Resumen de la Ponencia:
El presente escrito analiza la discapacidad desde los estudios críticos y la complejidad. Los estudios tradicionales de la discapacidad muestran que han sido permeados por la esencia y naturaleza del capitalismo, esta lógica sólo produce y reproduce una ideología y teoría del conocimiento dominante en las Ciencias y en las Humanidades para examinar los “fenómenos” y crea soluciones simplificadoras, originando una humanidad alienada que se conduce con una inteligencia ciega desde los siglos XIX y la primera mitad del XX. Iniciamos realizando un breve bosquejo de la construcción socio-histórica de la discapacidad de los siglos XIX y XX, en lo que se observa una carga ideológica y teórica de los estudios de la discapacidad que simplifican, fragmentan y segregan al sujeto y su identidad de la colectividad/comunidad. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX que los estudios críticos de la discapacidad se centran en analizar de manera inter, multi y transdisciplinar las desigualdades estructurales de las desigualdades dinámicas y minimizar los costos sociales de la acumulación capitalista. Con este trabajo, no sólo intentamos hacer un simple relato descriptivo de los estudios de la discapacidad sino someter a la crítica el funcionalismo del modelo social de la discapacidad. Otra crítica radica en que no se puede considerar una visión absolutista de la discapacidad sino se debe entender cómo se percibe la discapacidad en este sistema capitalista y cómo la llegan a percibir algunos pueblos. Este trabajo pretende reivindicar la memoria socio-histórica del pueblo afro de Copala, ello mediante la fecundación de razonamientos críticos al sistema económico y social hegemónico que ha invisibilizado todas las particularidades del sujeto y Naturaleza.
Introducción:
El concepto discapacidad ha transitado por modelos de análisis y comprensión, entre los que destacan: el religioso, el médico y el social.
Dentro del modelo religioso, la discapacidad es vista como “un defecto causado por un fallo moral o un pecado” (Goodley, 2011). Bajo este modelo religioso la discapacidad conlleva dependencia y vulnerabilidad, lo que desemboca en “caridad y cura” (Lid, 2012).
Para Stone (1984), “el padecimiento de enfermedades se explicaba a través de fuerzas espirituales, y la discapacidad era vista como el castigo de un comportamiento pecaminoso”. Por ello, el modelo religioso coincide en algunos aspectos con modelo médico, el cual considera que “a las PcD hay que bendecirlas, institucionalizarlas, curarlas o rehabilitarlas” (Grue, 2011: 535).
Como puede observarse, el modelo religioso presentó una fuerte carga ideológica basada en la teología, ello obedecía a la palabra divina de un Dios superior y misericordioso; los encargados de diagnosticar los comportamientos extraños era el sacerdote y el médico; sin embargo, el peritaje médico estaba supeditado a la razón teológica.
En cuanto al modelo médico, se puede señalar determinantemente que la discapacidad recae en una sola disciplina: la medicina; ello limitó los aportes de otras disciplinas, tanto de las Ciencias Naturales como de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Este modelo “se basa en el diagnóstico clínico y la categorización” (Oliver, 1990), en donde se da total atribución a los médicos, profesionales y expertos en rehabilitación, para que puedan curar este defecto o enfermedad, o que hagan de las PcD lo más normales posibles.
El modelo médico es considerado como “la base conceptual de la medicina científica moderna, donde el cuerpo humano es fragmentado y analizado desde el punto de vista de sus partes, la enfermedad es el funcionamiento defectuoso de los mecanismos biológicos o químicos y la función de la práctica médica es intervenir física o químicamente para corregir las disfunciones de un mecanismo específico”. (Baeta, 2015). En otras palabras, “poseer discapacidad es sinónimo de poseer un cuerpo defectuoso que condiciona y restringe la experiencia vital de la PcD” (Ferreira, 2010).
El modelo médico se presenta con una fuerte carga ideológica hacia una ciencia médica, puesto que considera a la discapacidad como un asunto exclusivamente médico que reside en el individuo como un defecto o falla del sistema corporal que es anormal o patológico y que hay que “corregir” o “normalizar”.
La principal crítica al modelo médico es que se sustenta y promueve un enfoque individualista que reduce y simplifica el problema de la discapacidad a lo que se conoce como tragedia individual, este argumento ha servido para “individualizar los problemas de la discapacidad y así dejar intactas las estructuras sociales y económicas” (Oliver, 2008: 31).
Como resultado del enfoque médico; en la década de los setentas emerge movimientos sociales que exigían no simplificar a la discapacidad, así como no segregar ni fragmentarlos de la población total; con ello emerge un nuevo enfoque de análisis: el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad centra su diferenciación entre discapacidad (opresión social) e impedimento (limitación física). Partiendo de estas premisas, se sostiene que lo que puedan aportar a la sociedad las PcD se encuentra íntimamente relacionado con la cohesión e integración social y no con la segregación ni fragmentación social. Por lo que, si se considera que las causas que originan la discapacidad son sociales, las soluciones no deben apuntarse individualmente a la persona afectada, sino más bien que deben encontrarse dirigidas hacia la sociedad (Palacios, 2008: 104).
En ese mismo sentido, Eisenstein considera que “la opresión y la explotación no son conceptos equivalentes. Explotación se refiere a la realidad económica de las relaciones de clases capitalistas para hombres y mujeres, mientras que opresión se refiere a las mujeres y a las minorías definidas dentro de relaciones patriarcales, racistas y capitalistas. La opresión incluye a la explotación pero refleja una realidad más compleja” (Eisenstein, 1979: 22-23).
Coincidiendo con Eisenstein y respaldándose en Bourdieu, podemos decir que la opresión se naturaliza y se hace habitus, entendiéndolo como aquellos condicionamientos asociados a una clase particular o un sistema de disposiciones duraderas y transferibles. “Estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes” (Bourdieu, 2007: 86).
Para Shakespeare, en el modelo social “el impedimento no es lo mismo que la discapacidad. El impedimento es individual y privado, la segunda es estructural y pública. El modelo social define discapacidad como una construcción social, una relación entre las personas con discapacidad y la sociedad incapacitada” (Shakespeare, 2010: 268).
En ese sentido, Brogna afirma que “la discapacidad es una construcción social que excede el aspecto médico o de salud de un individuo. La discapacidad, como un sistema complejo, puede analizarse a través del modelo de la encrucijada, que distingue los tres factores (particularidad biológica – conductual; cultura y normatividad; y organización económica y política) que, en su interrelación, definen el campo de la discapacidad” (Brogna, 2009). Asimismo, Vite expone que “la categoría discapacidad es un concepto dinámico y que está en constante transformación, por ello, su análisis nunca debe de considerarse como algo aislado sino complejo” (Vite, 2015).
Ante lo expuesto, no podemos asumir una sola definición de la discapacidad como lo establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, a través, de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) en la que se define a la discapacidad como “deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser humano” (OMS, 2001: 15).
En este marco conceptual (homogéneo y universal) se realiza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, la cual invisibiliza las particularidades de los Pueblos Originarios y Afrodescencientes. Oliver menciona que es importante “analizar con precisión los procesos históricos que derivaron en la situación actual; así como la interacción entre las actitudes de los profesionales y las PcD en sus encuentros, tanto dentro de la vida profesional como de sus vidas cotidianas” (Oliver, 2008). Con ello surge el lema: “nada sobre nosotros sin nosotros”, donde exigen el reconocimiento de las particularidades, procesos históricos para comprender y atender sus necesidades.
Desarrollo:
En Nuestra América también se viven transformaciones económicas, políticas y socioculturales permanentemente, en las que se reflejan las dos particularidades: la adaptación entre desigualdades estructurales y dinámicas (Fitoussi-Rosanvallón, 1996, 73-76 y Mancini, 2015: 237) y el proceso de cohesión social-comunitaria.
Ante ello, y con el objetivo de abonar a los estudios críticos en discapacidad, consideramos pertinente explicar en qué consisten los estudios críticos. De Sousa menciona que “desde hace más de treinta años se logran entrever dos dificultades que persiguen el pensamiento crítico:
Imaginar el fin del capitalismo o imaginar que el capitalismo no tenga fin. Ello fragmenta al pensamiento crítico en dos vertientes:Imaginar el fin del colonialismo ó imaginar que el colonialismo no tenga fin” (De Sousa, 2010: 11-15).
Ante lo mencionado por De Sousa, esta investigación se conducirá a través de la vertiente transclasista que propone crear esas condiciones que permitan minimizar esos costos sociales y reducir la desigualdad social en la comunidad sin tener un impactar en lo externo a la comunidad. Tal como lo expresa Darling, nos queda claro que el sistema de dominación inserto en el Estado no cambia estructuralmente, sin embargo, “cambian los actores, las figuras, los nombres que forman parte del juego y parecen conducirlo” (Darling, 2013, 314).
En los estudios críticos en discapacidad, destacan de manera concreta las formas de nombrar, asumir y reproducir epistémicamente la discapacidad desde las particularidades de sus realidades locales/comunitarias, bajo condiciones discursivas, socioculturales, políticas y económicas de una modernidad colonial. Es decir, no se asume ni se reproduce la lógica sistémica universalista que homogeniza a la discapacidad e invisibiliza lo que se nombra, asume, comprende y reproduce en otros territorios como los Pueblos Originarios o Afrodescendientes.
Ante lo expuesto, es necesario recordar que la crisis que ha atravesado a Nuestra América ha sido por cuestionar el paradigma dominante, lo que ha desencadenado una diversidad de movimientos sociales, los cuales fueron configurándose en torno a realidades concretas y locales. Para Darling estos movimientos sociales tienen miras a recuperar la dinámica de reivindicación, los contenidos de los reclamos manifiestos, así como el proyecto delineado en expectativas que los colectivos movilizados enarbolan (Darling, 2013, 303).
Este nuevo sujeto social se constituye en la lucha, por medio de coaliciones amplias y que tiene como base el fenómeno de la desintegración social provocada por las políticas del neoliberalismo. En palabras de Oliver, su lucha se constituye a partir de una sociedad civil llena de particularidades como la fragmentación social, el desempleo masivo, la exclusión, la informalidad (Oliver, 2008: 7).
Para Melucci, aunque más reaccionario, menciona que “en Europa algunos intelectuales basaron sus análisis en un acercamiento “estructural” sistémico que atribuía la formación de nuevos actores. En tanto que otros teóricos en América intentaron explicar cómo se constituye un movimiento en términos de movilización de recursos” (Melucci, 1999: 33-34). Estas teorías estructurantes de los años setentas no respondieron dos grandes incógnitas: “1) no explican cómo un movimiento se establece y mantiene su estructura y 2) quienes trabajan con un modelo de movilización de recursos, ven esta acción como mero dato y no pueden examinar su significado y orientación” (Melucci, 1999: 34). Por ello, considera que los movimientos sociales analizados desde esas teorías estructurantes de los setentas no sólo muestran la acción colectiva sino que también tratan de mostrar ese sistema de relaciones internas y externas que se constituyen en acción concreta.
Y clarifica al sostener que los movimientos son construcciones sociales. Más que una consecuencia de crisis o disfunciones, más que una expresión de creencias, la acción colectiva es “construida” gracias a una inversión organizativa. Aquí la “organización” no es una característica empírica, sino un nivel analítico. Mantener organizados a los individuos y movilizar recursos para la acción significa distribuir valores (Melucci, 1999: 34). Ello nos conduce a trabajar con esos grupos oprimidos no sólo en momentos de crisis sino organizativo, en el que se compartan valores e información que permita fortalecer la cohesión social.
Castells considera que la disolución de las identidades compartidas equivale a la disolución de la sociedad como sistema social significativo (Castells, 2001, 394). Este argumento pudiera parecer antagónico a lo planteado por Melucci, sin embargo, es una nueva forma de organización del sistema social, el cual se cimienta en la era de la información de las redes de ordenadores. En ella, dice Castells aumenta nuestra capacidad productiva pero al mismo tiempo se están privando de sus derechos ciudadanos a las sociedades (Castells, 2001, 91).
Es necesario señalar que los movimientos sociales tradicionales y los movimientos sociales modernos conforman una compleja totalidad de resistencia, en la que se construyen identidades y se expresan valores individuales y colectivos que muestran su esencia y naturaleza reivindicativa. Por ello, que los movimientos sociales de la modernidad buscan contribuir a la construcción de nuevos tipos de sociedades, diversas y dinámicas.
A pesar de que el colonialismo ha cesado en muchas partes del globo, “la colonialidad del poder continúa definiendo relaciones entre occidente y el resto del mundo” (Mendoza, 2014). Por lo que Pino y Tiseyra (2019) intentan delinear e iniciar posibles caminos a fin de articular la teoría decolonial con los postulados de las perspectivas críticas de la discapacidad al mencionar que “la narrativa de la modernidad desde una perspectiva de los estudios críticos de la discapacidad, podría contribuir a decolonizar nuestras miradas y percepciones sobre las personas con discapacidad e invitan a transitar un camino desde un enfoque interseccional, que abogue hacia un cuestionamiento profundo de la compleja trama de relaciones de poder que operan tanto a nivel geopolítico como a nivel individual-corporal-subjetivo” (Pino y Tiseyra, 2019).
Es a principios del siglo XXI cuando se desarrolla la Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2001), la cual fue la antesala para la realización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006. En el documento normativo de la Convención (que consta de 50 artículos) establece en su en el art. 3 los principios generales:
El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.La no discriminación.La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.El respeto por la diferencia y la aceptación de las PcD como parte de la diversidad y la condición humanas.La igualdad de oportunidades.La accesibilidad.La igualdad entre el hombre y la mujer.El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Asimismo, en el art. 34 se menciona la creación de un Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicho Comité emplea su facultad de interpretar las disposiciones de la Convención mediante las llamadas Observaciones Generales.
Ante lo convenido a nivel internacional, el Estado Mexicano ratifica los acuerdos de la Convención en 2008 y establece en su artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, se patentiza la ideología hegemónica y marco conceptual universalista para institucionalizar la discapacidad. Asimismo, se crean leyes, reglamentos y programas que tienen como objetivo establecer acciones a los individuos para regular sus conductas y lograr la convivencia; entre ellas están:
a) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011), b) Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2012, c) Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2014-2018.
En la Ley General se establece la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, gozando de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de esa Ley. En 2013, el CONADIS fue sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) debido a que la discapacidad era considerada como un tema de política social, con enfoque de derechos humanos.
A casi 16 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún existen derechos que se discuten seriamente para otorgarlos parcial o totalmente; ello se debe a que la lógica capitalista no permite transformaciones a la estructura económica y estructuras sociales; sometiéndolas a una visión única y hegemónica de la sociedad moderna.
Ante ese marco conceptual universalista y hegemónico de la discapacidad, se realizó en 2014 una visita a México por parte del Comité de expertos, quienes realizan una revisión al marco jurídico, normativo, presupuestos y acciones concretas de atención a las PcD. Posterior a dicha revisión, se emitieron 73 recomendaciones. El Comité expresó su preocupación por la falta de datos estadísticos actualizados acerca de la situación de las PcD e instó al Estado Mexicano a asegurar la participación de las organizaciones de PcD para la recopilación, análisis y difusión de estos datos. Asimismo, estableció el 17 de enero de 2018 como fecha para presentar sus informes a tales recomendaciones. Para ello, la instancia encargada de atender dichas recomendaciones sería el CONADIS.
Tras la omisión de las recomendaciones emitidas, en 2022 el Comité de expertos vuelve a realizar otra visita a México, en dicha visita se emiten 68 recomendaciones (ver el apartado III titulado “Principales motivos de preocupación y recomendaciones”). El Comité menciona las obligaciones específicas del Estado Mexicano para atender a las PcD, entre lo que destaca lo siguiente:
Recopilación de datos estadísticos. Utilizando el minicuestionario sobre discapacidad del Grupo Washington.Aplicación y seguimiento nacionales. Donde se realice una revisión pormenorizada del actual sistema de puntos focales y mecanismos de coordinación en todos los niveles de gobierno.Cooperación y asistencia técnica. Donde se proporcione orientación técnica al Estado sobre la consulta (CRPD, 2022)..
Asimismo, el Comité subraya la importancia de todas las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales y alienta a que difunda ampliamente las presentes observaciones finales y haga partícipes a las OSC, en particular a las OSC de Personas con Discapacidad en la preparación de su informe periódico. Estableció el 17 de enero de 2028 como fecha para presentar sus informes a tales recomendaciones.
Ante lo establecido a nivel internacional y nacional, nos seguimos preguntado ¿por qué las PcD en México continúan con una vida de precariedad? Ferrante nos ayuda a comprender que “el uso del paradigma social en las políticas públicas, queda sólo en lo enunciativo. El paradigma de los derechos humanos puede ser visto como un destello de esperanza para revertir los procesos excluyentes que expulsan a las PcD a los márgenes de la pobreza, del desempleo crónico, de la falta de acceso a la educación, del encierro social” (Ferrante, 2014).
Por ello, la respuesta es compleja porque se asigna valor mediante indicadores que su naturaleza y orígenes está cimentada en la lógica hegemónica y universal del sistema económico capitalista, el cual por naturaleza oprime, discrimina, excluye, mercantiliza y cosifica a la humanidad. Bajo este razonamiento, todas las instituciones (internacionales y nacionales), instrumentos jurídicos (leyes y reglamentos) y acciones (políticas y programas) están encaminadas a incluir a las minorías. Aunque como lo menciona Walsh “la inclusión es parte de una interculturalidad funcional porque no toca las causas de la asimetría y desigualdad social y cultural ni cuestiona las reglas del juego” (Walsh, 2010: 77-78).
Ante dicha lógica colonial y sistémica, se presenta una alternativa crítica decolonizadora donde se pueda reivindicar las concepciones locales de la discapacidad desde una perspectiva intercultural pero no una intercultural funcional sino una interculturalidad crítica, que a decir de Paredes y Guzmán “la descolonización de la memoria es un proceso y lucha que se entretejen, cuestionan, refundan las relaciones sociales bajo otras miradas diferentes al capitalismo” (Paredes y Guzmán, 2014: 19-58).
Para el caso de Guerrero, la situación no es atípica en cuestiones de instituciones, instrumentos jurídicos, políticas y programas. Pero la situación es más preocupante, puesto que el limitado presupuesto hacia la atención a la discapacidad ha sido de manera superficial. Se cuenta con la Ley 817 para las personas con discapacidad del estado de Guerrero (2011). Dicha Ley establece la creación del:
a) Consejo Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. Art. 9 y b) Consejo Consultivo de las Personas con Discapacidad. Art. 20
Para atender las recomendaciones realizadas por el Comité de la Convención en 2018, el CONADIS firmó un Convenio con el Gobierno del Estado de Guerrero. Ante tal compromiso entre el gobierno federal y estatal, no se obtuvieron resultados ni avances sustanciales y cualitativos que permitiera a las PcD vincularse y participar en todos los sectores sociales, económicos y políticos, continuando segregados de la sociedad guerrerense.
Copala es uno de los 85 municipios del estado de Guerrero. Administrativamente forma parte de la región de la Costa Chica. Su cabecera municipal lleva su mismo nombre. Se localiza al sureste del estado de Guerrero, enclavado en los márgenes del río de su mismo nombre y del océano Pacífico, sobre la carretera Acapulco – Pinotepa Nacional, Oax., a 117 km del puerto de Acapulco. Se encuentra en las coordenadas geográficas son de 16º30´ Latitud norte y 98º0´ Longitud oeste.
Se reporta que a nivel mundial existen alrededor de 1,000 millones de personas que experimentan algún tipo de discapacidad y la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo (Banco Mundial, 2021). En México, según el INEGI (2020) habitan 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, los que representa el 16.5% de la población de México. Para el estado de Guerrero, según el INEGI (2020), se reporta que existen 213,615 personas con alguna discapacidad. Finalmente, el INEGI (2020) reporta que en el municipio Copala habitan 1,043 PcD; donde el 88.78% se concentra en siete localidades.
El planteamiento de reivindicar de la visión del pueblo afro, se sustenta porque su identidad se diluye, adoptando y reproduciendo aspectos culturales ajenos, confrontando al imaginario civilizatorio de la supuesta supremacía ontológica y epistemológica del Occidente hegemónico. Para Kant, uno de los intelectuales con mayor influencia en Europa de la época sostenía que “la humanidad existe en su mayor perfección en la raza blanca. Los indios amarillos tienen una cantidad menor de talento. Los negros son inferiores y los más inferiores son parte de los pueblos americanos” (Chukwudi Eze, 2001: 231).
Como puede observarse, este planteamiento sostenía que “la inferioridad natural de los seres humanos no-occidentales irá de la mano del desarrollo de un racismo epistemológico que operará como ejercicio justificatorio de la violencia colonial, racial y sexual ejercida sobre los cuerpos y saberes de las poblaciones no-occidentales” (Díaz, 2017: 8). A ello, Ardiles señala que “se ha permitido la imposición de parámetros culturales importados, reproducidos por las élites intelectuales vernáculas” (Ardiles, 1973).
En ese mismo sentido, Díaz expresa que “a través de los metarelatos se ha cimentado la tradición oficial, sostenidos en una serie de mitos asumidos y reproducidos al nivel de verdades universales. Estos mitos han sido presentados como productos de la labor intelectual de ‘grandes hombres’ o ‘grandes héroes’ del pensamiento, provenientes de los principales centros de producción de conocimiento de los países hegemónicos, los cuales en su labor ‘universal’ fueron capaces de arribar o inteligir un cúmulo de verdades impolutas y rectoras de la humanidad” (Díaz, 2017: 4).
Estos argumentos de Chukwudi Eze, Ardiles y Díaz nos aclaran el panorama para sostener que la visión hegemónica se ha traslapado por la vía de la imposición el pensamiento hegemónico universalista con la finalidad de civilizar, desarrollar y modernizar al otro no europeo. El pueblo afro de Copala recae esa invención occidental del constructo mental conocido como “raza”, el cual tiene la finalidad de establecer una clasificación de las poblaciones del mundo y poner en marcha el proceso de racialización de los otros no europeos. Ante lo mencionado, se puede sostener que en Copala no existe una doble opresión como lo menciona Stuart (1992), sino una triple opresión: por raza, por discapacidad y por género.
Por ello, es relevante reivindicar la visión de la vida y los saberes ancestrales provenientes de aquellos registros culturales no occidentales, a pesar de que en la modernidad son despreciados y desvalorizados en cuanto a sus principios filosóficos constitutivos. Ello nos conduce a asumir que el conocimiento se ubica en posiciones geo-históricas y geo-políticas y no son únicas o universales.
Conclusiones:
En los estudios críticos en discapacidad, destacan de manera concreta las formas de nombrar, asumir y reproducir epistémicamente la discapacidad desde las particularidades de sus realidades locales y/o comunitarias, bajo condiciones discursivas, socioculturales, políticas y económicas de una modernidad colonial. Es decir, no se asume ni se reproduce la lógica sistémica universalista que homogeniza a la discapacidad e invisibiliza lo que se nombra, asume, comprende y reproduce en otros territorios como los Pueblos Originarios o Afrodescendientes.
El texto presentado es parte de una investigación que está en proceso, la finalidad es proporcionar información acerca de la concepción de la discapacidad que tiene el pueblo afro de Copala. Asimismo, se propone coadyuvar a la administración pública municipal en la elaboración de una base de datos y creación de un censo que especifique sus características específicas (alimentación, salud, educación, infraestructura, recreación, participación social y política) de las PcD del municipio.
Tenemos claro que la opresión y la desigualdad presentan fuertes contradicciones cuando se mezclan valores occidentales (valor de cambio) con los valores locales/comunitarios (valor de uso). Por lo que, se debe promover, de manera permanente, y reproducir los valores de uso en las relaciones sociales y en la economía. Ello, de alguna manera, permitirá cohesionarse entre sí y de manera colectiva lucharán y asumirán los retos que la sociedad occidental sigue imponiendo en todas las latitudes de este orbe.
A decir de Díaz “habrá que ir inventando en el largo proceso histórico y social de construcción de un mundo donde quedan todos los mundos” (Díaz, 2017: 13). Esa postura es compartida por varios intelectuales contemporáneos de Nuestra América que luchan contra el racismo epistémico, el occidentalismo y el eurocentrismo, entre ellos Walsh, Paredes, Guzmán, Grofoguel, Mignolo, Quijano, De Souza, Dussel, entre otros, esa es nuestra tarea y compromiso ontológico y dialéctico.
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Palabras clave:
Discapacidad, capitalismo, complejidad, desigualdad, Pueblo Afro.
