, bajo este yugo de prácticas legales e ilegales debido la lógica del aniquilamiento del “enemigo interno” (Mendoza, 2011, p. 139; Díaz, 2018, p. 257-258). Por tanto, la violencia de Estado para el caso de México, se caracterizó por el ejercicio de la violencia política armada aplicada contra organizaciones revolucionarias y organizaciones de la sociedad civil que buscaron transformar la realidad política y socioeconómica del país, incluso en contra de periodistas o activistas que denunciaron las prácticas antidemocráticas del Estado (López, 2013, p. 58), al tiempo que se negó la existencia del mismo conflicto.
Ahora bien, entre los hallazgos respecto al sostenimiento en el tiempo del/la sujeto víctima, se han identificado diferentes temporalidades de construcción de la subjetividad de víctima entre los años 1968 y 2018, que dan cuenta de un desplazamiento paulatino desde una negación sostenida desde el régimen político autoritario del PRI respecto de las personas afectadas por la violencia política antirrevolucionaria y por la estrategia en contrainsurgencia, hacia el reconocimiento parcial y controvertido del/la sujeto víctima en la medida que se profundizó el proceso de transición a la mexicana.
En esta temporalidad se construyeron categorizaciones desde el dispositivo de Estado tales como la víctima “transeúnte inocente”, el/la “quejoso/a”, el/la “agraviado/a”, la víctima “doliente”, la víctima de la violencia por la acción represiva del Estado y la víctima en términos generalizados desprovista de especificidad histórica, las que buscan fijar a los sujetos desde ciertas posiciones específicas que contrastan con las categorizaciones y formas de construirse subjetivamente que las propias personas afectadas por las prácticas de violencia política efectuaron, (dispositivo de autorreconocimiento) reconociéndose estas como víctimas ya sea en la especificidad de la forma en que se ejerció la violencia política (es decir como preso/a político, familiar de desaparecido/a, torturado/a, etc.), con mayor o menor reconocimiento de sus politicidades y agencias, con reconocimiento también de sus dolencias y nombrándose a sí mismas como víctimas desde fines de la década de 1980.
En ese sentido, el/la sujeto víctima inicialmente fue referenciado desde la tecnología política del discurso presidencial como un “transeúnte inocente” o una persona común y corriente, “mexicano de buen vivir, trabajador, patriota”, afectado por el accionar de “bandas criminales” representadas por los movimientos sociales que plantearon transformaciones al orden político y social existente, para luego extender esa representación a las “víctimas” del terrorismo, bandolerismo o de la subversión representada por las organizaciones armadas de izquierda, siendo con ello criminalizadas.
Mientras que en términos generales, las organizaciones de la sociedad se caracterizaron por agruparse para saber de sus familiares, en la defensa de los DDHH y luchar contra las prácticas de represión y su ocultamiento, resistiéndose a la negación de la violencia política estatal y a la falta de reconocimiento de las personas afectadas por esta. Estas organizaciones intentaron desmontar la historia oficial y el régimen discursivo impuesto tempranamente por el Estado reivindicando el punto de vista de las personas afectadas por la represión, en tanto sujetos dañados pero con activismos (no necesariamente revolucionarios), lo que les valió en ocasiones la antipatía de una parte significativa de la organizaciones revolucionarias como lo expresó la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo y el Comité Coordinador de Comités de Lucha, quienes se autorreconocieron como combatientes no como víctimas.
Lo señalado sintetiza la dualidad de imaginarios con los cuales se construyen dos mundos sociales opuestos a partir de la racionalidad de Estado y de las primeras organizaciones surgidas en México, donde habitan configuraciones de sujetos precisas y antagónicas que permiten la creación del “enemigo político” mediante un proceso de presentación-suplantación (Ovalle, 2013, p. 231), es decir, la presentación en el espacio público de la disidencia como un sujeto eliminable debido a sus actos criminales “sin orientación”, concertados de manera sediciosa con “la penetración roja cubano-soviética” o “conjura comunista internacional” (Sánchez, 2006, p. 127-128). Y por otro lado, la construcción que realizan los/as familiares de los/as afectados/as por la estrategia represiva del régimen, primero como sujetos dolientes y después como actores comprometidos con ideales de transformación social.
El Estado mexicano desde el llamado “gobierno de alternancia” del año 2000, implementó diferentes políticas para dar reconocimiento histórico de los actos de violencia política y posibilitar mecanismos de reparación. En ese sentido se publicó un informe sobre la Guerra Sucia por el CNDH que dio origen a la recomendación 27/2001, al tiempo que en el año 2002 se acordó la creación de las Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos (FEMOSPP) que entregó entre gallos y medianoche su Informe Histórico. Lo importante a señalar, saltándome todas las controversias, es que en estos documentos se efectuó una primer reconocimiento de carácter histórico a las personas afectadas las que fueron categorizadas como víctimas de la actuación represiva debido a sus opciones políticas. Aunque tempranamente estos reconocimientos se diluyeron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, al aplicarse mecanismos en los cuales las particularidades históricas quedaron subsumidas a una conceptualización ahistórica de las víctimas, como ocurre en el documento jurídico-normativo de la Ley General de Víctimas de 2013. Aunque hubo experiencias que buscaron restituir el carácter histórico como el Informe de la Comisión de Verdad del Estado de Guerrero (ComVerdad) de 2014.
Mientras que en la misma temporalidad y desde la década de los años 1990, el análisis del dispositivo de autorreconocimiento muestra que se produjo un fuerte reafirmamiento de las posiciones de sujeto con las cuales performaron la situación de daño, reconociéndose principalmente como actores y actrices políticos con capacidad de incidir en el escenario político nacional, además de asumir la inocencia de todas las víctimas independientemente de su participación política.
Por otro lado, el Conflicto Armado Interno en Colombia, ha sido un enfrentamiento entre diferentes actores irregulares de izquierda, el Estado y otras tantas organizaciones paramilitares de derecha con vínculos en el narcotráfico, que ha desangrado el país desde la década de 1960 hasta el presente. Algunas de las causas del Conflicto han sido la disputa por el control de la tierra, principal fuente de las marcadas diferencias económicas entre las clases dominantes latifundistas frente a la población campesina, en un contexto de implementación de un modelo de desarrollo anti-campesino que privilegió la inversión de los grandes capitales. También destacó la debilidad del Estado y su cooptación por las elites, la dificultad de éstas para crear una identidad nacional fuerte que cohesionará al conjunto de la sociedad sobre la base de un proyecto de modernización capitalista inclusivo (Senior, 2015; Padilla, 2016). Además, desde muy temprano se desarrolló una cultura de la violencia en torno a la exclusión en la participación política impulsada por las elites de manera autoritaria y centralizada, resistida por sectores de la sociedad, acentuada por el contexto global que legitimó el ejercicio de la violencia como forma de dar resolución a la disputa sociopolítica, primero en el contexto de Guerra Fría, y después, por las políticas antinarcóticos de los Estado Unidos (Yaffe, 2011). Y finalmente, ya desde los años ochenta, por el poder corruptor y por la compleja relación de cooperación-conflicto entre el narcotráfico, sectores del Estado y las diferentes organizaciones armadas.
Los principales hallazgos han sido identificar categorizaciones precisas elaboradas sobre los/as sujetos afectados/as por la violencia política, tales como “rehabilitado” en tanto “damnificado”, “víctimas de la subversión”, “reinsertado”, “sociedad civil inocente”, “victimas del terrorismo”, y la dualidad construida por el uribismo en cuanto a “víctimas buenas o inocentes” por sobre las otras “no-victimas sospechosas” de ser violentistas o guerrilleros, hasta llegar a la categorización más abarcadora producida por el GMH y en los Acuerdos de Paz con las FARC-EP en 2016. Mientras que desde el dispositivo de autorreconocimiento, los principales hallazgos han sido identificar categorías de sujeto como “militantes víctima” y “pueblo víctima” esto entre las décadas de 1970 y 1980. Otra categorización que desde la década de 1990 resaltó un carácter menos militante, validándose como “víctimas inocentes de la sociedad civil”. Y finalmente, un nuevo proceso en el que las víctimas actúan mediante la denuncia pública desde el lugar de militantes de organizaciones sociales y activistas en DDHH, desmarcándose paulatinamente del debate sobre la inocencia de las víctimas porque se planteó que entrar en ese debate conllevaba a la criminalización y a la justificación de la represión contra otros individuos y colectivos.
Lo principal a destacar es que en gran parte de la temporalidad analizada primó una referencia subjetiva que se centró en el “daño”, “sufrimiento” e “inocencia”, estableciéndose los reconocimientos de manera paulita. En base a eso se produjo una división tajante en los procesos de reconocimiento y clasificación de víctimas y en los procesos de exclusión y silenciamiento que dan forma histórica a los regímenes de visibilización y a los regímenes de ocultamiento. En las tecnologías políticas de Estado el/la afectado/a, rehabilitado/a, reinsertado/a o víctima no podía ser un actor o actriz armado/a o insurgente, mientras que para las tecnologías políticas de las agrupaciones de la sociedad, al principio lo que prevaleció fue el reconocimiento de la militancia política para luego hacer más abarcadores sus reconocimientos en la medida que en Conflicto Armado se extendió en 1990.
Si desde el Estado se habló de “Víctimas de la Subversión”, a partir de 1973 la primera organización de solidaridad con Presos Políticos (el Comité Solidaridad con los Presos Políticos), empezó a definir a los/as sujetos afectados por la violencia política primero como “Militantes-Víctimas”, resaltándose el carácter militante y como luchadores/as en las transformaciones sociales y políticas frente las injusticias del Frente Nacional y el orden oligárquico , construyéndose una subjetividad marcada por la acción política de quienes fueron apresados/as, torturados/as, ejecutados/as y desaparecidos/as. Y otra perspectiva de sujeto que he denominado como “Pueblo-Víctima”, en donde se reconoce al conjunto del pueblo colombiano como víctima del sistema político de dominación y de las condiciones económicas capitalistas de miseria y explotación, desde una lectura de interpretación socialista de la realidad nacional. Así, la principal posición de sujeto quedó articulada en relación a la identidad militante de quienes fueron afectados/as.
Ahora bien parece haber una cercanía entre la utilización de la categoría de víctima y las posiciones de sujeto que de esta se desprenden durante el periodo que transcurre entre 1990 al 2000, en el cual en/la sujeto víctima es referido en el dispositivo estatal como aquel o aquella persona inocente dañada en el Conflicto Armado Interno sin participar en él quedando atrapada (aunque principalmente por la actuación “terrorista” e insurgente de los grupos armados); y desde la organizaciones de la sociedad, en tanto víctimas de la sociedad civil pero sin resaltar mayormente la militancia.
De manera contraria, durante el urbismo (2003-2010) se restringió el reconocimiento de sujetos víctimas sólo a lo que la Política de Seguridad Democrática y la Ley de Justicia y Paz reconoció en tanto personas afectadas por el actuar de los Grupos Armados Ilegales (GAI) o al margen de la Ley, negando cualquier responsabilidad del Estado. Las víctimas por tanto lo fueron del terrorismo, donde se promovió una posición de sujeto y categoría con una visión de “pureza” e “inocencia” de los/as sujetos reconocidos, que los buscó performar como actores y actrices despolitizados/as, en personas comunes y corrientes sin mayores agencias, quienes fueron blanco del accionar violento y criminal del terrorismo. Sosteniéndose una dualidad entre supuestas “víctimas buenas o inocentes” y otras “no-victimas sospechosas” de colaborar con el terrorismo.
Ya hacia el final del mandato de Uribe, el surgimiento del Grupo de Memoria Histórica y más tarde de la Centro Nacional de Memoria Histórica, generó un punto de emergencia en cuanto al sostenimiento en el tiempo del/la sujeto víctima, permitiendo la emergencia de unas posiciones de sujeto mucho más abarcadoras, pasando por alto el binomio entre inocencia y sospecha, reconociendo al Estado como uno más de los agentes involucrados en las violaciones a los DDHH y dando visibilidad, voz e imagen a un conjunto de sujetos víctimas como personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+, comunidades afrocolombianas, comunidades indígenas, pobres urbanos y campesinos, y otros pueblos.
Finalmente, desde las organizaciones de la sociedad y de víctimas se respondió al urbismo mediante el fortalecimiento de unas posiciones de sujeto que se alejó de las categorizaciones basadas en el dolor y sufrimiento o en el alegato de las víctimas en su inocencia para autorreconocerse y centrar las posiciones de sujeto en otras perspectivas políticas.
Conclusiones:
Es posible que los/las sujetos son producidos históricamente por una red de dispositivos que los enactan y que configuran el orden social que posibilita su surgimiento, permite comprender el sostenimiento en el tiempo del/la sujeto víctima desde un enfoque de larga duración, identificando la compleja trama de sucesos que hicieron posible que en un momento se categorizará de tal o cual forma proponiéndose los sentidos sobre el sujeto y desde allí constituyéndolo. Es por ello que, el presente ejercicio contribuye a desnaturalizar las perspectivas de sujeto que se han institucionalizado desde los dispositivos de Estado y que han buscado hacer significante las experiencias de violencia política, inclusive a costas de las propios procesos de subjetivación efectuadas por las personas afectadas por esos hechos.
Ha sido demostrable tanto para los casos de la violencia de Estado en México como del Conflicto Armado Interno en Colombia, que los sujetos son construidos históricamente tanto por un poder exógeno a ellos mismos, en tanto relaciones de saber- poder para un época determinada que promueven sentidos y formas de ser que son reiteradas, como por la propia acción política y las agendas de los/las sujetos, en su lucha por hacerse visibles y contrarrestar los efectos negativos que la violencia política tienen sobre el/ella.
Bibliografía:
Ansaldi, W. y Giordano, V. (Coord.). América Latina Tiempos de Violencias. Buenos Aires, Ariel, 2014.
Bernasconi, O. (Ed.). Documentar la atrocidad. Resistir el terrorismo de Estado. Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2020.
Bernasconi, O., Lira, E. y Ruiz, M. "Political Technologies of Memory: Uses and Appropriations of Artefacts that Registrer and Denounce State Violence". International Journal of Trasitional Justice, Vol. 13, N° 1, 2019, pp. 7-29. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/ 331966496_Political_Technologies_of_Memory_Uses_and_Appropriations_of_Artefacts_that_Register_and_Denounce_State_Violence
Delgado, M. 2011. “Las víctimas como sujetos políticos en el proceso de justicia y paz en Colombia: discursos imperantes y disruptivos en torno a la reconciliación, la verdad, la justicia y la reparación”. Tesis para obtener el grado de Doctora en Ciencias Sociales con mención en Sociología. Ciudad de México, FLACSO México, 2011, 282 pp.
Díaz, A. “La violencia de Estado en México durante la guerra sucia. Injusticias continuadas y memorias resistidas”. Revista de Cultura de Paz, Vol. 2, 2018, pp. 255-276. Disponible en: https://revistadeculturadepaz.com/index.php/culturapaz/article/ download/24/30
Garza, J. "Actores y redes del movimiento por los derechos humanos en América Latina". Boletín Antropológico Universidad de Antioquía, Vol. 32, N° 53, 2017, pp. 158-179. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/557/55750078010.pdf
Gatti, G. "El lenguaje de las víctimas: silencios (ruidosos) y parodia (seria) para hablar (sin hacerlo) de la desaparición forzada de personas". Universitas Humanística, N° 72, 2011, pp. 89-109. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/ univhumanistica/ article /view/ 2148
Gatti, G. "El misterioso encanto de las víctimas". Revista de Estudios Sociales, N° 56, 2016, pp. 117-120. Disponible en: https://doi.org/10.7440/res56.2016.09
Gatti, G. (Coord.). Un Mundo de Víctimas. Barcelona, Anthropos Editorial, 2017.
Gatti, G. e Irazuzta, I. "El ciudadano-víctima. Expasión, apertura y regulación de las leyes sobre vidas vulnerables (España, Siglo XXI)". Athenea Digital, Vol. 17, N° 3, 2017, pp. 93-114. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo? codigo=6275441
López, C. “Miguel Nazar Haro y la guerra sucia en México”. Revista Grafía, Vol. 10, N° 1, 2013, pp. 56-72. Disponible en: http://revistas.fuac.edu.co/index.php/grafia/article/view/350
Martínez, N. y Silva, O. "La invisibilización del sujeto víctima, las instituciones y las luchas políticas por la memoria como categoría de análisis para el estudio de la memoria". Revista Colombiana de Educación, N° 62, 2012, pp. 139-152. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n62/n62a 08.pdf
Mendoza, J. “La tortura en el marco de la guerra sucia en México: un ejemplo de memoria colectiva”. Polis, Vol. 7, N° 2, 2011, pp. 139-179). Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/ polis/v7n2/v7n2a6.pdf
Ovalle, C. “El enemigo que acecha: la construcción del enemigo político y la represión en México en la década de 1970”. En Goicovic, I., Pinto, J., Lozoya, I. y Pérez, C. (coord.). Escrita con sangre. Historia de la violencia en América Latina. Siglo XIX y XX. Santiago de Chile, Universidad de Santiago, CEIBO Ediciones y Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2013.
Piper, I. “Víctima”. En Ricard, V. (Coord.). Diccionario de la Memoria Colectiva. Madrid, Gedisa, 2018, pp. 494-498.
Sánchez, S. “La guerrilla en México: un intento de balance historiográfico”. Nueva Época, Vol. 6, N° 35, 2006, pp. 121-144. Disponible en: https://pdf4pro.com/cdn/la-guerrilla-en-m-233-xico-un-intento-de-balance-23f10b.pdf
Senior, J. "Colombia: Guerra y paz. Análisis del grupo armado FARC y su contexto". Revista ACADEMIA LIBRE, N° 12, 2015, pp. 19-52. Disponible en: https://www.unilibrebaq.edu.co/ ojsinvestigacion/index.php/academialibre/article/view/613/0
Villamizar, J. "Elementos para periodizar la violencia en Colombia: dimensiones causales e interpretaciones historiográficas". Revista Ciencia Política, Vol. 13, N° 25, 2018, pp. 173-198. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/65251
Yaffe, L. "Conflicto armado en Colombia: análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta". Ciencias Sociales, Vol. 8, N° 187, 2011, pp.189-208. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476348371006
Palabras clave:
Genealogía de dispositivos, violencia política, Conflicto Armado Interno, Violencia de Estado, víctima, sujeto.