Resumen de la Ponencia:
A partir de la segunda mitad del siglo XX, producto de la migración campo-ciudad, la población en Santiago de Chile crece exponencialmente y, con ella, la demanda por vivienda. Por esa época, la ausencia de una política de vivienda concreta, constituye a las tomas de terreno (o campamentos) en el motor que facilitó, aunque en condiciones paupérrimas, el acceso al suelo (Castells, 1977, 1999; Murphy, 2021). En este contexto, durante el Gobierno de la Democracia Cristiana (1964-1970), se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MINVU (1965) y con él se diversifica la oferta pública de habitación, cuestión que, durante la primera mitad del mismo siglo, había sido abordado de modo inorgánico con políticas higienistas o de regulación de los arriendos para aplacar la acción colectiva de los inquilinos descontentos por el alza del arriendo (Hidalgo,1999; Espinoza, 1987). Es por esto que, apoyada en el concepto de progresividad, y bajo la influencia de John Turner (Davis,2014), la política pública se retrotrae de la exclusiva producción y distribución de viviendas, para darle cabida a la “Operación Sitio” y, con ella, iniciar un proceso cuyo objetivo era la regularización de la tenencia del suelo y la posterior extensión de redes sanitarias (Aguirre & Rabi, 2009). Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), en complemento al saneamiento sanitario, y para avanzar en la universalidad de dotación de vivienda, se optó por la producción intensiva de viviendas prefabricadas (Salcedo,2017). Sin embargo, durante la Dictadura cívico-militar (1973-1990), las soluciones habitacionales se redujeron a la relocalización de campamentos, en sincronía con la reestructuración de la política económica y la inserción de la focalización en la política pública (Kutznetzoff,1987). Con el retorno de la democracia, los gobiernos de la Concertación ─Aylwin (1990-1994), Frei (1994-2000) y Lagos (2000-2006)─ dieron continuidad al diseño vigente de la política pública manteniendo la selectividad, empero, se buscaba ampliar la población beneficiaria y la reducción del déficit habitacional (Rugiero, 1998, Orellana, 2003). En los mandatos siguientes, se extendió la población objetivo a los estratos medios y se incluyeron mejoras en estándares constructivos, tamaño de la vivienda, entorno inmediato y localización (Brain,2009). Con la ayuda, principalmente, del concepto de alienación residencial (Madden & Marcuse, 2018) y mediante el procesamiento de datos secundarios el presente trabajo busca describir y analizar las condiciones actuales del acceso a la vivienda a partir de evidencia disponible de largo plazo. En ese sentido, este esfuerzo aporta con un marco comprensivo, en términos históricos, sobre las bases materiales en la que se sustenta la distribución de la propiedad, así como la carga del arriendo para los hogares del Área Metropolitana de Santiago, desde la implementación real del MINVU en 1967 hasta la previa del 18 de octubre del 2019.