Resumen de la Ponencia:

Sardinal es un distrito costero ubicado en el cantón de Carrillo de la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Por su proximidad al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, el sector se ha organizado como punto de interés turístico. Su geografía lo ha convertido en un objeto casi exclusivo del capital extranjero y la construcción residencial-hotelera, incursionando en el desarrollo de un sector de servicios que requiere, para su actividad, el uso abundante del recurso hídrico. Lo que ha provocado un sistema excluyente de acceso al agua potable, siendo la escasez y el desabastecimiento los principales problemas en la zona. Esto ha significado un conflicto de carácter territorial, socioambiental y sociopolítico en torno al Acuífero Sardinal, en el que actores empresariales sostienen presiones sobre los actores estatales involucrados para reorganizar el espacio rural, a través de la intervención de los recursos vivos y la desestructuración de las comunidades existentes. En ese sentido, Sardinal ha resaltado en las luchas organizadas en contra de las empresas privadas y el manejo institucional del agua, cuya administración parcial satisface el asentamiento de complejos vacacionales y residenciales focalizados en la atención del turista extranjero.  Desde hace 15 años el caso de Sardinal ha cristalizado los discursos que atienden, por un lado, al rechazo de la expansión turística y por otro, a la criminalización de las acciones colectivas de protesta suscitadas a nivel local en contra del control, extracción y canalización del recurso hídrico. De allí que, el potencial histórico de recuperar la memoria de las vecinas y los vecinos de la comunidad se sitúe en relación con las percepciones de justicia/injusticia territorial, el sufrimiento ambiental y los procesos de exclusión por despojo. Todo esto en el contexto de un espacio caracterizado por la turistificación y la distribución desigual de riesgos y beneficios. La pandemia ha implicado rupturas en la integración comunitaria, sobre todo en las comunidades costeras del país, donde las medidas sanitarias y el cierre de fronteras implicaron una ausencia temporal de turistas y, por tanto, una fractura en la dinámica comercial y social de los lugares constituidos desde y para el tercer sector de la economía nacional. En esto, los márgenes de acción política de Sardinal se han visto afectados en dos vías: la intervención total del Acuífero y la expresión de estrategias de distanciamiento respecto a la lucha y organización mantenida. De tal manera, esta ponencia pretende aportar al debate latinoamericano que comprende el acceso al agua potable como recurso común, derecho humano fundamental y objetivo de disputa entre actores comunitarios y no comunitarios. Acercándose desde una metodología participativa que toma como centro la memoria histórica-social del conflicto y las transformaciones coexistentes en las luchas comunitarias por la distribución desigual del recurso hídrico. 

Introducción:

“Fue una lucha de muchos años, 

todavía seguimos en pie de lucha, seguimos activos, activas, 

porque realmente no se sabe qué es lo que va a pasar. 

Fue un acueducto desde que empezó el proyecto, 

empezó mal porque no hubo participación ciudadana, 

Fue algo increíble porque cuando ya nos dimos cuenta 

el proyecto estaba en un 80-90 porciento terminado.” 

Vecina de Sardinal

 

Esta ponencia explora las luchas comunitarias por la gestión del recurso hídrico en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, Costa Rica, a partir de la construcción del acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal y su finalización durante la administración de Carlos Alvarado Quesada, en el período 2018-2022. Para ello se recupera la memoria histórica-social de las vecinas y los vecinos de la comunidad, como una memoria colectiva de recuerdos que acoge las experiencias vividas y las voluntades de silencio, siguiendo una metodología cualitativa de entrevistas abiertas y semiestructuradas. En esta memoria se presentan tres de ellas, con el objetivo de conocer las acciones y experiencias en torno a los procesos de defensa, conservación y distribución desigual del agua. 

Sardinal es un distrito ubicado en el cantón de Carrillo en la provincia de Guanacaste. Por su proximidad al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, el sector es considerado como punto de interés turístico. Por su cercanía a Playas del Coco y Playa Ocotal, y en presencia de grupos de poder asociados a las fuerzas políticas del Estado, desde el año 2006 la zona se ha constituido como objeto casi exclusivo del capital extranjero y la construcción residencial-hotelera. Siguiendo la fórmula de un desarrollo que pretende la absorción de servicios y la turistificación de espacios costeros para constituir centros de producción económica a gran escala. 

Lo anterior ha implicado la periferización de Sardinal como centro de desarrollo, al margen de enclaves empresariales que tienden a desplazar las actividades comerciales a la costa y privatizar los servicios básicos, entre ellos, el agua para abastecer los megaproyectos residenciales. Desde esta perspectiva, el agua pierde el valor como recurso natural y se convierte en un recurso de explotación disponible para los grupos de poder económico que impulsan el “desarrollo” en playas del Coco y Ocotal. En este caso, aparecen en el mapa, el Grupo Mapache y André Garnier, quien fue ministro de Enlace con el Sector Privado de la administración Alvarado Quesada. En ese sentido, sugiero dos preguntas: ¿qué tipo de desarrollo es este? Y ¿a quién le pertenece?

Desarrollo:

Desde el año 2007 y hasta el 2017, el conflicto por el agua se organizó como un conflicto de carácter territorial, socioambiental y sociopolítico, en el que actores privados sostuvieron presiones sobre actores estatales para reorganizar el espacio rural-costero y ampliar el acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal; aunque esto significara la desestructuración de las comunidades existentes. Desde entonces, la comunidad de Sardinal ha resaltado en luchas organizadas en contra del consorcio Coco Water y el manejo institucional del agua (en manos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SETENA) y el Ministerio de la Presidencia), cuya administración satisface el asentamiento de complejos vacacionales y residenciales focalizados en la atención del turista blanco-extranjero. Tal y como narra la siguiente persona: 

“A ellos el AyA entregó más de 4000 cartas de viabilidad para construir 4000 casas, con el agua de Sardinal que no está, es decir, que la cosa empezó mal desde el punto de vista de las gestiones nuestras. Fueron 1500 condominios que se usaron y se construyeron sin tener el agua.” (Vecino de Sardinal, comunicación personal, 06/06/2022)

Guanacaste se caracteriza por ser un lugar de recolonización mediante el turismo, donde se perpetúa la dependencia entre el norte y el sur globales (Silva, 2017). Situación que pone en contraste tres dimensiones de disputa: el derecho al acceso al agua potable, la justicia ambiental/territorial y los procesos de acumulación por despojo. En Sardinal, la distribución desigual de los riesgos y beneficios derivados de los proyectos de agua para consumo humano han cristalizado los medios de vida de los sectores locales, a través de la intervención de mantos acuíferos y el redireccionamiento del agua potable. Generando tensiones para el sector agrícola y la subsistencia local, que resultan ser, en última instancia, un eco del sufrimiento ambiental que produce la masificación de turistas y la desertificación comunitaria.

En este sentido, las acciones colectivas llevadas a cabo por las vecinas y los vecinos de Sardinal son de interés porque, en primer lugar, permiten ilustrar las tensiones que soslayan el actual modelo de desarrollo excluyente que, para existir y funcionar, requiere de un paradigma de desigualdades múltiples. Así mismo, implican una ruptura discursiva que cuestiona los espacios tradicionales de representación local y estatal y, por último, delimitan la construcción de memorias en torno a cómo se vive y se siente el conflicto y cómo se piensan los bienes comunes. De esta forma, los significados que aquí se producen suponen no solo la participación de actores en desigualdad de condiciones, sino la interlocución de cosmovisiones frente al valor de los recursos.

En el caso de las regiones con características económicas, geográficas y socioespaciales similares a las que presenta el distrito de Sardinal -donde las necesidades de las comunidades compiten con el consumo de proyectos inmobiliarios-, la represión política constituye la vía de gestión y control del agua. De manera que, el establecimiento de hoteles y otros espacios orientados a atraer al “Turista” se justifica mediante promesas gubernamentales que abogan por la dinamización de las economías locales y la creación de fuentes de empleo que, cabe destacar, no se han cumplido. 

En Costa Rica, los conflictos por el agua se han distinguido por plantear tensiones entre lo físico-productivo y lo social-territorial, donde las reformas económicas del Estado han facilitado el fortalecimiento y debilitamiento de ciertos grupos y espacios excluidos de los procesos “oficiales” de participación. De allí que los conflictos por la recuperación y apropiación colectiva de los bienes comunes interpele distintas versiones que, como sentidos sociales, se construyen y deconstruyen constantemente. En este caso, las memorias de las vecinas y los vecinos tienen lugar desde las tres dicotomías: inclusión-exclusión, privación-asignación e invisibilización-sobreexposición.

Esto desencadena mecanismos de legitimación del sufrimiento que enfrentan imágenes, valores y normas que definen el territorio como territorio hidrosocial y, más cercanamente, los significados de las gentes que lo habitan. Los procesos de participación para la toma de decisiones políticas suponen una falsa inclusión que conlleva a la inserción desigual de las comunidades, donde el acceso al recurso hídrico es sinónimo de riesgo, peligro y violencia. En ese sentido, las negociaciones respecto a la gestión del agua han colocado a las vecinas y los vecinos en posiciones limitadas, pero con una amplia carga mediática que subraya las dinámicas de injusticia social:

“Impulsamos un sistema, una táctica que fue aprobada por la comunidad (…) de intentar un diálogo el problema es que no conseguimos un mediador válido que lograra equilibrar las diferencias de fuerzas políticas, económicas, numéricas, lo que sea, entre la comunidad, el gobierno y las empresas. Nosotros propusimos primero al Informe del Estado de la Nación como mediador, ellos nos dieron la aprobación, pero el Gobierno los rechazó, el Gobierno no lo aceptó.” (Vecino de Sardinal, comunicación personal, 07/06/2022)

Es clara la ausencia de representación legítima, en cuanto el espacio de participación política de las comunidades se reduce a consultas o negociaciones que no miran las necesidades de quienes sufren los costos, y en cambio superponen las carteras inmobiliarias para aportar una economía de arrinconamiento. Esto evidencia una polarización de intereses del Estado y la contradicción entre la legislación que busca proteger el derecho y hacer un uso sostenible del agua, frente a aquella que contradice la idea misma de sostenibilidad. A nombrar, en primer lugar, la Ley de Aguas N° 276 (1942) como fórmula desactualizada y disipadora de los problemas actuales, que afecta a las comunidades urbanas y costeras en temas de gestión integral del recurso hídrico y de regulación de proyectos con tendencia neoextractivista.

La integración comunitaria ha centralizado sus voces en el Comité pro-Defensa del Agua de Sardinal que, en apoyo con la organización ecologista popular Confraternidad Guanacasteca, mantuvo el cuestionamiento sobre los proyectos orquestados y las necesidades reales de abastecimiento. Ambas agrupaciones se encargaron desde el 2006 hasta el 2017 de dar seguimiento a las irregularidades que sostienen el problema del acceso al agua potable y su contaminación con químicos que ponen en riesgo a la población. En los procesos de construcción del Acueducto privado, el Comité se encargó de desmentir las razones institucionales que suponían la viabilidad del proyecto, sin embargo, las concesiones de los mantos acuíferos avanzaron hasta su intervención en el año 2018. 

“Nosotros pusimos cuales eran las bases para el manejo del agua y el desarrollo social en la zona [de Sardinal] y el primer punto era: el agua es primero para abastecer a las comunidades, y hay cinco barrios de Sardinal que no tienen agua. Entonces [dijimos]: -‘No se puede sacar una gota de agua de Sardinal antes de que le den agua a esas comunidades’”. (Confraternidad Guanacasteca, comunicación personal, 06/06/2022)

En este mismo año se creó la Comisión para el Manejo Integrado de los Acuíferos bajo decreto ejecutivo del presidente Carlos Alvarado, encargada de fiscalizar el uso y velar por el abastecimiento del agua en las comunidades. Sin embargo, para ese momento Sardinal dejó de recibir cobertura mediática por parte de medios nacionales lo que propició la reapertura de las obras en las que se intervino el Acuífero, dando por finalizada la construcción del acueducto en el mes de abril.  Aunado a esto, la ausencia de un plan regulador para el ordenamiento territorial y la contaminación de pozos dejó sin resolver los problemas de acceso y potabilidad en la zona. Un proceso que implicó el desplazamiento de las vecinas y los vecinos residentes cercanos al lugar del proyecto porque según las autoridades, “(…) no cumplían con todos los requisitos legales en sus casas y por tanto, no podían suministrarles agua (…)” (Cañada, 2019, p.337). 

Conclusiones:

Las luchas por el agua son luchas políticas que dependen sustancialmente de la distribución y el acceso a recursos políticos, económicos, mediáticos y de poder. La distribución del recurso hídrico plantea el conflicto de la participación ciudadana y la gobernanza del agua, así como, una gestión socialmente equitativa, económicamente viable y ambientalmente sustentable. En ese sentido, un análisis macro de la gestión institucionalizada del derecho de acceso al agua y al consumo de agua potable deja sin atender las prácticas y resignificaciones locales de quienes sufren el impacto de un modelo de desarrollo insostenible.

En Costa Rica, la pandemia ha implicado rupturas en la integración comunitaria, sobre todo en las comunidades costeras del país donde las medidas sanitarias y el cierre de fronteras suponen la ausencia temporal de turistas, lo que genera una fractura en la dinámica comercial y social de los lugares constituidos desde la periferia para el tercer sector de la economía nacional. En este caso, la gobernanza del agua funciona como un diluyente político de la acción popular y en Sardinal, la desorganización comunitaria y la resistencia a recordar los procesos de lucha surgen en el marco de reificaciones jurídicas, sociales y territoriales.

Las memorias de las personas vecinas de la comunidad se configuran, entonces, desde un lugar donde parece existir el derecho a no tener derechos, ni siquiera cuando de uno humano-fundamental se trata. La apropiación y el distanciamiento de quienes sufren la privación del derecho de acceso al agua devela que existe un afecto colectivo, que pasa por las posiciones de quienes evocan las imágenes y las condiciones de su participación. De allí que las narrativas sean cotidianas y se reproduzcan en marcos comunes de un mismo tejido, en este caso, la desigualdad entre grupos sociales.

Lo anterior define, también, lo que se rememora o lo que es posible rememorar de un pasado que se extiende hasta el presente con amenazas estatales, vacíos institucionales y una estigmatización que aprehende la capacidad de (re)elaborar recuerdos no gratos. Como menciona Navas (2015), la demanda de agua potable para abastecer a la industria excluyente ha llevado al sector turístico a buscar fuentes cada vez más alejadas, ocasionando tensión e incertidumbre sobre las comunidades locales para asegurar su derecho al agua potable y a vivir en un ambiente sano. En ese sentido, los silencios de las gentes se convierten en una fuente primaria de información, en una estrategia de injusticia autoimpuesta; sobre todo cuando una disputa política-territorial lleva a asegurar la escasez de unos y la riqueza de otros. 

Bibliografía:

Cañada, E. (2019). Conflictos por el agua en Guanacaste, Costa Rica: Respuestas al desarrollo turístico. Anuario de Estudios Centroamericanos, 45, 323-344. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario/article/view/37666

Navas, G. (2015). El agua fluye hacia el turista. Letras Verdes, (18), 27-47. https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/1678

Silva, A. (2017). Conflictividad hídrica en Guanacaste como consecuencia del desarrollo turístico: el caso de la comunidad de Sardinal en F. Alpízar (Ed.), Agua y Poder en Costa Rica (1980-2017) (pp.145-188). Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

Palabras clave:

Memoria colectiva, Desigualdad social, Conflicto relacionado con el agua, Conflicto social, Agua potable.

Resumen de la Ponencia:

En los últimos años los temas ambientales son de suma importancia en el campo de la Sociología, ésta es una preocupación por cuanto muchos de los problemas de la humanidad hoy están relacionados a cuestiones como el calentamiento global y la contaminación ambiental. En el caso de la agricultura las prácticas agrícolas influyen de manera considerable en el cuidado o no del medio ambiente, lo cual trae enormes consecuencias sobre el consumidor, pero también sobre el terreno agrícola y la continuidad en el tiempo de la práctica agrícola. Sin embargo, también está relacionado con el mundo globalizado, la presencia del mercado y los destinos de los cultivos. Así, mientras más estén orientados los cultivos a un mercado internacional se supone que existe mayor uso de tecnología, insecticidas, fertilizantes, que garanticen su compra en estos espacios que exigen calidad en el producto, lo cual no ocurre cuando se destina al autoconsumo o al mercado local. A esto se agrega los aspectos culturales como las tradiciones y costumbres que se transmiten de generación en generación, las cuales también constituyen elementos influyentes en las prácticas agrícolas.En esta investigación nos centramos en la experiencia de los agricultores del centro poblado de Tabón, ubicado en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, Áncash, Perú. Una población con particularidades muy especiales y con una experiencia agrícola ancestral. Para ello hacemos uso de una metodología cuantitativa, que nos permite medir las variables de estudio, en base a las cuales realizamos el análisis respectivo, el cual se contrasta con algunas otras experiencias y teorías sobre el tema.Del estudio se concluye que el desarrollo agrícola depende de múltiples factores asociados a las prácticas en relación al mercado, tipo de cultivos, prácticas culturales, extensión de la propiedad agrícola, entre otros, los cuales configuran un modelo particular donde lo ambiental juega un papel importante.

Introducción:

La presente investigación se realizó en el centro poblado de Tabón que se ubica en el distrito de Comandante Noel, provincia de Casma, departamento de Áncash - Perú. Es importante mencionar que Tabón se encuentra en la parte costera del departamento de Áncash y está constituido por una población cuyo origen obedece a diversas generaciones de migrantes y oriundos del lugar, encontrando descendientes de migrantes de la zona sierra del mismo departamento, y descendientes de pobladores del mismo lugar -en mayor porcentaje-. Esta población se dedica a la agricultura, principalmente, y de manera complementaria a otras actividades como la ganadería en pequeña escala, algún tipo de comercio y el transporte de vehículos menores. 

Nuestra investigación se centra en el estudio de las actividades relacionadas a la agricultura; desde la selección de las semillas hasta la comercialización de los productos. Este enfoque integral se denomina las buenas prácticas agrícolas y pone énfasis en la perspectiva ambiental desde el enfoque del desarrollo sostenible.

Partimos de la hipótesis de que las prácticas agrícolas realizadas por los pobladores de Tabón están determinadas por la extensión del terreno agrícola, el tipo de cultivo y el destino del producto; partiendo del supuesto que el mercado al exigir mayor calidad del producto, las prácticas agrícolas podían atentar muchas veces contra el medio ambiente; sin embargo, se encontró que no es así; por el contrario, factores socio culturales en los pobladores del centro poblado de Tabón conllevan al cuidado del medio ambiente en gran medida, aunque no necesariamente coincidan con los estándares establecidos en las buenas prácticas agrícolas.

La investigación es de carácter cuantitativo; además, es complementario a un estudio cualitativo presentado en el anterior Congreso de ALAS y ambas a la vez forman parte de una Tesis de mayor nivel. 

Fundamentación del problema

Los temas ambientales hace un tiempo que vienen siendo tratados desde diversas perspectivas y en estudios multidisciplinarios, lo cual contribuye a tener una visión global del problema, con ello se enriquece el estudio medioambiental pues se toman en cuenta aspectos sociales, culturales y a partir de ello diversas prácticas humanas adquieren una mejor explicación.

Lo rural y su actividad básica como es la agricultura, viene con ello también acompañado del uso correcto e incorrecto de la tierra, desde el punto de vista ambiental. En tal sentido, la investigación pretende explicar la relación entre las características de la actividad agrícola en un centro poblado denominado Tabón y cómo dichas prácticas se relacionan con el cuidado o no del medio ambiente.

La sostenibilidad ambiental se configura así con componentes sociales y culturales; y su articulación con lo económico, pues la presencia del mercado conlleva o exige ciertas prácticas en el desarrollo de la actividad agrícola.

Metodología

Se hace uso de la metodología cuantitativa para presentar estadísticamente los resultados de la investigación. Se empleó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario a una población de total de 322 agricultores del Centro Poblado de Tabón.

Desarrollo:

 

Conclusiones:

Las buenas prácticas agrícolas de la población del centro poblado de Tabón no están en relación directa con el destino del cultivo, como se planteó en nuestra hipótesis, por el contrario, es una práctica permanente en esta población, fundamentada en los aspectos socio culturales.

Las buenas prácticas agrícolas, entendidas como el proceso integral de la actividad agrícola, desde la selección de las semillas hasta el consumo final del cultivo, en donde se busca la armonía con el medio ambiente, bajo una perspectiva del desarrollo sostenible, no solo obedece a factores económicos (calidad del producto como exigencia del mercado), si no también, como lo demuestra la investigación a factores socio culturales. 

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Palabras clave:

- Buenas practicas agrícolas- Medio ambiente- Desarrollo sostenible- Desarrollo agrario

Resumen de la Ponencia:

El apoyo mutuo ha sido una estrategia organizativa de las especies y de los seres humanos que ha permitido su supervivencia basada en la cooperación a través del tiempo, reconociendo al otro y a sus necesidades en igualdad de prioridades a las nuestras. En el Centro Montaña de Guerrero, existen dos ejidos, Axaxacualco que se ubicada en la selva baja caducifolia y Coaxtlahuacan comunidad de mayor altura entre pinos y encinos que tienen maguey. El primero de origen náhuatl y el otro mestizo, ambos se han visto involucrados en los procesos de cambio que se han derivado de la creciente económica y de demanda del mezcal. La bebida se ha vuelto un producto de consumo más allá de lo local, ya que anteriormente el destilado no salía de sus lugares de origen, era consumido en las fiestas patronales, o festividades como los casamientos, bautizos o cumpleaños de quienes podían tener acceso a él. Los compadrazgos se sostenían basado en el intercambio de maguey por mezcal, o incluso la fe motivaba a visitar otros ejidos para resolver los males que aquejaban la vida. El mezcal era para recibir al compadre, para trabajar la milpa, para convivir con los ejidos vecinos, siendo incluso un valor de cambio para obtener alimentos u otros productos no disponibles localmente. Más que solo una bebida obtenida de un maguey es parte de una práctica biocultural profunda por parte de sus pobladores. Una expresión de esto es su conocimiento ecológico tradicional (CET), reflejado en una práctica de manejo que hasta principios del año 2000 logró mantener las poblaciones de maguey capaces de poder abastecer a los productores de mezcal en ambos ejidos.  Hoy en día la disponibilidad se ha reducido, ya que las acciones antes mencionadas basadas en el apoyo mutuo se han ido modificando en detrimento de la biodiversidad y recursos naturales con los que cuentan los pobladores, a la par que la demanda del mezcal, los actores sociales externos no consideran las implicaciones del sistema tradicional mezcalero. Por ello es importante reconocer a través de la memoria histórica organizativa en ambos ejidos, las estrategias de manejo del territorio basadas en las practicas sociales de apoyo mutuo de los actores, para comprender sus decisiones y como ellas puedan evitar o incrementar la pérdida del recurso maguey y de las leñas de las cuales dependen muchas familias en ambas comunidades, así como dejar de ser un 60% del ingreso económico, lo cual compromete sus mundos de vida y su buen vivir. 

Resumen de la Ponencia:

Si bien la preocupación por la conservación de la naturaleza emerge entre mediados y fines del siglo XIX con diversos intereses y preocupaciones, nos enfocamos en su abordaje por parte de la ciencia moderna, considerada por la corriente ambiental crítica como parte de las causales de la crisis, pero también como potencia transformadora según el signo y el contexto. Inicialmente desde el desarrollo de la ecología disciplinar, pero luego con el surgimiento de la Biología de la Conservación (BC) a partir de la década del 80, que se consolida como campo de estudios “especializado” en la conservación de la biodiversidad con cierta singularidad frente al abordaje de otras áreas y disciplinas de las ciencias. Su repercusión en nuestra época es crucial para la formulación de políticas de la conservación de la biodiversidad y el rol de los expertos adquiere una importancia similar. 

Por eso, desde el campo de la filosofía de la biología, y a partir de la revisión de trabajos que abordan el desarrollo de la BC de manera crítica y expresan continuidades y rupturas de la racionalidad moderna, sistematizamos los fundamentos éticos y epistemológicos de la BC, y así poder contrastarlos con los criterios que han regido en la conformación y manejo de las ANP en Mendoza, Argentina. A partir de este trabajo, establecemos las dificultades que existen en la construcción de conocimiento científico, en particular la distancia entre la teoría y la práctica de la conservación, y posteriormente los desafíos que surgen en el rol de los expertos, la emergencia de otros actores sociales cuyos criterios trascienden los que aún dominan el conocimiento experto de esta área.

Introducción:

Comprendemos la crisis ambiental como proceso, pero podemos delimitar su emergencia problemática en los años 60 y su institucionalización en la agenda internacional con la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano convocada por la Organización de Naciones Unidas en 1972. Al respecto, algunas corrientes de pensamiento ambiental plantean esta crisis en términos de crisis de civilización: de la cultura occidental, de la racionalidad moderna y de la economía del mundo globalizado. En esa línea se cuestiona la noción occidental de la naturaleza y el rol de las ciencias naturales en las problemáticas ambientales. 

Si bien los orígenes del conservacionismo se remontan hacia fines del siglo XIX, el mainstream científico de este campo, originado en los años ochenta como subdisciplina de la biología, se consolida en la agenda política global a partir del Convenio sobre Diversidad Biológica, tratado surgido de la a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) frente a la preocupante pérdida de diversidad biológica. Esto se da en un contexto de creciente aceptación del desarrollo sustentable como concepción y modelo socioeconómico, que atendería la dimensión ambiental del desarrollo, en equilibrio con las aristas social y económica, y en oposición al modelo de límites del crecimiento. Otro elemento fundacional, es el aporte de la Biología de la Conservación (en adelante, BC), a partir de los trabajos pioneros de los años ochenta, que sentaron las bases éticas y epistemológicas del discurso científico-académico. Todo esto nutrió y cimentó la estrategia de conservación a través de áreas protegidas y patrimonialización de la naturaleza, prácticas que se convirtieron en las predilectas de muchos gobiernos, instituciones y redes de gobernanza internacional y ONG’s internacionales.

Con este trabajo nos proponemos revisar críticamente las bases éticas y epistemológicas de la BC con el soporte del pensamiento ambiental crítico, la ecología política latinoamericana y la antropología de la conservación, abonar el debate en relación a las continuidades o rupturas de la racionalidad moderna en el discurso y práctica de la conservación de la biodiversidad, específicamente en relación a las áreas protegidas. Para esto, a partir de trabajos de la filosofía de la biología, nos aproximamos a los orígenes y sistematizamos los fundamentos éticos y epistemológicos de la BC. Luego establecemos los debates actuales de la conservación de la biodiversidad para poder reconocer el rol de la ciencia y el Estado. Finalmente hacemos un breve recorrido histórico de la conservación de la biodiversidad en la provincia de Mendoza, Argentina, establecemos un “estado de situación” y contrastamos esta realidad local con los fundamentos discutidos.

Desarrollo:

Orígenes del conservacionismo y los ambientalismos críticos

La preocupación por la conservación de la naturaleza, se concibió como conservación del entorno “prístino” que rodea al “hombre”, civilizado y occidental, ligado a la concepción de “wilderness”, es decir, con una impronta moderna  dualista escinde la sociedad o cultura de la naturaleza, da sus primeros pasos hacia fines del siglo XIX a partir de la creación  de algunas zonas reservadas como cotos de caza en Europa, pero fundamentalmente con los primeros Parques Nacionales en EEUU que sentarán las bases de otras áreas protegidas (y otro tipo de categorías de protección similares) de distintos países, a partir del conocido modelo Yellowstone, por la fundación del Parque Nacional Yellowstone en 1872. Sin adentrarnos demasiado en este punto, este modelo fue exportado a todo el mundo y estuvo marcado por un contexto de conformación de muchos Estados-nación, y fue útil simbólicamente para consolidar la identidad nacional a partir de grandes paisajes como imágenes monumentales. Este esquema denominado “conservación estricta” (fortress conservation) persistió con fuerza hasta la década de 1980, y se dio a costa de la expulsión de pueblos originarios, justificado por el daño que realizaba el “humano a la naturaleza”, pretexto que sirvió para reservar áreas de naturaleza prístina del avance urbano-industrial en los países industrializados o en plena expansión, bajo un perfil elitista y autoritario (D’Amico y Arcos, 2022). A su vez, muchos de estos Parques Nacionales cumplieron roles estratégicos de consolidación de límites políticos-culturales, es decir, fueron áreas protegidas posicionadas en zonas de frontera (Fortunato, 2005).

Más allá de estos orígenes, sin duda atravesados por preocupaciones en relación al deterioro ambiental del crecimiento de las urbes de sociedades industriales que se expandían y la influencia del naturalismo de esa época, pero signados por otros valores ya mencionados, nos interesa concentrarnos en los discursos y prácticas de la conservación de la biodiversidad a partir de la emergencia de la crisis ambiental  -entendida como un proceso- y sus manifestaciones en los años 60 del siglo XX (Agoglia, 2010).  A partir de mediados del siglo XX el deterioro ambiental se manifiesta de forma drástica: en los últimos 50 años los cambios vinculados a las actividades humanas sobre los ecosistemas del planeta han sido los más drásticos, en cuanto a la extensión e intensidad, de toda la historia de la humanidad (Millenium Ecosystem Assessment 2005). Entre estos cambios o “síntomas” de la crisis ambiental, se incluye la “sexta extinción masiva” (Barnosky et al. 2011), la alteración de los ciclos bio-geo-químicos de los nutrientes, el cambio climático global, la deforestación y contaminación de agua, aire y tierra, entre otros (PNUMA 2010). Como reacción, a partir del reconocimiento de estas transformaciones del ambiente como problemática de escala global, emergieron los llamados movimientos ambientalistas o ecologistas, entre otros nuevos movimientos sociales (Riechmann y Férnandez Buey 1995), que gradualmente lograron poner esta problemática en agenda en ámbitos como la ciencia, la literatura, el arte y la política. 

Además de las ciencias, entre las respuestas académicas, las humanidades se integraron al debate ambiental. Algunas corrientes de pensamiento buscaron reflexionar sobre la relación entre sociedad y naturaleza, a partir de la crítica a la racionalidad moderna, en la que encuentran relaciones profundas de causalidad vinculadas a la problemática ambiental. En ese sentido, estos ambientalismos críticos sugieren que esta problemática no es de carácter técnico principalmente, por lo cual no puede ser resuelto con aproximaciones tecnocientíficas, sino que se trataría principalmente de un problema de valores, de cosmovisión y de racionalidad, por lo cual se trataría de construir racionalidades alternativas (Agoglia 2010; D’Amico y Agoglia 2019, Leff, 2004). De estas reflexiones críticas, son centrales dos ejes para repensar el rol de la ciencia, en particular la BC, con la problemática ambiental: la concepción de naturaleza y nuestras maneras de relacionarnos, lo cual implica repensar los modos modernos de conocer y describir el entorno, es decir, reflexionar sobre el conocimiento científico, como conocimiento hegemónico de la modernidad avanzada. En este sentido, reconocen en la idea contemporánea de naturaleza un concepto moderno occidental que se erigió por una separación fundante, que distingue cultura de sociedad. Desde esta separación es que emergieron las ciencias destinadas a comprender el mundo natural (Latour, 2007). La racionalidad moderna concibió como naturaleza todo lo ajeno al “hombre” y a todo aquello que las ciencias pueden comprender mediante la razón y la experimentación. Este dualismo y jerarquización ya venía siendo estudiado por la Escuela de Frankfurt desde los años 40, cuyos referentes señalaron que durante el Iluminismo del siglo XVIII la naturaleza tornó en un objeto mensurable y útil, pasible de ser sometido y puesto a disposición de la industria y las ciencias a través de esta racionalidad moderna o instrumental. Así, mientras que por una parte las ciencias son denunciadas por el ambientalismo crítico como parte del origen de la crisis ambiental, por otra parte, las luchas en contra de las injusticias ambientales muchas veces recurren a la ciencia, por lo cual pueden jugar un rol en su resolución. De hecho, la ciencia ha sido clave para documentar, sistematizar y establecer relaciones causales en los cambios ambientales, de modo tal de hacer un diagnóstico, descripción y detección de muchas problemáticas ambientales. 

En ese sentido, concentrándonos en el ámbito académico y científico, y en particular en la BC, resaltamos el trabajo de la Dra. Klier (2018) que a partir de la filosofía de la biología aborda esta relación entre modernidad-ciencia-crisis ambiental. Nos interesa retomar sus conclusiones para contrastar la realidad local de la conservación de la biodiversidad en Mendoza, pero antes resumiremos de su trabajo un breve recorrido histórico del surgimiento de la Biología de la Conservación y sintetizaremos los fundamentos epistemológicos y éticos de esta subdisciplina de la biología. 

La Biología de la Conservación: revisión crítica de sus fundamentos epistemológicos y éticos

Como anticipábamos, uno de los síntomas de la crisis ambiental refiere a la pérdida de diversidad biológica, que se aprecia en la pérdida de diversidad genética (o erosión genética), en extinciones de numerosas especies y en la alteración y disminución de ecosistemas nativos, entre otros. Esta “crisis de biodiversidad” es tan acuciante que algunos trabajos la denominan “sexta extinción masiva” (Barnosky et al. 2011) y entre los principales factores de amenaza se menciona al cambio de uso del suelo (por fragmentación, destrucción o degradación de hábitats), la sobreexplotación de especies; la introducción de especies exóticas y la cadena de extinciones de poblaciones (relacionado a las redes ecosistémicas) (Diamond, et al. 1989). Asimismo, cada vez toma más relevancia el cambio climático como factor de amenaza (Thomas, et al. 2004).

Frente a estos diagnósticos sobre el estado de la diversidad biológica, algunos autores comienzan a abordar estas preocupaciones desde la ecología disciplinar, una de las primeras áreas científicas que integró los problemas ambientales en su campo de saber. De estos antecedentes, en la década de 1980 la BC emerge como una disciplina organizada, con sus instituciones, revistas y prácticas propias con el objetivo explícito de evitar la pérdida de biodiversidad (Sarkar, 2005). Sarkar señala que en los años ochenta la BC se distanciaría de la ecología disciplinar asumiendo sus propias reglas, metodologías y objetivos. El autor señala dos propuestas iniciales principales, la línea estadounidense y la australiana.

La primera se caracterizaba por: a) una tradición de la conservación a través de la creación de parques nacionales; b) un fuerte interés de incorporar modelos teóricos para el desarrollo y manejo de reservas, como por ejemplo la aplicación de la teoría de biogeografía de islas (BGI) (Wilson y Willis 1975, en Klier 2018) y c) un desarrollo ético y normativo explícito (Sarkar 2005, en Klier 2018). En esta corriente estadounidense se destaca el artículo “What is Conservation Biology” (Soulé 1985), que ha sido retomado por la bibliografía posterior y sigue siendo fundamental para el área, ya que sentó las bases de la BC y sus características principales, resumidas por la Dra. Gabriela Klier (2018:31-32) en cuatro ítems:

La BC es una disciplina de crisis ya que es necesario actuar con urgencia para evitar que continúe disminuyendo la biodiversidad;Es una disciplina inexacta, que considera la estocasticidad característica de los sistemas vivos, así como la necesidad de actuar sin conocer la totalidad de los hechos, asumiendo ciertos niveles de incertidumbre en sus análisis;Es una disciplina basada en valores: esto refiere a sus fundamentos éticos, que recuperan los escritos de Aldo Leopold (ecocentrismo) y consideran como fundamento de la conservación al valor intrínseco de lo viviente per se;Es interdisciplinaria, ya que se plantea que la BC debe no sólo incorporar conocimientos de las ciencias naturales, sino que también considerar saberes sociales, económicos, políticos y otros.

Estas características son destacadas en el trabajo mencionado porque:

 (…) vemos que la BC no es una ciencia meramente descriptiva, sino que pretende actuar incluso sin tener absoluto conocimiento de la situación. La justificación para la acción es ética y refiere al valor de la biodiversidad. De este modo, la BC no es una disciplina descriptiva sino prescriptiva, señalando qué acciones tomar a partir de un posicionamiento sobre el valor de lo vivo. (Klier, 2018: 32)

En ese sentido, la BC pondría en diálogo la ciencia o mundo académico y la práctica del mundo real de los problemas ambientales, amalgamando saberes de manejo y la ciencia básica (Jacobson, 1990 en Klier, 2018), asumiendo la necesidad de abordar la complejidad de estos problemas desde una perspectiva integral, y de insertar la ciencia en un área en el que actuaban sólo gestores y técnicos (Groom, 2006 en Klier, 2018). Más allá de otras posturas de esta corriente que buscaban ceñir la BC a un campo científico destinado a la mera descripción y explicación de los patrones de diversidad (Primack 1993, en Klier 2018), esta dimensión práctica, que pretendía autonomizarse de la ecología disciplinar, se profundizará en la confluencia con la corriente australiana de la BC. 

Mientras la corriente norteamericana se enfocó en la aplicación de modelos ecológico-evolutivos con un marco teórico basado en teorías generales, en Australia se venía desarrollando una vía más orientada al manejo. En 1995 comenzó a consensuarse un marco en el que se integraba la visión pragmática australiana con la visión teórica estadounidense, y en el 2000 se publicó un artículo que plasmará esta situación. En el “Systematic conservation planning” (SCP) de Margules y Pressey se combina una visión que orienta sus acciones más a los resultados que a los marcos teóricos, con un marco académico para proponer un manejo adaptativo de ambientes naturales. El SCP implica una sucesión de pasos que suponen la elección y delimitación de la región de planificación, la identificación de los actores involucra-dos, la definición de indicadores de biodiversidad adecuados a los objetivos y metas de conservación considerados bajo múltiples criterios preestablecidos. Luego de la implementación de esta planificación, se debe monitorear sistemáticamente y revisar los pasos anteriores.  Así, desde fines de 1990 se integran nuevas perspectivas de manejo para la conservación, aunque en el plano académico la BC sigue inscripta como ciencia biológica bajo tres puntos de anclaje: la evolución, la ecología y la genética (Groom et al., 2006). 

Klier destaca del SCP tres dimensiones novedosas para la BC: la integración de actores sociales a la gestión y manejo de áreas protegidas (y la elección multicriterio sobre qué conservar), la idea de redes de reservas y la dimensión temporal-cíclica de continuidad y periodicidad en el monitoreo y revisión. Surgen entonces preguntas que siguen vigentes y vienen al caso de lo que discutiremos más adelante: quiénes son los actores clave para determinar el análisis, qué criterios son los relevantes, cuál es la biodiversidad que se debe conservar (Odenbaugh,2016 en Klier,2018). Aún más: cómo se integrarán los actores al manejo y gestión, tendrán poder de decisión, qué relaciones de poder existen en la trama de actores, entre otras posibles y necesarias reflexiones.

A partir del desarrollo de los orígenes y revisión de los fundamentos éticos y epistemológicos, Klier indaga en la realidad actual de la BC y en su análisis encuentra un desfasaje entre la propuesta teórica y su práctica:  por un lado, en el marco teórico la biodiversidad presenta una aproximación relacionista, por otro lado, en la bibliografía analizada (principales revistas especializadas) se muestra un carácter elementista[1] que reproduce esta separación de naturaleza respecto a la sociedad. Es decir, en la práctica la biodiversidad se comprende bajo una mirada científica como objeto de estudio, ajeno, cuantificable y analizable. A su vez, destaca ciertos sesgos respecto a las entidades que se estudian (especies carismáticas), sin explicitar que estas elecciones sitúan al investigador en un contexto social, político y ético.

Otro aspecto refiere a la jerarquización del saber científico (a priori), ya que si bien en los fundamentos epistemológicos (artículos fundadores y textos teóricos principales) se aborda el trabajo de la BC como interdisciplinaria, holista y bajo un paradigma de complejidad, integrando las dimensiones sociales, la mayor parte de la investigación de la BC resulta disciplinar y proviene de un marco ecológico disciplinar, quitándole la perspectiva de problemática ambiental y subordinando otros conocimientos científicos (como de las ciencias sociales) y saberes locales de los territorios en cuestión. En ese sentido, esta dificultad de tratar la problemática ambiental desde una mirada científica tradicional se plasma en la planificación y gestión de la conservación, jerarquizando a priori los conocimientos científicos (de las ciencias naturales, principalmente) simplificando la realidad de los territorios donde se conserva, poniendo en lugares secundarios a los actores locales, y señalando qué y por qué se conserva desde ópticas meramente científicas, pretendidamente neutrales.

El trabajo de Klier destaca la BC como una subdisciplina científica que parece romper con el dogma de las ciencias modernas que plantea la separación radical entre conocimiento científico y valores, ya que, como mencionamos anteriormente, se asume que la biodiversidad tiene valor intrínseco, según los artículos y textos considerados fundacionales. En contraste con esa mirada ecocentrista, conviven posturas antropocentristas que dan a la biodiversidad un valor instrumental. Sin embargo, la autora recalca que la BC se diferencia de otros campos dentro de las ciencias de la vida, ya que en los libros de texto de referencia (“textos canónicos”) se incluye una sección dedicada a “debatir la dimensión valorativa de lo viviente en la conservación” (2018:177). Esta particularidad, pareciera no encontrarse explicitada en otro tipo de fuentes tales como artículos de revistas científicas (Griffiths y Dos Santos, 2012 en Klier, 2018). 

Asimismo, dado el carácter polisémico de la biodiversidad (Faith, 2008 en Klier, 2018), la autora se pregunta específicamente cuáles son las entidades biológicas con valor intrínseco en la bibliografía de la BC. En este sentido, encuentra que este valor intrínseco de la biodiversidad se atribuye principalmente a las especies biológicas y a los ecosistemas, y por eso el nivel de amenaza de las especies o de sus correspondientes ecosistemas “nativos” resulta ser un criterio de conservación preponderante, por sobre otro tipo de entidades como organismos individuales, por ejemplo, en la metodología propuestas para el manejo de especies invasoras. Por otra parte, en su análisis de la bibliografía también halla la atribución de valor instrumental a lo vivo como fundamento para su conservación, en posturas utilitaristas que destacan los beneficios de la conservación de la biodiversidad para la humanidad, tales como las propuestas cercanas a la noción de “servicios ecosistémicos”.

Breve revisión histórica de los criterios de creación y manejo de las ANP en Mendoza (Argentina) y nuevos rumbos del conservacionismo 

A nivel local, las áreas naturales protegidas (en adelante, ANP) y la conservación han constituido campos de investigación reservados a las ciencias naturales, particularmente para la biología de la conservación desde la década de 1980, tendencia que igualmente se verifica a nivel internacional tal como desarrollamos anteriormente. En consecuencia, se ha privilegiado el estudio de los aspectos físico-biológicos de la conservación, lo que ha generado un gran acervo de conocimiento de los ecosistemas de la provincia (D’Amico y Arcos, 2022). Por su parte, el estudio de los procesos sociales y culturales que las ANP conllevan no ha recibido el mismo interés por parte de la comunidad científica local, aunque en los últimos años se han publicado un conjunto de trabajos que marcan un sendero contrario (D’Amico y Arcos, 2022).

En la provincia de Mendoza, las ANP han quedado históricamente circunscriptas a la órbita del Estado Provincial y en algunos casos, bajo gestión y administración privada o mixta. La superficie abarcada hasta el 2019 por el sistema provincial de ANP era del 13,68% del territorio provincial con 22 ANP declaradas en el marco de la Ley Nº 6045/1993 (Régimen de áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres) (Torres, Cannizo, Campos, Tonolli, Moreno, Agneni, 2020).

Las preocupaciones ecológicas que se consolidan en el imaginario ambiental mendocino, surgen como resultado de los primeros indicios de desertificación, producto de la sobreexplotación de los bosques nativos, en el período socio-histórico en el que se configura un nuevo modelo productivo basado en la vitivinicultura (fines del siglo XIX principios del XX), sustituyendo al modelo forrajero-ganadero. A partir del desarrollo del sistema ferroviario, se favorece la circulación y transporte de leña, madera y carbón, para su propia expansión, pero también para el uso y desarrollo de la vitivinicultura, estableciéndose un modelo de concentración de recursos y población en los oasis, en desmedro de los territorios no-irrigados. Este modelo de extracción, centrado en la “cultura del oasis”, se sustenta principalmente en la concentración del recurso hídrico, garantizado por el sistema jurídico provincial y los órganos de gestión que reglamentan sobre el uso y la distribución de aguas (la Ley de Aguas de 1884 y la Constitución Provincial de 1916), que favorece la concentración del manejo del recurso hídrico en los sectores que conforman las élites dominantes, durante el período de conformación de los Estados provinciales y nacionales ( Escolar, Martín, Rojas, Saldi y Wagner, 2012).

En ese contexto, identificamos diferentes etapas del conservacionismo con rasgos particulares (Arcos, 2021 y D’Amico y Arcos, 2022). La primera etapa, concentrada a mediados del Siglo XX, a partir de la creación de la Reserva Natural de Ñacuñán (1961), con el objetivo central de restaurar una zona y un recurso profundamente degradado (preservación de los bosques de algarrobos -Prosopis flexuosa-). La Reserva Natural de Ñacuñán, queda establecida bajo la órbita del Estado provincial, desmarcándose de la prevalencia de los grandes parques nacionales (Administración de Parques Nacionales), lo cual va a marcar el rumbo en materia de conservación y conformación del sistema provincial de ANP. En este contexto, el Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA) creado en la década de 1970, se erige como un actor ineludible en la política de ANP a nivel provincial, que se consolidará en el siguiente período (Rubio et al., 2014; D’Amico, 2017). La particularidad de este puntapié conservacionista es que, a contramano de la tendencia generalizada de preservar grandes porciones territoriales, pretendidamente “prístinas”, y de imponentes bellezas paisajísticas, el ecosistema de Ñacuñán no era prístino ni un paisaje imponente. El objetivo conservacionista estuvo dirigido a la recuperación de un recurso degradado y no un paisaje de belleza prístina, designa un inicio distinto, pero en sintonía con una tendencia mundial y nacional de auge de las ciencias ecológicas. A nivel nacional, durante los años sesenta, los parques naturales dejan de crearse para preservar grandes paisajes naturales y asegurar la soberanía del Estado nacional en zonas fronterizas, abriendo paso a la conservación de procesos y funciones ecológicas (Carusso, 2015). 

En la segunda etapa, momento de gran expansión del sistema provincial de ANP, se identifica un cambio de criterios en las dimensiones que justifican la creación de ANP, trasladando la preocupación de la situación alarmante de los recursos naturales hacia una postura enmarcada por una estrategia de conservación sustentada en valores ambientales sobresalientes, aunque siguen siendo auspiciados por al ámbito científico, específicamente de las ciencias naturales. Esta etapa de esplendor conservacionista se ubica entre la década del 80 y el 2000, en la cual se crean 11 de las 22 reservas provinciales. El IADIZA continúa interviniendo de manera central, siendo permanentemente consultado. A la par asume un rol protagónico la intervención estatal de la mano de la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia. Este impulso a nivel provincial, sintoniza con el proceso de institucionalización ambiental de alcance global durante la década del 90, que a nivel provincial consolida el marco normativo ambiental. En ese contexto, se crea el Sistema Provincial de ANP (Ley 6045 del año 1999), adoptando las categorías de manejo establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Asimismo, en este periodo se amplía la protección sobre humedales, a partir de la incorporación de dos Sitios Ramsar (Rubio et al., 2014; D’Amico, 2017; entre otros). En términos sociales, por su parte, el fortalecimiento y la consolidación del sistema de áreas protegidas de Mendoza, no trajo consigo la flexibilización de las nociones tradicionales respecto de la presencia de seres humanos y de actividades distintas a la conservación, al interior de los parques y reservas naturales. Luego de veinte años de la creación de Ñacuñán, su posterior incorporación a la red mundial de Reserva de Biósfera, y en pleno auge de la sostenibilidad, continuó operando una definición de naturaleza prístina y virgen. Poca o casi nula atención recibieron las comunidades o poblaciones preexistentes en los territorios destinados a la conservación (Cannizo, Campos y Lichtenstein, 2020). Se mantuvieron, entonces, durante este período, criterios tecnocientíficos al momento de establecer la gran cantidad de áreas protegidas.

En un tercer momento, centrado a fines del Siglo XX e inicios del Siglo XXI, se registra un punto de inflexión que identifica el período actual. Los elementos distintivos comprenden, por un lado, una diversificación del mapa de actores sociales que se involucran en la promoción de proyectos de ANP: pequeñas comunidades, empresas privadas, y otros niveles de gobierno (municipales, intermunicipales, o incluso nacionales). Y, por el otro, una serie de cuestionamientos hacia el esquema de conservación más bien estricto que había predominado hasta ese momento (D’Amico y Arcos, 2022). Así se corrobora que, sin desconocer la importancia de los criterios científicos que predominan en el abordaje académico de la conservación de la naturaleza, estos espacios no quedan por fuera de procesos sociales, políticos y económicos (West, Igoe y Brockington, 2006; Cortés Vazquez y Beltrán, 2018). Por ejemplo, en esta etapa, las comunidades locales van ganando protagonismo al momento de impulsar proyectos conservacionistas ya que, ante el avance de proyectos extractivos, las ANP han funcionado, como una herramienta legal para la protección del ambiente (Cannizo, Campos y Lichtenstein, 2020). Ante esto, resulta interesante contrastar el fuerte peso que para algunos actores sociales continúa teniendo la visión tecnocientífica. En este sentido, resulta importante atender las dimensiones no exclusivamente biológicas, en tanto alrededor de la cuestión ambiental pueden darse procesos de apropiación privada de territorios y recursos naturales, cuyos fundamentos se legitiman en la protección del ambiente (Fairhead, Leach y Scoones, 2012; Apostolopoulou y Adams, 2018). Asimismo, tanto el Estado provincial en distintas escalas, como diferentes actores locales, han movilizado y activado proyectos de ANP, estructurados sobre criterios de control territorial o de intereses económicos privados, diferenciándose de los criterios “propiamente” conservacionistas (D’Amico y Arcos, 2022).

 

[1]La autora entiende como mirada elementista aquella que comprende a entidad como una mera suma de partes, desde una perspectiva analítica en contraste con una mirada relacional, que considera otros aspectos de las entidades de estudio que no sean reducibles a la mirada analítica.

Conclusiones:

A lo largo de este trabajo hemos visto cómo el conservacionismo surge desde preocupaciones ambientales atravesadas por diferentes intereses y valores, que luego irán convergiendo en una mirada predominantemente científica y particularmente influenciada por las ciencias naturales. En ese sentido la Biología de la Conservación ha constituido el principal campo de abordaje científico desde la década de 1980 frente a la pérdida de biodiversidad que se aborda actualmente más como problemática científica que ambiental. 

Sin embargo, partir de una revisión crítica de sus bases éticas y epistemológicas vimos cómo en realidad ese campo surgió con distinciones respecto a la ciencia moderna, considerándose una disciplina inexacta, con una posición valorativa frente a una situación de crisis y con un abordaje interdisciplinario. Pese a estas bases que se reproducen en los textos canónicos, vimos cómo desde una mirada crítica, en la investigación científica todavía se aprecia una mirada elementista, pretendidamente “neutral”, que jerarquiza el saber científico frente a otros, reduciendo otras dimensiones posibles de la problemática, y poniendo foco en el valor instrumental de la biodiversidad por sobre otras valoraciones. 

A partir de la comprensión del estado del conocimiento científico, y a partir de una revisión histórica de los criterios que han guiado la conformación de las ANP en Mendoza, Argentina, verificamos que ese proceso local ha seguido la tendencia global de la conservación, pero que actualmente nos encontramos en un momento de transición donde se disputan los sentidos de la misma, por lo cual el conocimiento científico dedicado a esta problemática, es decir el conocimiento experto, requiere una apertura hacia las ciencias sociales y otros saberes para poder diseñar nuevas políticas de la conservación acorde a los desafíos actuales. 

 

 

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Palabras clave:

conservación de la biodiversidad; biología de la conservación; políticas de la conservación 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de este trabajo es comprender el sentido con el que se organizan y gestionan las organizaciones sociales, con la finalidad de aproximarnos al campo teórico y empírico de las economías solidarias. Entender la naturaleza de las organizaciones sociales, sus contextos de aplicación y funcionamiento, las racionalidades con las que toman decisiones y dirigen sus actividades es central para apreciar las potencialidades y limitaciones en la construcción de una alternativa a la economía capitalista. Las organizaciones sociales no son homogéneas, pues existen diversos tipos jurídicos, no obstante, existen lazos que las vinculan, tal como las prácticas organizativas y las estrategias de operación que contienen un carácter solidario y colaborativo. Las organizaciones sociales son fundamentales para hacer frente a escenarios cada vez más inciertos en la globalización, ya que retoman la acción de los actores y contextos locales para mejorar la calidad de vida de los pobladores. En tiempos difíciles las organizaciones sociales tienen que adaptarse a nuevas condiciones que imponen los cambios, tales como las crisis económicas, la pandemia por Covid 19 entre otros. Las organizaciones sociales son espacios potenciales para construir una economía alternativa al capitalismo, al mismo tiempo que se coadyuva a una mejor calidad de vida. En este trabajo se analizan organizaciones sociales mexicanas diversas, tales como las sociedades cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones, sociedades de producción rural, Instituciones de Asistencia Privada. Se han estudiado las prácticas organizativas, el proceso de constitución, organización y medios de gestión de organizaciones sociales para mejorar construir un modelo alternativo económico y mejorar el bienestar de la sociedad.