Resumen de la Ponencia:
O presente artigo visa discutir o papel da Amazônia para as relações diplomáticas e comerciais brasileiras, da exploração sustentável e consequente preservação do bioma. Uma vez que a sociedade internacional tem clamado cada vez mais por atitudes sustentáveis por parte dos governos nacionais, o aumento das queimadas na região amazônica no ano de 2019 colocou em xeque as relações brasileiras no cenário internacional. Neste contexto, é preciso compreender como se trata a questão da sustentabilidade nas Relações Internacionais como um tema de low politics. Com base nas análises feitas pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre as queimadas e o desmatamento do bioma Amazônico, juntamente com o embasamento teórico da Teoria Verde e governança global, discute-se, com uma visão ampla, sobre o gerenciamento deste bioma e como esse manejo tem sido feito no decorrer dos anos. Assim, este artigo buscou entender as consequências acarretadas para a diplomacia do Brasil, em específico, com o seu viés econômico de um gerenciamento de recursos naturais considerado negligente quanto aos princípios da preservação deste bioma.Resumen de la Ponencia:
A chegada de empreendimentos do setor automotivo, alinhados à reestruturação produtiva do capital, potencialmente desencadeia dinâmicas de vulnerabilização a determinados grupos sociais, a exemplo da instalação do complexo automotivo da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) no entorno da reserva extrativista na cidade de Goiana, Pernambuco, Brasil, expressão de um modelo de desenvolvimento econômico, tardio e periférico, que vem ocasionando modificações no território. A Resex de Goiana envolve quatro comunidades tradicionais, Baldo do Rio, Tejucupapo, Carne de Vaca e São Lourenço (quilombola), compostas expressivamente por mulheres das águas, pescadoras e marisqueiras, que vêm resistindo ao perceber as contradições de tal processo. O objetivo deste trabalho é compreender o processo de vulnerabilização em saúde ambiental no contexto local, a partir da percepção de comunitárias da Resex, desencadeado pela chegada do empreendimento global da FCA. Para tal, foram utilizadas as categorias de análise da reprodução social propostas por Samaja, a fim de localizar as dimensões das vulnerabilidades nas narrativas das trabalhadoras extrativistas. Apreendemos que o tripé Capital, alavancado pela FCA; o Estado, promotor de políticas de isenções e investimentos em prol desta; e o Trabalho, por meio do qual viabiliza aquela; é fundante para as vulnerabilizações do Bem Viver, afetando a saúde, a natureza, a cultura e as relações socioeconômicas mediadas pelo trabalho.Palavras-chave: comunidades; capital industrial; bem-viver.Resumen de la Ponencia:
El proyecto “Más allá de la facturación: el trabajo con las tiendas de ropa de segunda mano en Chapinero, Bogotá y su aporte al medio ambiente” surge en el marco del incremento de la difusión y el posicionamiento como alternativa sostenible de la ropa de segunda mano en el contexto de la pandemia, por lo que los aspectos ambientales que transversalizan la ropa de segunda mano empiezan a reconocerse. De esta manera, el centro del proyecto es la conciencia y el aporte ambiental que tiene la ropa de segunda mano dentro de las dinámicas de la producción de ropa masiva conocidas como el “fast fashion”. Para el desarrollo del proyecto se realizó un diagnóstico en el que se abarca la historia del intercambio, compra y venta de la ropa de segunda mano frente a sus inicios en Bogotá. Además, junto con la tienda Toneladas de Ropa Usada (TONS) ubicada en la localidad de Chapinero en Bogotá se contacta a la Alcaldía de esta localidad con el fin de conocer los procesos e indicadores acerca de la conciencia ambiental frente a la ropa de segunda mano en la localidad. Al tener el diagnóstico se realizó una serie de conversatorios, programas radiales y ferias tanto virtuales como presenciales con el fin de resaltar la labor socio ambiental que promueven las tiendas de segunda mano, teniendo como centro de concientización los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. De este modo, la ponencia se trata de una reflexión sobre la experiencia que se dio en el marco del proyecto de pedagogía ambiental frente a la ropa de segunda mano en la Universidad Santo Tomas, como una alternativa sostenible a la producción y consumo masivo de ropa y sus efectos socioambientales. Así ésta ponencia se ubica en la mesa de Medio ambiente, economías solidarias y desarrollo sostenible, dentro de la línea temática de educación ambiental, nuevas pedagogías y procesos de transformación social, ya que el proyecto promovió no solo la conciencia ambiental sino también la desestigmatización de la ropa de segunda mano y reflexiones entorno a generar una economía circular y solidaria.Resumen de la Ponencia:
En julio de 2020 la Cancillería Nacional de la República Argentina publicó un comunicado oficial en el que informaba que la institución se encontraba desarrollando las tratativas con las autoridades chinas para formar un acuerdo que permita aumentar la producción de carne de cerdo a 9 millones de toneladas por año (más de diez veces la producción actual). Este número fue corregido por la misma Cancillería el 27 de julio a 900 mil toneladas por año. A partir de este evento, tanto en el ámbito mediático como académico, se reavivaron los debates en torno a la relación de la producción y el uso de los recursos naturales, es decir, la discusión respecto a los modelos productivos y sus correspondientes implicancias ambientales. El acuerdo establece que las inversiones de origen chino se destinarán a la instalación de granjas industriales porcinas de producción intensiva. La carne producida será destinada exclusivamente a la exportación hacia China. Estas características generaron preocupación y rechazo en la opinión pública expresada en las varias protestas sociales que se llevaron adelante durante ese año lideradas por movimientos sociales ecologistas en rechazo al acuerdo. Las denuncias hacia la profundización del modelo extractivista a partir de este acuerdo constituyen una expresión de las disputas actuales en relación a los modelos de desarrollo. Particularmente, expresan ciertas características sobre la relación entre el modelo neo-desarrollista (Neffa, 2013; De Angelis, 2015) al que apuesta el gobierno nacional y los patrones del modelo neo-extrativista (Svampa, 2013) que han sido una constante en las últimas décadas de varios países de la región. De esta forma, en esta investigación se analizan las características socioeconómicas y ambientales del acuerdo porcino entre Argentina y China, poniendo el foco en las relaciones que pueden establecerse con los modelos de desarrollo en disputa. En este trabajo se exponen los resultados preliminares de la investigación realizada en el marco de la beca EVC-CIN 2020 para estudiantes de carreras de grado que tuvo inicio en septiembre del 2021. Por lo tanto, los resultados preliminares expuestos en este trabajo comprenden los resultados de diferentes tareas realizadas en este periodo, tales como elaboración de informes sobre modelos de desarrollo, relevamiento de información obtenida de medios de prensa sobre el acuerdo y entrevistas a profesionales de las áreas involucradas. Con todo, en esta ponencia se busca analizar las características de los modelos de desarrollo a partir de la observación de un caso concreto de producción a gran escala a fin de aportar información al debate sobre desarrollo sostenible.Resumen de la Ponencia:
La mercantilización de la naturaleza desde la hidropolítica del trasvase de agua de la presa de El Zapotillo, JaliscoCecilia Lezama Escalante[1] La grave problemática socioambiental de nuestra época tiene su origen en un modelo económico que depende de la apropiación de la naturaleza y de aquellos territorios que cuentan con recursos para explotarlos y mercantilizarlos, como fuente para la acumulación ilimitada del capital. La operación de este modelo requiere de acuerdos multilaterales, gubernamentales y de empresas nacionales, así como de tecnologías y prácticas productivas que hagan posible su reproducción. De aquí la importancia de revisar los proyectos de infraestructura hidráulica de manera holística, siguiendo los flujos del agua y los diversos actores nacionales y transnacionales que intervienen en las arenas de poder. La presente ponencia pretende abordar el análisis de un megaproyecto hidráulico, la presa de El Zapotillo en Jalisco, a la luz de la perspectiva del ciclo hidropolìtico, como un hilo conductor para observar los flujos del agua y de poder en el entramado de interconexiones sociales y políticas que se entretejen para planear y justificar el trasvase del agua de la cuenca del río Verde al corredor urbano industrial León –Silao en Guanajuato, ubicado a 140 kms de distancia. El proyecto engloba todas las características de un proyecto modernizador que atiende a las necesidades de expansión del capital, para lo cual requiere recursos hídricos, de los que ya no dispone para su desarrollo urbano-industrial. Bajo esta mirada, aquí se pretende dar cuenta de los mecanismos utilizados para conseguir la desposesión de agua y territorios, de las formas de apropiación y privatización del agua, del concesionamiento y financiamiento de las obras hidráulicas para garantizar la acumulación del capital.Palabras clave: Infraestructura hidráulica, ecología política, cuencas hidrosociales, ciclo hidropolìtico, [1] Profesor-investigador del Departamento de Estudios Socio Urbanos de la Universidad de Guadalajaracecilialezama24@gmail.comResumen de la Ponencia:
A Responsabilidade Social Empresarial – RSE ganha evidência, sobretudo a partir dos anos de 1990. No tripé da gestão socialmente responsável, para além dos aspectos econômicos, considera-se a preocupação social e ambiental por parte das empresas. A cada momento sócio-histórico as necessidades sociais e ambientais assumem particularidades. Em 2020, no contexto de pandemia, ocasionado pelo novo Coronavírus, há o agravamento das expressões da questão social, tornando urgente discutir o papel das empresas nesse processo. A presente pesquisa objetivou analisar a RSE no Brasil frente à pandemia do Covid-19, somando-se aos estudos do Grupo de Pesquisa em Trabalho, Questão Urbano - Rural-Ambiental, Movimentos Sociais e Serviço Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN. Metodologicamente a pesquisa, de caráter qualitativo, foi desenvolvida por meio de análises bibliográficas e documentais. Foram investigadas publicações de entidades representativas de difusão da RSE no território brasileiro, quais sejam: Pacto Global – vinculado à ONU, em atuação desde 2000 no Brasil, e o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, criado em 1997. Por meio da análise temática de conteúdo foram trabalhados 22 documentos, coletados no período de Agosto/ 2021 a Janeiro/ 2022. Destes materiais, coletados via websites das entidades, 13 foram publicados pelo CEBDS e 9 pelo Pacto Global. Como resultados principais, verifica-se uma preocupação com o papel das empresas frente à pandemia. No conjunto de documentos percebe-se foco em recomendações referentes às ações que devem ser realizadas pelas empresas no período pandêmico. Contraditoriamente, mesmo diante dessas recomendações não se identifica um teor mais crítico e/ou reflexivo sobre a conjuntura. Há reconhecimento acerca do aumento da desigualdade no país, mas não aparecem reflexões mais densas sobre soluções que se direcionem para pensar mudanças sociais significativas. Também, preponderantemente, nos documentos é recorrente a indicação de janelas de oportunidades a serem abertas no cenário pós-pandemia, a depender da forma como as empresas se estruturam para tal. Nessa dimensão, predomina a defesa do crescimento econômico como solução dos problemas sociais. Apesar das divulgações midiáticas acerca de ações empresariais de combate aos efeitos da pandemia, conclui-se que, mesmo diante do discurso da RSE, prevalecem as ações necessárias à reprodução do capital. A pressão nos sistemas de saúde frente à pandemia foi intensa em todo o mundo. No entanto, em realidades como a brasileira, de já existência de elevados patamares de desigualdade de acesso aos direitos básicos, essa pressão se estende a outras várias dimensões, ocasionando, por exemplo, elevados índices de desemprego e dificuldades de acesso à escola para crianças e adolescentes que não tiveram condições tecnológicas necessárias ao ensino remoto. Nessa perspectiva estrutural e conjuntural, adensar o debate sobre a relação entre estado, mercado e sociedade, é essencial para a construção efetiva de novos patamares de desenvolvimento social.
Introducción:
A crise sanitária ocasionada pela pandemia do novo coronavírus intensificou as expressões da questão social, já tão latentes na realidade brasileira. Os últimos anos da conjuntura social, política e econômica no Brasil, já foram marcados pelo aumento dos índices de desemprego, desigualdade social e crise no meio econômico, que se somaram às implicações de uma pandemia mundial.
Frente ao cenário pandêmico e suas repercussões nas variadas instâncias da vida social, a pesquisa aqui apresentada teve como objetivo geral analisar a Responsabilidade Social Empresarial - RSE no Brasil frente à pandemia do COVID -19. De cunho bibliográfico e documental, os dados foram trabalhados por meio da análise de conteúdo, tendo como amostra 22 documentos, coletados no período de agosto/2021 a Janeiro/2022, publicados pelo Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável - CEBEDS (13 publicações) e pelo Pacto Global Brasil (9 publicações).
As entidades supracitadas compuseram a amostra de pesquisa por serem expressivas na realidade nacional no que se refere à difusão e proposição de estratégias de gestão empresarial socialmente responsável. O Pacto Global foi criado em 2000 e está vinculado à Organização das Nações Unidas – ONU, sendo hoje “a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil participantes, entre empresas e organizações, distribuídos em 70 redes locais, que abrangem 160 países" (Pacto Global, s/d, s/p). Alinhado às mesmas perspectivas, o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável se conceituou como primeira instituição a trabalhar e falar de sustentabilidade permeado pelo tripé das áreas ambiental, econômico e social, conceito de Tripple Bottom Line, sendo também “referência na vanguarda da sustentabilidade tanto para as empresas quanto para parceiros e governos” (CEBDS, s/d, s/p).
Destaca-se ainda que o presente estudo está vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Responsabilidade Social Empresarial e Transparência: uma análise do nível de evidenciação socioambiental das empresas do Rio Grande do Norte”, desenvolvido em articulação com as investigações do Grupo de Pesquisa em Trabalho, Questão Urbano - Rural-Ambiental, Movimentos Sociais e Serviço Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
À vista disso, o artigo aqui apresentado apresenta um debate em torno da RSE no Brasil, apontando a relevância do princípio da transparência para o debate em torno do papel econômico, social e ambiental das empresas. Em seguida, apresenta-se, a partir dos documentos que compuseram a amostra de pesquisa, os principais aspectos das perspectivas de enfrentamento empresarial diante dos múltiplos impactos da pandemia do novo coronavírus na realidade brasileira. Por fim, as considerações finais.
Desarrollo:
Responsabilidade Social Empresarial: o princípio da transparência e particularidades brasileiras
A Responsabilidade Social Empresarial - RSE refere-se a um modelo de gestão que já foi considerado apenas como filantropia nos primórdios de seus debates, onde as ações empresariais tinham caráter caritativo para com algum público específico e bem restrito. Porém, a RSE, de fato, “transcende a filantropia ou qualquer ação que se limite à obtenção de lucros, passando a observar os demais aspectos presentes no contexto social e econômico da empresa.” (PEREIRA, 2014, p.44). E, ainda nesse momento inicial, em meados da década de 1950, a ação filantrópica era vista como sem relevância pois era “considerada a função social principal na empresa a maximização dos lucros.” (PEREIRA, 2014, p.44).
Mesmo considerando a polissemia conceitual que intrinsecamente compõe a RSE, já em meados da década de 1960, se iniciam as tentativas de definição mais precisa acerca do tema (PEREIRA, 2014), em países de capitalismo avançado, principalmente os Estados Unidos – onde se originaram os debates iniciais. No Brasil, os debates chegam de forma tardia, nos anos de 1990, já que, dentre outros fatores, tivemos uma industrialização também tardia.
Importante destacar que no final da década de 1980, palco da redemocratização no Brasil, bem como da promulgação da Constituição Federal de 1988, tinha-se um cenário favorável à incorporação de debates referentes ao papel social e ambiental das empresas. Nesse processo, destaca-se, portanto, o papel fundamental dos movimentos sociais para a promulgação da CF de 1988 como também para a adesão das empresas às práticas de RSE. Assim, por meio das lutas sociais e influência da Constituição, há a intensificação da “preocupação das pessoas e das empresas no cumprimento da lei.” (LIMA, 2009, p.117), e a dimensão da RSE ganha maior destaque no país. Além disso, “A promulgação de Leis e Estatutos, [...] contribuíram no fortalecimento das ações de RSE no Brasil e trouxeram a possibilidade de novas parcerias entre Estado e sociedade, visando o crescimento econômico e social das empresas.” (PEREIRA, 2014, p.53). Lima (2009, p.119) aponta assim que,
a partir do final da década de 1980, as empresas brasileiras passaram a compreender a necessidade do cumprimento de sua função social diante da exigência da lei, como também do atendimento às novas determinações dos mercados competitivos, submetidas às regras e aos padrões éticos internacionais. Nesse sentido, questões ligadas à ética e à responsabilidade social ganham espaço e importância no universo empresarial.” (LIMA, 2009, p.119)
Dessa maneira, o debate em torno do tripé da RSE, ou seja, a articulação de aspectos ambientais, sociais e econômicos, sem que um se sobressaia ao outro e atendendo às particularidades de cada localidade específica, passa a ganhar amplitude. Não obstante, nas contradições inerentes aos processos históricos sociais, “A responsabilidade da empresa se justifica pela qualidade de comprometimento com pessoas, comunidades, sociedade e meio ambiente, uma vez que os impactos e as influências atingem diretamente toda a cadeia de relacionamento, [...]” (LIMA, 2009, p.122-123). Mas, o que comumente é perceptível nas ações institucionais é que o campo econômico monopoliza as atenções fazendo com que, muitas vezes, as áreas social e ambiental não tenham a relevância necessária.
No cenário mais recente, tanto nacional quanto internacionalmente, o debate em torno da RSE tem sido atrelado aos determinantes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – os ODS, postos pela ONU. Essa articulação tornou-se ainda mais necessária com os impactos ocasionados pela pandemia do Coronavírus na condição socioeconômica, em especial, dos países de capitalismo periférico, como é o caso do Brasil. Desse modo,
A adesão aos ODS é, contemporaneamente, uma forma de as empresas, enquanto atores sociais partícipes do desenvolvimento, demonstrarem compromisso com a sustentabilidade. Contudo, para além da adesão formal, torna-se fundamental refletir acerca das ações que efetivamente as empresas vêm desenvolvendo nos campos social e ambiental. Nessa direção, defende-se o princípio da transparência como central no entendimento do papel que as empresas têm assumido na incorporação dos dez princípios do Pacto Global, bem como diante dos ODS. (MONTEFUSCO; SANTOS; SANTOS, 2020, p.13)
Essa transparência “ocorre no Brasil de forma voluntária, mas nem por isso [...] pode ser negligenciada.” (MONTEFUSCO; SANTOS; SANTOS, 2020, p.5). “A comunicação transparente é um pilar central da RSE” (MONTEFUSCO; SANTOS; SANTOS, 2020, p.15). Todos os documentos e campanhas institucionais são meios de consolidação da comunicação transparente, mas, obviamente, um dos instrumentos essenciais nessa esfera são os balanços sociais e/ou relatórios de sustentabilidade, cuja “função principal [...] é tornar pública a responsabilidade social da entidade.” (PINTO; RIBEIRO, 2004, p.23) sendo também considerado um indicador de Responsabilidade. Pinto e Ribeiro (2004, p.5) dissertam ainda que,
Acredita-se que a divulgação das ações sociais das organizações, dos planos internos voltados ao seu ativo humano, das políticas de investimentos direcionadas ao meio ambiente, a evidenciação da formação e distribuição da riqueza e contribuições a entidades assistenciais, são de grande utilidade não somente para o público, mas também para a própria organização que as publica, haja vista que a publicação do Balanço Social, elaborado com informações fidedignas, é um instrumento que propicia um relacionamento mais íntimo com o público e, consequentemente, a melhoria de imagem da empresa, além de servir como instrumento de controle e avaliação aos gestores. ( PINTO, 2004, p.23)
Nessa perspectiva, as organizações empresariais têm o dever de estabelecer de forma mais clara “os mecanismos de divulgação transparente de suas ações nos territórios em que estão instaladas, favorecendo o acompanhamento dos stakeholders e o desenvolvimento de práticas que contemplem as efetivas necessidades de cada contexto social.” (MONTEFUSCO; SANTOS; SANTOS, 2020, p.15). Assim, “As empresas que internalizam a responsabilidade social na gestão dos negócios, do planejamento estratégico à implementação das ações, estabelecem padrões éticos no relacionamento com toda a cadeia produtiva.” (LIMA, 2009, p.123).
Diante do pilar da transparência, e da ideia da empresas, por meio da RSE, como partícipes das práticas direcionadas ao desenvolvimento social, buscou-se identificar por meio dos documentos publicados pelo Pacto Global e CEBDS, de que forma as empresas brasileiras têm respondido às demandas colocadas pelo contexto pandêmico instalado, mundialmente, em março de 2020.
Contexto Pandêmico e RSE: uma análise do papel das empresas a partir do Pacto Global e do CEBDS
O Pacto Global se trata de “uma iniciativa voluntária que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras” (PACTO GLOBAL), iniciado no ano de 2000 “pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan” que propunha alinhar estratégias aos 10 princípios universais advindos das “áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade.” (PACTO GLOBAL). No Brasil, “Criada em 2003, a Rede Brasil responde à sede do Pacto Global, em Nova York, e preside o Conselho das Redes Locais na América Latina.” (PACTO GLOBAL).
Já o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS, foi criado em “1997 por um grupo de grandes empresários brasileiros” (CEBDS), sendo “uma associação civil sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável por meio da articulação junto aos governos e a sociedade civil, além de divulgar os conceitos e práticas mais atuais do tema.” (CEBDS).
Dessa forma, ambas as instituições descritas são vistas e seguidas – inclusive demonstrando níveis importantes de engajamento em redes sociais - por milhares de pessoas físicas e/ou jurídicas. Nessas plataformas, as instituições estão presentes no Instagram, Facebook e LinkedIn. São organizações que atuam como referência nas formas de conduta entre empresas e outras instituições, por se tratarem de organizações reconhecidas e também possuírem empresários como membros representativos. Nessa linha, as duas organizações fizeram publicações acerca da pandemia do Coronavírus, apresentando suas atitudes e ações diante desse período atípico, assim como indicando posturas empresariais socialmente responsáveis para o momento em questão.
Em linhas gerais, nos documentos publicados pelo Pactos Global tomados como amostra, fica evidente a preocupação com a responsabilidade das empresas na contenção de contágio do Covid-19, havendo um reconhecimento do perigo/letalidade do vírus. Um elemento importante de frisar é que a instituição retoma a questão dos impactos e consequências do Covid, debatido intensamente e apresentando, inclusive, pontos “positivos”/“oportunidades” proveniente da pandemia. Dentre esses, há a compreensão de que as empresas devem ser mais transparentes e comunicativas com os envolvidos, visto que a atitude empresarial durante a epidemia é considerada "definitiva". Isto é, as ações repercutem e influenciam a visão e adesão, ou não, da sociedade – consumidores/clientes, com a instituição, podendo trazer prejuízos a organização, como a perda de usuários e parceiros.
Nos documentos analisados do Pacto Global é perceptível o evidente reconhecimento das desigualdades sociais no Brasil, e sua intensificação durante o período da pandemia.. Outro ponto recorrente nos documentos são as doações empresariais, que bateram recorde no cenário pandêmico mais agudo e de isolamento social mais firme. Se reconhece a responsabilidade empresarial para além da lucratividade, extensiva ao entorno social e ambiental. Consoante a isso, alertam para possíveis crises/novas pandemias devido à nossas ações, como humanidade, como a agressão frequente e perversa ao meio ambiente.
Não divergindo dos materiais do Pacto, o CEBDS apresenta a existência da pandemia e dos protocolos de segurança, não questionando sua importância e utilidade, e sim os frisando e ressaltando. Há a menção da responsabilidade do poder público, das empresas, mas também individual – trabalhadores no combate à disseminação do vírus e cuidado. Compreendem ainda mais a necessidade da comunicação perante todos os stakeholders. Há também destaque para as doações realizadas pelas empresas e para as mudanças que o Coronavírus trará nos ambientes de trabalho, mercado, na empresa – e em toda a ordem organizacional que tínhamos.
Ainda destacando a convergência das publicações, ressalta-se o reforço a ideia de que a pandemia não se dá de forma igualitária a todos os segmentos sociais, porém sem extrapolar a reflexão para o questionamento mais estrutural acerca das razões desta desigualdade. É visível que a informação é dada, porém sem uma problematização ou criticidade a respeito da questão. Por serem plataformas grandes, com alcance amplo e disseminarem ideias relativas à boas condutas empresariais, seria de suma relevância abrir um espaço para esse debate pois é essencial que se explane a respeito das origens das expressões da questão social.
Há dois trechos de uma publicação do CEBDS, que foi elaborada pela organização maior ao qual está vinculado, o World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), intitulada “As consequências da Covid-19 para a próxima década: Nota informativa da Visão 2050”. Esse documento específico, analisa a conjuntura mundial, sem, por exemplo, apontar estratégias possíveis para enfrentar as estruturas sociais desiguais. Os trechos que se seguem explicitam essa reflexão,
A forma como as pessoas vivenciam a pandemia é determinada, em parte, pela sua posição no espectro global de riqueza e renda. Quem está no topo possui um confortável colchão de reservas e acesso a assistência médica de alta qualidade; os que estão na outra extremidade não têm nada disso. Assim, a desigualdade age como “amplificador de ameaças”, interagindo com a disseminação do vírus de forma a intensificar a vulnerabilidade da sociedade como um todo. (CEBDS; WBCSD, 2020, p.8).
Em países desenvolvidos e em desenvolvimento, muitos trabalhadores pertencem ao chamado “precariado”, que [...] cresceu vertiginosamente nos últimos anos com a explosão do número de autônomos, freelancers e trabalhadores temporários contratados por tarefa. Essas pessoas têm sido as primeiras a ter a subsistência ameaçada pela pandemia. Na maioria das vezes, a responsabilidade por garantir o bem-estar econômico do precariado recai sobre os governos, o que exige um esforço hercúleo até dos países mais ricos. (CEBDS; WBCSD, 2020, p.8).
Na sequência do documento em análise se coloca uma reflexão importante, na qual aparece a ideia de que a “Responsabilidade é a estrutura de princípios por meio da qual empresas analisaram questões de sustentabilidade até hoje e continuará sendo um imperativo essencial” (CEBDS; WBCSD, 2020, p.16) mas, ganha destaque como “solução” aos enfrentamentos necessários, a perspectiva da resiliência. Há o reconhecimento de que a pandemia do novo Coronavírus trouxe mudanças muito significativas, acarretando alterações em todos os âmbitos da vida, mas que a resiliência poderia ser a chave para superação das crises originárias do Covid-19. Visualiza-se que há a utilização de uma estratégia ideológica em que a resiliência aparece como a capacidade não apenas de adaptação, mas de superação dos problemas sociais e ambientais.
Além do destaque dado à resiliência, é nítido também que os materiais publicados pelas duas entidades apresentam reflexões mais detidas sobre o âmbito social do que com o ambiental. Esse fato é até compreensível, considerando o momento em que estamos passando e enfrentando. No entanto, é fundamental destacar aqui que o tripé da RSE deve ser pensado em sua completude e não apenas como uma soma de partes. Ao mesmo tempo reforça-se o argumento de que o discurso propagado em torno da RSE “deve refletir-se em ação, pois não adianta uma empresa pagar mal a seus funcionários, corromper a área de compras de seus clientes, pagar propinas a fiscais do governo e, ao mesmo tempo, desenvolver programas voltados a entidades sociais da comunidade.” (GARCIA; FERNANDES; SILVA; FERREIRA, 2015, p.307).
Montefusco, Santos, e Santos (2020, p.13) expõem que é bem frequente que a centralidade do debate recaia na “preocupação em proteger a reputação das empresas, garantindo legitimidade aos negócios, bem como o gerenciamento de problemas centrais dos negócios [...]”. Isto nos demonstra e alerta para as contradições das ações e intenções oriundas da dinâmica empresarial.
Conclusiones:
A conformação da RSE em cada espaço social vai assumindo características que refletem o processo de desenvolvimento socioeconômico de cada região, assim como as particularidades de cada contexto histórico. A partir de 2020, no contexto de pandemia, ocasionado pelo novo Coronavírus, há o agravamento das expressões da questão social, tornando urgente discutir o papel das empresas nesse processo.
Os documentos analisados demonstram que as instituições responsáveis pelo debate e fomento da ideia da gestão empresarial socialmente responsáveis estavam atentas ao conjunto de demandas sociais originárias do cenário pandêmico. Não obstante, os materiais evidenciam, ainda que sob o manto do chamamento à inclusão das esferas social e ambiental na agenda empresarial, a prevalência no crescimento econômico como solução aos problemas do desenvolvimento.
A perspectiva da resiliência empresarial, que aparece reiteradas vezes nos materiais investigados, denota a fragilidade da proposição de soluções concretas para a questão ambiental e para a condição de pobreza que se impõe à parcela significativa da população brasileira. Percebe-se, portanto, foco em recomendações referentes às ações que deveriam ser realizadas pelas empresas no período pandêmico, todavia, sem a apresentação de reflexões mais densas sobre soluções que se direcionam para pensar mudanças sociais significativas.
São preponderantes ainda na análise do conjunto dos documentos o chamamento à relevância das empresas atentarem ao futuro pós-pandêmico. Há significativas menções às janelas de oportunidades que surgirão, de tal maneira, que as empresas devem estar preparadas e estruturadas para tais oportunidades. A preocupação social e ambiental aparece mais como parte da estruturação das empresas do futuro e menos com uma contribuição efetiva ao desenvolvimento do país.
Os impactos da pandemia do novo coronavírus têm sido extensivos às diversas dimensões da vida, não de forma equânime a todas as sociedades e seus segmentos, mas, ao contrário disto, assumindo dimensões de gênero, raça e condição social. A conjuntura pandêmica, em realidades como a brasileira, historicamente alicerçada em elevados patamares de desigualdade social, expõe a urgência de adensar o debate propositivo em torno das possibilidades de construção efetiva de novos patamares de desenvolvimento social.
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PEREIRA, Maria Joama de Sousa. “Difícil é, mas desistir nunca”: uma avaliação da efetividade do Projeto ViraVida – Paraíba entre 2010 e 2012. 2014. 150f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014.
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Palabras clave:
Responsabilidade Social Empresarial; Comunicação Transparente; Crise Sanitária; Particularidade Brasileira.
Resumen de la Ponencia:
El Programa Municipal de Economía Solidaria, Lucha contra la Pobreza y Fomento Económico y Social de Maricá- Rio de Janeiro- Brasil, fue sancionado por la Cámara de Concejales, generando la Ley N° 2.448, de 26 de junio de 2013. Dentro de este amplio programa busca combatir las desigualdades sociales, fomentar el desarrollo vida económica y social de las comunidades y establecer medios para erradicar la pobreza y generación de empleo e ingresos para los estratos más pobres del municipio. las iniciativas sería: fomento de la economía solidaria con la creación del Banco Popular Comunitario de Maricá - estableciendo convenios con organizaciones de la sociedad civil, en este caso el Instituto Palmas -; la creación de una Moneda Social; combatir la pobreza con transferencia de ingresos de la Bolsa Mumbuca Programa Social y desarrollo desarrollo económico y social a través del microcrédito, con todas las acciones realizadas con recursos del Fondo del Banco Popular Comunitario de Maricá.El objetivo del Fondo es proporcionar apoyo financiero para el logro de los planes tratados en la ley, promoviendo su viabilidad y organización, la captación, traslado y aplicación de los recursos necesarios para su ejecución. La transferencia de fondos al Banco Comunidad de Maricá se realizará a través de un convenio con el Instituto Palmas. El presupuesto del fondo destacará las políticas y los programas de trabajopolíticas gubernamentales, observadas en el Plan Plurianual y en la Ley de Lineamientos Presupuestarios, incluido en el presupuesto municipal.Bolsa Mumbuca es una transferencia directa en efectivo a 9.000 familias viviendo registrado con un ingreso familiar de hasta un salario mínimo por mes o con un familiar con discapacidad. Al inicio del Programa cada familia recibía 70 mumbucas – equivalente a 70 reales – por mes y de que el valor cambie a 85, por considerar que las 15 mumbucas sumaron podría gastarse en pescaderías acreditadas, para incentivar el sector -aunque el valor se puede gastar en cualquier comercio acreditado - de esta manera se aumentó progresivamente la transferencia hasta llegar a 300 mumbucas para el 2016.El programa es una gran innovación en el Campo de las Finanzas Solidarias y uno de los programas municipales de distribución de ingresos más creativos de Brasil, debido a la su escala y naturaleza peculiar. La novedad es la sustitución de la papeleta de solicitante por la detarjeta de débito, siendo la primera moneda social electrónica del país, así es posible tener mayor transparencia, informatización de datos y control, facilitando por lo tanto, una buena gobernanza de la gestión.Resumen de la Ponencia:
Se propone una lectura sobre los desastres desde la geografía y la ecología política, dando cuenta de la trayectoria de expansión forestal en Chile en tanto desastre de larga duración, dado los cambios socioecológicos que ha impuesto y que, por su magnitud, se construyen como irreversibles. En este contexto, los llamados “desastres socio-naturales”, como incendios, terremotos y tsunamis, se configuran como manifestaciones puntuales (y recurrentes, como los incendios) de esta macro-transformación territorial histórica. Los desastres, se identifican entonces como acontecimientos reveladores de las rupturas del supuesto orden lineal del desarrollo, enfrentando así, dos lecturas del tiempo: el tiempo lineal y el tiempo de las discontinuidades. Junto con lo anterior, por las características de la expansión forestal y los modos de producción territorial capitalista que subyacen, los desastres presentan una ambivalencia: si por la mayoría de la población implican una crisis en su cotidianidad, para los actores económicos hegemónicos son convertidos en oportunidad para la consolidación, adaptación y diversificación de su modelo de negocios y construcción territorial.Se escoge como territorio de estudio la comuna de Constitución, localizada en la costa de la región del Maule (Chile), territorio icónico del proceso de expansión forestal por la cantidad de plantaciones forestales (más del 50% de la superficie comunal), sumado a la instalación de la histórica planta de celulosa CELCO-ARAUCO. Junto a lo anterior, este territorio ha vivido desastres socio-ambientales paradigmáticos donde la componente empresarial forestal ha asumido un rol hegemónico. Constitución se convierte, entonces, en el observatorio de un territorio en tiempo pasado/presente, cuyas pautas de observación son aquellas transformaciones profundas (la expansión forestal) y acontecimientos fundamentales (como el terremoto del 2010 y los incendios forestales del 2017) que evidencian la gestación e irrupción de un desastre de larga duración. La originalidad de la propuesta está en plantear una continuidad histórica de gestación de vulnerabilidad y marginalidad territorial que permite la ocurrencia de desastres puntuales o reiterados así como el despliegue de nuevos dispositivos de intervención/producción territorial por parte de las empresas forestales hegemónicas.Los resultados permiten evidenciar un aprovechamiento por el sistema industrial maderero que logra generar nuevas oportunidades de expansión gracias al rol hegemónico ocupado en los territorios afectados. En efecto, el Plan de Reconstrucción Sustentable de Constitución (PRES), liderado por la empresa Arauco S.A., se configura como un hito emblemático de la entrada preponderante de las empresas en la planificación territorial, en pos de los intereses corporativos, aunque bajo el alero de los intereses colectivos.Se plantea una reflexión sobre las condiciones que producen (im)posibilidad de restauración socioecológica post-desastre a causa de una gobernanza del riesgo que se enfoca en soluciones de corto plazo sin abordar el problema estructural, en términos de sistema y modelo de desarrollo.Resumen de la Ponencia:
O MEIO AMBIENTE E OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO MERCADO DE TRABALHO NO SETOR DE MÁRMORE E GRANITO DO SUL DO ESPIRITO SANTO Luanna da Silva FigueiraMestranda do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro- UENF Dr. Paulo Marcelo de SouzaProfessor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro-UENF GT14 – Meio Ambiente, Economias Solidárias e Desenvolvimento Sustentável. 1 RESUMO O presente trabalho tem como proposta analisar a saúde e a segurança dos trabalhadores do setor de mármore e granito do Sul do Espirito Santo no Brasil, identificando os impactos socioambientais causados no meio ambiente laboral do setor. Objetiva investigar o avanço econômico do setor de rochas do sul do Espirito Santo no recorte da implementação da lei nº 13.467/2017 (Reforma trabalhista), a ocorrência do aumento de acidentes do trabalho, e se houve ou não agravamento da precarização do trabalho no setor após a ocorrência das agendas neoliberais implementada no Brasil e, consequentemente, da flexibilização dos direitos laborais. A justificativa do estudo baseia-se no fato de que a exclusão dos trabalhadores ao meio ambiente laboral seguro e com saúde impacta diretamente nas questões sociais, isto é, nos problemas e processos sociais, tendo em conta a relação direta com um meio ambiente de trabalho salubre e o desenvolvimento socioambiental do mesmo. Posto que um ambiente laboral desenvolvido sustentável é o resultado de uma saúde e segurança garantida para os trabalhadores. Do ponto de vista metodológico, o trabalho foi construído na forma de pesquisa exploratória, tendo a bibliográfica empregada como fonte base inicial de conceitos essenciais para a construção de um conhecimento capaz de promover uma análise crítica acerca do tema proposto. Nesse sentido, para que um conhecimento possa ser considerado científico, torna-se necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação, ou seja, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento. Diante do exposto, este trabalho discorreu, a partir de levantamento epistemológico da fenomenologia, que centra-se na compreensão de ser uma Filosofia da Consciência, a qual se identifica com a intencionalidade que se volta para o fenômeno, “se instaura como uma filosofia da consciência, no sentido de ser um pensar radical a esse respeito.” (BICUDO, 1999, p. 14), e do materialismo histórico dialético, que na perspectiva de Marx e Engels, a estrutura econômica (ou infraestrutura) é a base sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política, à qual correspondem determinadas formas de consciência social ou ideológica. Nesse sentindo, é possível perceber que a pesquisa tem como escopo principal a luta pelos direitos sociais trabalhistas, que também se insere na perspectiva de assegurar ao trabalhador um meio ambiente do trabalho saudável, equilibrado e seguro.
Introducción:
A vida humana é marcada pelo crescimento de incertezas e pela sensação de fragilidade diante tanto de fatores de risco quanto da vulnerabilidade do cotidiano. Essas características também repercutem no trabalho dos indivíduos, pois o labor é um dos princípios eixos estruturantes do dia a dia de qualquer pessoa. No âmbito das práticas do meio ambiente dos profissionais do setor de mármore e granito, espaço que será analisado neste estudo, as questões referentes ao risco e às vulnerabilidades estão presentes, uma vez que os trabalhadores se expõem rotineiramente a múltiplos e variados perigos relacionados a agentes químicos, físicos, biológicos e psicossociais. Dessa feita, o referido artigo busca promover um debate sobre os impactos socioambientais, ocorridos no mercado de trabalho de rochas do sul do ES, em um recorte do direito social à efetivação do labor decente aos trabalhadores da área. No primeiro tópico, será discutido o início do setor de rochas no estado do Espírito Santo, com destaque para o contexto central do sul do ES e suas implicações em face de um início marcado por imprevistos que afetaram e afetam, até os dias atuais, diretamente o meio ambiente laboral — e, consequentemente, a própria efetivação do direito social dos operários. No segundo tópico, os conceitos e a materialidade do meio ambiente laboral analisado, bem como a importância da definição de forma vasta, serão abordados. Isto é, visto que o meio ambiente apresenta uma incrível capacidade de retratação de variados contextos da realidade social natural e humana. Por fim, o artigo relata a efetivação do direito social ao trabalho decente em face dos impactos socioambientais causados no setor de rochas do sul do Espírito Santo.
Desarrollo:
2 O início do setor de rochas no estado do Espírito Santo É inevitável não pensar em riscos de acidentes quando se fala de extração de pedras na própria rotina do trabalho, visto que todo o contexto das indústrias do mármore e do granito está envolvido por uma dinâmica laboral imersa por insalubridade e periculosidade, mesclada entre homens e máquinas, iniciada de forma precária e sem qualquer estrutura. Essa afirmação baseia-se no fato de que os primeiros empresários do ramo e seus trabalhadores tiveram origem no labor rural, ou seja, na lavoura de café, que era a economia predominante até então no estado. Com o declínio da atividade cafeeira no Espírito Santo e as dificuldades do campo, o recurso encontrado para o mantimento das finanças de cada trabalhador da área foi o ingresso na atividade mineradora, visto que as pedreiras davam um mínimo de dinheiro, e na roça, ao final do mês, depois de todos terem entregado sacos de produção do grão. Muitas vezes, inclusive, ainda deviam ao patrão (Moulin, 2006). Os empresários do setor de rochas eram os donos das terras. Observando a potencialidade do desenvolvimento econômico mineral no estado, eles começaram a investir nessa área (Moulin, 2006). O tropeço da atividade ainda iniciante de extração de rochas foi marcado de forma imprevista. O empresário aprendeu a administrar a pedreira por meio da experiência como chefe do trabalho no meio rural, entre acertos e erros, sem noção de organização das atividades que contratou, de saúde e segurança no trabalho, bem como de conhecimento das leis necessárias (Moulin, 2006). Esse quadro de desenvolvimento econômico — operado a partir do crescimento rural para o ramo das pedras — revela-se de fundamental importância para o estado do Espírito Santo, que tem o município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul, como o principal polo de beneficiamento de rochas ornamentais e detentor das maiores reservas de mármore e granito do Brasil (Nery & Silva, 2001). Cachoeiro de Itapemirim consolidou-se na exploração de rochas de forma autônoma por meio da migração do setor rural (Villaschi Filho & Sabadini, 2000). Ou seja, não teve nenhuma ajuda de políticas governamentais. Conforme os autores, o início da produção do mármore e do granito no Espírito Santo deu-se efetivamente pela instalação de marmorarias a partir de 1930, sendo que o princípio das atividades de extração dessas matérias-primas ocorreu apenas no ano de 1957. As serrarias apareceram na região somente após 1966. Os teóricos destacados afirmam que a efetiva exploração comercial desses materiais começou entre 1960 e 1970. Hoje, o ramo de rochas ornamentais do estado do ES conta com 2.664 empresas ativas e 1.950 inativas. É composto, basicamente, de micro e pequenas organizações. A região sul possui cerca de 7.800 trabalhadores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Mármore, Granito e Calcário do Espírito Santo (Sindimármore). Isto é, de um total de cerca de 27.053 operários do local — fora os sem assinatura na carteira, terceirizados e clandestinos, um problema que persiste desde os primórdios da extração (SINDIMÁRMORE, 2022). Dessa feita, com a evolução e com a própria modernização da indústria, que passou de um arcabouço laboral rural para um fabril capitalista, o Espírito Santo vem consolidando-se na economia dentro do mercado de rochas ornamentais, galgando, segundo o próprio relatório do Sindirochas, sindicato da categoria dos empresários do setor, um total de US$ 987.398. A área conquistou, no 1º trimestre de 2022, um aumento de 7,98% frente ao mesmo período em 2021, acumulando um total de US$ 281 milhões em faturamento de exportação, o que equivale a 2.157.723 toneladas de rochas por ano. Esses números colocam o estado na condição de representante de mais de 80% da exportação nacional — ou seja, na posição de maior exportador de rochas do país (SINDIROCHAS, 2022). O desenvolvimento da indústria de mármore e granito no Espírito Santo traz um complexo conjunto de desdobramentos, como a dinamização da economia, a ocorrência da feira anual internacional do mármore e a geração de empregos. Contudo, para os capixabas, o setor traz — em especial, a partir do final da década de 90 — um assunto que hoje se tornou corriqueiro no dia a dia dos trabalhadores em questão: os acidentes e agravos à saúde de cada um deles. A região sul, mais precisamente a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, que se baseava no cultivo do sistema rural do café, desenvolveu-se e estruturou-se com base na economia da extração e do beneficiamento do mármore e granito — passando a ostentar com orgulho o título de capital do mármore do país, aproveitando o peso desse para o desenvolvimento da área. Passou, também, a ser conhecida pelos altos e massacrantes acidentes de trabalho. 3 O meio ambiente laboral: a extração de pedras, trabalho e vida Para o início deste tópico, cabe salientar que uma sequência de edifícios pichados, um leito de rios sujos, queixas de uma vizinhança a respeito do barulho e acidentes típicos de trabalho, por mais heterogêneos que possam ser entre si, representam circunstâncias as quais retratam, em suas totalidades jurídicas e sociais, cenários de poluição ambiental (Maranhão, 2018). A variedade fenomênica quanto às modalidades de degradações ambientais do local não é fruto de intervenções acadêmicas, mas da própria aplicação do texto legal da Constituição Federal de 1988, nos artigos 182, 200, VIII, 216 e 225, os quais estipulam, de forma expressa, a existência de quatro dimensões ambientais: o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente laboral. Esse último será examinado de forma detalhada nesta pesquisa (Maranhão, 2018). A vastidão jurídica evidencia que o meio ambiente consiste em uma incrível capacidade de retratar variadas formas de contextos da realidade social natural e humana. Sendo assim, utiliza-se da ideia de Michel Prieur, que reputa o conceito analisado como uma verdadeira “noção camaleão” (Prieur, 2011). Nesse contexto, o que importa é o fato de que a Constituição Federal alargou a área de reflexão do meio ambiente, fortalecendo o reconhecimento de componentes estritamente humanos no campo sociocultural e dando ensejo para reações humanas que vão além dos agentes físicos, químicos e biológicos. Ou seja, a lei estendeu o raio de alcance ambiental de forma a atingir condicionantes socioculturais — inclusive aqueles diretamente relacionados ao espaço social nos quais estão inseridos os trabalhadores no caso de acidentes trabalhistas típicos e seus familiares (Maranhão, 2018). O meio ambiente em questão está compreendido no rol de atribuições do artigo 200, VIII, da CF, evidenciando sua autonomia conceitual e seu reconhecimento dogmático (Brasil, 1988). A importância reconhecida na legislação sobre esse espaço laboral justifica-se pela intrínseca relação entre natureza, trabalho e ser humano (Cavallier, 2002), que foi intensificada pela Revolução Industrial: Com efeito, é mesmo revelador perceber o interessante paralelismo histórico entre as questões social e ambiental. Nota-se que a ânsia pelo lucro, ínsita ao capitalismo, intensificou-se sobremaneira com o deflagrara da Revolução Industrial, ocorrida a partir do século XVIII, trazendo consigo um sério agravamento das lesividades ambientais. A migração em massa para as cidades, formando uma imensa concentração de pessoas disponíveis como mão de obra, suscitou aglomerados de pessoas humanos em condições sanitárias precárias, com afetações diretas dos rios. (Maranhão, 2018, p. 61). De fato, o setor de rochas ornamentais é de enorme complexidade. Embora uma pedreira ou uma empresa tenha a mesma função de extração de blocos ou de trazer benefícios, dificilmente é igual à outra; dependerá de fatores como a própria organização em termos de processo de trabalho, da inserção do trabalhador, dos maquinários utilizados, se extrai bancadas de forma horizontais ou na vertical, etc. Nesse ínterim, é sabido que as atividades no setor de rochas do sul capixaba se dividem em extração dos blocos (trabalho em pedreiras), transformação desses em várias chapas de mármore (trabalho em serrarias) e o beneficiamento, que cuida da criação de bancadas de pias, ladrilhos e produtos industrializados. Ainda há o transporte de blocos, de chapas, de produtos e as moageiras, que utilizam as pedras refugadas da extração para a produção de pó de calcário (Pacheco, Barros & Silva, 2012). O risco de acidentes e de mortes transita entre trabalhadores, máquinas e pedras na indústria de rochas ornamentais do sul capixaba em um convívio de grandes inquietações, fazendo com que a luta pela saúde, pela vida e por um ambiente laboral seja diária (Pacheco, Barros & Silva, 2012). Diante da construção essencial de um meio ambiente do trabalho salubre no setor, é relativamente comum encontrar conceitos do local de labor construídos em torno do ambiente físico onde os serviços são prestados. Pode-se afirmar que o meio ambiente mencionado é “[…] o local em que se desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja qualidade de vida está por si só em intima dependência da qualidade daquele ambiente.” (Silva, 2013, p. 23). Na mesma linha de raciocínio salientada anteriormente, pode-se entender o conceito em análise como “[…] o espaço-meio de desenvolvimento da atividade laboral, como o local hígido, sem periculosidade, com harmonia, para o desenvolvimento da produção e respeito à dignidade da pessoa humana […]” (Maranhão, 2018, p. 263). O meio ambiente do trabalho também pode ser definido desta forma: […] onde o homem realiza a prestação objeto da relação jurídico-trabalhista, desenvolvendo atividade profissional em favor de uma atividade econômica. [...]. No enfoque global, não só o posto de trabalho (local de prestação), mas todos os fatores que interferem no bem-estar no empregado (ambiente-físico), e todo o complexo das relações humanas na empresa, a forma de organização do trabalho, sua duração, os ritmos, os turnos, os critérios de remuneração, a possibilidade de progressão etc., servem para caracterizar o meio ambiente do trabalho. [...] é a interação do local de trabalho, ou onde quer que o empregado, com os elementos físicos, químicos e biológicos nele presentes, incluindo toda sua infraestrutura (instrumentos de trabalho), bem como o complexo de relações humanas na empresa e todo o processo produtivo que caracteriza a atividade econômica de fins lucrativos. (Moraes, 2002, p. 25-27). Há de se reconhecer que o local físico de prestação de serviços é um alicerce primordial para o conceito da realidade labor-ambiental. Por sua vez, as operações no ambiente laboral ocorrem além de um espaço; envolvem um “[…] conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica e social que afetam o trabalhador no exercício na sua atividade laboral.” (Maranhão, 2018, p. 116). Diante desse contexto, o gênero profissional da atividade mineradora de rochas torna-se cada vez mais fragilizado, pois os recursos do meio ambiente laboral são escassos e funcionam por meio de vários fatores, que deixam de ser estáticos e passam a ser encarados como um sistema genuinamente social. Ou seja, a questão ambiental no local de trabalho passa a ser visualizada com uma ênfase no aspecto humano: no âmbito social do labor (Maranhão, 2018). Assim, pode ser julgado como um exemplo de emergência da questão social, visto que atinge diretamente a saúde do trabalhador. Nesse caso, requer estratégias de políticas públicas que possam responder e assegurar condições para a recriação de uma melhor coesão social a todos. A pedra angular do conceito do meio ambiente deve ser o trabalhador, não apenas o trabalho prestado. “Isso só reforça nossa convicção de que o desafio atual está em erigir um conceito de labor-ambiente que, efetivamente, gire em torno do trabalhador e não do trabalho.” (Maranhão, 2018, p. 121). Ou seja, é um conjunto alicerçado nas interações ambientais do local do trabalho e da própria dignidade humana do trabalhador, essencialmente humanista. A respeito dessa pauta, pode-se pensar que “[…] meio ambiente do trabalho é o conjunto de condições existentes no local de trabalho relativas à qualidade de vida do trabalhador.” (Brasil, 2007, p. 252). Por corolário, o meio ambiente do trabalho sadio faz um contexto coerente com a luta pelos direitos sociais trabalhistas, a qual também se insere na perspectiva de assegurar ao trabalhador um espaço saudável, equilibrado e seguro, questões que afetam a proteção ecológica do labor: A questão de salubridade e dos riscos inerentes ou mesmo mais acentuados em determinadas atividades laborais interessam sim à proteção ecológica como um todo, considerando, em particular, que, geralmente as pessoas afetadas por condições de trabalho em cenários de poluição e degradação ecológica são os trabalhadores de menor renda, num cenário que agrega privação de direitos sociais com violação a direitos ecológicos, A proteção da saúde do trabalhador e tutela do meio ambiente do trabalho congregam esforços na perspectiva de assegurar um meio ambiente do trabalho em patamares dignos, com segurança, integridade e qualidade ambiental. Aireside a importância de vincular o Direito Ambiental e Direito do Trabalho, como, aliás, a Constituição Federal de 1988 fez questão de consignar expressamente no seu art. 200º, VIII, de modo a justificar a conformação da nova disciplina do direito ambiental do trabalho. (Sarlet & Ferreira Neto, 2019, p. 11). Nesse contexto, a exclusão dos trabalhadores do meio ambiente laboral seguro e com saúde reflete diretamente nas pautas sociais. Isto é, trata-se de um problema que demanda resposta por parte do governo e da sociedade. Portanto, a emergência de uma questão social implica seu enquadramento por meio de políticas e instituições específicas — as chamadas políticas sociais. Por suposto, uma mesma questão será respondida de diferentes maneiras em contextos políticos, culturais e institucionais distintos, gerando diversos padrões de proteção social (Mattei, 2019). O meio ambiente no setor de mármore e granito no sul do estado do ES assiste ao processo de mercantilização dos serviços sociais, da educação, da saúde e da previdência. Esses são cada dia mais vistos como mercadorias e subordinados à lógica e dinâmica de expansão do mercado. Ao longo dos anos, com a produção em massa, a ampliação do controle da jornada e a intensificação do trabalho, fatos proporcionados pela expansão do taylorismo e do fordismo, os acidentes de trabalho e adoecimentos com nexo passaram a fazer parte do cotidiano laboral (Antunes, 2020). No setor de mármore e granito, a predominância é de um ambiente laboral de alto risco para os trabalhadores diante dos perigos na inalação de partículas de silicose, grande contato direto com ruídos, vibrações, turnos noturnos e/ou rotativos da jornada, derrocada de solos, radiação ultravioleta, desconforto térmico — frio e calor intensos —, cronodisrupção — isto é, por posturas forçadas que são problemáticas quando mantidas por muito tempo, visto o risco de derrocada —, manuseamento de cargas, queda de objetos, uso de máquina, queda do próprio trabalhador ao mesmo nível e em altura, bem como entalhamento e esmagamento por chapas de mármore e rochas. Dessa forma, o ambiente de trabalho envolvendo a extração e o beneficiamento de rochas é considerado uma das atividades empresariais mais perigosas, pois os acidentes mortais ocorrem com frequência e são o dobro dos existentes no setor da construção civil. Isso se justifica pelo ambiente laboral com alta periculosidade, insalubridade e com uso de máquinas de grande porte, as quais são capazes de fazer mobilizações de cargas pesadas, bem como pela presença de grande quantidade de poeira de silicose, que acaba por diminuir a visão dos trabalhadores. Ademais, boa parte dos acidentes da área está associada às tarefas de manutenção, utilização de veículos e máquinas no próprio ambiente, quedas de alturas significativas e esmagamentos por pedras/rochas (Moulin & Minayo-Gomez, 2008). A atividade, embora importante, traz um complexo de desdobramentos sociais à região do estado ao promover agravos à saúde dos operários e acidentes fatais em face dos riscos de trabalho proporcionados pelo meio ambiente laboral. Esses serão tratados de maneiras específicas nesta pesquisa. 4 A efetivação ao trabalho decente: uma agenda socioambiental no mercado de trabalho de rochas Para uma melhor compreensão do tema, a primeira questão para se elucidar diz respeito ao conceito do trabalho digno, que tem uma expressão e significado próprios, com o intuito de preservar o direito social fundamental justrabalhista: O trabalho decente, em perspectiva que se pode chamar de institucional, deve ser compreendido como um conjunto de normas e ações que garantem àqueles que vivem do trabalho encontrar meios que garantam a sua subsistência e dos que lhe são dependentes, prestando o trabalho de forma que preserve a sua dignidade. Já na perspectiva pessoal deve ser um trabalho digno, ou seja, livre, igual, e em que direitos mínimos sejam garantidos. (Brito, 2019, p. 118). Nesse sentido, um dos principais fundamentos da Constitucional Federal, disposto em seu artigo 1º, é a dignidade da pessoa humana nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Assim são as dimensões contempladas pelo ordamento jurídico brasileiro, subdivididas em duas questões: a dignidade da pessoa humana sob a ótica da dignidade reconhecida à pessoa trabalhadora (Brasil, 1943). Dessa feita, tendo como percepção de que a atividade econômica do setor de rochas gera toda sorte de poluição e depósito de resíduos no meio ambiente laboral, correlacionando, assim, uma degradação ambiental laboral que atinge de forma direta os trabalhadores — a qual, recentemente, na década de 80, provocou o surgimento do conceito do Desenvolvimento Sustentável, que, grosso modo, visa conciliar crescimento econômico com preservação/controle ambiental. Apesar de sua boa acolhida, o conceito encontra grandes dificuldades práticas de implementação. Isto é, pois seus objetivos são integrados e indivisíveis, mesclando as três dimensões do desenvolvimento sustentável de forma equilibrada: a econômica, a social e a ambiental. Neste cenário, as questões socioambientais levantam uma importância crescente nas discussões sobre o crescimento econômico e as melhorias de vida da maior parte da população mundial, impondo desafios a serem enfrentados por todos (Silva, 2010). É dessa maneira que o direito do trabalhador é exposto como trabalho digno e fonte de recursos para a sua própria dignidade e promoção profissional. Pode-se afirmar que o patrimônio do trabalhador é a sua atividade profissional prestada ao longo da vida. Como tal, há de ser respeitado como bem maior que possui e pela função social que desempenha — advinda e regulamentada pela Constituição Federal de 1988, tendo superado o critério valorativo da economia capitalista ao incorporar o status de valor social e individual para o combate das desigualdades sociais. Dessa forma, os princípios e direitos fundamentais do trabalho que sustentam a noção de trabalho decente são um patamar básico e, ao mesmo tempo, uma meta importante para o trabalho do setor de rochas no viés do meio ambiente laboral. Assim, entende-se que a efetivação do trabalho decente, “[…] que pode ser definido como o trabalho produtivo adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e segurança e capaz de garantir uma vida digna ao trabalhador […]”, passa por um ambiente do trabalho salubre (Reis & Santos, 2014, p. 2). Assim, com base nos direitos sociais, o meio ambiente laboral do setor de rochas — que é conhecido pelo seu alto índice de periculosidade e insalubridade — deve apresentar ferramentas para a efetivação de um trabalho digno.
Conclusiones:
O artigo traz um debate de extrema relevância, apresentando a dignidade dos trabalhadores do setor de rochas do sul do ES e sua condição no que tange à efetivação dos direitos sociais. Isto é, voltados para o meio ambiente de trabalho do setor, com ênfase nos impactos socioambientais do mercado de trabalho. A reivindicação por direitos fundamentais está diretamente relacionada ao trabalho digno, uma vez que, laborando em condições decentes, o trabalhador tem a possibilidade de efetivar os seus direitos sociais e exercer o seu ofício em um ambiente controlado e desenvolvido de forma sustentável. Nesse prisma, ao analisar o trabalho decente como direito dos operários da área de rochas do ES no viés do ambiente de trabalho envolvendo a extração e o beneficiamento de rochas, esse é considerado tal qual uma das atividades empresariais mais perigosas, visto que se trata de um espaço laboral com alta periculosidade e insalubridade, em que há uso de máquinas de grande porte, as quais são capazes de fazer mobilizações de cargas pesadas. Além disso, cabe salientar a presença de quantidade expressiva de poeira de silicose — que acaba por diminuir a visão dos trabalhadores, dentre outros perigos específicos não abordados neste artigo. Assim, faz-se importante a relação entre o meio ambiente salubre e a concretização do trabalho decente. Dessa feita, embora a concretização do trabalho decente se aplique a muitas outras situações no mercado, é certo que um ambiente laboral seguro é um direito fundamental de todos, em especial daqueles que laboram no setor de rochas do sul do ES, os quais têm direito à dignidade no exercício das suas funções profissionais. Portanto, como objetivo principal, este artigo teve o intuito de relatar a importância do trabalho digno e a efetividade desse direito social no ambiente laboral dos trabalhadores do setor de mármore e granito da região sul do ES com o foco em dar visibilidade aos direitos à dignidade desses operários como direitos sociais. Também se considerou a importância de um mercado de trabalho voltado para a busca de um equilíbrio econômico social e ecológico de mercado.Antunes, R. (org.). (2020). Uberização, trabalho digital e indústria 4.0. São Paulo: Ed. Boitempo. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. 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Katálysis, Florianópolis, 22(1), 57-65. Recuperado de: https://www.scielo.br/j/rk/a/XVMxSPvRYVVj86YGbSqj56N/?lang=pt. Moraes, M. M. L. (2002). O direito à saúde e segurança no meio ambiente do trabalho. São Paulo: LTr. Moulin, M. G. B. (2006). O lado não polido do mármore e granito: a produção social dos acidentes de trabalho e suas consequências no setor de rochas ornamentais no sul do Estado do Espírito Santo. (Doutorado em Saúde Pública) 136 f. Tese – Programa de Pós-Graduação da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Moulin, M. G. B.; Minayo-Gomez, C. (ago., 2008). Pedras sobre vidas: vítimas e viúvas na indústria de mármore em Itaoca (ES). Ciência & Saúde Coletiva, 13(4), 1361- 1369. Recuperado de: https://www.scielo.br/j/csc/a/9dbRF4XDm5xc8QFktD7nQKd/abstract/?lang=pt. Nery, M. A. C.; Silva, E. A. (2001). O mineral de rochas ornamentais. Mimeografado. Pacheco, A. B.; Barros, M. E. B.; Silva, C. O. (2012). Trabalhar o mármore e o granito: entre cores e ritmos. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 15(2), 255-270. Prieur, M. (2011). Droit de I’environnement. 6. ed. Paris: Dalloz. Reis, S. S.; Santos, M. F. B. (2014). Trabalho decente e inclusão social: perspectivas de efetivação a partir do âmbito local. XI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEMANDAS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. VII MOSTRA DE TRABALHOS JURÍDICOS CIENTÍFICOS. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Sarlet, I. W.; Ferreira Neto, A. M. (2019). O direito ao "esquecimento" na sociedade da informação. Porto Alegre: Livraria do Advogado. Silva, J. A. (2013). Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores. SINDIMÁRMORE. (23 jun. 2022). Informação. Destinatário: Luanna da Silva Figueira. 1 mensagem eletrônica. SINDIROCHAS. (2022). Sindirochas Espírito Santo. 2022. Recuperado de: https://www.sindirochas.com/ Villaschi Filho, A.; Sabadini, M. S. (2000). Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais (mármore e granito)/ES. Rio de Janeiro: IE/UFRJ.
Bibliografía:
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Palabras clave:
Medio ambiente; Trabajo decente; Mármol y granito.
Resumen de la Ponencia:
Neste trabalho, buscarei debater a questão da mercantilização da natureza no capitalismo contemporâneo, a partir da perspectiva da crítica da economia política de Marx, entendendo como isso se dá hoje sob a égide da financeirização e do capital fictício. A ruptura metabólica se apresenta como uma necessidade das relações sociais capitalistas, separando os produtores de seus meios de vida, a humanidade da natureza, mas essa imanência assume especificidades e complexidades a partir do desenvolvimento histórico. Buscamos aqui entender essa materialidade da crise ecológica e como ela se apresenta hoje. Neste sentido resgatamos o desenvolvimento de um padrão de produção e consumo fóssil desde o capitalismo do pós guerra, derivando na atual crise climática. Debatemos como a transição para um capitalismo “verde” tem sido colocada como solução para a questão, sem no entanto enfrentar as raízes da questão. Pelo contrário, as promessas de uma economia verde se integram profundamente a lógica a financeirização e abrem novas fronteiras de acumulação e novos conflitos.Resumen de la Ponencia:
En los últimos años, las organizaciones sin fines de lucro mexicanas han experimentado crecientes restricciones institucionales para acceder a fondos públicos y privados.Estas restricciones, junto con la necesidad de actualizar sus procedimientos organizacionales para alcanzar sus objetivos de una manera más eficiente, han obligado a algunas de ellas a convertirse en empresas sociales o adoptar algunas de sus estrategias con el fin de ser sostenibles.De esta forma, la innovación social ha sido el paradigma a través del cual las organizaciones sin fines de lucro han podido transitar de ser dependientes de los recursos económicos de terceros a ser autosuficientes al hacer uso de su capital intelectual para obtener sus propios recursos y así continuar cumpliendo con el propósito para el cual emergieron.En esta propuesta se sostiene que la innovación social puede llevar a las organizaciones sin fines de lucro a encontrar vías alternativas para la solución de los problemas sociales teniendo en cuenta los contextos institucionales en los que están insertas.A través del uso de los conceptos fundamentales sobre innovación social y de la teoría organizacional, se formula una propuesta de análisis para organizaciones del tercer sector dedicadas al cuidado y preservación del medio ambiente.El trabajo consta de cuatro partes. En la primera, se presentan diferentes debates sobre la innovación social y los paradigmas desde los que ha sido estudiada -tecnología, procesos, productos y servicios, contexto social e institucional-. En segundo lugar, se presenta una descripción detallada del contexto institucional mexicano para las organizaciones sin fines de lucro. En la tercera parte se describen algunas organizaciones ambientalistas pertenecientes al tercer sector en México con el fin de analizarlas a partir del modelo de innovación social desarrollado. Y finalmente, se presentan conclusiones sobre los elementos y mecanismos que podrían adoptarse en la transición de organizaciones sin fines de lucro a empresas sociales.Resumen de la Ponencia:
Esta ponencia es resultado del trabajo de tesis que actualmente llevo a cabo en la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Aquí pretendo analizar la manera en que la reconfiguración capitalista de la década de los 90s bajo la forma neoliberal implicó a su vez una reorganización e intensificación en la explotación de los bienes comunes naturales bajo el modelo neo-extractivista, poniendo en punto clave, la manera en que estas redefiniciones generan afectaciones y violencias para las mujeres rurales mineras. En este sentido, me interesa analizar dos elementos: en primer lugar, rescato los debates teórico-conceptuales respecto al neoextractivismo actual en América Latina como resultado de una larga herencia colonial de configuración capitalista que ha establecido, en términos de Composto & Navarro (2014), un mecanismo expropiatorio de despojo que le permite anclarse en los territorios rurales generando consecuencias en diferentes ámbitos de la vida social, como lo ambiental, lo político y en las relaciones de género que se establecen localmente y que le permiten al mismo modelo reproducirse y mantenerse. De tal manera, el neoextractivismo resulta ser una apuesta actual de los Estados latinoamericanos tanto progresistas como conservadores que permite evidenciar las contradicciones inherentes al sistema capitalista. En segundo lugar, analizo las afectaciones y violencias directas que genera el neoextractivismo para las mujeres rurales en general y las mujeres mineras en particular. A partir de este elemento busco comprender cómo la implantación del modelo en los territorios crea a su vez dinámicas violentas directas hacia las mujeres, tanto laborales en tanto implica procesos de precarización e invisibilización de los trabajos mineros que llevan a cabo, como violencias que tienen una connotación directa de género, es decir, la violencia sexual ligada a los procesos de militarización o la violencia alimentaria ligada a la contaminación de los bienes naturales. Poner atención a la manera en que están inmersas las mujeres dentro del neoextractivismo, implica releer en términos amplios la manera en que sus cuerpos y trabajos productivos/ reproductivos aparecen dentro del sistema capitalista, tarea que han adelantado tanto teóricas feministas marxistas como latinoamericanas. Todos estos elementos evidencian puntos de encuentro entre el capitalismo y el patriarcado en los territorios rurales.Resumen de la Ponencia:
En esta ponencia se propone analizar el modelo interpretativo (Vasilachis de Gialdino, 2013) que subyace a la actual Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para ello se ha realizado un análisis sociosemiótico de los principales documentos producidos y puestos a circular en el ámbito de Naciones Unidas, con el objetivo de dar cuenta de las formas en que se construye discursivamente el rol de la innovación científica y tecnológica para el desarrollo sostenible, así como su vínculo con el comercio transnacional.Entre los principales resultados obtenidos, se ha encontrado que la innovación científico-tecnológica aparece en la Agenda 2030 como una dimensión esencial del comercio global, y esto por dos grandes razones. En primer lugar, porque contribuye al valor añadido de los productos que se comercializan: si a mediados del siglo XX el desarrollo aparecía ligado a los procesos de industrialización, actualmente la tendencia está dada por el valor agregado del contenido cognitivo del trabajo (Dieuaide y Paulré, 2006; Moreno Gálvez, 2017; Sztulwark, 2017). En segundo lugar, porque permite modificar las propias estructuras productivas, volviéndolas más sostenibles, al ser concebidas como “resilientes” y respetuosas del clima y la biodiversidad. En esta concepción entra en juego la búsqueda por un empleo verde, entendido como la conjugación del trabajo decente y la sostenibilidad ambiental, en lo que se ha denominado como una “transición justa” (Erns et al, 2019). Este punto es de gran importancia para entender el impulso que desde el Foro Económico Mundial se le está dando a la así llamada “Cuarta Revolución Industrial” (VV.AA., 2018; Asch, 2020; Botto, 2020). Con este trabajo esperamos arrojar luz sobre las disputas y tensiones existentes entre la búsqueda por poner en práctica soluciones reales ante la crisis ambiental que atravesamos, y el impulso economicista a enmarcarlas dentro del capitalismo cognitivo. ReferenciasDieudaide, Patrick; Paulré, Bernand; Vercellone, Carlo (2006). “Introducción al capitalismo cognoscitivo”. Economía Informa, (338), 15-22.Ernst, Christoph; Rojo Brizuela, Ana Sofía; Epifanio, Daniele (2019). “Empleos verdes en Argentina: oportunidades para avanzar en la agenda ambiental y social”. Revista de la CEPAL, (129), 55-77.Moreno Gálvez, Francisco Javier (2017). “Contradicción y crisis en el capitalismo cognitivo”. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, (133), 101-111.Stzulwark, Sebastián (2017). “Valorización del conocimiento y cambio estructural en una coyuntura de ajustes regresivos”. Realidad Económica, (308), Año 46, 7-21.Vasilachis de Gialdino, Irene (2013). Discurso científico, político, jurídico y de resistencia. Análisis lingüístico e investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. VV.AA. (2018). La cuarta revolución industrial desde una mirada ecosocial. Madrid, EcoPolítica: Clave intelectual.Resumen de la Ponencia:
Devido a necessidade de controle e monitoramento do meio ambiente, surge uma nova vertente da Contabilidade, a Contabilidade Ambiental, que visa registrar os fatos econômicos e financeiros relacionados ao meio ambiente, surgiu várias ferramentas para mensurar tais aspectos, porém dentre elas se optou pela ferramenta Sistema Contábil Gerencial Ambiental (SICOGEA), a partir disso teve como objeto de estudo uma Instituição de Ensino Superior (IES) do Estado do Paraná. O artigo tem como objetivo: Demostrar os indicadores de desempenho de práticas sustentáveis adotas pela Instituição de Ensino Superior do Estado do Paraná. A metodologia adotada para desenvolver este estudo foi o método misto, se caracterizando como um estudo de caso, utilizando se para a coleta dos dados o questionário do SICOGEA, que consiste na aplicação de uma lista de verificação, a partir desta lista é possível efetuar os cálculos dos indicadores ambientais. Resultado: Desse modo, observa-se que a instituição possui um indicador geral de sustentabilidade de 48,18%, considerado “Regular”, isso significa que ela atende apenas a legislação, o que teve maior contribuição para obtenção deste resultado foi o tratamento dos resíduos gerados. Considerações finais: O que podemos evidenciar é que de acordo com os dados, falta muito para a IES alcançar a eficiência sustentável, o ponto que é mais destacado, e que tem mais ações é o tratamento de resíduos, porém outros fatores precisam receber maior atenção, tais como: eficiência energética e o envolvimento da contabilidade no monitoramento dos fatos relacionados ao meio ambiente.Resumen de la Ponencia:
Este trabalho se propõe apresentar as possibilidades de estudos a partir da Sociologia econômica, sobre diferentes lógicas e racionalidades econômicas utilizadas em processos de valoração ambiental. Elegemos o mercado de seguros ambientais e as ações judiciais ambientais como possibilidades de amostras de investigação destes processos de construção do valor monetário ambiental. Os mercados, passíveis de análise sociológica, são compreendidos e estudados aqui como construções sociais, os processos que ocorrem no estudo dos mercados incluem, de forma central as relações sociais que se estabelecem e que determinam as dinâmicas econômicas que refletem uma precificação do meio ambiente. Apresenta a pesquisa em andamento que é uma oportunidade de aprofundar estudos e cobrir lacunas da investigação realizada em nível de mestrado, no qual se investiu na construção do mercado de Seguros Ambientais. Partimos da busca por visualizar a continuidade dos estudos sobre formas de valorização dos bens ambientais e como esses constroem um valor monetário para o meio ambiente. No primeiro momento esta investigação buscava apenas empresas poluidoras que contratam Seguros Ambientais com a intenção como elas internalizam exigências de gestão ambiental para evitar a ocorrência de incidentes de infrações ou crimes ambientais e, nesse contexto, buscar a construção do valor da apólice do Seguro contratado.Encontrando dificuldades de acesso às experiências do mercado segurado diante do cenário de pandemia mundial por incidência do vírus covid-19, acrescemos a esta linha de investigação um estudo sobre a valorização monetária do meio ambiente pelo Judiciário, considerando processo que envolve Pessoas Jurídicas e que nos trazem a narrativa de lesão e reparação monetária para análise do processo de precificação dos danos.A ideia ao final é alcançar um quadro comparativo que demonstre como são construídos diferentes lógicas de valoração entre o que as seguradoras consideram no cálculo do preço para as apólices e como o Judiciário realiza esse cálculo em casos de ocorrência de ilegalidades nas atividades econômicas de risco ambiental.Resumen de la Ponencia:
El proyecto “Más allá de la facturación: el trabajo con las tiendas de ropa de segunda mano en Chapinero y su aporte al medio ambiente” surge en el marco del incremento de la difusión y el posicionamiento como alternativa sostenible de la ropa de segunda mano en el contexto de la pandemia por lo que los aspectos ambientales que transversalizan la ropa de segunda mano empiezan a reconocerse. De esta manera, el centro del proyecto es la conciencia y el aporte ambiental que tiene la ropa de segunda mano dentro de las dinámicas de la producción de ropa masiva conocidas como el “fast fashion”. Para realizar el proyecto se realizó un diagnóstico en el que se abarca la historia de la ropa de segunda mano frente a sus inicios en Bogotá, además junto con la tienda Toneladas de Ropa Usada (TONS) ubicada en la localidad de Chapinero en Bogotá se contacta a la Alcaldía de esta localidad con el fin de conocer los procesos e indicadores acerca de la conciencia ambiental frente a la ropa de segunda mano en la localidad, teniendo el diagnóstico se realiza una serie de conversatorios, programas radiales y ferias con el fin de resaltar la labor socio ambiental que promueven las tiendas de segunda mano tanto virtuales como presenciales teniendo como centro de concientización los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. De este modo, la ponencia se trata de una reflexión sobre la experiencia que se dio en el marco del proyecto de concientización ambiental frente a la ropa de segunda mano en la Universidad Santo Tomas. Asi, se ubica dentro de la mesa de Medio ambiente, economías solidarias y desarrollo sostenible (GT14), dentro de la línea temática educación ambiental, nuevas pedagogías y procesos de transformación social ya que nuestro proyecto tiene como propósito generar conciencia ambiental a través del reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, promoviendo su uso y compra desde difusiones pedagógicas alternativas a la comunidad de la Universidad Santo Tomás.
Introducción:
La humanidad tiene un estimado de los recursos naturales que la tierra produce y que son utilizados en la producción de elementos que satisfacen las necesidades, por ende, hay una medición de su uso por cada año; en los últimos registros, la fecha en que se agotan los recursos previstos se ha adelantado, es decir, se consumen todos antes del momento estipulado. El 2021 contó con el Día del Sobregiro Ecológico de la Tierra el 29 de julio, a solo 7 meses de transcurrido el año, ya la cuota de los recursos biológicos fue agotada. Las consecuencias de todo esto se ven reflejadas en los cambios climáticos abruptos como las olas de calor e inundaciones, ante esto, no se trata de reducir extremadamente el consumo, se trata es de ser más conscientes con el mismo.
En este orden de ideas, la industria de la moda abarca algo llamado el fast fashion, o moda rápida, “se refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda, en función de las tendencias y una necesidad inventada de innovación, lo que contribuye a poner en el mercado millones de prendas y fomentar en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal” (Greenpeace México; 2021) lo que genera esto es que, en un corto periodo de tiempo se produzcan en masa elementos que generen tendencias, pero, que van a ser constantemente desechados por el mismo consumidor al haber cambios y nuevas producciones. Sumado a esto la ropa se produce en lugares con precarización del empleo, en donde deben trabajar largos turnos para así mismo, producir al ritmo en que salen las colecciones.
Puesto que, la industria de los textiles es algo que no está destinada a desaparecer, su posición en los temas del cambio climático podría dejar de ser tan crítica como lo es hoy en día. Esto lleva a pensar en un consumo más sostenible. La venta de prendas usadas, que se define como La segunda mano es un concepto directamente relacionado con la sostenibilidad, pues se trata de extender la vida útil no solo de la ropa sino de los objetos materiales, define Lunareja (2021) para la revista Diners. Es así, el comercio entre objetos que han sido previamente usados y que son donados o vendidos para tener una vida útil con otro dueño. Dicha práctica, según Vogue (2020), se da en distintos niveles de los objetos materiales, es decir, no solo se revenden objetos de menor costo, sino que los objetos de lujo también están dentro del comercio de segunda mano, tanto a nivel mundial como en Colombia ha tomado fuerza en pro de mejorar esas condiciones de consumo, Bogotá tiene 40% de la participación en las compras de ropa de segunda mano, estas tiendas pueden ser tanto físicas como virtuales, permitiendo a su vez que el alcance de este tipo de consumo se vaya incrementando, así, la segunda mano, sobre todo en la ropa, ha transformado la forma de adquirir objetos, que en los últimos años ha tenido auge y que, según Cantillo (2021) “la ropa vintage y de segunda mano está alejándose del concepto negativo que se le tenía en un pasado no tan lejano y que, por el contrario, cada vez son más las personas que están optando por estas iniciativas que no solo hacen parte de un intento por lucir prendas únicas y exclusivas, sino también de un esfuerzo por mejorar las condiciones ambientales actuales”.
Por lo anteriormente mencionado, la importancia del proyecto es en función del propósito de generar conciencia ambiental a través del reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, promoviendo su uso y compra desde difusiones pedagógicas alternativas en la comunidad de la Universidad Santo Tomás, teniendo en cuenta que la conciencia ambiental se define como un concepto que involucra el conocer y ser parte de las acciones que garanticen el óptimo funcionamiento de los espacios sociales, económicos y por supuesto, ambientales, fomentando así, que las consecuencias de las mismas sean de bajo impacto y que de esta forma, futuras generaciones puedan seguir desarrollando sus actividades con una conducta sostenible. Es por esto que, Lafuente y Jimenez definen este concepto como: determinados procesos asociados a las acciones que intentan reducir el impacto ambiental de la acción humana (pp. 122). Dejando en claro que las acciones son las principales respuestas a la existencia de una conciencia del espacio en que se desenvuelve el ser humano. No se puede dejar de lado que para tener un conocimiento sobre la conciencia ambiental que poseen cada una de las personas, se deben de abordar las siguientes dimensiones, lo que permite que el panorama para saber si se da o no, esta conciencia ambiental sea claro y óptimo en relación a las acciones realizadas.
Por otro lado, la compra dentro del país se desarrolla gracias los recicladores, quienes recuperan la ropa que desecha la ciudadanía y la venden en Plaza España, un lugar que por seis décadas ha reunido a familias campesinas bogotanas que se dedicaron al negocio de la ropa usada, donde en la actualidad se centraliza el negocio de la ropa usada, donde las tiendas van y adquieren ropa, sin embargo la problemática de ésto es que evidencia que las personas desechan la ropa, generando contaminación. Finalmente, existen eventos donde las personas pueden ir a vender la ropa que no usan a las tiendas, que genera una línea sostenible de la ropa dándole una nueva oportunidad.
Es así como surge el trabajo junto a la tienda de ropa de segunda mano Toneladas de Ropa Usada (Tons) en la ciudad de Bogotá. Tons es una tienda que surgió en el 2019 como una tienda virtual y en el 2021 abrieron su punto físico. La tienda se dedica además de vender ropa, a hacer eventos y trueques en función a la ropa de segunda mano. Además, reciclan ropa junto con una diseñadora para poder realizar bolsos y otro tipo de accesorios. La tienda en sí cuenta con un catálogo a través de redes sociales, sin embargo su modo de venta es a través de su tienda física en la localidad de Chapinero. A pesar de que la Secretaría de Ambiente define año tras año por cada localidad un indicador de gestión ambiental empresarial, que se trata de una herramienta de acompañamiento para mejorar la implantación de estrategias ambientales, las tiendas de segunda mano no están vinculadas con éste proceso a pesar de su labor socioambiental.
Desarrollo:
Dentro de las conversaciones realizadas con la directora de Tons, se evidenció que los vacíos respecto al alcance de la tienda se tratan de la recepción en jóvenes, no sólo en cuanto a la compra, sino a la importancia ambiental que tiene la ropa de segunda mano, por desconocimiento acerca de la la proveniencia de la ropa lo que genera estigmas frente a ésta; teniendo en cuenta que existen tres formas de que las tiendas adquieran ropa: la primera consiste en importar ropa de las devoluciones de las tiendas de Estados Unidos, que empacan y venden, sin embargo esto genera un desecho de ropa y una sobreproducción puesto que dentro del sistema de las tiendas, las ventas están registradas y es necesario producir más para llenar esos vacíos; a éste sistema se le llama pacas.
Ahora bien, en un principio, para desarrollar el proyecto social frente a la conciencia socioambiental en el consumo textil y el papel de la ropa de segunda mano en la industria de la moda, fue necesario realizar un diagnóstico inicial donde se identificaron las principales problemáticas en los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Se halló que que los vacíos respecto al alcance de la tienda se tratan de la recepción en jóvenes, no sólo en cuanto a la compra, sino a la importancia ambiental que tiene la ropa de segunda mano, por desconocimiento acerca de la la proveniencia de esta, lo que genera estigmas, que es una característica que marca una diferencia y que atrae la desaprobación del entorno social (Goffman, 1986). Por lo cuál el punto inicial fue enfocar las diferentes herramientas de metodologías alternativas hacia la reducción de estigmas y conocimiento de la proveniencia de la ropa de segunda mano.
Además, la metodología bajo la que se realizó el proyecto fue la investigación acción participativa, que se define como el proceso por el cual un grupo o colectivo a través de la recolección y análisis de información colectada por sí mismos con el propósito de transformar su realidad en diferentes aspectos (Balcazar, 2003). En ese sentido, el proyecto tuvo curso en cuanto a que las y los jóvenes de la universidad Santo Tomás, participando de las pedagogías alternativas propuestas desde el proyecto, recolectaron información para transformar por cuenta propia la percepción y consumo de la ropa de segunda mano.
Mediante tres estrategias de la industria de la ropa de segunda mano, fuera de la compra y venta, se llevó el proceso del proyecto y fueron las líneas eje para la transformación y alcanzar el propósito de generar conciencia ambiental a través del reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, promoviendo su uso y compra. Para iniciar, el trueque, que se define como la práctica donde se intercambian bienes y servicios por otros objetos, sin que el dinero sea un medidor del intercambio; donde además se da la oportunidad de reducir el consumismo (Soto, 2020). En el caso del proyecto, la oportunidad de realizar un intercambio de prendas brindó generar un primer acercamiento a los participantes frente al contexto de la ropa de segunda mano, para que en las siguientes fases del proyecto hubiese un conocimiento base.
En segundo lugar, siendo el tipo de pedagogía alternativa que más transformaciones implicó en la comunidad a lo largo del proyecto, fueron los talleres de suprareciclaje. El suprareciclaje es una práctica que se trata de revalorizar prendas que han sido descartadas a través de su transformación estética, siendo un nuevo objeto o una nueva prenda (Rey, 2020). Así, mediante una serie de talleres de suprareciclaje, las personas no solo adquirieron y practicaron diferentes dinámicas de la ropa de segunda mano, sino que conocieron y generaron nuevas percepciones de la segunda mano, reduciendo estigmas y conociendo la procedencia de las prendas.
En tercer lugar, los programas radiales y podcast fueron el medio de comunicación para desarrollar y expandir los conocimientos más teóricos sobre la ropa de segunda mano. Los programas en un formato académico permitieron un contraste con los podcast, teniendo un alcance mayor de audiencia con diferentes intereses, teniendo en cuenta que uno de los medios de comunicación más grandes en la actualidad son las plataformas que albergan audios de diferente tipo para el alcance de las personas.
Es así como los tres tipos de pedagogías alternativas anteriormente mencionados permitieron generar de formas alternativas a las tradicionales, no solo de la ropa de segunda mano sino de las pedagogías en general, un nuevo conocimiento y transformar la realidad frente a la conciencia socio ambiental a través del reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, promoviendo su uso y compra.
Conclusiones:
Con el propósito de cumplir con la finalidad del proyecto que consiste en generar conciencia ambiental por medio de reconocimiento de la ropa de segunda mano y reducción de estigmas de esta, se genera un diagnóstico sobre la problemática que hay entorno al impacto de la industria textil y como la ropa de segunda mano se presenta como una alternativa para disminuir estos daños a la cual no se le ha dado visibilidad.
Durante el contacto que se generó con la tienda Tons y el acercamiento a la comunidad inicialmente estudiantil, se evidencia que no existe un amplio conocimiento de la labor que tienen las tiendas de ropa de segunda mano, como acceder a ellas y de donde provienen las prendas que se pueden adquirir. Gracias a este hallazgo se pudieron implementar alternativas durante el proceso de ejecución de las diferentes actividades propuestas con el fin de ampliar el panorama de los estudiantes sobre el beneficio social, ambiental y económico que generan las tiendas de segunda mano, de igual manera dando alternativas sobre cómo se puede acceder a estas tiendas ya sean físicas o virtuales. Esto con el fin de cumplir con uno de los objetivos específicos del proyecto con respecto a fomentar el conocimiento acerca de dónde proviene la ropa de segunda mano junto a las tiendas de segunda mano.
Así, se evidencia que la mayoría de la población no conocía prácticas sobre el cuidado de las prendas, como reutilizar aquellas prendas que ya no se consideran útiles y así desecharlas responsablemente para disminuir el impacto ambiental que los residuos textiles pueden generar. Este hallazgo permitió promover el uso consciente de la ropa y el presentar alternativas como el suprareciclaje para incentivar la transformación de las prendas y que están puedan seguir un ciclo útil, en caso de que no sea posible restaurar o reutilizar estas prendas se buscó una alternativa para poder desechar de manera responsable las prendas con ayuda de organizaciones como lo es la ONG Clothe Ropa Moda Sostenible quienes se encargan de elaborar reciclaje textil con la fabricación de carbón ecológico.
Otro hallazgo que es visible durante la ejecución del proyecto, es como la falta de información que se da al momento de tratar sobre la ropa de segunda es por la carencia de difusión en la población lo que limita su reconocimiento. Es así, como para dar cumplimiento a un tercer objetivo sobre la difusión del conocimiento frente a la importancia socioambiental de la ropa de segunda mano, se elabora una revista recopilando la información obtenida durante la implementación del proyecto, la cual abarca desde la historia de la ropa de segunda mano y la influencia que tiene en otras perspectivas como lo es en lo ambiental, en la educación, entorno a diferentes comunidades como la LGTBIQ+ y la lucha de clases, hasta aquellos mitos que siguen entorno a la ropa de segunda mano. Es importante destacar que esta no solo recopila información sino que también permite que nuevos lectores tengan la posibilidad de participar de procesos de conciencia socioambiental frente a el consumo.
Finalmente, se puede concluir que promover la difusión de los productos como lo son la revista, el podcast y la elaboración de talleres adicionales, con el fin de tener mayor alcance y concientizar a más población estudiantil dentro del sector de Chapinero seguirá siendo una labor constante para generar un impacto positivo y notorio.
Bibliografía:
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Palabras clave:
Segunda mano, proyecto social, medio ambiente.
Resumen de la Ponencia:
Esta investigación, se centró en estudiar los vínculos de las comunidades mapuche con los proyectos ERNC a nivel territorial y a través de esto estudiar los distintos procesos de economización (Çalışkan y Callon, 2010 y 2009) y las modalidades de valorización económica (Fourcade, 2011); comparando visiones más de mercado con otras formas alternativas o diversas de economización (Gibson-Graham, 2008) centradas en valor de uso. Por medio de un estudio de casos múltiples (Yin, 2009:46-16) y un Método etnográfico/narrativo (Gibbs, 2012), se determinaron tres casos, dos proyectos asociados a un uso comercial: El Proyecto Eólico entre ríos de la empresa MAINSTREAM y el proyecto Eólico Lonquimay de la empresa SOWITEC; y un proyecto asociado a un a uso alternativo, el proyecto Barrio con Pertenencia Mapuche “kume Monguen” de la comunidad Admapu Molcheñancu. Dentro de los resultados obtenidos podemos dar cuenta de que la vinculación comunidad/ERNC con fines mercantiles tienden a mayor fricción con las prácticas cotidianas y comunitarias de la organización mapuche local. Por el contrario, las formas experimentales de uso alternativo han mostrado mayor éxito en esta asociación, producto del valor de uso. Pero también tienden a friccionar con los mecanismos de regulación, principalmente de la administración local (Municipios).Resumen de la Ponencia:
En plena pandemia, se aprobó el “nuevo” marco para el saneamiento básico brasileño, la ley 14.026/2020. Esta ley promovió cambios en varias otras leyes, entre ellas: la ley n. 9.984/2000, que creó la Agencia Nacional del Agua (ANA); ley nro. 10.768/2003, que trata del personal de la ANA; ley nro. 11.107/2005, que prevé los consorcios públicos; ley nro. 11.445/2007, que estableció la Política Nacional de Saneamiento Básico; ley nro. 12.305/2010, que trata sobre la disposición final de relaves; la ley 13.089/2015, que prevé las regiones metropolitanas; ley nro. 13.529/2017. Como se puede apreciar, se trata de una norma federal que promueve un amplio cambio en el marco legal, no siendo un mero tratamiento “cosmético”, sino un procedimiento de profunda transformación en el sector. Es cierto que las cifras de acceso a saneamiento en el país son pobres, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales. Pensando en términos regionales, más de 100 millones de personas no tienen acceso a recolección y tratamiento de aguas residuales, y la mayoría de estos servicios son proporcionados por proveedores públicos. Esto lleva a la falsa conclusión de que el problema radica en la prestación de los servicios por parte de las empresas públicas y que la solución sería abrir ampliamente el sector a los proveedores privados en sus diversas modalidades. Por ello, entendemos la necesidad de profundizar el debate analizando los primeros efectos de la nueva ley que modifica la política nacional de saneamiento. Por lo tanto, esta propuesta tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación realizada en el grupo PRIVAQUA, un grupo de estudio vinculado a la FioCruz en colaboración con la Universidad Federal de Campina Grande. El tema central a abordar será sobre el modelo de regionalización del saneamiento y sus controvertidos lineamientos que apuntan a un proceso de debilitamiento del saneamiento y de participación y no de universalización. Esta nueva ley aborda el pacto federativo nacional de manera muy controvertida, mitigando el rol municipal en las decisiones sobre saneamiento y trayendo incertidumbres sobre la universalización en regiones y municipios más vulnerables socioambientalmente. Ciertamente, la pandemia desvió la atención necesaria que demandaba el tema hacia una discusión amplia sobre el saneamiento urbano y rural en el país y las implicaciones de adoptar otro modelo. Así, pretendemos abordar 4 casos específicos de regionalización en diferentes etapas de implementación, entre ellos: el caso de Río de Janeiro, el caso de Alagoas, el caso de Paraíba y, finalmente, el caso de Minas Gerais.
Introducción:
Nuestro objetivo es analizar la importancia de la financiarización para avanzar en la privatización del saneamiento básico en América Latina, específicamente en Brasil; Revisar cómo la financiarización ha abordado los servicios de saneamiento en los centros urbanos, analizar los casos más emblemáticos que sirvan de paradigma para entender el sector saneamiento financiarizado. La investigación tuvo algunas etapas, entre ellas: Análisis de cuáles son las empresas sanitarias que cotizan en Bolsa; se verificó cómo estas empresas están posicionadas en América Latina; se realizó una investigación bibliométrica de la literatura especializada en inglés y español que trata sobre la financiarización del saneamiento. El tema de la financiarización es muy debatido y estudiado, y es posible verificar una vasta producción académica. En el campo del urbanismo es posible identificar una amplia experiencia en el mismo. Sin embargo, aún es posible percibir posibilidades de avance cuando el tema central es la “financiarización del saneamiento”, ya que aún se necesitan estudios en este prisma. En este punto, se percibe una tensión entre el saneamiento como derecho social y como mercancía, en una lógica financiarizada. La pregunta propuesta en esta investigación es verificar ese avance de la financiarización sobre el saneamiento, o sea, cómo se está dando ese proceso, teniendo como campo de análisis la liberalización en ese sector en Brasil. De hecho, hay impactos en la realización del saneamiento como un derecho humano y social en países como Brasil, que tienen un amplio espectro de personas vulnerables en áreas urbanas y rurales. Así, dos hipótesis deben ser planteadas en este estudio: 1) Que la financiarización del saneamiento no es capaz de cumplir con la universalización del derecho humano al saneamiento; 2) Este proceso de financiarización solo incluye los centros urbanos, siendo secundarios los espacios rurales. En 2020, la Ley No. 14.026, denominado nueva ley de saneamiento. Esta ley trajo consigo una amplia reforma del sector saneamiento, abriendo claramente un espacio para que el sector privado actuara en la provisión de servicios de saneamiento a la población. Esta ley hace obligatoria la licitación pública sin privilegios para las empresas estatales, que realizan la mayor parte de la provisión de saneamiento a la población, eliminando el contrato programa y el subsidio cruzado. Las primeras subastas del sector, específicamente en el Estado de Alagoas, noreste de Brasil, en el Estado de Río de Janeiro, Sudeste de Brasil, y en Amapá, Norte de Brasil, ya indican el perfil de los prestadores de servicios, especialmente en zonas urbanas, grandes empresas que tiene a sus espaldas a grandes inversores, o una pulverización de las mismas en bolsa, por ejemplo. Existía un fuerte potencial de incumplimiento de las metas establecidas por el ODS 6 de Naciones Unidas, cuanto a la universalización del saneamiento.
Desarrollo:
Problema planteado, principales hipótesis y resultados
El tema de la financiarización es muy debatido y estudiado, y es posible verificar una vasta producción académica. En el campo del urbanismo es posible identificar una amplia experiencia en el mismo. Sin embargo, aún es posible percibir posibilidades de avance cuando el tema central es la “financiarización del saneamiento”, ya que aún se necesitan estudios en este prisma. En este punto, se percibe una tensión entre el saneamiento como derecho social y como mercancía, en una lógica financiarizada. La pregunta propuesta en esta investigación es verificar ese avance de la financiarización sobre el saneamiento, o sea, cómo se está dando ese proceso, teniendo como campo de análisis la liberalización en ese sector en Brasil. De hecho, hay impactos en la realización del saneamiento como un derecho humano y social en países como Brasil, que tienen un amplio espectro de personas vulnerables en áreas urbanas y rurales. Así, dos hipótesis deben ser planteadas en este estudio: 1) Que la financiarización del saneamiento no es capaz de cumplir con la universalización del derecho humano al saneamiento; 2) Este proceso de financiarización solo incluye los centros urbanos, siendo secundarios los espacios rurales. En 2020, la Ley No. 14.026, denominado nueva ley de saneamento en Brasil fue criada. Esta ley trajo consigo una amplia reforma del sector saneamiento, abriendo claramente un espacio para que el sector privado actuara en la provisión de servicios de saneamiento a la población. Esta ley hace obligatoria la licitación pública sin privilegios para las empresas estatales, que realizan la mayor parte de la provisión de saneamiento a la población, eliminando el contrato programa y el subsidio cruzado. Las primeras subastas del sector, específicamente en el Estado de Alagoas, noreste de Brasil, en el Estado de Río de Janeiro, Sudeste de Brasil, y en Amapá, Norte de Brasil, ya indican el perfil de los prestadores de servicios, especialmente en zonas urbanas, grandes empresas que tiene a sus espaldas a grandes inversores, o una pulverización de las mismas en bolsa, por ejemplo.
Si buscamos en la literatura solo la palabra “derechos humanos”, probablemente solo tendremos un conjunto de artículos que abordan explícitamente este tema. Esto se hizo como una prueba en el presente enfoque. Sin embargo, los derechos humanos se reflejan de manera difusa en diferentes prácticas, normas, acciones, etc. A partir del reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, estos derechos se abordan a través de las cinco dimensiones normativas de los derechos humanos al agua y al saneamiento.
Por lo tanto, esta expresión amplia debe tener en su significado las siguientes expresiones clave: disponibilidad, es decir, acceso al agua y al saneamiento; segundo, debe tener accesibilidad física, es decir, los servicios de agua y saneamiento deben ser accesibles para todos en forma permanente; el tercer componente se refiere a la calidad y seguridad, es decir, el agua debe ser apta para el consumo humano y otros usos; La asequibilidad es fundamental, es decir, el acceso al agua y al saneamiento no debe obstaculizar la capacidad de pagar otras necesidades; la aceptabilidad se refiere a las instalaciones de agua y saneamiento que deben ser culturalmente aceptables. La siguiente tabla desglosa el contenido normativo de los derechos humanos para una mejor visualización de los conceptos. Es importante consultar la Tabla 2.Tabla 2 – Dimensiones del derecho humano al agua y al saneamiento
Contenido normativo
Definición
Aceptabilidad, privacidad y dignidad
Las instalaciones de agua y saneamiento no se utilizarán si no cumplen con los estándares sociales o culturales de las personas a las que deben servir. La aceptabilidad tiene implicaciones importantes para la dignidad y la privacidad, que son en sí mismos principios de derechos humanos que impregnan el derecho internacional de los derechos humanos, y son especialmente relevantes para el derecho humano al saneamiento y la higiene asociada.El agua debe tener un olor, sabor y color aceptables para satisfacer todos los usos personales y domésticos. La propia instalación de agua debe ser aceptable para el uso previsto, especialmente para la higiene personal. Las instalaciones sanitarias solo serán aceptables para los usuarios si el diseño, ubicación y condiciones de uso son apropiados para las culturas y prioridades de las personas. Las instalaciones sanitarias que son utilizadas por más de una familia siempre deben estar separadas por sexo y construidas de tal manera que garanticen la privacidad. Los baños para mujeres y niñas deben tener instalaciones para el manejo de la higiene menstrual y para desechar los materiales menstruales. Particularmente con respecto al saneamiento y la higiene asociada, existen numerosas prácticas que son inaceptables desde una perspectiva de derechos humanos. Estos incluyen la limpieza manual de los desechos y los tabúes asociados con las mujeres y las niñas durante la menstruación.
Accesibilidad
La infraestructura de agua y saneamiento debe ubicarse y construirse de manera que sea genuinamente accesible, considerando a las personas que enfrentan barreras específicas, como niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas. Los siguientes aspectos son particularmente importantes:Diseño de las instalaciones: Las instalaciones de agua y saneamiento deben diseñarse de tal manera que los usuarios puedan llegar físicamente a ellas en todo momento. El tiempo y la distancia que lleva recolectar agua o llegar a un baño determina la cantidad de agua que recolectarán los usuarios y si usarán el baño o defecarán al aire libre. Siempre es preferible el acceso desde el hogar, pero en el proceso de realización progresiva, las soluciones provisionales, como los puntos de agua de uso comunitario, pueden, en el corto plazo, cumplir con las obligaciones de derechos humanos.Ubicación de las instalaciones: Crucial para garantizar la seguridad física de los usuarios. Las instalaciones sanitarias, en particular, deben ser de fácil acceso a través de vías seguras; es preferible que estas instalaciones y caminos estén bien iluminados por la noche.
Asequibilidad
Las personas deben poder pagar los costos de sus servicios de agua y saneamiento, así como la higiene asociada a ellos. Esto significa que el precio pagado para satisfacer todas estas necesidades no debe limitar la capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios básicos garantizados por otros derechos humanos. Aunque los derechos humanos no exigen que los servicios se proporcionen de forma gratuita, los Estados tienen la obligación de proporcionarlos de forma gratuita o de crear mecanismos de subvención adecuados para garantizar siempre la asequibilidad de los servicios a los más pobres.
Disponibilidad
La disponibilidad requiere que las instalaciones de agua y saneamiento satisfagan las necesidades de las personas ahora y en el futuro.El suministro de agua debe ser suficiente y continuo para los usos personales y domésticos.Debe haber un número suficiente de instalaciones de saneamiento para garantizar que se satisfagan las necesidades de cada persona. Cuando las instalaciones sean compartidas, se deben evitar largos tiempos de espera. Además, se debe garantizar la recolección, transporte, tratamiento y eliminación (o reutilización) de los desechos humanos, y la higiene asociada a estos procedimientos.Debe haber instalaciones que cumplan con los requisitos de higiene dondequiera que se ubiquen retretes y letrinas, donde se almacene agua y donde se preparen y sirvan alimentos, en particular para el lavado de manos, el manejo de la higiene menstrual y el manejo de las heces de los bebés. Las instalaciones y los servicios de agua, saneamiento e higiene deben estar disponibles no solo a nivel del hogar, sino en todos los lugares donde las personas pasan una cantidad significativa de tiempo. Esto incluye instituciones educativas y de salud como clínicas y escuelas, centros de detención como prisiones y lugares de trabajo, mercados y otros lugares públicos.
Calidad y Seguridad
Es necesario garantizar la calidad y seguridad de los servicios de agua y saneamiento para proteger la salud de los usuarios y del público en general.El agua debe ser de calidad segura para el consumo humano (para beber y preparar alimentos) y para la higiene personal y doméstica. Debe estar libre de microorganismos, químicos y peligros radiológicos que representen una amenaza para la salud humana. Las instalaciones sanitarias deben ser seguras de usar y deben prevenir de manera efectiva el contacto humano, animal e insecto con los desechos humanos para garantizar la seguridad y proteger la salud de los usuarios y la comunidad. Los baños deben limpiarse periódicamente y contar con instalaciones higiénicas para lavarse las manos con agua y jabón. Las mujeres y las niñas también requieren instalaciones que permitan la gestión de la higiene menstrual, incluida la eliminación de productos menstruales. Garantizar un saneamiento seguro también requiere promover la educación en higiene para garantizar que las personas usen los baños de manera higiénica.
Responsabilidad
La rendición de cuentas es el proceso mediante el cual las personas que viven bajo la jurisdicción de un Estado pueden garantizar que los Estados están cumpliendo con sus obligaciones con respecto a los derechos humanos al agua y al saneamiento. La responsabilidad cubre dos áreas importantes:Primero, establece mecanismos de monitoreo y otros mecanismos de control para los diferentes actores responsables de garantizar el acceso a los servicios de agua y saneamiento. Esto incluye monitorear los niveles de servicio y el cumplimiento de estándares y metas, así como monitorear qué individuos o grupos tienen acceso a servicios adecuados de agua y saneamiento y cuáles no. La rendición de cuentas requiere que las personas o grupos que creen que sus derechos humanos han sido violados tengan acceso a la justicia u otros mecanismos de revisión independientes para que sus quejas puedan ser escuchadas y resueltas. El acceso a la justicia puede adoptar muchas formas, desde procedimientos administrativos de denuncia hasta procedimientos judiciales a nivel local, nacional, regional e internacional. Integrar la rendición de cuentas en la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento requiere definir mandatos institucionales, aclarando exactamente quién es responsable de cada paso del proceso. Las medidas y decisiones tomadas bajo estos mandatos deben luego ser monitoreadas o reglamentadas. Cuando los proveedores de servicios y las instituciones estatales incumplen con sus deberes, las instituciones de control, como los organismos reguladores y los tribunales, deben contar con mecanismos para exigir el cumplimiento de las normas, a través de procedimientos de queja o procesos judiciales. Los procedimientos de rendición de cuentas también pueden cuestionar y conducir a la corrección de leyes, reglamentos o políticas al identificar fallas sistémicas que generan impactos discriminatorios o perpetúan las desigualdades en el acceso a los servicios de agua y saneamiento.
Equidad y non discriminación
Los principios de no discriminación e igualdad reconocen que las personas enfrentan diferentes barreras y tienen diferentes necesidades, ya sea por características inherentes o como resultado de prácticas discriminatorias, y por lo tanto necesitan apoyo o trato diferente. El derecho internacional de los derechos humanos a veces exige que los Estados partes tomen medidas positivas para reducir o eliminar las condiciones que causan o perpetúan la discriminación. Para lograr la igualdad en la provisión de servicios de agua y saneamiento, los Estados deben trabajar para eliminar las desigualdades existentes. Esto requiere el conocimiento de las disparidades en el acceso, que normalmente existen no solo entre y dentro de los grupos con diferentes ingresos, sino también entre y dentro de las poblaciones rurales y urbanas. También existen disparidades basadas en el sexo y la exclusión de personas o grupos desfavorecidos.
Sustentabilidad
El agua y el saneamiento deben garantizarse de manera respetuosa con el medio ambiente y asegurando un equilibrio de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad económica, social y ambiental. Los servicios deben estar disponibles de manera sostenible para las generaciones presentes y futuras, y la provisión de servicios hoy no debe comprometer la capacidad de las generaciones futuras para ejercer sus derechos humanos al agua y al saneamiento.Es importante asegurar una inversión suficiente en la operación y mantenimiento de los servicios existentes.
Universalidad
todos tendrán acceso a agua de calidad dentro de los supuestos establecidos aquí
Participación
Los derechos humanos al agua y al saneamiento solo pueden realizarse de manera efectiva a través de la participación plena, libre y significativa en los procesos de toma de decisiones de aquellos afectados por las decisiones. La participación asegura una mejor implementación y aumenta la eficacia y sostenibilidad de las intervenciones, ofreciendo la posibilidad de transformación social. La participación debe ser parte de cualquier política, programa o estrategia relacionada con el agua o el saneamiento, y los individuos y grupos interesados deben estar informados sobre los procesos participativos y cómo funcionan.
Acceso a la información
Los Estados deben ser transparentes y abiertos, realizando el derecho humano de acceso a la información.Las personas y los grupos deben ser conscientes de sus derechos y también saber cómo reclamarlos. Los Estados deben garantizar que la información relacionada con las normas, así como el progreso realizado para lograr esas normas, esté disponible y sea accesible, y que los mecanismos utilizados (incluidas las opciones de prestación de servicios) para garantizar que estas normas se cumplan realmente estén disponibles y accesibles para todos. . La transparencia establece un acceso abierto a la información sin necesidad de solicitudes directas; por ejemplo, a través de la difusión de información vía radio, internet y diarios oficiales.
Así, es posible que esta concepción humanitaria del acceso al agua y al saneamiento choque con una visión de mercado de estos servicios que involucran bienes esenciales para la vida y el pleno desarrollo de la sociedad. Como sector vital para la sociedad, sin duda resulta atractivo para la inversión privada, además de posibilitar la apertura del capital de estas empresas al mercado de valores.Según Alves y Britto (2022), es importante señalar un aspecto común entre los proyectos de privatización en el sector saneamiento, uno de los cuales son las políticas de austeridad fiscal propugnadas por organismos financieros multilaterales en el marco de una agenda de reformas sociales y económicas y adoptadas por los gobiernos políticas conservadoras, que consisten en reducir significativamente los gastos e inversiones públicas, y crear un ambiente favorable para los inversionistas privados, buscando formas alternativas de prestar los servicios públicos, principalmente a través de la privatización y la tercerización, interpretando esta acción como una reducción de costos. Sin embargo, no hay evidencia de que la provisión privada de servicios de saneamiento sea más barata que los servicios públicos, ya sea en países desarrollados o en vías de desarrollo.Otro aspecto común, según Almeida y Húngaro (2021) es precisamente la financiarización, que para los autores es la superposición e influencia de los sistemas bancarios y de inversión en los sectores de la construcción civil, la infraestructura y la industria, por ejemplo. En el caso del saneamiento, los contratos entre los proveedores de servicios y el gobierno serán el principal objetivo de la financiarización, a través de la apertura de capital de las empresas públicas o la propia privatización. La financiarización y la austeridad fiscal están íntimamente relacionadas en las sociedades capitalistas actuales. Según Admati (2017), en el contexto de la financiarización, se necesita un conjunto de actores, incluidos gobiernos, bancos centrales, instituciones académicas y de medios, para que los incentivos distorsionados persistan y pongan en riesgo los intereses públicos. Por lo tanto, lo que está sucediendo no es un simple fenómeno que trajo resultados negativos para la comunidad solo por culpa de las empresas privadas, sino que hay una red de factores causales.Además, es importante resaltar que la participación del sector privado en el campo del saneamiento puede interpretarse como parte del proceso de financiarización que tuvo lugar en la producción del propio espacio urbano (Kuhn y Faustino, 2019). Así, la producción del espacio urbano, donde se inserta el saneamiento, se incorpora al proceso de valorización del capital en múltiples escalas. Otro aspecto que se puede destacar como principales características de esta dinámica global de financiarización, además de los ya presentados anteriormente, es la transformación de cualquier flujo financiero estable en un valor negociable y, por tanto, especulación en cualquier mercado secundario. Las obras de infraestructura urbana como el saneamiento pueden entrar en este rol cuando se convierten en activos de clase financiera, tras la acción de intermediarios financieros que logran extraer valor de activos de baja liquidez, transformándolos en activos líquidos, a través de su ingreso al mercado financiero (Pryke y Allen, 2017).Además, la evidencia muestra que se está avanzando hacia la ampliación de la lista de productos básicos como el azúcar, el ganado en pie, el café, el etanol, el maíz, los minerales y la soja, a algo aún más vital, el agua. Desde diciembre de 2020 se inició la negociación del activo NQH20, primer contrato de futuros de agua en el mundo (Puga, 2021). Solo en lugares donde el agua es tratada como un producto, donde se compran y venden derechos de uso y concesiones, lo que ocurre en California (EE.UU.). Este contexto incluye grupos de especuladores financieros que negocian cualquier tipo de activo financiero en busca de ganancias en la diferencia entre comprar y vender, promoviendo una desconexión entre el mercado y los objetos de las inversiones, sin exigirles el disfrute de los activos que negocian.Brasil ya tiene las siguientes empresas listadas en la Bolsa de Valores:
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar): listado bajo los símbolos SAPR3, SAPR4 y SAPR11;Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp): listado bajo los símbolos SBSP3;Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa): listado bajo los símbolos CSMG3;Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan): listadas bajo los símbolos CASN3 y CASN4, sin embargo, estas acciones no son líquidas.La participación del sector privado en los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento aún es pequeña, el gráfico 1 representa este escenario.Gráfico 1 – perfil de los proveedores de servicios de agua y alcantarillado en Brasil
Fuente: IBGE, 2010
Las empresas privadas son muy optimistas sobre el nuevo marco de saneamiento, la ley no. 14.026/2020, ya que su alcance se asienta sobre fundamentos neoliberales de ampliación del mercado para la prestación de servicios públicos vitales a la población, cuya provisión es ineludible. Es importante recordar que la tendencia mundial es la concentración privada de los servicios relacionados con el agua, ya que hoy en día el 75% de la provisión la realizan empresas privadas (Britto y Rezende, 2017).Sin embargo, surge la pregunta de cuál sería la prioridad de estas empresas, universalizando los servicios alcanzando un estándar de correspondencia con los derechos humanos (Tabla 1), o simplemente repartiendo dividendos a los accionistas. En el estudio de Almeida y Húngaro (2021), la segunda hipótesis es señalada como la más plausible a partir del estudio de la Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), dado que aumentó sustancialmente su rentabilidad, reduciendo consistentemente la inversión necesaria para ampliar el sistema. Por lo tanto, esta sería la fórmula básica, aumento de la utilidad y distribución de dividendos con los accionistas, y disminución de la inversión en infraestructura necesaria para la realización de este derecho. Los autores también plantearon las sumas recibidas por el gobierno del estado de Minas Gerais en la distribución de utilidades, señalando que, entre 2006 y mediados de 2020, COPASA ganó a su principal accionista, R$ 1.162 mil millones de reales, lo que sería suficiente para universalizar el saneamiento. en todo el estado. A cierre de 2020, COPASA también repartió 820 millones en pago de dividendos, una cantidad sin precedentes en la historia de la compañía.Este movimiento no se restringe a estos casos, sino que se amplía con el mayor interés de los fondos de inversión globales en la compra de acciones de empresas del sector sanitario. Ante un contexto de apertura que viene del período previo a la nueva ley de saneamiento en Brasil, que apuntan a operaciones de investigación que destruyeron empresas en los sectores de infraestructura, despertando el interés de los mayores grupos de inversión del mundo, como el fondo canadiense Brookfield , compró el 70% de Odebrecht Ambiental, dando origen a BRK Ambiental S.A, el grupo japonés Itochu adquirió parte de Queiroz Galvão en la empresa Águas do Brasil, y en 2018 le tocó el turno a Iguá Saneamento (ex CAB) que expulsó definitivamente al Grupo Galvão de la empresa con el aporte del fondo canadiense Alberta Investment Management Corporation (Sousa, 2022). Así, una estrategia para la consolidación de este proceso de financiarización en el campo del saneamiento, especialmente urbano, se da precisamente en los cambios en la composición del capital de las empresas privadas del sector saneamiento, en las que grupos internacionales, que tienen su origen en el sector financiero global, están ingresando vía adquisición de empresas o participación accionaria en empresas de saneamiento (Britto y Rezende, 2017). Así, es posible verificar que el fenómeno de la financiarización está ligado al desempeño de las empresas privadas del sector sanitario, así como a la lógica presente en las empresas públicas.Según Sousa (2022, 452), de 2012 a 2019, la empresa Aegea, que aumentó la cartera de 29 municipios (2 millones de personas) para 50 (7 millones), ahora cubre 154 municipios, totalizando 21 millones de personas atendidas. Además, el Banco Mundial es el organizador del Grupo de Recursos Hídricos, conocido como WRG 2030. El grupo está formado por varias empresas, como Coca-Cola, Nestlé y Ambev, y suele instalarse en países, estados y municipios donde la privatización para ayudar a crear el modelo regulatorio que se adoptará. La Ley 14.026/2022 viene a complementar esta trayectoria de apertura del mercado a la privatización del sector saneamiento. Otro ejemplo muy reciente en el contexto de Brasil fue la subasta de la Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) que dividió los servicios en 4 bloques, como se muestra en el tabla 3Tabla 3 – Resultado de la Subasta CEDAE
Bloques
Comprador
¿Quién está detrás?
1 e 4
Consorcio Aegea
Formada por el holding Itaúsa, del banco Itaú Unibanco, fondo soberano GIC de Singapur, y el grupo Equipav de Infraestrutura
2
Consorcio Iguá
Formado por BNDESPar, un fondo de inversión del banco de desarrollo brasileño, y otros fondos de desarrollo.
3
Aguas de Brasil
Desarrollador S.A. – Grupo Carioca Engenharia, Queiroz Galvão Participações – Concessões S.A., Trana Participações e Investimentos S.A. y Construtora Cowan S.A.
Elaboración propia
Por lo tanto, es posible verificar la presencia directa de grupos financieros o indirecta cuando existen otros grupos catalogados como infraestructura, pero que tienen la influencia directa de los agentes financieros dentro de un proceso más amplio ya abordado de financiarización del espacio urbano.En América Latina, el sector saneamiento sigue este panorama de concentración del control siendo estatal, con baja participación del sector privado. Chile es una excepción, ya que la mayoría de los controladores de saneamiento son privados. El sector del agua se financia básicamente con recursos públicos, como se puede apreciar en relación al Producto Interno Bruto (PIB) de cada país en el gráfico 2.
Fuente: http://infralatam.info/en/home/
El Gráfico 3 muestra esta relación entre proveedores públicos versus privados en algunos países de América Latina.
Fuente: Cavallo, Powell y Serebrisky, 2020.
Conclusiones:
Es posible observar que la transición de una concepción del agua y el saneamiento como derechos humanos a meros objetos de una política neoliberal de mercantilización de los bienes comunes se encuentra en un proceso acelerado en países como Brasil, de manera similar a lo ocurrido en Chile. Esta articulación se realiza a través de la dinámica del mercado aquí catalogada como financiarización, que es un fenómeno que se ha ido apropiando de los espacios urbanos y promoviendo cambios, creando nuevos espacios y terminando siendo planificador, muchas veces subvirtiendo procedimientos más participativos y democráticos.No parece haber ninguna evidencia que apunte al cumplimiento de todas las dimensiones de los derechos humanos por parte de las empresas privadas. Aún existen vacíos sobre los niveles de cumplimiento de las dimensiones del derecho humano al agua y al saneamiento en la Tabla 2. Por lo tanto, es necesario profundizar la investigación en este sentido, ya que la literatura aún no permite conclusiones más asertivas. En una búsqueda bibliométrica en el repositorio Scopus, se encontraron en esta plataforma 12 publicaciones que presentaban los términos elegidos en sus títulos que relacionaban el fenómeno de la financiarización, el agua y el saneamiento. En la plataforma Web of Science también se repiten resultados similares a Scopus. Por lo tanto, existe la necesidad de ampliar la investigación en este campo. Recordando que solo se consideraron artículos en inglés.América Latina cuenta en gran medida con los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a cargo de empresas públicas, lo que parece ser un campo fértil para expandir el desempeño de la provisión privada. Por lo tanto, es necesario acompañar la evolución del caso brasileño y su apertura a la financiarización del saneamiento, que puede generar alguna influencia regional.Hay un claro proceso de financiarización de los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua, dado que son servicios esenciales para la vida de los que nadie puede sustraerse.
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Palabras clave:
Saniamiento
agua
financiarización
Resumen de la Ponencia:
La presente ponencia analiza el consumo, esta se considera una acción intrínseca ser humano ya que tenemos que cubrir nuestras necesidades, pero se dio paso del consumo al consumismo, convirtiéndose en una característica principal de las sociedades modernas. Desde las primeras formas de organización social, se fabrica ropa para proteger diferentes partes del cuerpo, cubrirse del frio o de diversos climas y poder sobrevivir, esto fue vital para que la humanidad se expandiera y evolucionara en conjunto. Esta práctica de protección del cuerpo se ha modificado a partir de los contextos sociohistóricos y culturales de los diversos grupos sociales. La moda se convirtió en un pasatiempo o en un hábito cotidiano al alcance de las mayorías, se expande sin límites y la demanda de productos aumenta haciendo que las prendas se vendan a precios asequibles que hacen de la moda un ocio accesible. Nos convertimos en una sociedad consumista y competitiva, dichos fenómenos se relacionan con el enfoque neoliberal porque el hecho de comprar mucha ropa constantemente no es una característica de una necesidad real, sino más bien de solo un deseo aspiracional de ser o aparentar lo mejor ante nuestros grupos sociales y de distinguirnos de los que consideramos no son como nosotros. Dada esta alta influencia social, la moda es utilizada como un instrumento político/cultural para guiar masas a un “estilo de vida” determinado por el grupo hegemónico, es un fenómeno que atraviesa la sociedad de tal manera que puede moldear imaginarios y formas de vida. En el contexto contemporáneo con la llegada de la tecnología en todos los sitios, la industria ha podido fabricar ropa que sea fácil de usar y sobre todo dejar de usar porque no representa un gran gasto monetario, como lo es la moda sin costura lo que les permitió reproducir grandes cantidades de ropa para que estén disponibles inmediatamente acortado el tiempo desde producción y entrega. En ese sentido, la investigación identificará como los jóvenes universitarios aspiran a partir de la moda que utilizan a posicionarse en ciertos espacios sociales, es decir, la ropa como mecanismo de interacción social y de reproducción de practicas neoliberales. Además, se identificará el impacto ambiental que generan dichos sujetos mediante el consumo cotidiano de la ropa.Resumen de la Ponencia:
Desde a edificação do modelo mineral brasileiro no rol do “consenso das commodities” (SVAMPA, 2019), na década de 1990, a atividade minerária vem se expandindo para além dos espaços tradicionalmente minerados. Esse espraiamento se dá por um movimento de territorialização da mineração que provoca desestruturações e reestruturações nos territórios pretéritos. A este movimento damos o nome de fronteira mineral. A expansão da fronteira mineral tem arraigado e intensificado os laços de subordinação e pauperização dos lugares. Ou, empregando os termos de Marini (2017) e Frank (2010), provocando o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Neste texto, buscamos analisar a reiteração do subdesenvolvimento e da dependência comparando, através de estudo exploratório, dois arranjos regionais que sofrem com a expansão da fronteira mineral, em Minas Gerais, a partir da atuação de duas empresas: i) a Zona da Mata Mineração (ZMM), na mesorregião da Zona da Mata; ii) e a Sul Americana de Metais (SAM), na mesorregião do Norte de Minas.Resumen de la Ponencia:
En el marco de los conflictos socioambientales vinculados al neoextractivismo diversos movimientos indígenas, afrodescendientes, campesinos, - en ocasiones – los ambientalistas y de mujeres, evidencian la existencia de otras formas de concebir la naturaleza diferentes a las propuestas por la ontología moderna. En estas experiencias de resistencia, el cuestionamiento al binomio sociedad/naturaleza, a partir del cual el hombre es reconocido como sujeto, y la naturaleza – y todo lo que a ella se asimila - en objeto a ser dominado, queda expuesto de manera singular. Por esta razón, el debate sobre las ontologías resulta trascendente para asumir una mirada más compleja en torno a la conflictividad en los territorios a la vez que brinda un marco para proponer una institucionalidad capaz de garantizar formas no mercantiles de relacionamiento con la naturaleza y de resguardar el metabolismo ecosocioterritorial. Este trabajo tiene como objetivo reflexionar en torno al conflicto socioambiental asociado a la expansión de la minería metalífera a gran escala que tiene lugar en la provincia de La Rioja, Argentina. A partir del estudio de caso, ubicado temporalmente entre 2006 y 2018, indagamos en las diversas concepciones que subsisten en torno al Cerro Famatina y analizamos el vínculo estrecho que las y los pobladores sostienen con la entidad amenazada por la minería aurífera. Para llevar adelante este propósito, en primer lugar, nos introducimos en las reflexiones que cuestionan el par dicotómico naturaleza/sociedad y proponen formular alternativas que se encaminen a reconocer formas de conceptualización de los bienes de la naturaleza diferentes a las que predominan en la racionalidad moderna occidental. Con esta finalidad, acudimos a autoras y autores que se enmarcan en las corrientes teóricas que se agrupan en el “giro ontológico” (Descola, 2018 y Viveiros de Castro, 2013), también denominado “apertura ontológica” (de la Cadena, 2018) y “enfoques relacionales” (Svampa, 2018). En un segundo momento, nos proponemos reconstruir “casos testigo” de diferentes países en los que se reconocieron como “sujetos de derecho” a ríos, lagos o montañas, buscamos describir los procesos y los actores intervinientes en la contienda. Por último, sobre la base del análisis de entrevistas realizadas a habitantes del Valle de Famatina, identificamos que predomina un vínculo de ecodependencia con el cordón montañoso que, entre otras funciones vitales, brinda el suministro de agua al oasis de la región. Remitiremos al sentido de la movilización y a la configuración de una narrativa capaz de postular otras formas de vinculación con la naturaleza alternativas al paradigma moderno asociado a la explotación y la dominación que es, particularmente, esgrimido por las mujeres que protagonizan la resistencia.Resumen de la Ponencia:
El fenómeno de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha venido construyendo a partir de la indagación de las ciencias económicas, sociales y humanas desde la configuración de diversas posturas teóricas, epistemológicas y metodológicas, que se presentan, en cuanto a los sentidos, orientaciones y alcances que tiene sobre el desarrollo del ser humano las organizaciones y el territorio. Estas comprensiones, han determinado la manera como se actúa, contribuye e impacta desde la RSE sobre el desarrollo Para esta ponencia se toma como referencia determinar las contribuciones e impactos de la responsabilidad social empresarial en el desarrollo territorial y sostenible de ambas regiones. Las cuales se plantean a partir de una muestra de empresas del sector agroindustrial de Santander (Palma de aceite) y Valle del Cauca (Caña de Azúcar). En ese sentido, el abordaje metodológico mixto estuvo basado en la creación de indicadores y herramientas tanto cualitativas como cuantitativas para analizar de forma crítica el perfil organizacional y construir la manera como contribuyen e impactan con el desarrollo en las regiones en correlación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como resultado, se han construido mecanismos para determinar grados de contribución e impacto con el desarrollo a partir de ODS y RSE a partir de la correlación de variables dependientes e independientes de los principales referentes de la literatura científica y de las instituciones que direccionan procedimientos para la comprensión, implementación y seguimiento de lineamientos, teorías, modelos y prácticas relacionadas con la sostenibilidad del desarrollo, los ODS y la RS.Estas herramientas fueron aplicadas a dos agremiaciones fundamentales para el desarrollo del país de la Palma de aceite y Caña de azúcar desde los informes de sostenibilidad de las siguientes empresas; Palmas del Cesar, Extractora Central, Manuelita, Ingenio Providencia e Ingenio Central Castilla para reconocer los esfuerzos, contribuciones e impactos que hacen, en los últimos cinco años y las repercusiones en el cumplimiento de los ODS.Como conclusión, se aporta una herramienta significativa para aplicarse en el contexto general de las empresas y el contexto particular de la agroindustria para seguir acompañando las contribuciones en desarrollo sostenible de estas organizaciones y enriquecer la manera como se vienen trabajando metodologías para la evaluación de impactos. Es fundamental seguir aplicando el estudio en años posteriores para establecer categorías de correlación con fuentes externas que permitan observar impactos en el territorio y la manera como estas empresas deben integrarse en una gestión interna de sus prácticas empresariales y en una gestión externa de los asuntos de los stakeholders, especialmente, de la comunidad.Resumen de la Ponencia:
O subdesenvolvimento e a dependência são elementos que perpassam a formação e a reprodução do capitalismo dos países de origem colonial, destacadamente os da América Latina. Nos constituímos intimamente contingenciados pelos ditames da expansão do capital mercantil, em meio ao processo de acumulação primitiva de capitais, e nos estruturamos para o atendimento de necessidades alheias aos povos nativos. É desta dinâmica que resultam, como elementos elucidativos de todo o tecido econômico e social destes países, a escravidão, monocultura, latifúndio, extrativismo, depredação ambiental e profunda desigualdade social. No caso brasileiro, bastante ilustrativo das particularidades latino-americanas, autores como Caio Prado Jr. e Celso Furtado formularam propostas em torno do desenvolvimento nacional que recaíam na adequação de toda e estrutura econômica nacional com vistas ao atendimento das necessidades da população brasileira e, concomitantemente, na industrialização e numa reordenação das estruturas de propriedade visando romper os laços com o passado colonial, suprimir os nexos de dependência externa e alterar o mapa de distribuição social interna. As mudanças que marcaram a transição dessas economias coloniais para economias formalmente independentes e nacionais foram incapazes, contudo, de extinguir a relevância econômica e política dos setores ligados ao extrativismo e monocultura latifundiária, ambos destinados aos mercados externos.Mais grave ainda, com a crise estrutural dos anos 1970 e o avanço do neoliberalismo, tais setores “arcaicos”, passaram a despontar como baluartes do desenvolvimento, ao mesmo tempo em que explicitam sua incapacidade de sanar os problemas nacionais e acirram as estruturas insuperadas que remontam ao período e ao sentido colonial. É o caso da mineração no Brasil, por exemplo, que se alastra e aprofunda devastando o meio ambiente, as cidades circunvizinhas e as vidas que a cercam. Tal setor não apenas opera de modo a comprometer as distintas formas de vida, mas, com o aporte do Estado (instituição de classe) e a aparência de sustentabilidade conseguem que os lucros e crimes ambientais caminhem de mãos dadas, em prol dos detentores deste capital, ao mesmo tempo em que reforçam a dependência externa e o subdesenvolvimento. Evidência do acima exposto, os crimes ambientais na atividade de mineração revelam atuação estatal frente às demandas que envolvem o rompimento de barragens e como elas são respondidas pelo aparelho judiciário. É necessário, portanto, a problemática da interação do modo de produção e reprodução capitalista com o Estado e o direito, não como algo causal, mas sim, como fruto de uma determinada concepção ideológica e jurídica que ignora a análise materialista das relações sociais e favorece exclusivamente a classe dominante. Além disso, as consequências desses crimes lançam luz sobre o destino do Brasil que, sem alterar significativamente sua estrutura produtiva e social, reforça os ideais burgueses e sua dominação, autocrática e contrarrevolucionária.
Introducción:
Para autores como Caio Prado Jr (1942), Celso Furtado (1959) e Florestan Fernandes (1976), dentre outros, o período colonial do Brasil não é uma simples fase histórica totalmente superada, mas representa a estruturação de uma economia e sociedade que marcam de forma profunda a constituição e a especificidade do capitalismo periférico. Países de origem colonial, como os latino-americanos, se constituem, segundo esses autores, como capitalismos dependentes e subdesenvolvidos, que reproduzem de forma mais acirrada e peculiar as mazelas típicas das relações capitalistas. Em outras palavras, são autores que buscam compreender a realidade nacional a partir do processo de formação histórica do país.
A criação da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) pela ONU, em 1948, traz à baila o debate sobre subdesenvolvimento de modo a escapar de uma visão etapista (ROSTOW, 1978) - e teleológica - da história dos países latino-americanos. Contrariando as concepções liberais de desenvolvimento, e a teoria das vantagens comparativas (RICARDIO, 1996), autores como Celso Furtado e Raúl Prebisch percebem o subdesenvolvimento como um problema estrutural, como uma forma específica de desenvolvimento, típica dos países periféricos, em correlação com o desenvolvimento dos países centrais, e que exigia a reformulação do pensamento econômico para ser compreendido.
Tais autores apontam, nesse momento, a existência de uma ruptura entre crescimento econômico e mudanças estruturais que viabilizassem uma melhoria de condições de vida para o grosso da população, isto é, os frutos da difusão do progresso técnico na periferia não levavam a uma homogeneização dos padrões de consumo, mas sim beneficiava apenas uma parcela reduzida da população (FURTADO, 1998). O subdesenvolvimento é visto para além da dimensão econômica, englobando aspectos políticos, cultuais, sociais, e estabelecendo íntima relação com a industrialização atrasada (FURTADO, 2009). Mais especificamente, a relação centro-periferia e a deterioração dos termos de troca no comércio internacional colocam a industrialização nacional, dirigida pelo Estado, na periferia, como uma necessidade histórica, uma mudança estrutural capaz de pôr fim, ou minimizar, as mazelas típicas dos países subdesenvolvidos, como a profunda desigualdade social, o restrito mercado interno e a vulnerabilidade e dependência externas (PREBISCH, 2000; CEPAL, 2000).
A concepção cepalina acerca do subdesenvolvimento, bem como a influência teórica e posteriormente política de Furtado, vão subsidiar os debates que permitiram, a partir das condições dadas naquela quadra histórica, um processo de industrialização sob coordenação estatal no Brasil. Entre os anos 1930 e 1980 o Brasil vai dotar-se de um parque industrial amplo e diversificado, mudando e complexificando a estrutura produtiva do país - que passa a voltar-se mais para o mercado interno - e sua pauta de exportações, mais centrada em manufaturados (SAMPAIO, 2017; PERPETUA; JUNIOR; GARVEY, 2022).
A crise estrutural do capital dos anos 1970 e o espraiamento das políticas neoliberais, contudo, vão fazer com que o Brasil adentre um processo de desindustrialização negativa, com perda de importância do setor industrial tanto no PIB quanto no emprego, em relação ao setor de serviços e bens primários. Ademais, assiste-se, juntamente a isso, um processo de reprimarização da pauta de exportações, invocando o latifúndio monocultor e o extrativismo voltado para fora como eixo central da economia nacional (SALAMA, 2022; OREIRO; FEIJÓ, 2010). Ou seja, dos anos 1980 em diante há uma mudança, quiçá uma inversão, do que a intelectualidade brasileira via como meio de superação do subdesenvolvimento e da dependência, voltando-se ao setor primário e ao extrativismo, estruturados de modo similar ao período colonial, como baluartes do desenvolvimento, num processo complexo de reversão neocolonial (SAMPAIO JR., 2007).
Em 2020, os produtos primários representaram mais de metades das exportações brasileiras, sendo que só os minerais abarcaram 10% do total exportado (SALAMA, 2022). Entre os anos 2000 e 2019, a exportação de minérios de ferro passou de aproximadamente 157 para 351 milhões de toneladas (PERPETUA; JUNIOR; GARVEY, 2022), reforçando um setor cada vez mais dominado por empresas estrangeiras e que se ancora na depredação ambiental.
Destarte, no Brasil têm ocorrido com certa frequência, crimes ambientais oriundos da atividade de mineração. Para alguns autores, como Reis e Santos (2016), a ocorrência de crimes envolvendo o setor de mineração reflete o problema da relação entre o poder público e o interesse econômico privado. É o que pode ser observado na atuação estatal frente às demandas que envolvem o rompimento de barragens e como elas são respondidas pelo aparelho jurídico estatal.
Há alguns dilemas envolvendo o processamento judicial de conflitos ambientais, tendo em vista o cenário de estratificação social e os distintos interesses nas demandas de “defesa do meio ambiente” que adquirem contextos específicos de disputas. No plano macrossociológico, um dos problemas clássicos relacionados às interseções entre direito e sociedade refere-se aos processos de relativa autonomização da esfera legal em relação ao mundo social e político (MACIEL, 2001). E, diante das reformas jurídico-institucionais, pode-se observar a intensificação do papel do poder Judiciário como instituição legítima para decidir conflitos da sociedade e do Estado, bem como entre os poderes do próprio Estado. Dotado de autonomia e independência, a expansão das atribuições do poder Judiciário correspondeu à constitucionalização de pressupostos normativos para a ampliação do “acesso à justiça”. Essas formas provocaram modificações diversas nos sistemas jurídicos, fornecendo uma série de instrumentos formal-legais de conciliação para a produção da “efetividade” dos direitos de cidadania (MACIEL, 2001).
Contudo, o que se observa desses instrumentos conciliatórios é o protagonismo das mineradoras nas diretrizes de reparação dos danos causados por elas mesmas, baseadas no automonitoramento, mesmo princípio que permitiu o afrouxamento no processo de licenciamento, com parâmetros ditados pelas próprias empresas a partir do Plano de Segurança de Barragens (PNSB) (BRASIL, 2010).
A partir dos elementos apontados acima, alguns questionamentos orientam o presente trabalho, no sentido de indagações impulsionadoras do esforço de investigação: a conivência estatal é algo fortuito? Ou seja, um mero problema de gestão pública? Ou não? Esta prerrogativa não se conecta com a atual concepção ideológica burguesa, que nada mais é que a reprodução da dominação em sua face consensual, para garantir a apresentação dos interesses de classes como universais, tal qual expressa o apoio à lógica idealista normativa? A relevância do setor minerador não se liga a uma concepção de desenvolvimento que contraria aquele desenvolvido pela Cepal? Qual a ligação com o período colonial? Quais as implicações da ampliação do setor primário-exportador e extrativista como bases da economia nacional?
Desarrollo:
A colonização portuguesa nas terras americanas ultrapassou os limites da antiga feitoria e engendrou a organização da produção, de uma vida material e social que viria conformar uma sociedade complexa, os fundamentos de uma nova nacionalidade (VIEIRA, 2004). Ou seja, o período colonial é responsável por fomentar uma estrutura que marcará indelevelmente as feições do Brasil. “Todo povo tem na sua evolução, vista à distância, um certo ‘sentido’. Este se percebe não nos pormenores de sua história, mas no conjunto dos fatos e acontecimentos essenciais que a constituem num largo período de tempo.” (PRADO JR., 1942, p. 19).
No caso da colonização brasileira, o que está por trás do empreendimento português em terras americanas é a expansão marítima dos países da Europa depois do século XV, isto é, o desenvolvimento do comércio continental. É a imensa empresa comercial europeia que determinará a exploração – e aspectos centrais da formação – do Brasil. Ao se perceber os lucros comerciais como alvo de interesse, e não o povoamento compreende-se o que se denominou célula colonial: latifúndio, monocultura e trabalho escravo. Essa estrutura produtiva, voltada para atender interesses estrangeiros e sem qualquer vínculo com o território brasileiro, se constitui puramente para fins comerciais; é o comércio europeu que ditará a economia e sociedade coloniais (PRADO JR., 1942).
É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. Tudo se disporá naquele sentido: a estrutura, bem como as atividades do país. (...) Esse início, cujo caráter se manterá dominante através dos três séculos que vão até o momento em que ora abordamos a história brasileira, se gravará profunda e totalmente nas feições e na vida do país. (...) O sentido da evolução brasileira, que é o que estamos aqui indagando, ainda se afirma por aquele caráter inicial da colonização (PRADO JR., 1942, p. 32).
Portanto, o que Portugal faz é encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas, o que se dá com a exploração do açúcar, metais preciosos, café, dentre outros. E isso ocorria em ciclos que grosso modo mantinham sempre a mesma estrutura de produção, sem desenvolvimento do progresso técnico e do mercado interno, já que o sentido era externo e havia grande disponibilidade de terras e trabalho, o que permitia a exploração extensiva e predatória (FURTADO, 1959).
Isso posto, fica mais fácil analisar as raízes do subdesenvolvimento e da dependência externa atadas à formação nacional a partir de uma colônia de exploração. Mesmo a independência e o fim do período colonial foram incapazes de transformar a estrutura econômica e social do país, de dotar de autonomia política e econômica o Brasil (FURTADO, 1959). Pode-se dizer, inclusive, que a independência foi um expediente de superprivilegiamento e mandonismo com verniz de liberalismo: constituiu-se um Estado sempre pronto para defender os interesses da lavoura e transferir-lhe renda em qualquer momento que demandasse (FERNANDES, 1976).
O setor primário-exportador, portanto, é a base sobre a qual se constitui o Brasil colônia e que, mesmo após a independência, mantém-se com grande econômico e, consequentemente, politico no país. Algo que pode ser visto desde as políticas de valorização do café até os interesses envolvidos na proclamação da República (FURTADO, 1959). Reproduz-se assim uma divisão internacional do trabalho que reitera o papel dos países centrais e periféricos, bem como, a profunda desigualdade social e dependência externa que marcam os últimos. Tal cenário é que estimulou e possibilitou pensar a realidade brasileira e latinoamericana sob uma nova perspectiva, a teoria do subdesenvolvimento, sendo este um fruto da civilização industrial e da difusão desigual do progresso técnico, não uma etapa rumo à industrialização, e que tem como foco de análise “(...) as malformações sociais engendradas nesse processo de difusão.” (FURTADO, 1994, p. 37).
Como explicar a persistência de nosso subdesenvolvimento se somos uma das economias que mais cresceram no correr do último meio século? Observando a realidade de outro ângulo: por que o assinalado crescimento da riqueza nacional somente beneficia uma parcela reduzida da população? A reflexão sobre esse problema levou-me a formular o que chamei de teoria do subdesenvolvimento. A conformação social dos países que qualificamos de subdesenvolvidos resultaria da forma particular que neles assumiu a difusão do progresso tecnológico que moldou a civilização contemporânea (FURTADO, 1998, p. 58).
A apropriação externa e por grupos minoritários do excedente social produzido internamente, é a marca dos países periféricos desde o período colonial. E isso tem implicações sobre as estruturas de poder, o crescimento econômico e a forma como é utilizado tal excedente, o produto social Assim é que a teoria do subdesenvolvimento embasou o nacional-desenvolvimentismo, período em que a industrialização brasileira em direção ao setor de bens de capital era vista como sendo capaz de alterar a estrutura econômica do país, bem como o papel na divisão internacional do trabalho, ampliando o mercado interno, o excedente produzido, o emprego, reduzindo a vulnerabilidade externa e desigualdade social interna.
Face às mudanças pelas quais passam o capitalismo internacional em meados dos anos 1950, com reverberações sobre a industrialização periférica, como o papel exercido pelos investimentos diretos estrangeiros, o próprio Furtado (1973; 1974) percebe os limites da industrialização para a superação do subdesenvolvimento. Contudo, o debate que ora nos ocupa não é esse. Conforme já apontado, de 1980 em diante o Brasil assiste a um processo de desindustrialização negativa e reprimarização de sua economia e pauta de exportações. Ou seja, cada vez mais o setor primário-exportador baseado no latifúndio monocultor passa a ser a base sobre a qual se assenta a economia nacional. E mais grave ainda, contrariando todo o aparato teórico que precede o atual momento e que se forjou para pensar o subdesenvolvimento, a dependência e a superação das mazelas brasileiras, amplia-se a ideia de que há a possibilidade de se aliar tal economia a um processo de desenvolvimento econômico. Os limites de tal pensamento podem ser vistos, a título de exemplo, no setor da mineração.
No período de 2003 a 2013 houve um salto nas importações globais de minério, e apenas cinco países foram responsáveis por dois terços dessas exportações. Dentre eles o Brasil, se destacando em segundo lugar com 14,3% das exportações mundiais de minério de ferro, atrás apenas da Austrália (ITC, 2015). De acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), o setor é responsável por 5% do PIB do país e, no balanço realizado em 2020, mostra que foram recolhidos R$ 66,2 bilhões em encargos tributários, além de R$ 6,08 bilhões da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), totalizando R$ 72,2 bilhões. O faturamento do setor aumentou 36,2% do ano de 2019 para 2020 (NOGUEIRA, 2021).
Não por coincidência, desde o ano 2000 o Brasil tem visto um rompimento de barragem de rejeitos minerários a cada dois anos, predominantemente no estado de Minas Gerais (ALVES, 2015) – localidade marcada pela predominância deste setor e pelas inúmeras barragens com alto risco de rompimento. Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), pelo menos 50 barragens de rejeitos de mineração são consideradas de alto risco de rompimento no estado de Minas Gerais. Este órgão, responsável pelo monitoramento e fiscalização das barragens, atua com apenas um terço da equipe necessária, demonstrando a impossibilidade de se realizar suas incumbências. Ademais, no ano de 2020 foram contabilizadas 22 barragens do mesmo estado que se encontram interditadas. “Das barragens classificadas com alto potencial associado, no período de 2012 a 2015, de 185 estruturas dessa categoria no país, apenas 52% foram fiscalizadas” (SILVA, 2019, p. 450). Tal fato coloca as cidades mineiras em constante alerta face aos riscos iminentes de destruição.
A forma como as mineradoras executam suas atividades e lidam com os crimes delas decorrentes, e a forma como o Estado as recepciona, fiscaliza e pune, levanta um debate sobre o entrelaçamento da iniciativa privada com o setor público, não como motores do desenvolvimento nacional, mas sim como garantidores em última instância dos mecanismos que reproduzem a dependência e o subdesenvolvimento. Isto é, sob o lema da modernização e crescimento, o passado reproduz-se irrefreável no presente, obstaculizando os instrumentos e fins de mudanças significativas em favor do grosso da população brasileira e do país.
Contemporaneamente, os esforços estão condicionados à simplificação e celeridade dos procedimentos judiciais, numa Justiça baseada na conciliação. O Ministério Público (MP) – instituição estatal de direito público que, em tese, é responsável pela defesa de direitos dos cidadãos e dos interesses da sociedade – apresenta-se em um processo peculiar de “democratização” do acesso à Justiça. Estes instrumentos judiciais significam dotar os membros do MP de legitimidade para desempenhar o controle abstrato das normas e a tutela de interesses difusos e coletivos (BRASIL, 1988). Como “advogados da sociedade”, ao MP incumbe, portanto, a observância dos interesses de cidadãos expostos à degradação do meio ambiente.
Isto porque a partir do ponto de vista jurídico-normativo, o meio ambiente é considerado como interesse difuso e, via ação civil pública – procedimento previsto na Lei 7.347 de 1985 –, permite que o autor da ação judicial (instituição estatal competente) seja o representante da coletividade e não necessariamente o titular do interesse tutelado, baseado na noção de legitimidade extraordinária que possibilita a alguém, em nome próprio, defender interesse alheio (MANCUSO, 1994).
Entretanto, embora o MP tenha legitimidade para representar os atingidos pelos crimes ambientais, restou evidente a saída estratégica do Estado em transferir às mineradoras responsáveis o poder de controle, mitigação, fiscalização e reparação, quando ocorreu o rompimento das barragens e Fundão (Mariana-MG) e do Córrego do Feijão (Brumadinho-MG), a partir de acordos e Termos de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC) que favorecem os interesses econômicos privados, sob o mote de amenizar suas insuficiências.
Esses procedimentos colocam em evidência o fato de que as decisões tomadas são reflexos não apenas da estrutura institucional ou da interação de interesses, mas também “decisões intimamente vinculadas à organização das relações de poder derivadas da escolha e uso de certos instrumentos, que estão longe de possuírem uma neutralidade axiológica [...] enquanto um tipo particular de instituição que estrutura ou influenciam a política pública” (BUSSINGUER; SILVA, 2019, p. 2).
Nos casos em comento, foi estabelecido pela Ação Civil Pública (ACP) da União por meio do TTAC – assinado em 02 de março de 2016 –, que constitui um mecanismo de política pública para orientar as relações entre os entes estatais e as empresas mineradoras envolvidas. Diante da posição contrária do Ministério Público Federal (MPF) e Estadual de Minas Gerais (MPMG), cada órgão ajuizou as ações pertinentes para a reparação dos danos e dos interesses da coletividade (GAZINELLI, 2019). “Em 11 de julho de 2016, uma decisão da 12ª Vara Federal da 1ª Região da Justiça Federal, [...] excluiu a pedido da Advocacia Geral da União (AGU), vários órgãos públicos de se manifestarem na ACP ajuizada pelo MPF” (BUSSINGUER; SILVA, 2019, p. 5). Contudo, embora tal entendimento de que todos os direitos que foram lesados pelo crime estariam contemplados na visão universal do TTAC, não foi este o entendimento expresso pela sociedade civil.
Sobre o TTAC, apesar de não ter sido homologado pelo MPF durante os anos de 2016 e 2017, foi implementado com a criação de instituições/fundações para acompanhar e fiscalizar a execução dos programas de reparação. Depois de muitas negociações durante o ano de 2017, foram criados diversos Termos Aditivos que não modificaram essencialmente o acordo firmado, porém, continha algumas reivindicações da comunidade (GAZINELLI, 2019).
Mesmo o MPF impugnando o TTAC, por considera-lo favorável às empresas quando comparado aos indivíduos atingidos – devido à ausência de participação das comunidades afetadas – tal instrumento feriu os princípios básicos democráticos e do devido processo legal coletivo. Ou seja, os instrumentos legais são “ajustados” conforme interesses dominantes, confirmando a tese da liberdade formal do sujeito de direito.
Resta claro, portanto, que desde a era dos descobrimentos - momento importante da gestação e objetivação do modo de produção capitalista – sempre tendeu a pairar, no pensamento dominante, certa naturalização das discrepâncias econômicas e sociais que demarcam os países que comandam o processo de acumulação de capital e os países periféricos ao redor do mundo. A despeito dessa ideologia importada do centro, de que os países periféricos poderiam galgar uma “escada de desenvolvimento” ao promover o crescimento econômico nos setores mais produtivos, para Furtado (1974) isto não passa de um mito.
Essa visão pré-furtadiana de desenvolvimento é retomada com cada vez mais intensidade na contemporaneidade, numa exaltação dos setores que remontam à matriz colonial e à dependência, bem como à vulnerabilidade externa como panaceia para lidar com os problemas nacionais. Os números relativos ao lucro e arrecadação, elevam a atividade da mineração como suposta alavanca de desenvolvimento nacional, enquanto se mantém o país refém dos interesses estrangeiros e das flutuações conjunturais de preços.
Conclusiones:
O presente artigo objetivou mostrar que a colonização brasileira ultrapassa um fato restrito a passado longínquo, mas é a base sobre a qual ocorre o processo de formação nacional, isto é, de uma economia e sociedade que nascem para atender demandas externas. Esse é o sentido da colonização brasileira, que marcará profundamente as feições do país e contribuirá para a constituição do mesmo enquanto um capitalismo dependente e subdesenvolvido.
A Cepal teve papel fundamental ao pensar a realidade da periferia do capitalismo sob uma nova ótica, escapando seja de uma teleologia etapista positiva de desenvolvimento, seja de um fatalismo em relação a tais problemas. Ao prospectar a industrialização guiada pelo Estado como meio de sanar as mazelas típicas da realidade dos países subdesenvolvidos, abre-se não apenas a teorização acerca da realidade dessas nações, mas também a tentativa de meios de superar as estruturas que nos ligam ao passado e ao sentido da colonização.
Contudo, de 1980 em diante o que se vê é um caminho em sentido oposto. A retomada de preceitos (neo)liberais, a desindustrialização negativa e a ampliação dos setores típicos e de moldes semelhantes à economia colonial, como os mais relevantes para a economia nacional, como é o caso da mineração.
É possível observar ainda a relação da economia política com as ciências sociais, no que tange ao problema da interação do Estado e do direito com o capitalismo dependente e subdesenvolvido. Justamente porque, em certa medida, há uma crença de que o direito é capaz de dirimir as divergências de luta de classes, para que os atingidos por rompimento de barragens – fruto da expansão da economia mineradora extrativista e predatória destinada às exportações -, por exemplo, possam alcançar suas reparações civis legais.
A contradição vigente, contudo, que se relaciona com tal afirmativa, é o fato de que o trâmite para se atingir as reparações, via sistema de justiça burguês, se dá de forma desigual e genérica, de caráter de relações entre sujeitos individualizados, livres e iguais, com sua mais perfeita tradução na figura do contrato, do “acordo de vontades independentes”.
Dada a importância que o setor da mineração possui para a economia brasileira, bem como a exaltação e estímulo que contemporaneamente se faz pelo crescimento dos setores arcaicos como saída para os problemas nacionais, revela-se que o aporte teórico e político, dominantes na reflexão sobre o Estado e o direito, andam de mãos dadas com a reprodução do capitalismo em prol do bem estar de uma minoria.
Percebe-se, ainda, que há completa omissão estatal materializada nos procedimentos jurídicos conciliatórios (TTAC), contrato este em que se criam Fundações designadas como gestoras de ações reparatórias com o objetivo, em tese, de suprir as deficiências do Estado. Tais acordos, meramente técnicos a priori, supostamente nutridos de mecanismos “ideais” para alcançar o consenso e o bem-comum, ignoram a capacidade assimétrica dos grupos sociais envolvidos e o contexto de desigualdade socioeconômica no interior dos quais, interesses e conflitos, ascendem às arenas públicas como “conflitos ambientais”.
Ademais, ao lidar de forma mais detida com o modo de operação das mineradoras, os riscos envolvidos e os impactos ambientais e sociais oriundos da extração de minério de ferro e a forma de reparação dos atingidos, abre-se caminho para apreender as relações do Estado e da política com os interesses da iniciativa privada nacional, estrangeira e das elites que se apropriam dos frutos de uma economia com nexos coloniais e uma sociedade extremamente desigual.
As transformações no funcionamento interno da estrutura jurídico-política dos Estados dizem respeito às articulações e mudanças historicamente atravessadas pelo capitalismo até os dias atuais. A importância de analisar mais detidamente a função específica do Estado capitalista, e também as particularidades nacionais, quanto à temática da exploração na atividade de mineração, é a razão pela qual este trabalho se dedicou às questões teóricas acerca da autonomia relativa do Estado frente à estrutura econômica e às classes dominantes, bem como o papel que essa autonomia desempenha na conciliação de conflitos. E tais temas se atam a uma apologia ao “desenvolvimento” – sem qualificá-lo e vinculando-o novamente a mero crescimento econômico – via exportação de bens primários, extrativismo e depredação ambiental. Em outras palavras, a economia é tratada de forma descolada das relações sociais, da política, do poder, da desigualdade interna, da dependência externa, da cultura e, finalmente, da história; o que reduz consideravelmente as possibilidades de pensar os problemas nacionais e a capacidade de vislumbrar um futuro, senão de forma metafisicamente teleológica e/ou negativamente fatalista.
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Palabras clave:
Sentido da Colonização; Desenvolvimento; Mineração; Estado.
Resumen de la Ponencia:
O objetivo do trabalho é sistematizar e refletir sobre a experiência vivenciada pela Cooperativa Agropecuária Familiar Sertão Forte de Casa Nova e Região – COOAF, na execução do projeto “Fortalecimento e promoção do desenvolvimento sustentável a partir do uso da sociobiodiversidade nas Comunidades Tradicionais de Fundo de Pasto de Casa Nova – BA”, Brasil, Projeto BRA/14/G33 – Integração da Conservação da Biodiversidade e Uso Sustentável nas práticas de produção de PFNM e SAF em Paisagens Florestais de Usos Múltiplos de Alto Valor para a Conservação em parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O projeto atendeu as comunidades tradicionais de Ladeira Grande, Melancia, Mucambo e Salina da Brinca, com a participação de famílias que trabalham com o beneficiamento das frutas nativas da caatinga e dos derivados da mandioca (Manihot esculenta) e também o grupo de jovens, Jovens Comunicadores da Caatinga, perfazendo um público beneficiário diretamente de 46 pessoas. As atividades foram desenvolvidas no período de 22 de setembro a 28 de novembro de 2021. As ações desenvolvidas fortaleceram as agroindústrias comunitárias locais, por meio da melhoria do beneficiamento das espécies nativas e/ou adaptadas, vinculadas à sociobiodiversidade do Bioma Caatinga. O projeto focou principalmente em ações nos seguintes eixos temáticos: Gestão de Agroindústrias Comunitárias; Acesso a Mercados; Sistemas Agroflorestais. Ao final do projeto foi possível obter de forma participativa mapas georeferenciados das quatro comunidades envolvidas ilustrando parte da sociobidiversidade existente e relatado pelas famílias agricultoras. Esse mapeamento foi protagonizado por jovens filhos dos agricultores das comunidades a partir de oficinas e de vivências junto à lideranças comunitárias, registrando principalmente matrizes de umbuzeiro (Spondias tuberosa), Maracujá da Caatinga (Passiflora cincinnata), áreas de plantios de cultura anuais (milho, feijão, mandioca, melancia, abóbora, etc), áreas de vegetação nativa (caatinga), áreas de pastoreio coletivo (fundo de pasto) e áreas de importância cultural na comunidades (escolas, capelas, sedes de associações, estruturas de beneficiamento agropecuário). Foram realizadas ainda diversas formações teórico e práticas junto às comunidades que já estavam organizadas em grupos de produção e beneficiamento, com foco especial nas frutas nativas (umbu) e na mandioca. As formações coletivas nas comunidades marcaram o retorno das atividades, em um momento de transição do isolamento social advindo da pandemia da COVID-19. Foi possível ao final do projeto ensaiar "novas" propostas de cultivo agrícola nas comunidades, a partir da implantação de pequenos Sistemas Agroflorestais de propósito didático e experimental, junto às famílias agricultoras.Resumen de la Ponencia:
Palabras clave:Geometrías de poder; fracturación hidráulica; producción del espacio; justicia y; sostenibilidad El desarrollo tecnológico en la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales ha transformado el escenario energético internacional y está convirtiendo a algunas regiones en exportadoras netas de energía, como América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), principalmente por el shale gas. Este recurso se define como gas natural y un recurso de transición hacia energías renovables por las “ventajas energéticas y ambientales” (CNH, 2018). No obstante, la huellla de GEI del gas de lutita considera las emisiones directas al extraer, desarrollar y transportar el gas, y las emisiones fugitivas de metano (Cremonese et al., 2019). Asimismo, este proceso consume agua e implica no solo la contaminación del aire sino también la explotación del recurso hídrico. A pesar de estos peligros ambientales, la fracturación hidráulica a nivel mundial carece de marcos regulatorios robustos o, en el peor de los casos, son nulas las regulaciones nacionales. Por lo que es necesario desarrollar investigaciones que aborden la problemática de los hidrocarburos no convencionales desde el análisis espacial y sus geometrías de poder (Massey, 1993) y que vislumbren el cómo, dónde y quiénes distribuyen la energía en el espacio y en el tiempo, en relación con los proyectos extractivos por facturación hidráulica; de la misma manera que revelen sus efectos socio-territoriales y ecológicos desde una perspectiva de justicia y sostenibilidad “fundada en una racionalidad orientada a preservar, potenciar y dignificar el principio de la vida” (Leff, 2019: 279).Enfocar el estudio en México es importante, ya que existen provincias petroleras con recursos prospectivos no convencionales como la cuenca de Burgos, con 10,472.9 millones de barriles de petróleo. En esta cuenca se sitúa el estado de Nuevo León que es considerado uno de los estados más importantes del país a nivel de reservas de gas natural. Empero, la situación hídrica del estado es delicada, ya que “se ha utilizado más agua de la disponible en 12 acuíferos, de los 30 que abastecen de agua a la entidad, y en 7 cuencas superficiales de las 20 cuencas existentes. De ellas 5 están en equilibrio y 8 tienen disponibilidad” (Sánchez et al., 2015: 5). Este antecedente podría agudizar las condiciones de pobreza en las poblaciones cercanas a los proyectos por fracturación hidráulica a causa de la falta de acceso al agua.Bibliografía Bastian, A. I., y Jairath, V. (2019). Conflictos y resistencias: energía y conflictividad socioambiental en México. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México: MAPorrúa. Buzai, G.D. (2016). Sistemas de Información Geográfica: cartografía temática y análisis. Argentina: Lugar Editorial. Leff, E. (1998). Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México: siglo XXI.Resumen de la Ponencia:
Un estudio de la ONU sobre Comercio y Desarrollo afirma que la industria de la moda es la segunda más contaminante, específicamente, la producción de “moda rápida” considerando sus procesos de producción poco sostenibles ambiental, social y económicamente. Por otra parte, los alarmantes cambios climáticos han concientizado que los sistemas de producción tradicionales de textiles deben innovarse a favor del desarrollo sostenible sin afectar la competitividad y productividad entre empresas textiles.El aumento de conciencia ambiental de organizaciones e instituciones que fomentan y regulan a través de leyes y proyectos dirigidos a la gestión empresarial sostenible, así como han surgido empresas textiles dedicadas a los eco productos y servicios, y otras tantas empresas inician a innovar sus sistemas y procesos de producción hacía unos más limpios con el ambiente.Las alternativas textiles ecológicas innovan desde sus materias primas utilizando residuos orgánicos o inorgánicos para la fabricación de tejidos textiles como rastrojo de piña, cáscaras de plátano, borra de café, cáñamo, cáscara de naranja o poliéster reciclado hecho con botellas PET recicladas.En primera instancia, a nivel tecnológico el cambio de materia prima para la producción de fibras y tejidos sostenible provoca una matriz de producción distinta transformando la industria primaria exportadora y extractivista a una industria enfocada en la producción diversificada, ecoeficiente y con mayor valor agregado, En segunda instancia, a nivel económico esta nueva matriz de producción sostenible propone un nuevo modelo económico circular pues la matriz de producción tradicional textil funciona a través del modelo de economía lineal. En tercera instancia, a nivel ambiental se conoce las consecuencias de la cadena de producción textil en el medio ambiente como la contaminación del agua, de los suelos y el aire incidiendo negativamente en los ecosistemas y en los seres humanos. Por ello, instituciones y organizaciones a favor de la protección del ambiente han creado e impulsado proyectos, leyes y programas ambientales como los “costos ambientales” se trata de gestión empresarial sostenible pues se encarga de medir la ecoeficiencia de las empresas aplicada a la industria textil. En cuarta instancia, a nivel social se busca un trato ético hacia las personas trabajadoras consistiendo en pagos y condiciones dignas ya que, históricamente hasta hoy, aún se evidencian caso de condiciones laborales deplorables como padecimiento de dolencias corporales, violencia de género, estrés causado por los trabajos bajo presión, entre otras causas contra los derechos humanos. A modo de conclusión, mencionando los cambios a nivel tecnológico, económico, ambiental y social mediante la innovación textil sostenible promete un impacto positivo en la sociedad del consumo pues si no se puede evitar consumir es pertinente para el bienestar del medio ambiente y nuestra calidad de vida consumir conscientemente innovando procesos de producción textil.