Resumen de la Ponencia:

El surgimiento del cooperativismo en América Latina data de finales del siglo XIX, en parte influenciado por el pensamiento europeo. Sin embargo, formas más comunitarias y solidarias ya se encontraban presentes en Incas y Aztecas, e incluso en las comunidades rurales como la mano prestada (Vitale, 1983), el convite, entre otras. De forma contemporánea, el cooperativismo, la economía social y solidaria y la economía popular constituye un debate actual en la academia que nos remite al menos a tres tendencias. Una primera tendencia que se refiere a la cooperativa como unidad de producción y por lo tanto como actor central del desarrollo e incluso como garante de equidad (Arango, 2005a; Magrovejo et al., 2012; OCA et al., 1994; Panzoni, 1958; Sili et al., 2014); una segunda tendencia, emergente a partir de la década de 1990 con la caída del Bloque Socialista y donde tomó fuerza el concepto de economía social y solidaria(Coraggio, 2021; Díaz, 2015); una tercera tendencia que aborda desde el concepto de economía social y popular y que por lo tanto engloba un conjunto de prácticas que van mucho más allá de lo económico e involucra elementos comunitarios (LESA ENES Morelia & Arellanes C, 2021). En este sentido, esta ponencia profundiza en la configuración del debate latinoamericano al destacar la producción académica en tres contextos nacionales México, Colombia y Brasil. En este sentido, aplica la revisión documental como metodología de investigación y como criterios de selección la producción de los últimos 15 años. A modo de resultados, estas tres tendencias de pensamiento tienen su mayor expresión en las prácticas de los actores, en ocasiones como medios de resistencia a la profundización de las desigualdades ambientales, económicas y políticas. Para concluir, este debate además de vigente propone una diversidad de desafíos, al sector público, en la comprensión del sector cooperativo, solidario y popular y las implicaciones que estas conceptualizaciones tienen en las políticas públicas; al sector académico,el diálogo permanente con los actores sociales y los resultados del mismo.

Resumen de la Ponencia:

La fundamentación del Estado moderno comprende dos tradiciones diferenciadas; por un lado, la maquiaveliana, también denominada realista, en la que el Estado se fundamenta en y por sí mismo, por razón de Estado; por otro lado, la tradición lascasiana, o humanista, que enmarca el Estado en el derecho natural o, en términos contemporáneos, en los derechos humanos. Esta segunda visión de lo estatal supone una concepción construccionista del pacto social y, en consecuencia, la voluntariedad de la participación de los pueblos en la conformación de un Estado. Es decir, el derecho a la autodeterminación de los pueblos antecede y condiciona al Estado, y no al revés (como pretende, por ejemplo, la constitución mexicana, art. 2). Este estudio explora el pensamiento actual de pueblos indígenas en México en relación con la pugna entre estas corrientes maquiaveliana y lascasiana, atendiendo a su apreciación del construccionismo estatal. Normativamente, se propone que el tránsito del paradigma dominante, realista, al construccionismo debe facilitarse mediante el desarrollo y la internalización colectiva del protagonismo político de los pueblos, no de los Estados; pero no desde una comprensión biologicista de pueblo, sino desde la autoadscripción individual voluntaria.

Resumen de la Ponencia:

Alrededor de la alternancia en la titularidad del poder ejecutivo federal que tuvo lugar en México el año 2000 se generaron, al igual que en otros puntos del subcontinente, expectativas democráticas que iban de la mano de una transformación institucional. Los diseños respectivos pasaban por la capacidad de construir acuerdos sobre qué era necesario crear o fortalecer. En la medida en la que la discriminación y violencias de género eran y serán siempre incompatibles con un entorno democrático y de que los Estados que aspiran a dicho calificativo están obligados a garantizar su erradicación, el nacimiento en nuestro país del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) difícilmente hubiese podido objetarse. Sin embargo, abrir espacios institucionales no basta, lo que los dota de sentido es su capacidad de reproducir interacciones capaces de garantizar el abanico de derechos humanos que, entendidos en un sentido amplio, forman parte de las agendas sociopolíticas del siglo XXI. Hasta dónde el INMUJERES ha avanzado, o no, en esa dirección es la interrogante central que guía esta ponencia.

Resumen de la Ponencia:

Lo queramos ver o no, el mundo ha cambiado. Ante la generalización y normalización del uso (y a veces abuso) de los mecanismos de Derecho de excepcionalidad a lo largo del planeta y las numerosas crisis sociales y económicas que la pandemia ha dejado tras de sí, se prevé que en los próximos años se desencadenen, en muchos de los países del Globo, crisis políticas que no sólo desestabilizarán sus diversos sistemas políticos, sino que incluso contribuirán a su transformación. De cumplirse estas previsiones, se correría el peligro de convertir estos instrumentos en peligrosos mecanismos de violación e incumplimiento de los derechos y libertades ciudadanas. Por ello, este trabajo busca analizar la problemática de la garantía de los derechos fundamentales en México a través de la aplicación del mecanismo de Derecho de excepcionalidad recogido en el art. 29 de su Constitución, ya que, por un lado, el establecimiento de ciertos derechos intangibles imposibilitan la adopción de medidas reales para atajar la emergencia y, por otro, la ausencia de un Reglamento que desarrolle este precepto dificulta la delimitación de las facultades del Gobernante ante este tipo de supuestos, permitiendo que se vulneren dichas garantías a través de medidas que los afectan tangencialmente. Así, el Ejecutivo mexicano no podrá cargar contra los manifestantes, ya que no se puede restringir ni suspender el derecho a la integridad personal, ni se podrá perseguir a un grupo ideológico que busque subvertir el poder a través de métodos no democráticos, por implicar discriminación, entre otras muchas medidas. Y ello provocará que el Gobernante deba elegir entre vulnerar la Constitución o permitir que el Estado se hunda en el caos. Pero también puede adoptar medidas que regulen otros derechos que afecten directamente a esos derechos intangibles. Puede regular el derecho a la seguridad ciudadana y establecer la posibilidad de llevar a cargo cierta violencia policial o clasificar a cualquier grupo organizado no democrático como terrorista, combatiendo la criminalidad común a través de la suspensión de garantías, lo cual es contrario a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la pregunta que dicha investigación busca responder es si la suspensión de garantías mexicana protege realmente los derechos fundamentales de las y los ciudadanos durante este tipo de emergencias. Y el objetivo de todo ello es conocer los peligros que implica para el Estado de Derecho y la Democracia mexicana el privar al Gobierno de instrumentos para enfrentar los conflictos colectivos, obligándole o bien a la pasividad o al incumplimiento de la Constitución.  

Introducción:

La guerra de Ucrania, los conflictos sociales derivados de la inflación, las conspiraciones de golpe de estado en Alemania que lleva a cabo la ultraderecha, la declaración del estado de emergencia y el intento fallido de golpe de estado en Perú…son sólo un pequeño muestrario del enorme elenco de conflictos sociales que están teniendo lugar en el mundo. Y, como toda crisis de tamaña envergadura, dejará su impronta en los regímenes constitucionales de todos los países del planeta (VALADÉS, 2020:XXX), especialmente en el Derecho de excepcionalidad. 

Este concepto engloba toda aquella normativa constitucional que regula el otorgamiento de las facultades extraordinarias al Ejecutivo y que decreta temporalmente la restricción de derechos o la suspensión de garantías temporal, con el objeto de enfrentar peligrosas situaciones emergentes para la supervivencia del Estado o la de sus ciudadanos, las cuales no pueden paliarse a través de los cauces ordinarios del Derecho. Las facultades extraordinarias consisten en la transmisión parcial de la función legislativa que hace el Congreso en favor del Ejecutivo, lo que quebranta excepcionalmente el principio de división de poderes (MARTÍNEZ BÁEZ y TENA RAMÍREZ, 2006: 28). Usamos el término Derecho de excepcionalidad o estados de excepcionalidad en lugar de Derecho o estados de excepción, porque esta última definición hace referencia, en la nomenclatura española, a una de las diferentes formas que puede adoptar una situación de anormalidad constitucional, como es el estado de excepción, cuando en realidad abarca todas sus modalidades. Además, esta regulación no supone una excepción a la Constitución, lo que parece que se deriva de dicho concepto, sino que la misma se sigue aplicando, a pesar de que entran a funcionar mecanismos pensados para situaciones excepcionales, por lo que el Derecho que lo regula también debe ser excepcional. Así mismo, se propone usar esta denominación en lugar de utilizar “Derecho excepcional” porque esto último también podría aludir a una regulación muy extensa y precisa sobre una materia concreta, cuando en realidad nos estamos refiriendo a un Derecho creado para situaciones de anormalidad. Y aunque estos mecanismos acercan un modelo democrático a una dictadura, la diferencia entre ambos es la existencia instrumentos de control efectivos en el primero y su ausencia en el segundo.

De este modo, el objeto de estudio de esta investigación será el conflicto que se le presenta al Gobernante mexicano al tener que elegir entre el respeto de las limitaciones que encuentra su ordenamiento para poder enfrentar los conflictos sociales desde la ponderación del respeto a los Estados Democráticos de Derecho, y la eficacia de sus medidas. Por ello, el trabajo no sólo expondrá, de una forma descriptiva, los diferentes mecanismos jurídicos de los que dispone la Constitución mexicana para gestionar las diversas emergencias, sino que planteará gran parte de las crisis sociales a las que puede enfrentarse un país, sin entrar en escenarios disruptivos o contra fácticos. 

Por ello, la finalidad de este trabajo será investigar no sólo cual sería el instrumento adecuado para hacer frente a todas esas emergencias que se exponen en el trabajo, sino también las dificultades que podría encontrar el Gobernante para poner sus medidas en ejecución y los peligros que éstas pueden suponer para los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos que componen la República de los Estados Unidos Mexicanos. En definitiva, se trata de manifestar los defectos del Derecho de excepcionalidad mexicano con la intención de que se lleven a cabo las pertinentes reformas que eviten posibles desvíos autoritarios en un futuro, cuando las circunstancias obliguen a adoptar los diversos mecanismos de gestión de emergencias.

La metodología a emplear consiste en llevar a cabo un análisis doctrinal y jurisprudencial del objeto de estudio, extrapolando las conclusiones esgrimidas en otras investigaciones a las hipótesis de esta investigación, de tal manera que la solución de otros sucesos similares sirva para solventar las diversas problemáticas que se exponen en este trabajo. Se comienza haciendo una precisión conceptual que no se realiza en el ordenamiento mexicano y que es fundamental para abordar la problemática del Derecho de excepcionalidad, tras una exposición del mecanismo mexicano de suspensión de garantías. A continuación, se exponen las limitaciones que encuentra esta parte del ordenamiento para hacer frente a algunas emergencias constitucionales, como invasiones o alteraciones de orden público. Después se analiza lo que sucede con la protección de los derechos en los mecanismos de gestión de crisis sanitarias mexicanos. Y, finalmente, de todo ello se extraerán unas sucintas conclusiones. 

Desarrollo:

SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS VS RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Los mecanismos que se utilizan para hacer frente a los conflictos sociales pueden llamarse de múltiples maneras: estado de excepción y estado de sitio, en España; estado de conmoción interior y estado de guerra, en Colombia; estado de emergencia, en Perú;…o suspensión de garantías, en el caso mexicano. De este modo, el art. 29 de la Constitución mexicana permite suspender garantías si el Gobierno así lo solicita y el Congreso de la República lo autoriza, mediante una Ley de suspensión de garantías, aprobada por mayoría simple, ya que el ordenamiento jurídico constitucional no establece una mayoría diferente. Sin embargo, en dicha Ley, el Parlamento mexicano debe especificar las concretas garantías que le habilita al Gobierno a suspender y sobre qué derechos. 

Pero si tenemos en cuenta el funcionamiento partidista de los actuales Estado, un Presidente puede recibir del Congreso todas las facultades que desee si el partido o coalición que lo apoya cuenta con la mayoría simple (es decir, con que haya más voto afirmativo que negativo por parte de los parlamentarios, sin tener en cuenta las abstenciones). Ello deriva de que, como líder del partido, podrá obligar a los congresistas de su bancada, a través de la disciplina del voto, a apoyar tales medidas, las cuales deben ser coherentes con la gestión de la crisis (FERRER MC-GREGOR, 2020: 11), tanto si restringen derechos como si suspenden garantías. Sin embargo, el precepto constitucional mencionado no habla en esos términos, sino que, de su literalidad, parece derivarse que tanto los derechos como las garantías pueden restringirse o suspenderse, lo cual no es correcto, porque no es lo mismo. Los derechos pueden limitarse o restringirse, pero solo las garantías pueden suspenderse (FERRER MC-GREGOR y HERRERA GARCÍA, 2017: 110-112). 

Así, en el caso de la limitación o restricción de derechos, éstos continúan conservando todas sus garantías, por lo que es posible someter las medidas al control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al del Propio Poder Judicial. De esta forma, el ejercicio de los derechos se ve limitado de una forma mucho más gravosa que en circunstancias normales, al verse ponderados con un bien superior, que puede ser la seguridad del Estado, el régimen democrático o la propia vida de las ciudadanas y los ciudadanos de la Nación. Sin embargo, en la suspensión de garantías, el papel de los jueces y magistrados desaparece, salvo para controlar la interdicción de la arbitrariedad. Porque, como dijimos, e insistimos, lo que se suspenden no son derechos, sino garantías. Las medidas adoptadas en la suspensión de garantías pueden ser las mismas que las aprobadas durante una mera restricción de derechos; la diferencia radica en el papel del Poder Judicial para fiscalizar la acción del Gobierno. Además, mientras que la suspensión de garantías requiere que el Poder Ejecutivo lleve a cabo la correspondiente declaración expresa de tal mecanismo y la comunicación de su uso a organismos internacionales, como a los Estados Miembros del Pacto de San José, en el caso de México, la restricción no precisa ningún acto expreso ni comunicación, ya que se lleva a cabo a través de cualquier acto normativo. 

Además, el control que realiza la Justicia Constitucional mexicana se realiza de oficio sobre los decretos de ejecución de las medidas, pero no sobre la Ley de Suspensión de garantías, al igual que en Colombia, mientras que en España es necesario que lo soliciten las instancias legitimadas para interponer el recurso de inconstitucionalidad, por lo que, si no existiese una oposición política real en este país, un estado de excepcionalidad ilegítimo o desproporcional que se aprobase en dicho Estado  podría no encontrar obstáculos a su ejecución, ya que el control judicial del Derecho de excepcionalidad español depende de su control político. El Tribunal Constitucional español fue quien se atribuyó esta competencia sobre los propios decretos de declaración mediante el Auto del Tribunal Constitucional 7/2012, de 13 de enero y la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2016, de 27 de octubre, siempre que se interponga recurso de inconstitucionalidad. Esto lo diferencia de México y Colombia, pues será la justicia ordinaria, y no la constitucional, la que se encargue de atender las vulneraciones de derechos de los decretos de ejecución. No obstante, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entienda inconstitucional o desproporcionada la Ley de Suspensión de garantías, ello no exime a que los ciudadanos puedan hacer valer sus derechos ante los respectivos organismos judiciales, cuando sientan que éstos han sido vulnerados (DE LA CUEVA, 2006: 20-21), al menos en la parte no sometida a suspensión. 

No obstante, uno de los problemas más notables del mecanismo mexicano establecido para enfrentar graves conflictos sociales es que se puede usar indistintamente para paliar una grave alteración de orden público como para frenar una sublevación armada, lo que podría ocasionar una desproporción en el uso de la fuerza para situaciones de menor gravedad. Sin embargo, en España, el estado de excepción sirve gestionar las primeras situaciones y el estado de sitio para hacer lo propio con las segundas. Así, cuando un tumulto implique un desorden caótico de una muchedumbre sin un fin concreto se aplicará el estado de excepción, mientras que, en una insurrección, en la cual existe una violencia organizada que sí persigue un fin concreto contra el Estado o sus valores, es necesario declarar el estado de sitio. Además, mientras que el estado de excepción sólo permite suspender las garantías de los derechos políticos, el estado de sitio sólo deja indemnes los derechos garantizados a los civiles por los tratados internacionales, ya que la Constitución española, en su art. 15, permite que la legislación militar establezca la pena de muerte. 

Así, según este precepto, “no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. De este modo, mientras que Colombia prohíbe la suspensión de garantías, tanto España como México la permiten, recogiéndolos de manera positiva el primero y negativa el segundo. 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS DERECHOS INTANGIBLES

Aunque la Constitución mexicana de 1857 sí establecía límites a la suspensión de derechos inherentes a la vida (MARTÍNEZ BÁEZ, 2006: 14-15), el Constituyente de 1917 entendió que ello haría inoperante al poder público para superar las crisis más graves (AGUILAR MAYA, 2006:49-50). Sin embargo, la tendencia proteccionista del Derecho internacional llevó a que se estableciesen más límites en cuanto a la suspensión de garantías. No obstante, entendemos, al igual que OLALDE VIEYRA (2015: 276), la dificultad que encontrará el Poder Ejecutivo para enfrentar un conflicto bélico o una insurrección interna sin la posibilidad de suspender las garantías ni restringir el derecho a la vida o a la integridad física de los sujetos que no se encuentren en el bando gubernamental. Se podría pensar que esta imposibilidad de suspender derechos se refiere sólo a los civiles, rigiéndose los militares por lo que establecen las leyes internacionales. Pero la Constitución mexicana no lleva a cabo tal diferenciación. Lo mismo sucede con la imposibilidad de suspender el debido proceso, el habeas corpus y el derecho al amparo, ya que las tácticas militares obligan a la celeridad de las acciones y el respeto de tales aspectos retrasarían sus avanzadillas, dando una ilógica y desmedida ventaja al bando no gubernamental. Ello favorecería a que dicho ejército contase con permitir que algunos de sus efectivos cayesen prisioneros al tener la certeza jurídica de que ello entorpecerá las Fuerzas Armadas del Gobierno sin poner en peligro la vida de sus soldados. Y es que considerar que, en tiempos de guerra, se respeta el derecho a la vida, la integridad física, el debido proceso, el habeas corpus… es una peligrosa ficción que sólo puede servir para que el Derecho de excepcionalidad se use para combatir la criminalidad común, como sucedió en El Salvador, aunque ello esté penado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

También sería bastante complicado paliar una grave alteración del orden público sin que se faculte al Gobierno restringir derechos políticos o individuales, como la libertad de pensamiento o de expresión, o suspender sus garantías. Por un lado, permitir que se enarbolen determinados símbolos o se ensalcen determinadas consignas puede agravar las distenciones sociales, por lo que, al menos, la restricción de estos derechos es necesaria. Obviamente no nos estamos refiriendo a perseguir a la oposición política ni a cualquier acto de opinión pública, sino a esas manifestaciones que buscan subvertir los modos democráticos de manera efectiva en tiempos de alteraciones sociales graves. Cuando surgen estas emergencias es menester perseguir las consignas sediciosas para evitar que sus pregones lleven a los individuos a realizar actos de hostigamiento contra el Estado, lo que obligará al Gobierno a suspender la libertad de aquellos individuos que las realicen. Y al castigar a quien proclama unas consignas y no otras se produce una clara discriminación, lo cual no está permitido en el precepto comentado. De hecho, durante la crisis sanitaria se adoptaron muchas medidas, como la vacunación, donde se llevó a cabo una discriminación por edades y profesiones. Además, en relación a los derechos políticos, no es aconsejable realizar elecciones durante el transcurso de estas emergencias, ya que la oposición puede usar un momento de crisis política aguda para desgastar al Gobierno, lo que aumentará los enfrentamientos y hará que las decisiones electorales no se tomen de forma reflexiva sino movidas por la coyuntura de crisis y crispación. 

Por ello, el no poder suspender las garantías necesarias para la gestión de cada una de las crisis, atendiendo a las concretas circunstancias de cada caso, lo entendemos, más que como una medida protectora de derechos, como un riesgo para ellos, porque o bien el Gobierno debe verse obligado a sucumbir por parálisis jurídica y política; o bien debe admitir que es necesario no aplicar la Constitución ni respetar sus derechos, lo que le restará una importante eficacia normativa; o bien debe crear una descarada ficción jurídica afirmando que esa medida no supone una gravosa limitación del Derecho, aunque realmente lo sea, ya que no querer llamar restricción de derechos ni suspensión de garantías a lo que realmente lo será en algún momento por necesidad, legitimará al Gobernante a aplicar las mismas medidas que usó en circunstancias extraordinarias para hacer frente a situaciones ordinarias. Porque transmitir a la ciudadanía que lo que es una verdadera suspensión fáctica de derechos, por muy justificado que esté, en realidad no lo es, sólo servirá para que los ciudadanos no sean capaces de identificar la misma restricción en tiempos de normalidad. 

Por otro lado, una vez que finaliza la vigencia de la Ley de suspensión de garantías mexicana, sus medidas dejan de ser eficaces y el Congreso vuelve a realizar sus funciones legislativas. Sin embargo, a pesar de que las sanciones impuestas durante la duración del derecho de excepcionalidad deberían continuar sus efectos una vez terminado el mismo, ello no sucede así, lo que permite a los sujetos sobre los que hubieran recaído dichas sanciones poder librarse de las mismas si consiguen dilatar el proceso en el tiempo a través de los recursos. 

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN LAS CRISIS SANITARIAS

Sin embargo, por lo que respeta a las crisis sanitarias, éstas pueden atajarse a través de diferentes mecanismos. En principio, la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad, establecida en el art. 73, fracción XVI de la Constitución mexicana está pensada para gestionar emergencias sanitarias. Es un mecanismo que declara el Gobierno sin necesidad de contar con la ratificación del Congreso, a través de la Secretaría de Salud, lo que diferencia este proceso de la suspensión de garantías del art. 29 constitucional, donde es necesario que el Congreso autorice su declaración. Posteriormente, el Consejo de Salubridad General mexicano establecerá las medidas adecuadas para hacer frente a la situación. 

Se trata de un organismo colegiado de excepción constitucional que se erige en una pieza clave para garantizar que la ciencia se funda con la política, permitiendo que la primera irradie una perspectiva técnica de la compleja problemática que envuelve a cualquier emergencia sanitaria (BARCELÓ ROJAS, 2020: 70). En realidad, puede dictar disposiciones concernientes a una crisis epidemiológica, aunque en dicha labor se encuentra sometido a la Secretaría de Salud, quien lo preside, por lo que se trata de un órgano que goza más de auctoritas que de fuerza normativa real. Además, sus resolutivos tienen la categoría de leyes federales y pueden vincular a cualquier autoridad (federal, estatal o municipal), sobre cualquier materia, siempre que guarden relación con el control de la enfermedad. Lo conforman 13 vocales titulares, que tienen voz y voto. El origen de este Consejo lo podemos encontrar en el Consejo Superior de Salubridad de 1941, creado durante la presidencia de Anastasio Bustamante, aunque como órgano consultivo. Sin embargo, en la actualidad, la Constitución le otorgó rango de constitucional y facultades normativas (SERNA DE LA GARZA, 2020:100).

La característica más destacable de este instrumento es que, a través de él, no es posible suspender ningún tipo de garantías, sino que sólo cabe restringir los derechos no mencionados en el art. 29 de la Constitución mexicana. Si la emergencia sanitaria alcanzase tal envergadura que requiriese la suspensión de garantías, será preciso poner en marcha el procedimiento del art. 29 constitucional, ya que, al establecer este procedimiento como tercer supuesto habilitante de declaración “cualquier otro [caso] que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, cabe dicha posibilidad, siempre que sea proporcional (HUERTA OCHOA, 2020). Lo mismo sucedería si nos enfrentamos a un ataque bacteriológico, ya que, aunque necesitaríamos adoptar medidas sanitarias, no sería correcto hablar de una mera crisis sanitaria, sino que el Estado se encontraría ante una guerra, por lo que también debe ponerse en marcha este mecanismo. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con este precepto, la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad no goza del control de oficio que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el procedimiento del art. 29 constitucional (GARCÍA LÓPEZ, 2020: 247-248), sino que cada individuo que se sienta agraviado por las medidas del Gobierno relativas a la crisis sanitaria, deberá interponer el correspondiente recurso de amparo ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Este procedimiento se extrapoló directamente por el Constituyente mexicano de 1917 de su homónimo de 1941, ya que fue muy efectivo para luchar contra las crisis de peste negra de comienzos del siglo XX (CARRILLO, 2005), lo que explica, pero no justifica, la ausencia de la debida protección de derechos, ya que pudo haber sido reformado, al igual que el art. 29 constitucional, para adaptarlo a las exigencias de las cartas internaciones de derechos (BARCELÓ ROJAS, 2020). 

Por tanto, como dijimos, las medidas adoptadas a través de este instrumento carecen del control político y judicial que sí poseen las que se adoptan a través del procedimiento del art. 29 constitucional. Esto permite al Presidente aprobar restricciones de derechos tan fuertes que afecten injustificadamente a su propia esencia, sin la posibilidad de que la justicia constitucional se pronuncie sobre dichas medidas, lo que podría equipararse a una suspensión de garantías, salvo por la posibilidad de la que goza cada ciudadana o ciudadano para hacer valer sus derechos a través del recurso de amparo. Aunque ello depende, eso sí, de que el juez entienda que las medidas son proporcionales a la situación de excepcionalidad declarada, lo cual excede, creemos, siempre sometidos a otro criterio crítico, de las limitaciones técnicas de cualquier órgano jurisdiccional. 

Conclusiones:

Por tanto, como hemos tenido ocasión de comprobar, el ordenamiento constitucional mexicano debe llevar a cabo importantes reformas constitucionales en la parte atinente al Derecho de excepcionalidad, ya que sus carencias podrían facilitar las tendencias autoritarias de un hipotético Presidente de un perfil poco democrático. Se trata de una normativa que sirve para proteger la forma del Estado, la Libertad y la vida de los ciudadanos. Pero también puede utilizarse, si no cae en las manos adecuadas, para atentar contra todo lo anterior. Por ello, es preciso hacer profundas transformaciones en el Derecho de excepcionalidad mexicano que obstaculicen que éste pueda usarse para subvertir el orden democrático.

Así, en primer lugar, es preciso transformar el art. 29 constitucional en cinco aspectos. Primero debe marcarse la diferencia entre restringir derechos y suspender garantías, ya que podría entenderse que suspender un derecho implicaría la facultad para su inobservancia, cuando esto es incorrecto. El poder se encuentra sometido, en todo momento, al ordenamiento constitucional, debiendo garantizar los derechos fundamentales, incluso durante la aplicación del Derecho de excepcionalidad. Lo que sucede es que estos mecanismos impiden a los ciudadanos reclamar la vulneración de sus derechos. Pero esto no faculta al poder para incumplirlos injustificadamente. El segundo aspecto a revisar radica en crear un mecanismo exclusivo para gestionar tumultos o huelgas salvajes y otro que se encargue de las insurrecciones armadas, estableciendo cada uno de ellos medidas proporcionales a cada situación, en lugar de regular ambos supuestos en un mismo procedimiento. Ello podría llevarse a cabo en el Reglamento que el art. 29 constitucional obliga y que todavía no se ha elaborado. El tercer aspecto para reformar hace referencia a la eliminación de gran parte de lo que podríamos llamar los derechos intangibles. Como hemos tenido ocasión de comprobar, es imposible gestionar determinadas emergencias sin afectar la esencia de estos derechos. Por ello, en lugar de impedir su afectación, sería recomendable exigir mayorías agravadas del Congreso para su aprobación, ya que las leyes atinentes a derechos fundamentales suelen requerir mayorías absolutas, así como una mayor fiscalización parlamentaria. El cuarto punto que debe ser transformado se refiere a la eficacia de las sanciones, ya que éstas no deberían perder su eficacia normativa cuando terminase el estado de excepcionalidad, sino que las que se hubieran impuesto en su momento, deberán seguirse rigiendo por la normativa de excepcionalidad. 

Además, el quinto extremo que merece ser revisado es el relativo a los derechos políticos. Y es que la suspensión de las elecciones durante las declaraciones de crisis podría ayudar a que se centren todas las fuerzas y la unidad política del Estado en su superación, sin tener en cuenta el desgaste electoral que ello podría ocasionar. No obstante, el Congreso posee la capacidad constitucional para revocarle al Gobierno esas facultades extraordinarias cuando lo estime conveniente. Pero si esta facultad pudiera suponer un peligro para la pervivencia de la Democracia, dado el funcionamiento partidocratico de las instituciones representativas, sería preciso que se obligase al Poder Ejecutivo a celebrar un referéndum consultivo cuando transcurriese un periodo de tiempo relativamente amplio en el que se plantease a la población una sencilla pregunta acerca de si consideran que continúa vigente el peligro. En caso de negativa por mayoría simple (sin tener en cuenta las abstenciones), el Presidente debe restaurar la normalidad constitucional y convocar automáticamente nuevas elecciones. 

En segundo lugar, también debe reformarse el art. 73, fracción XVI constitucional para permitir que el control político que realiza el Congreso mexicano sobre las facultades extraordinarias que se le conceden al Gobierno cuando se declara el procedimiento del ar. 29 se extienda también sobre la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad, con la finalidad de impedir una evicción del poder cuando se declare este mecanismo. De igual manera, el control jurídico de oficio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza cuando se suspenden garantías sobre las medidas de ejecución, también debe extenderse sobre las que se adopten cuando se utilice este instrumento, pues ello supone un eficaz freno a cualquier intento de subvertir el orden democrático, a través de la vulneración de los derechos de la ciudadanía. Y es que puede que los tiempos en los que nos ha tocado vivir traigan muchas crisis políticas provocadas por una considerable multitud de factores. Pero si se avecina una tempestad, debemos apuntalar bien los pilares de la Democracia mexicana para que no se la lleve el viento. 

Bibliografía:

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CARRILLO, A. M.: (2005), “¿Estado de peste o Estado de sitio? Sinaloa y Baja California”, Historia Mexicana, El colegio de México, V. 54, N. 4, abril-junio.

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HUERTA OCHOA, C.: (2020), Emergencia sanitaria y distribución de competencias en el Estado mexicano. En N. González Martín y J. María Serna de la Garza. Emergencia sanitaria por COVID-19: Federalismo, Serie 16, Instituto de Investigaciones Jurídicas México, UNAM.

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Palabras clave:

estados de excepcionalidad; suspensión de garantías; acción extraordinaria en materia de salubridad; conflictos sociales; derechos fundamentales. 

Resumen de la Ponencia:

Los estudios sobre luchas agrarias, contiendas partidistas, movimientos campesinos, violencia y levantamientos guerrilleros, han tenido un gran crecimiento desde los finales del siglo XX hasta la época. No obstante, han existido peculiaridades en unidades territoriales que aún no han sido estudiadas debido a la ausencia de bibliografía secundaria y pocas fuentes primarias. En ese sentido, el siguiente trabajo es de corte exploratorio documental que trata de describir, sintetizar y dar a conocer el desarrollo de la organización campesina, su resistencia a la violencia y el olvido, en Villarrica – Tolima, entendiendo este municipio como un escenario que fue estratégico en el desarrollo de las luchas agrarias y que marcó un punto de recrudecimiento de represión contra los movimientos sociales campesinos en Colombia. Este ejercicio está compuesto por tres partes. La primera, hace una contextualización de lo que fue la época de La Violencia y agudización de las luchas agrarias en Colombia. La segunda, expone un abanico de trabajos que hablan sobre la unidad territorial en mención, específicamente en un hecho concreto el cual fue la Guerra de Villarrica. Y, por último, se muestran las reflexiones finales que se enfocan en denotar la importancia de este suceso como un hito el cual se le debe prestar más atención desde una mirada historiográfica y sociológica. Para ello, en el plano metodológico se recurrió al análisis documental. Por ende, es importante indicar dos aspectos: i. es un documento interpretativo que no busca ser concluyente y ii. es un texto que genera un debate reflexivo en torno a los estudios críticos de la violencia y conflicto. 

Resumen de la Ponencia:

La presente ponencia analiza el consumo, esta se considera una acción intrínseca ser humano ya que tenemos que cubrir nuestras necesidades, pero se dio paso del consumo al consumismo, convirtiéndose en una característica principal de las sociedades modernas. Desde las primeras formas de organización social, se fabrica ropa para proteger diferentes partes del cuerpo, cubrirse del frio o de diversos climas y poder sobrevivir, esto fue vital para que la humanidad se expandiera y evolucionara en conjunto. Esta práctica de protección del cuerpo se ha modificado a partir de los contextos sociohistóricos y culturales de los diversos grupos sociales. La moda se convirtió en un pasatiempo o en un hábito cotidiano al alcance de las mayorías, se expande sin límites y la demanda de productos aumenta haciendo que las prendas se vendan a precios asequibles que hacen de la moda un ocio accesible. Nos convertimos en una sociedad consumista y competitiva, dichos fenómenos se relacionan con el enfoque neoliberal porque el hecho de comprar mucha ropa constantemente no es una característica de una necesidad real, sino más bien de solo un deseo aspiracional de ser o aparentar lo mejor ante nuestros grupos sociales y de distinguirnos de los que consideramos no son como nosotros. Dada esta alta influencia social, la moda es utilizada como un instrumento político/cultural para guiar masas a un “estilo de vida” determinado por el grupo hegemónico, es un fenómeno que atraviesa la sociedad de tal manera que puede moldear imaginarios y formas de vida. En el contexto contemporáneo con la llegada de la tecnología en todos los sitios, la industria ha podido fabricar ropa que sea fácil de usar y sobre todo dejar de usar porque no representa un gran gasto monetario, como lo es la moda sin costura lo que les permitió reproducir grandes cantidades de ropa para que estén disponibles inmediatamente acortado el tiempo desde producción y entrega. En ese sentido, la investigación identificará como los jóvenes universitarios aspiran a partir de la moda que utilizan a posicionarse en ciertos espacios sociales, es decir, la ropa como mecanismo de interacción social y de reproducción de practicas neoliberales. Además, se identificará el impacto ambiental que generan dichos sujetos mediante el consumo cotidiano de la ropa.

Resumen de la Ponencia:

Al observar ciertos elementos clásicos que caracterizaron el surgimiento de la mafia en general en cualquier nación, se reconoce el poder desafiante que esta causa en las entrañas de una sociedad. La corrupción de los poderes instituidos y de la administración de justicia, la porosidad continua que se padece desde la frontera entre legalidad e ilegalidad y las asociaciones privadas en busca de un poder exclusivo para su beneficio. Situado todo en un contexto de carencias sociales y precariedad de todo tipo, monopolio de las vías que constituyen al Estado, una vía intensa en armas y una vía intensa en capital. A estas viejas características debe sumársele hoy su variabilidad histórica al compás de los procesos de cambio en el contexto internacional como resultado de la globalización.Nuevas tendencias de los regímenes estatales y en general, del desarrollo del capitalismo en el marco de una economía de libre mercado. Que nunca abrió esos canales de distribución de bienes y servicios para los ciudadanos, sino para el crimen y las injusticias por ellos fabricadas.Si bien las referencias a los conceptos clásicos de mafia muy enmarcados en sus orígenes rurales son inevitable y necesarios (Blok, A:1988; Gambetta, D: 2007; Matanzaro, R.1992) la visión sobre las nuevas formas de actuación, reconfiguración organizativa y las nuevas modalidades de relacionamiento tanto con la institucionalidad como con la sociedad misma se tornan indispensables.  Por supuesto existen características digamos inamovibles del carácter de la mafia y en tal sentido la más importante es la que gira alrededor de la confianza y de allí que siga siendo -al decir de Gambetta - una empresa económica específica, una industria que produce, promueve y vende protección privada. Cuestión se ha  vuelto recurrente y normalizada en el contexto social de la sociedad Cordobesa en Colombia, donde recientemente a la extradición del capo del denominado Clan del Golfo que opera en la región del Urabá antioqueño, pero un radio de acción expandible a todo el país, pues con este hecho se dio un paro armado desde el día 5 de mayo hasta el día 9 de mayo afectando todo lo que este actuar podría generar, incluso la parálisis de los poderes oficiales, entre los cuales se cuenta el poder representado en la fuerza publica cuyo comandante en jefe viene a ser el mismo presidente de la Republica. 

Resumen de la Ponencia:

En el campo de la investigación en ciencias sociales los estudios sobre consumo de alcohol en adolescente destacan, una fuerte influencia de la familia en las prácticas de consumo, esto es evidenciado en los trabajos de Pons (1998); Villa Moral Jiménez (2009); Fantin y García (2011); Lema (2011); Trujillo y Flórez (2012); Villarreal, (2013); Armendáriz et al. (2014); Telumbre et al. (2016); y Mejía-Trujillo (2016). La familia es una institución de aprendizaje y de socialización que en el caso del consumo de alcohol se observa por un lado, en que, los adolescentes de familias permisivas tienen una mayor probabilidad de consumo, por el otro, las familias no permisivas y con reglas fuertes sobre consumo, crian adolescentes que tienden a transgredir las normas impuestas en casa motivados por la presión social fuera del contexto familiar alcanzando patrones de consumo de riesgo. Con el objetivo de evidenciar lo anterior la investigación adoptó un diseño secuencial explicativo, tal como sugiere, Creswell (2009), la unidad de análisis fueron estudiantes de cuatro instituciones educativas públicas de nivel medio en la provincia de Darién, república de Panamá. El trabajo de campo se estructuró en dos fases: en un primer momento, se recabaron y analizaron los datos cuantitativos -mes de julio de 2019- y se contó con la aprobación de las autoridades regionales del Ministerio de Educación, para evidenciar la permisividad familiar (PeFa) asociada al consumo de alcohol en los adolescentes se parte de la premisa que, el inicio en el consumo se da en contextos de “aprendizaje familiar” y no basado en desiciones individuales de los sujetos. Segundo, se recopiló y analizó la data cualitativa proveniente de seis entrevista semi-estructuradas esto permitió profundizar en las normas de regulación familiar ante el consumo de alcohol, aquí surgieron temas relevantes como, vida cotidiana, consumo fuera y dentro de casa, seguridad, presión social y reglas de consumo como elementos vinculados. Como resultado se evidenció que, el promedio de edad de inicio es menor en las mujeres que en los hombres, que un 73.8% de los adolescentes consumidores provienen de familias con actitud permisiva y que un exceso de reglas-normas y alta regulación hace que los adolescentes inicien el consumo fuera de casa -por presión social- y en la mayoría de los casos sin límites -consumo alto por acasión-. En ambos casos, es perjudicial para la salud y la vida de los adolescentes, y el Estado debe buscar mecanismos para minimizar los riesgos tanto a las familias como a quienes a tempranas edades consumen alcohol. 

Resumen de la Ponencia:

La República Dominicana es un país de inmigrante. Estos son tan diferentes de la población local como los flujos de migrantes que llegan desde el siglo XIX de Asia (chinos, japoneses), tan ligada a la historia colonial y republicana (españoles y centroafricanos) o tan variada de origen europeo (italiano, franceses) y americano (de norte a sur de todas los países del hemisferio, incluyendo las islas del Caribe). La convivencia y coexistencia de todos ellos no se identifica, ni con el connotado “melting pot" estadounidense ni con la segregación características del apartheid y otros similares. En ese contexto, la presentación las características singulares del modelo dominicano y discute, en particular, por qué el mismo padece una sola excepción que, sin embargo, no lo supera. El migrante haitiano es la única excepción a ese modelo y, si bien expone su sostenbilidad  a un notable extremo, no por ello suprime ni elimina la construcción social dominicana en términos de lo propio y característico de la asimilación positiva que representa el tradicional plato culinario dominicano, el sancocho, en su variante  metafórica cultural.

Resumen de la Ponencia:

El tema de la gastronomía denota hoy en día una presencia importante, debido a emprendimientos, con muy buen criterio, de investigadores, especialistas y empresarios en el rubro del buen comer. Pocos daban cuenta de la riqueza que guardábamos en términos gastronómicos; nuestro acervo data de horizontes pre hispánicos hasta la actualidad. Nuestra diversidad geográfica, económica, social, cultural, etc., da cuenta también de esa variedad en gustos, sabores y cartas. El Perú, trabajó la estrategia de vender al exterior, una imagen de destino turístico y jugó a favor de ello, el lanzamiento de la cocina peruana; el salón de la fama internacional ha incorporado a un miembro más. Cuanto más de lo expuesto, degustado y preparado, tenemos para mostrar al mundo y a nosotros mismos; sostenemos que mucho más de lo que se piensa y cree, es el inicio de una revolución de nuestra cocina.

Resumen de la Ponencia:

Si bien nuestro país tiene marcadas diferencias geográficas, de pisos ecológicos y una gran biodiversidad natural y cultural, es en el campo social, donde las desigualdades económicas, las diferencias étnicas y culturales son más notorias y diferentes. El altiplano sur andino que comprende el departamento de Puno, principalmente, es el escenario donde se desenvuelve la prédica de este médico cuya labor es actualmente reconocida, nacional e internacionalmente, por sus indudables aportes al tratamiento de estas poblaciones en materia de salud, es decir respecto a la atención primaria y al tratamiento cultural de las enfermedades, aprovechando las enseñanzas de sus propias costumbres y las derivadas del tratamiento moderno de la prevención de las enfermedades. Y es que la discriminación económica impacta diferencialmente a la población, según sea su ubicación geográfica, sexo, grupo étnico, etc. ya que los servicios sociales y los de salud son insuficientes, limitados, escasos y de nulo tratamiento preventivo. Para este periodo de tiempo, la acción del Estado define su carácter de clase, al privilegiar las regiones y poblaciones que disponen de cercanía geográfica o de un tipo de presión que obliga al Estado a asumir sus responsabilidades sociales, manteniendo sus estructuras de poder, las mismas que se establecen en sus políticas sociales y, específicamente en su política de salud. La dimensión nacional de estas políticas, no reconoce tampoco las diferencias culturales de las poblaciones que habitaban las comunidades campesinas, parcialidades y haciendas serranas y “servicios públicos de salud” de muy poco impacto en el tratamiento de la problemática de la salud pública. Nuestra investigación se orienta a describir, analizar y explicar la enorme importancia pasada y actual de la prédica y acción del “Rijcharismo”, promovido e impulsado en un contexto de agitación social, de marginalidad económica y de discriminación étnica, así como la pedagogía de un tratamiento sociocultural, que devolvía a sus usuarios a sus racionales formas de tratamiento de salud y educación. Nuestra hipótesis de investigación, precisa que la comprensión de los aportes de Manuel Núñez Butrón a la medicación preventiva y a la medicina social, pueden explicarse y reconocer su vigencia y actualidad, en la medida que se planteen previamente las condiciones histórico-sociales, los factores externos y personales propios de su formación médica y de sus orígenes sociales, las experiencias de trabajo médico de campo y sobre todo, la acción práctica de poner en ejercicio su concepción profesional de la atención primaria de salud en poblaciones empobrecidas. La metodología de investigación ha incluido principalmente la revisión bibliográfica, documental y el archivo familiar, conservado por sus descendientes y de la que siendo parte de los mismos, he procurado transcribir fielmente, respetando las ideas y el espíritu multifacético que desarrolló como obra dedicada a los suyos

Resumen de la Ponencia:

A manera de introducción, se debe señalar que las reflexiones sobre el especismo como forma de dominación de la especie humana por sobre las demás especies, se han mantenido mayoritariamente presentes en el área de la filosofía moral. Esta investigación, desde un análisis fenomenológico-interpretativo en conjunto con una novedosa sociología de la relación humano-animal no solo busca aportar a romper con lo señalado anteriormente, sino que nos permite dar cuenta de aquellas experiencias que adquieren un significado especial para quienes, desde el veganismo, se manifiestan en contra del especismo y sus resultados. El veganismo, en ese sentido, opera como un joven movimiento social, pero también como postura política crítica del antropocentrismo que aspira a acabar con la dominación animal y conseguir la emancipación de una otredad escasas veces reconocida como tal. El objetivo general será: Identificar e interpretar los discursos y significados que las personas veganas asignan a su postura como forma de resistencia al especismo y la dominación animal. Sus objetivos específicos serán: (1)Identificar sujetos/agrupaciones veganas en los territorios urbanos de la Región de Tarapacá (Chile) y generar vínculos con ellos. (2)Conocer las formas en que se ve alterada la vida cotidiana de los sujetos veganos a través de las prácticas de veganismo y sus consecuencias ético-políticas. (3)Identificar los discursos y significados de conceptos claves pertenecientes a propuestas teórico-políticas sobre liberación animal. (4)Analizar los aspectos en que los espacios de activismo pertenecientes a las propuestas teórico-políticas sobre liberación animal impactan en la vida de los sujetos veganos. Sobre las consideraciones metodológicas, se debe señalar que esta investigación se enmarca en la búsqueda de significados de un sujeto en particular, el sujeto vegano. Por ello, el diseño de investigación es fenomenológico. El muestreo será no probabilístico, intencional y seleccionado por conveniencia. Se realizarán cinco entrevistas semiestructuradas. Hasta ahora se han realizado cuatro entrevistas, dos de ellas han sido mujeres y dos hombres, treinta años como edad promedio, dos entrevistas han sido por videollamada y dos entrevistas presenciales. Los resultados parciales se han obtenido a partir de la Teoría Fundamentada, y el software “Atlas.Ti”. Se ha trabajado sobre entrevistas aplicadas, permitiendo la creación de “unidades de sentido” y distintas redes que posibilitan el análisis. A partir de ellas, acompañado del Método Comparativo Constante se pretende generar una conversación entre lo señalado por los sujetos veganos y lo que se expone en la teoría. Finalmente, destacar que esta ponencia se desprende de una investigación de tesis de pregrado. Es una investigación en curso, y que, si bien ya está avanzada, aún no cuenta con un apartado completo de conclusiones. Se finalizará el proceso en junio del presente año, lo que permitirá exponer sus conclusiones para la fecha de realización del Congreso.

Resumen de la Ponencia:

En el departamento de Córdoba (Colombia) se encuentra la población étnica Embera Katío, uno de los diversos pueblos Embera que hay en Colombia como en otros países (Panamá, Ecuador). Este se encuentra al sur de dicho departamento, cuyo resguardo se encuentra en los nacimientos del río Sinú, por ello recibe el nombre de “Resguardo Embera Katío del Alto Sinú”. Este río para el pueblo Embera Katío tenía un gran significado de vida. Además, su cosmovisión,  y sobre todo la alimentación, en gran medida se daba gracias a este río. Esta fuente hídrica era prácticamente la vida misma de este pueblo, así como las tierras que este bañaba a su paso, sin embargo, para 1971 se había concretado la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico, la “Empresa Multipropósito Urrá S.A”, y para 1996 se empezó el llenado de la presa. El gobierno nacional había declarado el territorio como “utilidad pública e interés social”. Paradójicamente no se realizaron las debidas consultas previas a la población campesina ni a la población indígena. La represión del agua trajo consigo proliferación de enfermedades, deterioro ambiental, pero particularmente la escasez de peces; una de las fuentes de alimento más importante de la población Embera. Todas estas consecuencias las padecieron en la comunidad indígena. Y como si fuera poco, casi al tiempo hubo una incursión de grupos armados en el territorio. Todo esto llevó a un deterioro de la calidad de vida de esta población indígena, así como el deterioro cultural, social y modo de vida. 

Justificación del Panel:

Desde sus orígenes, el movimiento feminista a nivel mundial se ha caracterizado por sus planteamientos políticos a favor de la igualdad y equidad entre la humanidad, construyendo una ética que se sostiene en el reconocimiento, respeto y sororidad entre las mujeres. Sus demandas y formas de organización se han ido configurando de acuerdo a las necesidades y exigencias que se viven en el escenario social y político.  Como movimiento social, el feminismo tiene un alcance infinito, porque subvierte estructuras de pensamiento ancladas a las hegemonías heteropatriarcales, deconstruyendo y reconstruyendo desde un poderoso continuum que denuncia las injusticias en la estructura global de un mundo que no reconoce a las mujeres como personas con derechos.  Entre las múltiples manifestaciones de esta situación de injusticia está la violencia, encontrando el registro de 495 casos de mujeres asesinadas entre enero y mayo del 2021 y 326,634 casos de violencia de género entre 2020 y mayo de 2021 (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 2021). La Red Nacional de Refugios (2021) reporta que tan solo en los primeros cinco meses de 2021, al menos 13,631 mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos debido a la violencia que enfrentaron.Otra situación de injusticia claramente identificada es el ámbito educativo, en México 2.5 millones de mujeres de 3 a 29 años no estaban inscritas al ciclo escolar 2020-2021 debido a la COVID-19 (1.1 millones) y a falta de recursos económicos (1.4 millones) (INEGI, 2020). Además, en América Latina, se han contabilizado más de 365,000 embarazadas que fueron infectadas por el SARS-CoV-2 de las cuales más de 3,000 perdieron la vida al no ser tratadas a tiempo, y que presentaban ciertas comorbilidades producto de sus condiciones de vulnerabilidad (OPS, 2022). La situación generalizada demarcada por la pandemia ha traído complejas dinámicas que se empalman con la desigualdad ya experimentada por las mujeres. En esta brecha, el feminismo representa una plataforma política, explicativa e investigativa para abordar el impacto social y cultural no solo de la contingencia provocada por el SARS-Co-V-2 sino por las condiciones generales de pobreza y desigualdad. Es en este sentido, el objetivo de la presente propuesta se orienta hacia la reflexión feminista de la situación que viven las mujeres universitarias; debatiendo antecedentes, tensiones y desafíos que habrá que considerar en la organización de una agenda colectiva e incluyente.  

Resumen de la Ponencia:

El objetivo principal de esta investigación es comprender cómo ocurre el acceso y la gobernanza del água en las comunidades de Jurema y Juá, ubicadas en los municipios de Itatuba y Mogeiro, en Agreste de Paraíba. Se espera identificar cómo estas comunidades periféricas tienen acceso al agua y asimilar cómo los actores sociales participan en el proceso de gobernanza del agua. La investigación considerará los principales actores involucrados en el proceso de gobernanza del agua: las comunidades locales y los organismos vinculados a las Políticas de Recursos Hídricos. La investigación se orienta desde dos perspectivas: la primera, social, que comprende el proceso de apropiación del agua por parte de las comunidades, y, desde una perspectiva política, a través del relevamiento de las formas de participación de los actores locales en el proceso de Gobernanza del Agua. Para lograr una comprensión multidimensional e integrada de las dinámicas sociales, políticas y gubernamentales de las comunidades investigadas, se optó por la modalidad de investigación social con enfoque metodológico cualitativo-cuantitativo. Entre los resultados iniciales de la investigación, se destacan: (1) la situación de los hogares de las ciudades en estudio, con un porcentaje significativo de la población en hogares rurales, Itatuba (42%) y Mogeiro (55%); (2) falta de red de abastecimiento de agua en las zonas rurales de los municipios; (3) falta de monitoreo de la calidad del agua; (4) el uso inexpresivo de aguas subterráneas en la región, con un solo pozo en uso registrado por la CPRM, en las comunidades estudiadas; (5) la expresiva cobertura del P1MC-ASA en la Comunidad de Juá; (6) la inexistente participación política de los juauanos en materia de gobernabilidad del agua en la región. A partir del desarrollo de este estudio, se considera que sus resultados pueden servir como base comparativa para otras regiones; señalar posibles debilidades del modelo de gestión del agua adoptado; y, apoyar una posible formulación de nuevas políticas de gobernanza del agua a partir del diagnóstico realizado.

Introducción:

O objetivo principal deste estudo foi compreender as formas de acesso e a governança da água em comunidades rurais do semiárido brasileiro. A investigação ocorreu sob as perspectivas social e política, visando identificar como essas comunidades periféricas têm acesso à água, e averiguar como se dá a participação social dos moradores dessas localidades na governança hídrica. Na intenção de alcançar uma compreensão integrada e multidimensional da conjuntura social e política do lócus observado, adotou-se uma pesquisa social de abordagem qualitativa-quantitativa como diretriz metodológica. Os dados analisados são provenientes da realização de entrevistas pré-estruturadas com os moradores de duas comunidades rurais do agreste da Paraíba. Dentre os resultados identificados, destacam-se: a ausência de rede de abastecimento de água na região; a significativa cobertura do P1MC-ASA; a falta de monitoramento de qualidade da água consumida; e, a inexistente participação político-social dos moradores das Comunidades quanto à governança hídrica. A análise realizada sinaliza prováveis vulnerabilidades no modelo de gestão vigente, e apresenta dados que podem ser utilizados como base comparativa para outras localidades, assim como, contribuir para uma possível formulação de novas políticas de governança da água.

Desarrollo:

O Semiárido brasileiro é uma região historicamente atingida por episódios de seca e crise hídrica. A definição desse território foi realizada com base nas características comuns das localidades que sofrem com o processo recorrente de estiagem. A delimitação mais recente da área compreende um total de 1.427 municípios, e foi oficializada pela Resolução 150, de 13/12/2021 do Conselho Deliberativo da Sudene (SUDENE, 2021).

           Associado a discrepâncias sociais, o problema da falta d’água na região produziu um contexto de dependência e carência desse recurso, impelindo assim a população aos processos de migrações sazonais para outras regiões do país, à procura de melhores meios de sobrevivência, e aos moradores que permaneceram no Semiárido, restou a submissão às classes dominantes e medidas adotadas pelo Estado (OLIVEIRA, 1977). Essa configuração revela que as vulnerabilidades desse território não são resultantes apenas de determinantes naturais, mas principalmente, da sua conjuntura política e social.

           Até o início do século XX, as ações do governo brasileiro para o Semiárido era iniciativas temporárias e emergenciais, praticadas em situações de calamidade para atenuar os efeitos sociais dos períodos de seca (BURITI E BARBOSA, 2018). Nesse sentido, as principais medidas adotadas eram a doação de alimentos, distribuição de carros-pipa de água e perfuração de poços (ALVES, 2013).

           Os investimentos direcionados à infraestrutura hídrica representaram a principal política pública estabelecida pelo Estado brasileiro até a década de 1990, sobretudo para construção de açudes. Essas estruturas financiadas pelo governo eram comumente instaladas em grandes latifúndios (BURITI; BARBOSA, 2018), condição que acentuou os processos de concentração de poder e de subordinação da população aos donos da terra onde o açude estava situado.

 

A construção de grandes obras de infraestrutura hídrica - geralmente concentradas e alocadas nas proximidades das grandes fazendas (...) não apenas não aumentaram a disponibilidade de água para as famílias, como ampliaram processos de concentração de poder e dependência econômica e política, favorecendo a criação de um “novo coronelismo” modernizado. (BAPTISTA; CAMPOS, 2013, p.62)

 

Ainda nessa perspectiva, Cordeiro (2013, p.187) pontua: “O Estado, dessa forma, financiou a concentração fundiária no Semiárido que esteve associada à vulnerabilidade hídrica dos camponeses.” Observa-se, portanto, que as limitações do Estado contribuíram para a manutenção das estruturas e desigualdades sociais, originárias da sua constituição e resultantes de uma contraditória combinação de interesses e concepções tradicionais e modernas (MARTINS, 1999). A partir do histórico das ações governamentais se torna possível compreender melhor a problemática política e social da água no Semiárido brasileiro, e notar que as medidas até então aplicadas, não foram eficazes para a região. 

A Conferência da ONU – Rio 92, proporcionou a ampliação do debate sobre a democratização no acesso à água e abriu espaço para uma maior reflexão quanto à abordagem governamental sobre a questão da água no Semiárido brasileiro. A partir dessas discussões, se concebeu uma nova política para o Semiárido: a convivência com a seca (CAMPOS, 2014). Nesse direcionamento, as políticas de convivência com a seca buscam promover soluções conectadas aos interesses e potencialidades locais, e agregando a participação da sociedade civil nas decisões (ASA, 2002). 

Uma política eficiente das águas deve, portanto, considerar que o Semiárido é um território diverso e heterogêneo, fator que demanda soluções específicas para os seus espaços socionaturais (BURITI; BARBOSA, 2018). Dentre os inúmeros desafios para o desenvolvimento de políticas da água eficazes nessa região, destaca-se a conjuntura dos pequenos municípios, particularmente nas suas porções rurais. A dispersão das moradias e a menor escala da população na zona rural constitui um obstáculo a mais para a criação e políticas eficientes que propiciem o acesso à água tratada e de qualidade (MARIA, 2019). O Censo expõe uma diferença acentuada entre o Brasil urbano e rural, quanto aos índices de abastecimento de água, saneamento e concentração da população em extrema pobreza (IBGE, 2010).

Nesse panorama, a Paraíba corresponde a um dos Estados brasileiros mais atingidos com problemas de acesso à água. De acordo com as definições de Áreas Territoriais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 90,91% do território paraibano está inserido no Semiárido (IBGE, 2021). Além disso, cerca de 33% da população está concentrada na área rural, um índice superior à média nacional, que é de 15,28% da população. O Estado possui um dos piores índices de desenvolvimento humano, ocupando a 23ª posição no país (IBGE, 2021). Nesse território, o acesso à água é em muitas localidades caracterizado por precariedade e desigualdades, particularmente nas suas zonas rurais. 

Método e lócus do estudo

 

 

As técnicas utilizadas para o desenvolvimento dessa investigação visaram uma maior aproximação com as questões hídricas no contexto rural. O estágio inicial desse estudo partiu de uma pesquisa bibliográfica relacionada à problemáticas políticas e sociológicas da água, seguida de um levantamento documental que intencionou elencar dados para delinear os aspectos físicos e humanos, e com maior ênfase, informações vinculadas às águas que permeiam o espaço investigado. 

Os principais dados para análise foram obtidos a partir da realização da pesquisa de campo e da observação local teve seu início nas sedes administrativas dos municípios Itatuba e Mogeiro, adentrando progressivamente às configurações dos territórios rurais dessa região. Nos trajetos percorridos buscou-se compreender a conjuntura física e humana do território, com ênfase nas formas de acesso à água. A observação local viabilizou catalogar várias imagens dos recursos utilizados pelas comunidades para acessar, armazenar e utilizar às águas disponíveis. 

As comunidades rurais Juá e Jurema (Figura 1) compõem o lócus desse estudo. Essas localidades estão inseridas na porção rural dos municípios de Mogeiro e Itatuba, no Estado da Paraíba. A região está inserida no Semiárido e possui alguns importantes referenciais hídricos em sua proximidade, como o Rio Paraíba, a Barragem Argemiro de Figueiredo e o eixo leste da transposição do Rio São Franciso.  As particularidades de acesso à água no âmbito rural semiárido associadas aos processos de apropriação social das águas, fazem dessa localidade um espaço significativo para observações de caráter social e político.

O Juá é uma pequena comunidade da zona rural de Mogeiro, distante a aproximadamente 35 quilômetros da sede administrativa (Prefeitura) do Município. A localidade possui rede de iluminação pública com posteamento e distribuição para as casas. Não há presença de estabelecimentos comerciais, de ensino ou postos de saúde. O povoado tem cerca de 25 moradias, com características similares e um espaçamento variando de 50 a 100 metros entre as casas. 

Na zona rural de Itatuba, a aproximadamente 25 quilômetros da sede do município, está o Sítio Jurema. O povoado possui uma via central pavimentada com calçamento de pedra e rede de iluminação pública com distribuição de energia para as residências. O povoado tem cerca de 100 residências, com uma distância de 10 a 30 metros entre as casas. Há alguns pequenos estabelecimentos comerciais, como mercearia, para venda de mantimentos e bar. Ali também se encontra um grupo escolar de 1º grau em funcionamento regular, Posto de Saúde e um Cemitério Público

Figura 1 – Mapa representativo da localização das comunidades estudadas

 

A população alvo desse estudo são moradores da zona rural do agreste paraibano, de forma específica, 10 moradias visitadas na Comunidade Jurema e 10 na Comunidade Juá. Esses grupos pesquisados não possuem rede de abastecimento de água, e geograficamente estão deslocados do perímetro urbano, apresentando assim acessos alternativos e particulares de acessar a água que consomem. 

As informações-base para a análise desse estudo foram, portanto, constituídas a partir da observação local; de conversas informais e entrevistas semiestruturadas com os atores sociais envolvidos do processo de governança da água da região investigada. O contato com os moradores foi realizado em duas etapas, a primeira corresponde a um primeiro contato, de apresentação da pesquisadora e de seus objetivos, além do convite para participação na pesquisa, de forma anônima. As primeiras impressões locais já são captadas nesse contato inicial a partir de conversa informal e na segunda visita é realizada a entrevista pré-estruturada, juntamente com o levantamento fotográfico necessário à caracterização da pesquisa. 

Os dados alcançados com a pesquisa tiveram tratamento estatístico para as questões da entrevista que possuem uma média ou variável pré-determinada, possibilitando a construção de gráficos e tabelas para melhor visualização dos resultados. A análise desse material se baseou nas teorias e indicadores sociais de acesso e governança da água considerados nesse estudo. Já as informações obtidas com as questões abertas e de caráter subjetivo nas conversações, foram destacados os recortes de maior associação com a temática em estudo, para que fosse elaborada uma análise do discurso associado à percepção de apropriação social da água e o processo de participação política nas localidades. 

Acesso à água nas comunidades

 

 

De forma análoga à maioria das áreas rurais, as comunidades investigadas não possuem rede de abastecimento de água, e os moradores dessas localidades se utilizam de meios diversos para ter acesso às várias águas para os distintos usos. Nas residências pesquisadas na comunidade Juá, a água para beber e cozinhar, tem origem no armazenamento da água de chuva em cisternas em 80% das casas pesquisadas. Já na Jurema, a maior parte (50%) dos moradores fazem uso da água de um sistema de dessalinização, instalado recentemente (2020) na comunidade pelo Projeto Água Doce (PAD). 

Os moradores das duas comunidades também recorrem à compra de água e as cisternas são o principal meio de armazenamento e comportam uma média de 16 mil litros, são abastecidas no curto período de chuvas característicos do Semiárido, e a água “de beber” é garantida por 6 ou 7 meses do ano. Na comunidade Jurema a limitação se dá pela dificuldade de transporte da água da dessalinizadora, distante para parte das moradias, bem como a restrição da disponibilidade por moradia, que corresponde a apenas 120 litros de água por semana. 

Mediante essas limitações de armazenamento, transporte e quantidade restrita da água disponível, as famílias recorrem à compra de água sob o sistema de venda porta-a-porta por veículos de particulares que circulam pela região, sobretudo no período de estiagem. Não há nenhuma comprovação da origem ou formalização no processo de compra e venda, a água é depositada do carro-pipa para baldes de 20 litros dos próprios moradores, e é cobrado o valor médio de R$ 2,50 por balde. 

Para beber e cozinhar, além da água de chuva, da Dessalinizadora do Projeto Água Doce (na Jurema) ou comprada em veículos de particulares, um outro fornecimento de água encontrado foi uma cisterna comunitária abastecida através da ação do Governo Federal, a Operação Carro-Pipa, instalada no Juá. Esse programa, executado pelo exército, tem caráter emergencial de distribuição de água potável no Semiárido brasileiro. A frequência de abastecimento da cisterna pelo exército é semanal. A população local aponta dificuldades para o deslocamento e transporte da água dessa cisterna para as moradias, além de terem sinalizado uma percepção negativa sobre a qualidade (quanto ao sabor, salobra) da água para ingestão. 

As águas destinadas à higiene pessoal e para a realização de atividades de subsistência e econômicas são advindas do Rio Paraíba, que circunda entre 100 e 300 metros das moradias. O uso é voltado somente para essas finalidades, uma vez que os próprios moradores consideram essa água fluvial imprópria para beber e cozinhar, pois além de ser salobra, eles têm a percepção de que o Rio recebe detritos em seu curso de várias fontes, como dejetos humanos e animais, agrotóxicos utilizados em plantações ribeirinhas, escoamento residual da carcinicultura, produtos de limpeza para lavagem de roupas etc., fatores que inviabilizam o consumo humano.  

De forma geral, os moradores acessam somente às águas de caráter superficial, como a pluvial e fluvial. Não foram encontrados pontos de captação subterrânea de uso particular nas comunidades, de nenhum tipo, seja na forma de poço caipira ou tubular. O único poço verificado foi a estrutura vinculada ao PAD na Jurema, para uso comunitário. As águas superficiais utilizadas pelos moradores são captadas através de dois mecanismos. O primeiro, voltado para captação da “água de beber” foi o sistema para captação de água da chuva através de calhas, conectadas ao telhado das casas e fazendo a condução da água até as cisternas. Já a água do Rio Paraíba é captada por meio de bombeamento. 

No Juá, a maioria das casas possui sistema bombeamento particular ou compartilhado entre vizinhos, para captação da água canalizada do Rio Paraíba. Enquanto isso, na Jurema, é inexpressivo o número de casa com bombeamento próprio, nesse caso, a maioria das residências paga uma mensalidade de R$ 50,00 pelo bombeamento, realizado por uma equipe itinerante que possui bombas e canalização e comercializam este serviço. O bombeamento é feito duas vezes por semana, e para cada moradia abastece uma caixa d’água com capacidade de 1000 litros, que irá servir para higiene, bem como para atividades de subsistência. 

Além das cisternas e caixas d’água, o armazenamento doméstico em todas as moradias é também realizado com utensílios como baldes, tambor, tonel, bacias e potes de barro. A maioria das famílias não fazem nenhum tipo de tratamento da água, ou contam apenas com a decantação doméstica para evitar ingestão de sedimentos, processo popularmente conhecido na localidade como “deixar a água sentar”. O hipoclorito de sódio é muito pouco utilizado, e não há distribuição regular por agentes de saúde. 

Não há nenhum monitoramento de qualidade das águas utilizadas na região. Tanto os moradores do Juá, quanto da Jurema, informaram que não há inspeção da qualidade da água consumida por parte de nenhum órgão. O único tipo de monitoramento apontado pela Comunidade é referente ao controle de captação de água do Rio Paraíba, quanto ao registro de outorgas, que é efetivado pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. 

O consumo médio diário de água para cada morador das comunidades pesquisadas considerou os usos para beber, cozinhar e para higiene pessoal.  Os moradores auxiliaram nessa estimativa com base no uso de baldes de 20 litros, um utensílio presente em todas as residências visitadas e também utilizado como parâmetro quanto há compra de água e também para recebimento da água via Projeto Água Doce (Dessalinizadora). A partir das informações indicadas pelos moradores entrevistados, a estimativa é que em 90% das residências, a média de consumo de água por morador não ultrapassa 60 litros/dia, realidade correspondente tanto ao Juá como na Jurema.

No que se refere à destinação das águas após o uso, quase a totalidade dos entrevistados afirmou que não adota nenhuma modalidade de reuso, e transpareceram não ter consciência da importância dessa prática ou de possuir orientações de como implementar tal modalidade nas rotinas diárias. O desinteresse em reutilizar a água captada do Rio Paraíba fica evidente mediante a impressão de má qualidade dessa água pelos moradores, percebida como salobra e detentora de poluição de várias origens. Em seu curso, essas águas recebem dejetos humanos e animais, uma vez que não há saneamento básico na região, e, além disso, há escoamentos de agrotóxicos e resíduos de carcinicultura, situação informada pelos próprios moradores que consomem essa água bruta, sem nenhum estágio de tratamento. 

O descarte das águas utilizadas no Juá e na Jurema é feito por canalizações a poucos metros da residência, e o esgoto é direcionado para uma fossa rudimentar em 90% das casas, e nos outros 10%, o esgoto é lançado em vala. Todas as moradias visitadas possuem vaso sanitário, em sua maioria instalados no interior das casas. Considerando esse contexto, é importante destacar que, o descarte inadequado de água e esgotos promove a contaminação do meio ambiente e consequentemente ao adoecimento da população.

Conclusiones:

A partir do estudo desenvolvido nas comunidades rurais Jurema e Juá, os dados obtidos retratam uma precariedade quanto às formas de acesso à água. Foram identificadas fragilidades quanto à disponibilidade e também sobre a qualidade da água que essa população consome. As cisternas, como principal forma de armazenamento da água da chuva, utilizada para beber e cozinhar, não supre a demanda do ano inteiro nas moradias; quando ocorre o esgotamento dessa fonte, a alternativa de compra não garante nenhuma regulamentação da origem ou tratamento da água vendida porta a porta. Mesmo a presença dos programas de universalização, como o PAD e Operação Carro Pipa, não garante a abrangência da maioria da população local, uma vez que a obtenção daquela água exige determinada logística para o transporte, nem sempre viável ao morador, mediante as distâncias entre a sua casa e o ponto de distribuição.

A vulnerabilidade dessas localidades também é observada a partir da constatação de que a média de consumo de água por morador, para beber, cozinhar e higiene pessoal, não ultrapassa 60 litros por dia, um índice que representa pouco mais da metade da quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de 110 litros/dia. Esses resultados sobre as condições de acesso deficitários nas comunidades observadas apresentam o distanciamento entre a realidade do Semiárido rural brasileiro e as metas do objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, o ODS 6, que preconiza a universalização da água potável e do saneamento.

A inexpressiva ou mesmo inexistente participação política dos moradores da Jurema e do Juá quanto à governança das águas reflete o desafio vinculados aos processos de cidadania e democratização da água no Semiárido rural. A ausência de vozes locais na conjuntura da governança da água pode ser justificada pelo desconhecimento dos moradores quanto ao sistema de gestão e seu papel político, como principalmente pela falta de interação dos órgãos representativos dessa esfera, nas comunidades. Esse cenário expõe a distância entre os balizares legais da governança das águas, que preconizam a democratização, a integração e participação social, ante a realidade das localidades rurais do semiárido, o que reforça a centralização de poder do Estado e a manutenção das vulnerabilidades nesta região em particular.

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Palabras clave:

agua

aceso 

 

Resumen de la Ponencia:

Resumen: El objetivo del presente estudio es examinar los efectos de la pandemia de Covid-19 en la salud psicosocial -síntomas de ansiedad, síntomas de depresión- en los estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la tercera universidad pública más grande de México. Uno de los alcances del presente estudio es observar las diferencias de género en las afectaciones en la salud psicosocial y sus factores sociodemográficos asociados. El estudio se sitúa en el contexto de enseñanza remota de emergencia después de seis meses del inicio de la pandemia en el país. Las afectaciones a la salud psicosocial se cuantifican siguiendo la metodología comúnmente encontrada en la literatura que corresponde a la Escala de Ansiedad Autoinformada de Hamilton (HAM-14) y la Escala de Depresión Autoinformada de Zung (SDS-20). Luego de estimar un modelo de regresión binomial negativo, los resultados sugieren que la pérdida de ingresos en los hogares durante la pandemia y la consecuente incorporación al mercado de trabajo, así como la falta de equipamiento adecuado para sobrellevar las clases en línea, son las dos principales vías de afectación a la salud psicosocial en los estudiantes universitarios. Con relación a las diferencias de género, los hallazgos indican que son las mujeres quienes presentaron mayores índices de ansiedad y de depresión, esta situación tiene su origen en la sobre carga de tareas en el hogar que la asistencia a la escuela probablemente les permitía evitar, como son las tareas del trabajo doméstico y las tareas de cuidados en los integrantes del hogar, condiciones que en conjunto indican una acentuación de los roles tradicionales de género durante la pandemia. El cierre repentino de los espacios públicos y privados como resultado de las medidas de distanciamiento social debido a la pandemia, obligó a las universidades a migrar todas sus actividades presenciales hacia una modalidad en línea. El hecho que los estudiantes económicamente más desfavorecidos presentaran mayores afectaciones a la salud mental, además de las diferencias de género observadas, deja entrever posibles consecuencias a mediano y a largo plazo sobre la desigualdad económica y desigualdad de género como resultado de la pandemia, ya que mayores índices de ansiedad y depresión podrían conducir a mayores índices de deserción escolar y menores ingresos laborales en el futuro. 

Resumen de la Ponencia:

La formación del Estado de Haití y sobre todo la composición social del pueblo haitiano, luego de su proceso revolucionario de independencia han sido ampliamente documentados y analizados. No obstante, no han orientado, en la práctica histórica a encauzar la revolución haitiana por senderos de paz, concordia y sustentabilidad. De ahí el presente ensayo en el que revisa los presupuestos y los prejuicios en función de los cuales se expone lo que suele denominarse la realidad haitiana para proponer, por vía de consecuencia, nuevas opciones en el presente de futuro. Y todo, justificado en función de la idiosincrasia singular del haitiano y su sociedad. 

Resumen de la Ponencia:

El internet, las clases a distancia y las tecnologias digitales están creando prácticas culturales que transforman las relaciones entre las personas. El objeto de estudio de esta investigación fue identificar los principios metodológicos de la etnografía digital aplicables al proceso de evaluación del aprendizaje en la modalidad a distancia. Se realizó una investigación con enfoque cualitativo de tipo documental (Schettini y Cortazzo, 2015) apoyado en el método de análisis hermenéutico propuesto por Cifuentes (2011) que permite interpretar, contextualizar y explicar creencias y prácticas a partir de la subjetividad encontrada en los documentos. Metodologicamente (Galeano, 2009) se realizó una revisión sistemática de literatura referente a 25 investigaciones que cumplen con los criterios de calidad por su rigor científico y metodológico en su elaboración y publicación, sobre los temas: a) etnografía digital, b) tecnologías digitales y c) proceso de evaluación en educación a distancia, para el tratamiento de los datos, se utilizó el gestor de referencias Mendeley, que permitió indexar la información previamente seleccionada, posterior se exportó a una hoja de Excel para crear una base de datos (matriz de doble entrada) que permitió realizar un análisis hermenéutico de la información (Cifuentes, 2011). En la parte teórica sobresalen los argumentos de Bárcenas (2015), Hine (2015), y Pink (2019) sobre las potencialidades de la etnografía digital que permite comprender las descripciones detalladas de lo que las personas hacen con la tecnología y como se comunican en el contexto e interacción del uso del internet, sobre evaluación del aprendizaje a distancia se consideran valiosas las aportaciones de Henríquez (2020), Sánchez (2020) y Santos (1999) enfatizan la diferencia que existe entre asignar una calificación o realizar un proceso de evaluación formativa cimentada en el principio de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Mediante el diálogo y la retroalimentación el estudiante desarrolla saberes cognitivos y digitales para alcanzar el aprendizaje autónomo y reflexivo. Como parte de los resultados se encontraron dos principales hallazgos: a) el profesor debe construir el campo de estudio de la etnografía digital mediante la relación pedagógica en la práctica educativa que reconocer la realidad pedagógica-didáctica-sociocultural de los estudiantes, y b) la evaluación del aprendizaje permite establecer los cambios en términos de prácticas, actitudes, valoraciones, percepciones y comportamientos que se vinculan, a su vez, con otras prácticas de interrelación por medio del internet como un espacio de diálogo, trabajo colaborativo, y desarrollo de habilidades cognitivas y dominio de tecnologias. 

Introducción:

Este estudio constituye la primera fase de una investigación con enfoque cualitativo desde el método de etnografía digital para elaboración de tesis doctoral que tiene como finalidad responder el planteamiento central ¿Cómo se desarrollan las prácticas de evaluación en la educación a distancia virtual? El planteamiento implica realizar una revisión sistemática de la literatura que muestre las investigaciones similares en la temática, identificando autores primarios y teorías centrales que posibilite la fundamentación de la investigación doctoral que se realiza, así también, se argumenta la necesidad de realizar la presente investigación dado que la educación a distancia ha diversificado sus métodos de enseñanza-aprendizaje, en el contexto de los procesos de evaluación se articulan acciones docentes que posicionan al estudiante al centro del proceso didáctico-pedagógicos del entorno virtual de aprendizaje, logrando que el estudiante experimente el sentimiento de autoregulación y autonomía para aprender. 

En esta investigación se sitúa a la etnografía digital como un método de investigación interdisciplinario que supone una experiencia profundamente humana que mediante un enfoque interpretativito en el contexto educativo permite estudiar un conjunto de prácticas pedagógicas que se configuran mediante el uso de las tecnologías digitales. Ameigeiras (2006) argumenta que abordar una investigación desde la etnografía permite comprender las prácticas culturales, conductas y sentimientos que viven las personas. En palabras de Geertz (2003) el etnógrafo debe posicionarse dentro del campo de investigación, interactuar con los participantes, la reflexividad de los aprendizajes detonados será indispensables para la generación del conocimiento.

Se toma como centro de análisis sistemático, la implementación del método de etnografía digital y el enfoque pedagógico de evaluar para aprender, según Moreno (2021) retroalimentar el aprendizaje en entornos virtuales fortalece el aprendizaje autónomo en el estudiante, por su parte, Barrón (2020) reafirma que los cambios y trasformaciones en el contexto de la educación a distancia con soporte en las tecnologías digitales se requiere revisar el curriculum y ampliar la mirada de los aportes pedagógicos y metodológicos que utiliza el profesor que utiliza tecnologías. 

Desarrollo:

Método 

Se realizó una revisión sistemática de literatura con fundamento en Cifuentes (2011); Galeano (2009); y Schettini y Cortazzo (2015) que recomiendan realizar una búsqueda de las investigaciones previas publicadas sobre el tema que se investiga, así como identificar los referentes teóricos y análisis de resultados. Se define que la revisión sistemática de la literatura es una búsqueda de investigaciones sobre el problema en bases de datos de revistas, libros y sitios de internet. 

Fuentes de información 

En primer lugar, se hizo una búsqueda de artículos con enfoque cualitativo y texto completo, arbitrados, en inglés y español, publicados entre 2000 a 2022, en las bases de datos Proquest, Scopus, Dialnet y Redalyc. Se diseñaron operadores Booleanos para ampliar la búsqueda especifica de artículos relacionados con etnografía digital en procesos de evaluación en educación a distancia (ver tabla 1). 

Tabla 1. Operadores Booleanos para buscar en base de datos especializadas

 

Fuente: Elaboración propia (2022)

Búsqueda inicial de información

Se buscó información con los operadores Booleanos y palabras clave en español e inglés, la búsqueda preliminar arrojo 50 investigaciones encontradas que se distribuyen de la siguiente forma: 4 en español  y  11 en  inglés en la  base de datos  Proquest;  8 en  español y  7 en inglés en la base de Scopus, esta base de datos permitió ampliar la búsqueda, por lo tanto se incluyeron 2 bases de datos más  que  abordan el  área  de educación a distancia, etnografía y proceso de evaluación, se ampliaron los resultados 6 en español y 4 en inglés en la base de datos de Redalyc y 8 en Dialnet en español, además durante la búsqueda sistemática se revisaron 3 libros sobre el tema de investigación. Es importante resaltar que, en la literatura revisada, no se encontró, alguna investigación similar, relacionada con la etnografía y la evaluación del aprendizaje en educación a distancia. Posteriormente se procedió a la selección de artículos a partir de la definición de los siguientes criterios de inclusión y exclusión (ver tabla 2).

Tabla 2. 

Criterios de inclusión y exclusión  

Fuente: elaboración propia (2023)

Procedimiento para análisis sistemático 

A continuación, se presentan los resultados de la búsqueda preliminar. Con base en la aplicación de criterios de inclusión y exclusión, se realizó nuevamente una revisión de las 50 fuentes de información inicial encontradas, se enfocó la selección considerando el título, y el resumen, se evaluó la calidad con base en la estructura del diseño metodológico. Finalmente, se seleccionaron 25 artículos científicos para ser analizados, sobre los temas: a) principios de la etnografía digital, b) prácticas de evaluación, y c) educación a distancia. 

Se procedió, a indexarlos en el gestor de referencias Mendeley que facilita el manejo de información y referencias. Paso seguido, se exportaron en una hoja de Excel llamada matriz de resúmenes analíticos, para fines del presente documento se presenta una versión sintética que incluye el autor, título de la obra y año de publicación (ver tabla 3). 

Tabla 3.

Investigaciones similares a etnografía digital y evaluación a distancia

Fuente: Elaboración propia (2023) con información de Álvarez (2022) , Ardèvol (2003; 2011) Aronica (2019), Bárcenas y Preza (2019), Colmenares (2012), Di-Prospero y Daza (2019),  Domínguez et al., (2007)  , Flores (2017), Grillo (2019), Gutiérrez et al., (2016), Hamodi et al., (2015), Henríquez (2020), Hine (2015), Jensen et al., (2022) Liu, (2022), Londoño (2012), Martín et al., (2022), Mosquera (2008),, Munk y Winthereik (2022), Nadja (2010), Pink (2012), Pink y Morgan (2013), Ruíz y Aguirre (2015) y Rojas y Bernal (2008)

Resultados 

El análisis de los resultados se presenta a partir de 25 artículos que fueron seleccionados en apego a los criterios de inclusión, ya expuestos con anterioridad. El tema de la etnografía digital en procesos de evaluación del aprendizaje en educación a distancia muestra interés por investigar: a) reconocer la motivación y el interés del estudiante, responder a los planteamientos ¿qué quiere?, b) reconocer los conocimientos del estudiante ¿qué sabe el estudiante? y c) reconocer cómo aprende y las estrategias que ya utiliza para alcanzar los objetivos. Por esa razón, se propone dejar la evaluación tradicional memorística, que se caracteriza por ser individual, igual para todos, en un tiempo y espacio idéntico, para pasar a un nuevo paradigma que pone el acento en la transferencia de conocimientos, y la formación de competencias al tiempo de proyectar las posibilidades de utilizar el método de etnografía digital en la evaluación del aprendizaje a distancia.

Posicionamiento teórico-metodológico de la literatura revisada 

En la literatura revisada la fundamentación teórica y metodológica de la etnografía digital, resalta son los argumentos de Bárcenas y Preza (2019) Hine (2015) y Pink et al., (2019) exponen sobre las potencialidades de la etnografía digital que permite comprender las prácticas culturales mediante las descripciones detalladas de lo que las personas sienten, piensan y hacen cuando se relacionan por medio del internet y las tecnologías digitales. En este análisis sistemático sobresalen los autores primarios que entretejen los conceptos de contexto, anclaje teórico y metodologías utilizadas en la construcción del campo digital (ver tabla 4).

Tabla 4. 

Autores primarios sobre etnografía digital 

Fuente: Elaboración propia (2022) con información de Bárcenas y Preza (2019), Hine (2015) y Pink et al., (2019). 

Campo digital y técnicas etnográficas 

Se desarrollan una secuencia lógica de acciones para realizar investigación etnográfica en el contexto escolar. El trabajo de un etnógrafo educativo deberá partir de un modelo situado en el centro escolar. Entre las acciones el investigador etnográfico depende de las interacciones y cercanía generados con los miembros del grupo, se trata de captar significados y reglas de comportamiento socialmente reconocidas, la interpretación de la realidad que se observa es un aspecto fundamental (Velasco y Díaz De Rada,1997). Es prioritario, iniciar una investigación etnográfica con un proceso de revisión sistemática de la literatura, especialmente con un enfoque transcultural que significa reconocer la curiosidad que produce la forma en que las personas viven o sienten, es la capacidad del extrañamiento, comprender la realidad y poner en práctica el interés del etnógrafo. Resulta oportuno enfatizar que el concepto de escuela o centro escolar se puede generalizar en su definición conceptual enunciado principios socialmente aceptados por la mayoría, no existe un debate lingüístico o epistemológico por definir este concepto, sin embargo, las características específicas, el etnógrafo realiza procedimientos y fundamenta principios particulares de cada escuela o centro escolar que condicionan la registrar información e interpretarla para promover los distintos niveles de conocimientos y hallazgos encontrados.

Específicamente referir el diario de campo como una herramienta del etnógrafo que permite integrar de manera ordenada sucesos y acontecimientos observados, sentidos y pensados desde el inicio del proyecto de manera diacrónica (ver tabla 5). 

Tabla 5.

¿Qué se utiliza en el campo digital? 

El campo etnográfico digital 

La elección del campo integra varias acciones, la solicitud de permiso para permanecer en el grupo, posterior a la elección del campo, es necesario tramitar permisos y cartas de consentimiento asistido de los participantes sobre la situación específica para ser investigada.

El trabajo de campo, desde la propuesta de autores como Bárcenas y Preza (2019); Bertely (2000); Hine (2015); Pink et al., (2019); Velazco y Díaz de Rada (1997) proponen reglas que orientan la secuencia de actividades para el desempeño del etnógrafo:  

La elección de la población deberá ser después de conocer la dinámica de interacción social y significativa en el grupo, es necesario conocer los roles y la asimilación de la rutina.Iniciar la observación con categorías previas, ya sean explicitas o implícitas. El etnógrafo pone extremo cuidado en tomar notas en el campo, posterior trascribe al diario quién ha dicho qué.Las situaciones de observación especifican y permiten aprovechar las situaciones inespecíficas que se van explorando durante la estancia en el campo La aplicación de los instrumentos no sólo busca el responder quién, sino se enfoca a la descripción del quéLos procedimientos no instructivos, flexibles e inmediatos son más importantes que aplicar procesos secuenciados de principio a fin, el etnógrafo va desarrollando las entrevistas y orientando las respuestas del informante. 

Contexto de la evaluación a distancia en entornos virtuales

Los fundamentos teóricos analizados en la literatura revisada sobre la evaluación del aprendizaje a distancia virtual. Se rescatan las valiosas aportaciones de Henríquez (2020)  Sánchez (2022) que enfatizan la diferencia que existe entre asignar una calificación o realizar un proceso de evaluación formativa cimentada en el principio de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Mediante el diálogo y la retroalimentación el estudiante desarrolla saberes cognitivos y digitales para alcanzar el aprendizaje autónomo y reflexivo. Santos (1999) propone la evaluación como un proceso de comprensión y mejora, enfatiza que la retroalimentación es una acción docente que motiva y mejora el sentir del estudiante, porque está comprobado que la comunicación con claridad impacta en los aspectos cognitivos y emocionales, también se espera que lo haga en sus actitudes. Es decir, cuando el profesor e incluso los mismos compañeros devuelven información al estudiante sobre su trabajo se incentiva el deseo de mejorar la tarea, se priorizan el diálogo en un entorno de debate y crítica propositiva, la comprensión como reflexión y aceptación desde un sentido profundo de repercusiones psicoemocionales, y la mejora desde el sentimiento de responsabilidad, disposición y acción para que el estudiante desarrolle habilidades para aprender (ver tabla 6). 

Tabla 6. 

Principios de la Evaluación del aprendizaje en educación a distancia virtual 

Fuente: elaboración propia (2023) con información de Henríquez (2020), Santos (1999) y Sánchez (2022).

 Desde la propuesta de Henríquez (2020) la evaluación formativa no es para calificar o asignar una evaluación, por lo que propone al profesor mediante un proceso reflexivo responder al cuestionamiento ¿cómo identifica que el estudiante está aprendiendo? La práctica de evaluación formativa prioriza en el currículum los objetivos orientados a fortalecer el desarrollo integral, flexibilidad y equidad. Evaluar para aprender es contextualizar los logros del estudiante; orientarlo en cómo hacer simple la integración de saberes, emociones y actitudes que emergen en la cultura de la retroalimentación que se fundamenta en la conversación entre el profesor y el estudiante sobre qué y cómo mejorar su aprendizaje.

Por su parte, Martínez (2020) enfatiza en evaluar para aprender, por lo que mantener la relación con el proceso de retroalimentación oportuno y específico durante el proceso de aprendizaje, no espera hasta el final para emitir un juicio de valor, sino que focaliza el principio de que el estudiante mejore su aprendizaje y el profesor realice modificaciones en las técnicas de enseñanza que utiliza, la retroalimentación y las adecuaciones curriculares son estrategias que orientan y crean un entorno de confianza para detonar las fortalezas, necesidades y aspectos a mejorar en el estudiante que experimenta un sentimiento de éxito y responsabilidad, no de castigo o frustración en su proceso de aprendizaje. 

El uso de tecnologías digitales hace necesario revisar la práctica docente desde los principios del contexto sociocultural de los estudiantes, al respecto Aparici y García (2017), proponen introducir cambios profundos en la enseñanza, sobresale la necesidad de generar nuevos enfoques donde la evaluación tiene principios en la pedagogía digital en continua construcción. Por su parte, Gómez et al., (2016) han detonado que “el profesor universitario tiene enormes carencias y necesidades para poder abordar con garantía el proceso de la evaluación tradicional, basada en un examen final con papel y lápiz, dirigida unidireccionalmente por el profesor y poco o ningún feedback al estudiante” (p.34). De manera objetiva, se observa que el proceso de e-evaluación promueve la interacción didáctica para enfrentar los problemas pedagógicos y tecnológicos que se presentan en un curso de educación a distancia.

Conclusiones:

En esta investigación se comprobó que existen investigaciones educativas en relación con el método de etnografía digital que anteceden a la presente, sin embargo, no se encontraron estudios accesibles que propongan como objeto de estudio construir un anclaje teórico metodológico que fundamentan el proceso de evaluación del aprendizaje mediante el método de la etnografía digital en educación virtual.

Sobresale la necesidad de realizar adecuaciones curriculares en relación con los contenidos de aprendizaje, que pueden ser apoyados con recursos de aprendizaje de uso libre disponibles en internet. Además, con un definido impacto en las relaciones entre los profesores y estudiantes, considerando también, las áreas que pueden y deben constituir la enseñanza y por lo tanto los aprendizajes y la evaluación.

 

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Palabras clave:

educación a distancia, evaluación del aprendizaje y etnografía digital

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia describe y analiza el proceso laboral de Rappi, una de las principales plataformas de pedidos y entregas de América Latina. Se realizó un estudio de caso cualitativo que dialoga con la teoría del proceso del trabajo (Labor process theory). Los resultados se basan en el análisis de contenido de 20 entrevistas semiestructuradas a trabajadores de la plataforma, en conjunto a un trabajo etnográfico realizado en 2019- 2020 en Santiago de Chile. Esta presentación contribuye, en primer lugar, a describir y analizar los procesos laborales procesos organizados por una plataformas de pedidos y entregas cuya propiedad y funcionamiento se gestiona en el Sur Global; segundo, permite conocer el rol que juega Rappi dentro de la red de red de producción minorista chilena; en tercer lugar, conecta diversos procesos laborales organizados por plataformas de pedidos y entregas en la tarea de "recogida y entrega" de pedidos; porúltimo, analiza diferentes mecanismos de control, mecanismos de control ejecutados por Rappi más allá del control algorítmico, junto con individual y colectiva adoptadas por los compradores. 

Resumen de la Ponencia:

En la actualidad, la discusión sociológica sobre el tiempo ha suscitado especial interés, entre los distintos autores y autoras que se interrogan sobre el modo en que se conecta temporalidad(es) y sociedad, en este trabajo presto atención al Sociólogo y Filósofo Alemán Hartmut Rosa, quién es el principal exponente de la Teoría de la Aceleración Social, una puesta en práctica al proyecto de la Fenomenología Crítica. En este trabajo contribuyo a la discusión y debate en teoría sociológica, sosteniendo una perspectiva crítica a pasajes de Rosa, lo cual se sustenta en una revisión conceptual y sistematización de autores. Sostengo, como argumento principal, que a la hora de situar la Teoría de la Aceleración Social en América Latina, existen a lo menos dos limitantes: la primera refiere a su concepción de la “política” como un espacio que llamaremos “víctima de la aceleración”; y la segunda, a su priorización del diálogo y el acuerdo por sobre el conflicto como mecanismo virtuoso de transformación social. Para dar contenido a estas afirmaciones, se realiza: i) una breve lectura crítica de la teoría de la aceleración social; y ii) se exponen algunos enfoques que desde América Latina, proponen comprender históricamente la transformación social en el sub-continente desde la lógica del conflicto. En efecto, sostengo y relevo al momento de conflicto como parte de cualquier proceso de cambio sociopolítico en América Latina. A modo de conclusión se plantea el concepto de “conflicto resonante” como una forma de vincular algunos de los valiosos argumentos de Hartmut Rosa, con una comprensión de la tensión social como mecanismo productivo de transformación social.

Resumen de la Ponencia:

Chile es un país con una larga historia en la actividad minera, que incluso se puede rastrear desde la colonia y que actualmente se enfoca en la extracción y comercialización internacional de Cobre. Una de las temáticas poco problematizadas en torno a la producción minera actual en Chile son los Depósitos de Relaves, infraestructuras construidas con la exclusiva finalidad de almacenar los residuos tóxicos del proceso de separación de minerales de mayor y menor interés económico. Las investigaciones existentes suelen aproximarse a la temática desde una óptica que se enfoca en la especificidad de cada Depósito, desatendiendo otros niveles de la realidad socioterritorial. Sobre este diagnóstico, en esta ponencia se argumenta que es necesario realizar un giro analítico y observar el caso nacional en su conjunto, para lo que construimos un espacio de diálogo entre Geografía Humana y Sociología del territorio abordando una dimensión espacial vinculada a una social. A partir de un análisis geográfico cuantitativo mediante densidad de Kernel y por conglomerados, reconstruímos la Geografía de los Depósitos en Chile, la cual se caracteriza por poseer altas densidades de aglomeración, y también cuatro patrones que hemos denominado como: Patrón de Aglomeración Intensiva Crítica, Patrón de Aglomeración Intensiva, Patrón por Aglomeración Urbana y Patrón de Pre-Aglomeración. Esto es complementado con información cualitativa recuperada desde entrevistas realizadas a gestores de estas infraestructuras, allí encontramos un reconocimiento selectivo centrado en la singularidad de cada Depósitos, descuidando otros niveles de la geografía que contribuyen a construir. Concluyo, vinculando estos resultados con una política pública que pareciera no ser porosa a la heterogeneidad de los patrones de aglomeración, también relevamos la necesidad de pensar alternativas prácticas que permita gestionar los Depósitos en función de garantizar la seguridad de la población y de los ecosistemas. En una vía distinta, propongo que los Depósitos son una problemática socioambiental que ya ha generado una incipiente conflictividad socioambiental, cuyas dinámicas temporales son un fenómeno de necesaria exploración científica. 

Descripción de la Publicación académica:

La presente compilación reúne un conjunto de trabajos que se agrupan en torno a dos líneas conceptuales: Ciudadanía y subnacionalismo, a partir de ellas se construyeron diversas miradas teóricas que tuvieron el propósito de examinar los cambios, permanencias y transformaciones que han ocurrido en las diversas configuraciones de la ciudadanía y la política en América Latina en los últimos años, transformaciones derivadas del impacto de la globalización, la pandemia, las migraciones intrarregionales y las reformas estructurales neoliberales. Estos procesos incidieron en el debilitamiento del estado de derecho, el avance de la violencia social y política, atenuando a su vez la puesta en marcha de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales que han incidido además en las acciones colectivas de diversos sujetos sociales y políticos que por razones de género, edad, étnicas o de clase social han sido excluidas/os de la cristalización efectiva de la ciudadanía civil, política y social. Así, la región en la última década ha sido testigo de movilizaciones sociales de jóvenes, mujeres, migrantes indígenas, y personas LGTBIQ+, las cuales históricamente fueron y han sido excluidos de una ciudadanía efectiva basada en la igualdad política y la pluralidad social. Teóricamente, dentro del marco expuesto en los párrafos anteriores, consideramos que la ciudadanía es el derecho a tener derechos (Arendt, 1998), y nos interesa reflexionar y conocer cómo se producen esos derechos (Luque, 2006), en dos sentidos, desde el Estado a la sociedad y desde la sociedad hacia el Estado (Turner, 1994). En ese marco, y con el objetivo de ampliar el debate latinoamericano sobre la configuración de la ciudadanía y de los procesos políticos en la región desde una matriz comparada, se tomó el aporte de las miradas de los estudios subnacionales, pues su enfoque centrado en el análisis local de las instituciones, procesos y actores políticos (Gervasoni, 2005; Gibson, 2006 y 2012; Olvera, Alberto, Zabaleta, Alfredo y Andrade, Víctor, 2012 y Juan, 2016), permite abordar las conexiones entre lo global, lo glocal, lo local y transnacional, superando el nacionalismo metodológico. Siguiendo la descripción de la obra, está se encuentra integrada por 15 trabajos divididos en dos apartados: El primero referido a Ciudadanías latinoamericanas y el segundo centrado en las dinámicas subnacionales en la región.

Resumen de la Ponencia:

La presente propuesta se inscribe dentro del grupo de trabajo GT06 titulado Imaginario, Memoria, Postcolonialidad y Decolonialidad, a los fines de abordar la memoria y el recuerdo de la esclavitud en la República Dominicana. En ese sentido, esperamos profundizar en los debates políticos y académicos que se han expresado en el espacio público durante los últimos sesenta años, para comprender el contenido de las expresiones memoriales que giran en torno a la esclavitud y sus características o particularidades en la sociedad dominicana.La memoria de la esclavitud en el contexto dominicano es precisamente uno de estos temas sensibles, porque nos conduce a cuestionar los prejuicios que este sistema contribuyó a implantar. En el caribe, siempre que deseamos buscar las fuentes del racismo contra los negros, caemos en la esclavitud. La importancia histórica de Haití, en el proceso de la abolición ha matizado el objeto de memoria en la población dominicana ya que en el imaginario social, conmemorar la esclavitud se asocia con reivindicar, en alguna forma, a Haití. Desde el campo pedagógico, el conocimiento de los estudiantes universitarios sobre las rebeliones negras constituirá uno de nuestros ejes centrales pues buscaremos reconstruir las violencias simbólicas que se siguen ejerciendo contra los descendientes de los insurgentes, en la actualidad, en materia de privación de su propia historia. Así pues, analizaremos la forma en la que se esta "incorporando" el pasado, en un contexto (post)colonial, que tiene tendencia a negar o silenciar el "crimen de lesa humanidad" mientras resalta los símbolos de la colonialidad.Otro eje que desarrollaremos se concentrara en el plano de las políticas públicas, ya que como sabemos, conmemorar, erigir un memorial, o pronunciar “disculpas oficiales” equivale a dignificar a las personas. En ese sentido, trataremos de desvelar la ocultación del pasado esclavista en la ciudad de Santo Domingo, la cual, desde el punto de vista simbólico, no ha hecho debida justicia con las víctimas de la esclavitud. 

Resumen de la Ponencia:

La presente propuesta titulada De la división sexual del trabajo; Su impacto en las familias y la sociedad dominicana (1960 – 1990), se inscribe dentro del grupo de trabajo GT11 – Género, Feminismos y sus aportes a las Ciencias Sociales, a los fines de desarrollar de manera concreta el primer acápite del Eje 2 sobre “Género, economía, mundos del trabajo y poder”. En ese sentido, por vía de esta ponencia vamos a evaluar el proceso histórico en el que se desarrolló el acceso de la mujer en el mercado de trabajo. Así pues, nuestra problemática central se sustentará sobre uno de los campos de investigación pioneros en el estudio de las relaciones sociales entre los sexos que se desarrollaron en el país, asociados a las ideas feministas y a la perspectiva de género. Desde una perspectiva sociológica, iniciaremos nuestra reflexión tomando como punto de partida, La igualdad jurídica como referente de lucha en la legislación dominicana, donde esperamos presentar las luchas (aun incompletas) de las mujeres dominicanas por conquistar su derecho al trabajo y al empleo durante la dictadura trujillista, así como sus incesantes esfuerzos en las décadas posteriores. Esta primera parte, nos aportará las claves que permitieron a las mujeres acceder al mercado de trabajo, observando particularmente los tipos de salarios y empleos que se les ofrecieron, así como la feminización y la masculinización de profesiones, la precariedad, el desempleo, las cualificaciones, entre otras cuestiones relevantes que se desprenderán de nuestro análisis. En una segunda parte, pretendemos explicar y presentar las nuevas formas que adoptó en los hogares dominicanos la dominación masculina al momento de producirse la incorporación de las mujeres en el mundo laboral, señalando el mantenimiento del modelo familiar tradicional caracterizado por una débil repartición de las tareas familiares, incluso cuando las madres trabajan. Finalmente, desarrollaremos una tercera parte donde vamos a proponer un planteamiento para ir más allá de las desigualdades que se conocen y viven en los hogares dominicanos, tomando como fundamento la teoría del habitus, desarrollada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu quien, desde mi punto de vista, logró construir una teoría del cambio social que hace del pensamiento reflexivo, un elemento indispensable para la transformación social. Así pues, por medio de la adopción de la perspectiva feminista o de género, estaré subrayando la importancia de la división del trabajo entre los sexos para el orden social, ya que considero que la reflexión crítica sobre esta problemática constituye uno de los aspectos más importantes para la emancipación de las mujeres.

Justificación del Panel:

La pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe ha puesto en evidencia el carácter estructural de las desigualdades. Para Alvaro García Linera (2021), se trata de cuatro crisis que se retroalimentan: una crisis médica, una crisis económica, una crisis ambiental y una crisis política. Las asimetrías existentes potenciadas desde modelos económicos neoliberales y globalizantes, repercuten en la estructura social de las culturas, específicamente desde la falta de soporte y seguridad en el empleo, en la falta de oportunidades educativas, en sistemas de salud deficientes que no logran dar el mínimo de cobertura a la población más necesitada, en el incremento de la violencia,  las desigualdades, la pobreza y la exclusión social.La situación generalizada demarcada por la pandemia ha traído complejas dinámicas que se empalman con la desigualdad ya experimentada por diversos grupos sociales. Se trata de una realidad desoladora que ninguna política podrá superar en tanto no se construyan estrategias más justas y encaminadas a la búsqueda de mayor igualdad. Por lo que un modelo que tiene como principio el enriquecimiento y aumento de capital a partir de la explotación, no será la salida. Hemos llegado a un punto de desigualdad social y tensión entre las economías, que difícilmente cerrará la brecha de estas injusticias que continúan amortiguando las mujeres desde su participación en el cuidado y administración del gasto familiar (OPS, 2019).  Estos trabajos de cuidados En este período los movimientos sociales continuaron con sus resistencias y    y tuvieron el desafío de sostener la movilización social en la virtualidad, a pesar de la brecha digital y la imposibilidad de garantizar un acceso igualitario a internet a todas las personas. En este contexto la valoración de los trabajos de cuidado tuvieron un incremento crucial. Buena parte de la vida en contexto de pandemia ha venido sucediendo en los hogares. Los trabajos domésticos, gratuitos y voluntarios, realizados mayoritariamente por las mujeres, se intensificaron y resultaron imprescindibles. Esto sin dudas tuvo “…consecuencias de género relevantes para la condición de las mujeres en la sociedad porque, cuando ellas son las principales proveedoras del bienestar, deben excluirse del mercado laboral o enfrentar mayores dificultades que sus pares masculinos para conciliar trabajo productivo y reproductivo (Batthyány, K., 2021). Lo que por otra parte impacta considerablemente en el bienestar de las familias y las relaciones entre sus miembros.En este panel nos proponemos contribuir al análisis de las Desigualdades y exclusión social en contextos de pandemia, y destacar el rol de los  Movimientos sociales y los nuevos retos y desafíos en América latina y el Caribe.