Resumen de la Ponencia:

Este trabajo propone un abordaje transdisciplinar que combina los aportes de la ingeniería en alimentos con los estudios sociales de la alimentación. El objetivo es realizar un abordaje crítico de la producción y el consumo de alimentos en América Latina para identificar tendencias y oportunidades que conviertan a la dieta en un factor de inclusión social. En un contexto global de crecimiento demográfico y desigualdades sociales entorno al problema del hambre y la desnutrición, la demanda de soluciones alimentarias en defensa de la vida, el medio ambiente y el patrimonio biocultural resulta incipiente en las agendas del ámbito político, social y productivo. En particular en Latinoamérica, diversas investigaciones resaltan una dieta occidental predominantemente desbalanceada y no sustentable. Además, se considera el sistema dominante del agronegocio en conjunto con la pérdida de identidades culinarias tradicionales y biodiversidad. El desafío para las cadenas agroalimentarias no es sólo satisfacer una demanda sino generar un enfoque crítico que permita incorporar a un nuevo consumidor, mucho más activo. La constitución de una dieta saludable en el siglo XXI incorpora alimentos funcionales que produzcan nuevas sensaciones gastronómicas, además de satisfacer sus requerimientos diarios de energía. Existe un auge en el consumo de alimentos de origen vegetal y dietas que consisten en fuentes alternativas de proteínas, o alimentos que contengan compuestos bioactivos beneficiosos para la salud. Asimismo, el consumidor está atento a cómo se producen las materias primas, a la sustentabilidad de la cadena agroalimentaria, y a condiciones de bienestar animal, huella de carbono, clean label y transparencia en el origen, producción y ética de las organizaciones, mediado por el acceso libre a la información y los sistemas digitales actuales. Otro aspecto a destacar es la concientización sobre los recursos ambientales utilizados durante la producción, y la pérdida y desperdicio de alimentos, bajo los objetivos de desarrollo sostenible de ONU para el año 2030 y el lema de las “5R”: reducir, reparar, reusar, recuperar, reciclar. Todos estos factores no están exentos de los efectos que originó la pandemia de Covid-19. En este período conviven los bienes y servicios con valor agregado que generan las empresas que adoptaron la digitalización y robotización de su producción (industria 4.0), así como también las cocinas caseras y regionales con identidades culinarias locales. De este manera, sería beneficioso lograr una articulación de las áreas, en busca de alcanzar tanto la soberanía como la seguridad alimentaria, acompañado de estrategias política y socialmente eficaces.

Introducción:

En un contexto global de crecimiento demográfico y desigualdades sociales entorno al problema del hambre y la desnutrición, la demanda de soluciones alimentarias en defensa de la vida, el medio ambiente y el patrimonio biocultural resulta incipiente en las agendas del ámbito político, social y productivo. En particular en Latinoamérica, diversas investigaciones resaltan una dieta occidental predominantemente desbalanceada y no sustentable, con gran acceso y preferencia hacia alimentos ultraprocesados con alto marketing pero baja calidad alimentaria (Aguirre, 2004). Los alimentos frescos, que hasta la década de 1990 eran comunes en todos los hogares, fueron reemplazados por otros con altos contenidos de grasas saturadas, harinas y azúcares refinados (Blacha, 2019). Además, se considera el modelo agroindustrial dominante basado en los agronegocios destinados a la exportación, en conjunto con la pérdida de identidades culinarias tradicionales y de biodiversidad (Paulsen, 2020). 

Tal como sucede con Argentina, aunque su punto de partida es mucho más favorable, ejemplificado por la actual posibilidad de producir calorías para sostener a más de 40 millones de seres humanos (Zapata, 2016). En cambio, conviven en el país la desnutrición con la malnutrición, con un 63% de la población con exceso de peso (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2021). Alcanzar un equilibrio nutricional es el problema, ya sea a causa del sobreconsumo —la obesidad es una epidemia que afecta a más de 500 millones de personas— o debido a carencias alimenticias —más de 800 millones de individuos sufren de hambre crónica— (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2022). En este aspecto, la humanidad afronta grandes desafíos nutricionales considerando la prevalencia de la obesidad en contraste con un mayor número de personas que sufren de hambre crónica. Quienes logran implementar alguna estrategia alimentaria que permita superar la escasez absoluta sólo consiguen acceder a kilocalorías. Los nutrientes son todavía un desafío por resolver, así como establecer un vínculo entre productores y consumidores -con participación de ambos- que dé sustentabilidad a las prácticas alimentarias. No basta con incrementar la productividad por hectárea si las cosechas no contienen los elementos necesarios para cumplir con una dieta saludable.

En este escenario que ha sido definido como una transición nutricional, no todo está perdido (Bray y Popkin, 1998). El desafío para las cadenas agroalimentarias no es sólo satisfacer una demanda sino generar un enfoque crítico que permita incorporar a un nuevo consumidor, mucho más activo y consciente de las consecuencias de la alimentación en la salud. Este trabajo propone un abordaje trasdisciplinar exploratorio que combina los aportes de la ingeniería en alimentos con los estudios sociales de la alimentación. El objetivo es realizar un abordaje crítico de la producción y el consumo de alimentos en Argentina, para identificar tendencias y oportunidades que conviertan a la dieta en un factor de inclusión social, asegurando alimentos inocuos, nutritivos y sustentables.

Desarrollo:

La constitución de una dieta saludable en el siglo XXI incorpora alimentos funcionales que produzcan nuevas sensaciones gastronómicas, además de satisfacer los requerimientos diarios de energía. Existe un auge en el consumo de alimentos de origen vegetal y dietas que consisten en fuentes alternativas de proteínas, o alimentos funcionales que contengan compuestos bioactivos beneficiosos para la salud.  Por citar un ejemplo, en este rubro se ubican las legumbres, conocidas ampliamente por su calidad proteica y gran fuente de fibras, vitaminas y minerales. Además de los aportes significativos para la salud, estas plantas mejoran la absorción de carbono en los suelos, no requieren fertilizantes nitrogenados (dado que fijan su propio nitrógeno), y además son cultivos de excelente rendimiento, capaces de crecer en terrenos y climas extremos y de pocos recursos (FAO, 2016). 

Asimismo, el consumidor está más atento a cómo se producen las materias primas, a la sustentabilidad de la cadena agroalimentaria, y a condiciones de bienestar animal, huella de carbono, clean label y transparencia en el origen, producción y ética de las organizaciones, mediado por el acceso libre a la información y los sistemas digitales actuales que logran una eficaz trazabilidad. En este plano nace el enfoque “one health” o “una salud”, el cual se dedica a mejorar la vida de todas las especies, humanas y animales, a través de la integración de la medicina humana, la medicina veterinaria y la ciencia ambiental. Reconociendo que la salud humana (incluida la salud mental a través del fenómeno del vínculo humano-animal), la salud animal y la salud del ecosistema están íntimamente vinculadas, este enfoque busca promover distintas estrategias para preservar la salud y el bienestar de todas las especies, la seguridad alimentaria y la salud del ambiente (One health initiative, 2023). Como parte de estas estrategias también se debería incorporar la salud del comensal, no sólo desde un punto de vista nutricional, sino también en relación al post-consumo que resulta de su acto alimentario. 

En relación al ambiente, cabe destacar la concientización sobre los recursos ambientales utilizados durante la producción, y sobre las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA), bajo los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la agenda del año 2030. Además existe un aumento sostenido del aprovechamiento de subproductos en conjunto con el lema de las “5R”: reducir, reparar, reusar, recuperar, reciclar (FAO, 2019). Datos actuales reflejan que un tercio de los alimentos producidos para consumo humano a nivel mundial se pierden o se desperdician aproximadamente, lo que equivale a 1300 millones de toneladas por año (Alimentos Argentinos, 2020), distinguiendo que más del 40% de las PDA se generan durante las etapas de poscosecha y procesamiento de alimentos en países en desarrollo, mientras que en los países industrializados, predominan las PDA en lo que respecta a la venta minorista y consumo. En ambos casos, estas pérdidas están dominadas por las frutas y hortalizas, con la paradoja de constituir el grupo de alimentos que aportan componentes esenciales para una dieta saludable. Cuando se pierden o desperdician alimentos, todos los recursos que se utilizaron para su producción -como el agua, la tierra, la energía, la mano de obra y el capital- se desaprovechan. Además, la  eliminación de los alimentos desperdiciados en vertederos genera el 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye al cambio climático. Las PDA también repercuten de forma negativa en la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos, y colaboran a aumentar su costo económico. 

Dadas estas razones, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación instituyó el 29 de septiembre de cada año como el Día para la Concientización sobre la necesidad de reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, con el objetivo de brindar una oportunidad a la acción tanto del sector público (autoridades nacionales o locales) como del sector privado (empresas y particulares), para establecer prioridades, avanzar con la innovación y centrarse en la adopción de enfoques integrados y sostenibles que logren sistemas alimentarios con capacidad de resiliencia (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 2019). Es necesario adoptar medidas a escala mundial y local para aprovechar al máximo los alimentos que producimos. Para introducir este cambio transformador es fundamental incorporar tecnologías, soluciones innovadoras (en particular plataformas de comercio electrónico para la comercialización y sistemas de elaboración de alimentos móviles), nuevas formas de trabajar y buenas prácticas con miras a gestionar la calidad y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Es necesario considerar la meta 12.3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que propone para el año 2030 reducir a la mitad el desperdicio per cápita a nivel global en los niveles de venta y consumo, y reducir la pérdida de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluyendo las pérdidas poscosecha (Fabi & English, 2019).  Para conseguir estos resultados es necesario re-construir los vínculos sociales entre todos los involucrados en la producción, la distribución y el consumo de alimentos.

Todos estos factores no están exentos de la prevalencia de las enfermedades transmitidas por alimentos (según la Organización Mundial de la Salud se estima que cada año se enferman en el mundo unas 600 millones de personas por ingerir alimentos contaminados) y de los efectos que originó la pandemia de COVID-19 a nivel productivo y socia (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). El escenario pospandemia demuestra la convivencia de bienes y servicios con valor agregado que generan las empresas que adoptaron la digitalización y robotización de su producción (concepto llamado “industria 4.0”), así como también la revalorización de identidades culinarias locales y cocinas caseras y regionales. De este manera, sería fructífero lograr una articulación de las áreas, en busca de alcanzar tanto la soberanía como la seguridad alimentaria, acompañado de estrategias política y socialmente eficaces. Tal como describe el pensador latinoamericano Jorge Sábato, debe existir una articulación dinámica (conexiones e interacciones) entre los sectores gubernamentales, la estructura productiva y la infraestructura científico-tecnológica como requisito para la generación de innovación y desarrollo económico, tecnológico y social (Sábato & Botana, 1993).

A modo de ejemplo, se propone a continuación una solución alimentaria modelo para convertir a la dieta en un factor de inclusión social, a partir de la producción y consumo de legumbres, asegurando alimentos inocuos, nutritivos y sustentables. Los objetivos serán:

1) Identificar tipos de legumbres de mayor producción en nuestro país. Evaluar su consumo per cápita, costos de producción y venta, servicios de logística. 

2) Diseñar la fórmula de un producto alimenticio nutritivo elaborado sobre la base de hortalizas, cereales con la incorporación de legumbres. Evaluar su aporte energético y nutricional, y funcionalidades. 

3) Validar información y conocimiento técnico en reglamentaciones oficiales, tales como Código Alimentarios Argentino, normas de buenas prácticas agrícolas y de manufactura. 

4) Realizar un estudio de pre-factibilidad técnica y comercial. Analizar técnicas de marketing para incorporación del producto en el mercado. Identificar canales de distribución. 

5) Vincular la fórmula proyecto con los requerimientos diarios de energía de clases vulnerables de Argentina, y su incorporación en la dieta regular. 

6) Realizar campañas de divulgación en establecimientos educativos sobre las ventajas alimenticias de consumir legumbres para desmitificar la actitud elitista como “proteína de pobre” o de rango social bajo.

Se diseñaran distintas formulaciones de alimentos tipo “sopa o salsa concentrada” a base de hortalizas, cereales y legumbres. La legumbre seleccionada tendrá que ser el componente nutritivo mayoritario. Todas las materias primas serán seleccionadas en base a su calidad y costo, considerando con atención el origen y trazabilidad de las mismas. Las formulaciones serán probadas a escala piloto, habiendo definido previamente el diagrama de flujo y los equipos a emplear. Se tendrá en consideración los tiempos consumidos, el rendimiento de producción en términos de balances de masa y energía, y resultados obtenidos. Los productos alimenticios serán expuestos a distintas pruebas de seguridad alimentaria (análisis microbiológicos), físico-químicas (color, textura, composición de nutrientes, ej: medición de cantidad de proteínas por el método Kjeldahl, cantidad de fibras solubles e insolubles) y sensoriales (descriptores: apariencia, flavor y propiedades quinestésicas) para establecer su aceptabilidad en los consumidores objetivo. Se definirá el tipo de packaging (lata, pouch, otro) y el sistema de calidad y puntos críticos de control en las etapas productivas. La propuesta es incorporar al consumidor en el diseño de este producto alimentario, teniendo en cuenta sus necesidades nutricionales pero también su estilo de vida, sus habilidades culinarias, su gusto así como la infraestructura de cocción y conservación a la que se tiene acceso. 

El desafío es reconstruir los vínculos sociales que delinean la dieta. En especial, se han deteriorado con la implementación de las políticas neoliberales en América Latina en la década de 1990. Es parte de que Gerardo Otero (2018) identifica como dieta neoliberal en la cual se incrementa el consumo de aceites vegetales, hay mayor presencia de alimentos procesados y ultraprocesados pero también se rompen los vínculos entre productores y consumidores. Estos elementos son claves para promover una dieta que permita la inclusión social en donde la tecnología no sólo asegure inocuidad y mayor disponibilidad de calorías por hectárea sino también accesibilidad a nutrientes. Es una perspectiva donde el hambre calórico que combate la seguridad alimentaria se combina con la defensa de identidades culturales que promueve la soberanía alimentaria. La propuesta de un abordaje trasdisciplinar refleja la complejidad de las dietas del siglo XXI.

Conclusiones:

El actual escenario alimentario en América Latina incrementa las desigualdades sociales que caracterizan a la región. Desde mi formación como ingeniera en alimentos este trabajo actúa como un primer ejercicio de reflexión que lleva a cuestionarse si es necesario continuar sosteniendo el modelo agroindustrial dominante o avanzar colectivamente hacia la soberanía alimentaria, la disyuntiva central de nuestros pueblos en estos tiempos. Si bien el modelo agroindustrial dominante aún mantiene cierto vigor, sus contradicciones se acentúan cada vez más y la exclusión social se acrecienta. En paralelo, colectivamente, se imaginan y construyen redes cada vez más firmes que resisten e invitan a transitar hacia el paradigma revolucionario y transformador de la soberanía alimentaria. En un contexto donde “algo nuevo se está cocinando, a fuego lento, bajo el sol de Nuestra América” (Filardi, 2018) la propuesta de un abordaje trasdiciplinar propone re-plantearse prácticas para aunar estrategias que hagan de la dieta del siglo XXI un factor de inclusión social.

Bibliografía:

Aguirre, P. (2004). Ricos flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis. Claves para Todos, Capital Intelectual, Buenos Aires. 

Alimentos Argentinos (2020). Estrategia Argentina 2030. Valoremos los alimentos. Con menos pérdidas y desperdicio de alimentos, hacia un sistema agroalimentario sostenible. https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/HomeAlimentos/ValoremoslosAlimentos/pdf/EstrategiaArg2030-VLA.pdf

Blacha, L.E. (2019). La retroalimentación del Agronegocio. Dieta, poder y cambio climático en el agro pampeano (1960-2008). Revista del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, 41, 109-128.

Bray G. A., Popkin B. M. (1998). Dietary fat intake does affect obesity!. Am J Clin Nutr. Dec; 68(6):1157-73. 

Fabi, C. & English, A. (2019). Methodological Proposal for Monitoring SDG Target 12.3. Sub-Indicator 12.3.1.a The Food Loss Index Design, Data Collection Methods and Challenges FAO. pp. 60. 

Filardi, M.E. (18 de abril de 2018). ¿Modelo agroindustrial dominante o Soberanía alimentaria? https://generacfp.com.ar/2018/04/18/modelo-agroindustrial-dominante-o-soberania-alimentaria/

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. (19 de septiembre de 2019). Se fijó el 29 de septiembre para concientizar sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-fijo-el-29-de-septiembre-para-concientizar-sobre-perdidas-y-desperdicios-de-alimentos

Ministerio de Salud y Desarrollo Social. (20 de agosto de 2021). 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS2) 2018-2019. https://datos.gob.ar/dataset/salud-base-datos-2deg-encuesta-nacional-nutricion-salud-ennys2-2018-2019

One Health Initiative (2023). Mission Statement One Health Initiative https://onehealthinitiative.com/mission-statement/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2016). Legumbres: semillas nutritivas para un futuro sostenible. https://www.fao.org/documents/card/es/c/2255c9fc-a643-42e4-b116-3b190ebb3f92/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)(2019). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. http://www.fao.org/3/ca6122es/ca6122es.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2022). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles. https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS.

Organización Mundial de la Salud (OMS) (30 de abril de 2020). Inocuidad de los alimentos. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety.

Otero, G. (2018). The Neoliberal Diet. Healthy Profits, Unhealthy People.  Austin: University of Texas Press. doi:10.7560/31697.

Paulsen, S. (2020). Sin acceso a alimentos seguros, saludables y económicos: el modelo agroindustrial dominante y sus efectos en los consumidores en Salta, Argentina / Without access to safe, healthy, and affordable food: the dominant agroindustrial model and its effects on consumers in Salta, Argentina. Independent Study Project (ISP) Collection. 3309.

Sábato, J.A. & Botana, N.R. (1993). La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina. Arbor, Madrid, 146 (575).

Zapata, M.E., Rovirosa, A. y Carmuega, E. (2016). La mesa Argentina en las últimas dosdécadas: cambios en el patrón de consumo de alimentos y nutrientes (1996-2013). Centrode Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Palabras clave:

soluciones alimentarias, inclusión, sustentabilidad

Resumen de la Ponencia:

Desde a deposição da primeira presidenta eleita no Brasil, Dilma Rousseff (PT) em 2016, escancarou-se as distintas formas de violência política de gênero (Krook, 2017) a que as mulheres são submetidas quando participam do jogo político. Com o decorrer do tempo e os avanços obtidos — graças à pressão dos movimentos sociais e feministas —, as mulheres estão conseguindo ascender cada vez mais ao espaço de poder. No entanto, conforme avançam, deparam-se com barreiras materiais e simbólicas que sufocam, impedem e dificultam suas presenças nesses espaços. Uma violência simbólica muito evidente se dá em relação aos seus corpos, em que são sempre questionados em relação aos padrões sociais do que é considerado esteticamente aceitável. O corpo se torna um espaço político e de disputas. Com isso, nos perguntamos se essas barreiras são aplicadas de maneira uniforme a todas às mulheres ou se há distinções conforme a raça, a idade, regionalidade, partido político, estado civil, orientação sexual e outros fatores — questões essas que serão exploradas neste trabalho. Para isso, analisaremos as deputadas federais eleitas nas 56º legislatura, fazendo uma análise comparativa dos espectros ideológicos de extrema direita e esquerda. Nossa moldura teórica parte do pressuposto defendido por Safatle (2015) de que as sociedades são, em seu nível mais fundamental, um circuito de afetos que nos permitem compreender tanto os comportamentos sociais, quanto a incidência de regressões políticas (Ibid., p. 16). Em outros termos, a dimensão dos afetos é uma chave fundamental para a compreensão das violências políticas de gênero aos corpos femininos e os seus desdobramentos na dinâmica política brasileira.

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia recorre metodologías para acercarse a distintas prácticas corposubjetivas para enfrentar el racismo y las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Bolsonaro, entiendase por éstas la implementación de mecanismos sistemáticos de violencia sistémica, discriminación racial, precarización y despojo. Mismas que fueron profundizadas por la pandemia y el confinamiento al que recurrió el gobierno de Bolsonaro, con el objetivo de controlar la movilización obrera y popular y contener el descontento. En el caso brasileño, estas políticas afectaron en su gran mayoría a la población negra: mujeres, adultos mayores y población lgbtttiq+, encabezando las cifras de violencia feminicida, crímenes de odio lgbt, despidos y muertes por covid-19.Aproximarnos a las vivencias subjetivas y los efectos corporales que tienen estas políticas sobre las mujeres racializadas en Brasil y, más aun, poder entretejer elementos comunes y compartidos entre dichas experiencias, en un país continente donde la distancia se volvió infranqueable por la pandemia, nos orilló al uso de recursos tecnológicos y constriñéndonos a la etnografía digital, es necesario precisar la ubicación socio espacial, cultural y política de cada caso abordado, para desde ahí trazar coordenadas cartográficas que permitan rastrear los procesos de insubordinación y rebelión contra las políticas de sujeción y violencia que enfrentan estas sujetas, tanto como reconocer los claroscuros de la lejanía y las complejidades de la traducción de culturas, idiomas, experiencias y marcos de referencia. Hablamos entonces de cómo aproximarse a los procesos de subjetivación política de mujeres racializadas y lograr un rastreo de la dominación, de las prácticas y discursos que configuran y delinean subjetividades. Pero la clave es el rastreo de las resistencias, de aquellos momentos de cuestionamiento puntual o integral de la dominación y sus mecanismos. Estamos hablando de sujetos colectivos que se configuran a partir de una integración de las experiencias y potencias individuales, y de la necesidad de recorrer estas experiencias a la luz de reconocer como uno solo el cuerpo y la subjetividad, síntesis fundamental para el desarrollo del cuerpo de sujetos colectivos.La articulación de distintos sistemas de dominación y producción de corposubjetividades que son cuestionados por las experiencias de las entrevistadas, y alumbrados por herramientas que visibilizan la intersección de dichos sistemas y dispositivos que marcan dichas corposubjetividade es el desafío.  Es fundamental recuperar la relación entre opresión y explotación, en una triada que permite desplazarnos entre el combate al racismo,  la violencia patriarcal y la explotación capitalista del cuerpo y la naturaleza como elementos primarios para entender las experiencias de lucha e insubordinación y construir una cartografía que configura una ruptura en una corposubjetividad pensada desde los propios marcos de la dominación, y da pie al desarrollo de prácticas corporales y configuraciones corposubjetivas disidentes.

Resumen de la Ponencia:

El documento presente tiene como objetivo contribuir a disminuir el abandono y rezago escolar en niñas, niños y adolescentes de zonas marginadas. Dicho proyecto se realizó en las comunidades de Nueva Ilusión y Guayacán, ubicadas en la periferia de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Debido a los efectos que ha tenido y sigue teniendo la pandemia por Covid-19, el proyecto consistió en brindar clases de asesoramiento escolar a ambas comunidades marginadas, las cuales son consideradas en alto rezago social, y éstas se llevaron a cabo mediante voluntariado en formación profesional. Para ello, se acondicionó un espacio de estudio en ambas comunidades y se les brindaron útiles escolares como mochilas, cuadernos, lápices, colores, reglas, calculadoras, entre otros. El proyecto lleva una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) y se estructuró en base a la Metodología del Marco Lógico y la Matriz de Indicadores para Resultados; la evaluación de este proyecto fue dirigida hacia la eficacia y cumplimiento de los objetivos y actividades a realizar, así como los servicios y bienes entregados. También se evaluó la parte interna de la fundación, es decir, la logística y capacidad de ésta para lograr el cumplimiento de los objetivos en términos de eficiencia. Para la evaluación, se realizaron encuestas de satisfacción de la capacitación y percepción del programa a las voluntarias educadoras (inicio, durante y final del proyecto), una encuesta de percepción del proyecto a tutores (al finalizar el proyecto) y por último se realizó una evaluación diagnóstica y una final para comparar avances o retrocesos (si fuera el caso) a todos/as los/as niños, niñas y adolescentes inscritos/as al proyecto. La evaluación estuvo acompañada de varios instrumentos de monitoreo como bitácoras, fichas de monitoreo y evaluación mensuales, etc. para ir haciendo las modificaciones pertinentes si fuera necesario.Los resultados fueron positivos con respecto a los objetivos, la gran mayoría de las actividades (según la metodología del marco lógico) se cumplieron satisfactoriamente y a tiempo, las voluntarias resultaron completamente satisfechas con el proyecto, los/as tutores de los niños, niñas y adolescentes inscritos al programa quedaron satisfechos y agradecidos/as con el proyecto y recalcan que fue de gran ayuda con el acceso a la educación y la regulación de sus hijos/as, y los/as inscritos/as al proyecto demostraron un avance considerable con respecto al diagnóstico y la evaluación final. En el aspecto cualitativo, se superaron las expectativas ya que es muy interesante el acercamiento y vínculo que se generó entre la fundación (voluntarias/os) y la comunidad.

Resumen de la Ponencia:

Os deslocamentos forçados de migrantes são processos sociais que pressupõem a espera por uma construção ou reconstrução de relações de pertencimento nas cidades de acolhida. Entretanto, direitos e necessidades de migrantes, quando em situação de refúgio ou deslocamento forçado, são diariamente negligenciados, contrariando inclusive o que determina a proteção internacional da pessoa humana. Algumas das formas de efetivação da proteção internacional no âmbito municipal são a garantia de participação nos programas de saúde, educação, habitacionais e outros. É através do amplo acesso a esses direitos que esse lugar de pertencimento é construído. Contudo, o respeito aos direitos humanos, amplamente resguardado por leis, nem sempre se efetiva na prática para garantir que se desenvolva um sentimento de pertencimento no local de acolhida. O presente resumo pretende discutir como questões relacionadas às práticas linguísticas de migrantes e refugiados não falantes do português são definidoras na ocupação do território e no acesso a direitos dentro da cidade de Goiânia, GO. No documentário dirigido por John Akomfrah, The Stuart Hall Project, Stuart Hall (2012) afirma que: “a diferença social afeta o sentido do que somos, do que sentimos ser nossos direitos, e o que a sociedade põe à nossa disposição”. Seriam os elementos cotidianos os responsáveis por afetar a própria construção social da pessoa e proporcionar o que seria um medidor de mudança social – afinal, os acontecimentos do dia a dia e não os grandes eventos são os que moldariam a vida e indiretamente o sentido da história, à medida que constroem transformações constantes de identidades.As afirmações de Hall, construídas a partir de seus deslocamentos da Jamaica para a Inglaterra na década de 1950, trazem uma perspectiva para as especificidades locais e diárias desse grande processo social que é a migração. Processo em que o respeito aos direitos humanos, essencial para garantir acolhimento, avança da grande escala das leis internacionais e busca abrigo na municipalidade por meio da promoção da não exclusão e da construção comunitária, participativa e cotidiana no lugar de chegada. Oferecer uma cidadania parcial eseletiva equivale a não ofertá-la de fato; manter-se neutro diante de discursos xenofóbicoscoaduna com preconceitos e torna o acolhimento apenas vaga teoria, reverberando na nãopromoção de políticas públicas que estimulem a integração. Sobre a dualidade inclusão xexclusão que impede o acolhimento: O que alicerça, portanto, o acolhimento de refugiados pelosEstados gira em torno da fronteira erguida entre inclusão e exclusão, admissão e rejeição,desejáveis e indesejáveis; ao mesmo tempo, enseja vulnerabilidade, indefinição e incerteza aesses migrantes internacionais forçados. Tal fronteira separa aqueles que serão inseridos naordem social, cultural, econômica e política estatal, dos quenão serão contemplados.

Resumen de la Ponencia:

El fenómeno de la pobreza se encuentra atravesado por diversas condiciones como son la educación y la salud, históricamente estudiadas en la literatura. Adicionalmente, en los últimos años, se observa un énfasis cada vez mayor en el análisis de sus determinantes desde una perspectiva de género.  La pobreza en general, y la pobreza monetaria en particular, tienen una estrecha relación con la condición de género ya que las mujeres son las que históricamente han estado en desventaja para la obtención de ingresos propios en el mercado laboral (DANE, 2021).   El Índice de feminidad en hogares pobres, es un indicador utilizado por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL para reflejar las disparidades en la incidencia de la pobreza (indigencia) entre mujeres y varones . De acuerdo al último dato disponible, el índice agregado para América Latina (17 países) arroja un valor de 113,3, indicando que por cada 100 varones en situación de pobreza habría 113 mujeres en tal condición, lo que da cuenta de la feminidad de la pobreza en la región (CEPAL).Estudios para Argentina muestran particularidades en relación con la pobreza que afecta a varones y mujeres (Cortés, 2003). De acuerdo a estimaciones propias, basadas en la última base de microdatos de la EPH disponible (INDEC, 2021), los niveles de pobreza alcanzarían al 40,4% de los hogares a nivel país y al 44% de los hogares de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, la indigencia alcanzaría al 10,7% de la población a nivel Nacional y al 13,5% de la población de la Provincia de Buenos Aires. Es importante resaltar que los valores de incidencia de la pobreza para la Provincia muestran la feminización del fenómeno en este territorio: con tasas de pobreza de los hogares con jefatura masculina del 34,5% y del 37,3% entre los hogares con jefatura femenina. El análisis de la indigencia muestra que tales diferencias oscilan entre el 8,9% y el 13,3%, respectivamente.  Adicionalmente, la feminización del fenómeno se confirma cuando se analizan los valores a nivel de personas bajo situación de pobreza con incidencias del 45% en mujeres (43% de varones), lo que representa a 993mil mujeres y 989mil varones. En el caso de la incidencia de la indigencia los valores para varones y mujeres son similares en torno al 13%. El presente trabajo se propone profundizar la caracterización de la pobreza entre los varones y mujeres de la población de la Provincia de Buenos Aires en los últimos años, e indagar acerca de los factores que podrían mediar tales las diferencias: nivel educativo, composición familiar, trabajo no remunerado, inserción laboral e ingresos, paredes y techos de cristal, entre los mas habitualmente relacionados.  

Resumen de la Ponencia:

El 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente al COVID-19 una pandemia. Desde entonces, hubo especial preocupación por conocer los impactos que dicha problemática tendría sobre las prisiones; espacios históricamente mermados por situaciones como la sobrepoblación, el uso desmedido de la prisión preventiva y las condiciones infrahumanas. Dos meses después, la OMS en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) recogieron esta inquietud e instaron a los Estados miembros a tomar medidas inmediatas y firmes para reducir el riesgo de propagación masiva en las cárceles y otros lugares de privación de la libertad. Bajo esta situación, la presente ponencia tiene como objetivo reflexionar, desde una perspectiva criminológica interaccionista, la manera en cómo ha impactado esta pandemia en la vida cotidiana intracarcelaria de Centros Penitenciarios en México y el mundo para, así, identificar continuidades, rupturas, o bien, emergencias respecto a la situación pre pandémica. Para ello, se utilizan datos tanto cuantitativos (estadísticas sobre casos de contagio y estrategias estatales para reducir dicho riesgo) como cualitativos (entrevistas indirectas y directas producto de visitas a centros penitenciarios), los cuales contribuyen a aproximarnos a situaciones, interacciones, procesos, experiencias, sentidos y significados que las personas privadas de su libertad están construyendo y reconstruyendo ante la irrupción de dicha problemática de carácter global. 

Resumen de la Ponencia:

La ponencia trata de dar cuenta de un conjunto de emociones y sentimientos que emergieron durante la pandémica, sobre todo en el inicio, en la ciudad de Lima-PerúPara ello se utiliza fenómenos sociales-culturales peculiares que desató la pandemia, como los caminantes, que son conjunto de personas que fueron sorprendidos viviendo temporalmente en lugares que no eran lo habitual, que generaron un conjunto de sentimientos como la solidaridad popular, sobre todo.Otro fenómeno, el uso de medicinas tradicionales, a la par que las medicinas convencionales para enfrentar los estragos que el virus producía en  la salud de las personas. La medicina tradicional que se transmite oralmente y los conocimientos científicos-farmaceuticos que se transmiten en la academia y la escritura, articulándose el mayor de las veces.Todo ello dentro del gran torbellino de emociones que desata la pandemia.El objetivo es develar algunos equívocos ligados al pensamiento universalista: la cultura como identidad y no como recurso (Francois Jullien),  la idea de individuos aislado, tremendamente singularizados, que carecen de alma, de espíritu “El alma es congregadora y unificante”. Incapaz de tejer un nosotros. Que si bien es lo que marca la crisis actual, que según Byung Chul Han es una crisis de positividad, según los casos que señalaremos hay espacios libre aun, donde existen sentimientos de solidaridad y de comunidad. El uso de medicinas tradicionales no solo en los sectores populares en tiempo críticos, mostró la memoria latente en las sociedades donde estan presente lo heterogéneo y plural, diferente a la ontología del Uno de la modernidad occidental.Otro hecho importante, que puede completar este cuadro, es el humor en tiempos de Covid. Se dice que el peruano hace humor de todo. Trataremos de encontrar huellas para tratar de entender ello.

Resumen de la Ponencia:

O problema da violência é uma das marcas dos centros urbanos da América Latina. O Brasil possui, há alguns anos, elevadas taxas de crimes violentos causados, dentre outros motivos, pelo crescimento da violência armada, especialmente em locais com atuação de facções criminosas e grupos milicianos. Um das consequências dessa violência é a expulsão de moradores de suas comunidades. Os deslocamentos em razão da violência geram violações aos direitos fundamentais das vítimas, como direito à moradia, ao trabalho, à assistência social, à saúde e ao acesso aos serviços públicos. Essa situação tem ocorrido na cidade de Fortaleza (Ceará, Nordeste do Brasil). Grupos de famílias são obrigados a se deslocar em razão da dinâmica do “faccionamento” da cidade. A pesquisa parte da temática da violência armada urbana, delimitando-a para observância da situação dos direitos fundamentais dos deslocados internos. Quanto às questões teóricas envolvidas, são categorias fundamentais: deslocados internos, violência urbana armada, direitos fundamentais e proteção internacional dos direitos humanos. Quanto aos aspectos metodológicos da pesquisa empírica, opta-se por uma análise comparada entre o Brasil e a Colômbia. Para delimitação do trabalho de campo, a pesquisa será realizada nas cidades de Fortaleza (Brasil) e Bogotá (Colômbia). Em relação à Fortaleza: a) o elevado grau de violência e vulnerabilidade social na periferia cidade; b) o problema dos deslocamentos, ainda que não exclusivo de Fortaleza, chama a atenção pela quantidade e repercussão, diante da acirrada disputada entre as facções criminosas, especialmente nas “tomadas de territórios”; c) algumas iniciativas tomadas na cidade em relação ao problema; d) recorte temporal, a partir de 2016, momento de aprofundamento da “guerra” entre facções. Em relação à cidade de Bogotá: a) a Colômbia é uma referência na temática, tanto pela quantidade de pessoas como nas discussões constitucionais sobre a proteção das vítimas; b) Bogotá é a cidade da Colômbia que mais recebe deslocados oriundos de diversas regiões do país. Como apontamentos centrais, percebe-se o não reconhecimento do problema dos deslocados em razão da violência armada no Brasil, e em particular no Nordeste, seja para ausência de dados oficiais e políticas públicas específicas sobre a questão, seja pela inexistência de um marco normativo. Conclui-se, ainda que preliminarmente, pela necessidade do reconhecimento do status jurídico dos deslocados internos no Brasil e da proteção dos direitos fundamentais dessas vítimas da violência armada urbana. Palavras-chave: Direitos fundamentais. Deslocados. Violência. Brasil. Colômbia.

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia tiene por objetivo dar a conocer las experiencias de conciliación de la vida laboral y familiar de la población de microemprendedora de Chile, en un contexto de pandemia mundial y de crisis socioeconómica nacional. Esta crisis ha derivado no solo del aumento del desempleo y del cierre coyuntural de empresas por el confinamiento obligatorio de la población, sino también por la revuelta social de octubre de 2019 que se mantiene actualmente en estado de latencia. Recogeré el desarrollo de estrategias y recursos individuales, sociofamiliares e institucionales provistos por el mercado y el mercado, que confluyen en las experiencias de conciliación, las que serán interpretadas desde la presencia (o no) de tensiones y paradojas que emergen de los discursos de estos actores sociales. La evidencia muestra para el caso chileno que el microemprendimiento tiene efectos duales en el empleo y la familia. Por un lado, se asocia a peores condiciones laborales y, por otro lado, a una mayor disponibilidad de horas de trabajo doméstico y de cuidado en el hogar y a una mayor satisfacción con el equilibrio de la vida laboral y familiar en comparación al trabajo dependiente. Además, la conformación del mercado laboral indica un incremento paulatino del microemprendimiento para ambos sexos, que acorta la brecha y plantea, a su vez, interrogantes acerca de la tendencia actual de los patrones culturales de género y las condiciones y oportunidades que provee un mercado laboral flexible. En base a un estudio cualitativo a microemprendedoras/es que tienen responsabilidades familiares (domésticas y de cuidado a dependientes), de distintos tramos etarios (entre 35-65 años y más), pertenecientes a dos categorías ocupacionales (empleadores” y “trabajadores por cuenta propia”) y residentes de la Región Metropolitana del país, muestro que la conciliación trabajo y familia está condicionada por el desarrollo de estrategias y recursos socio-familiares, la flexibilidad del mercado laboral y la dominación de género. 

Resumen de la Ponencia:

En el continente latinoamericano las y los jóvenes, están sobre-representados tanto respecto a la desocupación y subocupación, como respecto a las deterioradas condiciones de trabajo, los bajos ingresos y sin acceso a beneficios sociales; en el caso de las infancias los indicadores de pobreza y vulnerabilidad social llaman a la reflexión. La pandemia por Covid19 profundizó e intensificó dichos procesos sociales, se presume que las políticas públicas no han logrado atender articuladamente la problemática juvenil en la región, con el diseño y la implementación de respuestas integrales, pertinentes, oportunas y posibilitando la participación de las y los jóvenes. Siguen operando con lógicas tradicionales (sectoriales, centralizadas, burocratizadas) que ya no responden a los principales desafíos del siglo XXI. La situación postpandémica no estaría presentando grandes cambios en tal diseño e implementación, ante lo cual, el presente trabajo se plantea como pregunta problematizadora la construcción de política pública juvenil postpandemia, ¿qué enseñanzas dejan las consecuencias de la pandemia del Covid19 para la construcción de política pública juvenil en el escenario postpandemia de latinoamérica y el caribe?Ante lo cual, esta ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre la pertinencia y lo oportuno de las políticas públicas dirigidas a las juventudes de Latinoamérica y el Caribe, en escenario pre y postpandemia para la identificación de los principales desafíos a los que se enfrentan. Se trata de un estudio exploratorio, cualitativo que comprende un abordaje metodológico desde una revisión documental de las políticas públicas de juventudes que surgieron durante la pandemia para atender la profundización de las problemáticas de esta población, y que se mantienen a la actualidad. La revisión documental de políticas públicas emitidas por órganos rectores en la materia y organismos internacionales en la región. La implementación de esta metodología responderá a interrogantes como ¿cuáles políticas públicas fueron emitidas durante la pandemia para atender problemáticas que afectan a las personas jóvenes de la región? ¿qué necesidades de la población joven fueron atendidas/desatendidas por el instrumental de políticas públicas? ¿Qué actores sociales fueron los involucrados en el ciclo de política pública?Con este estudio se espera alcanzar resultados tales como: identificación de políticas públicas de juventudes en la región; enseñanzas en materia de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas de juventudes. 

Introducción:

Los y las jóvenes latinoamericanos y caribeños, presentan indicadores de desigualdad social en mayor proporción a los adultos por ejemplo, y en el caso de las infancias los indicadores de pobreza y vulnerabilidad social llaman a la reflexión. La pandemia por Covid19 profundizó e intensificó dichos procesos sociales, el presente trabajo plantea como hipótesis que las políticas públicas no han logrado atender articuladamente la problemática juvenil en la región, con el diseño y la implementación de respuestas integrales, pertinentes, oportunas y posibilitando la participación de las y los jóvenes. Siguen operando con lógicas tradicionales (sectoriales, centralizadas, burocratizadas) que ya no responden a los principales desafíos del siglo XXI. La situación postpandémica no estaría presentando grandes cambios en tal diseño e implementación, ante lo cual, se plantea como pregunta problematizadora la construcción de política pública juvenil postpandemia, ¿qué enseñanzas dejan las consecuencias de la pandemia del Covid19 para la construcción de política pública juvenil en el escenario postpandemia de latinoamérica y el caribe?

El trabajo se fundamenta en una estrategia metodológica basada en un un estudio exploratorio, cualitativo que comprende un abordaje metodológico desde una revisión documental de las políticas públicas de juventudes que surgieron durante la pandemia para atender la profundización de las problemáticas de esta población, y que se mantienen a la actualidad. Los resultados darían cuenta de la identificación de políticas públicas de juventudes en la región; enseñanzas en materia de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas de juventudes.

Ante lo cual, esta ponencia tiene como objetivo reflexionar sobre la pertinencia y lo oportuno de las políticas públicas dirigidas a las juventudes de Latinoamérica y el Caribe, en escenario pre y postpandemia para la identificación de los principales desafíos a los que se enfrentan. Se organiza en los siguientes ítems, noción de lo que se define por juventudes, posteriormente políticas públicas en juventudes, devenir institucional de juventudes en la región, características sobre tales políticas públicas, principales efectos sociales de la pandemia del Covid 19 en las juventudes latinoamericanas, políticas públicas juveniles aplicadas en dicha pandemia y por último, reflexiones finales.

Desarrollo:

La noción de juventudes.

Para iniciar la reflexión que convoca esta ponencia se vuelve necesario retomar la noción de juventudes de la cual se parte. El concepto de juventudes, afronta diversas concepciones, algunas relacionadas con; una etapa o momento de la vida, parte del ciclo de vida que presenta rasgos y atributos específicos a la juventud. Retomando a Mannheim (1993), pensar el fenómeno generacional desde las teorías naturalistas, pensadas desde lo cronológico/tiempo, reducen lo sociológico en el análisis de dicho fenómeno.

La juventud refiere a una vivencia común, dinámica, histórica y socioculturalmente construida, situada y relacional,  que se configura en tanto presenta problemas en común, es decir, se determina históricamente por lo que acontece a su alrededor. Hablar de juventudes; de la y el sujeto joven, no puede hacerse en singular, requiere la pluralidad al igual que la multiplicidad que les identifica y representa, al mismo tiempo, la producción contextualizada que corresponde.

En palabras de Ghiardo (2004) citado en Vommaro (2015), en un mismo momento histórico pueden coexistir muchas y diferentes maneras de producir juventudes y ser joven. Los jóvenes (en tanto término que define un momento o etapa de la vida) existen hace siglos con diversas resignificaciones, la juventud (en tanto expresión de esos jóvenes como grupo social con características más o menos singulares) es algo más contemporáneo, propio de los siglos XIX y XX. (Vommaro, 2015, p. 14).

Datos históricos refieren que el proceso por el cual las juventudes alcanzan protagonismo obedece a los años sesenta y setenta, cuando posterior a la segunda guerra mundial con las llamadas “revueltas juveniles” -acontecimientos y movimientos juveniles- emergieron, lo que conllevó al interés de análisis. Posteriormente, las expresiones juveniles de los años ochenta y noventa fortalecieron lo suscitado. Para dicha época, se hacían sentir las juventudes en la vida social, política, cultural y económica (en el marco de un mundo adulto), lo que provocó atención y despertó intereses para el ámbito académico y científico. De la misma forma, lo fue, para la política pública impulsada por los estados; de ahí la relación entre las juventudes y las políticas. Este precedente, ha permitido que las políticas públicas de juventudes formen parte de los planes de gobierno y sean parte de las agendas públicas y estatales.

En el año 1995, surge el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, el cual a nivel internacional, contribuyó en la configuración del marco de política y directrices prácticas para la mejora de la situación de las y los jóvenes. Estableciendo áreas prioritarias como: la educación, el empleo, el medio ambiente, la salud, entre otros. Además, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2000, centraron interés en el desarrollo y erradicación de la pobreza extrema, a pesar de esto, es importante señalar que ninguno de estos 8 objetivos estaba directamente vinculado con las y los jóvenes. Un nuevo hito, fue en el año 2016, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que consolidados en la Agenda 2030 marcó un nuevo devenir en materia de juventudes. (Rodriguez, 2017)

Al mismo tiempo, las juventudes cada vez más han ocupado lugar en las sociedades de la región latinoamericana, en las diversas esferas de la vida social, en los procesos de desigualdad social de los que son parte.

En esta ponencia, se parte de un enfoque generacional, para profundizar el análisis de las relaciones entre juventudes y políticas en las sociedades contemporáneas de la región, enfocando en los desafíos que trajo consigo la pandemia por CovSars 2 (Covid 19).

Políticas públicas de juventudes.

Para Rodríguez (2017), las políticas públicas de juventudes pueden entenderse como una acción articulada que se orienta al logro así como a la realización de valores y objetivos sociales referidos al período vital juvenil, acciones orientadas a influir en los procesos de socialización involucrados en esta etapa, tratándose de políticas reparatorias o compensatorias, de promoción y orientadas a desarrollo o la construcción de ciudadanía. (p.46). Como se muestra, esta concepción parte del principio de participación, de modo que se requiere que se generen las condiciones necesarias para que las personas jóvenes sean partícipes de la construcción de dichos procesos, como actor social.

Tomando en cuenta lo planteado por Dina Krauskopf (2014), los gobiernos de la región han determinado la concepción de las juventudes desde cuatro grandes paradigmas:

Juventud como período preparatorio.

Este tipo de políticas parten de la consideración de la juventud como una etapa de transición, por tanto, preparatoria para la vida adulta. De ahí,que los objetivos de este tipo de políticas sean potenciar los factores protectores, integrar a las y los jóvenes. Se trata de programas universales, de carácter recreativo, uso del tiempo libre, actividades recreativas, deportivas y/o culturales.

Juventud como etapa problemática.

En el caso de este segundo paradigma, la juventud es valorada como una etapa problemática para la sociedad. Por lo que apunta a políticas compensatorias y sectoriales dirigidas al ámbito de salud y justicia. Sus objetivos se centran en buscar el control social de sectores juveniles movilizados y la prevención de la violencia. Por lo que los programas refieren a rehabilitación, reinserción social y los que conciernen al entorno carcelario, el asistencialismo y el control de problemas específicos.

Ciudadanía Juvenil.

Este tercer paradigma, entiende la juventud como una etapa de desarrollo social. Las políticas son articuladas e intersectoriales, por lo que incluye a las juventudes como sujetos explícitos de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos. Estas políticas nacionales se dirigen a la reducción de la pobreza así como a programas de transferencia directa o condicionada de recursos; programas de voluntariado que contribuyan a prevenir la violencia, establecer estrategias participativas y aumentar el capital social.

Jóvenes como actores estratégicos del desarrollo.

En este último paradigma, la juventud es concebida como una etapa de formación y aporte productivo, por lo que las políticas son articuladas, intersectoriales y orientadas a la incorporación de la juventud como capital humano.

Los objetivos de este tipo de políticas apuntan a la prevención de la violencia, la inserción al mercado y al capital económico, capacitación y el desarrollo productivo y empresarial.

Bajo esta misma línea, la consideración de estos cuatro paradigmas, conlleva a la valoración de los enfoques presentes en las políticas públicas de juventud. Por un lado, los gobiernos más conservadores tienden a efectuar políticas para la juventud; mientras que los gobiernos más autoritarios desarrollan políticas por la juventud. Y aquellos, que perfilan valores democráticos desarrollan iniciativas con y desde la juventud.

Por tanto, el diseño y/o formulación de políticas de juventudes enfrenta el desafío de la manera en que se contextualiza y se define la juventud en estas, ya que como se ha destacado precedentemente, predomina la definición etaria, lo que resulta insuficiente, limitada y variable. Al mismo tiempo, invisibiliza los procesos psicosociales, socioculturales, entre otros; de ahí, la relevancia de que se amplíe la perspectiva, los enfoques, los discursos y las gestiones públicas.

Efectos sociales de la pandemia en las juventudes latinoamericanas.

Entre finales de 2021 y principios de 2022 la pandemia por CovSars 2 (Covid 19) ocasionó la muerte de 1 millón y medio de latinoamericanos, lo que representa aproximadamente un 28% de las muertes globales, cuando Latinoamérica y el Caribe representan un 9% de la población mundial. Esta sobrerrepresentación de las muertes se relaciona con las condiciones de vulnerabilidad características de América Latina y el Caribe, salud y las desigualdades estructurales, que la han hecho particularmente vulnerable a los efectos de la pandemia (CEPAL/OPS, 2021).

Esta emergencia sanitaria ha generado una crisis que se ha prolongado en el tiempo, crisis no solamente en la dimensión sanitaria, sino también en la economía y dinámica productiva de los países del área afectando el desarrollo social e impactando en las condiciones para el bienestar de las personas en general y de las juventudes e infancias en particular.

Latinoamérica y el Caribe sufrieron la peor contracción económica que se tiene registro desde 1900, cayendo el PIB en un 6%, siendo la región con peor desempeño económico durante el 2020 (CEPAL, 2021a). Lo que se suma con el período anterior a la crisis, señalado por una dinámica de crecimiento lenta entre 2014 y 2019 la tasa promedio de crecimiento fue de un 0,3%. Para el 2021, se proyectó una tasa de crecimiento de la región del 6,2%, que responde principalmente a una base de comparación muy baja causada por la fuerte caída de 2020 (CEPAL, 2022b). A pesar de crecer no se recuperará el nivel del PBI previo a la pandemia, solamente 6 de 33 países del continente habrían alcanzado dicho nivel. Para el 2022, se estima un crecimiento del 2,1% esperándose que 8 países adicionales recuperen los niveles de crecimiento de 2019 (CEPAL, 2022b).

Este contexto económico regional sumado a las diversas medidas sanitarias adoptadas para controlar la difusión del virus, incidió en una caída histórica de la ocupación y crecimiento del desempleo, dando lugar a una fuerte crisis en el mercado laboral con efectos en los ingresos de la población. Según la CEPAL y OIT (2021), la tasa de  la tasa de ocupación disminuyó del 57,4% en 2019 al 51,7% en 2020, lo que se traduce en que aproximadamente 25,8 millones de personas dejaron de estar ocupadas durante ese año, mientras que la tasa de desocupación llegó a 10,5%. Si bien en el segundo trimestre de 2021 se observa una leve mejora de estos indicadores, con una tasa de participación laboral de 60,0%, una tasa de ocupación de 54,0% y una tasa de desocupación de 10,1%, aún no se recuperan los niveles previos a la pandemia (CEPAL y OIT, 2021; CEPAL, 2022b in Castillo, C y Marinho M.L.: 2022).

Por otra parte, los impactos de la pandemia sobre el mercado laboral han sido diferenciales de acuerdo a los distintos grupos de la población, como lo es en el caso de las mujeres, juventudes y las/os trabajadores informales y de bajos ingresos (CEPAL, 2021a). Se cerraron los centros educativos en sus diferentes niveles y centros de cuidado lo que significó un aumento importante del trabajo de cuidados para las mujeres, quienes en muchos casos tuvieron que abandonar sus puestos laborales. Ello se observa en que las mujeres entre 20 y 59 años que pertenecen a hogares con niños o niñas menores de 5 años son quienes experimentaron la mayor disminución en sus niveles de ocupación por efecto de la pandemia, con una caída del 12,5% (CEPAL, 2022a  in Castillo, C y Marinho M.L.: 2022).

En este marco de crisis sanitaria, económica y laboral condujo a una reducción sustantiva de los ingresos de los hogares, observándose un aumento tanto de la distribución del ingreso como de la pobreza y pobreza extrema durante 2020. De acuerdo con la CEPAL (2022a), el decrecimiento de los ingresos laborales del trabajo asalariado en los quintiles más pobres fue el factor que más incidió en el crecimiento de la desigualdad observada en la mayor parte de los países de la región, con una alta heterogeneidad entre los países y al interior de los mismos.

En 2020 la pobreza y la pobreza extrema (medida por Línea de Pobreza, según los ingresos que percibe la persona), tuvieron un crecimiento general en el continente alcanzando 33% y 13% de la población respectivamente; la tasa de pobreza alcanzó niveles similares al de finales de la década anterior y la de pobreza extrema se tradujo en un retroceso de 20 años (CEPAL, 2022a). En 2021, se estima que la pobreza bajaría levemente a 32,4% mientras que la pobreza extrema alcanzaría el 14% de la población de la región, reflejando que, a pesar de la recuperación económica observada en 2021, la crisis social continúa vigente (CEPAL, 2022a).

La incidencia de la pobreza y pobreza extrema no se distribuye de forma homogénea, sino que afecta en mayor grado a determinados grupos de la población, según la matriz de la desigualdad social. Es el caso de las mujeres, de quienes habitan la ruralidad, las infancias, adolescencias y juventudes, grupos indígenas y afrodescendientes. Al analizar la situación prepandemia y durante la pandemia como se presenta en el Gráfico 1, se aprecia que mientras la pobreza creció aproximadamente un 10% en la población total, entre los menores de 25 aproximadamente un 5%, en 2019 el promedio geométrico era de un 39% y en 2020 de un 41%, mientras que en la pobreza extrema el crecimiento fue de un 14%, en 2019 era de un 14% y en 2020 un 16% en términos de promedio geométrico.

Como se aprecia si antes de la pandemia tanto la pobreza como la pobreza extrema en el continente es de un perfil infantil-juvenil, en la pandemia se específica aún más, especialmente en la pobreza extrema acompañado de un crecimiento tanto de la pobreza como pobreza extrema en todos los grupos poblacionales del continente.

La CEPAL (2020) ha estimado que la pobreza monetaria afecta al 51,3% de niños, niñas y adolescentes, es decir, uno de cada dos estaría en esta situación. Ello es muy alarmante toda vez que se traduce en que aquellos hogares donde residen niños, niñas y/o adolescentes tienen mayores probabilidades de no contar con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y, por tanto, tendría mayores dificultades para proporcionar un cuidado afectuoso y de calidad, lo que señala la importancia que adquieren los sistemas de protección social en esta situación.

Acompaña este proceso de empobrecimiento el aumento de las vulnerabilidades sociales, entre las que se señala el derecho al alimento, en tal sentido se estima que la inseguridad alimentaria tendrá efectos negativos tanto en términos de la educación, como, por ejemplo, en las brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, pérdida de oportunidades de aprendizaje, aumento del riesgo de abandono escolar, así como sobre la salud mental y el bienestar integral de las infancias y juventudes, toda vez que en la escuela también se protegen otros derechos fundamentales de la infancia, como la alimentación, la salud y la recreación (CEPAL, 2022a in Castillo, C y Marinho M.L.: 2022).

Con relación a la inseguridad alimentaria, las estimaciones apuntan a que un 9,1% de la población de la región estaría subnutrida, es decir, un 28% más que en 2019 y un 56% superior a la estimación de 2015 (FAO y otros, 2021). A su vez, se estima que un 40,4% de la población de América Latina y el Caribe experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave en 2020, equivalente a un aumento de 44 millones de personas en comparación con 2019 (Torero, 2021; CEPAL, 2021b). Esta situación es de especial preocupación para las infancias especialmente dado el período de desarrollo en el que se encuentran, aunque es de señalar que es un derecho básico de cualquier ser humano en cualquier etapa del ciclo vital.

Por último, es de señalar que al cerrarse los centros educativos aumentan las posibilidades en un contexto de crisis económica de que los menores de los hogares más pobres especialmente, salgan a trabajar o se les recargue las actividades de cuidado debido a la necesidad de los adultos de buscar trabajo. En caso de trabajar es altamente probable que dicha ocupación sea en condiciones precarias, mal pagas y siendo explotados lo que converge en una profundización de las desigualdades generacionales y de género como diferentes estudios lo demuestran (CEPAL/UNESCO, 2020; Rodríguez, 2021; CEPAL, 2022a).

Ante este escenario social que la pandemia del CovSars 2 profundiza, es que cabe preguntarse el papel de las políticas públicas juveniles de nuestro continente.

Políticas públicas juveniles en contexto pandémico.

Las estrategias que han aplicado los gobiernos para enfrentar los efectos sociales de las medidas de emergencia sanitaria ante la propagación del virus CovSars 2, han sido muy variadas, aunque es posible delinear algunos patrones en la aplicación de dichas medidas. Se pueden distinguir cinco formas diferentes de accionar estatal en materia de protección social. Tres de ellas son acciones directas que procuran alcanzar con transferencias monetarias o distribución directa de alimentos u otros bienes a los hogares. Otras dos medidas se ubican en el plano de las exoneraciones, condonaciones o suspensiones de corte de servicios públicos así como de garantías de acceso a vivienda o habitación en el caso de quienes no son propietarios. Existe un tercer grupo de medidas orientadas a evitar situaciones de extrema vulnerabilidad (población de calle) o de necesidad de movilidad de quienes son parte de la población con alto riesgo clínico (adultos mayores) (Filgueira. F. et al: 2020). 

Es de señalar que existe un abanico de medidas estatales de protección social, las que actúan de manera más indirecta orientándose ya no a los hogares o las personas, sino a empresas. Este tipo de acciones, tales como exoneraciones, subsidios y créditos, procuran sostener la actividad y el empleo a modo de mitigar los efectos sociales de las estrategias de contención.

Ahora bien, en el siguiente cuadro se presenta de manera descriptiva y sintética una de las dimensiones señaladas por razones de espacio y por ser uno de los “instrumentos” que se aplicó más rápidamente por parte de los Estados. Es importante señalar que es una aproximación al problema del trabajo, dado el dinamismo desarrollado por parte de los Estados y de la carencia de fuentes oficiales con datos estandarizados que permitan su comparación e inferencia. Por otra parte, la rapidez con que estas dimensiones de la acción gubernamental cambian en períodos cortos de tiempo impide la exhaustividad y medición adecuada. Se está ante un blanco móvil y lo que es posible en este caso es ofrecer un conjunto de categorías analíticas representadas en formas empíricas concretas que nos aproximen a los esfuerzos realizados (Filgueira. F. et al: 2020).

En lo que refiere a transferencias monetarias y en especies, la mayor parte de los países de América Latina han adoptado nuevas medidas, aunque con diferencias tanto en términos de cobertura como de suficiencia. Se aprecia que algunos países han optado por el fortalecimiento de los programas ya existentes mediante el incremento de los montos destinados a las prestaciones a través de pagos extraordinarios.

Tomando el caso argentino como cita Filgueira. F. et al: 2020: “… realizó un pago extraordinario a beneficiarios de distintos programas tales como Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, entre otros”.

Por otra parte, en el caso colombiano se otorgaron tres giros adicionales a los beneficiarios del programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción, mientras que en el Uruguay se duplicaron los montos tanto de la Tarjeta Uruguay Social como de las Asignaciones Familiares – Plan de Equidad. Otros países han optado por aumentar la cobertura poblacional de los programas existentes, como en el caso de Brasil con el programa Bolsa Familia, Guatemala con el programa de aporte económico al adulto mayor, y México para el programa Sembrando Vida.

Otros gobiernos han optado por fortalecer las prestaciones mediante el adelanto de pagos, principalmente para pensiones no contributivas por vejez, intentando garantizar una mayor liquidez al menos en el corto plazo, como en Perú con el Programa Juntos y Pensión, el anticipo del decimotercer sueldo a pensionados y jubilados en el Brasil, el adelanto de cuatro meses del Programa Pensión para el Bienestar a adultos mayores y personas con discapacidad en México, el anticipo de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Pobreza en el Paraguay, así como del Régimen No Contributivo y del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en Costa Rica (Filgueira. F. et al; 2020).

Por otro lado, gran parte de los países de América Latina se observa la creación de nuevas prestaciones que combinan, en su mayoría, nuevos beneficios dirigidos a población ya beneficiaria de otros programas con la incorporación de nueva población objetivo. Ejemplo de ello es el caso del Ingreso Familiar de Emergencia en la Argentina, el Programa de Seguridad Alimentaria "Ñangareko" en el Paraguay, los bonos Yo me quedo en casa y Bono Universal Familiar del Perú, el Bono Universal y Bono Familia en el Estado Plurinacional de Bolivia, el Auxilio Emergencial do Governo Federal en el Brasil y el Bono de Emergencia COVID-19, Ingreso Familiar de Emergencia e IFE 2.0 en Chile.

En resumen, las políticas públicas en lo social durante la pandemia reforzaron el diseño institucional previamente elaborado acerca de la población objetivo a la cual alcanzar y complementaron con medidas coyunturales pero en el caso de las transferencias monetarias y en especies se procuró no posibilitar “caer” en la pobreza a los grupos ya alcanzados, sin establecer prioridades generacionales.

Conclusiones:

El trabajo se planteó en su inicio como pregunta problematizadora la construcción de política pública juvenil postpandemia, ¿qué aprendizajes dejan los efectos de la pandemia del Covid19 para la formulación y construcción de política pública juvenil en el escenario postpandemia de Latinoamérica y el caribe?

Ante ella se desarrolló como se concibe la categoría juventud, general descripción de las políticas públicas juveniles y sus diferentes formas de entender al actor juvenil, posteriormente el devenir institucional que aplicaron tales políticas públicas. 

Resulta pertinente comprender las juventudes como un grupo de población heterogéneo, que requiere la recuperación de variables asociadas a su desarrollo. A pesar de que se reconoce en algunas situaciones la diversidad y pluralidad, sigue apuntando a políticas, programas y proyectos con alternativas únicas que interpelan a la persona joven como un sujeto-a homogéneo, sin reconocer y apuntar a las particularidades que existen alrededor de las realidades juveniles.

La mirada desde la cual parten las políticas públicas sectoriales de juventudes no reconocen a las personas jóvenes como sujetos y sujetas de derechos, sino en ocasiones como meros receptores pasivos y como actores sociales estratégicos en el marco de la formulación de la política. Se debe apuntar a una perspectiva generacional en todas las políticas.

Los impactos en materia educativa, nutricional, precariedad laboral y pobreza se han profundizado lo que ha implicado aumentar la desigualdad y vulnerabilidad social inter e intra generaciones. Las personas jóvenes son vulnerables debido a la exclusión social y a la desigualdad social de la que son parte.

Ante ello, algunas de las medidas adoptadas por parte de los Estados fueron aumentar los montos de las transferencias monetarias y en especies, la mayor parte de los países de América Latina han adoptado nuevas medidas, aunque con diferencias tanto en términos de cobertura como de suficiencia. En definitiva, se reforzaron los instrumentos previamente diseñados para la población infantil y juvenil procurando con tales ayudas evitar caer en la pobreza, la evidencia señala que tales herramientas han sido insuficientes.

Por lo cual, se podría considerar que algunos de los aprendizajes sobre las herramientas de políticas públicas sociales para las poblaciones infantiles y juveniles del continente no han sido todo los eficientes que se esperaban, se continúa “trabajando” con las poblaciones visibles y la pandemia “iluminó” sobre poblaciones invisibilizadas como los/as jóvenes que trabajan en condiciones precarias e informales, por dar un ejemplo. 

Se considera estratégico que en tal revisión entender que lo juvenil no es una etapa en la vida sino un proceso sociovital que no empieza ni termina a determinada edad, sino que se articula en diferentes eventos físico biológicos integrales, sociales, culturales y vitales, ante lo cual la/s políticas públicas son necesarias desarrollarse de forma transversal durante tal proceso. Articulando recursos presupuestales, humanos, infraestructuras, saberes, institucionalidades públicas y no públicas desde el Estado al núcleo familiar, a modo de ejemplo, la nutrición no es un momento de la vida y una determinada política pública en tal sentido: comedores escolares, sino desde el inicio de la vida misma hasta el último suspiro. La pandemia ha evidenciado repensar y revaluar críticamente lo que ha realizado en materia de políticas públicas juveniles, porque si se aspira a cambiar la realidad social dejada por la pandemia del Covid19, no se debería reiterar las acciones que se aplicaron previamente y se reforzaron durante la misma, es muy probable que se obtienen similares resultados.

Bajo esta línea, es vital la creación, manejo y uso de sistemas de evaluación y seguimiento, a fin de conocer sobre los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas de juventudes.

Finalmente, sumado a lo anterior, como evidencia para la rendición de cuentas como mecanismo de producción de conocimiento en materia de juventudes, que inciden en la formulación de la política. Por tanto, el estímulo en la creación de Observatorios de juventudes es un tema de colocación urgente en la academia y en la gestión pública, a fin de contar con evidencia para la toma de decisiones.

Bibliografía:

CEPAL (2022), Panorama Social de América Latina 2021, en prensa.

Filgueira. F. y otros. (2020). “América Latina ante la crisis del COVID-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social”, serie Políticas Sociales, N° 238 (LC/TS.2020/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Mannheim, K., & de la Yncera, I. S. (1993). El problema de las generaciones. reis, (62), 193-242.

Marinho.M. y Castillo. C. (2022). “Los impactos de la pandemia sobre la salud y el bienestar de niños y niñas en América Latina y el Caribe: la urgencia de avanzar hacia sistemas de protección social sensibles a los derechos de la niñez”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/25), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Organismo Internacional de la Juventud; Instituto Nacional de Juventud (2017). Libro Blanco de Políticas Públicas de Juventud. – 1ª ed. – Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2017. – 154 p. : il., gráf. ; 24 cm

Rodríguez, E. (1998). Políticas públicas de juventud en América Latina: empoderamiento de los jóvenes, enfoques integrados, gestión moderna y perspectiva generacional. Revista Pensamiento Iberoamericano, (3).

Vommaro, P. (2015). Juventudes y políticas en la Argentina y en América Latina: tendencias, conflictos y desafíos. Clacso.

Palabras clave:

covid19, políticas públicas, juventudes, agendas políticas.

Resumen de la Ponencia:

La pandemia de COVID 19 y la situación de emergencia sanitaria -con suspensión de actividades presenciales en la enseñanza pública- obligó a la Universidad de la República a tomar medidas también “de emergencia”. A partir del 13 de marzo de 2020, a solo una semana de comenzados los cursos, la Universidad de la República, institución pública, cuya modalidad0 de enseñanza es principalmente presencial, debió poner todos sus recursos y esfuerzos en trasladar su cursado a la virtualidad, como aconteció en el resto de Latinoamérica y el Caribe (LAC).Para ello la institución se apoyó en la existencia de una infraestructura tecnológica básica y el compromiso de los distintos colectivos detrás de la decisión de dar continuidad a las actividades formativas. Si bien esto se logró, fue y es necesario analizar y evaluar las implicancias y resultados de esta reacción. Asimismo, de dichas estrategias, prácticas y resultados, surgió una propuesta de Piloto, efectivizada desde el 1er semestre de 2022 y que continuará en el 2do semestre, donde se propone a las unidades curriculares, adicionalmente al cursado presencial, la posibilidad de que algunos de los grupos puedan dictarse en modalidad híbrida/virtual. Esto forma parte de un plan aún más ambicioso de la FCS de dar una discusión amplia e informada acerca de lo que significaría para nuestra Institución trascender la enseñanza remota de emergencia, sin dejar de aprender de ella y visibilizar qué puede ofrecer la enseñanza en modalidad mixta/virtual, bajo qué condiciones, a quiénes favorecería, y un largo etcétera.Hay diferentes dimensiones a tomar en cuenta para el análisis, pero comenzamos por identificar a) la gestión estratégica: aquellas acciones a nivel central y de la FCS que se pusieron en marcha o no desde lo político, económico, cultural y pedagógico; b) la infraestructura disponible desde la Institución y las respuestas a las necesidades manifiestas de distintos colectivos (a nivel de acceso y de accesibilidad); c) estrategias en relación al desarrollo de habilidades y/o competencias necesarias para el uso de las tecnologías digitales disponibles; d) la evaluación y el seguimiento de dichas acciones y estrategias.En esta ponencia, daremos cuenta de estas estrategias, prácticas y resultados que sucedieron a nivel central pero principalmente aquellas que marcaron 2 años de enseñanza remota de emergencia e inmersión forzosa en la misma para estudiantes y docentes en la Facultad de Ciencias Sociales. 

Resumen de la Ponencia:

O problema de pesquisa que se propõe neste trabalho consiste em desvendar formas de se reduzir a ocorrência de discursos de ódio contra afrodescendentes na sociedade brasileira. Para se desvelar meios de lidar com esse problema será realizada uma análise que abarca a história, a sociologia e o direito. Desse modo, o objetivo desta pesquisa busca uma análise interdisciplinar do problema proposto, abarcando os aspectos histórico, sociológico e jurídico. Quanto aos métodos de pesquisa, utiliza-se a pesquisa bibliográfica e documental, tendo por recorte metodológico jurídico a sociedade brasileira após a redemocratização proporcionada pela promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, porém sem deixar de compreender aspectos históricos e sociológicos anteriores à referida Carta Magna. Explicita-se que o discurso de ódio é um problema que afeta grupos vulneráveis e minorias na sociedade. Conjectura-se que a pesquisa auxilie a contribuir para o esclarecimento do problema do discurso de ódio em face de afrodescendentes e aponte meios de se evitar que esse crime ocorra na sociedade brasileira. Crime, pois que apresenta enquadramentos na legislação penal pátria, com respaldo nos princípios constitucionais emanados pela Lei Maior vigente, em especial o princípio da dignidade humana. Este trabalho foi apresentado no XXXIII Congreso Latinoamericano de Sociología – ALAS México 2022, no Grupo de Trabalho “Racismo, Discriminación y Segregación Social”.  

Introducción:

1 INTRODUÇÃO

 

          O problema de pesquisa que se propõe neste trabalho consiste em desvendar formas de se reduzir o fenômeno da ocorrência de discursos de ódio contra afrodescendentes na sociedade brasileira. Para se desvelar meios de lidar com esse problema será realizada uma análise que abarca a história, a sociologia e o direito. A história, ao fornecer subsídios de compreensão de como chegou-se na configuração atual de sociedade em que o Brasil se encontra. A sociologia, que proporciona mecanismos, inclusive com respaldo histórico, para se analisar a sociedade e suas estruturas sociais. E o direito, que por ser um instrumento de controle estatal, que sofre influências históricas e sociológicas, dialoga com esses planos e fornece possibilidades de regulação e controle social. 

              Logo, o objetivo desta pesquisa busca uma análise interdisciplinar do problema proposto, abarcando os aspectos histórico, sociológico e jurídico. Quanto aos métodos de pesquisa, utiliza-se a pesquisa bibliográfica e documental, numa perspectiva interdisciplinar, conforme apontado no objetivo; tendo por recorte metodológico jurídico a sociedade brasileira após a redemocratização proporcionada pela promulgação da Constituição brasileira de 1988, mas sem deixar de compreender aspectos históricos e sociológicos anteriores à referida Carta Magna, especialmente quanto ao histórico dos afrodescendentes no Brasil. 

             Realizada essa preliminar contextualização histórico-social e jurídica, cabe ressaltar que o discurso de ódio é um problema que afeta grupos vulneráveis e minorias na sociedade, isto é, além dos afrodescendentes há outros grupos ou minorias que são afetados pelo fenômeno do discurso de ódio, como: os estrangeiros, refugiados e migrantes; as pessoas com deficiência; pessoas da comunidade LGBT+; pessoas em situação de menor condição social; entre outros. Apesar do objeto de pesquisa apresentado neste trabalho enfocar o discurso de ódio em face de afrodescendentes na sociedade brasileira, cumpre pontuar que outros grupos também sofrem, em diferentes graus, esse mesmo problema. Conjectura-se que a pesquisa auxilie a contribuir para o esclarecimento do problema do discurso de ódio em face de afrodescendentes e aponte meios de se evitar que esse crime ocorra na sociedade brasileira. Crime, pois que apresenta – conforme será analisado – enquadramentos na legislação penal pátria, com respaldo nos princípios constitucionais emanados pela Lei Maior vigente, em especial o princípio da dignidade humana.  

Desarrollo:

2 BREVE DELINEAMENTO HISTÓRICO 

 

            O Brasil desde o início da sua colonização até a maior parte do século XIX foi um país escravista, tendo como maiores alvos do tráfico de indivíduos para a escravidão em terras brasileiras pessoas provenientes do continente africano. A história demonstra que a escravidão foi abolida do Brasil no final do século XIX, todavia não foram implementadas, na época, políticas de inclusão social dos que foram escravizados antes da abolição, ou de seus descendentes. Isso acabou gerando, por décadas, um problema social de marginalização de muitas pessoas, que assim tiveram grandes obstáculos e dificuldades econômico-sociais para se firmar na sociedade. Atualmente, pode-se asseverar que a situação de desigualdade diminuiu muito (quando comparada com o quadro do final do século XIX), todavia, ainda há disparidades; e, na atualidade, há políticas de ações afirmativas para afrodescendentes no território brasileiro, políticas essas garantidas pelo direito posto. 

         Boris Fausto pondera - no contexto do fim da escravidão no Brasil no final do século XIX – que há a geração de uma enorme desigualdade social em relação à população afrodescendente, com poucas oportunidades de empregos em áreas dinâmicas para os que foram escravizados antes da abolição da escravidão (FAUSTO, 2010, p. 221). Durante o longo período de escravidão de afrodescendentes em terras brasileiras, essa prática era justificada com um forte viés econômico, e violava a dignidade de muitas pessoas, que tinham sua liberdade restringida. 

             O autor Fábio Konder Comparato, ao tratar acerca da evolução dos direitos humanos - especialmente após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) – reflete e pondera o seguinte: “[...] ou a humanidade cederá à pressão conjugada da força militar e do poderio econômico-financeiro, fazendo prevalecer uma coesão puramente técnica entre os diferentes povos e Estados, ou construiremos enfim a civilização da cidadania mundial [...]” (COMPARATO, 2019, p. 70). Logo, nota-se que questões econômicas se relacionam com a concretização dos direitos humanos fundamentais até os dias atuais, sendo fundamental a atuação do Estado, da sociedade e dos indivíduos, de forma cooperativa, para que os direitos humanos não sejam violados ou colocados em segundo plano nas relações sociais. 

            Immanuel Kant apresenta o entendimento de que os seres racionais, ou seja, as pessoas, têm a essência de possuir um fim em si mesmas, logo não devem ser utilizadas como objetos para a consecução de um determinado fim; isso porque, conforme Kant, são as coisas, os objetos, que não possuem o caráter de deter um fim em si mesmos, sendo, desse modo, utilizados para o alcance de determinados objetivos; Kant faz esse paralelo com fundamento na razão prática (KANT, 2007, p. 68). Essa noção kantiana - de que as pessoas não podem ser tratadas como objetos - é trazida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, com fundamento maior no princípio da dignidade humana (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948).

 

3 ASPECTOS SOCIAIS: AS POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES AFIRMATIVAS

            

            O princípio da dignidade da pessoa humana, que está consolidado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - em seu art. 1º, inciso III -, é explicitado pela Carta Magna como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro (BRASIL, 1988). Para que esse princípio seja concretizado, há a necessidade de que os direitos humanos fundamentais sejam efetivos, com observância pelo Estado e pela sociedade. Uma das formas de que o Estado e o meio social podem se utilizar para alcançar uma maior efetividade dos direitos fundamentais e, por consequência, da própria dignidade humana, são as políticas públicas e as ações afirmativas.

            Ada Pellegrini Grinover pontua que os direitos que demandam a elaboração de políticas públicas para o seu implemento possuem um núcleo que assegura o mínimo necessário para a garantia da dignidade humana (GRINOVER, 2013, p. 132). No que se refere às políticas públicas de combate à discriminação e ao preconceito em face de afrodescendentes no território brasileiro, foram buscados dados para análise na plataforma de políticas públicas do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Nessa plataforma há dados referentes ao Poder Executivo Federal (no âmbito da União), no Brasil, quanto às políticas públicas nas últimas décadas. Desse modo, analisou-se a área temática de Direitos humanos dessa plataforma do Ipea (BRASIL, 2023). Foi escolhida essa área temática para análise considerando-se sua pertinência com o objeto deste artigo.

         Ao se examinar as políticas públicas da área temática de Direitos humanos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foram identificadas - em sua totalidade - mais de trinta políticas públicas, desde o ano de 1993 até a atualidade. Ao se explorar mais especificamente as políticas públicas concernentes ao tema da discriminação e/ou preconceito raciais foram constatadas apenas 2 (duas) políticas públicas de caráter mais específico quanto esse tema: o Programa Nacional de Ações Afirmativas, de 2002; e a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 2003. Outrossim, observa-se um número reduzido de políticas públicas nesse tema (apenas duas), quando se analisa que é de um período de aproximadamente trinta anos (de 1993 até a atualidade - logo no início de 2023); e num universo que abrange mais de 30 políticas públicas dentro da área temática de Direitos humanos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (BRASIL, 2023). 

             O Programa Nacional de Ações Afirmativas, de 2002, foi regulado pelo Decreto nº 4.228, de 2002, e consolidou esse Programa no plano da administração pública federal brasileira. Destaca-se o art. 2º do Decreto nº 4.228/2002, que em seu inciso I determina a aplicação de um percentual de participação de afrodescendentes em cargos em comissão referentes ao Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS; enquanto que o inciso IV desse dispositivo dispõe que seja incluído percentual de participação de afrodescendentes em contratações de empresas que prestem serviços, além de técnicos e consultores em projetos que contenham parceria com entidades internacionais (BRASIL, 2002). Já a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 2003, foi normatizada pelo Decreto nº 4.886, de 2003, e teve por objetivo principal – conforme o art. 2º desse Decreto – a redução das desigualdades raciais no Brasil, havendo uma específica ênfase na população afrodescendente (BRASIL, 2003). Nesse sentido, aponta-se para uma necessidade de reforço de políticas públicas atualizadas, no âmbito da administração pública federal brasileira, com o intuito de reduzir a discriminação e o preconceito em face de afrodescendentes no território brasileiro.

         Para além dessas políticas públicas instituídas por decretos, pontuam-se duas leis infraconstitucionais que estabelecem ações afirmativas para a população afrodescendente brasileira. A Lei nº 12.711, de 2012, dispõe sobre o estabelecimento de vagas prioritárias para afrodescendentes no ingresso em instituições federais de ensino superior, e no ingresso no ensino técnico de nível médio em instituições de âmbito federal, conforme os artigos 3º e 5º, respectivamente, dessa lei (BRASIL, 2012). Enquanto a Lei nº 12.990, de 2014, institui no âmbito da União e da administração pública federal brasileira a reserva aos afrodescendentes de um percentual de 20% das vagas referentes aos concursos públicos e empregos públicos, conforme o art. 1º dessa lei (BRASIL, 2014). 

               Sob essa ótica, acerca da relação entre eficácia jurídica e fatores sociais, Reinhold Zippelius assevera que a concretização das normas jurídicas tem um caráter de dependência em relação a fatores sociais ou de um fator sociológico; conforme esse autor, as organizações estatais e seus respectivos membros têm uma função central nesse processo de concretização normativa (Zippelius, 2016, p. 54). Outrossim, faz-se preciso que as políticas públicas e ações afirmativas sejam de fato efetivas – por meio das normas jurídicas que as regulam - a fim de se gerar mudança social na sociedade brasileira. Ademais, Miguel Reale - acerca da relação entre o fato, o valor e a norma, no âmbito da sua teoria tridimensional do direito - considera que esses três componentes são intrínsecos a todos os aspectos do fenômeno jurídico (REALE, 1994, p. 57).

 

4 ANÁLISE JURÍDICA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA JURISPRUDÊNCIA

 

            No âmbito das normas do ornamento jurídico brasileiro, cumpre ressaltar, inicialmente, dispositivos da Constituição Federal de 1988. Entre os princípios que regem a República brasileira nas suas relações internacionais, está o repúdio tanto ao terrorismo quanto ao racismo, conforme o inc. VIII, art. 4º da Carta Magna; já no inc. XLII do art. 5º da Constituição brasileira há a previsão de que a prática do racismo se configura num crime que é inafiançável e imprescritível, inclusive com a aplicabilidade de pena de reclusão, conforme disposições legais (BRASIL, 1988).

            Feita essa análise da Constituição, passa-se para a abordagem da legislação infraconstitucional penal no direito brasileiro. Destaca-se que, recentemente, a Lei nº 14.532, de 2023, alterou dispositivos da Lei nº 7.716/1989 (Lei do Crime Racial) e do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), com o escopo de - entre outras disposições - caracterizar como crime de racismo a denominada injúria racial (BRASIL, 2023). Nesse sentido, conforme o artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989 (Lei do Crime Racial) o crime de injúria devido a raça, a cor, etnia ou procedência nacional passa a ter pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa, e se configura como um crime de racismo (BRASIL, 2023); ou seja, por ser crime de racismo, passa a caracterizar-se pela inafiançabilidade e pela imprescritibilidade, conforme abordado quando da análise da Constituição. 

            Essa recente modificação da legislação penal - quanto à caracterização do crime de injúria racial como um crime de racismo - indica um fortalecimento da punição de crimes relacionados a discursos de ódio em face de afrodescendentes no Brasil. Isso ocorre porque ao ser caracterizado como crime de racismo, o crime de injúria racial não fica mais sujeito à fiança para liberação da pessoa que emitiu discurso de ódio em face de afrodescendente, além do crime não prescrever, podendo ser denunciado e julgado a partir do momento em que as instâncias cabíveis tomem conhecimento da ocorrência do fato. 

            Ademais, conforme a Lei nº 7.716/1989 (Lei do Crime Racial), em seu art. 20, caput, a prática, indução ou incitamento à discriminação ou preconceito de raça, de cor, de etnia, religião ou mesmo procedência nacional, está sujeita a pena de reclusão e multa; e, de acordo com o § 2º desse art. 20 da Lei do Crime Racial se o crime “for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza” (BRASIL, 2023) a pena de reclusão tem o seu tempo aumentado, de um a três anos para de dois a cinco anos, além da multa em ambos os casos (BRASIL, 1989). 

            Interessante notar que quanto à jurisprudência, em especial nas decisões da Corte Constitucional brasileira, isto é, o Supremo Tribunal Federal, já havia uma tendência de consideração da injúria racial como um tipo de crime de racismo, mesmo antes da publicação a Lei nº 14.532, de 2023, que explicitamente fez esse reconhecimento. Desse modo, no âmbito do Habeas Corpus nº 154.248/Distrito Federal – julgado em 2021, com decisão publicada em 2022; logo, antes da promulgação da Lei nº 14.532/2023 – o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que a injúria racial consiste num tipo de racismo e, por isso mesmo, se configura num crime imprescritível; logo, no caso em análise o pedido de habeas corpus foi negado pela Corte (BRASIL, 2022). 

Conclusiones:

5 CONCLUSÕES

 

             A pesquisa aponta para uma necessidade de implementação e desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam, cada vez mais, a inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade; como também a implementação de projetos de educação e conscientização da sociedade acerca do problema do discurso de ódio, no sentido de que ninguém merece ser vítima de um crime como esse; ademais, para além dessas ações preventivas, promovidas por políticas públicas e projetos de educação e conscientização, faz-se preciso ações repressivas, respaldadas juridicamente, para aplicação de sanções civis, administrativas e penais, a depender do caso, para pessoas que abusem da liberdade de expressão e profiram discursos de ódio em face de afrodescendentes ou mesmo outros grupos vulneráveis ou minorias.

          Também se concluiu que há uma necessidade de atualização e reforço das políticas públicas, no âmbito da administração pública federal brasileira, com o escopo de promover a redução da discriminação e do preconceito em face de afrodescendentes no Brasil. Constatou-se, quanto ao discurso de ódio em face de afrodescendentes, que houve um recente avanço na legislação penal aplicável, com o reconhecimento – pelo Poder Legislativo brasileiro – da injúria racial como um tipo de crime de racismo e, por isso mesmo, não estando a injúria racial sujeita à fiança ou à prescrição. 

             Evidenciou-se que mesmo antes da elaboração e publicação da inovação legislativa que reconheceu a injúria racial como um tipo de crime de racismo, o Poder Judiciário já vinha reconhecendo a injúria racial como racismo, especialmente por meio da Corte Constitucional brasileira, isto é, o Supremo Tribunal Federal. E, por fim, verificou-se que as normas jurídicas - para serem aplicáveis e eficazes - demandam de atuações que, por vezes, podem ultrapassar a esfera do direito, indo de encontro a fundamentações históricas e sociológicas.

Bibliografía:

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BRASIL. Decreto nº 4.886, de 20 de novembro de 2003. Institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PNPIR e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4886.htm>. Acesso em: 17 jan. 2023.

 

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BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Catálogo de políticas públicas: Áreas temáticas. Disponível em: <https://catalogo.ipea.gov.br/areas-tematicas>. Acesso em: 05 jan. 2023. 

 

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Catálogo de políticas públicas: Direitos Humanos. Disponível em: <https://catalogo.ipea.gov.br/area-tematica/3/direitos-humanos>. Acesso em: 05 jan. 2023.

 

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COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.

 

GRINOVER, Ada Pellegrini. O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (org.). O controle jurisdicional de políticas públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 132.

 

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Edições 70, 2007. Tradução de: Paulo Quintela.

 

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REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994.

 

ZIPPELIUS, Reinhold. Sociologia do direito e do Estado: noções fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2016. (Série IDP: direito comparado). Tradução de: António Franco e António Francisco de Sousa.

Palabras clave:

Discurso de ódio. Afrodescendentes. Brasil. 

Resumen de la Ponencia:

Una de las actividades fundamentales de las universidades es la producción de investigación científica, pero el surgimiento de la pandemia y las medidas implementadas para controlar su propagación también impactó a la comunidad científica e implicó una disrupción en las dinámicas de investigación, por ello, nuestro grupo de investigación consideró indispensable indagar respecto a las nuevas condiciones en que desempeñaron su labor los investigadores.Para el desarrollo del estudio se realizó una revisión de la literatura que se publicó durante la pandemia y que se relacionaba con la actividad científica. Los principales resultados de esta revisión, permitió identificar que los investigadores realizaron esfuerzos para poder construir conocimiento, pero el desarrollo de la investigación se dio de manera desigual entre géneros y disciplinas.Para el estudio empírico, empleamos un corte fenomenológico, se realizaron entrevistas en profundidad a investigadores del área de la salud de una universidad pública. La entrevista se estructuró con preguntas de temas abiertos, partiendo de una breve descripción de la trayectoria científica y profesional, pasando por los relatos cronológicos de sus actividades desde el inicio de la pandemia, hasta el regreso a las instituciones. Para comprender las rupturas retomamos algunos sociólogos relevantes (Bourdieu, Chamboredon, Passeron 2002) quienes permite conocer de qué están hechas las sociedades, las instituciones y las relaciones sociales. También para la comprensión de la actividad científica retomamos a teóricos especializados en los estudios sobre la universidad como lo son Burton Clark (2004) y Bruno Latour (2017). Para el análisis de la desigualdad empleamos como herramienta teórica la distinción entre logros, libertad y recursos de Sen (1999).Los resultados de este estudio muestran el desconcierto que supone modificar las formas tradicionales de investigación científica al momento de experimentar la pandemia de COVID 19, las prácticas resultaron desiguales dependiendo del tipo de investigación que realiza cada académico. La investigación recorre al menos tres momentos, al inicio está la idea de que había que irse a trabajar al hogar pero que en un mes todo estaría solucionado, por lo que el desalojo institucional es considerado como temporal sin que hubiera repercusiones serias en la investigación científica. El segundo momento es el alargamiento de la permanencia en el hogar y la reorganizar del trabajo científico y el tercero el proceso de recuperación de los espacios de investigación (laboratorios, despachos, salones de seminarios, utensilios, entre otros). Entre las principales afectaciones de la pandemia son: el nuevo rol de docente flexible que asumieron los investigadores; las condiciones institucionales, los procesos administrativos relacionados con la producción académica no funcionaron de manera regular durante el confinamiento; las condiciones domésticas y familiares, así como la salud mental de los investigadores. Lo que permite reflexionar sobre los estilos de investigación basado en la presencialidad. 

Resumen de la Ponencia:

Esta ponencia es resultado del trabajo de tesis que actualmente llevo a cabo en la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Aquí pretendo analizar la manera en que la reconfiguración capitalista de la década de los 90s bajo la forma neoliberal implicó a su vez una reorganización e intensificación en la explotación de los bienes comunes naturales bajo el modelo neo-extractivista, poniendo en punto clave, la manera en que estas redefiniciones generan afectaciones y violencias para las mujeres rurales mineras. En este sentido, me interesa analizar dos elementos: en primer lugar, rescato los debates teórico-conceptuales respecto al neoextractivismo actual en América Latina como resultado de una larga herencia colonial de configuración capitalista que ha establecido, en términos de Composto & Navarro (2014), un mecanismo expropiatorio de despojo que le permite anclarse en los territorios rurales generando consecuencias en diferentes ámbitos de la vida social, como lo ambiental, lo político y en las relaciones de género que se establecen localmente y que le permiten al mismo modelo reproducirse y mantenerse. De tal manera, el neoextractivismo resulta ser una apuesta actual de los Estados latinoamericanos tanto progresistas como conservadores que permite evidenciar las contradicciones inherentes al sistema capitalista.  En segundo lugar, analizo las afectaciones y violencias directas que genera el neoextractivismo para las mujeres rurales en general y las mujeres mineras en particular. A partir de este elemento busco comprender cómo la implantación del modelo en los territorios crea a su vez dinámicas violentas directas hacia las mujeres, tanto laborales en tanto implica procesos de precarización e invisibilización de los trabajos mineros que llevan a cabo, como violencias que tienen una connotación directa de género, es decir, la violencia sexual ligada a los procesos de militarización o la violencia alimentaria ligada a la contaminación de los bienes naturales. Poner atención a la manera en que están inmersas las mujeres dentro del neoextractivismo, implica releer en términos amplios la manera en que sus cuerpos y trabajos productivos/ reproductivos aparecen dentro del sistema capitalista, tarea que han adelantado tanto teóricas feministas marxistas como latinoamericanas. Todos estos elementos evidencian puntos de encuentro entre el capitalismo y el patriarcado en los territorios rurales. 

Resumen de la Ponencia:

Desde el 2016 he realizado una intervención social en la Cruz Rosa, sede Monterrey, la cual es un albergue en el que se alojan mujeres que viajan a nuestra ciudad con el objetivo de recibir los tratamientos de quimio/radio terapia. La intervención se basa en Encuentros Creativo Expresivos como forma de desplegar una serie de estrategias que sean sensibles a las emociones de las mujeres y que, a la vez, permitan dialogar sobre las experiencias asociadas al proceso de cáncer. De esta forma hemos identificado que varios de los momentos más dolorosos y traumáticos asociados a esta experiencia, para esta presentación nos centraremos en la pérdida del cabello. Y es que para las mujeres representa un momento de duelo en el que el dolor se hace presente. De ahí que nos hemos preguntado: ¿cuáles son los discursos que generan dicho dolor? ¿Cuáles son los significados sociales del cabello y la peluca en nuestra sociedad? Y es que la mayor parte de las imágenes, tanto publicitarias como de Asociaciones e Instituciones, para referirse al cáncer hacen uso de fotografías en las que se muestran mujeres calvas o portando turbantes cuyo intento es ocultar la calvicie. Y este discurso ha penetrado tan hondo en los imaginarios sociales sobre el cáncer que casi son sinónimos. Volviéndole un símbolo o icono de ésta enfermedad.Dicha relación se encuentra, también, como forma de expresión de valentía y solidaridad por ejemplo entre aquellas personas que deciden mostrar su apoyo a familiares o amigos que se encuentran vivenciando el cáncer. O como máxima expresión del espíritu combativo y “guerrero” de aquellas mujeres que viven el cáncer y, antes que perder el cabello poco a poco, deciden raparse por sí mismas. 

Resumen de la Ponencia:

Las medidas empleadas para la contención y reducción de la transmisión del virus causante de la pandemia de COVID-19 tuvieron importantes impactos en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Se trasformaron la forma de interactuar, de trabajar, de ir a la escuela e, incluso, de realizar investigaciones científicas. Ante esta situación, las personas buscaron las mejores formas de adaptarse y responder. Las herramientas digitales se posicionaron como el principal medio para subsanar las problemáticas presentadas. En lo que respecta al quehacer científico, plataformas como Zoom, Google Forms o las redes sociales, se convirtieron en elementos indispensables para continuar con los trabajos de investigación. En el caso de la investigación de quien suscribe, la plataforma Zoom se empleó para la realización de entrevistas a profundidad; Google Forrms para la aplicación de encuestas y la red sociodigital Facebook sirvió como espacio sobre el que se llevó a cabo una etnografía digital. Sin embargo, el empleo de estas herramientas digitales modificó la forma en que se desarrollaron las técnicas de investigación e implicó tomar en cuenta aspectos metodológicos que tradicionalmente no se tienen en consideración. Tuvieron que desarrollarse estrategias que permitieran garantizar que las respuestas obtenidas por medio de Google Forms correspondieran únicamente a personas que habitaran la zona en estudio y que formaran parte de la población en análisis; por ejemplo, el muestreo de tipo “bola de nieve” tuvo que valerse del uso de grupos de Facebook donde los usuarios mencionaran que pertenecían a la población en estudio. En el caso de la etnografía digital, debió separarse “lo digital” del punto central de la investigación: la experiencia y conductas de las personas. El empleo de Facebook también permitió contar con datos adicionales que enriquecieron el estudio, como el uso de las “reacciones”, a través de las cuales los usuarios pueden expresar una gama de sentimientos, como enojo, diversión, tristeza, asombro, entre otros; o datos sobre la cantidad de personas que visualizaban e interactuaban con una publicación, y los grupos de edad a los que pertenecían.Las herramientas que se utilizaron como una forma de continuar con la investigación a pesar de las medidas implementadas por el COVID-19 se transformaron en nuevas maneras de implementar y desarrollar las técnicas de investigación y recolección de información. Su uso permite contar con datos con los que regularmente no se cuenta y, además, abre la puerta para realizar estudios en condiciones bajo las que, de manera tradicional, no podrían llevarse a cabo, como en zonas con altos índices de delincuencia o violencia. El objetivo de la ponencia es compartir la experiencia de caso y revisar las implicaciones metodológicas del uso de las tecnologías en las técnicas de investigación mencionadas.

Resumen de la Ponencia:

Las expectativas socioculturales junto con la masividad de los medios de comunicación impactan la relación con lo que se considera masculino, escenarios como la moda comprendida desde las prácticas estéticas y el modelaje entendido desde las prácticas corporales son puntos de análisis ya que históricamente son espacios donde se muestra, se transforma y se representa la idea de lo que es ser masculino. El presente estudio tiene como objetivo aportar a la comprensión de las percepciones que tienen los hombres ingenieros de la ciudad de Bogotá teniendo en cuenta el carácter sexuado que existe en las carreras y profesiones en la actualidad, sobre lo masculino y la masculinidad, teniendo como referencia las prácticas estéticas y las prácticas corporales. Se empleó una metodología que utiliza tanto datos cuantitativos como datos cualitativos; en primera medida, se aplicaron 150 encuestas a estudiantes de diferentes semestres y egresados de los variados programas de ingeniería de distintas universidades de Bogotá, posteriormente fueron sistematizadas y analizadas a través del software SPSS; en segunda instancia, se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas: un modelo, un fotógrafo, una diseñadora de modas, un académico experto en cultura visual y moda, por último un psicólogo con énfasis en género y masculinidades con el fin de comprender mejor el fenómeno; finalmente, se realizó un grupo focal conformado por cinco voluntarios que ofrecieron sus datos al realizar la encuesta para este fin. Se concluye que la construcción de identidad masculina sigue siendo influenciada por factores biologicistas y de la cultura tradicional, con algunas excepciones debido al cambio generacional y la exposición de otro tipo de masculinidades en las redes sociales. 

Resumen de la Ponencia:

 

La ponencia aborda el tema de la apropiación del discurso de emprendedurismo en el ámbito empresarial a partir de entrevistas realizadas a trabajadores de la compañía Barcel, perteneciente al grupo mexicano Bimbo. Por medio del análisis del discurso, específicamente bajo la línea de la estructuración social del lenguaje desarrollada por Mijaíl Bajtin, se analizan cuatro lenguajes específicos en el discurso empresarial: lenguaje religioso, lenguaje económico productivo, lenguaje de liderazgo y lenguaje humano. Igualmente se discuten las implicaciones que el discurso tiene sobre las dinámicas de la empresa en términos de la subjetividad de los trabajadores. 

Introducción:

 

“Hay que relacionarse con el personal, no son un instrumento de trabajo son personas que van a la empresa a ganarse la vida y dejan ahí su vida”. (Servitje, 2021)

 

La empresa es un problema sobre la vida, un asunto que involucra percepciones del mundo, universos de sentido y formas de ver la vida. Estas últimas se conjugan en un incesante movimiento que  juega entre lo universal y lo situado. Es así, que si bien el neoliberalismo como corriente de pensamiento, ideología y gubernamentalidad se ha establecido como un elemento predominante para explicar la forma empresa en la sociedad (Foucault, 2012), la mirada sobre sus adaptaciones  y desarrollos locales cobra relevancia para poder pensar la empresa en una forma más tangible y coherente en sus realidades particulares.

Una faceta que ha tomado un peso significativo en la literatura neoliberal ha sido aquella que se basa en la idea de un individuo emprendedor. Sobre ella se han construido discursos que exaltan el individualismo como el camino prometido hacia el éxito, e incluso se han producido manuales que venden los secretos para lograr el sueño emprendedor. Este idea de realización individual se dirige con mayor impetu a aquel publico que desea romper los vínculos organizacionales de la dependencia laboral, para emprender su propio camino en el mercado y ser dueños de sí mismos. De acuerdo con ello, es interesante ver, precisamente, ¿cómo se apropia un discurso emprendedurista en un contexto organizacional donde existen estos lazos de dependencia?, es decir, ¿cómo se adapta el neoliberalismo a un contexto empresarial tradicional como el de la producción de alimentos?

Algunas problematicas asociadas a la emergencia de estos discursos tienen que ver con la forma en que las altas demandas de productividad son legitimadas por los trabajadores bajo discursos, fachadas y disciplinas que exigen del trabajador satisfacción, compromiso, pasión y arraigo por el trabajo, ello lleva a la discusión de las prácticas de autoexplotación y las condiciones de precariedad derivadas de la alta productividad.

Igualmente, el estudio de la apropiación de estos dicursos ocurre en un contexto con una herencia católica derivada del proceso de colonización, como lo es el caso mexicano. De esta manera, pensar la introducción del neoliberalismo como ideología y gubernamentalidad en este territorio implica enfocar la mirada en los sincretismos, entramados, mixturas y distanciamentos que este puede tener con la racionalidad religiosa como forma de entender los fenómenos empresariales y la subjetivación laboral en las organizaciones. Es por esta razón que esta ponencia se inscribe en el estudio de un especifico caso de apropiación de discursos de emprendedurismo en el sector empresarial tradicional de alimentos, el grupo Bimbo, cuyos fundadores profesan un sistema de creencias religiosas católicas. Teniendo como antesala este contexto, la pregunta central que se plantea es ¿qué forma toman y cómo se apropian los discursos de emprendedurismo en un contexto laboral industrial tradicional? Dicho esto, el objetivo que direcciona el presente documento es analizar el discurso empresarial de la organización Bimbo, a partir de un análisis semiótico, con el fin de aproximarse a la comprensión del emprendedurismo en contextos laborales industriales tradicionales. Para cumplir con este objetivo, se consideran cuatro entrevistas de trabajadores en distintas posiciones de la estructura organizacional de una de las marcas pertenecientes al Grupo Bimbo: CEO, gerente de ventas, supervisora de ventas y vendedor.

 

Desarrollo:

El Caso Bimbo: Análisis Semiótico del Discurso Empresarial

1. La estratificación del lenguaje 

1.1. Lenguaje religioso

El problema de cómo y desde dónde abordar la temática aquí propuesta tiene una de sus más fuertes influencias en la propuesta teórico metodológica de Mijail Bajtin (1991). Bajo su perspectica semiótica se entiende que el lenguaje  responde a dinámicas y prácticas sociales a la vez que informa sobre ellas, este enfoque  es conocido como la estratificación social del lenguaje y del discurso (Bajtin, 1991). Desde esta mirada la construcción de los datos de la investigación son pensados desde los lenguajes del discurso empresarial y las voces inscritas en personajes, considerando que el lenguaje se personifica en figuras individuales (Bajtin, 1991). Esta perspectiva permite entender que el estudio de las narrativas, las palabras, los vocabularios, los sentidos, los significados y las de formas de expresión están ancladas a la comprensión de los distintos lenguajes del discurso. Es así que los personajes están en una continua dialectica entre la palabra propia y la ajena, permitiendo observar los límites y mixturas que existen entre ellas. 

 

Uno de los componentes más fuertes del discurso empresarial del grupo Bimbo es el lenguaje religioso, el cual contiene los fundamentos morales del mismo. Este lenguaje se puede rastrear desde los orígenes de la compañía, específicamente en las creencias y valores de su fundador, Lorenzo Servitje quien se caracteriza por ser practicante de la fe cristiana: “Si hacemos que esta empresa haga también el bien al mundo, si no hacemos que esta empresa nazca para ser buena y parte de la “force of good” del mundo, no sirve de nada, no sirve como empresa si no cumple su rol social” (Lorenzo Servitje en CEO, 2020). 

A través de este lenguaje se constituye la figura de un trabajdor de servicio, el cual se hace observable en el desplazamiento subjetivo que, por ejemplo, realiza un líder en el grupo Bimbo a lo largo de su trayectoria profesional en la compañía, este se constituye en tres etapas: una fase egoísta, con interés de crecimiento laboral individual; una fase en donde el interés individual se fusiona con el interés por el crecimiento del equipo de trabajo; y una tercera fase, de madurez, en donde ya no hay interés personal sino solamente por el del equipo de trabajo (Gerente de ventas, 2020). Este desplazamiento de la subjetividad parte de una concepción de hombre empresa (Foucault, 2012) en su primera etapa a un sujeto de servicio en la última, distanciándose así del emprendedurismo ideal, en cuanto a que más que buscar un proceso de desarrollo para sí mismo, se encamina a uno de desarrollo colectivo basado en la solidaridad, el servicio y a la ayuda al otro.

Finalmente, es importante señalar cómo la constitución de este lenguaje religioso del discurso es una construcción de sucesos del pasado que son cargados moralmente. Este lenguaje responde a una plantilla discursiva previamente elaborada, que de hecho puede ser encontrada en los medios de comunicación de la empresa. Su función es dotar a esta de una legitimidad de carácter moral, dado que destaca los aspectos positivos de la bondad cristiana para producir un sentimiento de admiración hacia la organización.

 

 

1.2. Lenguaje humano. 

Muy cercano al lenguaje religioso, y prácticamente derivado de él, se estructura en el discurso de la compañía un lenguaje humanista que “se centra en la persona” (Supervisora de ventas, 2020). Este lenguaje se sostiene en vocabularios derivados del lenguaje religioso del discurso como “servicio”, “humildad” y “ayudar al otro”. Desde este lenguaje se dice que las personas son “el destino de todos los esfuerzos” (CEO, 2020) y “es lo más importante del grupo Bimbo” (Supervisora de ventas, 2020), esto es lo que se conoce como “filosofía Bimbo”. Ser humanista implica que la organización se plantee a sí misma, en su discurso, estar más allá de un interés económico: “como que no es solo negocio (…) no solo por lo económico (…) que no se vea que es solo dinero pues (…) eso es ser humanista” (Vendedor, 2020). En esta misma línea, la filosofía Bimbo señala que “las personas no son ningún recurso” (Gerente de ventas, 2020).

Sobre este lenguaje se puede decir que plantear una articulación entre lo económico y las personas tiene una función persuasiva, su intención es lograr que el locutor pueda convencer al receptor de que la acumulación de capital puede ser amigable con el ser humano. Sin embargo, justamente evocar este discurso implica afirmar que en la práctica si existe una tensión en donde lo económico está por encima del bienestar humano. 

1.3. Lenguaje económico-productivo

A través del mito fundacional de la empresa se observa la contradicción inmanente entre el interés económico y la convicción religiosa del servicio. Por ejemplo, las voces de los primos al fundar la compañía con Lorenzo Servitje representan este interés económico, “va adelante mientras hagamos plata vale, va” (CEO, 2020). La productividad se articula al lenguaje religioso al ser entendida como una fuerza del bien por los efectos que se derivan de ella. El lengua humanista frente al productivo, puede ser visto como un manto que cobija y “aliviana” los efectos adversos que puede tener esta visión productiva del bien sobre el bienestar humano.

Pese a que el discurso plantea una humanización en el sistema de acumulación de capital en la organización, este solo se plantea desde los procesos comunicacionales, pese a ello, se podría hablar aquí de una deshumanización del trabajo por la vía de la autoexplotación. Esta última toma un camino distinto al bienestar humano al cortar su tiempo de ocio. Sumado a ello es una afrenta para el bienestar humano en cuanto de allí pueden derivar estados psicológicos y emocionales que afecten las condiciones de vida de los trabajadores. Finalmente, este lenguaje tiene una función legitimadora de un sistema de acumulación que demanda a los trabajadores altas horas de trabajo.

1.4. Lenguaje de liderazgo.

El lenguaje de liderazgo se relaciona con el lenguaje humanista en un primer momento, al ser este último una capacidad que deben tener los líderes en la organización para poder guiar a sus dirigidos de una manera blanda y asertiva, por ejemplo, en sus formas de hablar y preocuparse por los trabajadores, en un contexto donde pueden surgir los efectos de un lenguaje de alta productividad, como el estrés y el agotamiento mental, entre otros. Igualmente, el lenguaje productivo tiene un rol importante en el desarrollo del lenguaje de liderazgo, especialmente en la necesidad de generar desde este último, procesos de motivación y arraigo. Respecto a la motivación, se puede decir que el liderazgo es entendido como la “capacidad”, que tiene el líder de lograr despertar en “la gente ese ánimo para dar lo máximo de él o de ella hacia hacer las cosas bien” (CEO, 2020) y el “poder de hacer que tu equipo te pueda seguir (…) de convencerlos [a los trabajadores] de subirse al barco y ponerse la camiseta” (Supervisotra de ventas, 2020).

La función que cumple este lenguaje dentro del discurso es enfocarse más hacia los trabajadores y al gobierno de ellos. Igualmente, tiene la función de desarrollar las respectivas disciplinas necesarias para que los trabajadores regulen sus emociones ante el lenguaje productivo. En últimas, este lenguaje pretende ser un promotor positivo de la alta productividad demandada por el sistema de acumulación capitalista de la organización.

2. La instrumentalización del trabajo

2.1.      El trabajo como medio y el trabajo como fin (la metáfora de sisifo)

De acuerdo con Thomson, Gill y Goodson (2020), la metafora del mito de sisifo es interesante si se le observa de una manera distinta a la convencional. Usualmente sobre este personaje mitológico se ha construido una historia en la cual se destaca el objetivo de Sisifo de llegar a la cima, uno que por castigo de los dioses nunca puede cumplir y en cambio es arrastrado infinitamente a arrastrar una piedra con dolor y sufrimiento. Sin embargo, nos señalan los autores que si se le diera un giro a este mito y Sisifo disfrutara el arrastre de la piedras, no se estaría hablando efectivamente de ningún castigo sino más bien de una acción de deleite en esta tarea infinita, la cual incluso agradecería a los dioses. A partir de esta lectura los autores ponen sobre la mesa el problema de la valoración del trabajo como medio y el trabajo como fin.

Partiendo de esta reflexión construida en torno al mito de Sisifo, se puede establecer una crítica a lo que se conoce como la racionalidad instrumental en el mundo del trabajo (Thomson, Gill, & Goodson, 2020), desde la cual se valora en mayor medida los objetivos de las actividades. Desde esta racionalidad, estas últimas son tratadas de manera instrumental, es decir, se les niega el valor que tienen en sí mismas y en cambio se les valora como medios, entendiendo estos como algo que es causalmente necesario para lograr un fin (Thomson, Gill, & Goodson, 2020). De esta manera se dice que las actividades tienen un valor instrumental que niega su valor intrinseco (Thomson, Gill, & Goodson, 2020). En esta forma de valoración, las actividades laborales son evaluadas por medio de concepciones instrumentales como la eficiencia, el ahorrro y la utilidad que estas tienen para lograr los objetivos consignados en el trabajo (Thomson, Gill, & Goodson, 2020). En otras palabras, los fines del trabajo solo son establecidos sobre la rentabilidad de la concepción instrumental del trabajo (Thomson, Gill, & Goodson, 2020). Para el caso aquí estudiado, el grupo empresarial Bimbo, esta concepción del trabajo como medio puede ser identificado a partir de su discurso empresarial que especificamente reza “ser altamente productiva y plenamente humana” (CEO, 2020), sentencia que se establece como el “el motivo y propósito de la empresa” (CEO, 2020). 

Esta alta productividad cobra legitimidad dentro del discurso oficial por medio del lenguaje religioso y humanista, de tal forma que una alta productividad es justificada porque por medio de ella se lograría: “pagar impuestos (…) alimentar lo más barato posible (…) pagar buenos sueldos (…) vender más barato (…) sirviendo a los de afuera (…) [tener] salarios completos, justos y oportunos” (CEO, 2020). Por otro lado, los bajos niveles de productividad van en contravía de hacer el bien, la poca productividad “tira recursos del mundo [y] el mundo no tiene por qué pagar” (CEO, 2020). Pese a que para algunos trabajadores el humanismo y la productividad no son cosas compatibles: “Don Lorenzo como que estamos hablando de dos cosas diferentes la productividad y ser humano” (Gerente de ventas, 2020), desde el discurso oficial se insiste en su articulación, siendo este humanismo una forma de llegar a los resultados a traves de un gobierno “blando” del trabajo: “no, uno tiene que ser firme al exigir los indicadores, pero lo tiene que hacer de un modo blando" (Lorenzo Servitje en Gerente de ventas, 2020). Es de esta manera que la alta productividad eufemizada con una cara humana de la actividad laboral se constituye desde el discurso oficial como un valor intrínseco y por lo tanto se da la posibilidad de ver un fenómeno de instrumentalización del trabajo, es decir, uno que se configura en esta meta productiva.

2.2. Autoexplotación o autoinstrumentalización

Hasta el momento se ha observado como desde el discurso empresarial el trabajo en la compañía Bimbo toma formas instrumentales al colocar como objetivo misional la alta productividad, en lo que sigue se analizarán las implicaciones que tiene para las personas esta alta productividad, es decir cómo a través de fenómenos de autoexplotación se puede hablar de la autoinstrumentalización del trabajador de Bimbo.

Partiendo de la idea de que la racionalidad instrumental plantea que debemos solamente ser eficientes (Thomson, Gill, & Goodson, 2020), se puede discutir como la ideología de la alta productividad inscrita en el discurso empresarial configura el valor del trabajador como persona, específicamente en la manera en como ella se valora a sí misma en función de sus resultados productivos (Thomson, Gill, & Goodson, 2020). Es así, que al apropiar esta ideología el trabajador cae en prácticas de autoexplotación, entendiendo esta última como una condición en la que las personas crean exigencias excesivas por sí mismas para poder cumplir con las demandas de los empleadores, mantener y mejorar su desempeño o terminar el trabajo en los tiempo establecidos (Schaurich y Perrone en Góngora, 2018), lo cual puede llevar a efectos nocivos como por ejemplo la adicción al trabajo (Fougère, 2010) (Prichard, 2002) o la compulsiva presencia en el lugar que se labora (Prichard, 2002). Lo cual, claramente lleva a que el trabajador sea un sujeto solo instrumentalmente valioso (Thomson, Gill, & Goodson, 2020). Este tipo de prácticas se hacen evidentes en las narrativas del CEO de la compañía al crear exigencias a sí mismo relacionadas con su jornada laboral, de tal manera que reconoce ciertas actitudes y hábitos en el trabajo, como por ejemplo “que se note que fui yo el que fue a trabajar y no otro (…) y cuando me fui en la noche que yo fui el que la cerré, y que no fue mi compadre y que se note que fui yo el que puso la huella digital ese día” (CEO, 2020).

2.3. Placer y trabajo: un camino a la instrumentalización

Una vez se ha analizado como desde el discurso empresarial del grupo Bimbo se da vía a la instrumentalización del trabajo y la autoinstrumentalización del trabajador, en las siguientes líneas se desarrolla la relación que existe entre el placer y el trabajo. En el pensamiento de los utopistas, especificamente en la figura de Ruth Levitas (2011), se discute la centralidad que tiene el placer en el trabajo, frente a esta relación se ha planteado la idea de ver al trabajo como una fuente de placer que aporta a la autorrealización, en la medida en que permite superar la instrumentalización (alienación) del trabajo (Levitas, 2011). El placer por el trabajo, siguiendo la metafora de Sisifo, lleva a pensar la alegria que puede producir la actividad laboral (Levitas, 2011), por ejemplo, si Sisifo gustará de rodar piedras gosaría de este sentimiento atractivo y positivo hacia el trabajo, y tumbaría aquel desencanto y vacio que la actividad productiva podría generar (Damian, 2007) cuando esta no es un fin en sí mismo. Sin embargo, que el trabajo sea una fuente de placer no necesariamente es una condición suficiente para que el trabajo y el sujeto superen la instrumentalización. Se argumenta aquí que el placer por el trabajo puede llegar a ser una forma de instrumentalización de este último y del trabajador, como se puede observar en el caso del discurso y prácticas del trabajo emprendedurista. 

Al estudiar la industria creativa y artística en jovenes profesionales de clase media en el reino unido (McRobbie, 2016), se ha problematizado la relación entre el trabajo y las emociones, por ejemplo, se ha mostrado como su influencia y su gestión son parte de una nueva ciencia del management frente al gobierno del trabajo (Zangaro, 2011). Desde allí se constituye lo que es una demanda dentro del pensamiento neoliberal de carácter emprendedursista, esto es, una apego afectivo al trabajo en la figura de una trabajador apasionado (McRobbie, 2016). La demanda de esta apego afectivo en un contexto de alta productividad como lo es el caso del Grupo Bimbo. En donde como ya se ha mencionado se instrumentaliza el trabajo y el trabajador por la vía de una autoexplotación, la figura de este trabajo apasionado puede operar como una fuerza coactiva que enmascara la desilusión, el agotamiento o la desmotivación que genera la alta productividad, su lado oscuro (McRobbie, 2016). En otras palabras, se estaría hablando de una pasión por la alta productividad.

El trabajo sobre las emociones desarrollado desde el discurso empresarial y sus prácticas formativas en el grupo Bimbo, hace que estas se constituyan en un medio más que en un fin, pues el efecto motivacional generado tiene como objetivo la productividad, ya que una vez “comprado el boleto [apropiada la creencia y la pasión] de lo que vamos a hacer (…) es que van a hacer las cosas que nos toca hacer económicamente, hacer pan, distribuirlo y cobrarlo” (CEO, 2020). Estas expresiones de trabajo apasionado son expresadas por los altos directivos de la compañía, que pese a haber señalado, como se vio anteriormente, la carga pesada que puede ser esta alta productividad, señalan que “hay gente que disfrutamos eso [refiriéndose a la demanda laboral]” (CEO, 2020). 

La condición emocional del trabajador al ser un medio para el objetivo productivo, es vigilada y controlada en la organización. Es así que una de las tareas de los directivos en sus interacciones cotidianas con los trabajadores es observar “el estado anímico en el que te encuentras” (Vendedor, 2020) y así, “el líder detecta (…) que algo está pasando” (Supervisora de ventas, 2020), por ejemplo, en casos como “cuando a lo mejor perdió a un ser querido o ve que ya no está rindiendo igual” (Supervisora de ventas, 2020). Para la gestión institucional de las emociones de los trabajadores, la compañía ha dispuesto un Curso de Superación Personal (CUSUPE) el cual opera de manera terapéutica para influenciar la motivación intrínseca por el trabajo y reconstruir esta satisfacción y pasión laboral. En esta operación de vigilancia, a CUSUPE “normalmente mandan a la gente más antigua” (Supervisora de ventas, 2020) ya que esta población “es aquella que ya está como aburrida, ya que nada más viene al trabajo por impulso” (Supervisora de ventas, 2020). Para el caso de la supervisora de ventas, su llegada al curso ocurrió porque “a lo mejor mi supervisor en ese momento detecto algo que estaba pasando (…) como que vio que necesitaba un giro, una motivación o encontrarme conmigo misma” (Supervisora de ventas, 2020). 

Sobre este último punto, la motivación intrínseca por el trabajo y conocerse a sí mismo como sujeto en el mundo laboral, implica hacerse preguntas ontológicas sobre el trabajo, que están insertas en CUSUPE: “¿por quién trabajas? o ¿por qué trabajas realmente?” (Supervisora de ventas, 2020). Hasta cierto punto, las respuestas que el trabajador realiza frente a estas preguntas se instrumentalizan, primero porque la respuesta a esta pregunta es orientada y predefinida por la institucionalidad y segundo porque el fin es trabajar bien en un contexto de alta productividad “nosotros deberíamos responder que trabajamos por nosotros mismos, para estar bien nosotros mismos, porque si estamos bien, pues vamos a poder trabajar bien” (Supervisora de ventas, 2020).

Este trabajo sobre el autoconocimiento y el apego afectivo con el trabajo, pese a los estados emocionales de la alta productividad, se establece como en un deber ser del cual puede depender su permanencia, sin embargo, es al mismo trabajador a quién se le persuade de tomar esta decisión, pues CUSUPE permite “orientar al colaborador a decir no, Bimbo no es para mí, yo no estoy a gusto aquí, me voy a ir” (Supervisora de ventas, 2020). Se observa entonces que el conocimiento que el sujeto produce necesariamente debe revelar una sincera emoción de satisfacción laboral, condición necesaria para que él pueda continuar con su trabajo.

Se problematiza en ello la forma en cómo el placer se ha establecido como un ideal del trabajo y una forma de control y de gobierno en el orden de un proyecto de acumulación de capital como el dado en el grupo Bimbo.  Esto trae como efecto cierto malestar en el trabajo en cuanto se enmascaran las emociones marginales y los estados psicológicos precarios que la ideología de la alta productividad puede generar en los trabajadores. Dado que el trabajador tiene que mostrarse como un trabajador apasionado, pues de ello depende su trabajo, su fachada (Goffman, 2001) debe lograr comunicar emociones y actitudes que hagan visible este placer, debe expresar esa configuración emocional compuesta de lo placentero y lo productivo, de ahí que el trabajador debe domesticar los gestos corporales indeseados que pudieran derivar de la demanda de alta productividad. El performance del trabajador debe ser capaz de controlar la ambigüedad del trabajo en la tensión entre el placer del trabajo y la carga y la presión que este implica, la balanza de la actuación siempre debe estar del lado del placer, allí se ubica el constreñimiento que el discurso opera sobre el cuerpo, una disciplina “humana” que demanda hacer invisibles los efectos negativos del lenguaje productivo y las condiciones laborales que este implica.

Conclusiones:

Lo expuesto hasta aquí permite concluir que no solo el placer por el trabajo es suficiente para superar su instrumentalización, la alegría y la sensación de satisfacción laboral en una empresa de acumulación de capital con una ideología de alta productividad termina siendo parte de la instrumentalización emocional del ser humano por el capital. Sísifo puede gustar de rodar piedras, pero cuando este gustó no es genuinamente voluntario sino exteriormente imputado, este placer es un agobio, Sisifo, no solo no puede decir que no gusta de rodar piedras, sino que ahora debe rodar piedras insatisfecho, con una sonrisa en su rostro, mientras el producto de su trabajo es apropiado por los Dioses que lo han condenado a trabajar de manera intensa. El placer por el trabajo debe darse en condiciones ajenas a la autoexplotación que el capitalismo actual de tipo emprendedor propone, debe garantizar condiciones de bienestar frente a este placer y no debe ser un placer que instrumentalice al ser humano únicamente por la alta productividad.

Bibliografía:

Bajtin, M. (1991). La palabra en la novela. En M. Bajtin, Teoría y estética de la novela (págs. 77-148). España: Santillana S.A.

Damian, A. (2007). El tiempo necesario para el florecimiento humano. La gran utopía. Desacatos, 125-146.

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Palabras clave:

Emprendedurismo, Trabajo, Discurso.

Resumen de la Ponencia:

La ponencia parte del marco analítico producido en el campo de estudio sobre el bandolerismo social, los imaginarios y la memoria y explota los documentos del Archivo Germán Guzmán-AGG-. Dicho archivo es el acervo documental más importante construido en Colombia sobre el conflicto entre los partidos políticos Liberal y Conservador conocido como La Violencia, que se desarrolló entre los años 1946 y 1958 y que dejó aproximadamente 183.000 muertes. Construido gracias a la labor del padre Germán Guzmán durante cerca de treinta años, su origen se remonta a la conformación de la primera comisión de los orígenes de La Violencia en Colombia también conocida como la Comisión de Paz o como la Investigadora que la Junta Militar de Gobierno, surgida en el año 1958, después de la renuncia del general Rojas Pinilla,  creó mediante el Decreto 165  del 21 de mayo de 1958 , con miras a  llevar a cabo un "estudio directo" de "aquellos departamentos o regiones del país más afectados por el desorden y la delincuencia", para que identificara "el conjunto de móviles determinantes de estos fenómenos y su perduración"(Artículo 1). Contiene más de diez mil documentos[1]. La ponencia establece un estado del arte sobre los estudios latinoamericancos más recientes sobre el campo del bandolerismo y la memoria. A continuación, se establece el geografía del bandolerismo Colombia en los años 1960 a partir del número de cuadrillas, sus integrantes, filiación política y armamento. Luego presenta una aproximación sociológica a la fotografía del bandolerismo explotando los miles de fotografías que sobre el fenómeno descansan en el AGG.El bandolerismo en Colombia produjo un número grande de tristemente célebres bandoleros. A partir de los documentos del AGG, la ponencia reconstruye trazos de vida del bandido apodado Sangre Negra, uno de los más “emblemáticos” del bandolerismo colombiano. Finalmente, a partir de la conceptualización sobre la memoria, se establece una aproximación analítica entre las continuidades y discontinuidades históricas del bandolerismo colombiano de La Violencia tardía y el proceso actual de post-conflicto, producido a raíz de la dejación de armas de la guerrilla de las Farc gracias al pacto de paz firmado entre este grupo armado y el gobierno de Juan Manuel Santos el 24 de noviembre de 2016. El incumplimiento de los pactos de paz por parte de los diferentes gobiernos, que produce el rearme de los actores armados y las llamadas actuales disidencias de las Farc, el problema agrario, que sigue vigente en Colombia, la débil institucionalidad o presencial diferencial del Estado en las zonas apartadas y selváticas del país y el papel del narcotráfico se integran al análisis. [1] El archivo se puede consultar en el siguiente vínculo:  https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/14783. 

Resumen de la Ponencia:

El debate sobre cuáles son y cómo se definen las fronteras que delimitan al trabajo –y por ende a los sujetos susceptibles de ser englobados como trabajadores/as- tiene ya largas décadas. En el ámbito latinoamericano, estas discusiones se asentaron en la construcción de diversas categorías que aún hoy se encuentran en tensión -al mismo tiempo que se solapan entre sí- tales como las nociones de “marginalidad”, “informalidad”, “exclusión” y más recientemente “economía popular”. La emergencia de la pandemia del covid-19 y los supuestos que atravesaron a las políticas implementadas para paliar las crisis generadas (sanitaria, social, laboral, etc.) son una clara expresión  de estas tensiones y pueden observarse en medidas tales como: la restricción diferencial de la movilidad a partir de la delimitación de actividades económicas esenciales y no esenciales, la distribución de recursos para sostener el empleo y la transferencia de ingresos para “asistir” a  vastos sectores de la población (entre ellos, quienes se encontraban por fuera de la relación salarial formal). Estas medidas tuvieron impactos diferenciales y  conllevaron una profundización de las desigualdades existentes en los distintos sectores que componen “la clase que vive del trabajo”. Entre ellos, el caso de los/as vendedores/as callejeros, resulta significativo para problematizar los supuestos bajo los cuales se delimitan las fronteras del trabajo así como para analizar las posibilidades y limitaciones que signan a sus estrategias de reproducción.La venta ambulante no solo estuvo prohibida durante el período de restricción a la movilidad, sino que es también una actividad situada en los márgenes de la legalidad. Particularmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, quienes se dedican a vender en la vía pública sufrían diversas vejaciones en el período pre-pandémico asentadas en la persecución policial, la confiscación de su mercadería, la discriminación y altos niveles de precariedad en sus condiciones de trabajo. Estas condiciones se profundizaron durante el período de aislamiento, pero sufrieron también algunos cambios a partir de la paulatina organización colectiva de un conjunto de vendedores/as que colocó el debate por el reconocimiento y el derecho al trabajo en el centro de la escena. En este marco, esta ponencia tiene por objetivo analizar los impactos de la pandemia –y las subsecuentes intervenciones estatales- en los/as vendedores callejeros/as que trabajan en la ciudad, a fin de identificar los puntos de continuidad y ruptura establecidos en las estrategias laborales, reproductivas y comunitarias de estos/as trabajadores/as, en el período 2019-2021. El análisis presentado se sustenta en una investigación de carácter cualitativo que tuvo como principales técnicas de recolección de información a la aplicación de un cuestionario, la realización de grupos focales, la realización de entrevistas en profundidad, la observación en espacios de trabajo y el análisis de material documental.

Resumen de la Ponencia:

O Aterro Sanitário ‘Doña Juana’ (ASDJ) localizado na região periurbana de Bogotá, Colômbia, está produzindo danos sobre os ecossistemas e os territórios habitados por comunidades urbanas e rurais que estão próximas da sua área de influência. Desde o início da sua operação, em 1988, esse modelo hegemônico e capitalista de gestão de resíduos e do lixo no aterro tem causado impactos ambientais, econômicos e sociais, agravados ainda mais, pela produção de catástrofes e emergências sanitárias registradas na cidade que adquirem a forma de crimes ambientais. Desde a perspectiva da ecologia política, esse trabalho busca compreender esse conflito ecológico do lixo e da poluição que se caracteriza pela reprodução qualitativa e quantitativa de uma crise resultante da aceleração do metabolismo social sob a mediação da dissociação da relação sociedade-natureza, ou seja, uma ruptura metabólica. O Estado, as instituições públicas e as empresas privadas responsáveis pela prestação dos serviços públicos de limpeza são agentes principais na reprodução deste conflito que afeta toda a cidade, mas principalmente, comunidades marginalizadas, empobrecidas e vulnerabilizadas. Contudo, após de três décadas de funcionamento, essas comunidades continuam se organizando, mobilizando e lutando pela reparação integral dos seus direitos constitucionais, o encerramento ou adequação do aterro sanitário, e a construção de soluções integrais para um desenvolvimento territorial mais sustentável, saudável e democrático. 

Introducción:

O Aterro Sanitário ‘Doña Juana’ (ASDJ) está localizado na região periurbana do sul de Bogotá, ou seja, entre as fronteiras do campo e da cidade. O ASDJ se instalou e iniciou suas operações no ano 1988, o que marcou um contínuo de mudanças institucionais, reformulações normativas e processos de empobrecimento, marginalização e vulnerabilização da saúde coletiva, a cultura e o ambiente nos territórios habitados por comunidades rurais e urbanas assentadas nas localidades ou áreas de planificação de Ciudad Bolívar e Usme, especificamente, do ‘Mochuelo Alto’ e ‘Mochuelo Bajo’ Da mesma forma, se alterou radicalmente o cotidiano e o conjunto de atividades econômicas baseadas, em boa parte, na produção agrícola e pecuária dessa região. 

Durante as últimas três décadas, essas comunidades atingidas nesses territórios têm vivenciado e testemunhado as transformações ecossistêmicas provocadas pelo prolongado e insustentável enterramento de quantidades massivas de lixo, da produção de líquidos lixiviados e bio-sólidos, e da emanação de gases de efeito estufa (GEE) causados pela acumulação e a decomposição de inúmeros tipos de lixo que são depositados no aterro. Esse território tem sofrido a reprodução de uma ‘paisagem toxica’ (Molano, 2019) com repercussões críticas e complexas que devem ser objeto de estudo, mas de preocupação científica.

A catástrofe sanitária e ambiental do ano 1997 e as sucessivas emergências registradas no período compreendido entre 2000 e 2020, têm mostrado a dimensão crítica e complexa das afetações para a vida, saúde coletiva e as atividades econômicas das comunidades que habitam na área de influência direta e indireta do aterro. Assim, a poluição de percursos hídricos como o Rio Tunjuelito e a degradação das condições atmosféricas e da composição dos solos de antiga vocação agrícola são consequências representativas da operação do ASDJ. 

Desde a perspectiva da ecologia política, esse trabalho[1] compreende que esse conflito ecológico causado pelos resíduos, o lixo e a poluição está caraterizado pela reprodução qualitativa e quantitativa de uma crise resultante da aceleração do metabolismo social nas cidades sob a mediação da dissociação da relação sociedade-natureza. Essa ruptura metabólica tem implicações nocivas e insustentáveis que aprofundam, ainda mais, a crise planetária do lixo e a contaminação, a perda da biodiversidade e a mudança climática – a triple crise planetária – no contexto do desenvolvimento das forças desenvolvimentistas do capitalismo e seu método hegemônico de gerenciar os resíduos e enterrar seu lixo nas periferias das cidades.

Culturalmente os termos de ‘resíduos’, ‘desperdício’ e ‘lixo’ são utilizados como sinónimos, porém, nesse trabalho devem ser entendidos como o resultado do quinto processo do metabolismo social conhecido como de excreção, que se segue ao fluxo metabólico da apropriação, transformação, distribuição e consumo (Toledo e González, 2007; Toledo, 2008; Toledo, 2013). No entanto, “dos resíduos excretados, apenas a matéria que não volta a entrar no circuito metabólico transita dos resíduos para o lixo ou resíduos” (Solíz, 2016, p. 33). De acordo com esta diferenciação, ‘desperdício’ será utilizado como sinónimos de ‘lixo’ e ‘resíduos’ se utiliza para destacar a transição desde sua geração imediata no circuito metabólico, a perda do seu potencial de utilização de energia para a sua reinserção no circuito metabólico e a sua transformação final em ‘lixo’ jogado no local de disposição final.

 

[1] Esse trabalho forma parte da pesquisa de tese doutorado do Daniel Prieto Sánchez no programa de pós-graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ), sob a orientação do prof. Dr. Peter May e do prof. Dr. Cicero Pimenteira. A pesquisa conta com o apoio financeiro do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (PDSE/CAPES).

Desarrollo:

A panorâmica dos resíduos e do lixo

O crescimento da população que acompanha os processos de urbanização incide sobre a demanda dos serviços públicos como a gestão de resíduos, porque significa o aumento do número de usuários e dos volumes de geração de resíduos de diferente tipologia que estão sendo depositados em aterros sanitários, lixões controlados e até vazadouros a céu aberto, se adoptamos a classificação feita pela equipe interinstitucional de Tello et al. (2010). Essa ênfase é relevante, pois as consequências desta gestão em cenários críticos de operação inadequada, tal e como mostram os fatos e o histórico de emergências e catástrofes sanitárias e ambientais nas cidades, produzem afetações na saúde humana que se podem expressar em danos intestinais, dérmicos e respiratórios, como também, em danos ambientais de tipo atmosférico, geomorfológico, hídrico e biótico (Tello et al, 2010, p. 35). 

O estudo dos resíduos na América Latina e o Caribe (LAC) mostra que a região gera 231 milhões de toneladas, ou seja, 0,99 quilogramas diários por pessoa e o 52% destes resíduos são de tipo alimentar e outros orgânicos. Desta maneira, aproximadamente o 52% dos resíduos estão sendo depositados em aterros sanitários com controle ambiental, outro 15% em aterros sanitários sem especificação, um 26,8% recebem tratamento de digestão anaeróbica, um 1,5% são depositados em lixões a céu aberto, e apenas um 4,5% é reciclado e 1% passa por compostagem (Kaza et al., 2018, pp. 53-58). Outros dados globais levantados pela ONU (2018) e relativos à geração e o manejo dos resíduos sólidos urbanos (RSU), indicam que a geração de resíduos na ALC está em constante aumento e aporta quase 10% dos resíduos gerados a nível global. 

Esse relatório da ONU (2018, p. 6) explica que, considerando o 80% de urbanização da região, os dados mais representativos mostram que cada habitante da LAC gera uma média de 1 quilograma diária de resíduos; 541.000 toneladas diárias de resíduos urbanos se produzem na região; 40 milhões de pessoas não tem acesso a coleta de resíduos; 145.000 toneladas se depositam em lixões, incluindo 17.000 toneladas diárias de plásticos; 50% dos resíduos urbanos são orgânicos e um 90% não se aproveitam. Seguindo essa tendência, sob uma perspectiva de business as usual a projeção da geração de resíduos urbanos passaria de 541 mil toneladas em 2014 a 670 mil toneladas diárias em 2050 (ONU, 2018, p. 65). 

Na Colômbia, segundo dados levantados em 2018 pela Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) e o Departamento Nacional de Planeación (DNP), se produzem mais de 11,3 milhões de toneladas de resíduos anuais: 10,8 milhões são depositados em aterros sanitários autorizados (96,01%), 223 mil em lixões a céu aberto e ilegais (1,98%) e 215 mil entre células transitórias e contingentes autorizadas (1,91%) (SSPD e DNP, 2019). Diariamente, o conjunto de 1.102 municípios colombianos deposita uma média de 30 mil toneladas em 308 locais de disposição final distribuídos nacionalmente em 308 locais: 90,20% dos municípios depositam o 97,8% do total dos resíduos sólidos em sítios autorizados e um restante 10,53% jogam 2,2% das toneladas de resíduos em locais não autorizados (SSPD e DNP, 2019, p. 32). Assim, se observa a prevalência da disposição em aterros sanitários. Em contraparte, apenas o 0,1% se dispõem em plantas de tratamento, o equivalente a 11,5 mil toneladas de resíduos anuais (SSPD e DNP, 2019). 

Em Bogotá, no começo da operação do ASDJ – no ano 1988 –  se calculou a disposição final de cinco mil toneladas de resíduos mistos (DPC, 2012).  Considerando o gradativo processo de urbanização das últimas décadas, os dados do ministério público mostram que em Bogotá se produziram mais de 2,3 milhões toneladas anuais de resíduos no ano 2018 (SSPD e DNP, 2019), ou seja, uma média de 6.500 toneladas diárias (t/dia) geradas por uma população de mais de 7,7 milhões.  Esse mesmo ano, os operadores do serviço de aproveitamento cadastraram no sistema único de informações da SSPD e DNP (2019, p. 48) um total de 781.776 toneladas aproveitadas na capital. O ministério público explica que registraram 28 tipos de materiais aproveitados que se distribuem entre seis famílias: papel e papelão (56%), têxtis (29%), plásticos (8%), vidros (4%), madeiras (1%) e metais (1%) (SSPD e DNP, 2019, p. 51). 

Segundo essas informações, se encontra que o cálculo da produção per capita de resíduos sólidos urbanos está dividida em três componentes: resíduos sólidos depositados no ASDJ, materiais ou resíduos potencialmente comercializáveis e a população da cidade (UAESP, 2020, p. 131). Conforme os dados subministrados no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) elaborado pela Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) (2020), a cidade depositou no ASDJ um aproximado de 2,1 milhões de toneladas anuais de resíduos sólidos não aproveitáveis. Desta quantidade, uma média de 88% corresponde aos resíduos domiciliários, um 6% a grandes geradores, o 5% a varrição, 2% a corte de grama y 0,1% a poda de arvores (UAESP, 2020, p. 126). Com relação ao material potencialmente aproveitável (MPA), se produziram um pouco mais de 1 milhão de toneladas, isto é, 3.133 toneladas diárias, ou seja, 0,405 quilogramas diários por pessoa (UAESP, 2020, p. 132). A composição dos MPA se divide em resíduos orgânicos, (51,32%) plásticos (16,88%), celulosas (13,67%) têxtis (4,54%), vidros (3,67%) e um restante de madeiras, metais, complexos, inertes e perigosos domiciliários. 

Desse modo, o metabolismo de Bogotá gera mais de 3,1 milhões de resíduos anuais. A consolidação dos dados do 2020 mostram que se depositaram 6.500 t/dia produzidas pela população da cidade, quer dizer, umas 0,8 quilogramas diários por pessoa (UAESP, 2020, p. 131). Cabe ressaltar que esse aterro também recebe mais 2.000 t/dia produzidas em sete municípios vizinhos que utilizam esse local de disposição final (JICA, 2013). Portanto, se calcula uma produção diária total de 8.500 t/dia de resíduos (UAESP, 2020, p. 68) gerados por uma população que supera as 8 milhões de pessoas. 

Esse modelo de gestão de resíduos tem um componente de aproveitamento, através de um esquema de coleta seletiva realizada por organizações de trabalhadoras e trabalhadores da reciclagem e empresas autorizadas. A UAESP (2020) informa que na cidade há um conjunto de armazéns de MPA de caráter privado (719) e público (9). Aliás, existem Estações de Classificação e Aproveitamento (ECA) (580 em total) que por definição “são instalações tecnicamente desenhadas com critérios de engenharia e eficiência econômica, dedicadas à pesagem e classificação dos resíduos sólidos aproveitáveis, através de processos manuais, mecânicos ou mistos” (UAESP, 2020, p. 40) sob a fiscalização das autoridades públicas ambientais e sanitárias.

A catástrofe e a crise qualitativa e quantitativa do lixo

Conforme a engenheira Awazacko (2014, p. 46), a área rural para a instalação do ASDJ se escolheu pela sua grande extensão territorial e sua capacidade para a disposição final de resíduos, suas condições geomorfológicas do terreno, a factibilidade da área para receber diferentes tipos de resíduos, a baixa produtividade agrícola e de densidade da população local. Em termos ecossistêmicos, esta área forma parte dos limites da reserva natural conhecida como o Páramo de Sumapáz, um ecossistema fundamental. Conforme com o Instituto Humboldt (2007), os páramos se caracterizam por sua biodiversidade, a capacidade de fixar carbono atmosférico e, especialmente, pelos seus recursos hídricos, pois são áreas de produção de processos de armazenagem e regulação hídrica e aquífera. Em síntese, os paramos são uma fonte da vida. 

Mapa 1. Localização do Aterro Sanitário ‘Doña Juana’

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Molano (2019) destaca que a decisão pública de instalar o aterro nessa região se sustentou em um estudo técnico elaborado por engenheiros sanitários. Dessa forma, se prometeu a implementação de um modelo de modernização da gestão dos resíduos e de transformação da paisagem do sul de Bogotá que, após de vinte anos de vida útil, acabaria sendo uma zona verde para o uso e bem-estar da população local. Três décadas depois o ASDJ continua funcionando e, em 2019, a Prefeitura decretou a prorrogação da sua vida útil até o ano 2050, apesar dos antecedentes históricos e dos sucessivos erros da operação.

A análise histórica de Molano (2019) demonstra que essa decisão pública se orientou mais por motivações políticas classistas e excludentes, mas não técnicas. Apesar dos estudos técnicos que sugeriam a instalação de quatro aterros sanitários distribuídos espacialmente no Norte, Ocidente, Sul-oriente, Sul-ocidente da cidade, a Prefeitura e os órgãos responsáveis descartaram essas opções distributivas para a operação da disposição final. A Prefeitura argumentou que requeria um gasto público insustentável, mas a decisão obedeceu a que a população de altos ingressos que morava na zona norte representava uma poderosa oposição em termos políticos, eleitorais e econômicos. Como resultado, se escolheu a periferia sul com base em estudos técnicos predeterminados que sustentaram a tomada de decisão administrativa, mas sobre todo, porque no horizonte da correlação de forças políticas, as classes baixas da periferia representavam uma menor oposição contra a instalação do ASDJ.

O cálculo político e econômico prevaleceu por acima do componente técnico e socioambiental. A localização espacial dos bairros marginalizados e empobrecidos no sul de Bogotá significou uma menor resistência social e política à instalação do ASDJ. Como efeito colateral, isto impactou sobre o mercado de terras urbanas e rurais e criou-se um cenário de disputa entre os interesses dos grupos de poder locais que vieram no aterro sanitário uma oportunidade e uma ameaça para sua dinâmica clientelista. Na esfera política do Estado revelou-se a dimensão clientelista no interior da empresa pública de limpeza de Bogotá em consequentemente, na apertura do ASDJ em 1988 e a posterior liquidação e privatização da empresa em 1989. 

A transformação socioambiental não foi menor. A instalação do ASDJ significou a alteração dos solos e modificação das fontes hídricas próximas e os aquíferos subterrâneos em cloacas de águas de esgoto e resíduos misturados. Com esta ação antrópica se deslocou a fauna e flora endógenas e preexistente e se geraram a condições para a reprodução de vetores de risco para a saúde humana, como moscas e ratos. Paralelamente, a construção e operação do ASDJ provocou um processo de urbanização informal, irregular e ilegal na sua área próxima, pois as famílias camponesas que moravam e produziam nessa área se vieram obrigados a vender suas a terras a terratenentes urbanos por baixo do preço real de cada hectare. Assim, se instalaram bairros sem nenhum tipo de planejamento e controle do Estado, mas com todos os riscos sanitários derivados do funcionamento do aterro. 

Os bairros marginalizados cresceram sob a mesma dinâmica de crescimento urbano da cidade. Como efeito deste processo de urbanização em Bogotá e a ampliação dos limites urbanos e sua pressão sobre as fronteiras rurais, veio o aumento no volume de resíduos e, assim, os erros visíveis da operação de disposição final de resíduos no ASDJ: disposição inadequada, péssima compactação e cobertura do lixo (MOLANO, 2019, p. 140). Apesar das tentativas de manutenção tecnológica e adequação da operação, a catástrofe no aterro estava anunciada. 

A catástrofe sanitária e ambiental do ano 1997 impactou as comunidades que habitam a área da influência direta e indireta do ASDJ. Essa catástrofe sem antecedentes no país chegou a paralisar essa região periurbana e as atividades de prestação de serviço público de limpeza em Bogotá e os municípios que depositavam seus resíduos e o lixo no aterro. Conforme com a Defensoría del Pueblo de Colombia (DPC), a gestão dos resíduos e do lixo modelada, em parte, pela variação dos desenhos da operação e as progressivas mudanças topográficas no terreno de disposição final, acabaram provocando o vazamento de quase 1,2 milhões de toneladas de resíduos misturados (DPC, 2012) em apenas uns minutos. 

Essas toneladas de lixo refluíram rapidamente com ajuda dos líquidos lixiviados e, no caminho, derrubaram e arrastraram arvores, pedras e até máquinas pesadas utilizadas na operação do aterro. Como mencionado, na época ingressavam quase 5.000 t/dia de resíduos e lixo misturado no aterro, portanto, em poucos minutos se vazaram mais da metade das toneladas enterradas anualmente. O ASDJ pareceu um vulcão em erupção que expulsou quantidades massivas do lixo desde o fundo da terra, deste modo, provocando graves impactos sociais, sanitários e ambientais.  

De acordo com os relatórios do ministério público, essa catástrofe provocou a contaminação de fontes hídricas por causa dos lixiviados e a degradação dos solos atingidos, pois ficaram cobertos por toneladas de lixo misturado. Da mesma forma, a exposição dos resíduos a céu aberto gerou um ambiente toxico que causou afeções a sobre a saúde de quase 30.000 pessoas distribuídas em sete áreas rurais e novecentos bairros urbanos de Usme e Ciudad Bolívar, pois provocou problemas respiratórios, alergias, vômitos, erupções cutâneas nas pessoas vítimas, principalmente, nas crianças, como consequência da emanação de gás sulfúrico, metano, amoníaco e enxofre (Corte Constitucional de Colombia, 1998, 2008; DPC, 2012; Consejo de Estado, 2014). Os efeitos dessa situação catastrófica permaneceram ao longo de semanas, meses e anos. As toneladas de resíduos expostos não somente provocaram a aparição de vetores como ratos, baratas e mosquitos, mas danos materiais e patrimoniais.

Nesse momento, essas duas localidades estavam caraterizadas como territórios de produção de atividades tanto agrícolas quanto urbanas, além de ser tipificadas como parte da periferia empobrecida, marginalizada e excluída de Bogotá. O censo demográfico mais recente da cidade, mostra que na região vivem cerca de 343.000 habitantes em Usme e outras 748.000 pessoas em Ciudad Bolívar (Distrital, 2018). Segundo o órgão responsável pela limpeza da cidade, a Unidade de Administração Especial de Serviços Públicos (UAESP), as estimações sobre a disposição final do lixo calculam que o aterro recebe atualmente mais de oito mil toneladas diárias, geradas em Bogotá e mais sete municípios que dependem do ASDJ (UAESP, 2021). 

Nesse contexto de incomensuráveis estragos, as vítimas dessa catástrofe começaram um processo de organização política e comunitária que iniciou uma dinâmica de mobilização coletiva e prolongada em busca da reparação integral dos seus direitos vulnerabilizados, através de um processo jurídico de Ação de Grupo[1] em 1999, contra o Estado, a Prefeitura e o consorcio privado que gerenciava o ASDJ nesse momento, Um grupo de vítimas conformado por 1.472 pessoas (DPC, 2012) impulsionou essa Ação de Grupo que dinamizou a abertura de um processo no judiciário, sob o acompanhamento de organizações da sociedade civil, defensores advogados e vereadores municipais e representantes no Congresso dessa época. A agrupação estava integrada por habitantes das localidades de Ciudad Bolívar e Usme que tiveram suas vivendas atingidas, pois se situavam na área de primeiro nível de impacto da catástrofe, isto é, num diâmetro de influência de 0 a 1.500 metros (Consejo de Estado, 2014). O objetivo da sua Ação de Grupo exige o reconhecimento das vítimas e a indemnização dos prejuízos sofridos por causa da catástrofe ambiental e sanitária ocasionada pelo vazamento dos resíduos do ASDJ. 

Além da reparação individual e coletiva, essa luta jurídica e política questiona e exige a reforma e reformulação da política de desenvolvimento local e da gestão de resíduos. Nesta perspectiva, se está questionando a operação do aterro e sua existência mesma, ou seja, tanto a avaliação para o encerramento do ASDJ, quanto reestruturação do sistema do serviço de limpeza pública e, principalmente, do seu componente de disposição final dos resíduos. Isso significa uma demanda social e política pela transição direcionada para implementar um modelo integrado de gestão que adopte novas técnicas e tecnologias de aproveitamento de resíduos. 

Conforme a Ação de Grupo, as toneladas de lixo espalhado pela região foram coletadas e depositadas em uma área auxiliar situado no mesmo terreno do funcionamento do ASDJ. Porém, embora o contrato de concessão exigisse uma área para atender esta classe de emergências, as evidenciam indicam que o aterro sanitário não estava pronto para confrontar nenhuma emergência (DPC, 2012, p. 9) e muito menos, para atender uma crise dessas proporções. Esse elemento crítico reforça as evidências sobre a cadeia de anormalidades e irregularidades de tipo técnico, administrativo e ambiental que envolve aos órgãos responsáveis. Ainda mais grave, revelou a negligência no trabalho de fiscalização ambiental e sanitária da Prefeitura de Bogotá e sobretudo do órgão responsável pelo sistema de gestão dos resíduos. 

Organização, mobilização e luta prolongada 

A mobilização das comunidades de Usme e Ciudad Bolívar permanece nesses territórios e o processo jurídico para a reparação integral continua em andamento e confrontando as tentativas do Estado para normalizar e reduzir a dimensão da crise do lixo na cidade a um assunto a ser resolvido somente pela via técnica e tecnológica. Essa mobilização comunitária de mais de duas décadas também se tem materializado no aumentou do número de pessoas e famílias que se autodeclaram e reconhecem como vítimas da catástrofe de 1997. Atualmente, se contabilizam mais de 631 mil solicitudes de reparação individual de direitos, segundo os dados públicos do portal da DPC, e após de duas décadas, continuam se reproduzindo as condições que determinaram a catástrofe de 1997 e ainda se obstaculizando as medidas de reparação integral dos direitos das comunidades vítimas. 

Em outubro de 2015, se vazaram cerca de 750 mil toneladas de lixo misturado do ASDJ, o que obrigou à Prefeitura de Bogotá a decretar o estágio de emergência sanitária e ambiental (Revista Semana, 2015; El Espectador, 2015). Dessa vez, o vazamento somente atingiu a estrutura dos solos na área de operação do aterro, mas a exposição de resíduos ao céu aberto provocou a proliferação de odores nauseabundos e vetores de contaminação. Novamente, as comunidades rurais e urbanas vizinhas foram atingidas pelas falhas na operação. Diante da emergência, os moradores locais relembraram a tragédia de 1997 e saíram a se manifestar sua inconformidade e protestar com bloqueios nas ruas de acesso, mais uma vez, demandando a reparação e mitigação dos danos sanitários e ambientais causados pelo aterro.

Em reportagem com o jornal El Espectador (2017d), o senhor José Alonso Diaz, quem mora a 200 metros do ASDJ e trabalha como agricultor, denuncia que sua casa está invadida pelos mosquitos e comenta que quando o clima supera os 12 graus centigrados, ele sente que está morando no aterro sanitário mesmo. Isto acontece porque os ciclos de calor podem estimular o aumento da reprodução de vetores contaminantes e emanação de odores e gases, mas, no caso contrário, em dias frios ou com chuva baixa a intensidade dos odores e do número de mosquitos. Como ele, várias famílias agricultoras que vivem nesta área rural da cidade são atingidas pela operação do aterro, enquanto intentam trabalhar a terra para produzir alimentos em um território que tem comprometidas as condições sanitárias e ambientais do solo, as fontes hídricas e a atmosfera. E esses alimentos produzidos pelas famílias agricultoras e sob essas condições indesejáveis para elas, chegam a ser distribuídos e comercializados nos mercados alimentares da cidade de Bogotá e municípios vizinhos da região. Desse modo, é possível perceber, por um lado, que a crise do lixo atinge o modo de produção e consumo das comunidades locais e, por outro, que gera alterações na cadeia trófica, pois parte desses alimentos podem significar riscos para a saúde de comunidades na região e do resto dos consumidores. 

Em agosto de 2017 se registrou mais uma emergência, pela qual os habitantes das comunidades rurais do ‘Mochuelo Alto’ e ‘Mochuelo Bajo’ se manifestaram contra da operação do ASDJ e exigiram seu encerramento definitivo. A comunidade realizou bloqueios das vias de acesso e saída do aterro e exigiram a presencia dos funcionários dos órgãos responsáveis pela limpeza pública. Dessa vez, se denunciaram as degradantes condições sanitárias e ambientais que afetavam seu território e se posicionaram contra da iniciativa do Governo de Bogotá 2016-2019 de prorrogar a vida útil do aterro. Um dos principais objetivos do plano exigia a expansão territorial do local para ampliar a capacidade para disposição final de lixo. Apesar da demanda social, a prefeitura aprovou a prorrogação até o ano 2070 e, desta forma, a expansão da área de operação passou de 130 hectares para 200 hectares (El Espectador, 2017d).

O Governo de Bogotá 2016-2019 se comprometeu, mais uma vez, a mitigar os impactos da poluição, a reduzir os custos e fortalecer a fiscalização ambiental da operação do aterro, um ano depois, em julho de 2018, o órgão público responsável pelo saneamento básico autorizou o aumento da tarifa do serviço de limpeza pública (El Espectador, 2018) para suportar o aumento dos custos associados à gestão de resíduos no aterro. Este aumento da tarifa que tem de pagar os usuários do serviço invisibiliza as demandas das comunidades, pois seu objetivo não é propriamente mitigar a contaminação e os danos ocasionados, senão arrecadar mais recursos para que a concessão privada possa resolver seus problemas técnicos e tecnológicos da infraestrutura do aterro incorporando ‘mecanismos de desenvolvimento limpo’ para gerenciar o lixo. Ao mesmo tempo, o aumento no orçamento da empresa privada que presta este serviço também é um estímulo institucional para que o órgão consiga cumprir com os requisitos para o outorgamento do licenciamento ambiental necessário para prorrogar a vida útil do aterro.

Recentemente, o cenário de emergência voltou a se repetir em abril de 2020, isto é, no meio da pandemia da Covid-19. Os relatórios da UAESP (2020b) mostram a deficiente operação do ASDJ em mãos do consorcio privado e os impactos sobre a população mais próxima, pois houve uma remoção de 60.000 toneladas de lixo geradas por uma fratura superficial do solo e, dessa forma, a liberação de gases, odores nauseabundos e vetores tais como mosquitos e ratos.

O ASDJ faz parte do conjunto de equipamentos urbanos e rurais de Bogotá e desde a perspectiva da administração pública, sua função consiste em contribuir no desenvolvimento da cidade, em termos de garantir o saneamento básico da cidadania e especialmente, com o serviço de limpeza e gestão de resíduos. Em palavras do Molano (2019), de sua instalação o aterro tinha uma função política, econômica e simbólica que consistiu em servir de agente de modernização, já que seus “planos incorporaram modelos tecnológicos que deviam garantir eficiência, conforto e bem-estar” (MOLANO, 2019, p. 128). Não obstante, a construção da memória histórica socioambiental com relação à operação do aterro mostra que, aquilo que foi planejado para ser uma solução sanitária até o ano 2000 e um suposto eixo da transformação paisagística da zona sul da cidade, só provocou uma paisagem tóxica (MOLANO, 2019).

 

[1] Segundo a Corte Constitucional da Colômbia (1998; 2008), a Ação de Grupo é um mecanismo jurídico que faz referência aos direitos constitucionais fundamentais, os direitos coletivos e os direitos subjetivos de origem constitucional e legal. A Ação de Grupo constitui uma ação indenizatória que visa a reparação de danos ocasionados pela vulneração destes direitos e a simplificação e eficiência da administração de justiça quando um evento massivo atinge a um grupo de indivíduos, em circunstâncias iguais.

Conclusiones:

As comunidades rurais e urbanas do sul de Bogotá continuam se organizando, mobilizando e lutando pela reparação integral dos seus direitos constitucionais, o encerramento ou adequação do aterro sanitário e a construção de alternativas. Se trata de uma resistência prolongada de mais de duas décadas contra os determinantes institucionalizados, injustos e violentos que reproduzem e intensificam essa crise ambiental e sanitária decorrente do lixo e a poluição. Essa crise e suas injustiças continuarão se reproduzindo, logo da decisão pública, unilateral e impositiva de ampliar o terreno e estender a vida útil do aterro. Nesse sentido, a tomada de decisões políticas e institucionais sobre o serviço de limpeza e o sistema gestão de lixo e resíduos impactam à cidade toda e, no fundo, se estruturam sobre a negação dos direitos das comunidades atingidas e a reprodução das injustiças social, sanitária e ambiental. Aliás disso, do aprofundamento de uma ruptura metabólica que continua degradando cada vez mais o bem viver das comunidades e intensificando a produção da paisagem tóxica dos seus territórios e agravando os conflitos pela terra nessa região da cidade.

Atualmente, essas comunidades ainda aguardam a reparação real, enquanto continuam sendo vulnerabilizadas, subalternizadas e obrigadas a vivenciar as consequências sobre a saúde coletiva e o meio ambiente decorrentes da operação do ASDJ. A proliferação de vetores e odores nauseabundos, o ingresso diário de milhares de toneladas e o vazamento de lixiviados continuam propiciando as condições insalubres e de degradação ambiental. Entretanto, a política pública continua privilegiando a disposição final de resíduos e lixo nos aterros sanitários por cima de alternativas de gestão mais sustentáveis e saudáveis como o tratamento e aproveitamento de resíduos sólidos para sua reincorporação no circuito do metabolismo social e a diminuição das quantidades de lixo depositadas no aterro.  

Nesse processo de mobilização tem surgido iniciativas e projetos comunitários e populares como resposta a esses conflitos associados com o aterro sanitário, da expansão urbana pouco planejada e das atividades extrativistas de mineração legal e ilegal nesses territórios. O panorama mostra projetos de agroecologia e alternativas práticas de aproveitamento de resíduos orgânicos, ou seja, desperdícios maioritariamente alimentares para a elaboração de fertilizantes orgânicos, mediante técnicas de baixo custo – como a compostagem e a minhocultura – no nível domiciliar, multifamiliar e da pequena produção agrícola (Cantor, 2009; Awazacko, 2014; Hernández e Rojas, 2015; Franco, 2016; UAESP e SIPAF, 2016; Antonini et al., 2020). Assim, é fundamental se comprometer com o estudo e a construção de soluções integrais e alternativas comunitárias e populares para um desenvolvimento territorial mais sustentável, saudável e democrático. 

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Palabras clave:

aterro sanitário, conflito ecológico, lixo.

Resumen de la Ponencia:

Síntese de uma tese de livre-docência em preparação, o trabalho esboça e desenvolve uma cartografia historicamente situada de uma vertente importante dos intelectuais paulistas - ligados à Universidade de São Paulo - da segunda metade do século XX. Inaugurada em 1958 com a formação do chamado “Seminário d’O Capital” por jovens professores da USP, como F. H. Cardoso e José Arthur Giannotti, tal linhagem “marxista acadêmica” teria papel preponderante nos debates em torno da abertura democrática a partir da virada para os anos 1980, o que acabaria por projetá-la, agora com novos contornos intelectuais, ao centro da vida política brasileira das décadas subsequentes.  A hipótese geral é a de que este conjunto de intelectuais expressa, nas suas similitudes e diferenças, o auge e, ao mesmo tempo, o declínio do pensamento sobre as singularidades da modernidade brasileira. Auge porque, nos anos 1970, saíram da lavra destes intelectuais (como F. H. Cardoso, F. Weffort, F. de Oliveira, M. Chaui, dentre outros) algumas das análises mais sofisticadas do passado e do presente da sociedade brasileira, quase sempre em oposição às teses nacional-desenvolvimentistas dominantes nas décadas anteriores. E declínio porque, a partir da década de 1980, foi em São Paulo que se decretou o esgotamento das reflexões sobre a formação nacional, em benefício de uma abordagem pretensamente mais “universalista” seja da luta de classes, como nos intelectuais próximos ao PT, ou das instituições democráticas, como no caso daqueles engajados na fundação do PSDB, em 1988. A fim de reconstituir este percurso a um só tempo histórico-social, político e intelectual, o trabalho toma o itinerário de Roberto Schwarz como uma espécie de fio vermelho que torna possível enlaçar tal vertente intelectual na sua problemática comum, mas também em suas diferenças internas. Inspirado pelos trabalhos de F. H. Cardoso, da tese de doutorado sobre capitalismo e escravidão às reflexões sobre a dependência, Schwarz não acompanhou o futuro presidente da República em suas opções intelectuais e políticas que se desdobraram a partir do final dos anos 1970, mantendo-se, ao contrário, mais próximo dos intelectuais que, no CEBRAP (F. de Oliveira) ou no CEDEC (F. Weffort), mobilizaram-se em defesa da construção de um Partido dos Trabalhadores. Ao mesmo tempo, porém, à diferença de Weffort, Chaui ou de Eder Sader, o crítico não abandonou a reflexão sobre a questão nacional, reposicionando-a, na verdade, no âmbito de uma análise das classes e de suas expressões ideológicas.  A reconstituição deste período da cena intelectual paulista é de fundamental importância não apenas por razões historiográficas, mas também pelo fato de que, bem ou mal, tal vertente – nos seus diversos e por vezes antagônicos desdobramentos internos – ajudou a moldar a vida política brasileira após o fim da ditadura militar.  

Resumen de la Ponencia:

Las cercanías al metro Río de los Remedios son un cúmulo de 25 colonias, pertenecientes a los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Gustavo A. Madero, donde basta asomar la cabeza para obtener una muestra de los contrastes y altos niveles de desigualdad y violencia existentes. Durante años, los habitantes han desarrollado un performance frente al delito, que va desde prevenir, resistir, contener, enfrentar o bien naturalizar los hechos de violencia crónica por la que atraviesan. Estas acciones pueden dividirse en dos tipos: estrategias de protección y tácticas de supervivencia. El primer concepto hace referencia al conjunto de reglas o acciones llevadas a cabo para responder de forma óptima ante posibles o inminentes situaciones de peligro; se trata del método que las personas utilizan para evitar ser víctimas de la delincuencia, son generadas en el largo plazo, más meditadas y presentan un importante componente cultural. El segundo término alude a las técnicas utilizadas por las personas con el objetivo de sobrevivir ante determinadas situaciones; son ideadas, construidas y empleadas en el corto plazo; se conciben y materializan cuando el sujeto se encuentra en una situación de inminente peligro.A fin de conocer la forma en que se presentan estas estrategias y tácticas se llevó a cabo una investigación con los habitantes de dicha zona. Por medio de entrevistas, encuestas y una etnografía digital, se cuestionó a las personas sobre las principales acciones que emprendían para evitar ser víctimas del delito. Los resultados mostraron que muchas de las conductas realizadas contaban con características similares, lo que permitía agruparlas en diversas categorías. De esta forma, las estrategias de protección se dividieron en silencio, discreción, cohabitación, prevención, consumo contenido y creencia de protección. Por otra parte, las tácticas de supervivencia se clasificaron en resistencia, contención, enfrentamiento, justicia a lugar, coacción y creencia de protección. Cada una de dichas clasificaciones cuenta con su definición y características propias, que permiten comprender la forma en que se desarrolla el performance contra la violencia en la zona. Por ejemplo, es posible afirmar que estrategias como la discreción son más habituales en mujeres, mientras que el enfrentamiento es más común en hombres. Asimismo, se trata de conductas que se presentan en el imaginario colectivo, que pueden ser transmitidas entre grupos sociales o generaciones y cuyo conocimiento o difusión es protegido por los miembros de la colectividad. La descripción y conocimiento de dichas tácticas y estrategias es una forma de comprender la forma en que las comunidades se enfrentan y resisten ante contextos de violencia crónica. El objetivo de la ponencia es presentar las estrategias de protección y tácticas de supervivencia que los habitantes de la zona utilizan para resistir el contexto de violencia crónica.

Resumen de la Ponencia:

Este trabalho apresenta um recorte da Revisão Sistemática de Literatura (RSL) sobre o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) nas Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, no período de 2010 a 2020, a partir de produções acadêmicas disponíveis no Portal de Periódicos Capes, Scielo e Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, para responder a pergunta: como estudantes de países africanos egresso do PEC-G vivenciaram as relações étnico-raciais nos espaços acadêmicos? O PEC-G criado em 1965, destina-se à formação de estudantes internacionais em IES públicas ou privadas no Brasil. Conforme Decreto nº 7.948/2013, esse Programa é constituído por um conjunto de atividades e procedimentos de cooperação educacional internacional, preferencialmente com países em desenvolvimento, baseado em acordos bilaterais vigentes. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de 2000 a 2019 entre os estudantes selecionados nesse Programa, 76% eram do continente africano, e em 2020 o PEC-G estava presente em 119 IES. A metodologia utilizada na Revisão Sistemática de Literatura sobre o PEC-G contou com auxílio da ferramenta StArt (State of the Art through Systematic Review) para os processos de planejamento, execução e sumarização. Depois desses processos, 47 produções acadêmicas foram aceitas nessa RSL, dentre o total de 276 produções localizadas, incluindo 63 textos duplicados e 166 rejeitados conforme critérios de exclusão. As produções aceitas foram organizadas em oito eixos temáticos e 31 textos abordaram de alguma maneira as relações étnico-raciais vivenciadas por estudantes/egressos do PEC-G, especialmente de países africanos, no ambiente universitário e/ou fora dele. Cabe destacar que a maioria dos participantes dessas pesquisas estavam matriculados nas IES e poucos eram egressos. Neste trabalho constam os resultados do eixo temático “trajetória universitária”, pois os 14 trabalhos desse eixo trouxeram nos relatos de participantes das pesquisas de 15 IES em diferentes regiões do Brasil, as dificuldades enfrentadas nessa trajetória tais como: incompatibilidade entre as representações midiáticas da “democracia racial” e a vivência universitária num ambiente que envolve discursos vinculados ao racismo, sexismo e xenofobia (PIZZINATO et al, 2017); dificuldade de interação social relacionada ao ser “estrangeiro, negro e africano” (SOUSA, 2015; MOTA, 2017); processo de adaptação a um país diferente que envolveu estranhamento e situações de preconceito (SILVA, 2015; BENITES, 2017); existência de imaginário da comunidade acadêmica de um “pensamento racial biológico essencialista” (ASSUNÇÃO, 2015); desenvolvimento acadêmico afetado pela dificuldade de interação com colegas brasileiros devido o racismo (SILVA, 2018). As experiências relatadas por estudantes de situações de racismo, discriminação e estereótipos também provocaram discussões sobre a valorização, reconhecimento e respeito da cultura africana, numa sociedade com preconceito racial como o Brasil (LOURENÇO, 2016). Além disso, a forma como o acolhimento é realizado na IES ajuda a reduzir essas dificuldades (ALMEIDA, 2019).