Resumen de la Ponencia:

El proceso de evaluación psico pedagógica es la punta de lápiz para disminuir y/o eliminar las Barreras para el Aprenidizajes y la Participación (BAP) en medio de un evento de salud sin precedentes que a trastocado a la humanidad y que exigió de los profesores un manejo tecnológico preciso para el inicio y desarrollo en la evaluación del estudiante perteneciente a la población en riesgo con el fin de elaborar una propuesta significativa y adecuada, que le sea util a los estilos y rítmos de aprendizajes dostintos de cada estudiante, así como sus motivaciones para prender, características personales desde lo intelectual y físico sin olvidar el contexto complejo que juega la mas de las veces en contra del aprendizaje en óptimas condiciones.El desarrollo  de una evaluación adecuada, tiene la intensión primigenia de superar la exclusión como una distinción negativa de profundas raices culturales (Karsz, 2000) que se manifiesta en la negación al acceso, en el trayecto formativo o en los resultados del proceso, dentro de los cuales sobresale la ausencia de los llamados ajustes razonables a la curricula vigente para el grado escolar que cursa la Niña, Niño, Adolescente o Joven (NNAJ) en su experiencia escolar.Para superar la exclusión escolar en el terreno concreto en las escuelas de México con independencia del nivel al que pertenezcan se requiere  un esfuerzo conjunto en el ámbito de las políticas públicas intersectoriales que operen en dos planos: en las condiciones del entorno que preceden o rodean el hecho educativo para favorecer prioritariamente a aquellos que se encuentran  en condición de vulnerabilidad como las NNAJ con alguna discapacidad física o intelectual que requiere el ajuste reflexivo del plan y programa de estudios vigentes y en específico de los aprendizajes esperados para cada grado escolar del nivel en el que se encuentre inscrito el estudiante con discapacidad. El siguiente plano son las competencias  movilizadas por conocimientos que les permiten a las escuelas y sus integrantes modificar cualquier modo de operación discreta o francamente exlcuyente con la que pudieran estar presente una anulación o disminución del derecho pleno al disfrute de la educación de las NNAJ. La metodología que se emplea para dar cuenta de la investigación terminada se enclava en el paradigma cualitativo, donde  la técnica de recolección de datos más socorridas fue la observación y  la entrevista a los implicados para su posterior tratamiento analítico par arribar a un tipo de interpretación de los símbolos inscritos en el discurso del lenguaje que determina al mismo tiempo la definición de los símbolos y de su interpretación de múltiples sentidos (Ricoeur, El conflicto de las interpretaciones , 1999).

Resumen de la Ponencia:

Esta pesquisa objetiva discutir a promoção da igualdade social de migrantes e refugiados venezuelanos em Boa Vista (Brasil), a partir de políticas de desenvolvimento infantil como estratégia de inclusão social. Roraima é um estado brasileiro fronteiriço à Venezuela, por meio do qual inúmeros migrantes e refugiados perfazem a rota em busca de melhores condições de vida. Posteriormente à admissão no Brasil, esses outsiders (ELIAS; SCOTSON, 2000) perpassam por Pacaraima (cidade brasileira localizada na fronteira) até Boa Vista, capital de Roraima. Além disso, o acesso à saúde é um direito universal, resguardado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU), e no Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) é alinhado ao princípio universal do acesso á saúde. Em razão dessa premissa, qualquer pessoa em solo brasileiro tem direito de usufruir do aparato estatal destinado à saúde, ainda que seja refugiado e/ou migrante. Assim, a população venezuelana presente em Boa Vista também é atendida pelas políticas de saúde. Segundo dados divulgados pela Prefeitura de Boa Vista (PBV), o Programa Família que Acolhe (PFQA) está em execução desde 2013 e já atendeu mais de 22 mil gestações de diferentes nacionalidades, das quais foram de mês venezuelanas. Esse programa oferece variados serviços da gestação até os seis anos de idade, nas áreas da saúde, social e educação. A partir do cadastramento inicial no PFQA, a gestante recebe tanto auxílio material (enxovais para a chegada do bebê) como capacitação (por meio de encontros educativos realizados pela Universidade do Bebê). Posteriormente ao nascimento, o desenvolvimento da criança é devidamente acompanhado, com concessão de alimento lácteo mensal e disponibilidade de vagas em creches e escolas. Ainda segundo a PBV, na área da saúde, o PFQA também propicia consultas médicas (pediatra, odontopediatra, psicólogo, enfermeiro), exames laboratoriais, vacinas e farmácia. Estar no Brasil na condição de outsider representa um estigma social a partir da existência diversas vulnerabilidades, e o acesso às condições básicas de vida oportuniza o desenvolvimento de suas liberdades, nos termos de Armatya Sen (2002). Os recursos metodológicos utilizados nesta pesquisa privilegiaram a análise qualitativa dos fenômenos sociais, os quais consideram-se socialmente construídos. Nesse sentido, foram empregadas técnicas de coletas de dados voltados à pesquisa documental, com obtenção e processamento de dados realizados no segundo semestre de 2021, os quais foram emitidos predominantemente por instituições governamentais brasileiras (PBV). Ademais, recorreu-se à pesquisa bibliográfica como técnica complementar de pesquisa, de maneira a favorecer a revisão bibliográfica sistemática da literatura científica relacionada às categorias analíticas infância (com ênfase em gestão, nascimento, crescimento, desenvolvimento e educação), saúde e migrante e refugiado (prevalência de produções referentes ao Brasil e à Venezuela). Tudo isso favoreceu a análise de conteúdo e a obtenção das considerações sobre a temática e o objetivo desta pesquisa.

Resumen de la Ponencia:

La ponencia se inscribe en la discusión general sobre el papel de los organismos internacionales -el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM)- en la elaboración de política pública dirigida al combate a la pobreza en la región. Se centrará, específicamente, en la discusión de la política de asistencia social desarrollada en Uruguay desde el 2005 hasta la actualidad. Asumimos que la participación de estos organismos en la elaboración de la agenda social tiene una importancia sustantiva, o prácticamente decisiva, en la interpretación de los problemas asociados a la pobreza y las estrategias de resolución que se han ensayado en los países de toda la región, y que más allá de las especificidades de cada caso, hay rasgos y atributos comunes en las estrategias que se pueden explicar por el papel que estos organismos desarrollan a lo largo de la región en tanto portadores de conocimiento experto. En la compleja dinámica del desarrollo de instituciones estatales se vuelve relevante explicar quiénes, además de los cuadros burocráticos-estatales, participan en la construcción de las demandas y necesidades estatales, y en particular en los procesos de elaboración e implementación de políticas sociales, y cómo se produce su vinculación con la producción de saberes estatales (Neiburg y Plotkin, 2004; Plotkin y Zimmermann, 2011). En el campo de la política analizada, los requerimientos y necesidades estatales para su configuración se tramitaron mediante participaciones diversas —como el BID, el BM, y la Universidad de la República— que proveyeron de saberes y capacidades, fundamentalmente Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para su formulación y puesta en práctica sobre nuevas bases y principios que permitieron su institucionalización y expansión en estas primeras décadas del siglo xxi.Estos organismos asientan su legitimidad y autoridad experta en un “trabajo de enunciación basado en la separación entre conocimiento e interés, conocimiento e ideología; y esta separación de esferas en la que fundan su imagen de neutralidad les permite anunciarse como observadores objetivos y portadores del conocimiento y de la evidencia. Y en esa dirección, es que ponen en juego la fuerza simbólica de la idea de evidencia, ya que con el apelo a la «evidencia» se pretende laudar disputas en torno a las afirmaciones expertas” (Carballo, 2021, p.257). En suma, en esta ponencia esbozaremos pistas sobre cómo la representación de la evidencia que encarnan las señalizaciones del BID y el BM logran imponerse como juicios expertos, portadoras de una mirada universal, imparcial y desideologizada, mediante una serie de mecanismos prácticos que muestran la versatilidad estratégica que tienen estos bancos para adaptarse a distintos contextos institucionales y sociohistóricos. 

Resumen de la Ponencia:

O presente trabalho visa apresentar a necessidade de criação e implementação de políticas públicas de real concretização dos direitos das pessoas refugiadas no Brasil e, assim, possibilitar um verdadeiro exercício cidadão. Para tanto, utiliza-se como exemplo os refugiados venezuelanos a partir de 2018 quando se há o reconhecimento da grave violação de direitos humanos e o surgimento da Operação Acolhida. Assim, problematiza-se a forma como se dar vida a uma legislação acolhedora, para que a mesma não se torne apenas uma formalidade normativa. A metodologia utilizada se dá pela análise do grupo de indivíduos objeto de estudo, utilizando-se da pesquisa bibliográfica e análise documental dos instrumentos normativos e dados disponibilizados sobre a efetivação de políticas públicas voltadas para o acolhimento e inserção social dos refugiados no Brasil. Primeiramente se fará um relato acerca do refúgio no Brasil, posteriormente se desenvolve a concepção da invisibilidade social e como esta pode se tornar uma estratégia de governo e, posteriormente, a análise das políticas públicas existentes para a efetivação do que se concebe por cidadania desses refugiados no país. Conclui-se que muito se avançou desde a criação da Lei de Migração em 2017, mas constata-se que há muito o que se conceber, implementar e fiscalizar quanto da realidade real dessas pessoas.

Introducción:

Se falar em refugiado é tratar de pessoa que se desloca de seu lugar de origem de forma forçada, pautada em fundado temor de perseguição e isso acarreta inúmeras vulnerabilidades que vão desde o idioma até se sentir parte da sociedade ao qual passam a fazer parte. Assim, observar as legislações internacionais e internas acaba por se tornar apenas um ponto de partida no que concerne à realidade fática desses fluxos migratórios.

Ao analisar o estado brasileiro observa-se que em 2017 foi instituída a Lei nº 13.445 que ficou conhecida como Lei de Migração, revogando o então Estatuto do Estrangeiro de 1980 e trazendo, juntamente com a Lei nº 9474/97 um sistema protetivo e garantidor maior aos refugiados que se encontram no país. Vale ressaltar que a Lei nº 9474/97 traz uma internalização dos principais instrumentos internacionais acerca do sistema protetivo aos refugiados como a Convenção de 1951, o protocolo adicional de 1967 e a Declaração de Cartagena de 1984; esta última trazendo hipótese específica para âmbito regional que é a concessão de refúgio para os casos de reconhecimento das graves violações de Direitos Humanos.

Desde 2018 o fluxo de migrantes Venezuelanos com status de solicitante de refúgio ao Brasil é crescente. Isto se deu por alguns fatores como as questões políticas, econômicas e sociais que ocorriam (e ainda ocorrem) na Venezuela, mas também pelo reconhecimento do Brasil do critério da grave violação de direitos humanos, elemento necessário para concessão da condição de refugiado e de todo o sistema protetivo a ele inerente. Nossa legislação assegura o exercício dos direitos e garantias fundamentais e confere a essas pessoas, por exemplo, um número de CPF, uma carteira de identificação de migrante (Carteira de Registro Nacional Migratório -CRNM) e CTPS na expectativa que esses direitos se efetivem.

Mas é aí que a problemática se inicia: quem quer empregar um refugiado? Onde ele pode aprender português? Como ele aluga uma casa? Como conseguir apoio para instrumentalizar as políticas assistencialistas que a legislação pátria diz que ele tem direito, mas que este migrante desconhece, pois ninguém o acolhe? 

O objetivo geral deste trabalho reside em demonstrar que a invisibilidade social para com os refugiados no Brasil é uma realidade para além do plano normativo existente. Que se não for pensada uma prática efetiva de acolhimento, combate às vulnerabilidades e inserção social esses indivíduos continuarão cerceados no exercício de direitos fundamentais e da própria cidadania ainda que albergados por diversas leis que preveem tais garantias. 

Para tanto o estudo se construirá a partir de uma análise documental do arcabouço normativo brasileiro, dos bancos de dados institucionais e de entidades que tratam da matéria, bem como análise bibliográfica e do grupo de indivíduos, qual seja, refugiados venezuelanos no Brasil.

Por fim é proposto que apesar de uma legislação claramente protetiva e defensora da efetivação dos direitos humanos dos refugiados, ainda persiste muito clara a invisibilidade social que essas pessoas vivenciam no país e que muito ainda há de se fazer para a possibilidade de inserção social e exercício da cidadania. Não basta o papel dizer, não se pode ter direito como letra morta, ela precisa ser prática e efetiva e este é papel da chamada política pública.

Desarrollo:

CONSIDERAÇÕES À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO REFUGIADO 

O Brasil, desde a constituição de 1988, traz como fundamentos a cidadania e a dignidade humana. Tais fundamentos convergem a um rol de direitos fundamentais que pelo art.5º devem ser destinados a brasileiros e estrangeiros que se encontrem em território nacional independentemente de qualquer tipo de categorização.

Em 1997 foi editada a Lei nº 9.474 que define a implementação do chamado Estatuto do Refugiado de 1951 e concebe para além da referida lei um conceito mais amplo da condição de refugiado.

De acordo com a Lei nº 9.474/97(BRASIL, 1997)

Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:

I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;

II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior;

III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país (online).

O que se observa é a possibilidade do reconhecimento da condição de refugiado pela grave e generalizada violação de direitos humanos, uma concepção advinda do sistema regional de proteção dos direitos humanos em 1984 pela denominada Convenção de Cartagena.

A lei ainda trazia a garantia da equiparação dada ao estrangeiro  no que diz respeito aos direitos e deveres e garantia a seguinte documentação para permanência no país: a cédula de identidade comprobatória de sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. Em se tratando de inserção local a lei tratou apenas da questão de apresentação de documentação de origem e o reconhecimento de certificados e diplomas para o exercício da atividade acadêmica.

Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica dos refugiados deverá ser considerada quando da necessidade da apresentação de documentos emitidos por seus países de origem ou por suas representações diplomáticas e consulares.

Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a obtenção da condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser facilitados, levando-se em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados  (BRASIL, 1997, online).

Em 2017 foi editada a Lei 13.445 e o Decreto nº 9.199 que tratam do novo tratamento a ser dado pelo estado brasileiro aos migrantes como um todo. Tal legislação afasta o antigo comportamento do Estado no reconhecimento e tratamento dado ao estrangeiro, como uma espécie de ameaça, e incorpora toda a preocupação humanitária do Brasil na efetivação dos direitos humanos. Importante ressaltar que a legislação anterior era de 1980, ou seja, editada à época do regime militar e muito distante da realidade social proposta pela constituição de 1988.

As principais pontuações desta lei no que tange aos refugiados são, para além das já previstas no ordenamento de 1997, a autorização de residência (art. 30), inclusive ao solicitante de refúgio, de forma provisória, até que obtenha resposta do seu pedido(art. 31, §4º).  Em relação à repatriação, que é uma medida administrativa, de devolução de uma pessoa ao país de procedência ou origem a disposição é:

§ 4º Não será aplicada medida de repatriação à pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, de fato ou de direito, ao menor de 18 (dezoito) anos desacompanhado ou separado de sua família, exceto nos casos em que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração a sua família de origem, ou a quem necessite de acolhimento humanitário, nem, em qualquer caso, medida de devolução para país ou região que possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa. (Brasil, 2017, online).

Por fim a lei fala da proibição da extradição das pessoas refugiadas e do A Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia que tem por finalidade a coordenação e articulação de  ações as serem implementadas pelo Executivo federal em “regime de cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, com participação de organizações da sociedade civil, organismos internacionais e entidades privadas, conforme regulamento” (BRASIL, 2017, online).

No decreto que regulamenta a Lei de Migração a novidade está para a concessão de outros documentos para exercício de direitos no país para além da Lei nº 9.474/97. Agora o detentor do status possuirá a carteira de trabalho provisória (CTPS), a inserção no cadastro de Pessoa Física (CPF) e a possibilidade de abertura de conta bancária em instituição financeira que seja supervisionada pelo Banco Central do Brasil.

Assim é possível constatar que a atual legislação brasileira coaduna com as melhores práticas de acolhimento e proteção do refugiado no Brasil, instituindo, inclusive, a construção de um plano para a atuação de gestão de ações envolvendo todos os entes federados do Brasil e demais entidades na busca de uma adequada inserção social dessas pessoas para exercício dos direitos e deveres a elas inerentes. O que se precisa observar é como estas questões deixam o plano normativo e se concretizam no plano da realidade cotidiana dessas pessoas.

2 A INVISIBILIDADE SOCIAL E O PAPEL DO ESTADO

Trabalhar a ideia de invisibilidade social e enxerga-la como uma ação governamental requer que certas considerações preliminares sejam realizadas com o intuito de tornar preciso o que a expressão significa para grupos vulneráveis como os refugiados. A invisibilidade aqui vai para além daquela que possa ser primeiramente concebida, como o que não se vê ou não é perceptível (MICHAELIS, 2022). 

O sentido aqui deve ser concebido em um aspecto mais metafórico, ou seja, quando o indivíduo passa a ser desconsiderado mesmo quando é possível vê-lo e identifica-lo no campo visual (HONNETH,2004). Uma outra definição que se aproxima da proposta no trabalho é a de que “O excluído é invisível, está no âmbito do que não é inscrito ou representável” (KEMPER, p. 108, 2013), ou seja a invisibilidade do excluído é social, preocupação do Estado e da sociedade como um todo. Por fim, uma última percepção é a de que a invisibilidade desses grupos vulneráveis ou excluídos é uma forma de violência (BOURDIN, 2010), uma espécie de apagamento da pessoa à sociedade na qual se encontra inserida.

Ao trazer essa percepção para a realidade brasileira, a partir da migração forçada venezuelana para o Brasil é possível observar como isso vem sendo uma realidade no cotidiano desses migrantes. Desde 2015 o fluxo migratório desse grupo se intensifica para o país em razão do agravamento da crise econômica na Venezuela, contudo essas pessoas não eram admitidas como refugiadas no país em razão da não caracterização do governo de uma das possibilidades de concessão de referido status. 

Em 2017 o Brasil adota duas normativas para tratar a questão. A Resolução Normativa Nº 126 de 3 de março de 2017 e a Portaria Interministerial nº 9 de 2018.  A resolução trazia a possibilidade de estrangeiros nacionais de países fronteiriços que ainda não são parte do Acordo de Residência existente no âmbito do Mercosul e que se encontrassem em situação migratória irregular no Brasil e não eram beneficiários do status de refugiado a possibilidade de solicitação da residência temporária, pelo prazo de ate 2 anos (BRSIL, 2017). Trazia ainda a seguinte observação quando se tratava de solicitante de refúgio: “Art. 2º O estrangeiro que pretenda se beneficiar da presente Resolução Normativa e tenha solicitado refúgio no Brasil deverá apresentar às unidades da Polícia Federal declaração de preferência de regularização de estada, indicando como fundamento de seu pedido esta Resolução Normativa”.

A portaria interministerial nº 9 de março de 2018 tratava da mesma matéria que a resolução, porém sofreu alteração em 2019 pela Portaria Interministerial nº 15 e passou a considerar a desistência implícita da solicitação de refúgio no caso da autorização de residência, sendo esta a redação: “4º A obtenção autorização de residência prevista nesta Portaria e o registro perante a Polícia Federal implicam desistência expressa e voluntária de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado”(BRASIL, 2018, online).

Em junho de 2018 começam as atividades da Operação Acolhida, uma força-tarefa do Estado brasileiro conjugada com o Exército, Organizações Internacionais, Organizações não-governamentais e entidades privadas para o acolhimento, abrigamento e interi9orização dos migrantes forçados venezuelanos que a partir de 2019 passaram a possuir a possibilidade da solicitação de refúgio em razão da Nota Técnica nº 3/2019 do COMITÊ NACIONAL PARA OS REFUGIADOS (CONARE).

Este relatório analisa a situação instucional e fáca da Venezuela, à luz dos direitos humanos, por meio da pesquisa detalhada de Estudo de País de Origem - EPO, e trata de análise, reconhecimento e aplicabilidade de Grave e Generalizada Violações de Direitos Humanos, conforme estabelecido no âmbito do inciso III do art. 1º da Lei nº 9.474, de julho de 1997. (BRASIL, 2019, online). 

Nesse contextos várias medidas precisaram ser tomadas e implementadas, desde a criação de postos para além das fronteiras para triagem, documentação e  acolhimento, como de abrigos para acomodar tal demanda de pessoas que se aglomeravam nas entradas do norte do país, a exemplo de Manaus (AM) e Pacaraima (RR) sem falar da capital de  Roraima, Boa Vista, que começa a receber inúmeros venezuelanos na cidade.

Por mais que ocorresse uma ação do Estado brasileiro essa não foi, talvez em razão da relação fluxo X tempo, tão hesitosa quanto aparentou no início das atividades. Por exemplo, o Estado de Roraima não tinha orçamento suficiente para atender todas as demandas de serviços públicos aos quais estas pessoas tinham direito, tanto que foi preciso se decretar uma intervenção federal no mês de dezembro de 2018. Várias notícias foram veiculadas acerca da vulnerabilidades desses migrantes, muitos em situação de rua e sem amparo necessário para o mínimo de dignidade. Se verifica que na interiorização, ou seja, no momento de passar a responsabilidade de inserção social para estados e municípios há significativa perda na qualidade de prestação de assistência estatal.

Mais de 4 mil venezuelanos que cruzaram a fronteira para se refugiar no Brasil estão vivendo nas ruas de Pacaraima, em Roraima. Famílias a pé, de moto, gente até de bicicleta. É pelas trilhas clandestinas em território venezuelano que os migrantes entram em terras brasileiras. Quem não consegue abrigo dorme nas portas de lojas, de prédios públicos e de agências bancárias. A Organização Internacional para as Migrações estima que, só em Pacaraima, mais de 4 mil venezuelanos vivem fora de abrigos.

A migrante Desire Gomez Fajardo pede ajuda. “Estamos passando por um momento crítico, por favor, ajude-nos a sair”, pediu.  A esperança de Desire é ser realocada de Roraima para outra região do Brasil onde possa conseguir trabalho. Desde 2018, já são mais de 58 mil venezuelanos interiorizados. (G1, 2021, online)

Se for observado na prática, nenhuma dessas práticas de gestão se preocupam em ir à fundo na análise das vulnerabilidades e urgências das pessoas refugiadas para inserção social. Muitas vezes os dados de recebimento desses migrantes, são elevados, eles recebem a documentação nos moldes da legislação, muitos são abrigados, outros tantos distribuídos pelo território brasileiro, mas questões como aprendizado da língua portuguesa – uma das maiores vulnerabilidades desses migrantes- garantia de vaga na escola, políticas de abrigo social, ou aluguel solidário não são planejadas em todas as esferas de pode e em grande parte tais responsabilidades são transferidas para o terceiro setor e Organizações Internacionais.

Isso vem a suscitar questionamento de que até que ponto tais políticas existentes não são apenas para cumprir uma formalidade legal, ainda que superficial? A crítica reside não nas políticas existentes, mas na efetividade e insuficiência delas. Seria essa invisibilidade social uma estratégia de governo? Por quais razões não são trabalhadas a fundo o combate às inúmeras vulnerabilidades e urgência dessa categoria? O fato destas pessoas não possuírem voz ativa contribui para a manutenção de que se não há pleito pelo exercício de direitos deles os mesmos não existem? Como não chegam demandas ao estado implica em anuir que o que se tem já é suficiente e atende aos principais anseios de inserção social dos refugiados no Brasil?

O trabalho apresenta apenas um grupo de indivíduos como exemplo, mas a migração forçada para o Brasil tem elevados índices de haitianos, sírios e, mais recentemente, ucranianos. São inúmeras as dificuldades dessas pessoas que vão do idioma, cultura, perseguição, preconceito e discriminação.

3 AS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO DE EXERCÍCIO DA CIDADANIA

A criação de ações políticas pelo Estado deve ser concebida sobremaneira como uma forma de efetivação da cidadania compreendida esta em sentido amplo, para além do exercício de direitos políticos. Arendt (2000) utilizando-se também da questão migratória e do refúgio, concebe em sua obra a ideia da necessidade dessas pessoas a terem direitos. A crítica se dá em um mesmo cenário que a presente no trabalho: a existência de normas que carecem de concretude. Se àquela época o contexto era de guerra, agora temos as mesmas questões em diversas violações de direitos humanos.

Ainda dentro dessa concepção de cidadania a crítica vai além do dever prestacional do Estado, se insere na ideia de pertencimento à uma comunidade organizada, que os enxerga, ouve e compreende as necessidades de se reencontrar em um local diferente do seu e de forma involuntária. E nesse contexto o país tem papel fundamental na concretização desses direitos.

Segundo o Subcomitê federal para recepção, identificação e triagem dos imigrantes (2022) o Brasil já contava para as questões de migração venezuelana com 93.997 solicitações de reconhecimento da condição de refugiado e 51.538 refugiados reconhecidos. Isso sem contar aqueles que estão no Brasil com a proteção da ajuda humanitária que difere um pouco do tratamento dado aos refugiados, mas, se contabilizados chegaríamos a 702.222 venezuelanos que já entraram no território brasileiro.

O Governo Brasileiro adotou, desde 2019, quatro áreas de atuação para dirimir as questões atinentes à migração venezuelana: Fornecimento de acomodação e assistência humanitária básica nos abrigos para migrantes em Roraima; Realocação de migrantes em outros Estados do País (interiorização); Integração de migrantes na sociedade brasileira e no mercado de trabalho; e Apoio aos migrantes dispostos a voltar para a Venezuela voluntariamente.

As duas primeiras áreas já foram mencionadas anteriormente, a Operação Acolhida é grande responsável no que  se aplica a acolhimento e interiorização. A quarta área ainda não se demonstra viável ante a persistência da situação que ensejou a grave violação de direitos humanos. É preciso se concentrar na terceira área: a integração à sociedade brasileira e ao mercado de trabalho.

Um estudo realizado pelo Banco Mundial e o Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados, em meados de 2021, aponta inúmeras dificuldades quanto ao acesso ao mercado de trabalho e aos serviços de assistência social e educação para a comunidade migrante venezuelana, 

Embora tenham níveis de educação similares, venezuelanos são 64% menos propensos a serem empregados que seus anfitriões brasileiros, e suas crianças têm 53% menos de probabilidades de estarem nas escolas. [...] De acordo com o estudo, apenas 12% da população venezuelana economicamente ativa no Brasil têm empregos no mercado de trabalho formal. Refugiados e migrantes da Venezuela que estão formalmente empregados tendem a ser mais jovens e a ter completado o ensino médio. Entretanto, geralmente trabalham por mais horas, recebem menores salários e têm menos acesso aos sistemas de seguridade trabalhista que os nacionais brasileiros (ACNUR, 2021, online).

A partir desta análise observa-se que a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos moldes do ordenamento jurídico não efetiva o acesso ao mercado de trabalho formal e nem compatível com o que era realizado no país de origem. Não se observam mecanismos eficazes de conscientização das empresas para a contratação dessas pessoas, o medo dos empregadores quanto às incertezas legais desse tipo de vínculo afastam esses migrantes do trabalho legal e dos benefícios previdenciários e assistencialistas que viriam a ter direito a partir do momento em que se tornassem contribuintes do sistema previdenciário público brasileiro. 

Não se observam também, em âmbito nacional, mecanismos que facilitem a validação de diplomas estrangeiros no Brasil, os custos são elevados, a burocracia muitas vezes desconhecidas dessas pessoas e isso só contribui para aumento do subemprego e do trabalho informal. Isso sem mencionar que a falta de rede de apoio e acesso ao sistema de creches e escolas tiram inúmeras mulheres mães do mercado de trabalho.

A pesquisa da ACNUR (2021) ainda traz questões atinentes à educação. A discrepância entre os nacionais e os migrantes venezuelanos e severa. Dados do censo educacional realizado em 2020 apenas 37.700 (ou 45%) das crianças venezuelanas estavam matriculadas em escolas – comparadas com mais de 85% de crianças e adolescentes brasileiros. “Mesmo quando conseguem se matricular, as crianças e adolescentes venezuelanos geralmente frequentam escolas mais cheias e são alocadas em níveis mais baixos. A falta de professores que falam espanhol é outro grande obstáculo ao sucesso delas nas salas de aula”.

Para as questões que se relacionam ao acesso à educação é preciso considerar que o sistema de acesso às escolas públicas do país é deficitária até mesmo para os nacionais. A educação pública brasileira nunca conseguiu chegar a patamares de excelência, já precisou ser judicializada e é assunto sensível para os brasileiros. Com isso o acesso dos estrangeiros já é mitigado, o preconceito e discriminação surge por quem, inclusive pertence ao estado, na medida em que prioriza vaga para os brasileiros em detrimento dos estrangeiros.

Fora isso o Brasil deixou a cargo de outras entidades a capacitação em língua portuguesa, com isso crianças e adolescentes venezuelanos são alocados em séries inferiores e não conseguem obter o rendimento escolar mínimo necessário pelo fato de sequer compreenderem o que está sendo explanado em sala. Não se encontram propostas institucionais de combate a essas vulnerabilidades linguísticas nem para alunos que se encontram nas universidades, tampouco para os que se interessam e poderiam retornar à pós-graduação, nem para os exames que possibilitam o acesso à elas.

Outras situações são preocupantes na questão da assistência aos migrantes refugiados. Tem-se o caso de acesso ao sistema de saúde, à ferramentas de acesso à habitação, utilização de espaços coletivos, respeito à cultura, etnia e combate ao preconceito e discriminação.

A publicação Refúgio em números de 2022, do governo brasileiro, traz menção sobre ações, conquistas e desafios no que diz respeito a proteção e efetivação das políticas para a população refugiada:

No último ano, também se observou a manutenção do protagonismo da fronteira Norte brasileira no contexto de fluxos que seguem fortemente influenciados pelas dinâmicas intrarregionais de mobilidade humana forçada na América Latina. Em contrapartida, o redirecionamento e a interiorização das pessoas solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado erefugiadas pelo território nacional, redefinindo a geografia do refúgio no Brasil, mantêm-se como um processo de monitoramento prioritário do ponto de vista da política humanitária brasileira no campo migratório. Conforme se observa na edição anterior da publicação Refúgio em Números, trata-se de processos que atravessam múltiplas escalas com desdobramentos reconhecíveis para as esferas locais, não somente quanto à proposição, à gestão, e à integração de políticas públicas como, também, pelo próprio reordenamento de forças sociais. (JUNGER et al, 2022, online)

O que se observa é que enquanto não se enxergar os desafios dos migrantes refugiados pela perspectiva deles o Estado estará fadado a cometer falhas, algumas até severas, com relação à inserção social desses migrantes e a concretização de direitos para além do formalismo. É preciso voltar atenção para a ideia de estar acolhido e se sentir parte do meio em que se vive, só assim se torna possível uma redução das vulnerabilidades e vivência cidadã.

Conclusiones:

O estudo se propôs a, de forma não exaustiva, suscitar a discussão sobre a questão da invisibilidade social do refugiados no Brasil, adotando como grupo exemplificativo os dos venezuelanos que adquirem a possibilidade de serem refugiados em 2018/2019 quando se reconhece a grave violação de direitos humanos no país de origem.

Foram apresentadas considerações acerca da legislação brasileira para a proteção do migrante refugiado, bem como informações sobre a percepção acerca da invisibilidade social que essas pessoas sofrem quando se encontram no país, mesmo que albergadas por todo o arcabouço normativo que se aplicam a elas. Por fim foram apresentadas algumas políticas voltadas para esses migrantes, bem como dados e falhas na forma de efetivação desses direitos.

O intuito foi reconhecer que a invisibilidade social pode ser uma política de governo, mas o combate a ela deve ser uma política de Estado. Tanto que até o incício de 2023 a legislação que vem a tratar da Política Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia, prevista na Lei 13.445/2017 foi sequer criada. Nem o Executivo e nem o legislativo nacional se comprometeram a dar iniciativa ao regramento que institui, coordena, implementa e aprimora o tratamento dado aos migrantes quando em território brasileiro. Isso demonstra descaso e atraso no inserir socialmente essas pessoas ratificando todo o escopo deste trabalho.

No caso dos migrantes refugiados no Brasil não basta a norma dizer que eles possuem direitos, é preciso que os gestores públicos os enxerguem e os tragam para o convívio social e para a integração à comunidade. Não se pode confundir pessoas refugiadas vulneráveis com pessoas necessariamente criminosas. Muitas vezes estas pessoas estão marginalizadas pelas invisibilidade governamental. A ausência de políticas públicas específicas impossibilitam que elas saiam do campo do assistencialismo e passem a exercer papel social e economicamente participativo, tendo em vista que é comum refugiados com ensino médio completo e nível superior, ou seja, aptos a ocuparem o mercado de trabalho. A saída se encontra em ações voltadas para o exercício da cidadania ampla, como curso de português, incentivo para contratação de refugiados, desburocratização na validação da documentação, vaga nas escolas para crianças migrantes, entre outros tantos direitos assegurados no papel e deficitários no mundo prático.

A cidadania se constrói no dia a dia, para além do exercício dos direitos civis e políticos, mas da efetivação dos direitos sociais, culturais, econômicos... e tantos outros que venham a existir. E, em se tratando de migrantes refugiados, essa questão torna-se ainda mais delicada, pois apesar das normas garantirem inúmeros direitos na vivência prática eles ainda são um grupo invisível aos interesses dos governantes, talvez por não poderem exercer o direito de voto, mas ainda assim são cidadãos em sentido amplo e precisam da efetivação de seus direitos. A saída reside na construção de políticas públicas de acolhimento e integração à sociedade, pois somente com a sensação de pertencimento é possível se criar um vínculo de identidade para a construção comum e colaboração coletiva para além das fronteiras e nacionalidades. 

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Palabras clave:

Refúgio. Invisibilidade social. Políticas Públicas no Brasil.

Resumen de la Ponencia:

Resumen de ponencia, que se presentará en el GT08, Desigualdad, Pobreza y Exclusión Social, en el marco del XXXIII CONGRESO DE SOCIOLOGIA ALAS 2022, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología, en la ciudad de Mérida, Yucatán, mismo que se celebrará del 14 al 19 de agosto de 2022.El gasto social del gobierno de México en tiempos de COVID-19Irma Delgado MartínezEl papel central del Estado, en la gestión de la emergencia sanitaria vinculada a la difusión del coronavirus, hizo más visibles las desigualdades entre los países y dentro de los países en términos de la situación socioeconómica de los ciudadanos, los impactos de la crisis y niveles de protección ante los riesgos por parte del estado, exacerbando y polarizando al mismo tiempo las diferencias. Mediante la adopción de medidas sanitarias y de orden público, se introdujeron medidas para mitigar el impacto de la crisis sanitaria, para ello se llevó a cabo la reasignación de recursos a la gestión de la emergencia y la protección de la salud, por lo que los gobiernos recurrieron a transferencias monetarias de diferente naturaleza para contrarrestar la pérdida de ingresos causada por la parálisis de la economía.La recuperación posterior a la crisis sanitaria debe generar una reflexión acerca de la reconstrucción, de las medidas que permitan extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios sociales a nivel nacional y el dilema de un equilibrio entre crecimiento económico y bienestar social, con el principal objetivo de mejorar la resiliencia de las sociedades. El papel fundamental de las políticas sociales es el tratamiento de las desigualdades a través de una mejor gestión del gasto social, por lo que, es importante la sostenibilidad del gasto público, es decir un incremento de los recursos públicos destinados a las políticas sociales en tiempos de contracción económica y disminución recaudatoria. Es fundamental asegurar que la reasignación del gasto social no perjudique la disponibilidad de recursos para el fortalecimiento de las políticas sociales; y que esto no desemboque en una fragmentación de la gestión de las políticas sociales y del gasto asociado a las mismas. De tal forma, que el objetivo de la presente ponencia se centra en el análisis del gasto social ejercido en México frente al impacto de la pandemia de COVID-19, La presente ponencia, es una continuidad de trabajos previos de investigación que hemos realizado sobre la política social en México, particularmente sobre el gasto social.Palabras Clave: Gasto Social, Política Social, Política Económica, Programas Sociales.

Introducción:

I. Introducción

El gasto público es el que realiza el Estado para sostener las instituciones gubernamentales centrales y para financiar servicios públicos prioritarios que permanecen en manos estatales; es decir, la cantidad de recursos con que puede funcionar el Estado para el ejercicio de diversas funciones[1].

El gasto social es un subconjunto del gasto público que agrupa los recursos que el Estado destina directamente para atender el desarrollo y el bienestar de su población.

La importancia del análisis del gasto social radica en la necesidad de evaluar el destino y la composición de las erogaciones que realiza el Estado con el propósito de cumplir funciones en la provisión de servicios y protección de la población.

Las principales medidas implementadas por el gobierno fueron: 1) la movilidad, 2) la salud, 3) la economía, 4) el empleo 5) la protección social y 6) la educación/escuelas. En cuanto a la movilidad, hubo cierres y controles fronterizos más exhaustivos, restricción o cierre de lugares públicos y reuniones masivas, otras movilizaciones a través y dentro del país. En cuanto a la salud fueron la cobertura obligatoria, la cuarentena obligatoria para extranjeras/os, los casos confirmados o sospechosos, el tipo de políticas para tomar pruebas diagnósticas y la reconversión hospitalaria. En lo concerniente a la economía, el gobierno impulso restricciones de actividades económicas, controles de precios y cantidades, alivio de la deuda y suspensión de pagos de créditos. Respecto al empleo, se impulsaron políticas de protección laboral, permisos de resguardo remunerado, reducción de horas de trabajo, prohibición de despidos. 

En el ámbito de la protección social, se identificaron transferencias en efectivo, alimentos, garantía de servicios básicos. Respeto al sector educativo, se impulsaron políticas de suspensión de clases presenciales y se otorgaron instrumentos para aprendizajes a distancia. Una de las primeras medidas fue la suspensión de las clases presenciales para disminuir la movilidad de la población, de modo que la alternativa fue continuar con el proceso educativo en una modalidad virtual. Estas decisiones políticas mostraron otras desigualdades existentes: como la disparidad en el acceso a dispositivos electrónicos e internet por parte del estudiantado, lo que en algunos casos limitó el acceso a la educación de los más desfavorecidos.

A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno en materia de reconversión hospitalaria, el desmantelamiento y desfinanciamiento expresado en el gasto público en salud como porcentaje del PIB fue impactado fuertemente, y los servicios de salud se vieron desbordados.

El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) heredó un país cuyas condiciones de salud reflejaban una realidad lacerante. Al menos el 57.3% de la población carecía de acceso a la seguridad social y el 16.2% no tenía acceso a los servicios de salud (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL], 2019); mientras que el 75.2% de la población de 20 años y más padecía sobrepeso y obesidad, y el 18.4% y el 10.3% había sido diagnosticada, respectivamente, con hipertensión y diabetes mellitus (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía [INEGI], Instituto Nacional de Salud Pública [INSP] y Secretaría de Salud [SSA], 2020). En 2018, las primeras tres causas de mortalidad en México se ubicaban en las llamadas enfermedades del sistema circulatorio (19.9%), así como en diabetes mellitus (15.4%) y neoplasias (12%) (CONEVAL, 2018). Estos datos indicaban que habia un alto porcentaje de la población viviendo con hipertensión, diabetes mellitus, obesidad y sobrepeso; precisamente, las principales comorbilidades para las formas graves de COVID-19.

La Secretaría de Salud del gobierno de México denunció graves carencias de médicas/os y especialistas en sus diversas áreas clínicas, falta de mantenimiento a su infraestructura hospitalaria y un legado de más de 300 obras inconclusas y abandonadas, algunas por un periodo de hasta diez años (Cruz, 2020). De los 326 hospitales en los que invirtió el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el 49% resulta inviable por fallas estructurales que ponían en riesgo a la población. Adicionalmente, esa misma Secretaría lamentó que ya no podía continuar con la construcción de 123 unidades médicas y 37 hospitales, también por sus condiciones de deterioro estructural y, de ese total, 56 unidades del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encontraban en abandono de construcción o remodelación (Zavala y Morales, 2019).

A pesar de los esfuerzos emprendidos por los gobiernos federal y estatales en materia de reconversión hospitalaria durante la pandemia, que fueron reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al calificar a México como el país de las Américas con mayores esfuerzos ha realizado (Partida, 2020), el desmantelamiento y el desfinanciamiento expresados en el gasto público en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) impacto fuertemente, y los servicios de salud se vieron superados por la demanda (OXFAM, 2020).

Las intervenciones ante COVID-19 del gobierno de México, en particular las de movilidad y confinamiento, se caracterizaron por no dirigirse a las personas en lo individual como había sucedido en otros países, en virtud de que las condiciones de las personas, dadas por la situación de empleo informal, pobreza y condiciones materiales de vida, son diferentes en toda la población. Por lo que tomó en cuenta la complejidad en la conformación de la sociedad por las desigualdades sociales, y la subjetividad de los colectivos. En virtud de que la subjetividad y las experiencias de vida están determinadas por elementos económicos, culturales/ideológicos, políticos y geográficos y que había que adecuarlas tomando en cuenta las diversas especificidades en el momento de la toma de decisiones para la implementación de medidas higiénicas preventivas. Razón por la cual, el gobierno de México evitó implementar acciones coercitivas en la persona; es decir, la persona no es el actor obligado a cumplir con las acciones. Desde el discurso del gobierno de México, se pensó que las medidas coercitivas centradas en las personas, dada la historia del país, abrirían espacios para el abuso del poder y la violación a los derechos humanos, lo que profundizaría las vejaciones y las desigualdades sociales, y resultaría en una mayor polarización aún de la sociedad mexicana.

Por lo que recayó el acento de la acción en el sujeto social, en aquellos espacios donde ocurría la congregación de las personas: estudio, trabajo, y recreación. Se suspendió la actividad escolar en marzo de 2020 a partir de una disposición administrativa. Las actividades laborales fueron suspendidas temporalmente en los sectores público, social y privado ‒excepto las denominadas esenciales‒ y por acciones administrativas dirigidas a espacios públicos: plazas, parques, museos, teatro y cines. A esta primera etapa se le llamó Jornada de Sana Distancia. Posteriormente, el 1 de junio se implementó  La Nueva Normalidad en tanto proceso gradual de desconfinamiento conforme se alcanzaban niveles de menor contagio de SARS-CoV-2 de acuerdo con una semaforización.[5] En el mes de octubre, algunos estados de la República regresaron al confinamiento debido al incremento de casos positivos.

También era necesario incrementar el presupuesto en salud, así como de fortalecer el combate a la corrupción, retos importantes que la pandemia había permitido visibilizar y cuyo cumplimiento ayudaría a pavimentar el camino de transición al Sistema Único de Salud (SUS).

Las desigualdades socioeconómicas fueron determinantes en el proceso de salud-enfermedad-atención de los diferentes grupos poblacionales durante la pandemia de COVID-19. El COVID-19 reforzó las disparidades al interior de los grupos sociales e intensifico las desigualdades en la participación ciudadana y en el acceso a bienes y servicios de toda naturaleza.

Los indicadores sobre los contagios y fallecimientos revelaron una pandemia social que incidió diferencialmente en los colectivos. Por lo que, las condiciones de salud, atención médica e infraestructura tuvieron un impacto diferencial en la población.

 

[1]Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, Índice de Desarrollo Humano 1999, Capítulo V.

Desarrollo:

II. Primer semestre de 2020, medidas de carácter social, aplicadas en México, por la contingencia del Covid-19.

En marzo de 2020 la pandemia impactó los sistemas de salud y detuvo la actividad económica.

La pandemia de Covid-19 suscitó una caída histórica en el producto interno bruto de México.

a) Prevención y atención de la contingencia sanitaria, en el sistema de salud pública y las tareas relativas de las fuerzas armadas. Recursos involucrados: $44,500 Millones. 0.18% del PIB. 

b) Contratación de 45,000 médicos y enfermeras de marzo a octubre de 2020. ($40,000 millones provenientes del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud). 

c) Ampliación presupuestal para la Activación del Plan DN-III y del Plan Marina.

d) Apoyos a los hogares y las empresas, sobre todo las que enfrentan dificultades para acceder al sistema financiero. Recursos involucrados: $179,000 millones. 0.72% del PIB

e) Créditos gubernamentales para microempresas: 2 millones de créditos de 25 mil pesos cada uno a empresas registradas ante el IMSS que no disminuyeron su plantilla laboral en el primer trimestre del año, así como a empresas familiares registradas en los censos de bienestar. $50,000 millones.

f) Adelanto del pago de mayo-junio de la pensión de adultos mayores y a personas con discapacidad. 

g) Otorgamiento de facilidades del Infonavit para quienes pierdan su relación laboral durante la contingencia de COVID-19 alrededor de $20,000 millones. 

h) Fondo del ISSSTE para el otorgamiento de créditos personales a trabajadores derechohabientes. $35,000 millones. 

i) Ampliación de los Programas de Bienestar para la población más vulnerable. $25,000 millones. 

j) Construcción de infraestructura social (agua potable, pavimento y vivienda) en zonas marginadas. $25,000 millones. 

k) Respaldo a estados y municipios para enfrentar la contingencia sanitaria. 

l) Recursos involucrados (adelantos de recursos ya previstos): $18,900 millones. 0.08 % del PIB. 

m) Adelanto a los estados de las transferencias del periodo abril-mayo para gasto en salud.

El total de recursos involucrados fue de: $242,400 millones, que equivale al 0.98% del Producto Interno Bruto.

III.- El Gasto Social

En México, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), en el Artículo 24, si bien no incluye un artículo específico que defina el gasto social, sí considera la participación del sector privado en el financiamiento dela política nacional de desarrollo social: “Los recursos presupuestales federales asignados a los programas de desarrollo social podrán ser complementados con los recursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, así como aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

En México, el financiamiento del gasto social proviene principalmente de recursos públicos, en particular de la Federación. 

El gasto para funciones de desarrollo social es la suma de las asignaciones destinadas a educación, salud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable, alcantarillado y asistencia social, entre otros. 

No cabe duda de que el financiamiento de la política social sigue siendo un desafío para México, por las limitaciones económicas e institucionales que confronta.

a) La Asignación Presupuestal para Gasto Social 2021-2022

 

 

b) Presupuesto de Egresos e Ingresos de la Federación 2022

Los programas con un mayor aumento en términos porcentuales son: La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (+69.6%), Fertilizantes (+26.1%) y, La Escuela es Nuestra (+11%). 

Programas que tuvieron recortes importantes. El Programa de Mejoramiento Urbano, con un recorte del 58.3%, y, El Programa Nacional de Reconstrucción, con una reducción del 36%. 

Programas, con incrementos menores al 10% de su presupuesto, destacan: Las becas Benito Juárez de educación básica, media superior y superior (que en su conjunto suman un proyecto de presupuesto de 78,294.5 millones de pesos), Sembrando Vida (29,446.9 millones), Jóvenes Construyendo el Futuro (21,196.6 millones) y, Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad (18,037.5 millones).

Presupuesto en Programas de Desarrollo Social 2021-2022

Programa Prioritario

PEF2021

Millones de pesos

PPEF2022

Millones de pesos

Cambio

Millones de pesos

Cambio %

Pensión para adultos mayores

140,025.88

238,014.73

97,988.85

69.98

Pensión para personas con discapacidad

17,148.41

18,037.52

889.11

5.18

Programa de apoyo para el bienestar 

de las niñas y niños

2,770.86

2,785.26

14.4

0.52

Jóvenes construyendo el futuro

10,503.69

10,583.89

80.2

0.76

Proyectos de construcción de carreteras

2,544.29

5,773.06

3,228.77

126.9

Sembrando vida

29,860.48

29,446.87

-413.61

-1.39

Programas de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez

32,964.27

33,210.58

246.31

-1.39

Beca Universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez

34,238.57

34,499.99

261.42

0.76

Fertilizantes

1,973.50

2,500.00

526.5

26.68

La esculea es nuestra

12,675.26

13,964.32

1,289.06

10.17

Producción para el bienestar

13,934.25

14,006.65

72.4

0.52

Programa nacional de reconstrucción

1,857.90

1,943.00

85.1

4.58

Programa de mejoramiento urbano

8,628.91

4,180.00

-4,448.91

-51.56

Programa de vivienda social

4,281.84

4,303.77

21.93

0.51

Universidad para el bienestar Benito Juárez García

1,019.17

1,024.47

5.3

0.52

 

   

Evolución del Presupuesto en Programas de Desarrollo Social

 

 

Programas Presupuestarios de la Secretaría de Salud

Programa

PEF2021

PPEF2022

Cambio

Cambio %

 

(Millones de pesos)

Atención a la Salud

45,378.50

50,648.00

5,269.50

11.60

Programa de vacunación

2,233.40

28,734.30

26,500.90

1,186.60

Actividades de apoyo administrativo

3,639.80

10,720.60

7,080.00

194.50

Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral

77,540.80

77,572.70

31.90

0.04

 

El gasto de salud sería de 794,000 millones de pesos, un aumento de 15.2% respecto al año 2021. Presupuesto, que debe permitir: la adquisición de vacunas y de insumos relacionados con el proceso de vacunación, destacarán recursos de 28,600 millones de pesos, el reforzamiento de la atención médica y medicamentos gratuitos, tendrá recursos estimados en 50,600 y 103,400 mil millones de pesos, respectivamente, y resolver el déficit histórico en la infraestructura, equipamiento, personal y medicamentos, y continuar con la construcción de un sistema que resuelva las necesidades de las personas que no tienen acceso a los canales formales de atención médica.

 

 

 

 

Conclusiones:

IV. Conclusiones

El gasto público puede y debe ser un poderoso instrumento de desarrollo y equidad, si se utiliza bien. 

La fase de recuperación posterior a la crisis sanitaria podría ser la ocasión para una reflexión acerca de medidas para extender la cobertura y mejorar la calidad de los servicios sociales a nivel nacional, sobre todo en lo que concierne a la protección social y el empleo, con el principal objetivo de mejorar la resiliencia de las sociedades.

Otro aspecto de largo alcance es la sostenibilidad del gasto público, frente a la necesidad de medidas de política social que sean contra cíclicas, es decir que provean un incremento de los recursos públicos destinados a este sector en tiempos de contracción económica y disminución recaudatoria. Debería asegurarse que la reasignación de fondos presupuestales a la gestión de la emergencia que está interesando el gasto social no perjudique la disponibilidad de recursos para el fortalecimiento de las políticas sociales; y que esto no desemboque en una fragmentación de la gestión de las políticas sociales y del gasto asociado.

El papel de las políticas sociales es el abordaje de las desigualdades a través de una mejor gestión del gasto social, la inversión en el capital humano, la reducción de la informalidad y el incremento de la productividad es clave. Para maximizar el impacto de las políticas sociales y mejorar su sostenibilidad, lo deseable es que se dé la reflexión acerca del futuro de nuestras sociedades que contemple también el tema de la inclusividad democrática. 

Las políticas sociales denotan que, en general, se formulan para tiempos normales, abstraídas y formuladas desde realidades racionalistas sin contemplar amenazas crecientes y contingencias enraizadas en la debilidad de una de las variables más importantes, como es la salud pública; que al debilitarse, opaca la vigencia de otras que evidencian su carácter focalizado y politizado, sin mostrar sus fortalezas y alcances atribuidos en su ejecución, en el marco de su formulación como política de Estado, gobierno, municipio o territorio.

Se debe garantizar el uso eficiente de los recursos y definir el mejor destino de los mismos, para atender los rezagos y crecientes demandas sociales, y con ello canalizarlos a la inversión productiva y a la generación de infraestructura. En el caso contrario, se traduce en un costo alto para quienes sí pagan impuestos y en un obstáculo para el desarrollo. 

No todo ese gasto público es útil para disminuir la desigualdad o la pobreza en el país.  Por ello se requiere erradicar la corrupción, más transparencia y, ante todo, gastar de manera más eficiente.

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Palabras clave:

Palabras Clave: Gasto Social, Política Social, Política Económica, Programas Sociales.

Resumen de la Ponencia:

O resumo enquadra-se como uma pesquisa bibliográfica com fundamentos em artigos de autores que discutem questões sobre famílias, cuidado e políticas sociais. No Brasil, os estudos sobre famílias partem de duas interpretações, a primeira analisa a família segundo uma perspectiva evolucionista, concebida como uma instituição patriarcal e organizadora da vida social (TERUYA, s/d; GELINSKI, MOSER, 2015). A segunda apreende a família como objeto de estudo a partir de sua própria organização, uma interpretação influenciada pelos movimentos feministas que estimularam os estudos da família, rejeitando o modelo da família patriarcal, ampliando o debate a partir de questões geracionais, divisão das tarefas domésticas, espaço privado e rede de relações (Sarti, 2008, 2007). O último Censo de 2010 evidência transformações nas famílias: diminuição do tamanho, aumento do número de divórcio e casamentos tardios. Todavia, a realidade familiar é ainda mais diversificada, verifica-se a presença de famílias reconstituídas, uniões homossexuais e novas formas de se relacionar e de ser família (SABOIA, COBO, MATOS, 2012). No Brasil, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2005) representa um avanço, parte do sistema de proteção social, delimita o seu campo de ação no âmbito das vulnerabilidades, riscos sociais e violações de direitos. A PNAS retoma o conceito de família da Constituição Federal de 1988 e centraliza as ações nas famílias pensadas a partir de “diferentes arranjos familiares”, uma concepção que se distancia do modelo nuclear (pai, mãe e filhos), e ressalta a importância da convivência familiar e comunitária. Não obstante os avanços da política, a dimensão do cuidado permanece uma função e uma responsabilidade relegada às famílias, principalmente das mulheres. Saraceno e Naldini (2015) discutem cuidado como trabalho familiar, uma série de atividades que exigem tempo e dedicação, pois envolve diferentes ações, como as tarefas domésticas, a relação com instituições, como a escola quando existem crianças e adolescentes em idade escolar, a atenção para com crianças, adolescentes e idosos, entre outros afazeres. Destaca-se, que as famílias usuárias da PNAS são vulnerabilizadas a partir de um contexto desigual e de políticas públicas precárias, agravado pelo evento pandêmico e pela conjuntura política representada pelo atual governo, com cortes orçamentários na área social acarretando aumento do desemprego, pobreza e desigualdade social. Uma realidade que desafia e sobrecarrega as famílias, as quais nem sempre conseguem assumir demandas exigidas pela política e pela sociedade. Diante disso, considera-se fundamental levantar a discussão sobre famílias, cuidado e políticas sociais, reafirmando e defendendo a PNAS, mas ampliando o debate sobre o entendimento de cuidado, que obriga e responsabiliza essencialmente as famílias e as mulheres. Concorda-se com Dal Prá, Mioto e Wiese (2019) quando afirmam que o cuidado é uma responsabilidade que deve ser construída coletivamente e, por isso, deve ser inserida na agenda pública.