Resumen de la Ponencia:

Tras el triunfo de la revolución cubana, la mayor de las Antillas se ha distinguido por enarbolar una política exterior marcada por la cooperación y la solidaridad con las naciones del Sur global, destacando sobre todo las ubicadas en América Latina y el Caribe. Con todo y la continuidad de la agresión estadounidense, Cuba sostiene importantes esfuerzos por compartir parte de su potencial social, sobre todo en el campo de la salud, buscando coadyuvar en la reducción de las asimetrías sociales que reflejan la condición estructural del capitalismo dependiente que caracteriza a los países de la región. Así, esta ponencia se plantea abordar las características centrales de la cooperación cubana, destacando en particular las aportaciones realizadas en la región para coadyuvar con el esfuerzo de gobiernos y sociedades en el enfrentamiento de la pandemia de la Covid-19, demostrando con ello la trascendencia de su esencia solidaria y la posibilidad de rediseñar las dinámicas hacia una integración con sentido social, alejada de los mecanismos predominantes, de esencia neoliberal, en los que todo se centra en la maximización de las ganancias para el capital.

Resumen de la Ponencia:

En 11 años la generación que lideró las movilizaciones estudiantiles más importantes en 2011, hoy llega al poder liderada por el Presidente Gabriel Boric, uno de sus líderes más visibles. Este artículo tiene como objetivo principal comprender los liderazgos de los principales actores del nuevo gobierno desde el 2011 hasta nuestros días. Como objetivos secundarios, se busca analizar las transformaciones de estos líderes en sus discursos políticos del 2011 a la fecha. En segundo lugar, estudiar las principales organizaciones de pertenencia desde el año 2011 a la fecha y, por último, comprender como estos liderazgos estudiantiles lograron llegar al poder en 11 años. La metodología de investigación es cualitativa y se basa en fuentes secundarias, a partir de medios escritos y digitales, artículos y libros, como también entrevistas realizadas a actores de dicho movimiento entre 2011 y 2021.  

Resumen de la Ponencia:

A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se incrementaron los relatos de viajeros (locales y extranjeros) en el territorio colombiano, algunos de ellos fueron producto de expediciones científicas o comisiones contratadas por el Estado, otros, hicieron parte del reconocimiento del territorio, sus recursos y sus gentes por parte de viajeros, colonos y misioneros. La Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en la costa Caribe, tuvo una especial atención al ser una región de interés para los proyectos colonizadores de la época. Si bien se dio una prelación a la palabra escrita en estos registros, las ilustraciones y las fotografías se convirtieron en una estrategia de registro que pretendía ser una herramienta “objetiva” que capturaba las realidades del momento.No obstante, las imágenes, principalmente dibujos y fotografías en blanco/negro, reprodujeron imaginarios específicos sobre el territorio, las gentes y los recursos. Como por ejemplo, la construcción visual de “indígenas” que “mantenían” determinadas costumbres o formas de vida consideras como “naturales” o “propias”; la caracterización del territorio como un lugar “exhuberante” o con una alta “riqueza” de recursos en términos de producción de alimentos y otros. En esta ponencia se analizarán los imaginarios construidos/legitimados a partir de las imágenes publicadas sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, en términos de territorio y pueblos indígenas. Vale anotar que estas circularon como parte de los informes y artículos publicados en el periodo de interés, tiempo en el que se dio una transición del uso de la ilustración a la fotografía por parte de los viajeros, expedicionarios y misioneros que arribaron a esta región. En este sentido, se busca establecer puentes discursivos entre esta producción visual, comprendiéndola como el resultado de las intenciones de quien estuvo tras la cámara o el lápiz ilustrador. En esta vía, la imagen dista de ser un producto “objetivo” que apela a la subjetividad de su autor y los preconceptos, ideas e imaginarios del mismo sobre aquello que es registrado a través de la fotografía y la ilustración.Vale anotar que esta ponencia hace parte de una reflexión mas amplia sobre los acervos históricos de imágenes de esta región y su potencialidad para las comunidades del presente. Dado que se han adelantado ejercicios de photo-elicitacion en los que han sido re-interpretadas desde las realidades actuales. Si bien esta mirada “actual” continúa en proceso, es importante analizar también las imágenes  como espacios de construcción/legitimación de imaginarios en sus contextos de producción inicial.

Resumen de la Ponencia:

La corrupción en el Perú es uno de los grandes problemas que afecta a toda institución pública en los diferentes niveles de gobierno, la Contraloría General de la República, ha estimado que se pierden alrededor del 13% del presupuesto público nacional en el proceso de corrupción que involucra no solo al corrupto sino al corruptor, desde la perspectiva ciudadana es necesario fortalecer su participación en los asuntos públicos y de gestión. En ese sentido, el control social se convierte en el impulso que necesitan las instituciones para identificar los presuntos hechos irregulares en el marco de sus acciones. Por ello, la experiencia del programa “Auditores Juveniles” promueve los valores cívicos y éticos en los estudiantes de nivel secundaria en instituciones públicas y privadas, coadyuvando a fortalecer una cultura de integridad y legalidad a través de las veedurías escolares a nivel nacional. 

Introducción:

La corrupción es uno de los mayores problemas que afecta a países del mundo, según el Banco Mundial se ha constituido en el principal obstáculo al desarrollo económico equitativo (Alfaro, 2004, p. 657), generalmente en países emergentes los niveles de corrupción son más elevados, trae consigo efectos económicos, reduce la efectividad de los recursos públicos, la inversión privada y productiva, impacta sobre el crecimiento económico, desestabiliza las finanzas, provoca fuga de capital y deslegitima la democracia representada en sus autoridades (Argandoña, 2006, p. 1). Desde el punto de vista social, genera escenarios de exclusión, injusticia social, violencia, ausencia de participación política, ciudadana y frustración en los sectores poblacionales vulnerables o con mayor impacto de la pobreza (Wielandt, 2007, p. 7). Desde el punto de vista de la ética, representa la trasgresión de los valores y principios básicos necesarios para las relaciones interpersonales y la vida social, genera conductas incorrectas, aprendizajes negativos y se normaliza la acción corrupta (Argandoña, Op. Cit, p. 1). 

 

Estudios sobre la incidencia de la corrupción realizado por la Contraloría General de la República de Perú, (CGR, 2021, 2022) determinó que es el principal problema público estructural en el país. Se perdió por corrupción e inconducta funcional en el año 2020 veintidós mil millones y en 2021 veinte cuatro mil millones de soles, equivalente al doce y trece por ciento (12 - 13%) del presupuesto ejecutado respectivamente. Además, encontró que, la mayor incidencia está en los gobiernos regionales y locales entre quince y diecisiete por ciento (15 - 17%) (Shack, Pérez & Portugal, 2021, p. 56). 

 

Siguiendo lo desarrollado por Gonzalo Wielandt en su estudio sobre corrupción para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, como efecto social, la ausencia de participación política, es entendida como el derecho al desarrollo de todos los ciudadanos y definida como un proceso de mejora constante sobre el bienestar de la población, basada en factores económicos, sociales, culturales y políticos en torno a la participación activa. (Wielandt, Op. Cit, p. 30).

 

El presente ensayo se sustenta en la premisa de mitigar el impacto de la corrupción, a partir de la participación política activa de los estudiantes de nivel secundario en las instituciones educativas públicas y privadas, como horizonte de formación ciudadana, promoción de valores éticos, cívicos e impulso de una cultura democrática, de integridad y legalidad, ejerciendo control social sobre los servicios que reciben al interior de su institución educativa y comunidad, desarrolla un análisis desde la sociología de la educación como perspectiva dual y crítica y tiene como teoría base la cognitivista de Jean Piaget. 

 

Metodológicamente, aborda un análisis con enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y utiliza herramientas de recopilación de información como la observación, revisión documental, reportes, informes y bibliografía sobre el tema desarrollado (Hernandez-Sampieri et al. 2014). 

 

Ejecutivamente, se sustenta en la implementación de veedurías escolares como herramienta de participación democrática, acompañados de docentes y padres de familia, observa el funcionamiento de un servicio público en la institución educativa (ámbito público) o comunidad (ámbito público y privado) realizado por estudiantes de nivel secundario bajo el amparo del Compromiso para la Formación de los Ciudadanos del Bicentenario (firmado el 07 de diciembre de 2018) y el Convenio Interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación – MINEDU en adelante (firmado el 03 de diciembre de 2019), que tiene como objeto ejecutar actividades con proyección a docentes, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa en la educación básica regular dentro del Programa “Auditores Juveniles”, que contribuyan a fortalecer de manera coordinada con el MINEDU, el ejercicio ciudadano, el compromiso social y la lucha contra la corrupción, en el marco de los documentos curriculares vigentes de educación básica.   

 

En esa orbita de ideas, se identificó tres componentes que se ponen bajo análisis: la participación de estudiantes de nivel secundario de instituciones educativas públicas y privadas, la implementación de veedurías escolares de acuerdo a las temáticas ejecutadas en el año 2021 a nivel nacional y la promoción de valores éticos y cívicos que impulsen la participación ciudadana y el control social en los estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas públicas y privadas. Finaliza, planteando propuestas que generen alternativas de solución nacional como modificación en la política educativa, el currículo nacional e implementación de mecanismos de control social.

Desarrollo:

Mitigar el impacto de la corrupción y la inconducta funcional en el país, es tarea que debe impulsar a todos los sectores: Poder Legislativo, Judicial, instituciones educativas, universidades, empresariado, académicos, colegios profesionales, sociedad civil organizada, ciudadanía en general y principalmente el Poder Ejecutivo como ente rector de la implementación de políticas públicas, los gobiernos subnacionales y los organismos autónomos que en el marco de sus competencias contribuyen con reducir los efectos sobre el desarrollo económico equitativo. 

 

Entendiendo que el primer problema que afecta al Perú es la corrupción, seguido sólo por la delincuencia en sus distintas modalidades, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el sesenta y dos por ciento (62%) de la población, coloca a la corrupción como la principal preocupación en todo el país (INEI, 2020, p. 3). Para Shack (2021), la crisis deviene de un sistema pre moderno que no funciona bien, y que, muestra signos de haber sido penetrado profundamente por la inconducta funcional y la corrupción en todo sector y nivel de gobierno, una conducta que se ha normalizado y que la propia ciudadanía justifica como causa para la mejora de sus condiciones básicas de vida. Así mismo, Proética (2019) señala que, en el ranking de las instituciones percibidas por la ciudadanía como las más corruptas se encuentra el Congreso de la República y el Poder Judicial con un porcentaje superior al 50% mientras que, los partidos políticos y los gobiernos subnacionales tienen porcentajes superiores al 20%.   

 

En concordancia, Shack et al. (2021), conceptualizan la corrupción burocrática, como elemento reproducido en sobornos, favorecimiento en la asignación de contratos de bienes y servicios, concentrada en la función pública y vista como beneficio directo o indirectos al burócrata (p. 7). Haciendo una analogía del monto perdido por corrupción e inconducta funcional, de cada cien, trece soles se van en corrupción, se lo roban o son sobre costos que producto de la inconducta funcional y la ineficiencia incorporamos en el gasto público. Por tanto, ese dinero no llega a los beneficiarios que debería llegar, poniendo un ejemplo cuantificable en una obra pública se podrían ejecutar dos carreteras centrales en Perú, es decir, carriles de ida y vuelta que permitan dinamizar el transporte en dicha zona. 

 

Entonces, para mitigar este problema, un elemento fundamental es la participación política activa, concepto que refleja la democracia como forma de gobierno, legitimando su funcionamiento y brindando espacios participativos a los ciudadanos quienes podrán involucrarse en los hechos políticos de su país, dotando la facultad de ser responsables de su futuro (Sabucedo, 1988, p. 165). En concordancia, Tanaka (2021), señala que, estos espacios son propios de la democracia participativa, la cataloga como la mejor forma de régimen político porque tiene características plurales como la libertad, el derecho a tener un rol critico de las acciones gubernamentales, la renovación de poder por periodo determinado, elecciones libres, respeto a las normas y reglas estipuladas por la sociedad. 

 

Para Andrade (2022), la participación política es la esencia en la democracia por dos razones fundamentales, primero porque los ciudadanos pueden escalar a posiciones gubernamentales a partir de la participación política y por otro lado, mediante la representación que constituye la influencia sobre los tomadores de decisiones, estas razones hacen referencia al concepto de movilidad política, escenario que en el Perú se encuentra regulado por la Constitución Política del Estado en su Artículo 43º, representado por el Congreso de la República como primer poder del Estado y en la figura ejecutiva del Presidente de la República como funcionario de mayor jerarquía al servicio de la Nación; además, es un derecho de todo ciudadano participar en los asuntos públicos en todas sus formas y niveles de gobierno, tal como lo señala el Artículo 31º del mismo cuerpo normativo (Constitución, 1993).  

 

Los datos empíricos señalan que los espacios de participación política en el país son limitados, en su mayoría están asociados al quehacer del gobernante de turno que utilizan estos espacios para cumplir con sus compromisos electorales o son utilizados por grupos sociales con fines particulares. 

 

Como vemos, el problema es que no se promueven espacios participativos, políticos, informativos, de diálogo o de control social, resulta insuficiente los canales de comunicación y el uso de medios tecnológicos como plataformas que se ponen a disposición de la ciudadanía para interactuar con la autoridad, sino también, alertar sobre el presunto uso inadecuado de los recursos públicos y la inconducta funcional, como medio para mitigar su impacto. Esto, permite abordar un análisis desde el enfoque formativo de ciudadanía, el rol que cumple la Contraloría General de la Republica y el MINEDU, a partir de la implementación del programa “Auditores Juveniles” a nivel nacional. 

 

El MINEDU, en el marco de sus competencias como órgano perteneciente al Poder Ejecutivo, brinda las condiciones necesarias para que todos los peruanos ejerzan su derecho a la educación, rector de la política educativa y pedagógica a nivel nacional, articula esfuerzos con la Dirección Regional de Educación (DRE) en los Gobiernos Regionales y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a nivel de provincias, aprueba el Proyecto Educativo Nacional y conduce el proceso de planificación de la educación (MINEDU, 2022).

 

Por su parte, la Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema Nacional de Control, tiene entre sus atribuciones la promoción de la participación ciudadana mediante audiencias públicas y/o sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el control gubernamental (Ley N.º 27785, 2002).

 

Las relaciones y objetivos comunes, han permitido establecer una alianza estratégica que permita desde el enfoque formativo de ciudadanía, implementar el programa “Auditores Juveniles” en todas las regiones y provincias del país, datos que serán analizados a través de los resultados obtenidos de la ejecución de la veeduría escolar virtual.  

 

PERSPECTIVA TEORICA 

La teoría, cognitivista de Piaget aporta elementos trascendentales para el aprendizaje del estudiante en su proceso formativo, señala que el conocimiento es un constructo propio del individuo que constantemente va actualizando conforme interactúa diariamente con factores sociales y cognitivos, es decir, el estudiante es autogestor de su propio conocimiento, procesando información, interpretándola y poniendo en práctica lo aprendido, de ahí que genera nuevo conocimiento; así mismo, señala que el desarrollo cognoscitivo como proceso continuo parte desde la niñez, donde va adquiriendo conocimiento y encontrando situaciones cada vez más complejas, lo que permite ir resolviendo conforme va creciendo (Saldarriaga et al. 2016. p. 130-131).

 

Otro aporte significativo en su constructo teórico nos permite entender la población objetivo del programa analizado, son los diferentes estadios del desarrollo intelectual, específicamente al que denomina operaciones formales que se establece desde los doce años en adelante o en la etapa secundaria del proceso educativo, en esta etapa se desarrolla la inteligencia formal donde el pensamiento es más organizado, interno y reversible, el adolescente comprende el conocimiento científico, formula hipótesis, razona sobre las proposiciones y combina argumentos sistemáticamente (Ibíd, p. 133), esto permite, generar una cultura de integridad y de ética pública, permitiendo que el estudiante se involucre en la mejora y cuidado de los servicios y plantee propuestas de solución para lograr un impacto positivo en el bienestar de la comunidad estudiantil.

 

En la pedagogía contemporánea, el conocimiento es producto de la interacción entre el estudiante, el docente y el entorno donde se realiza el proceso de aprendizaje, poniendo no sólo al estudiante como centro del ejercicio educativo, sino, el docente visto como un elemento orientador siendo el encargado de crear las condiciones y buscar métodos apropiados que favorezca el aprendizaje en entornos conforme el nivel del estudiante, de aquí que es la base para la formulación de los currículos escolares (Ibíd, p. 136).   

 

Desde la sociología de la educación con una perspectiva dual y crítica, según Aubert, parte por reconocer las brechas y marcadas desigualdades en el sistema educativo y el entorno donde se desarrollan las actividades académicas de los estudiantes; de ahí que, es importante señalar, la participación activa del estudiante, docente con su entorno, es necesario para transformar la realidad, integrarse a la sociedad, fortalecer el pensamiento crítico y democrático (como se cita en Fajardo & Cervantes, 2020. p. 62). 

 

Desde la pedagogía crítica, resalta el rol que cumple el docente, estudiante y miembros de la sociedad en búsqueda de superar las desigualdades que existen en la realidad social, como señala Freire en su pedagogía del oprimido, la acción dialógica o natural del propio individuo y sus relaciones intersubjetivas permite transformar la sociedad. En concordancia, Flecha teoriza el aprendizaje dialógico como la interacción que permite desterrar todas las desigualdades sociales y alcanzar éxito educativo. En contraste a ello, Giroux pone al docente en un plano intelectual diferente, tiene un referente ideológico y hace necesario el conocimiento científico en el proceso educativo donde la escuela tiene una tarea fundamental en la construcción de espacios democráticos y culturales (como se cita en Fajardo & Cervantes, 2020. p. 63-64).

 

COMPONENTES

De la revisión del plan estratégico institucional al dos mil veinticuatro de la Contraloría General de la República de Perú, establece como objetivo estratégico promover la participación ciudadana en el control social, la transparencia, acceso a la información pública, fortalecimiento de estrategias como veedurías ciudadanas; así como, la atención oportuna de denuncias, en el marco de la competencia del Sistema Nacional de Control. 

 

La implementación del programa “Auditores Juveniles” nos lleva al análisis fundamentado con datos objetivos recogidos por los reportes emitidos por la Contraloría General de la República en el marco de la implementación de las veedurías escolares a nivel nacional en el año dos mil veintiuno, que permite ampliar nuestra visión para enfrentar la corrupción en la política. En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID – 19 se implementó la veeduría escolar virtual, a través de esta modalidad, el estudiante de educación secundaria participa desde su hogar, contando con el acompañamiento de su padre, madre o apoderado; y, haciendo uso del aplicativo informático del programa, logra desarrollar el formulario de veeduría sustentado en la normativa vigente que involucra al servicio público analizado. En ese sentido, las premisas son:

 

PRIMERO, la participación de estudiantes de nivel secundario de instituciones educativas públicas y privadas. De acuerdo con los datos obtenidos por el Censo escolar 2021 del MINEDU, reportado en su estadística de la calidad educativa - ESCALE, los alumnos de nivel secundario de instituciones educativas escolarizadas y zonas urbanas con matrícula vigente alcanzó dos millones setenta mil trescientos noventa y ocho estudiantes (2,070,398). 

 

De ellos, se identifica que se gestionó la participación de cuatrocientos veinticinco mil novecientos sesenta y seis (425,966) auditores juveniles de los cuales, trecientos cincuenta y nueve setecientos once (359,711) son auditores juveniles nuevos, comparativamente con la ejecución de la veeduría escolar de un año antes y que pertenecen a siete mil doscientos catorce (7,214) instituciones educativas, los cuales realizaron cuatrocientos veinticinco mil novecientos sesenta y seis (425,966) veedurías escolares con el acompañamiento de doscientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y siete (257,347) padres, en las temáticas de programadas. 

 

El resultado muestra que, el porcentaje de participación de estudiantes alcanzado a nivel nacional fue veintiuno por ciento (21%) del total de estudiantes. En cuanto a la cobertura geográfica, que se alcanzó cobertura a un ochenta por ciento (80%) de distritos a nivel nacional. Esto, nos lleva a reflexionar e intentar explicar los limitantes que contuvieron mayor participación a nivel nacional. Para ello, debemos aterrizar en los resultados a nivel regional.  

 

De la participación a nivel regional, los resultados muestran criterios de desigualdad que permite esbozar la conclusión que, las condiciones de participación para los estudiantes fueron desigual. La cobertura de señal de internet o paquete de plan de datos para el caso de teléfono móvil o Tablet sigue representando una brecha por cobertura pendiente, la región con menor participación fue Madre De Dios, con cero puntos dos por ciento (0.2%), Moquegua, con cero puntos cinco por ciento (0.5%), Pasco, con cero puntos seis por ciento (0.6%), y Amazonas, con cero puntos siete por ciento (0.7%), tres de las cuatro mencionadas, pertenecen a zona centro y oriente del país, la selva sigue representando la región con mayor limitación en acceso a internet.  

 

Así mismo, se pudo corroborar que la participación estudiantil está relacionada directamente con el compromiso del directivo y docente de aula, primero por la apertura de la institución educativa y los lineamientos que su autoridad determina; y, segundo por la sensibilización, conceptos que previamente incorpora en sus clase y motivación para el ejercicio ciudadano, que el docente imparte como estrategia previa a su intervención. Por tanto, el directivo y docente son vitales para el impulso de las veedurías. 

 

También, se identificó escenarios positivos con mayor participación de estudiantes, siendo la región de Piura con quince por ciento (15%), seguida por Lima Metropolitana – Callao con catorce por ciento (14%) y Cusco con diez por ciento (10%) del total de estudiantes participantes, números que reflejan un alza comparativa.

 

SEGUNDO, de la revisión documental se obtuvo que, la implementación de veedurías, estuvo acorde a seis temáticas focalizadas durante el año; responden a criterios de coyuntura e importancia para el ejercicio ciudadano y las mejoras en la calidad educativa. Así mismo, fue virtual en su totalidad, porque los criterios de participación estaban a disposición de los cambios normativos y acciones gubernamentales en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

 

Propaganda electoral, en el marco de las elecciones nacionales tuvo como objetivo verificar si los trabajadores de los gobiernos locales realizan difusión electoral durante el desarrollo de sus actividades. Así como, si se ha efectuado el retiro de propaganda electoral, en el periodo establecido, una vez finalizada las elecciones. La participación alcanzada en esta veeduría fue setenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve estudiantes (79,549) representando el dieciocho por ciento (18%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el veintidós de marzo al cinco de junio.

 

Entrega del material educativo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la entrega de material educativo a los estudiantes de educación básica regular -EBR de nivel secundario del sector público, necesario para el logro de los estándares de aprendizaje. La participación alcanzada en esta veeduría fue noventa y ocho mil quinientos ochenta y seis estudiantes (98,586) representando el veinte tres por ciento (23%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el uno al dieciocho de junio.

 

Limpieza pública, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de limpieza pública de los distritos a nivel nacional, verificando el cumplimiento de la labor de los gobiernos locales. La participación alcanzada en esta veeduría fue sesenta y seis mil doscientos veintitrés estudiantes (66,223) representando el dieciséis por ciento (16%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el doce al treinta y uno de julio.

 

Entrega de Tablets, con el objetivo de verificar la recepción y el buen funcionamiento de las Tablets entregadas por el MINEDU. La participación alcanzada en esta veeduría fue veinticinco mil quinientos ochenta y ocho estudiantes (25,588) representando el seis por ciento (6%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el dieciocho al treinta y uno de agosto.

 

Accesibilidad y ciclovías, con el objetivo verificar las condiciones que deben de cumplir las edificaciones y la vía pública para ser accesibles a todas las personas con discapacidad, garantizando su derecho a la accesibilidad. Asimismo, verificar la implementación de las medidas de promoción y regulación del uso de las bicicletas como medio de transporte sostenible y eficiente en el uso de la capacidad vial y en la preservación del ambiente. La participación alcanzada en esta veeduría fue setenta y cinco mil setenta y nueve estudiantes (75,079) representando el dieciocho por ciento (18%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el diecisiete de setiembre al seis de octubre.

 

Finalmente, estrategias educativas, con el objetivo verificar el buen el funcionamiento del servicio educativo del año 2021 en las modalidades de educación a distancia, semipresencial y presencial en las instituciones públicas de la EBR. La participación alcanzada en esta veeduría fue ochenta mil novecientos cuarenta y uno estudiantes (80,941) representando el diecinueve por ciento (19%) del total de veedurías ejecutadas, desarrollada desde el veintinueve de octubre al catorce de noviembre de 2021.

 

Al respecto, la tendencia de participación fue disminuyendo en cada participación a excepción de la última veeduría, esto respondería al escaso sostenimiento del programa en regiones donde el modelo no es adoptado como una practica regular en el proceso de aprendizaje; sino, visto como una tarea adicional. Además, la participación en veeduría con menor alcance fue entrega de Tablet, esto, sería producto de la focalización de regiones participantes, ya que, las Tablet se entregó con prioridad en regiones con mayor índice de vulnerabilidad, dejando de lado la participación de Lima Metropolitana y capital de provincia con zona urbana, lo que impacto negativamente en la participación.  

 

Por otro lado, el porcentaje con mayor participación se encontró en la veeduría entrega del material educativo y estrategias educativas, representando para los estudiantes y docentes, herramientas fundamentales para el ejercicio de sus actividades académicas; con ello, corroboramos que, a mayor importancia del docente sobre la temática de veeduría, mayor es el impacto en la participación de los estudiantes.      

 

TERCERO, promoción de valores éticos y cívicos que impulsen la participación ciudadana y el control social en los estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas públicas y privadas. De la evidencia empírica, hemos identificado iniciativas extracurriculares que fortalecen la participación, brindan oportunidad de sostenibilidad al programa y mayor ejecución de la veeduría escolar, tanto desde el MINEDU como de la Contraloría, siendo estas las siguientes:

 

En la región Callo a través de su Dirección Regional de Educación, incorporó como práctica ciudadana el trabajo articulado entre docentes, padres de familia y estudiantes, volviendo sostenible la intervención. La región Lambayeque, presentó la experiencia veeduría en la feria escolar Eureka 2021 creando impacto positivo en los estudiantes y ciudadanía que sirve de motivación a instituciones educativas que no participaron. Y, la región Cusco, donde se identificó impacto concreto de la intervención del programa, logró incorporar el ejercicio de veedurías escolares en los documentos pedagógicos a nivel regional, con ello, se garantiza el sostenimiento del programa en años posteriores. Como incidencia adicional, se identificó la implementación de una estrategia participativa en la región Lima Provincias denominada propuesta pedagógica “Markkunas Liwrisanawa” lengua originaria Jaqaru, significa Pueblos libres, que tiene como finalidad propiciar la reflexión y valoración de su historia local y regional, a través de, participación estudiantil con encuentros y elaboración de ensayos sobre la

participación de las provincias de la región en el proceso de la independencia del Perú a fin de promover el ejercicio de derechos y la ciudadanía en los estudiantes, actividades que se relacionan con el programa (Resolución Directoral Regional N.º 000306, 2021),

 

Así mismo, en el marco de sus facultades, la Contraloría General de la República organizó un conversatorio nacional “Auditores Juveniles fortaleciendo la legalidad e integridad como agentes de cambio” que motivó a los estudiantes a continuar con su labor fiscalizadora y sirvió de espacio para mostrar iniciativas de las regiones. Además, se emitieron reportes a las entidades donde la muestra estudiantil era representativa para la toma de decisiones de la autoridad local. Se pudo conocer gestiones de propuesta de convenios específicos con las Direcciones Regionales de Educación. Al respecto, podemos concluir que, si bien la evidencia corrobora la promoción de valores éticos, cívicos, la participación ciudadana y el control social a nivel nacional, estas iniciativas fueron aisladas, por tanto, no permitiría impacto real y sostenible en la comunidad educativa y el país.

 

PROPUESTAS

El análisis de resultado permite establecer una hoja de ruta con propuestas alternativas que podrían mejorar la participación estudiantil, la motivación del docente, los servicios públicos que recibe el estudiante y con ello, minimizar el impacto de la corrupción en nuestro país. Además, un efecto relativo estaría vinculado a la ciudadanía, con participación de padres de familia y la comunidad organizada que ven un espacio de participación política. 

 

Entre las propuestas que podrían implementarse con criterios de gestión están: 

Firmar convenio de cooperación interinstitucional especifico con la DRE en todas las regiones del país, de acuerdo a la realidad política, educativa, social, geográfica y cultural de la región, lo que permitiría impulsar veedurías como práctica cotidiana en la verificación de los servicios públicos dentro de su institución educativa y comunidad. Generar estrategias regionales, alineadas al programa Auditores Juveniles que potencien su implementación con actividades relacionadas a la participación política de los estudiantes, alcanzar el nivel primario con un enfoque lúdico. Generar espacios de intercambio sobre las condiciones para el éxito de tales iniciativas entre investigadores, funcionarios de educación y representantes de la sociedad civil. Implementar una plataforma digital que apoye las veedurías presenciales de ámbito nacional. Modificación en la política pública educativa, implementación de mecanismos de control social como parte del currículo nacional educativo.

Conclusiones:

PRIMERO, la corrupción es el principal problema público estructural en el país, perdiendo en el año 2020 y 2021 equivalente al 12% y 13% del presupuesto nacional, la mayor incidencia está en los gobiernos regionales y locales con 15% y 17% respectivamente.

 

SEGUNDO, en el año 2021 el programa Auditores Juveniles gestionó la participación de 425,966 estudiantes (21% a nivel nacional) de los cuales 359,711 son nuevos, pertenecientes a 7,214 instituciones educativas, los cuales realizaron 425,966 veedurías escolares con el acompañamiento de 257,347 padres, en las temáticas de propaganda electoral, entrega de material educativo, limpieza pública, entrega de Tablet, accesibilidad y ciclovías, y estrategias de aprendizaje y estrategias educativas, alcanzando una cobertura de 80% de distritos a nivel nacional.

 

TERCERO, la región con menor participación fue Madre De Dios (0.2%) y la de mayor participación fue Piura (15%), producto de criterios de desigualdad: cobertura de señal de internet o paquete de plan de datos, compromiso del directivo y motivación docente. Se identificaron iniciativas regionales como feria Eureka 2021 (Lambayeque), propuesta pedagógica “Markkunas Liwrisanawa” (Lima Provincias), incorporación de veedurías escolares en los documentos pedagógicos a nivel regional (Cusco).    

 

CUARTO, la participación estudiantil está relacionada directamente con el compromiso del directivo y docente. Se proponen alternativas para mejorar su impacto como: convenio especifico con la DRE en todas las regiones del país, estrategias regionales, espacios de intercambio entre investigadores, funcionarios y representantes de la sociedad civil, plataforma digital que apoye las veedurías presenciales de ámbito nacional y modificación en la política pública educativa con criterios de control social como parte del currículo nacional educativo.

Bibliografía:

Alfaro, S. O. (2004). Corrupción y desarrollo: Deconstruyendo el discurso del Banco Mundial. Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, (102), 657-682.

 

Andrade, Y. (2022). Participación Política Ciudadana En Michoacán. Revista de Direito da Cidade. Artículos Rev. Dir. Cid. 14 (1). https://doi.org/10.12957/rdc.2022.32975

 

Argandoña, A. (2006). La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y su impacto sobre las empresas internacionales. Documento de Investigación IESE Business School de la Universidad de Navarra, 656, 1-23.

 

Contraloría General de la República. (2018, 07 de diciembre). Compromiso para la Formación de los Ciudadanos del Bicentenario - Entre el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la República. https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/1684350-compromiso-para-la-formacion-de-los-ciudadanos-del-bicentenario-entre-el-ministerio-de-educacion-y-la-contraloria-general-de-la-republica

 

Contraloría General de la República. (2022, 06 de julio). Perú perdió más de S/ 24 mil millones en 2021 por corrupción e inconducta funcional. https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/629665-peru-perdio-mas-de-s-24-mil-millones-en-2021-por-corrupcion-e-inconducta-funcional

 

Compromiso para la Formación de los Ciudadanos del Bicentenario, 07 de diciembre, 2018, https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/1684350-compromiso-para-la-formacion-de-los-ciudadanos-del-bicentenario-entre-el-ministerio-de-educacion-y-la-contraloria-general-de-la-republica

 

Convenio Interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación, 03 de diciembre, 2019, https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/1684321-convenio-de-cooperacion-interinstitucional-entre-la-contraloria-general-de-la-republica-y-el-ministerio-de-educacion

 

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Palabras clave:

Corrupción,  participación ciudadana, veeduría escolar

Resumen de la Ponencia:

Este trabalho constitui um ensaio com interpretações acerca da relação entre as estratégias comunicativas e as políticas socioambientais por parte do governo de Jair Bolsonaro. A partir de discussões a respeito da chamada “era da pós-verdade” no contexto de fortalecimento do neoliberalismo-conservador, destaca-se como a atual gestão presidencial se apoia no caos informacional como modus operandi que possibilita a formulação e propagação de narrativas de autodefesa direcionadas principalmente para sua base apoiadora e que confundem o debate público sobre temas contenciosos. No que tange à área socioambiental, observam-se discursos de atores do governo federal baseados em negacionismo climático e na narrativa “antiglobalista” para justificar políticas destrutivas à natureza e às comunidades tradicionais cujas raízes remontam ao antiambientalismo e antiindigenismo do projeto nacional-desenvolvimentista da Ditadura Civil-Militar. Diante disso, a última seção aborda criticamente algumas ideias proferidas em discursos desses agentes e as políticas adotadas para o meio ambiente e os povos tradicionais, em especial os indígenas, tendo como perspectiva normativa a justiça ambiental. Como conclusões preliminares, considera-se o emprego de discursos contraditórios, ora direcionados para a base eleitoral, ora para a comunidade internacional defensora do desenvolvimento sustentável. Simultaneamente, evidencia-se a promoção da política de desmonte das instituições e legislações de proteção da natureza e dos direitos socioambientais, além do estímulo de práticas extrativas predatórias. 

Resumen de la Ponencia:

 El ciclo menstrual y la menstruación en las sociedades “modernas” sigue siendo un tema tabú, comúnmente abordado desde el rechazo y la desinformación. Suele asociarse solo a sus características biológicas, pero resulta importante abordarlo desde una perspectiva social, ya que no solo es un proceso fisiológico, sino que es un proceso biopsicosocial que genera comunicación y es utilizado como un mecanismo de opresión y rechazo, como una barrera simbólica y estructural que impide el acceso a ciertos servicios y espacios. Por eso resulta importante cuestionarnos cómo a partir de esta característica biológica y proceso biopsicosocial las mujeres y personas menstruantes habitan y usan los espacios, y cómo a partir de una idea sesgada la construcción y dominación del espacio deja fuera la otredad y ejerce una violencia constante sobre cuerpxs distintxs al dominante, que se viven y habitan de formas diferentes. Se abordará desde el espacio público y privado y la escala de la corporeidadEsto teniendo en cuenta que el espacio también es creado y utilizado como un medio de control social y político, como un instrumento de dominación mediante el cual, se discrimina desde una perspectiva blanca, occidental y heterosexual a todo lo que se salga de dicha categoría, a todo lo que desde ahí se define como “la otredad”. Ni el espacio, ni el género existen de forma absoluta, sino que son construidos socialmente y reproducidos por las prácticas sociales. Son una manifestación del orden social y a la vez creadores de éste.El objetivo de la ponencia es mostrar cómo, a pesar de que el uso del espacio público por parte de las mujeres ya no se encuentra explícitamente normado, siguen existiendo mecanismos implícitos, mediante los cuales su conducta sigue siendo regulada y se les relega al espacio privado. Se les restringe el uso de ciertos lugares y espacialidades después de cierta hora, con cierto tipo de vestimenta, al cumplir ciertas características (lesbiana, gorda, menstruante, etc). Todo esto derivado de que el espacio público como el privado siguen sin ser algo que les pertenezca del todo a las mujeres, ya que siguen sin ser productoras de estos, siguen sin ser plenamente libres de usarlos, habitarlos, recrearlos y repensarlos de la forma que ellas quieran. La mayoría de las veces su conducta se encuentra normada mediante la creación de nuevos conceptos y nuevas formas de represión. 

Resumen de la Ponencia:

La crisis por Covid-19 representó un desafío para los distintos ámbitos de gestión, tanto públicos como privados. El caso de las organizaciones pertenecientes al sector transporte no fue una excepción, sino que éstas se convirtieron en protagonistas de múltiples transformaciones.

La ponencia tiene el objetivo describir y analizar algunas de las estrategias y prácticas de gestión de crisis desarrolladas por organizaciones reguladoras y proveedoras de servicios de transporte en la Argentina durante el año 2020, con foco en sus efectos sobre la salud y condiciones laborales de los/as trabajadores/as. Estas estrategias y prácticas se orientaron a garantizar la seguridad operacional y sanitaria, así como la continuidad de los servicios, dentro de los márgenes impuestos por las reglamentaciones excepcionales vigentes.

A tal fin, se ha optado por un diseño de investigación descriptivo basado en un enfoque metodológico cualitativo. Las técnicas empleadas fueron: el relevamiento de fuentes secundarias (documentos organizacionales, normativa, etc.) y la realización de entrevistas semiestructuradas a actores clave del sistema de transporte (funcionarios de entes reguladores y prestadoras de servicio, representantes sindicales y trabajadores/as).

En la ponencia se presentan los principales hallazgos de la investigación, así como una primera evaluación de las prácticas de gestión identificadas y de sus potenciales implicancias para el abordaje de futuros eventos de similares características.

Introducción:

Esta ponencia se elaboró en base a una investigación realizada por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) de Argentina, organismo desde el cual -en el contexto de la crisis sanitaria que azotó a la comunidad internacional- se identificó la necesidad de llevar adelante una investigación que extendiese el campo de aplicación de la JST hacia eventos excepcionales[1]. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) es un organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, que tiene como objetivo contribuir a la seguridad en el transporte en todos sus modos a través de la investigación técnica de accidentes e incidentes de transporte y la emisión de recomendaciones que permitan mejorar la seguridad operacional (Ley 27514/2019)

Esta ponencia constituye una aproximación a la gestión de la crisis del coronavirus desarrollada por el sistema de transporte argentino. Los alcances de la misma fueron definidos por los siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron las estrategias de gestión de crisis que pusieron en marcha frente a la pandemia del COVID-19 las organizaciones constitutivas del sistema de transporte multimodal[2]? ¿de qué manera estas nuevas prácticas afectaron las condiciones de trabajo del sector?

El objetivo general de la ponencia es indagar las estrategias y prácticas de gestión de crisis pandémica desarrolladas por distintas organizaciones de los cuatro modos de transporte de Argentina durante 2020. Dichas estrategias estuvieron orientadas a gestionar los riesgos de seguridad (operacional y sanitaria), así como a asegurar la continuidad de las operaciones.

El 3 de marzo de 2020 la Argentina registró el caso cero de coronavirus en un pasajero arribado en un vuelo proveniente de Italia. Ante este hecho, y frente a un escenario internacional signado por la incertidumbre, el Estado argentino adoptó medidas excepcionales y de emergencia para enfrentar la pandemia[3].  En este contexto, las actividades del transporte fueron declaradas servicios esenciales, lo que significó un desafío inédito hasta entonces: todos los modos del transporte deberían asegurar el sostenimiento de las operaciones, garantizar los estándares de la seguridad operacional y morigerar los riesgos de contagio y transmisión del virus Sars-Cov-2 para preservar la salud tanto de las personas usuarias como del personal. 

 

[1] Un evento excepcional alude a un acontecimiento de gravedad inusitada (que puede o no ser un accidente), cuyas consecuencias impactan en las funciones básicas de la sociedad.

[2] Transporte multimodal alude a los modos automotor, ferroviario, aeronáutico y marítimo, fluvial y lacustre.

[3] El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) emitió, el 12 de marzo de 2020, el Decreto 260/2020 de emergencia sanitaria, en uso de las facultades otorgadas por la Constitución Nacional. 

Desarrollo:

Encuadre teórico metodológico

Como se mencionó en la introducción, esta ponencia constituye un desprendimiento de un estudio desarrollado por la JST sobre la base de un diseño descriptivo. El equipo de investigación a cargo de llevarlo adelante se conformó con personal de las distintas direcciones modales que componen el organismo, y fue encabezado por la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico (DNEYMA).[1]

La ponencia, elaborada en base a una metodología de trabajo cualitativa, se sustenta en los aportes y testimonios brindados por una red colaborativa constituida ad hoc, integrada por un entramado de entidades nacionales del transporte, entre las que se incluyen organismos normativos, regulatorios y fiscalizadores; prestadores de servicios públicos y privados; cámaras y asociaciones del transporte; así como obras sociales y sindicatos que agrupan a los trabajadores sector. Actualmente, la red está integrada por 25 organizaciones, tanto públicas como privadas.

En el marco de este estudio, se realizaron 20 entrevistas semiestructuradas a referentes de 15 entidades del transporte pertenecientes a la red colaborativa. En la mayoría de los encuentros fueron entrevistadas entre dos y tres personas pertenecientes a diferentes áreas de las organizaciones. Acorde con los objetivos de la investigación, las guías de entrevista utilizadas focalizaron en tres dimensiones: gestión de riesgos de seguridad operacional, gestión de crisis y gestión de riesgos sanitarios.

En lo referente al marco conceptual sobre el que se construye esta ponencia, se parte de considerar a la pandemia como un accidente normal (Covello y Muro, 2020). De acuerdo a Perrow (1984), el accidente normal o sistémico se caracteriza por ser previsible e inevitable. El autor afirma que es propio de sistemas complejos donde ocurren acoplamientos e interacciones inesperadas, es decir, que está en la naturaleza misma de los sistemas sociotécnicos. En esta línea, la investigación considera válido incluir (dentro de los muchos marcos teóricos abordados para analizar la pandemia) el análisis sistémico de la pandemia bajo la teoría de accidente normal. Desde esta perspectiva, el brote infeccioso en Wuhan se propagó hacia otros sistemas fuertemente acoplados, que trascendieron el ámbito de la salud interactuando de manera inesperada y derivaron en una crisis social, económica y política global (Costa, 2021; Covello y Muro, 2020)

Los accidentes sistémicos precisan modelos de análisis atentos a sus características. El análisis sistémico de accidentes se aleja de los modelos lineales de tipo causa-efecto y de las explicaciones de accidentes basadas en fallos únicos (generalmente, errores del personal operario, de diseño o fallos mecánicos) o de un árbol de fallos (Perrow, 1984; Hollnagel, 2004).  Este tipo de análisis busca identificar situaciones estructurales que expliquen los factores desencadenantes o contribuyentes (Perrow, 1984). 

Por otro lado, se entiende a las crisis como eventos potencialmente riesgosos que efectivamente ocurren y traen aparejadas fuertes incertidumbres (Gilbert, 2002 citado en Pucci y Walter, 2007:29).  La gestión de la crisis refiere, particularmente, a la toma de decisiones ejecutivas u operativas que buscan asegurar el control frente al caos que caracteriza a estos eventos. En el caso de empresas y organizaciones, implica atender al bienestar y seguridad de las personas involucradas en tanto trabajadoras o usuarias. (Pucci y Walter, 2007).

Se entiende al riesgo como un evento probable o potencial, susceptible de causar daños a las personas y organizaciones. Normalmente, se describe en relación a sus probabilidades y severidad, a la situación que potencialmente puede causar o a sus consecuencias (Pucci y Walter, 2007; Norma IRAM-ISO 31000). La gestión de riesgos refiere a estrategias y actividades elaboradas por una organización, idealmente coordinadas, orientadas a dirigir y controlar el riesgo (Norma IRAM-ISO 31000). 

La Ley 27514, mediante la cual se creó la JST, en su artículo 3 define a la seguridad operacional como el “estado de operación de un sistema en que el riesgo de lesiones a personas o daños a los bienes que participan e interactúan, se ve reducido y se mantiene a un nivel aceptable o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos”. 

Respecto de los riesgos sanitarios, en esta investigación se hace foco en el riesgo de infección por COVID-19, o dicho en otros términos: la probabilidad de que se concrete el peligro de contagio y diseminación de la enfermedad, y la severidad de las consecuencias. Por consiguiente, se comprende a la gestión de seguridad sanitaria como un grupo de actividades de carácter tanto proactivo como reactivo, orientadas a reducir todo lo posible los mencionados riesgos en materia de salud.

 

Análisis de la información

La información recabada en las entrevistas se organizó en función del modo de transporte y se analizó a partir de la distinción de tres grandes dimensiones que hacen a la gestión del transporte en el marco de la crisis pandémica: la gestión de los riesgos sanitarios (refiere a la gestión de la seguridad sanitaria y otros riesgos para la salud asociados); la gestión de la seguridad operacional (gerenciamiento de riesgos de seguridad operacional vinculados a la gestión del contexto pandémico); y la continuidad de las operaciones (refiere al sostenimiento y operabilidad del servicio de transporte en todos sus modos). La última dimensión se configura, de algún modo, como resultado del manejo de las otras dos dimensiones mencionadas.

 

Modo ferroviario

 

Gestión de riesgos sanitarios

La mayoría de las prestadoras del modo conformaron, desde el inicio de la pandemia, equipos o comités de gestión de crisis, destinados a abordar el nuevo escenario sanitario. Entre las acciones prioritarias abordadas por los equipos de gestión de crisis se destacan la elaboración y adecuación de protocolos de acuerdo con los lineamientos emanados por el Ministerio de Salud.

En todos los casos, los protocolos (también denominados “mecanismos de defensa” por las prestadoras) se elaboraron en base a los lineamientos y planes de emergencia desarrollados por la CNRT. Entre sus aspectos centrales destaca el establecimiento de mecanismos de reemplazo de personal en caso de contagios; la disposición de elementos de protección y limpieza en coches y establecimiento; las medidas de distanciamiento social al momento de las rotaciones; y la administración/regulación del volumen de personas transportadas; entre otras medidas.

Una de las preocupaciones centrales de las prestadoras desde el inicio de la pandemia se centró en la necesidad de minimizar la transmisión del COVID-19, en el marco de un sistema caracterizado por trasladar grandes volúmenes de personas en espacios reducidos. El desarrollo de la aplicación “Reservá tu Tren”[2] por parte de la Gerencia de Tecnología, Información e Innovación de Trenes Argentinos, contribuyó a complementar la protocolización de procesos en este sentido. 

Se destaca también el hecho de que varias prestadoras desarrollaron sistemas estadísticos que les permitieron monitorear, de forma sincrónica y diacrónica, el estado de situación de su planta en materia sanitaria: contabilizaron entre el personal casos detectados, casos sospechosos, contactos estrechos, hisopados realizados, etc.; y evaluaron la curva de casos al interior de la prestadora, en función de la situación nacional y la dinámica de las medidas dispuestas desde las mismas organizaciones.

 

Gestión de riesgos de seguridad operacional

Los testimonios recogidos señalan que muchas medidas de seguridad operacional se vieron interrumpidas a razón de lo dispuesto por los lineamientos sanitarios destinados a prevenir contagios entre el personal a cargo. La gestión de seguridad operacional concerniente a equipos de monitoreo, auditores de campo y control en vías fue la más afectada, ya que se limitaron las prácticas de auditoría en cabinas de señales y cabinas de conducción. Esto se debió al riesgo sanitario que representaba que los inspectores de seguridad operacional realizarán las inspecciones en campo en la misma cabina que el personal de conducción o en las cabinas de señales, ambos espacios muy reducidos que impedían sostener el distanciamiento social recomendado. 

En respuesta a esta problemática, se definió la migración paulatina de estos controles a la modalidad de telerelevamiento y otras acciones de monitoreo remotas, realizadas con cámaras go pro instaladas de forma estratégica, o bien mediante la inspección con drones. Las actividades y prácticas de SO en campo que no fueron afectadas por el distanciamiento social se continuaron desarrollando de forma habitual. Esto incluyó relevamientos funcionales, relevamiento de material rodante y de infraestructura, entre otros.

Otro factor asociado a un potencial incremento de riesgos de seguridad operacional se vincula con el aislamiento masivo de personal abocado a tareas de monitoreo, control y auditoria, que obran como fuentes de información permanente y permiten establecer escenarios predictivos. En ocasiones, los equipos de monitoreo de riesgos (de exceso de velocidad, etc.) debieron ser aislados casi en su totalidad, por lo que se dificultaba la tarea de prevención de posibles accidentes o incidentes.

 

Continuidad operativa

La gestión sanitaria y operativa desarrollada por las prestadoras durante la pandemia permitió no solo sostener, sino, en algunos casos, potenciar el servicio. Vale, a modo de ejemplo, mencionar el caso de los servicios ferroviarios de carga que, con base en la reorganización operativa, lograron incrementar los volúmenes de mercancía transportada.

Entre las principales dificultades que amenazaron la continuidad de las operaciones destaca la alta tasa de contagios entre los/as trabajadores/as, que dificultó el funcionamiento no solo de los coches, sino de los Centros de Control de Operaciones (CCO) y el Centro de Conductores. 

Finalmente, cabe destacar que los servicios con presencia en provincias del interior del país encontraron exigencias legales jurisdiccionales que, en ocasiones, limitaron la circulación de las formaciones por los pasos fronterizos interprovinciales. Esta descoordinación, producto de la insuficiente articulación entre actores de distinto nivel jurisdiccional, generó serios trastornos para la operación y para el personal de “primera línea”, cuyo descanso y condiciones de trabajo se vieron perjudicados.

 

Modo automotor de pasajeros[3]

Gestión de riesgos sanitarios

Según los testimonios recabados, las prestadoras de servicio del modo automotor de pasajeros/as no contaban, en casi ningún caso, con planes preexistentes de gestión de crisis al inicio de la pandemia. Los hechos de marzo de 2020 forzaron la creación de equipos/comités de gestión de crisis, en cuyas manos estuvo el diseño de los planes y protocolos destinados a palear la crisis sanitaria. Entre las medidas incluidas en los protocolos elaborados destacan la apertura permanente de ventanillas, el aislamiento plástico del espacio reservado al personal de conducción, la reorganización del cronograma de trabajo presencial, la difusión de información de prevención y la capacitación sanitaria del personal.

Entre las dificultades presentadas para cumplimentar los protocolos dispuestos se encontraron, como se observó en el modo ferroviario, la imposibilidad de operativizar la reglamentación dispuesta por la autoridad de aplicación en materia de límite máximo de personas transportadas. Los intentos de aplicación de la normativa supusieron incidentes de diversa seriedad entre los personas usuarias y personal de conducción, único mediador disponible durante los recorridos.

En lo que refiere a la coordinación entre actores del sistema de transporte, los testimonios reflejan que el diálogo y la articulación entre las prestadoras, agrupadas en cámaras empresarias, permitió el intercambio de datos e información y la definición consensuada de medidas para una eficiente gestión de la crisis. 

La relación entre las prestadoras y los sindicatos, por su parte, fue positiva. El sindicato de la actividad y los cuerpos de delegados se mostraron siempre dispuestos a trabajar articuladamente con las prestadoras: participaron en acciones de consenso para la toma de decisiones y actuaron como nexo entre la empresa y el personal. Para las prestadoras, los/as delegados/as sindicales resultaron un eslabón central para la difusión de información sanitaria entre el personal, propiciando una circulación “boca a boca” más efectiva que otros medios de difusión oficiales.

 

Gestión de riesgos de seguridad operacional

Contrariamente a lo ocurrido con los procedimientos y protocolos de gestión de crisis, las medidas y prácticas de seguridad operacional vigentes hasta la declaración de la pandemia no requirieron grandes adecuaciones[4].

Entre los elementos de alarma que los protocolos debieron atender, se destaca que, en algunos casos, los protectores de nailon, que inicialmente se utilizaron para resguardar a los choferes, dificultaban o limitaban la visión, por lo que algunas empresas procedieron a reemplazarlos por materiales cuyas características fueran aptas para garantizar una visión óptima de espejos y puertas.

Por otro lado, el personal de conducción que prestó servicio durante la pandemia sufrió la readecuación de su cronograma de trabajo, ya que debió suplir la carga laboral del personal dispensado por pertenecer a grupos de riesgo, lo que redundó en una sobrecarga de trabajo.[5] Esta situación excepcional repercutió sobre las condiciones de trabajo y descanso del personal de primera línea, incrementado los riesgos de seguridad operacional asociados a la fatiga[6].

Cabe destacar que las nuevas medidas impactaron en la relación entre las personas usuarias y las prestadoras, cuyo rostro visible era el personal de conducción. Se registraron casos de lesiones como consecuencia de altercados y se incrementó -en relación con el escenario prepandémico- el número de personas con heridas leves producto de su “interacción” con los vehículos. El clima de tensión social incrementó, entonces, el riesgo de ocurrencia de sucesos que derivaran tanto en lesiones como en la demora o suspensión de los servicios, afectando su continuidad. 

 

Continuidad operativa

En función de las medidas sanitarias dispuestas por los gobiernos nacionales y jurisdiccionales durante marzo y abril de 2020, el transporte automotor de pasajeros/as (interurbano y de larga distancia) disminuyó drásticamente su frecuencia. Con el correr de los meses, paulatinamente, se fue retomando la continuidad del servicio, alcanzando sus frecuencias habituales hacia fines de 2020.

Entre los acontecimientos asociados a la pandemia que pusieron en riesgo la continuidad operativa de los servicios, destacan dos hitos sobresalientes: se registró escasez de insumos y dificultades para el abastecimiento de repuestos durante las primeras semanas tras la declaración de la pandemia; y la dispensa de trabajadores perteneciente a grupos de riesgo supuso la reducción drástica de la planta del personal de conducción, lo que implicó adaptaciones del cronograma de frecuencias.

 

 

Modo aeronáutico

 

Gestión de riesgos sanitarios

Tras la declaración de la pandemia y la disposición de un nuevo corpus normativo para el desarrollo de operaciones aeronáuticas, las prestadoras ingresaron a una etapa de actualización y adecuación permanente de los planes y protocolos de gestión de crisis sanitaria. 

Durante los primeros meses de la pandemia, los testimonios recogidos revelaron un déficit de procesos de articulación entre prestadoras y organismos de gobierno como PSA, EANA y ANAC. No se convocó un comité de crisis ni se consolidaron otras instancias de intercambio con los actores del modo. 

En lo que respecta a la capacitación y actualización de competencias, las prestadoras desarrollaron formas de capacitación y comunicación novedosas hacia el personal, mediadas por el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas permitieron transmitir rápidamente información actualizada, nuevas recomendaciones a tripulantes y cambios en protocolos de actuación ante casos sospechosos, entre otras medidas.

En cuanto al impacto sanitario de la crisis sobre los/as trabajadores/as, esta repercutió en distinto grado sobre la salud mental y se vivieron situaciones de temor, ansiedad y estrés vinculadas al miedo al contagio en los lugares de trabajo. Para abordar este fenómeno, algunas prestadoras instauraron dispositivos de contención y acompañamiento, entre los que destacan el seguimiento médico y psicológico por vía telefónica de los casos sospechosos o positivos.

 

Gestión de riesgos de seguridad operacional

Durante el período en estudio, la disminución del número de operaciones (cercana a la paralización de los servicios) redujo la probabilidad de eventos negativos de seguridad operacional de manera sustantiva. En este escenario de paralización de actividades, el principal riesgo de seguridad operacional pasó a estar asociado a la falta de entrenamiento del personal por parte de tripulaciones y otros miembros del staff, de cara a la rehabilitación de las operaciones.  En respuesta a esta deficiencia, se ejecutaron nuevos planes de capacitación, actualización y mantenimiento de competencias, basados en el uso de simuladores y dispositivos móviles. 

En lo que respecta a las complejidades para el cruce de fronteras internacionales, las compañías aéreas observaron que las distintas normativas nacionales restringían la presencia de las tripulaciones en los países de arribo. Esto dificultó en algunos casos el correcto descanso del personal, con consecuencias sobre la fatiga e implicancias para la seguridad operacional. 

En cuanto a la readecuación de actividades, las prestadoras del modo aeronáutico, y en particular las aerolíneas, debieron atravesar durante la pandemia un proceso de adaptación continua a funciones novedosas, como los vuelos de repatriación y los vuelos para búsqueda de equipamiento médico y vacunas. La identificación de los riesgos asociados a estas operaciones se realizó, en parte, a través de estudios ad hoc, elaborados a partir de encuestas suministradas a las tripulaciones. 

 

Continuidad operativa

A razón de la crisis, y en sintonía con gran parte de los países del mundo, el Gobierno argentino tomó la decisión de suspender la mayor parte de los vuelos comerciales. Sin embargo, se sostuvieron algunas operaciones, tales como los vuelos de repatriación, vuelos gubernamentales, vuelos sanitarios, vuelos para la búsqueda de insumos, entre otros.

 

Modo Marítimo, Fluvial y Lacustre

 

Gestión de riesgos sanitarios

En línea con la experiencia del modo aeronáutico, en el modo marítimo, fluvial y lacustre existieron antecedentes que permitieron desplegar una rápida respuesta a la crisis. Se destaca la experiencia de gestión de la crisis del ébola (2014-2016) y, más cerca en el tiempo, la de la gripe H1N1 (2009). 

Entre las prácticas de gestión de crisis más significativas desarrolladas por la autoridad de aplicación destacan tres medidas clave. Por un lado, la prórroga de las fechas de vencimiento de las certificaciones, rectificaciones y carnets de conducción; el establecimiento de circuitos de comunicación y recepción de información sobre la situación sanitaria a bordo de los buques, a cargo de los equipos médicos de Prefectura; y la conversión a la modalidad virtual de las inspecciones tradicionales a buques.

Entre las medidas de gestión de crisis sanitaria llevadas adelante por las prestadoras destacan la realización de testeos y aislamientos preventivos del personal —una semana antes y una semana después del período de embarque-; la organización de burbujas de personal; la puesta a disposición de medios de transporte privados para su traslado[8]. Paralelamente, Prefectura creo un número telefónico para que los tripulantes pudiesen denunciar incumplimientos a bordo. 

Respecto al rol de las organizaciones gremiales, de forma similar al caso ferroviario, los sindicatos marítimos llevaron adelante una labor clave en materia de acompañamiento y contención psicológica de los/as trabajadores/as. Se realizó el seguimiento personalizado de los casos detectados, en especial de aquellos que debieron realizar aislamiento a bordo de los buques o en hoteles.

La relación de los sindicatos con las prestadoras se vio atravesada por una demanda puntual:  los sindicatos se expresaron en favor de liberar el wifi en las embarcaciones, para que cualquier miembro de la tripulación pueda realizar consultas médicas en caso de necesitarlas. A este reclamo se sumaron demandas concernientes a la comunidad de practicaje[7]: reclamaban que Sanidad de Fronteras se constituyese en el primer actor en embarcar los buques en recalada sin limitar sus funciones a puerto y solicitaban trajes de protección sanitaria acordes a sus funciones.

Entre las actividades que sufrieron mayor exposición a la transmisión de la enfermedad sobresale la pesca. El registro de casos confirmados y fallecidos por COVID-19 en el rubro superó ampliamente al del resto de las actividades.

El impacto de la crisis sanitaria sobre la dinámica laboral del personal embarcado, se observó con énfasis en la actividad arenera, en donde la estadía se extendió de 7 a 14 días. Esta adecuación, realizada con la finalidad de “garantizar” que no embarcaran personas contagiadas, supuso un fuerte desgaste para el personal. Desde los sindicatos se reclamó el regreso a los períodos habituales de trabajo pasado el primer pico de la pandemia, sin embargo, las prestadoras decidieron sostener esta modalidad, ya que disminuía los tiempos de “parate” de la actividad.

 

Gestión de riesgos de seguridad operacional

En cuanto a los riesgos de seguridad operacional asociados a la pandemia, los testimonios relevados destacan dos hitos significativos.

El primero concierne a la actividad de practicaje, en la que destacan los efectos perjudiciales sobre la seguridad operacional de los equipos de protección sanitaria. Los camisolines y guantes quirúrgicos reglamentarios dificultaban las tareas de ascenso a las embarcaciones y entorpecían la eficacia de los equipos de seguridad ante naufragios.

El segundo hito está asociado a la disposición gubernamental de extender los períodos de embarque de las tripulaciones de ciertas actividades, como en el caso de la arena, de 7 a 14 días. Esta nueva forma de operar, en el marco de actividades que se realizan con barcos antiguos, en condiciones generalmente precarias, supuso el incremento de la fatiga de la tripulación y, con ello, el aumento de los riesgos de seguridad operacional. 

En sintonía con lo antedicho, se observó que el sistema modal fue tensionado: el descenso en la masa de tripulantes (ya sea por pertenecer a grupos de riesgo, por ser contacto estrecho o por ser caso confirmado) se vio compensado por el esfuerzo del resto de los/as trabajadores/as.

 

Continuidad operativa

Las actividades ligadas al modo nunca fueron interrumpidas (con excepción de las actividades turísticas y, parcialmente, las del transporte de personas en el área del Delta). Esta continuidad se alcanzó a costa de la tensión del sistema y el esfuerzo del personal implicado en períodos prolongados de navegación. Requirió, asimismo, la reestructuración de organigramas y un férreo sostenimiento de las medidas de cuidado y protección de los/as trabajadores/as del modo, lo que permitió dar continuidad a las actividades dentro de los marcos regulatorios dispuestos para el período.

 

[1] Los equipos de las direcciones modales de la JST estuvieron a cargo de la realización de buena parte de las entrevistas realizada a actores correspondiente a su área de incumbencia. Destacamos la colaboración de Jorge Arman, Marcia González, Humberto Reynoso, Lorena Villada, Cristian Duca, Esteban Maddoni, Alejandro Costas, Juan Mangiameli, Marianne Von Lucken, Candela Hernández, Patricio Klimezuk, Gabriela Stazzone, Cataldo Javier Allende, Nayme Gaggioli y Marcelo Muro.

[2] Este sistema permitió a las personas usuarias reservar un espacio en las formaciones ferroviarias durante los horarios de mayor demanda, para los servicios que llegaran a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[3] El modo automotor de cargas no se incluye en la presente ponencia, dado que no se realizaron entrevistas a sus referentes organizacionales. 

[4] Estas medidas de seguridad operacional no se hallaban necesariamente plasmadas en protocolos, sino que eran, mayoritariamente, formas asentadas sobre la misma práctica, de actuar y proceder.

[5]No existía la posibilidad de efectivizar el contrato de nuevos/as conductores/as en el corto plazo, dados los tiempos de capacitación y evaluación previstos.

[6] La preparación del personal de primera línea, previa asunción de sus funciones, exige el cumplimiento de estrictos protocolos (protocolo de seguridad vial certificado por IRAM) y la realización de numerosas instancias de formación y evaluación.

[7] Los prácticos son el personal habilitado de forma exclusiva para asesorar a los capitanes de buque en materia de navegación, maniobras y reglamentación, en zonas declaradas de practicaje obligatorio o facultativo (Decreto 2694/91).

[8] El cumplimiento efectivo de estos lineamientos de gestión se ha sostenido en el tiempo de forma disímil/oscilante según la prestadora.

Conclusiones:

El análisis de la información relevada permite inferir que, desde los primeros meses de la pandemia, las organizaciones argentinas del transporte tuvieron una rápida capacidad de respuesta e inventiva ante la incertidumbre planteada por la pandemia. Fue necesaria la adecuación de unidades destinadas al transporte de pasajeros/as, la modificación de sectores de trabajo, el reagrupamiento de personal (organización de burbujas), la readecuación de tiempos de servicios y descanso y la autorización de exenciones a las licencias, cursos de instrucción y exámenes médicos, entre otras cuestiones. 

Se observa como denominador común a los diferentes modos, que los protocolos creados tanto por las prestadoras como por los organismos de control durante la pandemia, tuvieron siempre un carácter dinámico y flexible, para poder adaptarse a los cambios vertiginosos del escenario pandémico. Esto implicó, para los/as trabajadores/as del sector (especialmente para los de “primera línea”), asumir instancias de formación y actualización continuas que les permitiesen proceder en función de las disposiciones cambiantes. 

Sobresale también, la falta de coordinación que existió, en ocasiones, entre prestadoras de servicio, autoridades modales y otras agencias gubernamentales (como el Ministerio de Seguridad de la Nación) para definir los criterios de estadía, acceso a servicios, pernoctes y circulación de trabajadores/as esenciales. Esto derivó en que el personal esencial (principalmente quienes se desempeñan como trabajadores/as de primera línea) encontrara dificultades para su libre circulación tras haber cruzado fronteras jurisdiccionales, tanto municipales como provinciales.

Como contracara, el análisis permite ponderar el efecto positivo de la existencia de espacios de articulación entre lo público y privado. Ejemplo de ello es que, durante la pandemia, las prestadoras estatales de transporte acompañaron las estrategias de crisis de gobierno, poniendo sus servicios a disposición: la aerolínea de bandera estuvo a cargo de vuelos de repatriación, así como de la búsqueda de equipamiento médico y vacunas, mientras que en el modo de transporte ferroviario se implementó un “tren sanitario” para la realización de testeos de COVID. 

Respecto a la migración de la actividad presencial a plataformas digitales o telerelevamiento, en el ámbito del transporte tuvo lugar con mayor preponderancia el traspaso de tres áreas clave: entrenamientos, auditorías y chequeos operativos. Estas medidas, se acompañaron por otras acciones de monitoreo y entrenamiento remotas (mediante el uso de dispositivos móviles, cámaras go pro, drones, etc.).

En otro orden de análisis, la pandemia evidenció que, ante un evento excepcional de la magnitud descripta, la fatiga se convierte en un peligro estructural en todos los modos de transporte. El personal operativo que prestó servicio durante la pandemia sufrió la readecuación del trabajo prescripto, debiendo suplir la reducción del personal operativo, la exención de normas prescriptivas de fatiga, la extensión de los períodos de embarque y la imposibilidad de descanso en hoteles o lugares aptos.

Por último, entre las consecuencias de la pandemia sobre los/as trabajadores/as del transporte, se presenta como elemento significativo el impacto en la salud mental. En este marco, los gabinetes psicológicos dentro de las organizaciones cobraron una importancia central junto con las organizaciones gremiales, las cuales articularon diversas líneas de acción orientadas a la contención y el acompañamiento psicológico. Así, sobre la base de esfuerzos combinados y una significativa resiliencia de las organizaciones durante el curso de la crisis, el sistema de transporte argentino logró garantizar —con contadas excepciones— la continuidad operativa en las distintas ramas de actividad.

Bibliografía:

Referencias bibliográficas:

-Costa, F. (2021). Tecnoceno: algorítmos, biohackers y nuevas formas de vida, Argentina, Taurus.

-Covello. A. y M. Muro (2020). Análisis sistémico de la pandemia del coronavirus. Un accidente normal, Buenos Aires, Argentina. 

-Organización de Aviación Civil Internacional (2018). “Documento 9859: Manual de gestión de la seguridad operacional”, Québec, OACI.

Perrow, C. (1999). Normal accidents: living with high risk technologies, Princeton, New Jersey, Princeton University Press.

- Safety Investigation Authority of Finland (2021). First wave of the COVID-19 pandemic in Finland in 2020, Finlandia, SIAF. 

 

Normativa:

- Decreto 260 de 2020 [con fuerza de Ley]. Por el cual se amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541. 12 de marzo de 2020. B.O.: 34327.

- IRAM-ISO 31000 (2015). “Gestión del riesgo. Principios y guías”.

- Ley 27514 de 2009. Por la cual se declara de interés público nacional y como objetivo de la República Argentina la política de seguridad en el transporte. B.O.: 34184.

Palabras clave:

Transporte; pandemia; gestión de crisis

Resumen de la Ponencia:

Se realiza primer catastro de familias migrantes que desarrollan actividades con presencia de niñeces en las calles de Concepción, por parte del gobierno local, con la finalidad de conocer razones, necesidades y demandas que devienen en la estadía cotidiana de madres, padres, tutores, niños y niñas en condiciones no favorables en el espacio público. Los datos recopilados registran variables sociodemográficas, situación migratoria, composición familiar y priorización para la mejora de la calidad de vida de estos grupos humanos en movilidad, evidenciando que la vivienda, alimentación y el trabajo son los principales desafíos que debe abordar el municipio para desarrollar estrategias locales que permitan un bienestar en la permanencia o transitar de las familias migrantes presentes en el territorio. 

Introducción:

Entre los meses de marzo y octubre del año 2021 se observa un aumento en la llegada de familias migrantes en las zonas céntricas de Concepción (capital de la 8va Región del Biobío, al sur de Santiago). Esta realidad comienza a ser percibida, tanto por la comunidad, como también por funcionarios y funcionarias municipales, ya que, la presencia de niños y niñas migrantes que acompañan el desarrollo de distintas actividades ejercidas por sus padres, madres o tutores en las calles de la ciudad, se expresa como una dinámica prolongada y permanente, en un contexto cotidiano de dinámica de la ciudad, en el que, dicha situación no se da de forma frecuente, ni habitual debido a que las politicas de erradicacion del trabajo infantil, legislación vigente en la materia  y proteccion de las infancias ante vulneraciones de derechos en Chile, si bien, no han eliminado la situacion del trabajo infantil en su totalidad sí han logrado erradicar estas practicas en los espacios céntricos de las urbes. 

En el caso de Concepción,  esto se ha mitigado mediante procesos de concientización hacia, con y para la comunidad como también por medio de campañas masivas respecto de los derechos de las infancias e ilegalidad del trabajo infantil, ambas como estrategias público institucionales adoptadas tanto por el gobierno local como por los servicios nacionales que abordan la materia en el territorio.

Desde la premisa de que el gobierno local es el principal garante y cogarante de derechos y dentro de sus funciones compartidas se encuentra lo que indica la letra m) del Artículo 4° “la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prevención de vulneraciones de derechos y la protección general de los mismos” (Ley 18695, 2006; Ley 21430, 2022) entendemos que esta institución debe velar por el bienestar de sus habitantes reconociéndolos como sujetos y sujetas de derechos del territorio local.

Es por esto que se decide catastrar a los grupos familiares con la finalidad de conocer razones, necesidades y demandas que devienen en la estadía cotidiana de madres, padres, tutores, niños y niñas en condiciones no favorables que atentan, principalmente, a los derechos fundamentales de estos últimos. Siendo la principal preocupación, la vulneración al interés superior de niños, niñas y adolescentes evidenciando la urgencia de generar políticas y estrategias locales que aborden dicha realidad. 

 

Desarrollo:

Con este propósito y como acción inicial se diseña y aplica encuesta a familias migrantes con presencia de niños, niñas y adolescentes que desarrollan actividades en las calles de Concepción para levantar el primer catastro de la población migrante en la zona centro de la ciudad. Los datos recopilados y analizados tienen como finalidad conocer variables sociodemográficas, situación migratoria, composición familiar y priorización para la mejora de la calidad de vida de estos grupos humanos entendiendo que “las prácticas sociales responden a determinados habitus, esquemas estructurados y estructurantes de pensamiento, acción y sentimiento, los que permiten aprehender y actuar en el mundo.” (Tijoux y Palominos,2015,p.256) siendo precisamente conocer la percepción y realidad de las y los integrantes de las familias migrantes lo que el gobierno local busca recopilar para así, desde estos insumos, elaborar acciones, políticas o directrices que devengan en mejorar el estar o transitar “del que está de paso” (Simmel, 2012) de esta población. 

Esta encuesta “está direccionada solamente a personas y proporciona información sobre sus opiniones, comportamientos o percepciones” (Arias, 2021, p.18) se elabora desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Concepción y busca conocer la composición de las diversas familias migrantes que residen en nuestra comuna entendiendo que esta técnica, tal como afirman López-Roldán y Fachelli (2015) “permite la recogida de los datos por medio de la interrogación que se realiza al encuestado con el propósito de que brinden la información requerida para la investigación.”  De esta manera, el instrumento es aplicado por duplas de los equipos municipales pertenecientes a esta DIDECO: Oficina Local de la Niñez (OLN), Oficina de Protección de Derechos de Infancia (OPD) y la Oficina de Migrantes e Interculturalidad. Se determina un perímetro que considera las principales calles céntricas de la ciudad además de dos zonas periféricas de Concepción. Posteriormente, se asignan manzanas específicas a cada equipo -con la finalidad de no replicar el levantamiento de datos - para que así los y las encuestadoras transiten por las zonas designadas.

Figura 1

Perímetro y manzanas para aplicación de encuestas a familias migrantes en Concepción

Nota: Adaptado de Google Maps, por Google, 2021, Google (5WFX+4W Concepción). La imagen presenta el perímetro determinado para la aplicación de las encuestas, el cual se distribuye en cinco sectores. Tres de estos abarcan la zona céntrica de la ciudad (N°2, N°3 y N°4 de la figura), formando un rectángulo desde la calle Angol hasta Orompello y desde Avda. Carrera hasta O´higgins. En complemento, se incluyen dos sectores más alejados del centro, esquina de Avenida Carrera con Prat (N°1 de la figura) y la denominada zona de la Plaza de los Dinosaurios, ubicada entre las calles San Juan Bosco, Maipú y Collao (N°5 de la figura).

El catastro se realiza en un período de dos días en jornada completa y la recopilación de estos datos permite abordar y conocer a las familias migrantes presentes en la comuna entendiendo la inmigración como el “proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él” (Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Tijoux y Palominos, 2015), definición en la cual “también se reconocen las complejidades y ambigüedades de la noción de “migrante” (Tijoux y Palominos, 2015).

Se realiza análisis descriptivo de los datos recopilados, para que así, los resultados obtenidos sean directrices que fortalezcan y mejoren los servicios que la institucionalidad puede ofertar a la comunidad y, de esta manera, contar con insumos que permitan aproximarnos a las realidades y particularidades que enfrentan los distintos grupos de personas en movilidad humana en Concepción. Así mismo, estos insumos respaldarán la toma de futuras decisiones en relación a nuevas gestiones, lineamientos y/o políticas territoriales desde el gobierno local.

 

Conclusiones:

Si bien, la llegada de familias migrantes con presencia de niños y niñas en las calles de Concepción impulsa al gobierno local a desarrollar acciones que permitan conocer la realidad del grupo humano desde la premisa que el “el ser extranjero constituye, naturalmente, una relación perfectamente positiva, una forma especial de interacción” (Simmel, 2012, p.21) como puerta de acceso y fuente protagonista para trazar nuevas estrategias sociopolíticas en el territorio. Los resultados del instrumento aplicado, develan un estar complejo de los y las integrantes de las familias migrantes, el de enfrentar que los anhelos de una “vida mejor” se van deshaciendo frente a los ojos. Esto se refleja en las calles que recorren pidiendo dinero o algún tipo de apoyo que les permita pagar una noche de hospedaje, entregue algo que comer o, simplemente, que evite exponer a la propia familia al hambre y al frío. Es así, "en la realidad concreta del mundo de hoy, los lugares y los espacios, los lugares y los no lugares se entrelazan, se interpretan. Lugares y no lugares se oponen (o se atraen) como las palabras y los conceptos que permiten describirlas” (Augé, 2000, pág. 110) .

Los resultados se enmarcan en 4 variables que nos permiten recopilar ciertos datos estadísticos de los grupos en movilidad humana con presencia en las calles céntricas de Concepción, entendiendo que “la relación con el espacio no sólo es condición sino también símbolo de las relaciones humanas (Simmel, 2012., p. 21).

Perfil Sociodemográfico de Familias Migrantes Céntricas

Un total de 34 familias fueron encuestadas en el centro de la ciudad. Se registran 119 personas que integran a los grupos familiares de migrantes y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se registra un promedio de 3 a 4 miembros por grupo familiar los cuales se ven enfrentados a los vacíos de protección de derechos según la realidad estudiada.

En cuanto a la distribución por sexo se observa paridad respecto a quienes contestan la encuesta como responsables de su grupo familiar, registrando 19 mujeres equivalentes a un 56% y 15 hombres igual a 44% del total de las encuestas aplicadas.

En cuanto a la procedencia de las familias migrantes presentes en la zona céntrica de la comuna, 28 grupos familiares indican ser de Venezuela evidenciando que a nivel local se replica la realidad nacional respecto a este grupo migratorio siendo el que mayoritariamente ha migrado a Chile considerando que dicho país se encuentra en crisis humanitaria (Servicio Nacional Jesuita, 2021; Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR,2022).

Situación Migratoria de Familias Encuestadas en las calles 

Respecto al período de ingreso al país, se observa un aumento significativo durante el año 2021 registrando en ese año un total de 19 familias igual a un 56% del total de la muestra que llegan a Concepción. Lo anterior, en comparación a los ingresos registrados entre el 2016 al 2019, ya que, el promedio en este período no supera a un grupo familiar por año. Según los datos recopilados, queda de manifiesto un ingreso al país de 8 familias en pleno año 2020 coincidiendo con el inicio de la pandemia sanitaria de Covid 19, lo cual se expresó tanto a nivel local como nacional e internacional. Interesante mencionar que algunas familias encuestadas en este estudio relatan haber llegado hace poco tiempo al país y a la zona (un par de días antes a la aplicación) y en respuestas posteriores a la misma encuesta mantenían este mismo discurso, lo cual podría alterar o bien sesgar la veracidad de la realidad encuestada y registrada.

Los grupos familiares ingresan por pasos no habilitados al país, por lo que, a la fecha de la encuesta, 31 familias, es decir, un 91% de los grupos familiares, no cuenta con algún tipo de visa representando el peligro y vulneración a la que se vieron enfrentadas al momento de migrar desde sus zonas de procedencias arriesgando en algún momento del viaje, la integridad física de las mismas, lo cual, responde a una necesidad de pretender una vida mejor, según señalan las mismas familias encuestadas. “La persona fundamentalmente móvil, entra ocasionalmente en contacto con todos los elementos del grupo, pero no queda orgánicamente ligado al mismo, mediante lazos de parentesco, localidad, o profesión” (Simmel, 2012, p.22) esto respalda la urgencia por salir de sus países natales sin, necesariamente, representar una oposición a los regímenes imperantes. 

Composición Familiar de Migrantes en Zonas Céntricas de Concepción

Los grupos migrantes que están llegando a la ciudad son principalmente familias jóvenes, identificando que las personas responsables y que asumen el liderazgo de la movilidad grupal, se concentran en el rango etario entre 18 a 30 años compuestas en su mayoría por 4 integrantes en promedio. Del total de las familias encuestadas 28 de ellas equivalente a un 82,4% se registra como madres, padres o tutor responsable en este rango etario juvenil, por lo que, identificamos esta realidad migratoria como una “movilidad joven” entendiendo que “el extranjero es, en definitiva,  un elemento orgánico del grupo, cuya unidad incluye la condición específica de este elemento” (Simmel, 2012, p.26). Del total de las 119 personas que integran a grupos familiares migrantes, se registran con la encuesta 54 jóvenes igual a un 45% con edad entre 18 y 30 años de edad.

En complemento, se visualiza que hay un segundo grupo etario significativo, el cual corresponde a niñeces migrantes, registrando a 23 niños y niñas equivalentes al 19% del total de integrantes familiares que va entre los 2 y 10 años de edad y se encuentran en movilidad. Por ende, se mantienen con presencia prolongada y permanente en las calles de la ciudad siendo este un espacio no seguro y vulnerable para su bienestar. Esto enfatiza la urgencia de elaborar estrategias locales que aborden el racismo como fenómeno social para prevenir y evitar que este sea expresado en “discursos y representaciones de profilaxis y segregación que permiten la construcción distintiva de un “nosotros” y un “ellos” como comunidades, articulándose en estigmas de la alteridad que cargan los sujetos racializados” (Tijoux y Palominos, 2015, p.252). 

Priorización: Mejora de la Calidad de Vida de Familias Migrantes

En relación a las prioridades que migrantes identifican como oportunidades que mejorarían su bienestar y calidad de vida en la ciudad, se identificaron 3 dimensiones fundamentales que entregan lineamientos y directrices al gobierno local para orientar las estrategias a desarrollar. Las dimensiones prioritarias para las familias migrantes se centran en la obtención de una vivienda, alimentos y la posibilidad de optar a algún trabajo remunerado que les permita cubrir los gastos económicos que devienen, tanto en la cotidianeidad, como también para cubrir las necesidades básicas de ellos y sus familias siendo el punto de partida para permitir proyectar un buen pasar y estar en la ciudad que los alberga.

Del total de las familias encuestadas, se puede observar que un 76% igual a 26 familias migrantes cuenta con un lugar para poder vivir en su paso por la comuna y 18 de estas, equivalentes a un 53% del total, arriendan una pieza. La segunda modalidad de residencia es la de vivir en un hostal de Concepción. Los valores registrados por pago de viviendas (pieza, hostal, casa, departamento, entre otros) fluctúan dependiendo de si la modalidad de arriendo es diaria o mensual. Para las realidades de pago diario el monto fluctúa entre $10.000.- a $20.000.- pesos chilenos por noche ($12,20 a $24,40 dólares) mientras por la modalidad mensual, el arriendo varía entre $100.000.- a $200.000.- pesos chilenos ($121,98 a $243,95 dólares). Importante mencionar que el sueldo mínimo en Chile a contar del 01 de enero de 2023 equivale a $410.000.- pesos chilenos ($500,10.- dólares) (Ley 21.456, 2022). 

En cuanto a las actividades que se encuentran desarrollando las familias migrantes con presencia de niños y niñas en las calles de Concepción, la encuesta registra que 17 familias equivalentes a un 50% del total, están en situación de mendicidad, por otra parte, 16 familias - con mismo porcentaje del total de la muestra - se dedicada a ofrecer algún tipo de producto a cambio de recibir dinero. Ambas situaciones evidencian que la realidad migrante y el entorno en que se desenvuelven estos grupos familiares reflejan que “su lugar es justamente el margen de lo social, el cual constituye el espacio liminal donde tiene lugar la experiencia de las personas inmigrantes” (Tijoux y Palominos,2015, p.252).

Considerando los hallazgos presentados en este estudio sobre la realidad migrante con presencia mayoritaria de niños y niñas en la ciudad de Concepción, el gobierno local asume el desafío de desarrollar estrategias sociopolítico culturales que devengan en una mejora en la presencia de estos grupos en movilidad, que escogen a la comuna como lugar de paso o residencia reconociendo a la figura del migrante como “personas que por motivos económicos buscan mejorar sus condiciones de vida, recurriendo a desplazamientos documentados o incluso irregulares entre territorios de distintos Estados, y viéndose expuestos a situaciones de vulnerabilidad y abuso laboral (Tijoux y Palominos, 2015, p.249).

Es por esto que, a partir de la iniciativa conjunta realizada por las Oficinas de la Dideco pertenecientes al municipio de Concepción, las cuales tenían por objetivo catastrar a las familias migrantes para contar con insumos que permitan abordar la realidad  de la movilidad humana desde distintas esferas sociopolíticas e institucionales, ha surgido el desafío de brindar continuidad al trabajo coordinado desde, entre y con el municipio, considerando especialmente la complejidad a las cuales se enfrenta cotidianamente estas familias, no olvidando la vulneración a los derechos de niños y niñas migrantes. Por lo que, desde un trabajo intra e interdireccional municipal, se vislumbran distintas acciones y líneas de trabajo que permitan seguir indagando y abordando la realidad estudiada entendiendo este proceso de mejora e integración en la política local se encuentra en su etapa inicial.  

Se propone como estrategias para continuar con el trabajo desarrollado, complementar los resultados de la encuesta con análisis en profundidad de casos de familias encuestadas en el catastro con el objetivo de integrar información cualitativa, que no esté disponible en el instrumento aplicado. Con esto, elaborar propuestas de abordaje de situaciones de mayor urgencia y que estén dentro del marco de acción municipal. También así, se propone revisar y reelaborar el instrumento aplicado, a partir de los aprendizajes del proceso y, de esta manera, mantener una continuidad en su aplicación por parte de las oficinas involucradas que permitan recopilar datos actualizados por periodos establecidos en la planificación municipal. Lo anterior, considerando que el fenómeno migratorio es dinámico y se ha evidenciado que el flujo de llegada de nuevas familias se mantiene, por lo que, se vuelca importante seguir abordando esta realidad desde el gobierno local para así evitar que “el extranjero no se perciba como individuo sino como un tipo determinado de extranjero: (ya que) frente a él, la distancia es tan genérica como la cercanía. (Simmel, 2012, p.26).

Desde las gestiones interdireccionales, se propone levantar una mesa técnica comunal que permita gestionar prestaciones para los niños, niñas y sus familias. Se sugiere que esta instancia sea liderada por la Oficina Municipal de Migrantes e Interculturalidad incorporando, a la vez, a los programas del área de Niñez, Asistencia Social, Intermediación Laboral, Fomento Productivo y Centro de Salud Familiar, principalmente CESFAM O’Higgins con juridsprudencia en la zona céntrica de la ciudad. Una vez conformada dicha mesa con actores municipales se espera ampliar la invitación a organismos e instituciones externas que aborden la materia, para de esta manera proyectar un trabajo mancomunado que mejore la realidad de las familias migrantes con niños y niñas en Concepción. 

Por último, como ejercicio colaborativo se estima documentar resultados y análisis periódicos de los resultados de encuestas aplicadas para, de esta manera, compartir, difundir y retroalimentar la información recopilada que refleja la realidad de la movilidad humana que residen en la comuna. Permitiendo que las estrategias y decisiones sociopolíticas se aborden desde un enfoque local, provincial y regional articulando una red de apoyo a nivel gubernamental que regule y facilite los procesos pertinentes para lograr el acceso a prestaciones garantizadas a familias que se encuentren en una situación migratoria.

 

 

Bibliografía:

Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). (12 de octubre de 2022). Tres cuartos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en América Latina y el Caribe siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos. https://www.acnur.org/noticias/press/2022/10/6345fd5d4/tres-cuartos-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-de-venezuela-en-america.html

Arias, J. (2021). Técnicas e instrumentos de investigación científica. Para ciencias administrativas, aplicadas, artísticas, humanas [Archivo PDF]. Biblioteca Nacional del Perú. https://www.cienciaysociedad.org

Augé, M. (2000). Los no lugares: espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Editorial Gedisa. Barcelona, España.

Google. (2021). Google Maps (5WFX+4W Concepción).

Ley 18695 de 2006. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.695, orgánica constitucional de municipalidades. 26 de julio de 2006. D.O. 26.07.2006

Ley 21430 de 2022. Sobre garantías y protección integral de los derechos de niñez y adolescencia. 06 de marzo de 2022. D.O. 15.03.2022

Ley N°21.456 de 2022. Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la asignación familiar y maternal, y el subsidio familiar, otorga un subsidio temporal a las micro, pequeñas y medianas empresas en la forma que indica, y establece un aporte compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos. D.O. 26.05.2022

Simmel, G., Schütz, A., Elias, N. y Cacciari, M. (2012). El extranjero. Sociología del extraño. Ediciones Sequitur. Madrid, España.

Servicio Jesuita Migrante (SJM). (09 de agosto de 2021). Migración en Chile. Efecto Pandemia: inmigrantes crecen menos de 1% en 2020. https://www.migracionenchile.cl/efecto-pandemia-inmigrantes-crecen-menos-de-1-en-2020/

Tijoux Merino, Maria Emilia, Palomino Mandiolas, Simón. (2015). Aproximaciones teóricas para el estudio de procesos de racialización y sexualización en los fenómenos migratorios en Chile. Revista Latinoamericana, 14 (42), 247-275. 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v14n42/art_12.pdf

 

Palabras clave:

migrantes, movilidad humana, gobierno local.

Resumen de la Ponencia:

Este artigo apresenta a condição atual da empregabilidade da pessoa com deficiência no Brasil. Considerando a crise econômica e social causada pelas medidas de isolamento social para combate à proliferação das infecções por COVID-19, os dados analisados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), base de dados do governo brasileiro sobre trabalho formal, de janeiro de 2020 a janeiro de 2022, mostram que as pessoas com deficiência foram as primeiras a sofrerem com as consequências da pandemia no mercado de trabalho, particularmente, com as demissões.. Constatou-se também que, no último ano, a recuperação nas contratações do mercado de trabalho formal não teve impacto na situação das pessoas com deficiência, permanecendo o saldo de empregos negativo quando se refere a esse público, na maior parte dos meses desse período. . Em um segundo momento, traçou-se um perfil do profissional com deficiência por tipo de deficiência, gênero, grau de instrução, raça/cor, idade, tipo de vínculo empregatício, motivo do desligamento, tempo no emprego, faixa de horas contratuais, faixa de remuneração, tipo de ocupação, tamanho do estabelecimento e Unidade da Federação.  O Brasil possui uma legislação avançada para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A Lei nº 8.213/91 garante a reserva de vagas para contratação de pessoas com deficiência. Empresas de 100 a 200 empregados devem reservar 2%, das vagas para pessoas com deficiência, empresas que possuem de 201 a 500 funcionários 3%, de 501 a 1.000, 4% e de 1.001 em diante 5%. Mesmo assim, a quantidade de pessoas com deficiência no mercado de trabalho não preenche nem a metade das vagas reservadas Se analisarmos o recorte das pessoas com deficiência intelectual, o número é ainda mais reduzido, o que mostra que existe uma preferência pela contratação de pessoas com deficiência consideradas mais leves, que na concepção do empregador não seriam um dificultador na execução das funções laborais. O objetivo é provocar um debate com base nos indicadores do mercado de trabalho formal, sobre as barreiras que impedem as pessoas com deficiência, particularmente aquelas com deficiência intelectual, de acessarem os empregos formais em nível de igualdade com as demais pessoas, considerando o agravante da pandemia do COVID-19.

Resumen de la Ponencia:

Presentamos resultados parciales de una investigación con financiamiento Secyt – UNC, destinada a analizar la praxis comunicativa en medios masivos de diferentes tipos de gestión y organizaciones no mediáticas autogestionadas, para dar cuenta de la conformación actual del espacio público mediado por tecnologías. Se estudian las prácticas laborales considerando los modos que asume la mediación tecnológica en redes de distribución, circulación y consumo de contenidos que concurren en el espacio público, para analizar la conformación de contra esferas.El ámbito público se considera escenario de disputas de significaciones (Fraser, 1999, 2008; Thompson, 1993; Roldán, 2017) un sitio de confrontación discursiva para y entre agrupaciones múltiples, diversas y desiguales (Negt y Kluge, 1993).Dentro de él estudiamos las características de la recepción de narrativas producidas por diferentes organizaciones mediáticas y no mediáticas, que protagonizan luchas ideológicas por hegemonías comunicacionales, al producir contra conceptos diseñados para ser difundidos en el espacio público. En este caso se analizan y ponen en relación las características de narrativas informativas de 3 medios autogestionados manifestadas por los productores de contenidos en medios autogestionados - La Nueva Mañana, La Tinta y El Resaltador -  y las características del consumo de información por parte de los receptores.Dicho análisis se realiza sobre la base de entrevistas realizadas a productores de contenidos de estos medios, en las cuales se analizan sus intereses para elaborar contenidos, sus intenciones de fijar agenda, de proponer interacciones y de articular modos de interacción con los receptores. Estas propuestas se analizan a la luz de las respuestas de los receptores, en base a un relevamiento realizado a 485 personas entre junio de 2020 y marzo de 2021, a través de un formulario web, para indagar algunas características del consumo (tipos de dispositivos), los motivos de la elección de medios y productores de contenidos, los criterios de elección de temas informativos, las respuestas arbitradas en algunos casos por los que los leen, todos referidos al consumo informativo.El análisis procura reconocer el campo de oportunidades propiciado por la pandemia para estudiar las características de las luchas por hacer circular sentidos e interpretaciones en el espacio público, que evidencien las disputas de hegemonías comunicacionales. Este debate es protagonizado por las organizaciones mediáticas con cuotas de poder diferenciado - algunas con capacidad de proponer agendas y sentidos y otras con menor capacidad de difusión de temas e interpretaciones – las que configuran un espacio público de tensiones en arenas de poder, dentro del cual medios autogestionados y organizaciones no mediáticas de gestión horizontal pueden constituir contra esferas públicas, transitorias frágiles desde donde proponer narrativas con interpretaciones–otras y contra conceptos que disputen sentidos dominantes acerca de temas de agenda

Resumen de la Ponencia:

Vivir en condiciones de marginalidad y pobreza implica expectativas muy distintas cuando se es parte de una comunidad religiosa pentecostal. Participar del culto y prácticas religiosas de una congregación cristiana supone compartir membresía, no sólo a una comunidad protestante, sino a una red de intercambio que, bajo ciertas condiciones temporales, puede tener efectos positivos en términos de movilidad social intra e intergeneracional.Diversos estudios han demostrado la importancia de las redes sociales de intercambio y aprovisionamiento para comprender las condiciones de existencia y la reproducción social de distintos estratos sociales. Esta ponencia presenta resultados preliminares de un estudio etnográfico sobre el don o, mejor dicho, la ofrenda y las redes de apoyo en una comunidad bautista-pentecostal en Guadalajara, Jalisco; compuesta por fieles de distintos orígenes sociales.Se encuentra que, lejos de ser un fenómeno meramente religioso, el protestantismo se inserta en complejas dinámicas sociales, urbanas y económicas. Se evidencia, por ejemplo, un modo de sociabilidad urbana atípico tanto por el encuentro e interacción de sujetos con diametralmente distintos rangos de ingreso, cómo por los ideales colectivistas y la centralidad del don cómo medio de relación con el otro.Asimismo, a partir de la pandemia por Covid-19, se muestra la importancia de la red de apoyo protestante en paliar la crisis y asegurar el aprovisionamiento de los fieles que fueron más afectados. Más allá del acompañamiento y apoyo en la gestión emocional, se revela la función asistencialista y redistributiva que adopta la institución religiosa a nivel local y autogestivo; labores que son atribuidas al Estado regularmente.De tal manera que vincular religión a la discusión de las relaciones de clase vuelve posible comprender de una manera más compleja la desigualdad social. Pues, las relaciones entre la clase media y los estratos más bajos, lejos de ser meramente económicas, extractivistas o antagónicas, se presentan más complejas al incluir regalos, donaciones, favores y, además, intercambios personales de amistad.Distintos recursos que, más allá de paliar la miseria o reducir la vulnerabilidad, facilitan biografías de movilidad social ascendente. Sobre todo entre los fieles más jóvenes y con mayor grado de integración y tiempo de pertenencia a la red de apoyo que tiene lugar a propósito de la congregación.  

Resumen de la Ponencia:

Se analiza la viabilidad político-estratégica que enfrentaría una política de Renta Básica Universal (RB) en el Chile contemporáneo. El estudio tiene como objetivo cotejar tres criterios fuertes de la política de RB (universalidad, incondicionalidad e individualidad), con las respectivas posiciones que demuestran los agentes implicados en la formulación de políticas.Por viabilidad político-estratégica se entiende el proceso por el cual los actores políticos logran internalizar criterios normativos, establecer agendas, coordinar alianzas y coaliciones que permiten materializar proyectos. Si bien la viabilidad político–estratégica es una cuestión perentoria para la realización ulterior de la política —en este caso de RB—, esta es solo una parte constitutiva de un marco analítico mayor, que se completa considerando otros tres tipo de viabilidad política: la psicológica, institucional y conductual (De Wispelaere & Noguera, 2012). El análisis de estos otros tipos de viabilidad exceden los alcances del presente trabajo.Además, en este marco existe una premisa sociológica básica: política implica poder producir efectos intencionales en el resto, o sea, política implica agencia. En este sentido, se reconocen dos tipos de agencia: discreta y difusa. Aquí se trabajará con agentes discretos: actores fácilmente reconocibles y que son poseedores de ciertas capacidades e intenciones distintivas, a diferencia de la agencia difusa, en donde los actores o grupos no son tan fácilmente identificables. Asimismo, la agencia siempre se ve enfrentada a ciertos tipos de restricciones: las prospectivas, es decir, aquellas que afectan su capacidad de realización; y las restricciones retrospectivas, es decir, aquellas que afectan el funcionamiento y resiliencia de la política.Se ejecutó un total de siete entrevistas semiestructuradas a diputados/as, abarcando el amplio marco político– ideológico que compuso el Congreso de la República (periodo 2018–2022). El producto fue trabajado con la técnica de análisis de contenido apoyado por software de análisis cualitativo. Se busca identificar las restricciones prospectivas que demuestran los representantes acerca de los criterios de universalidad, incondicionalidad e individualidad que reviste la propuesta de RB.Si bien sectores de izquierdas se demuestran más proclives a una política de RB ‘plena’, algunos de sus criterios pueden ser abrazados por sectores liberales. A la derecha le interesa la simplificación burocrático-administrativa que significa la propuesta, pero no se comparte el espíritu predistributivo. En cualquier caso, la incipiente discusión en Chile se ve enfrentada al trilema de la RB (Noguera, 2019), esto es, no es posible tener al mismo tiempo una RB plena y de manera inmediata. El éxito de la propuesta pasa por, en principio, flexibilizar los criterios de universalidad e incondicionalidad (sin renunciar a ellos), e impulsar políticas de garantía de ingresos más acotadas que despejen miedos y prejuicios de las bondades de la universalidad y la incondicionalidad en una sociedad que reclama bienestar y seguridad socioeconómica.

Resumen de la Ponencia:

No cenário pandêmico a noção de risco voltou a estar no centro de atenção em diversos esfera da sociedade. As questões da teoria de sociedade de risco, de Ulrich Beck (2010), como riscos globais e invisíveis, bem como noções de conhecimento e saber científico tornaram-se presente no contexto da pandemia da Covid-19, influenciando decisões, coletivas e individuais, políticas públicas e controle e organização social. Isolamento social, higienização e vacinação passaram a permear a vida social. Um caloroso e difícil debate suscitado foi o da confiança no conhecimento científica. Houve embates, desde a existência ou não da pandemia, como também de sua origem, gravidade, precaução e tratamento. Setores da sociedade passaram a negar e combater o saber científica. Este cenário levantou discussões sobre liberdade individual e direitos coletivos, tema caro que remete ao debate clássico e recorrente nas ciências sociais sobre a dicotomia entre indivíduo e sociedade. Nos estudos sobre riscos, esta questão é bem elaborada sob a perspectiva do saber perito e o reconhecimento ou não desse conhecimento pelos leigos. A aceitação, o questionamento e até a negação da ciência se traduziram no período pandêmico na adesão ou não de práticas e ações, recomendadas por especialistas da área de saúde, como lockdown, uso de máscaras e vacinação. A crença ou a descrença, a confiança ou a desconfiança e a aceitação ou negação estão relacionadas à percepção de riscos de cada grupo ou segmento social. Esta percepção, por sua vez, está relación ao contexto social vivido. As configurações políticas, econômicas, religiosas e ideológicas influem na percepção de risco, conforme a afiliação e o modo de inserção no meio social em que se vive, ou seja, é fruto das particularidades culturais de diferentes formações sociais. A teoria cultural do risco formulada por Mary Douglas e Aaron Wildavsky (2012) refuta uma noção de que uma percepção de risco é o resultado exclusivamente de dois modelos matemáticos. Nessa perspectiva teórica, não há separação entre riscos físicos objetivamente calculados e a percepção subjetiva das pessoas. Nesta comunicação, além da referência à teoria da sociedade risco de Beck (2010), a análise se guiará também pela contribuição culturalista de percepção de risco de Douglas e Wildavsky (2012), em especial sobre a contribuição desses autores para se pensar riscos voluntários e riscos involuntários e riscos desconhecidos e irreversíveis. A proposta é refletir, no cenário pandêmico, até que ponto os riscos aceitos voluntaria por uns, em nome da liberdade individual de escolhas, terminam contribuindo na difusão de riscos que atingem todo um coletivo. Ou seja, analisar até que ponto a percepção e aceitação de riscos de uns interfere nos riscos que afetam outros. 

Introducción:

No cenário pandêmico da Covid 19, a noção de risco voltou a estar no centro de atenção em diversos esfera da sociedade. As questões da teoria de sociedade de risco, de Ulrich Beck (2010), como riscos globais e invisíveis, bem como noções de conhecimento e saber científica, tornaram-se presente nesse contexto, influenciando decisões, coletivas e individuais, políticas públicas e controle e organização social.

Um caloroso e difícil debate suscitado foi o da confiança no conhecimento científica. Houve embates, desde a existência ou não da pandemia, como também relativos à sua origem, gravidade, precaução e tratamento. Alguns setores da sociedade passaram a negar e combater o saber científica. Situação que levantou discussões sobre liberdade individual e direitos coletivos, tema caro que remete ao debate clássico e recorrente nas ciências sociais sobre a dicotomia entre indivíduo e sociedade.

Nos estudos sobre riscos, esta questão é bem elaborada sob a perspectiva do saber perito e o reconhecimento ou não da expertise de especialistas pelos leigos. A aceitação, o questionamento e até a negação da ciência se traduziram no período pandêmico na adesão ou não de práticas e ações, recomendadas por agentes da área de saúde. Questões como isolamento social, higienização, uso de máscaras protetivas e vacinação passaram a permear a vida social, mesmo daqueles que desacreditavam ou desejavam se alijar da nova realidade que se impunha. A crença ou a descrença, a confiança ou a desconfiança e a aceitação ou a negação estão relacionadas à percepção de riscos de cada grupo ou segmento social. Essa percepção, para o seu tempo, é um contexto social vivido. As configurações políticas, econômicas, religiosas e ideológicas influem, em grande medida, na percepção de risco, conforme a afiliação e o modo de inserção no meio social em que se vive, ou seja, é fruto das particularidades culturais de diferentes formações sociais. 

Nesta comunicação, além da referência à teoria da sociedade de risco de Beck (2010), sobre riscos globais e invisíveis, a análise se guiará também pela contribuição culturalista de percepção de risco de Douglas e Wildavsky (2012), em especial sobre a contribuição desses autores para se pensar riscos voluntários e riscos involuntários e riscos desconhecidos e irreversíveis. A teoria cultural do risco formulada por esses autores refuta a noção que a percepção de risco seja fruto exclusivamente de modelos matemáticos. Nessa perspectiva teórica, diferentemente da perspectiva objectivista que predomina nas ciências exatas, não há separação entre riscos fisicamente calculados e a percepção subjetiva das pessoas. 

A proposta deste trabalho, portanto, é refletir, no cenário pandêmico, até que ponto os riscos aceitos voluntaria por uns, em nome da liberdade individual de escolhas, terminam contribuindo na difusão de riscos que atingem todo um coletivo. Ou seja, analisar até que ponto a percepção e a aceitação de riscos de uns interfere nos riscos que afetam outros. 

Desarrollo:

Sociedade de risco e pandemia

O sociólogo alemão Ulrich Beck, em seu livro Sociedade de Risco, escrito em 1986, apresenta uma teoria social sobre a modernidade reflexiva que tem grande repercussão no meio acadêmico. Beck propõe, contrariando a perspectiva positiva e utópica da modernização, uma visão um tanto sombria da modernidade. Para o autor, o desenvolvimento científico e industrial não trouxe apenas benefícios para a sociedade, mas também males de grande proporção espacial e temporalmente. second, a modernidade é um momento de rupture histórica. Essa ruptura, contudo, não significa que estamos na pós-modernidade, mas sim que há a reconfiguração da própria modernidade, em que ocorre a transformação de uma sociedade industrial clássica, caracterizada pela produção e distribuição de riquezas, para uma sociedade de produção e distribuição de riscos.

Nessa nova fase da modernidade, a reflexiva ou modernidade tardia, segundo Beck, os riscos passaram a ser globais e de grandes dimensões espacialmente e no tempo. São globais porque, independentemente dos lugares onde os riscos são produzidos, eles atravessam fronteiras e interligam diferentes espaços e alcança a todos, independentemente de onde, como e em que situação se vive, embora, conforme o próprio autor reconhece, para as populações economicamente desfavored, a gravidade dos riscos é maior e com mais consequências. Ou seja, apesar de ser equânime, os mais pobres são mais vulneráveis e com menor capacidade de resiliência que os ricos. Além da abrangência espacial, a repercussão dos riscos da modernidade avança na linha temporal, podendo se manifestar e ecoar por muito tempo, demonstrando imprevisibilidade e incerteza, até mesmo por conta de seu caráter de invisibilidade, desfazendo certezas e driblando cálculos probabilísticos. 

Em relação à pandemia do Covid 19, pode se afirmar que o processo de modernização tem uma relação estreita com esse fenômeno. Isto porque a pandemia pode estar ligada a certas transformações ocorridas na contemporaneidade, como a degradação ambiental e o desenvolvimento dos meios de transportes. A degradação ambiental, como desmatamento das floresta e a urbanização acelerada, pode ter propiciado a ocorrência de  spillover, que é um processo de transformação ecológica em que um vírus  ou micróbio consegue migrar e se adaptar de um hospedeiro para outros, situação apontada por especialistas como uma das fortes possibilidade de transmissão do vírus SARS-CoV-2.

Por sua vez, os avanços tecnológicos possibilitaram a modernização do sistema de transporte, o que ocasionou um intenso e rápido fluxo de pessoas. Com a advento da modernidade, o mundo se tornou relativamente menor, pois as distâncias se encurtaram por conta da ampliação e maior velocidade dos meios de transportes, facilitando os deslocamentos espaciais, a maior circulação de pessoas e mais contatos entre elas. Em contrapartida, a propagação de vírus em uma sociedade moderna e globalizada ficou mais rápida, atingindo várias localidades e contagiando grande parte da população em curto prazo de tempo, em comparação com outros períodos históricos, quando os meios de transporte eram mais lentos e de menor acessibilidade. Por sua vez, o rápido contágio facilita ainda a formação de novas cepas de vírus e ocasiona a rápida disseminação em sucessivas ondas de transmissão, gerando um quadro pandêmico, que é o termo utilizado para se referir a uma epidemia, que é o surto que afeta uma determinada locale e se espalha rapidamente por diferentes continentes com transmissão sustentada entre pessoas.

É nesse contexto que o vírus da Covid 19 adquiriu um caráter pandêmico, pois em pouco tempo deixou de ser uma doença restrita a uma localidade e se globalizou. No day 31 of dezembro of 2019 to WHO (Organização Mundial da Saúde) foi alertada da ocorrência de vários casos de doença de tipo respiratório, na cidade de Wuhan, na China. No início de janeiro de 2020, as autoridades de saúde chinesa anunciaram a identificação de um novo tipo de coronavírus. Tratava-se de uma nova cepa que não havia sido identificada antes em seres humanos. Esse novo coronavírus é responsável por causa a doença que foi denominada de COVID-19. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto desse coronavírus se constituaba como emergência de Saúde Pública de importância internacional, em razão de ser um evento que pode se constitute como um risco para a população de diversos países devido a sua capacidade de se espraiar espacialmente, ganhando contorno globalizante. A alta transmissibilidade e a rapidez que chegou a diversos locais fez com que, em 11 de março de 2020, a OMS caracteriza-se a COVID-19 como uma pandemia.

Por seu turno, em relação à origem do novo coronavírus, tal investigação ainda continua em curso. Em março de 2021, a OMS divulgou um relatório com algumas suposições, considerando que geralmente é preciso tempo para identificar a origem de um vírus. Entre as hipóteses consideradas mais prováveis está a que sugere que o vírus primeiramente se apresentou em um animal (morcego, visom ou pangolim) que entrou em contato com humanos, que infectados, passaram a transmitir o novo coronavírus a outros humanos. Supõem-se, nessa hipótese, que a mutação ocorrida tenha origem um processo natural, embora essa modificação tenha sido provocada, provavelmente, pelos efeitos da modernidade no meio ambiente. Mas há também hipóteses, atreladas a teorias de biopolítica e geopolítica, que consideram que o vírus tenha sido manipulado pelo homem em laboratório, seja por acidente ou intencional, neste caso por interesse econômico e político, argumentação que, por sua vez, é considerada como pertencente a correntes de teorias da conspiração. Contudo, é importante frisar que somente o rigoroso e metódico exercício científico poderá responder sobre a gênese desse vírus. Entretanto. Se a origem do novo coronavírus não pode ser creditada de forma contundente aos efeitos da modernidade, a sua alta transmissibilidade de característica pandêmica é, de certa forma, fruto da modernidade da sociedade globalizada e de riscos.

Ciência 

Um debate gerado incessantemente no contexto pandêmico do coronavírus é relativo ao conhecimento científico e à negação desse conhecimento. Esse debate, todavia, não é novo e nem é exclusivo a esse cenário. Já fez parte de outros contextos históricos. O desenvolvimento científico ao se orientar e buscar explicações não teológicas para fenômenos físicos, químicas, biológicas e sociais gerou descontentamentos e perseguições por parte da sociedade que tinha o poder político, ideológico e econômico. A condenação à morte na fogueira de Giordano Bruno e a perseguição sofrida por Galileu Galilei por autoridades religiosas na Idade Moderna são emblemáticas das consequências do negacionismo científica.

 O negacionismo científico, entretanto, não se restringiu ao momento histórico em que estava criando seus pilares e rigor metodológico, a partir de métodos que envolvem um conjunto de técnicas e procedimentos especializados. Mesmo na contemporaneidade, em que já um acumulo de conhecimentos acquired, desenvolvidos e debatidos rigorosamente, ainda há setores da sociedade que não apenas duvidam e questionam o conhecimento científica, mas que o negam e o combatem, motivados por fatores de diversas ordens, como fundamentos religiosos, questões ideológicas, interesses econômicos e políticos. Duvidar e questionar o conhecimento não é em si um problema. Desconfiar, ficar ressabiado, não ter certeza são práticas do senso comum que podem até contribuir para o aprimoramento do saber científica, especialmente se incentivar o investimento na melhor comunicação do saber perito com o público leigo. Ou seja, o problema não é duvidar, mas sim negar o conhecimento científico baseado puramente em achismos, sem seguir rigorosos critérios de análise e aplicação de metodologia. É necessário ressaltar que a ciência não prescinde da dúvida, pelo contrário, ela tem por princípio o questionamento, mas essa tem que ser amparada pelo rigor metódico, não podendo ser baseada por contestações guiadas meramente pela intuição e por visões preconcebidas apoiadas em opiniões estritamente do senso comum. Em uma pesquisa científica se cria hipóteses, que podem ser confirmadas ou não, com a aplicação de metodologias que comprovem um resultado.

Além disso, não se pode pensar que o conhecimento científico persegue meramente um ponto final. A caminhada é longa e é fruto de um acúmulo de estudos e de experimentações. Uma descoberta cientifica de hoje é herdeira de um legado de outras tanta pesquisas. O conhecimento científica, além de não ser originário do nada, também não se viabiliza sozinho, pois só se sustenta coletivamente, na comunidade acadêmica, passando por critérios rigorosos de avaliação, aprovação e contribuição entre pares e canais de divulgação científica.

Outro ponto a ser destacado, é que o conhecimento científico não pode ser visto como uma a solução de todos os problemas. Não se pode criar a ilusão que a ciência resolve tudo. A fase da ciência como uma crença que elimina todas as incertezas, como no movimento positivista de séculos anteriores, já foi revista, especialmente após as grandes guerras mundiais, em que o uso tecnológico serviu como poderio bélico e demonstrou que o progresso não é necessariamente sinónimo de ordem, mas também gera caos e cria novos problemas. Até porque, a produção do conhecimento científico não é um processo neutro e nem é isolado, descolado de outros aspectos sociais. Há todo um jogo de forças operantes, onde há a participação de diversas instituições e agentes sociais, havendo, na cadeia de desenvolvimento e disseminação da ciência, a representação de vários interesses e escolhas de diferentes ordens, como a econômica e a política. 

Contudo, as dúvidas e as incertezas em relação ao conhecimento científico têm que fazer parte de um processo reflexivo e não uma negação sem nexo. Porém, se o negacionismo é efetivamente descabido por carecen de sustentação metodológica, ele não é destituído de interesses em diversas frentes. Há quem desacredita a ciência por interesses econômicos e jogadas políticas. Há, por sua vez, quem não confiam e negam a ciência por terem uma visão que a prática científica é fonte de desequilíbrio e desarmonia na natureza, em razão das transformações e mutações que submetem os corpos humanos e o meio ambiente. Há negacionismo também por fundamentalismo religioso, pois acreditarem que a ciência estaria desconfigurando a criação divina. No atual contexto pandêmico, é perceptível que o negacionismo é fortemente alimentado por questões ideológicas, No Brasil, 0 negacionismo transformou-se inclusive em ação de governo, quando no auge da pandemia, no decorro dos anos de 2020 e 2021, a principal autoridade do poder executivo federal entrou em rota de coalização com cientistas e instituições científicas que alertavam para os graves problemas da pandemia do Covid-19 e recomendavam medidas preventivas,  como o isolamento social, o uso de máscaras e a vacinação da população. Lideranças do governo, até onde puderam, ignoraram a advertência, menosprezaram a doença e não apenas não incentivaram esses procedimentos, como fizeram campanha contra essas medidas, se valendo da propagação de desinformação. O que ocorreu foi um embate, por um lado a comunidade cientifica alertando e recomendado cuidados em relação a pandemia e por outro lado uma forte campanha contra as argumentações científicas. 

A propagação de notícias falsas se vale de um processo de aceleração e abundância de notícias. Em uma sociedade cada vez mais imediatista, a reflexão mais apurada é dificultada pela proliferação de notícias duvidosas e por opiniões muitas vezes baseadas em visões preconceituosas e fundamentalistas. Há o uso de preconcepções inviabilizadoras da reflexão, que tem que ser concebida por processos de desconstruções para possibilitar reconstruções. Ou seja, o ritmo acelerado de informação em uma sociedade pode impedir a ponderação e a reflexão e, nesse sentido, a informação não significa necessariamente mais conhecimento.   

Riscos voluntários e involuntários e a liberdade individual e o direito coletivo 

No livro Risco e Cultura, by Mary Douglas and Aaron Wildavsky (2012), é apresentado o pressuposto que os riscos são construções sócio-culturais, não podendo ser interpretados como um conceito objetivo e mensurável, mas sim como algo construído social, cultural e politicamente. As opções de quais riscos são monitorados, aceitos, tolerados, temidos ou ignorados fazem parte da forma como a sociedade e grupos sociais se constituem e vivenciam sua realidade e visão de mundo. Há opções culturais por determinadas estilos de vida que influenciam nas percepções de riscos. Por sua vez, a forma como as pessoas estão inseridas e posicionadas socialmente faz com que certos riscos estejam mais presente ou distantes do que outros no universo social vivido. Por seu turno, as decisões políticas, que estão envoltas em relações de poder em uma esfera, mas ampla de uma sociedade, são responsáveis pelo debate e definição sobre políticas públicas e sua relação com gestão de riscos, pois tais práticas, ações ou omissões contém graus possíveis de riscos. Nesse aspecto , há uma outra dimensão do risco a destacar: a responsabilidade sobre sua gestão. A forma como cada governo se envolveu e atuou na pandemia é um exemplo de decisão política e as relações de poder em jogo. Nesse quadro de gestão de risco, ele é pensado, calculado e administrado conforme os pressupostos políticos adotados. Dessa forma, o sucesso ou o fracasso do modelo de gestão de risco implementado é de responsabilidade do poder público. 

As ações de políticas públicas ou a falta delas influenciaram a forma como os grupos sociais se envolveram no cenário pandêmico. O primeiro ponto a ser destacado está no reconhecimento ou não da pandemia por parte dos responsáveis pela gestão pública. No caso brasileiro, além da demora em reconhecer a situação pandêmica, por inclusive se duvidar de sua existência ou de sua potencialidade e gravidade, houve o menosprezo e o descaso, por parte do governo federal, em tomar medidas preventivas, o que contribuiu para que parte significativa da população continuasse ignorante a condição pandêmica. A incredulidade foi apoiada deliberadamente por ações de desinformação, como a prática de desacreditar o saber científico e pelo argumento investido. Um exemplo disso é a argumentação de que estava havendo um alarde midiático, em relação ao surto da doença, com o suposto objetivo de desestabilizar o governo. Narrativa que fez com que parte da população ignorasse os padrões preventivas recomendados pelos agentes de saúde e sanitaristas.

Outros poderes do Estado da sociedade brasileira, como o judiciário e governos locais, apoiados por instituições científicas e  parte da mídia, foram os entes que tomaram deliberações visando o controle sanitário, como campanhas de higienização, uso de máscaras e isolamento social.  Foi utilizado ainda o recurso, amparado nas leis, de se estabelecer regras de funcionamento de serviços, com a classificação daqueles que seriam essenciais ou não para a população, estabelecendo aqueles que poderiam ou não funcionar e de que forma, com delimitação de horários e com quais condições.

Foi estabelecido também regras gerais para a população, como a obrigatoriedade do uso de máscaras e delimitação em filas da distância mínima necessária entre as pessoas. As regras, bem como a adesão a essas determinações variaram muito em cada município e unidade da federação e conforme as posições e condições sociais dos grupos sociais e dos indivíduos. Pela necessidade de trabalhar, alguns tiveram que correr o risco de se infectar. Casos de isolamento social para quem precisava utilizar transporte público como ônibus, trem e metrô não foram possível, pois os transportes estavam geralmente lotados de trabalhadores, situação ainda potencializada pela diminuição da quantidade dos meios de transporte. 

A dita escolha por correr este risco, evidenciada por questões econômicas, foi ainda reforçada pela campanha do governo federal contrária ao isolamento social. Passeatas e afrontas as leis de isolamento foram even incentivadas. O argumento era que o risco do colapso econômico era mais grave do que o risco de se contaminar com o vírus. 

A questão econômica, entretanto, não era a única a balizar os embates de negacionistas com as diretrizes e recomendações científicas. Muitos se valeram da questão da liberdade individual para se contraporem ao isolamento social, ao uso de máscara e posteriormente à vacinação. Em nome da liberdade de ir e vir, da individualidade de seus corpos e de se poder escolher e assumir riscos, muitos recusaram a usar máscara e se vacinar, comprometendo uma política de saúde pública que necessitava de ampla adesão da população.

Essa situação é exemplar da análise teórica de Mary Douglas sobre riscos voluntários e involuntários. Na sociedade, alguns aceitam correr certos riscos e outros não. O risco de praticar esportes radicais por alguns é uma opção, que está relacionada a forma de vida desejada, como se aventurar e sentir certas emoções. O risco de investir no mercado de ações, com perdas ou ganhos financeiros, está tanto na capacidade de recursos para se investir, o que não é para todos já que depende da condição de classe social, como na vontade de um possível enriquecimento mais fácil. Ao se integrar a certas categorias profissionais consideras de alto risco, como policial ou bombeiro, há o aspecto da escolha voluntária por tais riscos, todavia isto acontece pelo leque de opções disponível para alguns, devido a sua condição social. Por sua vez, a escolha em ser piloto de corrida automobilística não é para todos, já que demanda alto recursos econômicos para se poder na pista correr tal risco. Por seu turno, a opção por se morar em uma área de risco, como em encostas, faz parte de um leque estreito de escolhas de quem vive com pouco recursos econômicos. Ou seja, a classificação de riscos voluntários apresenta elementos complexos atrelados a escolhas pessoais e ao leque disponível de escolhas conforme à condição e posição social de classe.

Ainda em relação à noção de risco voluntário, a visão culturalista de risco aponta que qualquer situação de risco voluntário traz consigo também riscos adicionais e riscos desconhecidos. Isto porque o risco voluntário não pode ser objetivamente identificado, existindo inúmeros fatores que extrapolam os cálculos objetivos. Ou seja, em diversas situações há riscos adicionais por serem desconhecidos.

 Uma complexidade ainda mais relevante dos riscos voluntários é que o risco voluntário de uns pode significa o risco involuntário de outros. Dirigir em alta velocidade para alguns pode ser um prazer, sendo um risco voluntário para o motorista, todavia tal atitude pode colocar em risco outras pessoas, como pedestres ou outros motoristas. Fumar é uma opção de cada um, mesmo sabendo os riscos para a saúde que pode acarretar, mas fumar perto de outros é colocar em risco a saúde de pessoas que sequer fumam, ou por não sentirem prazer em fumar ou por pretenderem uma vida saudável. 

No cenário pandêmico, a linha tênue entre risco voluntário e risco involuntários ficou mais evidenciada. Enquanto algumas pessoas colocam máscaras para se proteger da contaminação do vírus, outros se negaram a usar, mesmo em lugares em que o uso era obrigatório. Enquanto alguns ficaram em isolamento social, alguns se aglomeraram em eventos e festas. Muitos que seguiram as orientações da comunidade científica acabaram mesmo assim contaminados e isso ocorreu em muitos casos por conta da liberdade individual reivindicada por aqueles que negavam o conhecimento científico e, assim, desrespeitavam o direito coletivo. Ou seja, em nome da liberdade individual, embora esta não seja esta a única questão, pois há viés ideológicos e interesses políticos e econômicos, a percepção e a aceitação de riscos de uns interferiram nos riscos que afetam e prejudicam todo um coletivo. 

Conclusiones:

Este trabalho objetivou analisar o debate sobre riscos suscitado no cenário pandêmico. A reflexão levou em conta a concepção de sociedade de risco, em que a contaminação se alastrou rapidamente graças a uma sociedade cada vez mais globalizada e interligada. Foi analisado também o caloroso embate gerado sobre conhecimento científico e a negação da ciência por certos atores sociais, inclusive de autoridades governamentais. Na análise foi apresentada a noção culturalista de riscos, que concebe a percepção de riscos como construções sociais, havendo até mesmo interferência de cunho político na gestão de riscos. Por fim, foi analisado até que ponto os riscos aceitos voluntariamente por uns, em nome da liberdade individual, terminam contribuindo na difusão de riscos que atingem todo um coletivo.  

Bibliografía:

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010

DOUGLAS, Maria. WILDAVSKY, Arão. Risco e cultura: Um ensaio sobre a seleção de riscos tecnológicos e ambientais.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

Palabras clave:

DESASTRE

 

Pandemia 

Resumen de la Ponencia:

En la historia de la humanidad la extracción de bienes de la naturaleza y minerales ha estado presente y se asocia con la evolución de las necesidades de la sociedad. Si bien, los procesos extractivistas se relacionan con la “evolución” de las sociedades y sus procesos civilizatorios, donde podemos encontrara las colonizaciones de grandes territorios y sus respectivas poblaciones hasta los procesos de industrialziación en algunas zonas del planeta. Ello dio pauta a la división social del trabajo pero tambén a la repartición de la naturaleza para determinados proyectos que resultan la transformación de territorioEn pleno siglo XXI, a la luz de los llamados gobiernos progresistas latinoamericanos, algunos aspectos de la vida social dieron un giro, sin embargo encontramos que la idea de desarrollo ligada al neoextractivismo no cambió, continuó y continua siendo el eje por el cual se pretende mejorar la existencia de los habitantes de dichos territorios. Sin embargo, se advierte que no ha habido mejora alguna en la caliad y el nivel de vida de las personas, lo que si encontramos es un mayor deteriroro ambiental, un saqueo de recursos, despojo y destrucción del territorio y un gran número de defensores de la naturaleza asesinados.Es ante ello que consideramos pertinente analizar las contradicciones el modelo neodesarrollista así como las consecuencias que tiene para la vida toda. Por lo cual el objetivo de la presente ponencia es analizar las contradicciones del modelo de desarrollo neoextractivista, bajo las premisas de la ecología política como son los conflictos ecológico distributivos y los lenguajes de valoración de la natruraleza.Otro aspecto que es importante analizar es el tema de la mercantilizacion y financiarización de la naturaleza como única medida de desarrollo, subordinando al país a ser exportador de bienes de la naturaleza, donde la entrega masiva de bienes comunes se acentúa y  es en estos últimos años que la humanidad ha imaginado, ideado y desarrollado proyectos que han contribuido ampliamente como ninguna otra especie a la transformación acelerada del territorio, lo que aquí llamo segunda naturaleza. La presente propuesta de ponencia tiene como base dos corrientes teóricas que, desde el pensamiento crítico, permitirán comprender y explicar desde una perspectiva totalizadora la transformación del territorio producto de las políticas neodesarrollistas y que no sólo producen un cambio físico en el territorio sino que también afecta las formas de valorar, concebir e imaginar dicho territorio y los ienes de la naturaleza por parte de quienes lo habitan. Partimos de la Geografía Marxista de David Harvey y de la Ecología Política, pues desde ahí se plantean discusiones críticas en torno a la sustentabilidad y los efectos sobre la vida más allá de los modelos epistémico-económicos sobre el territorio .

Resumen de la Ponencia:

Debido a la situación humanitaria desprendida de la crisis económica en Venezuela, desde el año 2015, se ha desatado un fenómeno migratorio sin precedentes en la historia reciente de Latinoamérica. Desde entonces la economía venezolana entró en un periodo de crisis que se traduce principalmente en la escasez de alimentos y medicinas, el cierre de empresas privadas y estatales, el aumento del desempleo, la crisis financiera y bancaria y la falta de divisas. Este escenario profundizó el descontento social y, al mismo tiempo, generó el éxodo de aproximadamente 6.113.035 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en el mundo para 2022. De estos, 5.063.560 millones se encuentran en América Latina y el Caribe y 1.842.390 millones en Colombia. Desde el 2015 hasta el 2016 se puede evidenciar una migración principalmente de colombianos retornados y colombo-venezolanos. Pero en los años siguientes, los flujos migratorios mixtos en Colombia se caracterizaron por el alarmante aumento de refugiados, migrantes irregulares, núcleos familiares con niños, niñas y adolescentes, madres gestantes, personas mayores, apátridas y personas en riesgo de apatridia, entre otros.Para el 2019, casi 4 de cada 10 migrantes venezolanos radicados en Colombia son niños, niñas y adolescentes, este grupo poblacional es de particular interés, en tanto representa una importante proporción de la población migrante y enfrenta riesgos diferenciales en el proceso de movilidad humana. En la actualidad, la situación de los NNA migrantes en acceso a derechos como la salud, la educación, la alimentación y el documento de identidad son críticas. En ese sentido, la falta de documentos de identidad se considera uno de los factores de riesgo más grandes para los NNA refugiados y migrantes, ya que se estarían en un inminente riesgo de apátridia. Las opciones para que los NNA hijos e hijas de padres venezolanos en Colombia adquieran la nacionalidad venezolana son muy limitadas debido a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países y al cierre de los consulados venezolanos en Colombia. Este escenario genera un inminente riesgo de apatridia, en el cual sufren de discriminación y se encuentran con graves barreras para acceder a la salud, educación, movilidad, inclusión, participación en la sociedad y otros derechos fundamentales vitales para la existencia. Por esta razón, esta ponencia, pretender dar a conocer los resultados de investigación que se derivan de la pregunta ¿Cuáles son las vulnerabilidades en materia de derechos humanos que se deriva del riesgo de apátridia en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de origen venezolano en Colombia?

Resumen de la Ponencia:

O presente trabalho possui o objetivo de averiguar o potencial de aplicação das abordagens de análise de agenda e redes para  compreender os processos que foram preponderantes para a formulação de políticas públicas, bem como compreender o papel dos movimentos sociais em contexto de pandemia e ações de solidariedade em rede.

Resumen de la Ponencia:

El artículo busca comprender y caracterizar discursos de resistencia, ahondando en repertorios y acciones colectivas desplegadas por mujeres que participan en organizaciones migrantes y pro-migrantes del Gran Valparaíso, Chile, en un contexto de crisis social, pandemia sanitaria y efervescencia política. Frente a la precarización de la calidad de vida y un acceso restringido a derechos para poblaciones migrantes en dicho país, las relaciones que estas organizaciones mantienen con el Estado, que invisibiliza y vulnera sus derechos, implican respuestas múltiples para protegerse y estar con otrxs. La investigación se posiciona desde epistemologías críticas y reposan en un diseño cualitivo con entrevistas semi estructuradas y observaciones participantes efectuadas actividades virtuales durante los años 2020 y 2021. El género, la orientación sexual, el lugar de procedencia, profesiones u oficios caracterizan a quienes conducen estas acciones colectivas, distinguiendo entre organizaciones que expresan voces de personas migrantes y otras de sectores más amplios de la sociedad. Las conclusiones vienen a destacar a quienes migran como sujetas de derecho con agencia y gestoras de nuevos movimientos sociales y múltiples resistencias desde una visión interseccional de la realidad.

Resumen de la Ponencia:

Introducción: En San Juan Ixhuatepec, la configuración espacial y simbólica del territorio y la escuela se han convertido tanto en importantes catalizadores para la experiencia de vida adolescente, como márgenes particulares para el proceso salud-enfermedad-atención. Cursar estudios secundarios supone dinámicas sociales, simbólicas y biológicas complejas, para las cuales se requiere una comprensión integral. Sin embargo el avance de una política neoliberal excluyente y del discurso médico hegemónico, han reducido el espacio del diseño de las intervenciones a una supuesta homogeneidad en el proceso ontogénico. Analizar los modos de crecer en una escuela, dentro de un contexto privativo desde una perspectiva centrada en los estudiantes, reconociendo que son ellos quienes, a propósito de su territorio, configuran sus trayectorias de vida, puede contribuir en la generación  de estrategias de acción colectiva en salud para este grupo poblacional. Objetivo:  Describir y analizar los modos de significar y resignificar la escuela y el territorio en un grupo de jóvenes estudiantes en San Juanico. Aproximación metodológica: Desde una perspectiva cualitativa mediante una aproximación mixta, se realizaron 119 encuestas en un grupo representativo de estudiantes en una secundaria pública del Estado de México en el año 2019. Se recabaron nueve entrevistas semiestructuradas y tres con profundidad en estudiantes y docentes. La información se interpretó en conjunto bajo una técnica narrativa y un análisis multivariado a partir de las categorías experiencia, territorio y escuela. Principales resultados: San Juan Ixhuatepec representa escenarios de exclusividad positiva, en donde los jóvenes pueden vincularse con su comunidad; existe una fuerte referencia a la pertenencia y pocas expectativas en torno a la migración. La escuela contribuye con la identidad comunitaria y se erige como un refugio. Ambas categorías también presentan escenarios de exclusividad negativa: el avance de la industrialización ha propiciado el riesgo y la vulneración, mismos que tienen un impacto particular en la salud de los adolescentes. 42% de los estudiantes viven en condiciones globales de vulneración social, 54% con malnutrición por cribado de IMC y 13% con talla baja para la edady 64% presentaron poca actividad física relacionada con condiciones de vulneración (p<0.005). Conclusiones: El territorio, la desigualdad social y el proceso ontogénico marcado por la adolescencia, representan las principales constricciones para el proceso salud-enfermedad-atención. La escuela se ha convertido, no obstante, en un espacio más seguro para que a propósito de la experiencia de la juventud, se pueda construir una identidad con mayores referentes simbólicos y elementos materiales que puedan ampliar las posibilidades de controlar el proceso salud-enfermedad-atención entre los jóvenes.

Resumen de la Ponencia:

Los flujos migratorios siempre han generado un impacto sociodiscursivo en aquellas sociedades a donde dirigen su destino, sobre todo cuando estos son masivos, ya que no pasan desapercibidos para los moradores de las ciudades de acogida con las cuales entran en contacto. Por un lado, estos flujos han provocado la creación de una terminología institucional que permite su gestión en pro de su inserción dentro de un grupo humano nuevo y la (re) asignación de un control poblacional de todos esos sujetos cuyo propósito es incorporarse en un nuevo colectivo. Por otro lado, los integrantes de las sociedades de acogida -permanente o provisional- crean una diversidad de términos para referirse a los individuos que están llegando a su espacio social y a través de tales expresiones es posible identificar marcadores de la interrelación que se genera en la convivencia diaria. Por ello, es conveniente centrar la mirada en estos vocablos que toman en cuenta el punto de origen de los migrantes, independientemente si los términos son de tipo oficial o de naturaleza popular porque a través de vocablos específicos podemos identificar la disposición que se puede tener para acoger a un colectivo; o la transformación que esta aceptación puede sufrir al irse generando expresiones discursivas que pueden mostrarnos la tensión que llega a  establecerse entre los individuos de distintos colectivos.  Conocer esta dimensión relacional entre individuos que llegan e individuos que los reciben en un marco de espacio-tiempo nos permitirá entender mejor el fenómeno de la migración hoy en día tan intensa en nuestro país, sobre todo en el sur que no había tenido experiencias tan intensas con esta actividad de movilidad humana. 

Introducción:

La movilidad humana no es un fenómeno puramente social, sino más bien es un fenómeno sociolingüístico porque en ella se ven involucrados aspectos que atañen por una parte a la sociedad; y por la otra, aspectos que se vinculan estrechamente con la lengua. De acuerdo con Wardhaugh (2006) “hay una diversidad de relaciones que se establecen entre la lengua y la sociedad” (p.10). Por ello, cuando se registran cambios sociales que reconfiguran un espacio social, sin duda la lengua también los experimenta porque algunos de sus constituyentes se modifican o porque se integran ciertos elementos que llegan al sistema como consecuencia de la reconfiguración social. En el caso de la movilidad humana, coincidiendo con Wardhaugh (2006) podemos constatar que existe una relación de influencia bidireccional en donde lo social y lo lingüístico se influyen mutuamente.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, esta interdependencia la enfocamos específicamente en el plano de las unidades léxicas, es decir, en vocablos vinculados estrechamente con el movimiento social de reacomodo poblacional que es consecuencia de la migración a gran escala. Al respecto, constatamos que los lugares que son ocupados por los migrantes se reconfiguran, pero no nos interesa hacer una simple demarcación espacial, sino entender este espacio social desde la óptica de Vergara Figueroa (2015) “como un espacio que, circunscrito y demarcado, contiene determinada singularidad emosignificativa” (p.35) concepto que el mismo autor entiende como una fusión de significación y emoción. Así, los espacios habitados por migrantes viven un proceso de reacomodamiento, entre lugareños y migrantes, que les da un nuevo colorido. Esto se refleja en nuevas funcionalidades, significaciones e incluso nuevas facetas de las identidades que se (re)crean gracias a las actividades recurrentes de los individuos; y de los grupos o colectivos que los habitan.  Estas intervenciones están mediadas por elementos discursivos vinculados con las personas porque coincidimos con Martínez-Zalce y Díaz-Mendiburo (2020) en cuanto a que, es través de ciertos marcadores discursivos que configuramos nuestra realidad, nuestras acciones y nuestras relaciones. 

Luego entonces, los vocablos que se establecen para referirnos a las personas migrantes; a los procesos que estos viven en un nuevo territorio; y a las relaciones que establecen con los lugareños, son reveladores de condiciones muy particulares de la movilidad humana en un espacio social específico. Por ello, coincidimos con Gumperz (1971) en cuanto a que es importante encontrar las correlaciones de las estructuras lingüísticas –léxicas en este caso- con respecto a la estructura social y los fenómenos que se van suscitando. Al respecto, admitimos la propuesta de Hudson (1996) en cuanto a que estos “elementos lingüísticos son unidades reveladoras de la dimensión social” (p.21), es decir, nos permiten entender las relaciones entre individuos regidas desde diversas variables sociales como la clase social, la identidad, la etnicidad, el estatus, el uso del poder, la solidaridad, entre otras. Es por ello, que nos hemos interesado en el abordaje de estos vocablos, desde dos dimensiones en las que pueden producirse: una institucionalizada que los plasma en leyes, reglamentos y estatus jurídico; y la otra que corresponde a la cotidianidad y convivencia entre individuos que también genera otros marcadores discursivos. 

Desarrollo:

Tapachula y la migración contemporánea: las caravanas migrantes en la frontera sur mexicana

Las sociedades que habitan en espacios fronterizos se reconfiguran significativamente como resultado de las interacciones que existen entre los nuevos actores sociales y aquellos que integran a esas sociedades receptoras. En este sentido, las caravanas migrantes han traído consigo no sólo actores sociales fenotípicamente distintos al autóctono - tapachulteco - sino también a nivel sociolingüístico; lo que introduce cambios tanto discursivos como en las prácticas socioculturales ya que estas personas terminan por establecerse en este nuevo espacio.

En virtud de su situación geográfica, Tapachula se constituye como un punto de internación estratégica para las personas extranjeras: y en consecuencia como un espacio constantemente reconfigurado; incluso si únicamente se le ve como una opción de tránsito y no como el destino final del flujo migratorio. En los últimos 5 años el incremento desbordado que se originó con las caravanas de migrantes, desde el 22 octubre de 2018 hasta enero de 2019, marcó un antes y un después de la presencia migrante en el sur de México; y estas circunstancias son interesantes para hacer un acercamiento al evento de la migración. 

Estas caravanas se caracterizan por el número masivo de personas que las integran. De acuerdo con datos de la ONU la caravana que ingresó a México el 22 de octubre del 2018 estaba compuesta por más de 7,000 personas provenientes de países como Honduras, El Salvador y Guatemala. En palabras del vocero de la ONU Farhan Haq (en prensa, 2018) “en este momento, se estima que la caravana incluye a 7,233 personas, muchas de las cuales tienen intención de continuar marchando hacia el norte”. Sin embargo, muchos migrantes quedarán diseminados a lo largo y ancho del país y sin duda también en Tapachula.

Luego entonces, es primordial hacer un acercamiento a las distintas dimensiones que comprende este fenómeno; incluida la correspondiente a las prácticas socioculturales de ambos grupos -de migrantes y de lugareños- porque ellas se influyen recíprocamente en la interacción que se genera por la convivencia en los escenarios compartidos. De esta forma, la observación etnográfica del fenómeno migratorio adquiere relevancia porque nos permite explicar el impacto de la migración en la reconfiguración social del país. 

Ahora bien, esta reconfiguración es posible abordarla desde distintas perspectivas; y una de ellas es el análisis de manifestaciones discursivas; misma que ha guiado este trabajo y que nos permite centrar nuestra discusión en los vocablos que se originan con motivo de la migración. Este análisis de orden sociolingüístico con respecto a una diversidad de vocablos nos permite visibilizar y reconocer un aspecto de la realidad migratoria tanto de la región como del país, para entender distintos posicionamientos de los agentes vinculados con la migración, tanto desde una perspectiva institucional como de otra social.

Particularidades lingüísticas de los vocablos

El fenómeno social de la movilidad humana es referido a partir del verbo en latín ‘migrare’ cuya acepción es ‘cambiar de residencia, moverse’ y en virtud de que nuestra lengua española tiene su origen en el latín, nos llega desde ahí este elemento lingüístico enmarcado dentro de la categoría gramatical de verbo el cual puede transformarse en un sustantivo conocido como ‘migración’ y en calidad de adjetivo en ‘migratorio’. Asimismo, dentro del español, encontramos una estructura que es denominada ‘participio activo regular’ la cual de acuerdo con Mastretta (2016) corresponde a una derivación verbal porque se construye desde una forma verbal que se complementa con el sufijo ante o ente -según el caso- por ejemplo, cantante deriva del verbo cantar más la sufijación mencionada. A nivel del sentido semántico, la estructura denota a un agente que tiene la capacidad de ejercer la acción que se expresa en el verbo. Luego entonces, el vocablo ‘migrante’ deriva del verbo migrar y denota a una persona que tiene la capacidad de cambiar su residencia o de moverse de un sitio a otro. Es importante resaltar, que un participio activo, en español, se aplica de igual forma para un hombre o una mujer, es decir, no se feminiza como algunas personas pretenden frente a esta tendencia de la igualdad de género social. Así, el término ‘migrante’ es correctamente aplicado cuando nos referimos a varones o mujeres que realizan una movilidad territorial con el propósito de instalarse en un nuevo lugar. 

Por otra parte, es necesario señalar que la movilidad humana puede llevarse a cabo de dos maneras: una de ellas corresponde a la movilidad intraterritorial que efectúan las personas al desplazarse de un punto a otro dentro de un mismo territorio o país del cual son consideradas nativas; y la otra es llamada extraterritorial y ocurre cuando la persona se aleja de su país de pertenencia. Esta segunda modalidad, sobre todo, se marca en el vocablo ‘migrante’ a partir de un prefijo que conlleva una información deíctica. De acuerdo con Perdomo-Batista (2020) el aspecto deíctico marca en el vocablo la dirección en que se produce el desplazamiento. Así, por un lado, encontramos el vocablo ‘Inmigrante’ que se aplica a toda persona que llega a un país, en donde la dirección del desplazamiento es vista desde un punto espacial que corresponde al país en donde esa persona pretende instalarse. Por otro lado, tenemos el vocablo ‘Emigrante’ que se aplica a la persona que se va de su país y en este caso el punto espacial desde donde se genera el movimiento se sitúa en el país que se está dejando.

Ahora bien, la movilidad humana no solamente se vincula con estas unidades lingüísticas expuestas, sino que igualmente encontramos otros vocablos que se crean para dar cuenta del fenómeno sociolingüístico. Con respecto a ellos, es importante clasificarlos en dos tipos. Un conjunto de vocablos que es considerado ‘denotativo’ porque los términos que lo integran se ciñen a la figura lingüística de la denotación la cual, según Leonardi (2003) corresponde a un significado veraz presentado de forma clara y precisa. En función de este atributo, estos vocablos nosotros los llamamos ‘institucionalizados’ porque se generan dentro de un marco jurídico que pretende definir clara y precisamente los distintos estatus que frente a la ley puede ocupar un migrante. El otro tipo de vocablos corresponde a un grupo ‘connotativo’ de términos porque presenta rasgos de la figura de la connotación, misma que según Garrido (1991) sugiere términos con significados altamente polisémicos los cuales se determinan en función de un contexto específico. Estos vocablos, nosotros consideramos que surgen de la cotidianidad y son los que están presentes en las relaciones interpersonales de los sujetos que comparten un espacio social por lo que podemos llamarlos también sociopragmáticos. 

Vocablos denotativos o institucionalizados de la migración 

Las denominaciones que se utilizan para definir el estatus de los diversos migrantes que se internan en los países receptores permiten, además, identificar las razones del desplazamiento poblacional. Es necesario recalcar que los vocablos utilizados para categorizar y, por tanto, determinar los diferentes tipos de inmigrantes son importantes puesto que ellos se vinculan con las normativas correspondientes, en cada territorio. Es decir, a través de estos vocablos se construyen no sólo los imaginarios sociales hacia los migrantes; sino también los discursos jurídicos y políticos que los refieren. A continuación, presentamos algunos vocablos que definen a grupos migrantes específicos. 

Términos sociohistóricos

En la categoría de términos arcaicos encontramos desterrados y expulsados. Estos términos provienen de momentos históricos de las sociedades humanas en las que algunos miembros de éstas eran obligados a abandonar su propia tierra. En el caso del vocablo desterrado/a, se aplica a las personas que sufren la pena del destierro, es decir, que está obligado(a) a abandonar su lugar de origen, generalmente, por razones de conflicto. Asimismo, según Jensen (2014) podemos “entender al destierro del área española o al degredo de la portuguesa como mecanismos de regulación y control de elementos disfuncionales o peligrosos para la paz social (delincuentes sociales y criminales por delitos contra clérigos o soldados)” (p.15); por lo que, históricamente este término se relaciona con grupos específicos de personas que han violado algún reglamento y no son bien vistos por el resto de la sociedad. 

En cuanto a la expulsión de miembros de la sociedad, el objetivo era reducir los índices de criminalidad que existían en la sociedad. En Europa, se utilizó este proceso “como estrategia de colonización, defensa y reforzamiento de fronteras coloniales: traslados transoceánicos o dentro del continente” (Jensen, 2014; p.15). No obstante, esta acción causó estragos en las sociedades receptoras que tenían una población menor dado que “por supuesto operó como un castigo discrecional según la clase social, el color de la piel y la etnia (mapuches, pobres, clases populares, desocupados), transformándose en una suerte de justicia de bajo costo que además suministraba mano de obra barata” (Jensen, 2014; p.15). En la actualidad, esta acción ya casi no tiene lugar puesto que nadie debe ser obligado a abandonar su lugar de origen.

Ahora bien, el vocablo ‘expulsado’ está cercano al término actual de deportado. Sin embargo, no corresponde a la misma situación porque la persona deportada no sale de su lugar de origen. Entonces, podemos decir que actualmente “la expulsión [...] se refiere al acto por el cual un Estado obliga a una persona extranjera, que ya se encuentra en su territorio, a abandonarlo” (Kamto, 2005; p. 13). Para ilustrar, ponemos el caso de los latinos en Estados Unidos donde muchos de ellos son aprehendidos y puestos en prisiones para, finalmente, ser devueltos a sus países de origen.

Hoy en día, las autoridades migratorias de los países son las responsables de permitir el ingreso u ordenar la expulsión de una persona. Cabe señalar que “la expulsión en sentido estricto, es el ejercicio de la facultad de un Estado de exigir a un extranjero que abandone su territorio cuando su presencia continua es contraria a los intereses de ese Estado” (Comisión de Derecho Internacional, 2006; p. 67; Goodwin-Gill, 1978; p. 201-206). Por ello, en el caso concreto de las caravanas migrantes que han ingresado por la frontera sur de México, estas escapan del control de los agentes migratorios dada su característica numerosa ya que, estadísticamente, el número de migrantes aprehendidos y deportados es insignificante en comparación con el gran número de extranjeros que ingresan.

Términos contemporáneos

En primer lugar, abordamos el vocablo exiliado el cual se refiere a las personas que se han visto obligadas a abandonar su país, generalmente por razones de conflicto político. Si bien la definición podría tener grandes similitudes con expulsado, la diferencia se sitúa sobre todo en el motivo político que es el punto de referencia de la salida de un territorio; lo que lleva a denominar así al migrante. De acuerdo con Mardorossian (en Mandolessi, 2010; p.74) “no se trata solo de un cambio terminológico, aunque en muchas ocasiones la crítica se contente simplemente con ello: es decir, aplicar, a quienes antes se denominaba exiliados, la nueva etiqueta de migrante”. Entonces, el exiliado, al ser arrebatado tanto de su lugar de origen como de su familia y de otros elementos que constituyen su identidad individual y colectiva, mantiene una relación complicada y compleja con el nuevo entorno receptor. En este sentido el exilio supone una relación perturbada tanto física como psíquicamente con el hogar o la patria. En particular, la familia funciona como un anclaje con el país de origen y complica el proceso de integración por una cuestión nostálgica.

En segundo lugar, tenemos a los refugiados, personas que huyen de la guerra o de una persecución. Dadas las condiciones mundiales del siglo pasado, los movimientos de refugiados han aumentado drásticamente. De acuerdo con el INEGI (2020) en el caso del estado de Chiapas, el refugio representa el 5.4% de la población inmigrante censada; cabe mencionar que, dadas las características únicas de las caravanas migrantes, no es posible censar a cada uno de los miembros que las componen. El factor principal para este tipo de migración es la violencia y la inseguridad que existe en los países de origen de los migrantes. 

Así, esta migración resulta de diversos factores que provocan el desplazamiento de grupos hacia un país receptor que puede satisfacer las necesidades de seguridad y sobrevivencia de cualquier colectivo. Este estatus de refugiado le permite gozar de un estatus de protección que el nuevo Estado está dispuesto a proporcionarle. 

Finalmente, tenemos el vocablo de desplazado, aplicado a un individuo que se ve forzado a abandonar el lugar donde vive a causa de fenómenos como naturales como hambrunas, inundaciones, terremotos y en algunos casos conflictos bélicos. Asimismo, el desplazamiento de un grupo puede tener su origen en las relaciones de poder que existen entre comunidades; por ejemplo, entre las diversas culturas o grupos étnicos de un país, el desplazamiento se ha dado por el conflicto de tierras o las creencias religiosas principalmente. Así, el desplazado se instala en lugares en donde con frecuencia es víctima de la estigmatización y la discriminación ejercida por los miembros de una sociedad distinta que no ve con buenos ojos su instalación en ese nuevo espacio.

Otros vocablos denotativos dentro del marco institucional

Dentro del ámbito de la movilidad humana, el término ilegal se aplica a una persona que infringe una ley de migración de un país. Por ejemplo, los turistas que ingresan con un motivo de esparcimiento y luego trabajan de forma irregular sin tener autorización para ello son considerados ilegales. Es importante señalar que se incurre en la ilegalidad al realizar actos para los cuales no se tiene autorización en el país receptor; mientras que el vocablo indocumentado corresponde a un individuo que ingresa sin pasar un control de los documentos de identidad y permanencia necesarios para internarse al país; por lo que, estas condiciones, no lo hace forzosamente ilegal.

Entonces, los indocumentados son individuos que se internan en un territorio sin la documentación necesaria para hacerlo. De acuerdo con Martínez (2010) “[…] los indocumentados, los que entran sin permiso de nadie a países que los desprecian, son un signo poco leído de estos tiempos […] Se cuenta que algunos viajan como garrapatas adheridos a un tren en México […]” (p. 7). El tren era, hasta la caída de los puentes ferroviarios en 2005, el principal medio de transporte de los grupos indocumentados que se internaban en México y que, además, los dirigía hacia la frontera norte en búsqueda del ‘sueño americano’. Al respecto, Carrasco (2013) describe cómo se daba la trayectoria de los migrantes a través del tren denominado ‘la Bestia’ quienes son denominados indocumentados puesto que ingresan al país sin pasar los controles de documentos de identidad y no contar con permisos de permanencia.

Finalmente, encontramos a ‘los sin papeles’ que es un término traducido del vocablo francés sans papiers, (Krueger, 2001) el cual se aplica a una persona que pierde su estatus migratorio autorizado al interior de un país receptor. A diferencia del vocablo indocumentado, el sin papeles no cuenta con documentos que acrediten su estatus; pero puede contar con documentos relativos a su identidad, es decir, que permita reconocer su nacionalidad, edad, género entre otros. Dentro de este rubro, tenemos a la niñez migrante crecida en los Estados Unidos que ahora benefician del programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

 

Vocablos institucionalizados de legalización temporal

Para comenzar, tenemos la categoría turista que corresponde a personas que visitan el país con un propósito de distracción y con permiso por un periodo establecido. Con este permiso, el turista adquiere ciertos derechos que le permiten la entrada y estancia en el país, generalmente, sin ningún contratiempo. Coincidimos con Hunziker y Krapf (en De Murcia, 2012) en cuanto a que el vocablo emerge “como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas” (p.3). En algunos casos, existe un proceso de visado que legaliza el estatus temporal de un individuo en otro país. Asimismo, en el ámbito educativo, los estudiantes pueden obtener un estatus de entrada y de permanencia. Por su parte, los estudiantes obtienen un permiso para frecuentar un establecimiento educativo por un periodo específico y poder tener un reconocimiento de sus estudios a partir del permiso obtenido.

Por otra parte, encontramos el estatus de visitante diplomático, vocablo que designa a personas con autorización para entrar a un país con un propósito institucional. En esta categoría entra el personal gubernamental que representa a una nación para actividades institucionalizadas. En este rubro se requiere probar la postulación o designación al puesto diplomático desde el país de origen. Aquellos quienes obtienen este tipo de visado ostentan en el país receptor, la representatividad de su país por lo que deben manejarse de forma responsable durante su estancia.

Finalmente, exponemos el vocablo de trabajador temporal aplicado a personas autorizadas a trabajar temporalmente en el país. Generalmente, los países lanzan convocatorias para reclutar personal que pueda trabajar durante una temporada en actividades específicas. En concreto, la migración calificada emerge como la principal categoría migratoria en la que muchos individuos aplican a fin de desplazarse hacia el nuevo país receptor. En términos generales la migración calificada ha sido definida como el cruce de fronteras por parte de personas ‘calificadas’ que residen en un país distinto al que nacieron (Bermúdez Rico, 2015). En relación con lo anterior, para que esta visa pueda expedirse a un individuo, es necesario que éste sea capaz de validar tanto la experiencia laboral como el nivel de estudios y el grado académico como principales requisitos. El nivel de escolaridad ha sido establecido como el principal atributo para la clasificación de los migrantes calificados (Pellegrino, 2001). Pero existe también dentro de este rubro, aquella mano de obra que, sin estar escolarizada, es también calificada. Por ejemplo, en las actividades laborales relacionadas con el campo tales como pizca de frutas, siembra de productos agrícolas, cuidado de viñedos, entre otros. A diferencia de los individuos escolarizados, este permiso se concede a personas de clases sociales bajas que tengan experiencia en el campo y que puedan desempeñarse en éste. De este modo, la migración calificada incluye tanto a personas escolarizadas y no escolarizadas que entran al país con el propósito de impulsar la productividad y generalmente está enmarcada dentro de convenios específicos entre los distintos países.

 

Vocablos connotativos o sociopragmáticos 

Aparte de los términos ya expuestos, la convivencia cotidiana de los migrantes con los lugareños, da posibilidad a la creación de un cierto conjunto de vocablos que justamente nos permite entender el tipo de relación social que entre los colectivos se establece. Generalmente estos vocablos surgen cuando la migración de un colectivo se desborda, de tal manera que la presencia excesiva de migrantes provoca que, aquellos que ocupaban el espacio previamente, se sientan de alguna manera amenazados, aunque con frecuencia sin realmente tener una justificación. Estos vocablos que surgen dentro de la cotidianidad son generalmente expresados a través de la figura discursiva de la metáfora; y al mismo tiempo, son marcadores discursivos que evidencian las relaciones de poder que se instalan entre los integrantes de dos colectivos distintos (lugareños o autóctonos y migrantes). Indiscutiblemente estos términos conllevan una gran carga peyorativa porque degradan las características de los individuos del grupo llegado a un espacio específico. Al respecto, Farid Merabet (2001) miembro de la Asociación Francesa Droit de Cité, establece que los significados de estos vocablos se establecen en función de la percepción de los sujetos locales porque “para el hombre de la calle, el inmigrante es un integrista; para el comerciante es un delincuente; y para el policía es un clandestino” (citado en Krueger, 2001; p. 75). Es por ello que este tipo de vocablos son considerados sociopragmáticos porque tienen su origen en la praxis social cotidiana en donde los unos y los otros se miran y se reconocen desde perspectivas muy específicas.

Varios son los ejemplos que se reportan en diversos puntos de la geografía mundial que se constituyen como puntos de destino de la migración de los colectivos humanos. Así, encontramos que todos estos vocablos, promovidos desde estereotipos, se crean en la relación que los residentes de un espacio construyen con los nuevos llegados a él. Situémonos primero en Francia, en donde constatamos en el discurso cotidiano de la población una diversidad de términos que son aplicados a los migrantes en función de diversos factores. Rital, se refiere a los italianos o a personas con orígenes italianos que llegaron a Francia. Beur, término que se aplica a los migrantes del Magreb (Argelia, Marruecos o Túnez) y a personas nacidas en Francia con orígenes familiares magrebíes. Harki, se aplica a musulmanes franceses de origen norteafricano repatriados en la década de los 80s. También se aplica a argelinos que abandonaron su país debido a su comportamiento anti-independiente durante la guerra de Argelia. Pied-Noir, se aplica a los ciudadanos franceses que residían en Argelia y que se vieron obligados a salir de ese país tras el evento de la independencia. Estos colectivos migrantes son significativos en Francia y por ello se han generado vocablos para designar a sus integrantes. 

En el caso de España, los vocablos sociopragmáticos registrados se enfocan a otro tipo de colectivo de migrantes. Así, podemos escuchar en la cotidianidad española los siguientes términos: sudaca, el cual refiere a todo individuo proveniente de Sudamérica. Moro para aquel que tiene características del Magreb (norte de África). Charnego, en Cataluña, inmigrante de una región española de habla no catalana que habita en Cataluña. Güiri, que se aplica a un extranjero europeo inmigrante en España. Vemos entonces que para el surgimiento de estos vocablos es una condición que la presencia de migrantes de un colectivo sea representativa o incluso excesiva. En cuanto a Estados Unidos, constatamos la existencia de varios vocablos que se aplican a los latinos y particularmente a los mexicanos que se establecen en ese país. Por ello encontramos: Espalda mojada, (del inglés wetback) se refiere a un inmigrante irregular que se supone cruzó nadando por el río. Sobretodo suele referirse a mexicanos. Mojarrita, se aplica a cualquier latino que ha cruzado la frontera de forma irregular. Beaner, se aplica a individuos mexicanos que se encuentran en el país.

 

Con respecto a estos vocablos sociopragmaticos, coincidimos con Monnet (2001) en cuanto a que evidencian relaciones jerarquizadas y por ello, en esta nueva diversidad cultural del espacio, estos vocablos revelan un orden social lleno de desigualdades diversas fundadas bajo la base de la diferencia. En este mismo sentido, Santa María (2001, citado en Monnet 2001) argumenta que estos vocablos manifiestan una tendencia hacia la exclusión porque promueven la discriminación de los integrantes de un colectivo de migrantes llegados a un espacio social específico. Con base en lo anterior, es importante permanecer atentos a la emergencia de vocablos peyorativos dentro del español mexicano que sin duda surgirán porque esas caravanas de migrantes, con destino a Estados Unidos, dejarán diseminados por el país un número representativo de migrantes que se integrarán a los espacios sociales dentro del territorio. Por ahora este fenómeno sociolingüístico asociado con la migración masiva en México está gestándose por lo que no hay reacciones de confrontación por parte de los lugareños; sin embargo, en la medida que los migrantes se asienten de manera permanente en el territorio, las relaciones sociales de diversos espacios se reconfigurarán y con ello aparecerán en el discurso, vocablos muy particulares que darán cuenta de cómo se miran los colectivos.

Conclusiones:

La denominación que se le atribuye a cada individuo migrante es sumamente importante ya que a partir del lenguaje se construye y reconoce un estatus y un posicionamiento en la sociedad receptora. Por ello, la correcta interpretación de los vocablos y su uso apropiado propician que el encuentro entre los grupos migrantes y autóctonos del país receptor tenga lugar evitando conflictos sociales. A través de los vocablos denotativos o institucionalizados se reconoce la disposición de las instancias jurídicas para acoger a cualquier individuo migrante, ya que cada vocablo de este tipo genera un estatus social que conlleva la atribución de ciertos derechos que pueden ejercer las personas en ese nuevo territorio a través de un permiso.

En cuanto a los vocablos de orden connotativo, podemos afirmar que son reveladores de configuraciones sociopragmáticas porque emergen de las prácticas sociales cotidianas refuncionalizadas en virtud del contacto cotidiano entre migrantes y lugareños. Es relevante señalar que, como consecuencia de la masificación migratoria, los intercambios interculturales influyen grandemente las interrelaciones sociales; por lo que las percepciones y los posicionamientos de unos frente a otros se tornan visibles. Esta visibilidad, si se nutre de estereotipos, va a generar la emergencia de vocablos que promueven la jerarquización, la discriminación y la exclusión. Este tipo de distinción del ethos cultural se expresa en el discurso, y crea en las representaciones sociales, percepciones y actitudes, frecuentemente distorsionadas, sobre todo en relación con los migrantes; lo que va en detrimento de la diversidad cultural porque se contrapone al reconocimiento de lo plural.

Luego entonces, es primordial estar atento a los elementos socio discursivos que emergen y definen al migrante en un espacio social específico porque esto permite que tanto el Estado como la sociedad receptora, favorezcan las relaciones sociales interculturales, apoyadas en una política migratoria respetuosa de los derechos humanos de cada migrante. Sin duda, el lenguaje tiene un rol revelador en la reconfiguración de las sociedades donde el encuentro cultural y lingüístico es detonado por las nuevas dinámicas de la migración masiva en este mundo contemporáneo.

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Wardhaugh, R. (2006) An Introduction to Sociolinguistics. 5th edition. Malden, MA, USA: Blackwell Publishing.

Palabras clave:

migration, sociolinguistics, discourse analysis

Resumen de la Ponencia:

O presente artigo pretende problematizar as consequências das ofensivas neoconservadoras do Governo Bolsonaro na formação profissional do/a assistente social brasileiro/a. A pauta neoconservadora do atual governo está pautada na defesa da família tradicional, na política homofóbica, racista e misógina. Tendo o assistente social, no Brasil, um constructo teórico e político pautado na defesa intransigente dos direitos humanos, na luta contra todas as formas de opressão, esse ideário é radicalmente contrário ao projeto de formação e de profissão dos assistentes sociais brasileiros. Para além desta pauta conservadora do Poder Executivo Nacional, desconsiderando todo o reconhecimento dos direitos indígenas, das diversidades familiares e sexuais, dos direitos da população negra, das mulheres, das crianças, adolescentes e jovens, dos sem terra, há um projeto em curso de uma política em defesa do capital que invade todos espaços públicos. Esse processo é identificado em vários aspectos da vida, sendo exemplos a análise irracional da realidade, pela negação a ciência, como também a ampliação do processo de pauperização da população brasileira, repercutindo diretamente às demandas de trabalho e formação do/a assistente social brasileiro/a. Em específico, no que se refere ao processo de formação dos/das assistentes sociais, o cenário também é complexo, uma vez que a política educacional do atual governo se pautou pelas pautas conservadoras, pela troca de favores com setores neopentecostais, pelo desrespeito à autonomia universitária e pelo corte de recursos para as universidades federais. Em Santa Catarina há apenas um curso público, vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina e uma profusão de cursos privados, na modalidade à distância. No Paraná há oferta do curso na Universidade Federal do Paraná e nas Universidades Estaduais, bem como também no âmbito privado e na modalidade à distância. Tanto no setor das universidades federais, com nas estaduais do Paraná, o projeto em curso vem desmontando e precarizando as instituições, sendo a falta de recursos uma das tônicas centrais.  Desta forma, a investidas contra as universidades públicas, ao direito e acesso ao ensino público são evidentes e necessitam ser urgente desvelados e problematizados. Destaca-se que a trajetória histórica das Universidades públicas brasileiras é pautada pelo debate livre e autônomo das ideias, da construção de vias democráticas, da formação humana e da contribuição para o desenvolvimento da sociedade por meio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Historicamente, as instituições privadas estão mais voltadas ao lucro e à exploração do trabalho docente é uma das suas marcas, bem como o aligeiramento da formação profissional. A formação profissional dos assistentes sociais, alicerçada nos valores democráticos, humanistas e crítica é fundamental, tendo em vista a complexidade das demandas profissionais que os assistentes sociais atendem.

Resumen de la Ponencia:

A lo largo de la historia de la humanidad en las diferentes culturas que se han dado, el deporte ha sido un factor determínate de la vida en sociedad, en cuanto se asocia a este el bienestar de la salud corporal y la salud mental; atendiendo además los conceptos de desarrollo personal, social y económico.El deporte al estimular el sistema nervioso (red que conecta al sistema muscular y óseo), promueve la capacidad de atención y motivación por actividades cotidianas, por ello, los diversos sistemas educativos, particularmente el colombiano ha logrado establecer la práctica de actividades físicas como pilar para la formación desde el ámbito educativo) y especialmente el colombiano han establecido la práctica de actividades físicas como factor esencial de formación. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca resaltar la importancia que tiene la práctica de deporte en general y en este caso particular la práctica de beisbol, que es un deporte de trabajo colectivo, en la estructuración de los proyectos de vida de los niños con edades entre 7 y 10 años, del barrio Los Garzones de la ciudad de Montería, en el periodo 2020-2022. Durante los años en mención, se evidencia un cambio en la cultura deportiva de los niños del barrio Los Garzones debido a la llegada del señor Luis Escobar Pocaterra a esta localidad, quien es un exjugador de la selección colombiana de beisbol y desde el año 2008 viene trabajando desde la escuela Tigres de Montería en la preparación de los niños de la comunidad en torno a este deporte. Con este proyecto se analizará el impacto que tiene el beisbol en la construcción de los proyectos de vida de niños y jóvenes, entendiendo este como un proceso orientado a propender cambios en las actividades que los deportistas imparten en sus vidas y como desde estas prácticas se puede configurar una alternativa que desarticula los estereotipos donde reina la falta de oportunidades; que motivan el desinterés por el progreso y la superación de la pobreza.Key Words:Deporte - Educación - Desarrollo - Pedagogía  

Resumen de la Ponencia:

A través de este texto comparto una serie de pistas que he seguido en una incipiente  investigación, que lleva por título “Injusticias y resistencias epistémicas entorno a la salud materna: respuestas desde la subalternidad, educación intercultural y sistemas de salud en la Sierra Otomí-Tepehua”, que actualmente co-realizó como docente de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. El objetivo es indagar sobre el desplazamiento y continuidad de las prácticas, saberes y formas de aprendizaje de las parteras, como agentes comunitarias al cuidado de la salud materna, con el fin de Identificar los mecanismos y manifestaciones de la injusticia epistémica en los espacios comunitario, clínico y universitario-formativo, ya que en las intersecciones de estos campos es en donde se tejen las tensiones de poder, subalternidad y resistencia entre actores.

Introducción:

En este espacio se trata de conjuntar una serie de pistas que se ha seguido en  la investigación que actualmente co-realizó en la Región Otomí Tepehua (ROT) del estado de Hidalgo, estas sintetizan un acercamiento inicial a la problemática entorno al desplazamiento de las prácticas, saberes y formas de aprendizaje de las parteras, como agentes comunitarias al cuidado de la salud materna, con el propósito de Identificar los mecanismos y manifestaciones de la injusticia epistémica en los espacios comunitario, clínico y universitario-formativo, ya que en las intersecciones de estos campos es en donde se tejen las tensiones de poder, subalternidad y resistencia entre actores. La propuesta parte de la reflexividad con parteras, usuarias y estudiantes, como agentes diferenciados en desiguales posiciones de poder y capital social (a la manera de Pierre Bordieu), en la complejidad un espacio social que conforman tres municipios de Sierra.  En la Región Otomí Tepehua la partería comunitaria tiene una historia arraigada en la cosmovisión y memoria colectiva de los pueblos.

Desarrollo:

 

La injusticia epistémica es un proceso que hace referencia a la invisibilización histórica  de orden colonial de los “saberes otros” y los actores que la producen.  Corpus de conocimientos, que en  el caso de la partería comunitaria implica un proceso epistémico que integra prácticas-materiales y espirituales. Esto se evidencia, a partir de la implementación del modelo médico hegemónico en la región Otomí Tepehua, cuyo entramado podría leerse desde varias aristas, entre estas, la paradoja que a la par implica, la legitima demanda de servicios de salud eficientes de calidad y calidez, en el marco de derechos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres tepehuas, nahuas, otomís y mestizas, y por la otra, el impacto en la discontinuidad de los saberes locales en salud materna. 

El concepto de injusticia epistémica fue acuñado por Miranda Fricker (2016), ha sido retomada y enriquecida en su complejidad por otras miradas analíticas de la filosofía, sociología y antropología. El concepto tiene el potencial de ofrecer una perspectiva de análisis con implicaciones éticas, sociales y políticas, que desentraña los discursos ocultos y evidencia los públicos  (J. Scott, 2004, pág. 18-25) de las relaciones de poder entre agentes socialmente situados en una estructura estratificada de poder social.

La Sierra conocida como Otomí Tepehua es una fracción del continuo montañoso de la Sierra Madre Oriental y parte del Altiplano del Valle de México, constituye una de las 10 regiones[i] que integran el panorama geopolítico-cultural del estado de Hidalgo. Esta es una extensión territorial abrupta, históricamente construida como escenario simbólico de poder, gestión y dominio e intervención estatal y de prácticas socio culturales de las y los agentes que la ocupan.

La composición étnica y lingüística de la población es diversa, integrado por hablantes ñühu (otomí variante de la Sierra), tepehuas, nahuas y mestizos, como resultado de la dominación española y subsecuente evangelización de frailes agustinos.  Ya en el siglo XX,  el territorio ha sido sujeto de acciones de intervención del estado en turno, aunado al creciente proceso migratorio a los Estados Unidos, que en conjunto conforman un escenario contemporaneo complejo e interétnico. Los municipios ubicados en este espacio son San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Huehuetla, Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide y Metepec. Los municipio delimitados para la investigación son los tres primeros. La población en esta subregión de la ROT tiene cerca de  58, 048 habitantes, donde el 51.5 % está representado por mujeres y el 48.5% por hombres (INEGI, 2020). Estos tres municipios concentran el 70% de la población total regional.  La población femenina en edad reproductiva (15 a 49)  ascendía en el 2020 14, 508 (INEGI, 2020).

La delimitación temporal esta marcada por la instalación del Hospital rural 23, ubicada en Metepec en 1984 y la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo en Tenango de Doria, en septiembre del 2012, como instituciones que ha instrumentado una política pública en salud y educativa  in situ, por lo que es interesante analizar los impactos tanto en la salud materna como en los conocimientos, procesos de aprendizaje y saberes desde la percepción de las agentes. 

En este escenario, se tratan de abordar los discursos ocultos y públicos de la injusticia epistémica en los siguientes puntos:

El desplazamiento e invalidación de los saberes y prácticas de las parteras y sobadoras que constituyen agentes de salud especializados. Las respuestas de resistencia desde la subalternidad de las parteras, usuarias y estudiantes frente a la violencia epistémica en el campo de la salud materna.La prevalencia de la violencia institucional en el cuerpo de  las usuarias de las instituciones regidas por la medicina hegemónica, bajo la forma de cesáreas y otros tipos de violencia obstétrica. La reproducción de los sistemas de conocimiento del Modelo Médico Hegemónico a través de formación del personal, que constituye la génesis del hábitus médico (Castro, 2015), y el papel de las universidades interculturas en estos procesos, que supondría un posicionamiento crítico en los procesos formativos.

Las ocurrencias de las injusticias epistémicas suceden en las interfaces de los campos sociales comunitario e institucional, una veces  de manera sutil, implícita e invisibilizada y otras de facto. Un ejemplo de estos espacios son, la sala de espera y el de la consulta, o el acompañamiento limitado de las parteras en los procesos de gestación de las usuarias. 

La interface es el espacio de encuentro de los actores, en una dinámica de antagonismos, alianzas e intereses (Cfr. Arce y Long 1988:5). La continuidad y actualización de los conocimientos y saberes tienen su expresión en las estrategias de resistencia que las agentes instrumentan frente a la violencia epistémica. 

Un caso -entre otros-, que ilustra la injusticia epistémica en su modalidad testimonial e incluso hermenéutica, sería la siguiente expresión que recogí en un taller con docentes. 

A - Hay que ponerse a su nivel para que nos entiendan. Dice en aptitud condescendiente el participante (con referencia a la interacción con la población originaria de la ROT).

En el discurso se percibe una actitud condescendiente que oculta una incredulidad ante la capacidad epistémica de las agentes. Lo que se presenta como un ejemplo, es más frecuente y supone un agravio sistemático, no solo situado, sino estructural. Frases de este tipo son frecuentes en los discursos ocultos del poder, que de tanto repetirse quedan normalizados e invisibilizados. El impacto de este tipo de injusticia epistémica afecta en el nivel individual y colectiva de los agentes, y puede llegar a menoscabar los aspectos psicológico, identitario y práctico de los sujetos. 

La injusticia testimonial (Fricker, 2016)  ocurre cuando una persona o colectivo son agraviados como agentes epistémicos, y como participante en prácticas de intercambio de conocimiento y creación de sentido (Cfr. Medina, 2017). En esta lógica el otro es percibido como un minusválido epistémico, y en ese sentido, infantilizado, lo que se traslada a otros ámbitos de la vida. Este hecho es apenas percibido, e innombrado, a veces inaprensible Es decir, a veces no se da de manera verbalizada, sino con acciones de exclusión y/o negación del otro. También sueles pasar que, nada se verbaliza, todo se actúa o incluso se niega en aras de la corrección política.

Los campos comunitario e institucional son espacios (simbólicos y físicos) de interacción, en el que se traman y convergen tres tipos de ejercicio de poder social (estructural, pasivo y activo -recuperando a Fricker-). No obstante, las agentes en salud comunitaria negocian, hacen alianzas y confrontan en los limites de su quehacer cotidiano, y desde sus propios capitales culturales. Por lo que, las ocurrencias de la violencia epistémica, deben considerarse no como relatos aislados, ni exclusivamente locales -aunque si situados-, sino que son expresión reiterada de un tipo de relación entre sujetos (as), históricamente construidos, y en posición estratificada asimétrica de ejercicio del poder social estructural.

Siguiendo el hilo conductor de pistas de la injusticia epistémica, es un hecho la imposición de la autoridad médica, a partir de las instituciónes hegemónicas médica y educativa, que avasallan otros tipos de conocimiento, cuyo sustento descansa en la conformación del habitus médico.

Más allá de las demostraciones del discurso oculto y público, las parteras y sobadoras perciben que existen limitaciones para el ejercicio de sus practicas de atención, ante lo cual algunas prefieren no continuar o limitar sus actividades al acompañamiento y referenciar los casos a los servicios de salud. Las parteras se convierten en aliadas y/o puentes interculturales de los servicios médicos. 

La Jurisdicción sanitaria XIII, ubicada en el municipio de Tenango de Doria, registró en el año 2017, existían 42 parteras, la mayoría de entre 55 a 85 años y sin relevo generacional. Para el  2022, solo 16 de ellas siguen activas, un número importante de ellas se han dado de baja, por diversos factores, entre ellas, la avanzada eda y las secuelas del COVID.

En el sentido formal no existe una prohibición explicita  de la práctica de la partería, sino  ciertas restricciones que la limitan. Sin embargo, esto no es formal y a veces ni siquiera de facto o explicito, sino a través de formas veladas de subordinación. Es decir, como injusticia epistémica, en dónde se infantilizan a las parteras, y se tratan los conocimientos de las actoras con cierta condescendencia permisiva.  En palabras de un funcionario[1] “…se puede llevar a cabo las prácticas de partería [comunitaria] siempre y cuando no se tengan problemas que involucre la vida de la mujer y el producto”, ya que  “está muy regulado la vigilancia del parto en la mujer en edad fértil”.  Según la cual él, las parteras pueden atender los partos, siempre y cuando no contravengan la parte regulatoria de los procesos y cuenten con equipo y condiciones básicas-.  Esto mismo reitera, el personal local  que comentan que a las parteras no se les prohíbe la práctica. Sin embargo, si se le pide que cuenten con los insumos (jabón, cepillo, navaja, guantes) y -vuelvo a parafrasear “conocimientos necesarios” para la atención de un parto normal.

 En términos del desplazamiento, según apreciación de las usuarias solo una de cada diez mujeres en procesos de gestación prefiere todavía a la partera, no obstante, las que van a los servicios médicos para el alumbramiento no dudan en asistir con la partera para el “acomodo del bebe” y para que las sobe en caso de dolor de huesos, o tés que puedan paliar malestares. 

Para entender la permanencia de los saberes como formas de resistencia, menciono el caso de las comunidades otomíes San Nicolás, San Pablo y Santa Mónica, pertenencientes del municipio de Tenango de Doria. Estas localidades son un nicho de investigación focalizado, en la que estas prácticas de atención a la salud materna se tejen alrededor de la gestante antes y después del parto por las parientes más cercanas tías y madres a través de consejos que incluye el temazcal.  El temazcal como un espacio entre mujeres, consejos maternos de como cuidar al recién nacido, “una mujer sanando a otras mujeres”, el siguiente testimonio da cuenta de ello:

“Los baños en temazcal son para sanar la herida que deja él bebe a la hora de salir, cuando se queda una herida en parte de la mujer se sopla en el temazcal para que se cierre, pero también son para mantener caliente el vientre y pueda seguir teniendo hijos y mientras esta uno sangrando no duela el vientre (previene los cólicos), en el temazcal solo entran mujeres que ya fueron mama” (S. L. P., 2022)

Me explica una egresa de la Universidad Intercultural (originaria de una pequeña localidad de la región) que “los baños de temazcal son un practica de mano vuelta en estas comunidades, es decir, cuando una mujer “se enferma de parto”, la acompañan en los baños de temazcal otras mujeres que ya pasaron por lo mismo. Por eso, las mujeres que ya no están en edad fértil siguen acompañando a las mujeres que se “alivian de parto”, puesto que tienen hijas que aún faltan por ser madres y que en su momento van a necesitar la compañía para los baños del Temazcal (S.M, 2020)   “…yo sé que ya no voy a tener hijos, pero aún falta mi hija que está aquí, y por eso me voy cuando hay enfermas” (L.S.P, 2022)

Conclusiones:

 

A manera de conclusión preliminar,  se puede deducir, que los servicios médicos han logrado posicionar su trabajo en lo que refiere al parto, como acto único, pero que alrededor de este se siguen elaborando prácticas culturales que configuran el acto de nacer para la población como reproducción material y espiritual.  Sin embargo, no se puede negar una reducción paulatina de la práctica de la partería comunitaria ante una injusticia epistémica estructural y dirigida a este sector[1], del cual las instituciones de salud y educativas participan sin tomar una posición crítica. No obstante es necesario diferencia y reconocer, que si bien estos procesos son los evidentes -hasta el momento- en la ROT, la partería como resistencia epistémica social y político tiene diferentes caras en cada uno de los estados de la República, que obedece a procesos históricos en la que intervienen diferentes agentes, de tal suerte que, existen muchas formas de ser parteras, en este quehacer se pueden incluir a quienes se construyen  desde el activismo comunitario, las militantes de las sociedad civil, las disidentes críticas formadas en el Modelo Médico Hegemónico, así como las aliadas académicas. En estos casos, el posicionamiento epistémico e ideologico es lo que da sustento a la prácticas como acompañantes de los procesos de gestación y de vida de las mujeres. 

Sin embargo, es necesario y justo mencionar también, a las que subsisten en la periferia de la periferia -aún del interés académico-, para visibilizar  las respuestas locales de atención a la salud materna en resistencia cotidiana. La injusticia epistémica se manifiesta en la prohibición de su práctica y en la paulatina imposibilidad de su reproducción cognitiva, lo que conlleva la negación ontológica de un pueblo y mundos de vida. En el análisis de Moira Pérez (2019) se  reconoce que  la violencia epistémica  sigue siendo un tema marginal en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales, por lo que, también quedan temas y compromisos pendientes al respecto, como el de analizar con mayor detenimiento el papel de las universidades interculturales en estos procesos.

 

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Palabras clave:

Palabras clave:  Partería, injusticia epistémica, violencia epistémica

Portugués: midwife, injustiça epistémica, violência epistêmica

Ingles: midwifery, epistemic injustice, epistemic violence

 

Resumen de la Ponencia:

El proceso histórico de los últimos treinta años evidencia que el sistema de educación superior chileno ha superado su antigua tradición selectiva para acercarse a la universalidad de cobertura, donde la preocupación por la calidad se fortalece, dada la relevancia y ampliación del sistema, en paralelo a la creación de nuevos requerimientos externos de revisión de la gestión organizacional y el cumplimiento de los propósitos institucionales. La presentación plantea como objetivo, discutir el concepto de comunidad epistémica, teniendo a la vista la formación de una red de expertos que se conforma en los últimos años de la dictadura militar en Chile.  En este cometido se utiliza la arquitectura conceptual de Peter Haas (1992) y comprende los años 1986 a 1999, logrando acotar el problema de investigación a los pasos descritos en el diseño de la política desde la mirada del autor.La conceptualización de comunidades epistémicas está basada en identificar de qué modo las redes de expertos diseñan, configuran y reorientan las políticas públicas. Esta idea asume que el campo de dominio del conocimiento y la información, es una dimensión relevante del poder. Peter Haas entiende que las redes de expertos aprenden modelos y patrones de razonamiento que, en determinadas circunstancias, arriban a promover cambios en los intereses del Estado a través de mecanismos que pueden ser identificados (Haas, 1992:02). Esta manera determinante de abordar la realidad social contiene “un conjunto de símbolos y referencias, expectativas e intenciones compartidas por colecciones concretas de individuos que comparten una visión del mundo que delimita, para sus miembros, la construcción adecuada de la realidad social (Haas, 1992:27). El objetivo y alcance del trabajo empírico realizado considera el carácter científico de las comunidades, originalmente planteado por Haas en 1992: “las comunidades epistémicas son en menor grado un nuevo actor o unidad de análisis internacional y que pueden ser un vehículo para el desarrollo de la premisa teórica detallada sobre la creación de la interpretación colectiva” (Adler y Haas, 1992:368). La conceptualización de comunidades epistémicas está basada en identificar de qué modo las redes de expertos diseñan, configuran y reorientan las políticas públicas. Esta idea asume que el campo de dominio del conocimiento y la información, es una dimensión relevante del poder, en particular en el diseño e implementación de las políticas de aseguramiento de la calidad de la educación superior chilena.En este contexto, el propósito central de la presentación es difundir los hallazgos de la investigación que intenta comprender y analizar el rol de estos actores y entender la importancia de las redes en este tipo de procesos y las circunstancias personales, políticas y valóricas que las propiciaron.   

Resumen de la Ponencia:

Se presentan los resultados preliminares de mi tesis doctoral, cuyo objetivo es identificar la relación entre el capital social presente y los procesos de guetificación que han experimentado dos barrios habitados por población pobre de la ciudad de Santiago. Utilizando una metodología mixta de investigación y una estrategia de estudio de caso múltiple, primero se caracterizan los aspectos cuantitativos de la guetificación barrial, tales que concentración y homogeneidad social, accesibilidad y cobertura de servicios urbanos, para posteriormente, analizar desde una perspectiva cualitativa el capital social hallado en ambos barrios. La perspectiva teórica escogida considera que los procesos de guetificación, aúnan tanto concentración homogénea de población pobre, como exclusión de los barrios afectados, como una organización socio-territorial con una segregación socioeconómica y espacial densa, una carencia estructural de medios socioeconómicos de integración, unidad a experiencias de estigmatización y desprecio social, encausando en sus habitantes un incremento de la violencia urbana, el extrañamiento e incluso, temor al espacio público barrial. Entendemos el capital social en tanto pertenencia a una red social que brinda el uso de los recursos presentes en ella, asentado en las interacciones sociales que propician el reconocimiento mutuo, al tiempo que posibilitan la constitución de normas de reciprocidad, y de confianza en éstas, favoreciendo la permanencia a la red. Consecuentemente, los habitantes de los dos guetos estudiados desarrollan estrategias de sobrevivencia, incluidas redes de intercambio de bienes, servicios u objetos, así como participación en redes de asociatividad vecinal. Los hallazgos preliminares muestran una ausencia de expectativas de futuro, es decir, una falta de esperanzas de mejoría de sus condiciones de vida y de la pobreza en que viven. Desde las relaciones institucionales emerge un vínculo clientelista con los gobiernos municipales y la figura de los alcaldes. Por otro lado, hay una convivencia cotidiana con el consumo y tráfico de drogas, marcada por experiencias personales e íntimas, de uso o venta, constituye otra forma de resolver la vida cotidiana. Surge, como un hallazgo interesante una ‘solidaridad delegada’, unida a la escasa acción conjunta de los vecinos de ambos barrios guetificados; se consideran que las organizaciones sociales barriales tienen un deber para con los otros vecinos, se delega en ellas y sus dirigentes, la responsabilidad de resolver problemas y hacerse cargo de dificultades diversas. Finalmente, los guetos son territorios donde la violencia urbana y el encierro han recrudecido, fomentado la deslegitimación de las instituciones sociales tradicionales, tales que los sistemas de justicia, de gobierno, o las organizaciones privadas y vecinales, los pobladores desconfían de quienes tienen poder y establecen las normas, pues éstas no tienen impacto, ni efectos en sus vidas. No ofrecen posibilidades de inserción laboral, de mejorar los ingresos o la calidad de vida.

Resumen de la Ponencia:

En México la lucha por el territorio históricamente ha estado vinculado a las clases subalternas, entre ellas los campesinos y los pueblos indígenas, lo cual fue emblema de la Revolución Mexicana a inicios del siglo XX. En las últimas décadas del siglo XX podemos identificar dos aspectos contradictorios en cuanto a la concepción del territorio, por un lado, con los cambios políticos y económicos a nivel global, y México fortaleciendo la etapa neoliberal, con la apertura comercial en 1994 mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se establecía la concepción del territorio como fuente riqueza. Por otro lado emergía el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como un colectivo cuya visión del territorio es más amplia, el territorio como espacio de vida, fuente y repositorio de los bienes comunes, de las culturas, y de la historia de los pueblos que en él habitan.Es en este contexto que las luchas de los pueblos originarios toman una característica particular: aportan, desde una mirada histórica, compleja y comunitaria, una lectura multidimensional de la problemática, al tiempo que comparten experiencias de resistencia y prácticas concretas para imaginar alternativas, lo cual se impulsará a través de dos colectivos de los pueblos indígenas: el CNI y el CIG.El presente trabajo tiene como objetivo analizar la defensa del territorio como parte del proyecto político del Congreso Nacional Indígena (CNI) surgido en 1996 y reiterado veinte años después con la conformación del Consejo Indígena de Gobierno (CIG).Un aspecto importante del proyecto del CNI y del CIG está en la construcción de las autonomías de los pueblos, donde cada pueblo originario gestione su territorio y ejerza su cultura, tradiciones usos y costumbres, por otro lado esa postura frente al despojo da cuenta de una concepción del territorio como espacio de vida y esperanza, lo que representa la lucha por la vida como ellos mismos lo indican, al reconocerse como los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que “hacemos, con organización, al CNI- CIG; hablamos con la lucha colectiva de quienes en nuestras geografías no han dejado de soñar en extensos territorios, en colectivos de decenas, cientos o de miles de familias que hacemos eso que nosotros llamamos comunidad. Nos hablamos con nuestras luchas por defender la vida y en ese lenguaje nos entendemos, porque es el que nos abre la puerta para vernos y entendernos.”Con ello los grupos indígenas reivindicaron el derecho a la autonomía en sus territorios, a tener sus propias formas de seguridad y justicia, de agricultura y defensa de cultivos tradicionales, de formas propias de educación y comunicación.