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Resumen de la Ponencia:
Como parte de la expansión del concepto de seguridad, que incluye el tema de la pobreza y la migración, hace necesario revisar porqué se puede llegar a considerar la migración no autorizada, especialmente la mexicana, como una amenaza para los Estados Unidos. Una amenaza para la estabilidad de la sociedad y la economía por su impacto en la cultura y el Estado de Bienestar, como para la construcción democrática, pues traen consigo una visión distinta del sistema político.
Sin embargo, la presencia de una migración mexicana no autorizada a los Estados Unidos representa un problema de múltiples factores, uno de los cuales es la reacción de la sociedad y de las instituciones que se ven afectadas por esta. Siendo una política interna se convierte en un foco de conflicto en la región norteamericana que no puede ser solucionada cabalmente por los actores y canales diplomáticos tradicionales sino por una conjunción de nuevos actores y factores, como las sociedades domésticas de ambos lados de la frontera.
En el presente artículo se analizan los principales estigmas con los cuales la sociedad estadounidense se enfrenta a los migrantes no autorizados, sin reconocer los aportes sustanciales que realizan para el desarrollo de su propia nación, subrayando la visión del migrante como atentatoria para la preservación de los valores estadounidenses. Ello con el objetivo.
Introducción:
El desarrollo económico y social alcanzado por algunos pueblos a costa de mantener otras regiones del planeta en el subdesarrollo ha ocasionado que grandes masas poblacionales vean cancelado el camino a una vida digna en sus propias naciones, y al no tener nada que perder, pues no hay propiedades o personas que los aten a sus lugares de origen, prefieren arriesgarse a construir una nueva vida en otras latitudes que parecen ofrecer aquello que se les niega.
El fenómeno sería benéfico por la fuerza laboral que se desplaza a centros de producción económica y de bienestar social, apuntalando el desarrollo de los países receptores de migración. Sin embargo, el volumen cada vez mayor de migrantes en muchas naciones ha alcanzado su punto de inflexión, donde las naciones atractivas para la migración ya no pueden recibir a más desplazados por la guerra o la pobreza.
Así, lo que otrora eran políticas de inclusión y de apoyo a la diversidad cultural, ahora se convierten en tendencias a la xenofobia y al cierre de sus fronteras, aún para la ayuda humanitaria. El cerrar la puerta a los desplazados viene acompañado de una transformación de la visión pública sobre el problema, el “otro” paso de ser una expresión de la globalización y de la cultura integrada posmoderna a ser una lacra social y un peso innecesario para los ciudadanos trabajadores.
En el caso particular de los Estados Unidos, se aprecia que a una fuerte tendencia a rechazar a los indocumentados y a los recién migrados de países pobres, a quienes se les achacan una serie de males sociales y de abusar de los servicios médicos y de asistencia social que la población trabajadora ha construido por generaciones. A esta idea se le añade ahora un factor crucial para comprender el fenómeno de animadversión a toda migración ilegal o de países clave; este factor es el terrorismo, al cual construye la imagen del “otro” como amenazante a la seguridad personal, invita a cerrar las fronteras y sacar a lo que ya entraron y no se ha integrado totalmente a la nación.
El temor de la amenaza externa de quienes “nos odian” se une a la necesidad de culpar a alguien por el fracaso del modelo de desarrollo económico y social, de un Estado Bélico-Asistencia en decadencia y en constantes crisis cíclicas. Se crea una nueva categoría social, la de los excedentes, de población que es considerada como superflua, donde la solución a su existencia no es necesariamente financiera, aunque por lo general se le trata sólo en esa línea.
Desarrollo:
1. La situación laboral
Los migrantes no autorizados representaban el 4.9 % de la fuerza civil de trabajo para marzo de 2005, o cerca de 7.2 millones de trabajadores de una fuerza de trabajo total de 148 millones. Es evidente que la situación de esta clase de migrantes no les permite el acceso a los trabajos mejor remunerados, siendo así que la concentración más grande por sector al que se dedican es al de servicios, con una preeminencia en el caso de los trabajadores domésticos. Cerca de un 19% se dedica al sector de la construcción, un 15% al de la producción, instalación y reparación, y un 4% al sector agrícola (casi la mitad de los trabajadores agrícolas son inmigrantes ilegales, pero estos no por ello la mayoría de los inmigrantes se dedican al trabajo agrícola). En este último los trabajadores migrantes representan el 24% del total de la fuerza laboral y uno de cada cinco se dedica al sector de la construcción.
La situación laboral de los migrantes nos lleva a considerar la creación de riqueza por parte de este sector poblacional. Es cierto que no pagan impuestos tanto como otros sectores al vivir en la informalidad, pero esto es más cuestión de los empleadores que de los empleados. Los trabajadores inmigrantes no autorizados representan casi uno de cada veinte trabajadores en los Estados Unidos, centrándose en puestos de trabajo que requieren poca o nula clasificación para desempeñarlos, con lo que el debate de si desplazan a la mano de obra nativa queda reducido a si en verdad los residentes legales quieren esos puestos o no. La cuestión central es si tienen un efecto en la economía o no, si afectan los salarios al presionarlos a la baja y en el desempleo.
La mayoría de los estudios indican que los inmigrantes (incluso los ilegales) tienen poco efecto sobre los salarios y el empleo de los trabajadores nacidos en los Estados Unidos. Algunos cálculos sugieren que los trabajadores con más educación y nacidos en los Estados Unidos tienen ligeras ventajas, porque no están en competencia directa con la mayoría de los inmigrantes, y los trabajadores con menos educación y nacidos en los Estados Unidos tienen ligeros efectos negativos. Pero aún estos resultados son relativamente pequeños y debatibles. Un reporte reciente del PPIC [Public Policy Institute of California] concluye que la legalización de trabajadores anteriormente no autorizados y poco calificados no aumentó sus salarios, un programa de legalización más probablemente no aumentaría la competencia entre trabajadores anteriormente no autorizados y trabajadores nacidos en los Estados Unidos. La mayoría de los economistas concuerdan en que los inmigrantes, incluyendo los inmigrantes ilegales, aumentan el rendimiento económico de los Estados Unidos.
El tema de la contribución de los inmigrantes a la economía es uno de los temas que se discuten alrededor de la importancia de la migración y el costo de la misma para los contribuyentes, que justifica en un amplio espectro el redoblado gasto dedicado al control fronterizo y la expulsión de los migrantes no autorizados. Si se lograr sustentar sin duda que los migrantes (legales e ilegales) son un motor importante para la economía estadounidense y que contribuyen sin ser un peso al sistema de bienestar entonces se desmantelaría uno de los argumentos más fuertes contra la migración y con ello se abriría la puerta a una posible negociación con los países latinoamericanos para establecer patrones regulados de migración y se acepte el asilo por acoso de los cárteles del crimen organizado.
Un mercado laboral flexible, como el existente en los Estados Unidos, realiza ajustes periódicos que se adecúan a la presencia de un mayor número de trabajadores migrantes, esto permite que la economía estadounidense atraiga mayor número de capitales al incrementarse las oportunidades de inversión pues hay mano de obra disponible para las industrias que se establezcan. Esta mayor inversión y competencia por obtener los puestos de trabajo produce un efecto benéfico para la economía pues incrementa la productividad de los trabajadores y las ganancias de las empresas.
Los menores costos de producción tienden a aumentar las ganancias de los empleadores y a bajar los precios de venta a los consumidores, activando la economía nacional y las locales. Para los trabajadores se abren oportunidades de empleo y aquellos que no cuenten con una capacitación específica o más alta sentirán que deben incrementar sus capacidades con una mayor educación, con el fin de obtener mejores empleos e incrementar sus ingresos.
Es cierto que la fuerza laboral crece dinámicamente en los Estados Unidos por la presencia de los migrantes, legales y no, ya que en una década crecieron 16.3 millones de trabajadores con la contribución de 8.5 millones de trabajadores por parte del sector de los migrantes. De esta contribución México y América Central proporcionaron a los Estados Unidos 3.7 millones de trabajadores, esto es, las naciones centro americanas y la mexicana perdieron casi cuatro millones de trabajadores para sus respectivas economías.
De estos trabajadores, los mexicanos contaban en promedio 9.3 años de escolaridad completa, lo que representa una inversión del Estado Mexicano importante en la educación básica que no se aprovecha en nuestro país, pero sí recibe una ganancia de manera marginal por conducto de las remesas. ¿Esta es una condición conveniente para ambas naciones?
La respuesta a la pregunta anterior cruza los intereses económicos de las naciones involucradas, si las personas no son importantes diremos que sí es una condición conveniente para ambos países, pero si hacemos un análisis más sociológico y antropológico, vemos que a largo plazo sólo conviene a los Estados Unidos pues la pérdida de una gran cantidad de hombres y mujeres en la plenitud de su fuerza laboral y en la que México ha invertido una fuerte cantidad en su educación y capacitación disloca la estructura económica nacional y tarde o temprano estos migrantes dejarán de mandar remesas a México pues sus familias se reunirán con ellos o simplemente se romperá el vínculo que los obligaba a enviar cotidianamente recursos para su sostenimiento.
Por esto, vemos que la renovación de la fuerza laboral estadounidense a través de la migración beneficia al país receptor a corto y largo plazo sin que dicha ganancia sea recíproca a largo plazo por parte de los países expulsores.
2. La estigmatización de los migrantes y el sistema de bienestar.
Aun así, se mantienen una serie de prejuicios contra la migración, legal y no, sobre todo por parte de la inmigración latinoamericana. En el caso de los migrantes mexicanos se dice, por ejemplo, que en el sector agrícola los contratistas le pagan al obrero lo menos posible y éstos se vengan trabajando lo menos posible y rompiendo sus herramientas de trabajo de manera intencional. Los campesinos mexicanos forman campamentos y los trabajadores urbanos forman barrios donde viven lo más igual posible a cómo vivían en México, sin integrarse del todo y resistiéndose a cualquier acto de transformarse, lo que es un tema importante para la tradición ideológica estadounidense.
En estos barrios, los México-americanos establecen nuevos negocios acorde a su forma de vivir, se celebran las fiestas nacionales mexicanas y forman círculos de seguridad donde se sienten a su gusto ante la discriminación que viven cotidianamente en muchos lugares públicos y zonas de las ciudades y pueblos donde se insertan.
Si bien esto ha creado una cultura propia, rica y diversa, ello no quita que en el fondo todas las actitudes contra las minorías raciales nacen de diversas ideas no necesariamente verdaderas, pero ya fuertemente enraizadas en el pensamiento general, como por ejemplo el que los migrantes quitan trabajos a los nativos y son un factor para mantener los sueldos en niveles bajos. A más de esto los viejos migrantes o ya residentes combaten la entrada de los nuevos pues compiten realmente por los mismos puestos laborales, así como crean tensiones permanentes con los nativos que los viejos migrantes creen que ya superaron, pues su proceso de integración en la cultura local se encuentra ya en un nivel mucho más avanzado.
Esto es patente en el sistema escolar, donde los recién llegados tienen que enfrentarse al mal uso de la lengua y la poca comprensión del inglés que los castiga académicamente. No se puede lograr una integración real si no se domina la cultura del país y sus costumbres. La puerta de entrada a este dominio es la lengua.
Ahora bien, para superar el estado de pobreza, lograr una inserción real y acceder al círculo del poder político, económico y social se requiere una educación superior a la normal, universitaria y de posgrado, pero esta solo puede ser posible si partimos de una educación básica de calidad. El acceso a ella no es fácil y las minorías raciales se encuentran en posición de desventaja, pues si vives en un barrio deprimido racialmente minoritario entonces iras a escuelas de baja o muy baja calidad, donde se entretiene a los estudiantes, pero se sabe que la mayoría de ellos no tendrán acceso a la educación universitaria y su destino muy seguro son trabajos mal pagados o la cárcel en algún momento de su vida, si logran llegar a la adultez.
Para el gobierno del presidente Obama la educación, nominalmente, es uno de los principales asuntos a tratar para construir un futuro viable, generando las condiciones viables para que los educandos adquieran las habilidades y el conocimiento necesario para los trabajos del futuro. Sin embargo, para los inmigrantes ilegales, para los homo sacer, las cosas no son de ese modo.
En 2007 del total de los migrantes indocumentados a los Estados Unidos el 55% fueron jóvenes entre los 15 y los 29 años, de los cuales el 7% (35 mil) tenían entre 15 y 17 años de edad. De este universo el 3% se declaró analfabeto. La escolaridad promedio era de 7.2 años, pero las mujeres tenían 8.6 años de escolaridad frente a 7.1 de los hombres.
Estos años de formación, pagados con los impuestos de los mexicanos, no sólo parecen ser una inversión mal hecha, sino que además no son suficientes para que éstos jóvenes se integren a la sociedad estadounidense pues el mínimo de años que debe estudiar el joven promedio es de doce años.
El gobierno mexicano ha establecido el Programa Binacional de Educación Migrante México- EUA (PROBEM), el cual surge con el objetivo de cubrir la demanda de maestros bilingües que se requieren para atender las necesidades educativas de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos y sensibilizar a los educadores sobre la problemática educativa que debido a los flujos migratorios, comparten México y Estados Unidos.
Pues el incremento del nivel educativo de los migrantes mexicanos, junto con la legalización de su estancia, es la clave para la obtención de mejores empleos y la movilidad social. Así, las herramientas para alcanzar la plena integración no pueden ser proporcionadas por el Estado Benefactor de los Estados Unidos, pues los migrantes no son sus nacionales, ni sus ciudadanos, no tiene ninguna responsabilidad con ellos, sin embargo, contribuyen al desarrollo nacional con su trabajo y en algún momento con algo mucho más que eso, pues si logran superar las primeras barreras, posiblemente alcanzarán la educación superior y con ella la posibilidad de realizar un real y definitivo aporte al desarrollo económico y social de los Estados Unidos.
Los migrantes mexicanos no obtiene buenos resultados en el desempeño nacional debido a que no reciben la educación necesaria ni de la calidad requerida para destacar. El gobierno mexicano podría hacer algo de este lado de la frontera apoyando la educación de los estados con mayor número de migrantes, pero el presente artículo habla del Estado de Bienestar estadounidense y los migrantes mexicanos.
En una sociedad cuyo equilibrio generacional se encuentra comprometido por el envejecimiento de su población y la caída de los niveles de natalidad de los naturales, la migración joven que se inserte de manera eficiente en el mercado laboral es una forma de lograr mantener el estado de vida y los servicios sociales del resto de la población, por ello el que los migrantes cuenten con la educación necesaria para ello es vital en el contexto de sus aportes al bienestar nacional.
Sin embargo, los latinos, los mexicanos con ellos, tienen los peores resultados educativos y son el sector de más rápido crecimiento demográfico, lo cual no permite la movilidad social y crea una serie de presiones a los sistemas de asistencia social que se ven sobre saturados por los demandantes. El primer problema es el crecimiento de hispanos en las escuelas públicas, que representan un reto de integración escolar y de nivelación académica, no porque sean menos dotados intelectualmente que los demás sino porque habrá que enseñarles inglés en primer lugar.
El desempeño de los migrantes en el ámbito educativo cultiva la imagen negativa de los hispanos y de los mexicanos, no contribuye a crear una imagen de éxito sino de un fracaso anunciado que alimenta la idea de que no se puede, ni se debe, invertir en algo que está destinado al fracaso, sino en el control de los daños para que sean lo menos posible.
Otro de los rubros donde se crean prejuicios contra los migrantes es que éstos sólo llegan al país para beneficiarse del sistema de salud y por ello lo sobresaturan, pero el costo de los servicios médicos es pagado por los contribuyentes no por los usuarios. En contra de esta idea están los datos duros, los 10 estados con mayor incremento en la presencia de migrantes entre el año 2000 y el 2009 gastaron menos en asistencia pública per cápita que los estados con menor presencia de migrantes. Los diez estados con menor gasto per cápita en asistencia social, la población migrante creció un 31 por ciento en promedio en el lapso temporal mencionado, mientras que en los diez estados con el mayor gasto per cápita en asistencia pública el crecimiento de la población migrante fue del 13 por ciento. Asimismo la idea de que las salas de consulta de los barrios de migrantes están llenas, lo que representa un costo para los contribuyentes, es falsa pues normalmente los migrantes son más jóvenes que el promedio de la población nativa y son más sanos, pues si no lo fueran no hubieran podido enfrentar las presiones físicas y psicológicas que representa la migración forzada o elegida.
Lo cual nos lleva a la consideración de la relación entre la migración no autorizada y el sistema de bienestar estadounidense: Los migrantes y sus descendientes representan un beneficio para los Estados Unidos, representan una ganancia fiscal equivalente a unos $80,000 dólares (calculados en el año 2012), pero si tienen una educación mayor a la de bachillerato representa unos $198,000 dólares de ganancia fiscal. El problema es que el típico migrante tiene un menor nivel de educación que el promedio nativo, pero sus hijos serán mejor educados y ganarán más, con lo cual pagarán más impuestos, así el impacto fiscal de los migrantes es positivo en parte porque tienden a llegar jóvenes, en edades productivas, en parte porque sus descendientes tienen expectativas de mejor educación y salarios y en parte porque pagan impuestos por varios rubros tanto federales como estatales, sin que disfruten necesariamente sus beneficios.
La idea central que mueve el discurso en esta línea es que los inmigrantes son más costosos para los contribuyentes ya que los migrantes poco capacitados utilizan más los servicios gubernamentales que son pagados por los contribuyentes nativos. Ya vimos algunos argumentos que podrían desmentir estas afirmaciones, pero por su puesto hay diversos argumentos a considerar.
Organizaciones como el Center for Immigratios Studies, la Heritage Foundation y la Federation for American Immigration Reform han producido una serie de estudios donde dicen que la inmigración le cuesta a los contribuyentes, decenas de billones de dólares al año, el grueso de los cuales es pagado por los impuestos estatales y locales, lo que le hace decir a Milton Friedman que la abierta migración es incompatible con el Estado de Bienestar.
Para paliar dicha situación se aprobó en 1996 la Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA) la cuál buscaba, cómo su nombre lo indica, promover la responsabilidad personal en la búsqueda del empleo, reducir los nacimientos fuera del matrimonio y consolidar el apoyo al matrimonio. Así, los adultos sanos no pueden permanecer más de un año en el sistema de bienestar por causa del desempleo, dando fuertes incentivos para que dejen el sistema por un trabajo tanto por las agencias federales como por las locales y estatales, con lo cual se les dio un mayor papel a estas últimas instancias en la administración del sistema de bienestar. Se buscaba romper con las dependencias creadas por un sector de la población al sistema de bienestar y lograr aligerar así su peso, localizando los principales sectores problema como son el de los dependientes del seguro de desempleo, los niños nacidos fuera del matrimonio que tenían ayuda vía programas para madres solteras, esto es, se busca reducir el gasto en estos programas sociales haciendo a los ciudadanos que los reciben responsables de su vida, lo cual de entrada no parece malo, sin embargo, las consecuencias han sido diversas.
En el caso que nos ocupa, esta Ley limita el acceso de los migrantes ilegales a los servicios de salud, buscando que los contribuyentes no paguen por los servicios médicos de quienes no pagan impuestos. Esto pone cuestiones éticas en la mesa de discusiones y cada estado debe resolverlas, algunos lo hicieron como antecedente de la misma PRWORA; por ejemplo, California, el estado con el mayor número de mexicanos inmigrantes (legales y no), tuvo un incremento en el gasto de los servicios gubernamentales, debido, según algunos, a que los inmigrantes mandan a sus hijos a las escuelas públicas y usan los hospitales locales. En 1994 los ciudadanos votaron por la proposición 187 que estableció que los migrantes no autorizados no pudieran usar dichos servicios. Para 1998 un juez federal desmanteló gran parte de dicha Ley diciendo que era inconstitucional; el mismo año, en California se aprobó la Proposición 227 que acababa con los programas de educación bilingüe. Una ley parecida pasó en Arizona en el año 2000 pues muchos, incluidos México-americanos, piensan que a los niños que no hablan inglés se les debe colocar en salones junto con los angloparlantes, pues así se ven impulsados a superar este escollo de la manera más rápida y lograr una más efectiva integración.
En todo caso la PRWORA cargo excesivamente a los proveedores de salud con una serie de restricciones, cuyos nocivos efectos fueron rechazados por los que antes habían apoyado la iniciativa. La ley en sí menciona que con respecto a los servicios públicos locales y estatales los migrantes indocumentados no son elegibles para ningún programa de retiro, bienestar, salud, discapacidad, o cualquier otro beneficio similar, las excepciones incluyen la asistencia en emergencias médicas o inmunización por enfermedades o riesgo de enfermedades contagiosas.
Regresamos al argumento de que los migrantes cuestan al contribuyente por la vía de los servicios médicos, pues aunque se les restrinja el acceso a sólo los casos de emergencia, ello no impide, según los contrarios a la migración, que éste sector poblacional no sature los servicios médicos pagados por la población contribuyente; pero en realidad los costos de los migrantes al sistema de salud son difíciles de precisar, según el CATO Institute los contribuyentes pagan menos por los migrantes que por la población nativa. Según un estudio de la Rand Corporation en 2006 los residentes migrantes, ilegales o legales, representaron un 8.5 por ciento del gasto nacional en salud, mientras que representan cerca del 13 por ciento de la población. En esta línea los migrantes indocumentados representaron el 1.5 por ciento de los gastos médicos, siendo el equivalente al 3.2 por ciento de la población con lo que se concluye que los migrantes usan menos el sistema de salud y los distintos seguros de la red de bienestar que los nativos y pagan más de sus bolsillos por cuidados médicos. A lo que se agrega que muchos pagan impuestos directos o indirectos, pero no tienen acceso a la totalidad de los beneficios del sistema de bienestar como hemos visto al tratar el caso de la Ley PRWORA de 1996, pues la misma Administración del Seguro Social estima que por lo menos tres cuartos de los migrantes ilegales pagan impuestos usando falsas cuentas del seguro social y con ello contribuyen a financiar el sistema de salud ya tan golpeado económicamente.
Muchos inmigrantes ilegales pagan Seguro Social y otros impuestos, pero no recaudan beneficios, y no reúnen los requisitos para acceder a muchos de los servicios del gobierno. Sin embargo, hacen uso de la asistencia médica de emergencia y atención de maternidad, y sus hijos nacidos en Estados Unidos pueden reunir los requisitos para acceder a programas sociales, incluyendo asistencia social (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas).
Además, debido a que la mayoría de los inmigrantes trabajan en ocupaciones con salarios bajos, no generan grandes ingresos en impuestos. Según un estudio –realizado por una organización que aboga por reducir la inmigración- los inmigrantes ilegales son una perdida fiscal general neta debido a sus bajos ingresos y bajos pagos de impuestos, no por se grandes consumidores de servicios públicos. Otro estudio, por el Brooking Institution, utiliza datos nuevos de la Encuesta de Población Actual para concluir que los inmigrantes y sus hijos contribuyen más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Conclusiones:
La propuesta es benéfica en muchos aspectos para los ciudadanos y la economía de los Estados Unidos, pero no para los países expulsores de migrantes. ¿Podríamos sinceramente criticar esto? No, es natural y lógico que luchen por sus intereses, pues el diseño de las políticas exteriores de cada país lo hacen según sus capacidades. Ese no es el problema, lo que debemos evaluar es qué tanto afectarán estas propuestas de acción a México y hasta donde serán eficientemente aplicadas.
Planteemos un escenario hipotético: si se logra empadronar a todos los migrantes ilegales registrando sus datos biométricos, antecedentes penales, pasando por requisitos de seguridad nacional y pagando los impuestos respectivos el País tendría la posibilidad de expulsar a todo migrante no útil para los fines de producción y todo aquél que esté vinculado con cualquier acto delictivo, convirtiéndose en problema para sus países de origen. Habría un sistema de empadronamiento de todo migrante con datos precisos que permiten realizar un control mucho más eficiente de las personas que ponen en entredicho la libertad de movilidad internacional, pues aunque no sean criminal ni hayas violentado la ley habrá un registro de los movimientos de quienes nacieron fuera de los Estados Unidos y por alguna razón pasaron por el país o solicitaron algún tipo de visa.
Igualmente, esto no sería problema de México si no fuera porque esto también representa el cerrar la frontera y crear una presión económica interna pues se elevarían los niveles del desempleo y con ello la violencia y la criminalidad, pues los jóvenes (vengan de donde vengan) que no puedan pasar la frontera deberán buscar un medio de subsistencia en México y ya hemos visto que son presa fácil para las redes del crimen organizado.
Por esto, habrá que pensar en colaborar efectivamente con la protección fronteriza, pero articular una estrategia que le permita a la política exterior mexicana establecer redes efectivas de colaboración con las familias y los migrantes mexicanos autorizados y no en los Estados Unidos para que se pueda revertir la tendencia de expulsión en inversiones productivas locales. Si se logra controlar la violencia cotidiana que ahora nos envuelve podremos estimular la recuperación económica de las comunidades ahora asoladas por la violencia a través de inversiones productivas provenientes de quienes migraron y ahora pueden, sino regresar, sí evitar que sus familias continúen abandonando su tierra de origen.
Mientras eso sucede debemos apoyar los esfuerzos que se realicen a favor de iniciativas educativas binacionales y de proyectos transfronterizos que apoyen a los que desean trabajar y construirse una vida en los Estados Unidos para que lo hagan legalmente. Ambas naciones necesitan replantear sus prioridades en la relación mutua, así como establecer compromisos reales de transformación de sus respectivas políticas públicas destinadas a la población migrante.
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Palabras clave:
Migración, seguridad nacional, relaciones México-Estados Unidos