Resumen de la Ponencia:

El pensamiento de  Mariátegui  representa un compromiso original con la realidad social, económica, política y cultural peruana en el período previo a 1930, cuando se abrió un gran período de crisis y transición en América Latina. Es  durante este período convulso, sentó las bases para una comprensión marxista original y crítica de América Latina, en sus escritos y en su práctica política que, una vez más, recibe una renovada atención en un continente al frente del conflicto y el cambio. En su corta pero muy activa e influyente carrera, Mariátegui fue un organizador laboral, un exiliado en Europa, un periodista radical y un líder del emergente movimiento comunista latinoamericano. En este sentido, el marxismo de Mariátegui fue lo que podríamos llamar un marxismo “cálido”, muy alejado de las pretensiones científicas de los marxismos analíticos y teóricos (incluyendo una lectura un tanto dogmática del filósofo político francés Louis Althusser) que dominaron en América Latina durante la década de 1970. Toda su lógica era de compromiso práctico con la vida de los trabajadores y campesinos indígenas. Nunca fue seguidor de lo que algunos llamaron una “práctica teórica” leninista ni, tampoco, de las preocupaciones teóricas de lo que luego se conoció como “marxismo occidental”.Alejado de ideas grandilocuentes o generales, centró sus energías en la transformación social a partir de las prácticas y tradiciones populares. Rechazando todas las formas de un “esencialismo de clase” que reduciría toda la vida a sus orígenes de clase, Mariátegui se centró en el amplio potencial emancipador de las fuerzas sociales sociales, populares y étnicas. Mariátegui proporciona un compromiso marxista temprano con la situación y las aspiraciones de los pueblos amerindios, rompiendo con su propio socialismo temprano y bastante ortodoxo en un marco europeo. Comenzó a centrarse en la cuestión de la tierra como el principal factor subyacente en la sujeción de los amerindios. Sobre todo, argumentó contra toda forma de paternalismo, que la liberación de los pueblos amerindios era un asunto de ellos mismos. Su análisis se basó en una crítica temprana de las teorías marxistas y dominantes basadas en un “dualismo” entre campo y ciudad, sectores avanzados y atrasados ​​de la economía. Más bien, estos fueron vistos como una unidad dialéctica y el camino de la transformación social necesitaba ser concebido de una manera holística para él. Mariátegui vuelve a ser sumamente contemporáneo hoy en su análisis de la “economía indígena comunista” e incluso del “comunismo agrario” del ayllu (comunidad inca) y sus principios de reciprocidad y redistribución de la riqueza característicos de estos primeros comunistas, sus hábitos de cooperación y la solidaridad y su “espíritu comunista” fueron, para Mariátegui, precursores de la transformación socialista requerida en Perú y América Latina en general. 

Resumen de la Ponencia:

La crisis socio-ecológica contemporánea es el reflejo de la expansión y aceleración de modos de vida y patrones de consumo basados en determinadas visiones de mundo y hábitos de pensamiento, que a pesar de los esfuerzos para revertir la trayectoria civilizatoria actual terminan reproduciéndola, ‘sustentando lo insustentable’ (Blühdorn, 2007). En este escenario, están emergiendo discursos y prácticas de transición que, basados en visiones alternativas del mundo y el ser humano (cosmovisivas), estarían contribuyendo a la imaginación y realización de modos de vida que, si logran superar las tendencias del imaginario moderno, podrían facilitar la consolidación de dinámicas de transformación societal más profundos, rompiendo el statu quo.En los últimos años ha emergido un importante cuerpo de estudios en Chile que aborda las transiciones socio-ecológicas. Sin embargo, hace falta un análisis más preciso de las dimensiones civilizatorias del cambio. La dimensión de lo civilizatorio trae consigo ámbitos integrales como la relación dialéctica entre psicogénesis y sociogénesis (Elías, 1987), o el cultivo interior de nuevos códigos de co-existencia mutua (Wolff, 2012), abarcando los diversos ámbitos de las relaciones con el mundo (Rosa, 2019; Duhart, 2020). Uno de los sitios donde estos contenidos florecen con especial intensidad es en la interfaz intelectuales alternativos/sociedad civil. Observar y analizar esta interfaz en Chile, identificar y valorar el contenido cosmovisivo de acuerdo con sus grados de resonancia y su capacidad de innovación en comparación con los patrones culturales modernos, y caracterizar y analizar las maneras en que es llevado creativamente a la acción, son algunos de nuestros de objetivos de investigación en curso.Algunos hallazgos iniciales en el área de los discursos intelectuales, basados en estudios de Corpus y entrevistas, son los siguientes: hilos discursivos que resaltan las dimensiones espirituales que emergen desde los saberes ancestrales; hilos discursivos que relevan dimensiones subjetivas centradas en la ampliación de la consciencia individual; hilos discursivos que conectan la reflexión civilizatoria con contenidos espirituales feministas y de liberación; hilos discursivos que rescatan contenidos cristianos y eco-teológicos con dimensiones liberadoras; hilos discursivos neo-humanistas y de espiritualidad laica; hilos discursivos de contenido sistémico-biológico y matrístico, entre otros. Un aspecto común de estos hilos es la combinación de un contenido cosmovisivo con nociones de intervención, movimiento y acción social, y que resaltan dimensiones transformativas ante la crisis socio-ecológica, a diferencia de nociones espirituales o religiosas que permanecen en el campo de lo privado. La intensificación de los contenidos cosmovisivos en el contexto actual de pandemia mundial y Convención Constituyente en Chile presenta una gran oportunidad para observar intenso el proceso reflexivo produciéndose; la pregunta que emerge es la capacidad de canalizarla creativamente en nuevas formas de habitus o Eidos (Castoriadis, 1986), con capacidades instituyentes.

Resumen de la Ponencia:

Existe una estrecha relación entre los discursos de crisis de la modernidad y la emergencia durante los últimos años en América Latina de discursos de transición civilizatoria y societal (DT). La conexión radica en la problemática sobre la relación entre sociedad y naturaleza, en cuanto a la conciencia de límites físicos y planetarios para el modo de vida vinculado a la civilización termo-industrial moderna y euro-céntrica (Beck, 2002; Vanhulst, 2015), producto de los supuestos epistemológicos y ontológicos que la reproducen (Escobar, 2016). Es mas, se podría decir que la modernidad representa esta misma etapa histórica de grandes transformaciones globales, en cuanto ‘conciencia del mundo’ (Kozlarek, 2014), civilización global (Domingues, 2009), o ‘edad de transición’ (Arbab y Duhart, 2017), con las dinámicas de resistencia, reacción y resonancia de este tipo de procesos inciertos (Duhart, 2020). Ha surgido un importante cuerpo de estudios en Chile que aborda las transiciones socio-ecológicas y civilizatorias. Sin embargo, hace falta un análisis más preciso de las dimensiones civilizatorias del cambio. Lo civilizatorio trae consigo ámbitos integrales como la relación dialéctica entre psicogénesis y sociogénesis (Elías, 1987), o el cultivo interior de nuevos códigos de co-existencia mutua (Wolff, 2012), abarcando las diversas esferas de las relaciones con el mundo (Rosa, 2019). Uno de los sitios donde estos contenidos florecen con especial intensidad es en la interfaz intelectuales alternativos/sociedad civil. Observar y analizar esta interfaz en Chile, identificar y valorar el contenido cosmovisivo de acuerdo con sus grados de resonancia y su capacidad de innovación en comparación con los patrones culturales modernos, y caracterizar y analizar las maneras en que es llevado creativamente a la acción, son algunos de nuestros de objetivos de investigación en curso. Algunos hallazgos iniciales basados en estudios de corpus y entrevistas son: hilos discursivos que resaltan las dimensiones espirituales que emergen desde los saberes ancestrales; hilos discursivos que relevan dimensiones subjetivas centradas en la ampliación de la consciencia individual; hilos discursivos que conectan la reflexión civilizatoria con contenidos cosmovisivos feministas y de liberación; hilos discursivos que rescatan contenidos cristianos y eco-teológicos con dimensiones liberadoras; hilos discursivos neo-humanistas y de espiritualidad laica; hilos discursivos de contenido sistémico-biológico y matrístico, entre otros. Un aspecto común de estos hilos es un contenido cosmovisivo con nociones de intervención, movimiento y acción social, que resalta dimensiones transformativas ante la crisis socio-ecológica, a diferencia de nociones espirituales o religiosas que permanecen más en el campo de lo privado. La intensificación de los contenidos cosmovisivos en el contexto actual de pandemia mundial y Convención Constituyente en Chile presenta una gran oportunidad para observar el proceso reflexivo produciéndose; la pregunta que emerge es la capacidad de canalizarla creativamente en nuevas formas de habitus o Eidos (Castoriadis, 1986), con capacidades instituyentes.

Resumen de la Ponencia:

En esta comunicación se presentan los principales avances de una propuesta integral de enseñanza que busca articular saberes, género y relaciones de edad. Tomando como referencia el programa “Ancestras” de la UNITREF, desarrollamos una propuesta de intervención socio-comunitaria a partir de jornadas de encuentros, cursos y talleres, entre mujeres de distintas edades con el objetivo de co-construir saberes que no sólo partan desde lo académico sino en diálogo con las mujeres viejas, las docentes y las estudiantes y que permita de manera colectiva generar productos de investigación acción participativa. Partiendo de una epistemología feminista y entendiendo al cuerpo de las mujeres como territorio en disputa a la hegemonía patriarcal, se pretende visibilizar las múltiples opresiones que vivimos las mujeres en las relaciones de género y edad, problematizando las nociones de sexualidad, maternidad y maternaje y derechos como construcciones históricas y generacionales que constituyen relaciones sociales. Se trata de una propuesta con base territorial donde se busca generar espacios de encuentro con las mujeres viejas en tanto protagonistas de la vida colectiva en sus barrios; pretendiendo recuperar el “saber hacer” y las experiencias de apoyo a la comunidad en el contexto de la pandemia. Esto posibilita resignificar lo que han puesto en escena estas actoras sociales en el sentido de repensar los escenarios que se fueron construyendo para paliar las consecuencias de la pandemia. El objetivo principal de este trabajo, es generar conocimiento desde los saberes de las mujeres viejas a partir de la reconstrucción de sus trayectorias en tanto narrativas territoriales en diálogos intergeneracionales. De esta manera se busca interceptar el tiempo social y político con la experiencia en los cuerpos, a partir de recuperar la memoria de sus vivencias. La conformación del programa “Ancestras Uruguay” busca contribuir a la visibilidad de las acciones de las mujeres en la construcción de respuestas ante situaciones de crisis como las que significó la pandemia, pero también en clave histórica, observando el legado vivencial de las mujeres que nos precedieron, rescatando  saberes e historias olvidadas.Se trata de producir un dispositivo que habilite la escucha atenta de lo que las mujeres tienen para decir en toda su diversidad, entrecruzando distintas realidades territoriales y etarias. No se trata sólo de recuperar lo que las mujeres mayores tienen para decir, sino también cómo las jóvenes lo reciben, cómo se imaginan su propia vejez, qué lugar han ocupado otras mujeres en su vida, como las distintas experiencias vitales son recuperadas y transmitidas. Se trata de saldar una deuda de género con las viejas, en una sociedad que oculta la vejez y niega el saber a las mujeres.  

Resumen de la Ponencia:

Os dados oficiais sobre as relações de emprego no Brasil expõem as características da categoria “trabalho” na sociedade neoliberal. Em meio à pandemia, em 2020, eram mais de 50 milhões de trabalhadores sem garantias trabalhistas, à margem da legislação social (BRASIL, 2020). Apenas 43,9 milhões dos trabalhadores possuíam vínculos formais (seja no setor público ou privado) (BRASIL, 2020). A criação de mecanismos para afastar os requisitos da relação de emprego, a pressão social causada pelo desemprego e precariedade, alinhada a um discurso neoliberal, tornam o campo jurídico palco de inúmeras lutas simbólicas que determinam a amplitude e a abrangência do próprio Direito do Trabalho. Com o objetivo de impor os discursos e regras dominantes (BOURDIEU, 2011), o tema da regulamentação do trabalho ocupa um lugar central nas discussões sobre o mundo do trabalho e o futuro do direito do trabalho.As posições na luta simbólica travada no campo jurídico relacionadas à (des)regulamentação do trabalho e, especialmente, quanto à caracterização das relações de emprego, determinam o “monopólio do direito de dizer o direito” (BOURDIEU, 2011, p. 212). O que está em jogo nessa luta simbólica instaurada no campo jurídico é, portanto, não apenas a regulamentação do trabalho e a caracterização da relação de emprego, mas a própria existência e alcance do direito do trabalho a uma grande parcela de trabalhadores informais, por conta própria ou “empreendedores” da sociedade neoliberal.O objetivo dessa proposta é discutir novas metodologias e apontar alguns resultados preliminares de uma pesquisa doutoral acerca das lutas simbólicas pela (des)regulamentação do trabalho na sociedade neoliberal. Utilizando-se da teoria social de Pierre Bourdieu, adotou-se inicialmente a metodologia bibliográfica e documental, com via descritiva e exploratória, onde já é possível explicar, interpretar e analisar qualitativamente algumas correntes teóricas que impactam na legislação trabalhista brasileira. Os resultados preliminares apontam que na sociedade neoliberal, a intensificação das disputas simbólicas pela desregulamentação das regras trabalhistas, especialmente através dos critérios e elementos legais – e tradicionais - da relação de emprego, como é possível observar pelas recentes mudanças na legislação trabalhista brasileira, implementadas a partir de 2017, geram, no campo jurídico, incertezas e indecisões, alterando o alcance das regras protetivas. Com isso, a instabilidade no campo jurídico ocorre em razão das lutas simbólicas travadas por grupos distintos que disputam o poder da hegemonia do discurso dominante (BOURDIEU, 2011, 2014). REFERÊNCIAS:BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011a.___. Sobre o Estado: cursos no Collège de France (1989-92). Editora Companhia das Letras, 2014.BRASIL, IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. PNAD Contínua do segundo trimestre de 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9173-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?edicao=28690&t=resultados. Acesso em: 11 set. 2020.

Resumen de la Ponencia:

Las llamadas policías comunitarias o policías de proximidad, han tenido un auge en la discusión académica a nivel mundial en los últimos años. Este modelo se desprende del nuevo paradigma de seguridad ciudadana, bajo el cual, el eje de atención se centra en los Derechos Humanos y la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía. Los modelos de policía de proximidad implementados en países como México son resultado de la reforma democrática y de seguridad pública que se gestaron en los años ochenta y noventa en América Latina, bajo las cuales, se impulsan iniciativas policiales con perspectiva de seguridad ciudadana, responsabilizando y haciendo partícipe a la comunidad de su propio bienestar y seguridad De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. (PNUD, 2014).Desde la Criminología Crítica, se analizan las bases conceptuales e históricas que dieron origen a la implementación de modelos de policía de proximidad en América Latina. Se afirma que los modelos de policía de proximidad son consecuentes con la función de control social que ha tenido la policía a lo largo de su historia y reproducen esquemas de castigo e ilegalidad, que condenan y estigmatizan a ciertos sectores de la población como poblaciones jóvenes, trabajadoras sexuales, población en situación de calle, entre otros.La policía es considerada entonces, como un ente que representa el ejercicio de poder, castigando a sujetos “desviados” que manifiestan inconformidad con las decisiones jurídicas y políticas que el Estado adopta de forma unilateral. 

Resumen de la Ponencia:

Si bien la tecnología no determina a la sociedad, sí la condiciona, y más en esta sociedad red en la cual un sujeto que no tiene una conexión constante casi que fija, se verá rechazado y segregado por las dinámicas digitales que priman en todos los espacios: laborales, familiares, sociales, estudiantiles, políticos, culturales, etc. Cabe resaltar que dicha segregación no es resultado de una decisión propia del sujeto, se da por condicionamientos, principalmente económicos, que no le permiten tener un acceso fácil a las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). En Bogotá, en marzo de 2020 por la presencia del Covid 19, de manera inesperada y desapacible, todas las actividades de los diferentes actores del sistema educativo tuvieron que adaptarse a la virtualidad y aunque se ha hablado mucho sobre esta situación, la adaptación que conllevó y los retos que surgieron, principalmente se ha hecho sobre lo que ha implicado para el cuerpo estudiantil. Es por ello que se realizó una investigación de campo enfocada en las/os docentes teniendo en cuenta que el desarrollo de su rol está sujeto a las transformaciones del sistema y en esta situación, más que antes, también lo estuvo a las condiciones y posibilidades tecnológicas propias y de sus estudiantes. Para conocer sus experiencias y opiniones, con una metodología mixta, se hizo la aplicación de una encuesta a 148 docentes y se realizaron 6 entrevistas semiestructuradas a docentes, de colegios públicos y privados de Bogotá. El resultado de la aplicación de estas herramientas junto con la revisión bibliográfica de distintos textos permite presentar un análisis sociológico sobre la forma en que las/os docentes de educación básica secundaria y media en Bogotá se adaptaron a los retos del proceso de enseñanza-aprendizaje que incrementó o generó la pandemia, y los cuáles no fueron únicamente pedagógicos sino también estuvieron relacionados al teletrabajo y con esto la falta de reconocimiento sobre su trabajo concreto. Así se presentan de igual forma, conclusiones, dudas y más retos que seguirá teniendo el sistema educativo y las instituciones que lo presiden, para funcionar de la mejor manera y evitar que se sigan ampliando las brechas en la coyuntura de la pospademia y la nueva estructura social de la era de la información.

Resumen de la Ponencia:

Antecedentes. En México la estructura social ubica a las mujeres indígenas en los últimos peldaños en términos del ejercicio de sus derechos. A esto se suma la condición étnica, pues los rasgos culturales y fenotípicos indígenas son características por las que se discrimina a las personas. Es así como el género, la pobreza y la etnicidad se intersectan y potencializan como determinantes estructurales que sustentan la violencia hacia las mujeres indígenas, exacerbándose en contextos retadores como la pandemia de Covid-19. Los servicios de salud reproducen esta violencia, particularmente en el área de salud sexual y reproductiva (SSyR), en cuyos servicios emblemáticamente se manifiestan las representaciones simbólicas asociadas al género.Objetivo. Implementar una intervención pedagógica innovadora dirigida al personal de salud, como una acción afirmativa en contra de la discriminación, el racismo y el clasismo institucionales; encaminada al fortalecimiento de una de las funciones del sistema de salud, específicamente la prestación de servicios. Su objetivo final es contribuir a brindar un trato digno que responda con equidad a las necesidades de salud de las mujeres indígenas.Metodología. Esta intervención pedagógica parte de un enfoque de derechos y se fundamenta en la pedagogía popular crítico-constructivista. Los participantes reconocen y deconstruyen las estructuras productoras-reproductoras de las desigualdades propias de la organización estratificada de nuestra sociedad. Esta reflexión se extiende a los efectos de estas estructuras e ideologías en las valoraciones y prácticas que se expresan durante la atención. Los resultados se analizan a partir de las dimensiones del trato digno y de la normatividad vigente del sistema de salud, para finalizar con la construcción de propuestas de acciones específicas de los propios trabajadores de la salud para afrontar, prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y maltrato, y garantizar el trato digno en la atención.Resultados. Esta intervención se ha extendido a más de 2,300 trabajadores de la salud en 5 entidades del país. Contamos con una metodología y herramientas para el monitoreo de la calidad de la atención interpersonal en los servicios de salud sexual y reproductiva, que hemos aplicado en 3 tres hospitales para evaluar los cambios atribuibles a la intervención. En todos los casos se han demostrado resultados favorables. Esta práctica contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa, contribuye al reconocimiento y fomento de la inclusión de esta perspectiva de equidad y la atención prioritaria de los problemas de salud que afectan a los pueblos indígenas de México.

Resumen de la Ponencia:

As mulheres em situação de extrema pobreza são as mais prejudicadas com a sobrecarga que a família assumiu no novo ordenamento das políticas sociais, a partir de sucessivas crises econômicas e fiscais desde pelo menos a década de 1990, por ocuparem uma posição subalterna na hierarquia dos gêneros e terem um papel fundamental na reprodução social. Sem o Estado como principal agente da proteção social, por meio de serviços de acolhimento, de saúde, de educação ou de benefícios monetários para crianças, idosos e/ou doentes, as mulheres se veem desprotegidas e presas a funções e papéis tradicionais. A pandemia Covid-19 acentuou a precariedade das condições de vida, nesse contexto, atingindo de forma contundente a vida das mulheres pobres e negras. Os impactos da pandemia têm afetado de forma negativa o cotidiano de muitas famílias brasileiras em vários níveis: a perda de emprego e renda, a diminuição dos salários; as dificuldades de diferentes ordens com o ensino remoto, as condições de trabalho que potencializam o contágio (locomoção, ambiente, acesso aos insumos de proteção entre outros); o aumento e sobrecarga do trabalho de cuidados doméstico-familiares. Esses impactos se manifestam de forma diferenciada conforme a posição de classe, de gênero e da raça/etnia. Essas desigualdades acentuam-se nas instituições, oportunidades de ensino, mercado de trabalho, e nas próprias relações sociais cotidianas. Nesse contexto desenvolvemos uma pesquisa com o objetivo geral de investigar e analisar o impacto da pandemia Covid-19no cotidiano de cuidados intrafamiliares de mulheres beneficiárias do Programa   Bolsa Família-PBF em três municípios do Estado do Paraná-BR: Londrina, Guarapuava, Itambé. Este trabalho irá discutir as dificuldades das mulheres beneficiárias do PBF para administrar os cuidados e uso do tempo no trabalho doméstico familiar com destaque para a educação formalde crianças e adolescentes.            O tratamento teórico metodológico dado à análise dos dados coletados teve como principal referência os estudos feministas do campo da teoria crítica.  Palavras chaves: Covid-19, cuidados intrafamiliares, gênero e pobre

Justificación del Panel:

Las juventudes latinoamericanas y caribeñas viven hoy realidades de creciente complejidad, que comportan viejos y nuevos desafíos para su socialización, sus modos de organización y para la construcción de sociedades más justas e inclusivas. La situación generada por la pandemia ha tenido un impacto directo en el aumento de las desigualdades y el crecimiento de las brechas sociales en la condición juvenil que no han sido suficientemente amortiguadas por políticas públicas. Datos recientes de CEPAL, por ejemplo, dan cuenta de un retroceso en los índices de pobreza y un incremento de desigualdades con particular impacto en las poblaciones juveniles, intersectas con la condición étnico-racial, clase social, territorio, género, orientación sexual o discapacidad. En esos contextos los jóvenes desarrollan sus propias prácticas y procesos de agenciamiento para resistir y re-existir, potenciar sus identidades y generar nuevas dinámicas de inclusión. Junto al retorno de gobiernos conservadores y la aplicación de medidas neoliberales, los últimos años han sido escenario de una gran movilización juvenil por la reivindicación de derechos sociales. El panel se propone no solo recuperar el interés académico por estudiar estos procesos, especialmente en pandemia y pospandemia, sino entender y acompañar las diversas alternativas de resistencia e innovación que ponen en práctica los/as jóvenes y las experiencias activistas de diferentes actores sociales en tal sentido.

Resumen de la Ponencia:

El virus responsable del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-Cov2), mejor conocido como Covid-19, fue el causante de que los gobiernos actuales cayeran en un abismo de incertidumbre. El desconocimiento del virus subyugó la actuación de las administraciones gubernamentales; el objetivo principal era elevar al máximo la contención de los ciudadanos para evitar la propagación del virus, así evitar la congestión hospitalaria. Ante la situación que se vivió a escala mundial, nos situamos en dos realidades: la Ciudad de México y Los Ángeles. Ambas metrópolis cuentan con una extensión de territorio similar, además de albergar a un número importante de hispano hablantes; sin embargo, sus sistemas de salud son opuestos: Estados Unidos, ha delegado gran parte del manejo de la salud al sector privado; mientras que México, un número importante de ciudadanos dependen del sector público. Las ciudades se encontraran en los límites de la complejidad y entraran en un proceso de prueba y error a fin de salvaguardar a la población. Este trabajo tiene como finalidad analizar la gestión de la emergencia sanitaria en cada una de las urbes más relevantes de los dos países norteamericanos. El estudio dará como resultado una reflexión que podrá auxiliar en futuras experiencias.  Palabras clave: Teoría de la complejidad, gestión de la emergencia sanitaria por covid-19, Ciudad de México, Los Ángeles. 

Resumen de la Ponencia:

El propósito de este trabajo es evidenciar una de las consecuencias de la especialización de los actores que forman parte de la cadena de producción de las Indicaciones Geográficas (IG). Tal y como se ha podido observar en el análisis de la cadena de valor de tres Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de quesos en Asturias en el norte de España, la obtención de una certificación alimentaria, no evita la adopción de estructuras y métodos de producción globalizados, por lo que se acaba observando una tendencia a la especialización, que requiere la participación de agentes intermediarios fracturando la cadena de producción mediante la especialización de los distintos agentes participantes. En las tres DOP analizadas, las empresas externalizaban las partes de la cadena menos rentables: abastecimiento y distribución, quedándose para sí con la elaboración del queso. Sin embargo, esta división de la producción reduce considerablemente el aumento de beneficio resultante de la certificación al tener que subcontratar la producción de materia prima y la propia venta del producto elaborado. Además, al igual que ocurre en la producción alimentaria estándar, tanto la venta como el abastecimiento están ligados a empresas de mayor tamaño en donde las pequeñas empresas como las queserías entrevistadas no tienen margen de negociación, desplazándose de esta manera las estructuras de poder en la cadena de valor hacia las partes de la producción externalizadas. En el presente trabajo nos centraremos en presentar las consecuencias que esta especialización tiene en la comercialización de alimentos con una IG.La metodología de trabajo es cualitativa. Se basa en el análisis de 51 entrevistas semiestructuradas realizadas a distintos agentes en tres denominaciones de origen de quesos asturianos (DOP Cabrales, DOP Gamoneu y DOP Afuega´l Pitu). La distribución de las entrevistas se realizó teniendo en cuenta los actores que estaban incluidos dentro de la propia DOP (Empresarios, Consejo regulador), realizándose 35 entrevistas, pero también a los actores que estaban vinculados, pero no inscritos en la DOP (Instituciones, Abastecedores, Distribuidores, Promotores) a quiénes se realizaron 16 entrevistas.El análisis de las entrevistas evidencia que la obtención de una DOP no modifica la forma de comercialización, que continúa utilizando mayoritariamente la misma cadena de distribución que los alimentos industriales. Este hecho, penaliza la calidad de los alimentos comercializados al tener que ser producidos en un mayor número para su venta a través de los supermercados. La DOP, por tanto, permite a las queserías provenientes de la Agricultura Familiar adaptarse al contexto actual del mercado, pero a costa de producir en mayor número y ver reducido el beneficio económico proveniente de la certificación.

Resumen de la Ponencia:

La conservación in situ comprende la implementación de estrategias para mantener la diversidad de los recursos genéticos en los mismos sitios donde ocurren los procesos evolutivos que determinan su diversificación. En el caso específico de las variedades nativas, significa salvaguardar los procesos que las han mantenido a lo largo del tiempo, es decir, las condiciones agroambientales en las que se desarrollan, los sistemas de producción con los que se cultivan y los elementos culturales que las configuran. A nivel local, obedece también a la dinámica entre los productores, comercializadores y consumidores. El tianguis tradicional de Ozumba es el punto de comercialización de los productos agrícolas regionales de al menos tres estados del país (Estado de México, Morelos y Puebla) y el núcleo de abastecimiento comercial para los habitantes de los municipios del sureste del Estado de México (Atlautla, Amecameca, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba y Tepetlixpa). Este lugar, con las características antes mencionadas, constituye el área de estudio. Allí, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a productores, consumidores y comercializadores que fueron analizadas con Atlas.ti.Encontramos que entre agricultores productores y consumidores se dan relaciones de poder equilibradas, camaradería, confianza, empatía, fidelidad y reconocimiento del otro como parte de la misma realidad, como habitante de la región y como un semejante. Esta intrínseca relación entre el productor y el consumidor pone de manifiesto que ante las adversidades que enfrenta la agricultura campesina, la acción colectiva es una de las estrategias viables para la conservación de la agrobiodiversidad.Las relaciones de reciprocidad son un principio necesario a nivel de colectividad y se cimentan en las interacciones entre los actores sociales que poco a poco van generando valores afectivos que se entremezclan con los intercambios mercantiles.  Se propone entonces el concepto de conservación colectiva como aquella conservación dinámica que además de mantener los procesos que generan diversidad genética en un determinado sitio, también incluye el fortalecimiento de las relaciones entre los productores y consumidores, bajo un esquema de reciprocidad, solidaridad y confianza. Esta conservación se realiza tanto al interior como hacia el exterior de las comunidades.Las redes sociales, como mecanismos para la socialización y transmisión de información han sintetizado el proceso de generación de colectividad en la virtualidad, que permite la concientización sobre la importancia de la conservación de la agrobiodiversidad. 

Resumen de la Ponencia:

Argentina, como el resto de América Latina, sufre en la sindemia un grave deterioro de condiciones de vida, tanto objetivas como subjetivas: se agudiza la crisis estructural y las desigualdades ya existentes; la pobreza asciende al 37,3% (segundo semestre 2021, INDEC).La legitimación de prácticas coercitivas, disciplinadoras y represivas estatales y las exigencias de aislamiento, han facilitado un proceso de desmovilización de acciones colectivas. El lugar de las organizaciones barriales y movimientos populares ha sido central, como espacio de construcción de resistencias y de denuncias de las múltiples carencias así como estrategia de sostén y cuidados ante las ausencias del Estado, aún en distintas formas de articulación con políticas públicas.La universidad pública, sumida en esta crisis generalizada, sanitaria, educativa, social y económica, fue interpelada en sus funciones sustantivas. Como educadorxs populares que conformamos la RIAPEP (Red de Investigación Acción Participativa y Educación Popular en Universidades Públicas integrada por UBA, UNJU, UNPA -Argentina- y FURG -Brasil-), venimos bregando por otros modos de hacer investigación y educación en y desde las universidades; planteándonos generar espacios colectivos de reflexión sobre el presente, sostener espacios de formación, tejer lazos de sostén y articulación con y entre educadorxs populares de instituciones socio educativas, organizaciones y colectivos sociales y movimientos populares.  Organizamos y desarrollamos en 2021 la Diplomatura de Educación Popular Latinoamericana EPL, con modalidad virtual mixta (sincrónica/asincrónica). La misma se incluyó en un espacio de disputa en el campo cultural y universitario, logrando que accedieran a la misma, de manera gratuita y sin requisito de título de grado, cien educadorxs militantes, del norte (Jujuy, Salta y Tucumán), del sur (Santa Cruz) y del centro de Argentina (Buenos Aires y Córdoba) y del sur de Brasil (Pelotas). Seis módulos habilitaron la problematización de prácticas educativas singulares: la EPL como opción político-pedagógica transformadora; el trabajo en Salud Comunitaria; con Jóvenes y Adultxs; con Infancias y personas con discapacidad; las experiencias de educación y trabajo; las estrategias metodológicas participativas desde el arte y otras experiencias culturales. La propuesta pedagógico-didáctica estimuló la mirada reflexiva desde y hacia el propio trabajo territorial así como la multiplicación y recreación de la formación con lxs demás compañerxs de las organizaciones. Como RIAPEP, desde nuestra opción por la IAP como modo de hacer ciencia de lo social asentado en el paradigma de la teoría social crítica y orientado a una ciencia emancipatoria, donde se conjuga la investigación, la participación y la praxis educativa en un encuadre de Educación Popular, entendemos que es necesario asumir los desafíos que el contexto de sindemia presenta, sosteniendo la premisa de repensar-nos en estos nuevos escenarios, de cuestionarnos y reflexionar, junto a lxs educadores populares, cómo seguir trabajando políticamente con los emergentes actuales, construyendo inéditos viables.  

Introducción:

Este trabajo se dirige a compartir reflexiones en torno a la importancia de la formación en las organizaciones y movimientos sociales, en el marco de la disputa cultural en el campo popular, sobre la base de la sistematización inicial de la experiencia de la Diplomatura en Educación Popular Latinoamericana desarrollada durante el año 2021. La misma fue organizada por la RIAPEP: Red de Investigación Acción Participativa y Educación Popular en Universidades Públicas. Se trata de una red de equipos de docentes investigadores de tres universidades argentinas: Universidad de Buenos Aires UBA, Universidad Nacional de Jujuy UNJu y Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos UNPA-UARG y una universidad del sur de Brasil: Universidade Federal do Rio Grande – FURG.

Frente a las dificultades y límites impuestos por la pandemia de COVID-19, la Diplomatura en Educación Popular Latinoamericana, organizada por la RIAPEP [1], fue la forma, el espacio y el tiempo que nos dimos para el reencuentro con diversos referentes de organizaciones sociales y para trabajar el desafío de co-formarnos en virtualidad, frente a la imposibilidad de concretar encuentros presenciales y de realizar trabajo en terreno. Significó la posibilidad de continuar aportando a la construcción de acciones de resistencia y de superación de problemáticas desde educadorxs populares barriales, comunitarixs, militantes y universitarixs, en una perspectiva de Educación Popular hacia horizontes emancipatorios.

En un contexto en que la educación se virtualita y tecnologiza ¿qué desafíos implica para el campo de la educación popular? Entendemos que a la vez que denuncia las enormes limitaciones que se presentan en la búsqueda de educar a la distancia- más cuando el acceso a las plataformas virtuales es una limitación mayoritaria de los sectores populares- redobla el ingenio para sostener y/o incrementar el trabajo territorial. Nos planteamos con esta propuesta el desafío de conquistar espacios también en los contextos virtuales, utilizarla para socializar conocimientos, actividades de formación, reflexión y organización en las plataformas que usan los sectores populares, personalizando los diálogos; preguntándonos colectivamente ¿qué sucede en nuestros territorios? ¿qué necesitamos? ¿Qué reflexión crítica se puede hacer sobre lo que nos está aconteciendo? ¿Qué contenido virtual podemos producir para visibilizar nuestras prácticas? Extendiendo así la denuncia que acontece en las calles a las redes. 

 

[1] Conformada en 2012 y formalizada en el 2016 con la participación de universidades públicas: centro (Universidad de Buenos Aires UBA), norte (Universidad Nacional de Jujuy UNJu) y sur del país (Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos UNPA-UARG) y en el sur de Brasil (Universidade Federal do Rio Grande - FURG)

Desarrollo:

¿Por qué una diplomatura en Educación Popular Latinoamericana con educadorxs en territorios?

El año 2020 nos sumergió en un contexto de crisis mundial producto de la pandemia del Covid-19 que profundiza la crisis sistémica (ecológica, social, económica, política, de cuidados, etc.) que vivimos desde hace muchas décadas. Se produce un fenómeno de visualización e incremento de las desigualdades.

Argentina, como el resto de América Latina, sufre en la sindemia un grave deterioro de condiciones de vida, tanto objetivas como subjetivas: se agudiza la crisis estructural y las desigualdades ya existentes: la pobreza asciende al 36,5% y la indigencia al 8, 8% (primer semestre 2022, INDEC).

La legitimación de prácticas coercitivas, disciplinadoras y represivas estatales y las exigencias de aislamiento, han facilitado un proceso de desmovilización de acciones colectivas. El lugar de las organizaciones barriales y movimientos populares ha sido central como espacio de construcción de resistencias y de denuncias de las múltiples carencias, así como estrategia de sostén y cuidados ante las ausencias del Estado, aún en distintas formas de articulación con políticas públicas. 

La universidad pública, sumida en esta crisis generalizada, sanitaria, educativa, social y económica, fue interpelada en sus funciones sustantivas. Como educadorxs populares que conformamos la RIAPEP venimos bregando por otros modos de hacer investigación y educación en y desde las universidades; planteándonos generar espacios colectivos de reflexión sobre el presente, sostener espacios de formación, tejer lazos de sostén y articulación con y entre educadorxs populares de instituciones socio educativas, organizaciones y colectivos sociales y movimientos populares. 

Reconocemos más que nunca el carácter político de la educación y su papel en la búsqueda de una sociedad más justa y democrática; asumimos junto con grandes referentes (Raúl Mejía, Alfonso Torres Carrillo, Carlos Rodrigues Brandao; María Teresa Sirvent, Luis Rigal, entre otrxs) una opción explícita por el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos gestados por los sectores populares para trabajar en la creación y desarrollo de las condiciones subjetivas que contribuyan a las acciones emancipadoras y de transformación social.

Desde esta perspectiva, como Red de educadorxs-investigadorxs-estudiantxs de Universidades Públicas distribuidas en puntos estratégicos del territorio nacional y de la región latinoamericana redoblamos nuestro compromiso militante. Desde nuestra opción por la IAP como modo de hacer ciencia de lo social asentado en el paradigma de la teoría social crítica y orientado a una ciencia emancipatoria se procura que el tradicional “objeto” de estudio devenga sujeto participante en el proceso investigativo. Se conjuga la investigación, la participación y la praxis educativa en un encuadre de Educación Popular. Se apuesta a una acción conjunta entre los equipos universitarios y los grupos, instituciones, organizaciones y movimientos sociales a través de la generación de un conocimiento colectivo, crítico, reflexivo y autónomo que apoye el análisis de las situaciones problemáticas y la organización de demandas sociales y acciones colectivas que pugnen por superarlas. 

La Educación Popular (EP) como opción político-pedagógica implica una elección por propuestas educativas transformadoras desde y con los sectores populares, desde la cotidianeidad, recreando los saberes y construyendo colectivamente otras formas de hacer y ser. Defendemos la acepción política que implica la EP en defensa de la opción de transformación social, denunciando los componentes opresivos del orden establecido y defendiendo un modelo igualitario, más justo. La EP a la cual adherimos, contiene una intencionalidad explícita para contribuir a que los diversos segmentos de las clases populares se constituyan en sujetxs protagonistas de una transformación de la sociedad en función de sus intereses y utopías.

Sostener esta perspectiva, en la cual asumimos la trama entre la IAP y la EP, implica bregar por otros modos de hacer investigación y educación en y desde las universidades como espacio de disputa cultural; planteándonos generar espacios colectivos de reflexión y de construcción colectiva de conocimiento y tejer lazos de sostén y articulación con y entre educadorxs populares de instituciones socio educativas, organizaciones y colectivos sociales y movimientos populares. Este posicionamiento habilita desarrollar desde nuestros respectivos proyectos, en cada una de los equipos participantes de la RIAPEP acciones colectivas en las que se articulan de manera profunda las tareas de docencia, investigación y extensión universitaria. 

En este macro las preguntas que orientan la accion son ¿cómo seguir acompañando a estos colectivos, organizaciones, movimientos, estando limitadxs para hacer el trabajo territorial?; ¿cómo seguir creando a pesar -y a partir- del impedimento de ir al territorio, prácticas y procesos que colaboren en generar protagonismo político?; ¿cómo repensar-nos en estos nuevos escenarios?; ¿cómo seguir trabajando como educadorxs populares actuando políticamente con el/los emergente/s actuales?

Advinieron como posibles respuestas, algunas “tareas” para lo que fue la  coyuntura pandémica  que podríamos pensarlas como pistas que nos dejara Oscar Jara en el conversatorio virtual “Educaciones populares en el actual contexto de pandemia” organizado por la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica (CEIP Histórica) el 28 de abril del 2020. Las mismas versan sobre la necesidad de:

a. un análisis realista del impacto de la pandemia en los sectores sociales con los que trabajamos, pero también en los aspectos subjetivos; 

b. un análisis crítico de los enfoques con los que están enfrentando nuestros gobiernos la coyuntura actual; 

c. identificar y articular las iniciativas que están generando espacios solidarios de fortalecimiento, proyección, proyectos;

d. aprovechar los ejes transversales que nos conectan como América Latina y Caribe. Articular lo particular con lo general para “otra globalización”;

e. sistematizar toda la experiencia de los procesos en los que estamos y los que se generarán para así poder pensar en “otra normalidad distinta” 

Este escenario nos obliga a repensar la educación en general, las prácticas y las distintas experiencias educativas y particularmente -desde nuestros intereses- a la educación popular, o más precisamente, a las educaciones populares. Es así que ante este panorama, la invitación es a pensar, diseñar, y evaluar juntxs la introducción de nuevas tecnologías no solamente desde su función comunicativa, sino desde su aplicación educativa creativa, necesarias en tiempos de pandemia y post pandemia.

Hemos elegido acompañar entonces desde el fortalecimiento de la acción de los grupos, en un trabajo conjunto entre los equipos universitarios y las organizaciones populares y movimientos sociales, a través de la generación de un conocimiento colectivo, crítico, reflexivo y autónomo que apoye el análisis de las situaciones problemáticas y la organización de demandas sociales y acciones colectivas que pugnen por superarlas (Sirvent, 1994, 1999, 2010; Rigal, 2001, 2005; Sirvent y Rigal, 2012; Sirvent, Lomagno y Llosa, 2011).

Organizamos y desarrollamos en 2021 la Diplomatura de Educación Popular Latinoamericana EPL, con modalidad virtual mixta (sincrónica/asincrónica).  La misma se incluyó en un espacio de disputa en el campo cultural y universitario, logrando que accedieran a la misma, de manera gratuita y sin requisito de título de grado, cien educadorxs militantes, del norte (Jujuy, Salta y Tucumán), del sur (Santa Cruz) y del centro de Argentina (Buenos Aires y Córdoba) y del sur de Brasil (Pelotas). El criterio inicial fue socializar en aquellxs compañeres con los cuales ya había diferentes trabajos previos entre los equipos de investigación de la universidad.

El objetivo general que nos planteamos fue habilitar un espacio de formación en y desde la perspectiva de la Educación Popular Latinoamericana, fortalecer la formación y el trabajo territorial de lxs educadores de las organizaciones con las cuales trabajan los equipos universitarios integrantes de la RIAPEP.

En este contexto de pandemia nos planteamos: 

profundizar la Educación Popular como práctica político pedagógica emancipatoria en las experiencias educativas en territorio;promover una mirada crítica y reflexiva acerca de los procesos educativos realizados en el trabajo territorial, identificar situaciones problemáticas relacionadas con la organización y la participación social, el trabajo, la salud, las infancias, la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos;visualizar posibilidades para la intervención pedagógica sobre dichas problemáticas;compartir herramientas analíticas y metodológico-didácticas para el desarrollo de experiencias desde la perspectiva de la educación popular y la animación sociocultural;estimular el intercambio y las redes entre instituciones barriales, organizaciones sociales y movimientos populares, en torno al trabajo territorial realizado desde la perspectiva de la educación popular. 

La experiencia se realizó entre los meses de mayo y agosto de 2021, se desarrollaron seis módulos que problematizan prácticas educativas singulares: ¿desde qué lugares abrazamos la opción por la educación popular latinoamericana? ¿Cómo entendemos la salud comunitaria? ¿Qué desafíos tenemos en términos de educación de jóvenes y adultos? ¿Qué lugar ocupan las infancias y las personas con discapacidad en nuestras organizaciones? ¿Cómo promovemos la participación? 

Algunas de las temáticas abordadas en cada módulo fueron: 

1)- La Educación Popular Latinoamericana como opción político-pedagógica transformadora cuyos contenidos principales trabajos fueron:

-Fundamentos filosófico-políticos de la concepción de la Educación Popular Latinoamericana.

-El binomio opresor – oprimido. Lo pedagógico y lo político en el proceso educativo. La dialogicidad y comunicación como método. La construcción colectiva de conocimiento.

-La Praxis social emancipatoria. La noción de espacios educativos. Prácticas y experiencias de educación popular en espacios educativos diversos educación popular freireana.

2)- El trabajo en Salud Comunitaria, donde se abordó

-La Salud desde la Educación Popular: hacia un abordaje multidimensional, participativo y transformador. Concepciones hegemónicas de salud y de enfermedad.

-Reconceptualización de salud y de enfermedad. Las prácticas de salud de diversas comunidades.

-Promoción de la salud. Experiencias de Educación Popular en Salud.

3)- La Educación con Jóvenes y Adultxs donde profundizamos 

- El derecho a la educación desde la perspectiva amplia e integral de la Educación a lo largo de la vida; hacia una articulación con el paradigma de la Educación Popular.

- Experiencias educativas en ámbitos sociocomunitarios territoriales: naturaleza multidimensional y pluriescalar de los territorios; la comunidad como devenir.

- Necesidades y demandas, construcción de conocimientos y participación social

4) La Educación con Infancias y personas con discapacidad donde se trabajó 

- Infancias y sectores populares, prácticas educativas en movimientos sociales con Infancias vs. Adultocentrismo. Protagonismo infantil. 

- La Educación Inclusiva y los movimientos sociales. El Modelo social de la Discapacidad y la Educación Popular.

- Prácticas espaciales de niños en la ciudad.

5) Las experiencias de educación y trabajo donde se abordó como contenidos 

-La educación y modos de producción. Colonialidad y modernidad. La formación de lxs trabajadorxs. Educación trabajo y ciudadanía. Las experiencias comunitarias. Ocupar, resistir y educar: las experiencias de fábricas recuperadas, obrerxs sin patrón, la economía popular feminista.

-El principio formativo del trabajo, practicas decolonizadoras y emancipadoras. Saberes socialmente productivos

y 6) La Educación y estrategias metodológicas participativas desde el arte y otras experiencias culturales donde compartimos como contenidos 

- Metodología holística, histórica y dialéctica de la educación popular

-Las metodologías participativas y la animación sociocultural. 

- Dimensión lúdica, arte, corporeidad y comunicación en los movimientos sociales.

La propuesta pedagógico-didáctica estimuló la mirada reflexiva desde y hacia el propio trabajo territorial así como la multiplicación y recreación de la formación con lxs demás compañerxs de las organizaciones. 

Dentro de esta incertidumbre que nos paralizó en lo que respecta a lo colectivo, se imposibilitó el seguir acompañando en territorio las distintas prácticas político-pedagógicas que elegimos militar, sostener, acompañar desde hace más de diez años. 

“Adaptarnos” al contexto de pandemia implicó entonces buscar nuevas formas para seguir comunicados, incorporar con mayor fuerza los dispositivos virtuales, adecuar los tiempos y los ritmos de trabajo a las necesidades de los grupos, seleccionar bibliografías con diferentes niveles de complejidad e inquietudes de especificidad de intereses de profundización. 

Como acompañamiento para el desarrollo de la diplomatura, desplegamos un dispositivo de apoyo a lxs cursantes, organizando al grupo total en cuatro subgrupos según regiones. A su vez, dentro de cada región, se organizaron pequeños grupos de trabajo en los casos en que participaban varixs integrantes de una misma organización. Observamos que el trabajo se potenciaba, además, cuando podíamos dialogar con un/a/e “referente” por parte de la organización, que podía oficiar de “enlace” y acompañamiento (por ejemplo, un/a/e representante de la Comisión de Educación de la organización, etc.). 

Por otro lado, fue importante el esfuerzo de traducción para facilitar el seguimiento en español y en portugués.

Conclusiones:

A modo de conclusión: ¿Qué significó la diplomatura para los participantes?

Al finalizar el trabajo de todos los módulos, propusimos diferentes posibilidades para el desarrollo de un trabajo final orientado al logro de una mayor integración teórica, en articulación con las problemáticas de las realidades en las que cada participante y/o grupo actúa y milita cotidianamente.

Teniendo en cuenta las características de lxs participantes y los diversos modos en que pudieron transitar la diplomatura, se elaboraron y propusieron tres consignas alternativas, entre las cuales cada cursante podía optar para la elaboración individual o grupal de un trabajo final:

a- Portfolio o Carpeta de Actividades: consistía en la presentación de un compendio - carpeta donde se reajustaran y registraran los trabajos integradores realizados en cada uno de los seis módulos.

b- Encuentro de formación con otrxs integrantes de la organización/institución: Se trataba de la organización y realización de un encuentro con compañeres de la organización, no participantes de la diplomatura, donde se compartieran temáticas problematizadas en la diplomatura y la realización y presentación de un registro narrativo del encuentro.

c- Trabajo de integración temática- bibliográfica de los distintos módulos abarcados por la diplomatura.

Los trabajos realizados sirvieron como base para la acreditación de la cursada y la asignación de los diplomas correspondientes. Más allá de eso, pudimos analizar el impacto y la apropiación de las temáticas compartidas durante la diplomatura, por parte de lxs participantes. Para ello, nos dedicamos a sistematizar la producción lograda en los trabajos finales, agrupando las reflexiones y aportes de lxs participantes en torno a dos categorías o ejes:

1)- ¿Cómo se entiende la Educación Popular, a través de este pasaje por la diplomatura?

como herramienta y parte de procesos colectivos de transformación, revolucionarios, emancipatorioscomo procesos de construcción de conocimiento, compartida de saber, problematización de la práctica desde la reflexión teóricacomo espacios colectivos de diálogo, reflexión, participación y organizacióncomo praxis dirigida a:

. desnaturalizar estructuras de poder legitimadoras del capitalismo, patriarcado, racismo, colonialismo, adultocentrismo, ecocidio, etc.

. reconocer necesidades y organizarse para la expresión de demandas

. aportar al devenir de niñeces, adulteces y personas con discapacidades como sujetxs políticxs y de transformación

como acto de amor, de escucha, pedagogía de la ternura

 

A continuación, compartimos algunas de las frases extraídas de los trabajos finales, que ilustran este eje de definiciones acerca de lo que lxs participantes entienden como EP en el intercambio con los aportes de la diplomatura:

“la EP es una praxis transformadora, acción territorial, lucha organizada, militancia; pasión y amor colectivo por un mundo sin desiguales”

“Entendemos a la Educación Popular (EP) como un proceso de formación, no lineal y acumulativo, sino como una construcción de conocimientos continua que implica reflexión sobre la práctica del grupo y la confrontación con ideas y acciones sistematizadas con el objetivo de actuar reflexivamente y generar nuevas formas de lucha.”

“En contra del sistema capitalista, extractivista y patriarcal que nos violenta, nos mata, contamina, condiciona, inhibe nuestra capacidad de reflexión y por ende organización popular”.

“Se basa mucho en el intercambio de conocimientos y considera a todo sujeto, a toda persona con la capacidad de transformar la realidad”.

“los espacios colectivos de diálogo, organización y reflexión, mediados por la educación popular permiten el reconocimiento de la necesidad, del satisfactor y en esa medida el empoderamiento colectivo para expresar dicha demanda y buscar las vías más eficaces para su atención”

“La educación popular contribuye a repensar el lugar de les niñes y personas con discapacidad como sujetes politiques”

2)- Qué impactos reflexivos ha dejado la diplomatura (en cuanto a reflexiones sobre sí mismxs, re-conocimientos como…)

pensarnos procesos de educación popularreconocernos como sujetos colectivosreconocernos como educadores sensibles, promotores y facilitadores de aprendizajesrevisar / preguntarse sobre las propias prácticas; para construir espacios para acompañar a niñes y adultes en su proceso de autonomíarepensar la salud en un sentido integral y el derecho a estar sanos y construir salud colectivarepensar el lugar que le asignamos a las infancias y a las personas con discapacidad; correrse del adultocentrismo

 

“Pensarnos procesos de educación popular implica posicionarnos dentro de la realidad, reconocernos hacia adentro y desde allí encontrarnos como parte de una realidad histórica en la cual intervenimos permanentemente”

“reconocernos como sujetxs colectivxs”

“Por otra parte, se generó una reflexión con respecto a los textos y a nuestro saber”

“Me surgen varias preguntas: ¿Qué incidencia política le damos a este proyecto en el que militamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué somos educadores populares? Creemos que en este tipo de educación se apuesta a la transformación, pero ¿cómo?”

“Los textos trabajados en este módulo me sirvieron mucho para mi vida cotidiana desde que los leí, en el sentido de que a partir de esta idea que nunca había tenido sobre la salud, como lo es la salud comunitaria y ejercer nuestro derecho a estar sanos”

“Creemos, que como educadoras populares, nos es inherente preguntarnos permanentemente sobre nuestras prácticas. Para desde allí y desde los espacios de la organización pensar las diferentes violencias que se encuentran muy entramadas con lo cultural enseñado-aprendido, y en este caso, pensar a las niñeces como protagonistas de estas transformaciones sociales”

“El trabajo y el reconocernos como trabajadorxs forma parte también de una deconstrucción de la sociedad capitalista en la que crecemos, en la que nos enseñan que la única forma de trabajar es cuando se produce mercancías.  Sin embargo, (…) podemos ver que hay trabajo en el cotidiano, y que el reconocimiento de que estas tareas son esenciales para la garantía de los derechos de cada une de nosotres (…)”

“Es desde este sur del sur, es que nos pensamos, es mirar el poder y su voracidad, pero también mirar hacia nuestras teorías y prácticas, hacia nuestros límites, nuestras falsas creencias, nuestros vicios, y hacia nuestras fortalezas, nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra terca resistencia, nuestra loca manera de desafiar al poder, nuestra ternura compañera.”

Otra oportunidad para el reencuentro y la reflexión conjunta que pudimos compartir con lxs participantes fue la realización de una mesa de diálogo en las VIII Jornadas de Extensión y Vinculación UNPA, organizadas por la Unidad Académica Río Turbio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral[1]. Se trató de otra instancia en la cual pudimos observar el aprovechamiento de la diplomatura reforzando la identificación de los aspectos principales de mayor resonancia en lxs participantes, así como su trascendencia hacia otrxs compañerxs de las organizaciones, con la posibilidad de enriquecer el trabajo cotidiano en los territorios.

“para mí realmente marca mucho en el laburo que venimos haciendo dentro del territorio”

“porque a través de esto de yo hacer la diplomatura puedo transmitir también a mis compañeras acá en el espacio con nuevos aprendizajes”

“a seguir pensando… qué propuestas con las herramientas que tenemos y conocimiento nuevo podemos hacer... podemos pensar más actividades, potenciarlas con lo que ya sabemos… sentimos que nos fortalecimos!”.

Varixs participantes señalaron, además, el significado que tenía para ellxs haber “completado” la cursada y obtener un diploma:

“la diplomatura fue una nueva experiencia porque nunca tuve la oportunidad de poderlo hacer”

 “ yo particularmente lo único que había terminado antes que esto fue la primaria… después estudié un montón de cosas y en la práctica tengo un montón de conocimiento, pero así a este nivel es lo segundo que termino… me parece importante reconocerlo ahora “

 

[1] VIII Jornadas de Extensión y Vinculación UNPA, Unidad Académica Río Turbio de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 3 noviembre 2021.

Bibliografía:

Freire, P. (2007) Pedagogía de la esperanza. México: Siglo XXI Editores. 

Freire, P. (1991) La educación en la ciudad. São Paulo, Brasil: Editora Cortez. 

Gramsci, A (1981): La alternativa pedagógica Barcelona Fontamara 

Zibechi, R. (2008) Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanaslatinoamericanas, Buenos Aires  Lavaca Ediciones. 

De Sousa, B. S. (2006). De las ausencias y de las emergencias al trabajo de traducción. En B. S. De Sousa, Conocer desde el Sur para una cultura politica emancipatoria Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM.

Mejia, MR. (1998) Reconstruyendo la transformación social: movimientos sociales y educación popular. La Paz. Cebiae

Rigal, L. (2004) El sentido de educar Buenos Aires. Miño y Dávila. 

Santos, B. (2015) “Una epistemología del Sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación social” MéxicoS iglo XXI- CLACSO –

 

Palabras clave:

Educación Popular Latinoamericana- Sindemia-Organizaciones territoriales. 

Resumen de la Ponencia:

La ponencia es resultado del artículo con el mismo nombre[1]. Se documenta el estado de la Trata de Personas en el Perú, específicamente la explotación laboral y sexual, se destacan regiones que por su ubicación geoespacial y/o dinamismo económico concentran un significativo flujo migratorio. Se analiza con base en tres dimensiones: a) una discusión teórico-epistemológica, en el marco de la reciente Recomendación General de la CEDAW número 38; b) una revisión del Marco Jurídico nacional y sistemas de protección y empoderamiento de las y los ciudadanos para vivir espacios libres de trata de personas, además de examinar el presupuesto nacional y regional asignado; y c) el análisis de cuatro regiones seleccionadas por su dinámica económica y flujo migratorio: Lima Metropolitana, Tacna, Tumbes y Madres de Dios. Para concluir que en el país, en el marco de las economías extractivas emergentes, del mercado laboral informal y de confinamiento global por la COVID-19, la trata de personas se proyecta como un fenómeno de mayor conflictividad dado su entronque con el incremento de la pobreza y la intensificación de las desigualdades sociales, situación que pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos de peruanas y peruanos a vivir libres de violencia y de explotación.

 

[1]VARGAS VALENCIA, Fabiola Teresa. La trata de personas en el Perú. Una mirada enfocada en regiones con apertura a la migración global. Huellas de la Migración, [S.l.], v. 6, n. 12, p. 129-176, jun. 2022. ISSN 2594-2832. Disponible en: <https://huellasdelamigracion.uaemex.mx/article/view/16355> 

Introducción:

El primer eje que guía la propuesta centrada en el pensamiento global, el que se ocupa de los estudios de sociedades dominadas por la yuxtaposición de los efectos de la mundialización económica y de la crisis de estados nacionales en América Latina, en donde las mujeres y demás grupos en condición de vulnerabilidad son privados de su acceso a derechos en condiciones de igualdad, hecho que impide el desarrollo regional sostenible, contempla el nivel de los saberes, que  en los  últimos  años lleva  a  construir Planes Nacionales y Regionales, directrices para la actuación de los gobiernos y la sociedad civil, con el fin de responder de manera razonada a una de las violencias de género más extremas. Un segundo eje contextual, es la compleja trama mundial por la pandemia que coloca en el escaparate internacional el fenómeno de las violencias en mujeres, niñas y adolescentes. 

La episteme  que nos acoge como civilización, sobre el tema de la trata de personas, exige no abstraerla de su dimensión política que la configura como el tercer negocio criminal más lucrativo en la actualidad, la tercera gran economía, después del narcotráfico y el armamentismo en el mundo.     

La trata de personas es un fenómeno que se reconoce como problema social a fines del siglo XIX e inicios del XX. En América Latina los países impulsados por los Organismos Internacionales inician acciones gubernamentales para combatirla. En este proceso la academia, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, han transcurrido por fases de reconocimiento gradual y progresivo ante el problema. De estudios exploratorios se ha pasado a una búsqueda de comprensión mucho más amplia, a nivel macro y global. 

En el 2018, emergen las investigaciones que ponen en entredicho la economía mundial neoliberal como proceso generador de encarecimiento y por lo tanto de explotación. Un antecedente destacable, es el caso peruano en Elementos comparados del impacto de la trata de personas en la salud de víctimas adolescentes, en el contexto de la minería ilegal de oro en Madre de Dios (2014). El estudio es un esfuerzo por vincular el fenómeno a la economía de un espacio geopolítico específico, donde predomina el silencio, la negación, el encubrimiento y los subregistros entorno de la explotación sexual y laboral de mujeres jóvenes, niñas y niños, en la zona. Este estudio de carácter antropológico destaca la interrelación entre la realidad compleja que presenta la dinámica económica enfocada en la extracción de oro en la Región de Madre de Dios en el Perú, y sus consecuencias en la salud de mujeres y hombres entre los 16 y 17 años de edad, víctimas de explotación sexual y laboral. 

Evalúa el contexto en el cual se circunscribe la trata de personas, valora y discute la movilidad humana y la precariedad laboral de una economía extractiva no formal, mayoritariamente ilícita, que no parece obedecer a mecanismos institucionales regulados por estructuras verticales. Sostiene el autor que esta actividad ha implicado un importante fenómeno migratorio interno más que internacional, y advierte la ausencia del Estado y la precarización de las instituciones púbicas de servicios, de seguridad y del sistema bancario, particularmente y con extremo abandono en los campos de extracción del metal; sin embargo, observamos que al explicar la dinámica socioeconómica la adjudica al deseo de enriquecimiento, la “fiebre del oro”. Así, la explotación laboral y sexual reproducida en el sistema de las economías extractivas, queda aislada de su comprensión integral, no como parte de los grandes procesos actuales de la economía mundial, sí como sistemas micro desarticulados, de economías familiares.

“ […] ¿Qué elementos permiten pensar en la figura de una “fiebre del oro”? Pues al menos tres elementos configuran este escenario: una “gran ola” migratoria, la ausencia de mecanismos de control estatal o regulación institucional, y la presencia de una explotación informal de pequeñas economías en competencia (White, 1998; Reeves, Frost & Fahey, 2010)” (Mujica, 2014: 27).

En contraste, La Trata de personas en el Perú. Criminología de actores y perfiles penitenciarios (2017), evidencia el vínculo entre la trata de personas, la expansión de las industrias extractivas y la informalidad en ciudades intermedias y ámbitos periurbanos. Este estudio ofrece una exploración sobre las características de las personas privadas de libertad por el delito de trata de personas, para ello indaga en la subjetividad de los y las imputadas, y sobre los contextos de riesgo que podrían estar asociados a conductas delictivas o de victimización. Discute aspectos de la trata de personas en contextos de baja presencia estatal, en actividades extractivas, de bienes, servicios y negocios de diversión nocturna (Cavagnoud & Mujica, 2012; CHS Alternativo, 2016; Mujica, 2014a, 2014b); que funcionan en complemento a sistemas delictivos más extensos; y que se distancia de los modelos verticales del crimen organizado asociados a mafias y carteles (Campana, 2016a; Campana & Varese, 2013; Hughes, 2001) (Citados por MINJUSDH, y CHS Alernativo, 2017) , llegando a la siguiente afirmación:

“Este estudio pone de relieve la inequívoca relación entre la trata de personas y sistemas económicos de trabajo informal. Las evidencias son claras respecto a que éste no es un delito aislado: opera en relación a una oferta y a una demanda cuyas fuentes son sistemas económicos extractivos y de servicios informales. Conviene prestar atención a los siguientes datos sobre la población penal: 26.36% de mujeres recluidas tuvo como antecedente laboral directo trabajos como dama de compañía y 22.73% trabajó en bares, discotecas o restaurantes. Es decir, 5 de cada 10 mujeres recluidas tuvo como antecedentes trabajos expuestos a las redes de trata de personas. En el caso de varones hay proporciones semejantes: 33.3% trabajó en bares, discotecas o restaurantes y un interesante 22.2% trabajó como transportista. Para resumirlo en una cifra ilustrativa: 8 de cada 10 internos por trata de personas tuvo empleos informales como antecedente laboral directo” (MINJUDH y CHS Alternativo, 2017, p. 7).

Frente a lo anterior, en La trata de personas, dilema de la frontera norte de México: un análisis de política pública en Baja California, desde una perspectiva de género y los derechos humanos (2018), señalamos que la trata de personas es la llamada esclavitud del siglo XXI, contenida al modelo capitalista neoliberal postindustrial. Es el rapto o secuestro y traslado para la prostitución obligada, la indigencia forzada, la  explotación laboral y sexual, matrimonios obligados, el traslado y venta obligada de estupefacientes, la extracción de órganos, entre otros. En aquella oportunidad señalamos el manejo de este ilícito en espacios geopolíticos específicos, en las ciudades: 

“Tal afirmación descansa en el planteamiento de Alain Touraine (2017), para quien la historia de los países de América Latina transcurre ahora en dos niveles diferentes: un  nivel nacional en el que prevalece la debilidad de acción de los estados y un nivel mundial en el cual el papel principal lo tienen los nuevos imperios que dominan la economía y las crisis políticas y culturales que destruyen los Estados nacionales o que se desarrollan sobre sus ruinas. Tal debilidad de los Estado Nación en América Latina estaría en su incapacidad de combinar las demandas sociales de la población con las exigencias de la competitividad económica, y en su extremo a sacrificarlas en nombre del crecimiento económico, sistema en el que se gesta y reproduce la llamada esclavitud moderna” (Vargas, 2018).

El contexto mundial de pandemia por la COVID-19 y el confinamiento al que entramos en la segunda quincena de marzo del 2020, expone y confronta nuestra realidad social frente al modelo neoliberal, en los territorios y/o regiones, sobre los procesos de precarización económica y política se acrecientan las crisis de salud y humanitaria, por la disminución en los ingresos familiares, la pobreza y la desigualdad social que van en aumento. Amenazan escenarios comunes a lo sucedido en la crisis financiera de 2008, Estados asediados por la deuda pública para asistir el sistema financiero, regular la libre empresa, y subvenir al gran número de desempleados.

Ante lo planteado, abordamos el análisis de la trata de personas en su dimensión global, desde las desigualdades sociales agravadas por el modelo neoliberal del capitalismo contemporáneo, que “organiza a las sociedades y con ellas a las y los sujetos sociales como piezas para la asignación de roles de género y generacionales, basados en comportamientos sexoculturales potencialmente asimétricos”  (Vargas, 2009: 115). 

El objetivo de este artículo es documentar y reflexionar desde el pensamiento global, la trata de personas como fenómeno social en el Perú, en cuatro regiones seleccionadas por su particular dinámica económica y flujo migratorio: Lima Metropolitana, Tacna, Tumbes y la región Madres de Dios. El propósito es, con base en la Perspectiva de Género y los Derechos Humanos articular el problema social a los efectos de la economía mundial actual. 

Desarrollo:

 

II.        La trata de personas en el Perú, una revisión desde el pensamiento global

Partimos de la discusión epistemológica entre trata de personas y prostitución. En América Latina y en el mundo, la trata de personas es un tipo de violencia de género extrema y ha sido interpretada como prostitución por amplios sectores de la sociedad, quienes reducen el problema a su connotación moral, situación que encubre el sentido político existente, es decir: la acción de depositar el significado del problema sobre un grupo en “particular” de las mujeres y sus proxenetas, hecho que libera al resto de la población, de este grave problema. Por el contrario, consideramos que este fenómeno social es amplio y subrepticio, por lo que sugerimos entenderlo en su comprensión integral y global.

Proponemos dos dimensiones para el análisis: una socioespacial y otra sociocutural. 

1.         La dimensión socioespacial 

Refiere un conjunto de elementos geo-territoriales como son las fronteras, los ingresos a la región o al país de flujos migratorios internos y externos: caminos, entradas marítimas, fluviales y aeroespaciales; comprende además las dinámicas económicas de producción y comercialización, los microsistemas económicos de la zona que se enlazan en operación con los grupos delictivos y determinan su tipología, los modos de explotación, que a la vez influyen en las características de los tratantes y sus víctimas. 

La Recomendación General de la CEDAW número 38 sobre “tráfico y trata de mujeres y niñas en el contexto de migración global” (2020) define al fenómeno como transnacional, considera las fronteras internacionales y exhorta a los gestores de las fronteras internacionales a trabajar con enfoque de Derechos Humanos, perspectiva de género, delincuencia organizada, migración nacional e internacional y seguridad ciudadana. Integra a los operadores de justicia, policías, fiscalías, poder judicial, autoridades de los gobiernos regionales y locales, alcanzando hasta el Congreso de la República.

Recuperando la propuesta de Saskia Sassen (2007), en Una Sociología de la Globalización,  la condición actual de las migraciones difiere de fases anteriores en el mundo capitalista. La autora describe el mundo globalizado ya no como una pirámide de naciones y de estados, sino como un conjunto de ciudades mundiales, de las cuales algunas constituyen hasta centros de comunicaciones mundiales tan importantes como los estados [nacionales] grandes (Sassen, 2007). La autonomía económica de estas megalópolis ha debilitado aún más a los Estados Nacionales, creando los instrumentos de la corrupción, que permiten a unos políticos de importancia secundaria imponer sus intereses en regiones que son marginales con relación a los centros principales de la actividad económica mundial. La corrupción es la manifestación más visible del declive de los Estados Nacionales con relación a las megalópolis globalizadas. 

2.         La dimensión sociocultural

Comprende la cultura sexogenérica asimétrica, la sexualidad occidentalizada que vigoriza las desigualdades sociales entre los géneros y todo aquel sector de la población excluido del poder que detenta la masculinidad: las infancias, las juventudes, los grupos étnicos, la tercera edad, las diversidades sexuales, entre otras. Desde la perspectiva de género, se aborda la trata de personas con un enfoque interseccional, la interseccionalidad es el sistema interconectado de subordinaciones y opresiones entre actores sociales en vínculo con la configuración del territorio, espacio social-simbólico; concepto que compromete el principio de diversidad de género y sexual, en tanto que no existe la mujer como única, homogénea, estática y etiquetada, es decir un “modelo ideal”. 

Las mujeres son sujetas sociales y políticas, cuyo carácter diverso lo dota el género en su particular entronque con otras categorías como son la generación, la etnicidad, la clase social, la diversidad sexual, entre otras. En este contexto, se plantea la obligación de los Estados de tener disposiciones específicas para todos los grupos de mujeres, incluyendo las mujeres indígenas y trans (INDEHPUCP, 2020). 

III.      Metodología para un enfoque global de la Trata de Personas en el Perú

Criterios para el análisis: 1) la selección de las regiones con base en su ubicación geopolítica nacional acorde a los cuatro puntos cardinales: de norte a sur, Tumbes y Tacna; y de este a oeste, Madre de Dios y Lima Metropolitana. 2) la tasa de incidencia de denuncias durante el periodo 2014-2017 con el mayor porcentaje de denuncias a nivel nacional. 3) la región contiene factores estructurales que determinan el fenómeno, entre ellos las fronteras nacionales e internacionales, los flujos migratorios, las dinámicas económicas principales marcadas por el desarrollo productivo, elementos que sellan las particularidades en los mecanismos para la trata de personas, las características de las personas operadoras, las tipologías y las rutas de la trata.

IV. La Trata de Personas en el Perú, cuatro casos representativos: las regiones de Lima Metropolitana, Tacna, Tumbes y Madres de Dios

Se analiza el fenómeno en cuatro regiones peruanas, representativas por su calidad de territorios trascendentales por los flujos migratorios nacionales e internacionales y su desarrollo productivo con notoria presencia de las actividades extractivas frente al resto, durante el año 2018. Se describen factores estructurales tales como las fronteras nacionales e internacionales, los flujos migratorios, una vista a la dinámica económica con base a los datos de desarrollo productivo, las tasas de incidencias en las denuncias, las tipologías y las rutas de la trata de personas en cada región. 

 

La Región Lima Metropolitana

 

Lima es la capital y la ciudad principal de la República del Perú, situada en la costa central a orillas del océano Pacífico, junto con la provincia Constitucional del Callao conforman una extensa y poblada área urbana conocida como Lima Metropolitana de 70 km de norte a sur, y 44 km de este a oeste. Es el área metropolitana más grande, extensa y poblada del Perú, con 10,7 millones de habitantes en el año 2020, representando el 32 por ciento de la población peruana (INEI, 2021).

En 2017, en números absolutos la región fue la entidad con mayor población inmigrante, 2 millones 986 mil personas. En cuanto migración internacional, según la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR (2020), más de un millón de personas venezolanas llegaron al Perú y más de 496.000 solicitaron la condición de refugiado, el Perú es el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial. El 86.6 por ciento de los migrantes venezolanos se concentran en Lima y Callao.

Lima Metropolitana se ubica en el segundo lugar de pobreza después de las zonas rurales del país (INEI, 2020). Para el 2018 los niveles de pobreza fluctuaron entre 11.3 por ciento y 13.8 por ciento, mientras que los niveles de pobreza extrema alcanzaron entre 0.3 por ciento y 0.7 por ciento. El mismo año, Lima registró un PBI de 3.6 por ciento, año en que la actividad económica en el Perú creció 4.0 por ciento. 

En el 2019 se registró a nivel nacional 509 casos de trata de personas, en Lima 238 casos, lo que representó el 46.8 por ciento del total. Respecto al tema de denuncias por tipo de trata de personas: explotación sexual fueron 187 casos, explotación laboral 29, mendicidad 10; y la modalidad de captación fue la oferta de trabajo (CHS Alternativo, 2019).

En Lima Metropolitana, cuenta con el Plan Contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres de Lima Metropolitana 2014-2025, con tres Centros de Acogida Residencial Especializados para Víctimas de Trata de Personas y cuatro Unidades de Protección Especial (CHS, 2020).

2. La Región Tumbes

Está situada en la región norte y occidental del Perú, constituye su frontera límite con la República del Ecuador, se ubica por el norte con el Océano Pacífico, por el este con Ecuador, por el sur con Ecuador y el departamento de Piura, y por el oeste con el Océano Pacífico. Su capital es la ciudad de Tumbes. Su población estimada al 2020 es de 251 521 habitantes.

Siendo una región fronteriza Tumbes es históricamente receptor de inmigrantes, datos del censo del 2017, refieren que el 78.2 por ciento de la población reside en el lugar donde nació (175 mil 299 personas); mientras que el 21.3 por ciento nació en una región diferente a la de su residencia actual (47 mil 908 personas) y el 0.5 por ciento nació en otro país (1 mil 41 personas). Acerca de la migración de extranjeros, el 90.2 por ciento de venezolanos ingresaron por el puesto de control Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) Tumbes, y 92 por ciento emplearon medios de transporte terrestre (15 Julio, 2020). 

Sobre la dinámica económica en Tumbes, en el 2018 el PBI registró un crecimiento de 0.5 por ciento, entre las actividades productivas destaca la de petróleo, gas y minerales.

La región Tumbes es susceptible a la trata transnacional debido a su condición de frontera entre Perú y Ecuador, zona que presenta un elevado flujo migratorio sin control, a decir de los agentes de las instituciones públicas. El problema de trata de personas incluye su frontera con Piura (región peruana colindante), dado el incremento de la minería informal en esta región. En el periodo de análisis, se observó que el fenómeno Tumbes-Piura continuaba en aumento.

El 2019, Tumbes registró 11 casos de trata de personas, representando el 2.1 por ciento de total (a nivel nacional se registró 509). La tipología es la laboral y la captación es por oferta de trabajo a mujeres. 

El Plan Regional contra la Trata de Personas y Trabajo Forzoso, Tumbes 2018-2022, fue elaborado por la Red Descentralizada Multisectorial contra la Trata de Personas en Tumbes, en el marco del nuevo Plan Nacional contra la Trata de Personas 2017 – 2021.

En la región Tumbes, desde el 2011 se considera como obstáculos  la falta de presupuestos y el incipiente conocimiento de los operadores de justicia, y de la población, quienes debieran participar de forma activa contra este delito. 

3. La Región Tacna

Tacna se halla situada al sur del territorio peruano: por el norte con las regiones de Moquegua y Puno; por el este con la República de Bolivia; por el sur con la República de Chile y por el oeste con el Océano Pacífico. La población estimada al 2020 es de 370 974 habitantes.

Tacna es históricamente receptor de inmigrantes. 63.4 por ciento de la población reside en el lugar donde nació, 207 mil 632 personas; mientras que el 36.0 por ciento nació en una región diferente al de su residencia actual (117 mil 584 personas) y el 0.6 por ciento nació en otro país (2 mil 74 personas). 

La frontera Perú-Chile es un espacio de intenso flujo de personas hacia ambos lados y los motivos, como las movilidades a que dan lugar son diferentes, tanto si se trata de residentes de Tacna (peruanos) o residentes de Arica (chilenos). Migrantes, trabajadores transfronterizos, comerciantes, turistas, estos últimos se dividen en turismo médico, turismo de ocio y turismo de compra, y pasadores de frontera o in between. 

La intensidad de los flujos demuestra la existencia de un mercado laboral fronterizo para la fuerza de trabajo peruana que aprovecha las oportunidades laborales y comerciales que ofrece Arica. Por otra parte, la oferta turística y especialmente sanitaria de Tacna es valorada por los chilenos al encontrar en este cruce mayor accesibilidad y rapidez en la atención médica. Asimismo, la gastronomía, el entretenimiento y otros productos y servicios a bajo precio favorecen el cruce. Tacna como entidad de destino destaca desde  2007 al 2017 entre las regiones de mayor número de población migrante a nivel nacional con 36.2 por ciento (INEI, 2020).

En cuanto la dinámica económica, según el INEI, durante el año 2018 el PBI de la región Tacna alcanzó la cifra de 1.2 por ciento. Predomina la actividad productiva de extracción de petróleo, gas y minerales. Tacna destaca en el sector minero por albergar importantes unidades mineras como Toquepala (Southern Copper) y Pucamarca (Minsur). Asimismo, esta región es susceptible de ser asediada por campamentos de la minería ilegal.

En el 2019 Tacna registró 12 casos de trata de personas, lo que representa el 2.4 por ciento, mientras que  a nivel nacional se registró 509 casos. Hasta el año 2021 contó con el Plan regional contra la trata de personas 2018 - 2021. Mientras que en el 2020, el gobierno regional no contó en su presupuesto con el rubro de “Capacitación y Sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y otros grupos vulnerables”, abandonando la prevención del fenómeno en la región.

4. La Región Madres de Dios

Ubicada en la parte sur oriental del Perú, su capital es Puerto Maldonado y limita al norte con Ucayali y la República de Brasil, al sur con Puno y Cusco, al este con la República de Bolivia, y al oeste con Cusco y Ucayali. Para el 2020 cuenta con una población estimada de 173 811. En el 2007 Madre de Dios contó con 38.0 por ciento de población migrante, y en el 2017 mantuvo la tendencia con 40.6 por ciento. 

En cuanto la tasa de crecimiento promedio anual en las ciudades capitales, Puerto Maldonado contó con 4.1 por ciento. Madre de Dios es una región que tiene las menores tasas de pobreza, que va entre 2.1 por ciento y 4.8 por ciento; sin embargo la anemia en la región afecta al 57 por ciento de los niños menores de tres años de edad, es decir uno de cada dos niños sufre de anemia (INEI, 2017). Se ubica entre las que conforman el grupo con baja calidad de vida, con 54.05 (CENTRUM Católica - Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017).

 Según cifras del INEI, en el 2017 el PBI de la región Madre de Dios cayó 9.2 por ciento, la caída más pronunciada en el ámbito regional; y para el año 2018 el PBI alcanzó la cifra de 0.5 por ciento. La economía de Madre de Dios depende mucho de la minería nacional, produce el 11 por ciento del oro peruano, cerca de la tercera parte de su producción aurífera anual proviene de la minería ilegal.

Al estar ubicada en la Selva Amazónica peruana, sus características geográficas transcriben el aislamiento de sus ciudades y poblados, motivo que los hace susceptible a la minería informal e ilegal y la tala ilegal de madera. En este contexto, la débil presencia del Estado la convierte en una región en donde se configura un importante centro, parte del mercado laboral para la explotación, traslado o captación de víctimas, de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el 2019, se registraron 509 casos a nivel nacional, de los cuales Madre de Dios registró 17 casos, lo que representa el 3.3 por ciento. La literatura al respecto considera que en Madre de Dios existe un subregistro de casos que no refleja el número real de denuncias investigadas a nivel policial o fiscal, y procesadas a nivel judicial. Asimismo, el presupuesto del gobierno regional para capacitación contra la trata de personas fue de 46, 213 soles (representa al cambio: 12,042.53 dólar estadounidense).

Conclusiones:

Durante el 2014 al 2017, las cuatro regiones presentaron la mayor tasa de incidencia de denuncias a nivel nacional. La Región Madre de Dios de 40.27 por ciento de tasa de incidencia en 2014 se incrementó a 101.61 por ciento para el 2017; Tacna con 0.89 por ciento pasó a 22.56 por ciento; Tumbes de 7.25 por ciento a 17.67 por ciento; y por último, Lima de 1.59 por ciento a 3.18 por ciento y el Callao, de 1.00 por ciento en 2014 a 6.35 por ciento en 2017. 

La condición de fronteras internacionales habla de regiones con importantes flujos migratorios, destaca la situación de debilidad del Estado. En la región Tumbes hay ausencia y falta de cumplimiento de las normas por parte de las autoridades de migración. Los datos hablan sobre la potencial susceptibilidad e importante nexo para la trata de personas en la zona Perú - Ecuador a través de su capacidad de acceso para los flujos migratorios desde Venezuela.

A Madre de Dios llegan personas a la región menos poblada del país, desde nueve regiones del Perú, y en migración internacional desde seis países de América Latina: Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil (estos dos último son parte de su frontera), Cuba y Chile. En tanto que Lima metropolitana, considerada una Megalópolis de América Latina, cuenta con la presencia de migrantes que llegan desde trece regiones del Perú, y desde tres países latinoamericanos, Ecuador, Colombia y desde el 2018 se incrementa la presencia de migración venezolana. Constatamos que Tumbes al norte del país, se configura como zona de paso en la ruta de la trata de personas de población venezolana -en su mayoría- hacia Lima. 

Lima Metropolitana destaca como zona para la captación de la trata de personas hacia Japón y hacia los seis circuitos internos o destinos locales que contiene (CHS Alternativo, 2020); mientras que Madre de Dios resalta como zona de destino para la explotación sexual y laboral de mujeres, niñas, niños y adolescentes en campos auríferos y de tala de  árboles, estos dos casos  develan la complejidad del problema social e el Perú. La segunda es región selva, formada por unas pocas y pequeñas ciudades intermedias, de menor población frente al resto de regiones en el país, en donde pululan a su alrededor los campos de extracción del metal oro y la tala ilegal de árboles; mientras que la gran ciudad, Lima Metropolitana centraliza todos los poderes del Estado.

Tacna es una de las regiones que contiene el menor porcentaje de población originaria (63.4 por ciento), y población nacida en otras regiones del Perú (36.0 por ciento), con porcentaje de extranjeros (0.6 por ciento). La frontera nacional entre Tacna-Moquegua (regiones colindantes) se configura como ruta para la trata de personas debido al incremento de la minería informal e ilegal en la zona. 

Hemos observado a través del índice de desarrollo productivo que durante el 2018, en las cuatro regiones las actividades extractivas fueron las mayormente fértiles y fructíferas. Sobre el caso Madre de Dios, existe mayor documentación acerca de la tendencia de una estrecha articulación entre la explotación laboral y sexual y los microsistemas económicos creados en su mayoría por la minería ilegal, y vinculados al comercio de bebidas alcohólicas. Así, identificamos el tejido de una cadena de mercantilización entre minerías ilegales, comercio de bebidas alcohólicas y la trata de personas.

La explotación sexual y laboral, son dos tipologías de la trata de personas que priman en las cuatro regiones estudiadas, sin embargo en la región Lima Metropolitana encontramos además la mendicidad y en el caso de Madre de Dios, la extracción de órganos -éste último con datos del 2009- , ambos fenómenos escasamente documentados. 

Sobre el Plan Nacional 2017-2021, éste expiró el año 2021, es necesario impulsar la construcción de los Planes Regionales que a la fecha solo el 5.0 por ciento de las regiones del país lo han elaborado. Una recomendación es que éstos se construyan en vínculo con los Planes de Desarrollo y de Seguridad Ciudadana por Región. 

Acerca del presupuesto para la erradicación del delito éste es discrecional y va decreciendo, se exhorta a los tomadores de decisiones, que dichos recursos se incrementen y sean distribuidos en sus diferentes dimensiones/y fines que persigue el Plan: la prevención, la persecución y la protección. 

En general, en el actual contexto de crisis mundial, económica y sanitaria, el panorama es desalentador, la clandestinidad que presuponen las cadenas de grupos, familias y personas organizadas para la trata de personas, favorece el encubrimiento en los registros de datos sobre el problema social, y por tanto dificulta la persecución y erradicación del delito. Con un mayor incremento de la pobreza, y del ensanchamiento de las brechas de desigualdad social, los negocios para la trata de personas se configuran como una alternativa eficaz para la economía de los tratantes (delincuentes), y como esferas para la búsqueda de sobrevivencia de millones de víctimas, que se arriesgarán persiguiendo la solución inmediata a sus necesidades.   

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Palabras clave:

Trata de personas, migración global, perspectiva de género y pensamiento global.

Resumen de la Ponencia:

Se propone una lectura sobre los desastres desde la geografía y la ecología política, dando cuenta de la trayectoria de expansión forestal en Chile en tanto desastre de larga duración, dado los cambios socioecológicos que ha impuesto y que, por su magnitud, se construyen como irreversibles. En este contexto, los llamados “desastres socio-naturales”, como incendios, terremotos y tsunamis, se configuran como manifestaciones puntuales (y recurrentes, como los incendios) de esta macro-transformación territorial histórica. Los desastres, se identifican entonces como acontecimientos reveladores de las rupturas del supuesto orden lineal del desarrollo, enfrentando así, dos lecturas del tiempo: el tiempo lineal y el tiempo de las discontinuidades. Junto con lo anterior, por las características de la expansión forestal y los modos de producción territorial capitalista que subyacen, los desastres presentan una ambivalencia: si por la mayoría de la población implican una crisis en su cotidianidad, para los actores económicos hegemónicos son convertidos en oportunidad para la consolidación, adaptación y diversificación de su modelo de negocios y construcción territorial.Se escoge como territorio de estudio la comuna de Constitución, localizada en la costa de la región del Maule (Chile), territorio icónico del proceso de expansión forestal por la cantidad de plantaciones forestales (más del 50% de la superficie comunal), sumado a la instalación de la histórica planta de celulosa CELCO-ARAUCO. Junto a lo anterior, este territorio ha vivido desastres socio-ambientales paradigmáticos donde la componente empresarial forestal ha asumido un rol hegemónico. Constitución se convierte, entonces, en el observatorio de un territorio en tiempo pasado/presente, cuyas pautas de observación son aquellas transformaciones profundas (la expansión forestal) y acontecimientos fundamentales (como el terremoto del 2010 y los incendios forestales del 2017) que evidencian la gestación e irrupción de un desastre de larga duración. La originalidad de la propuesta está en plantear una continuidad histórica de gestación de vulnerabilidad y marginalidad territorial que permite la ocurrencia de desastres puntuales o reiterados así como el despliegue de nuevos dispositivos de intervención/producción territorial por parte de las empresas forestales hegemónicas.Los resultados permiten evidenciar un aprovechamiento por el  sistema industrial maderero que logra generar nuevas oportunidades de expansión gracias al rol hegemónico ocupado en los territorios afectados. En efecto, el Plan de Reconstrucción Sustentable de Constitución (PRES), liderado por la empresa Arauco S.A., se configura como un hito emblemático de la entrada preponderante de las empresas en la planificación territorial, en pos de los intereses corporativos, aunque bajo el alero de los intereses colectivos.Se plantea una reflexión sobre las condiciones que producen (im)posibilidad de restauración socioecológica post-desastre a causa de una gobernanza del riesgo que se enfoca en soluciones de corto plazo sin abordar el problema estructural, en términos de sistema y modelo de desarrollo.      

Resumen de la Ponencia:

La ponencia ofrece un horizonte epistemológico para el análisis de las condiciones sociopolíticas, económicas y culturales en la distribución y la agencia de los espacios urbanos para la niñez. Propone lineamientos teóricos-conceptuales y metodológicos para una mirada al proceso de interseccionalidad entre las infancias y el Derecho a la Ciudad. Con base en documentación sobre el estado del arte en tres áreas de estudio, esboza: 1) el Marco Jurídico por la defensa de las infancias, en el Perú, 2) la conceptualización del Derecho a la Ciudad, y 3) el sujeto de Derecho, objetivo central insertado en un nodo de tensión entre políticas de libertad, de seguridad y de confinamiento social. Concluye que en el contexto mundial de incertidumbre para la realización humana, que tiene su origen en las crisis económica y de salud, profundizadas por la pandemia, se requiere de métodos democráticos de investigación, que permitan plantear propuestas que maticen y relajen las políticas de exclusión y de confinamiento que hoy se endurecen, contraviniendo el reconocimiento de la plena ciudadanía de las infancias desde su nacimiento, incluyendo el derecho de la niñez a participar en la vida en comunidad y decidir sobre los temas que les afectan. 

 

Introducción:

Según Huerta (2019), en el Perú se han elaborado cuatro Planes Nacionales de Acción para la infancia y la adolescencia PNAIA, durante los periodos: a) 1992 a 1995, b) 1996 a 2000, c) 2002 a 2010 (Ley Nº 28487), ley que otorga rango de Ley al Decreto Supremo 003-2002- PROMUDEH, que aprobó el Plan Nacional de Acción por la infancia y la adolescencia, 2002-2010, y d) 2012 a 2021 (Ley Nº 30362) ley que eleva a rango de Ley el Decreto Supremo Nº 001-2012- MIMP y declara de interés nacional y preferente atención la asignación de recursos públicos para garantizar el cumplimiento del PNAIA 2012-2021. Éste último, asume los objetivos dirigidos al desarrollo sostenible de las infancias peruanas, y establece los lineamientos para la acción de cada uno de los sectores del Estado (Mujeres y Poblaciones Vulnerables-MIMP 2012). 

Muy a pesar de los avances en el Marco Jurídico y las Políticas Públicas para la protección de la niñez, el Estado Mundial de la Infancia (2012): Niños y niñas en un mundo urbano, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF,señaló que:

“En el Perú la pobreza infantil no solo se encuentra en las áreas rurales sino también en las áreas urbanas, 7 millones de niños, niñas y adolescentes (de 0 a 17 años) habitan zonas urbanas, de ellos, el 33 por ciento (cerca de 2 millones 300 mil) viven en situación de pobreza. […] En Lima Metropolitana viven 340 mil niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza. […] Se delimitaron 17 zonas de mayor concentración, llamados bolsones de pobreza infantil en asentamientos humanos, distribuidos en los distritos de Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Cercado, Ate, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Chorrillos y Villa el Salvador, en los cuales los niños no tienen acceso a servicios básicos como salud, agua potable, electricidad, salubridad, y están expuestos a contraer enfermedades” (El 33 por ciento de los niños que viven en las ciudades del Perú son pobres 2012). 

En la actualidad, el Perú cuenta con una población total proyectada de 32 625 948 habitantes, y 5 787 933 son niñas, niños y adolescentes de 7 a 17 años de edad, niñas 2 885 155 y niños 2 902 778 (INEI 2019). “Como consecuencia directa de la pandemia se estima que la pobreza monetaria se incrementará de 20.2 por ciento en el 2019 a 30.3 por ciento en el 2020, lo que significa que en el Perú 3 300 329 personas caerán en la pobreza” (UNICEF 2020: 17). Sobre la pobreza extrema en niñas, niños y adolescentes, se proyecta que:

“[…] se incrementará de 4.2 por ciento en el 2019 a 9.5 por ciento en el 2020. Esto significa que el número se acrecentará, de 451 873 en el 2019 a 973 809 en el 2020, esto es, 521 936 niñas, niños y adolescentes caerán en la pobreza extrema, más del doble de los que se encontraban en esta situación en el 2019” (UNICEF 2020: 30). 

En la capital, Lima Metropolitana es el área predominantemente urbana y alberga la mayor población, más de 9 674 755 habitantes (INEI 2020). En el 2019, representó en términos absolutos la zona geográfica con el segundo lugar de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, 634 922, es decir 22.2 por ciento del total, Mientras que la sierra rural fue la zona con  el mayor número de pobres, 881 495 de la niñez y la adolescencia viviendo en pobreza, 30.8 por ciento del total (UNICEF 2020). 

En cuanto a la violencia contra la infancia, fenómeno que en la actualidad afecta a grandes sectores de la población, ésta se encuentra aún naturalizada, tanto en la familia como en los colegios. La Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales ENARES (2019), sostiene que:

“[…] el 68,9 por ciento de niñas y niños de 9 a 11 años de edad sufrió violencia familiar (psicológica y/o física) en el hogar, alguna vez en su vida, […] 66,2 por ciento de la población de 9 a 11 años de edad sufrió violencia psicológica y/o física en el entorno escolar, alguna vez en su vida” (ENARES, INEI 2019).

Y en el contexto de Covid 19, la inequidad y la desigualdad social en los sectores de la infancia se visibilizan como producto de las interrelaciones sociales durante el confinamiento, con el fenómeno del embarazo en niñas y adolescentes. El estudio publicado por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del INEI sostiene que: “[…] se registra 40 245 certificados de nacidos vivos, hijos de madres menores de edad hasta los 19 años. […] El 12.6 por ciento de mujeres entre 15 y 19 años está embarazada o ya es madre, tendencia que sería ascendente para los próximos años” (García, Urgen políticas de atención para prevenir embarazos adolescentes 2020).

De lo anterior, observamos que en el Perú, la incidencia de la pobreza en las infancias es alta, y es considerada un factor significativo en la determinación de la trayectoria de vida de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con un alto nivel de probabilidad de perpetuar la transmisión intergeneracional de la pobreza[1], y unida a condiciones de violencia escolar, intrafamiliar y de género, es un fenómeno que simboliza el espiral de la violencia que aprisiona a las infancias y las juventudes peruanas, conteniendo su desarrollo social y económico. 

Los estudios sobre las infancias y su vínculo con el Derecho a la Ciudad aún escasos, sostienen que la niñez y los adolescentes son colectivos considerados débiles, a los que la ciudad dificulta su acceso a las oportunidades que ofrece (Segovia 2017), y quienes al habitar zonas en situación de pobreza, están más expuestos a la violencia citadina, incluyendo la violencia intrafamiliar que conlleva a la separación de sus familias, entre otros problemas. En El hábitat urbano informal y los derechos de la infancia en Bogotá, Ceballos analiza la relación entre el hábitat y el disfrute de los derechos de la Infancia, enfocándose en el barrio Potosí en Bogotá, estudio de caso, urbano y del espacio social que concluye: “existe una correspondencia entre las condiciones del hábitat y la vulneración de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, cuando dichas condiciones son deficitarias tanto en la escala urbana como en la arquitectura” (Ceballos 2018: 38-52). 

Como cientistas sociales, esta realidad nos exhorta a la tarea de explorar las relaciones imbricadas entre infancia y ciudad, indagar y cuestionar el horizonte para la observación del fenómeno y el proceso de construcción del conocimiento, con la finalidad de transformar el vínculo en una interacción dialógica/democrática que procure el disfrute del Derecho a la Ciudad, de la población en general; acción ética y política que comprende optimizar los diseños y la gestión pública, fortaleciendo el desarrollo de las infancias desde los Derechos Humanos.

En este sentido, el objetivo de este artículo es proponer una perspectiva en los estudios de las condiciones de vida de las infancias en la ciudad y su conflicto con el mundo adulto, para lograrlo se inicia exponiendo cómo, con qué criterios y qué tipo de información se ha seleccionado y revisado el tema; luego, esboza el estado del Marco Jurídico para la protección de la niñez peruana; y con base en literatura actualizada, aborda una breve discusión teórico-conceptual sobre las categorías en juego; por último, expone la propuesta base para la comprensión del fenómeno, bajo una mirada transformadora del vínculo entre la ciudad y las infancias en sectores de pobreza urbana, en un marco estructural normativo de protección que en la actualidad se vigoriza con la pandemia por el COVID-19. Condición ésta última que complejiza la tensión entre las políticas de libertades, de seguridad y de confinamiento social. 

 

[1] Corriente de estudio económico y social que analiza el riesgo y la probabilidad que tienen las personas que crecieron en hogares pobres a padecer problemas económicos durante su vida adulta.

Desarrollo:

2. El proceso de documentación sobre la interrelación entre las  infancias y la ciudad

El presente artículo, para su elaboración recurrió a diversos tipos de información, en general fuentes primarias seleccionadas bajo los siguientes criterios: 1) el Marco Jurídico pro defensa de las infancias, 2) la conceptualización del Derecho a la Ciudad, y 3) el sujeto de Derecho, objetivo central de las políticas de libertad, seguridad y confinamiento social. 

Las fuentes primarias comprenden informes y reportes institucionales, nacionales e internacionales, acerca de datos estadísticos, georeferenciales y situacionales; el Diario Oficial de la Nación para las normas legales y en el avance del Marco Jurídico pro defensa de los Derechos Humanos de la niñez; y la Carta Mundial por los Derechos de la Ciudad. Otras fuentes primarias relevantes en Ciencias Sociales son libros, artículos, e investigaciones sobre las infancias y las juventudes contemporáneas, los Derechos Humanos de la Niñez, la ciudad y las infancias en sectores de pobreza. Por último, una fuente primaria, que nos dota de teoría y experiencia metodológica es el Diagnóstico de Violencia Escolar (Bullying) y Prevención Social de la Violencia en Planteles Escolares (Vargas 2013). En cuanto a fuentes secundarias, están los reportes de Organismos y Coaliciones Internacionales, que proveen información para la búsqueda de las fuentes primarias.

3. Hacia una epistemología en los estudios de las infancias y la ciudad 

En el actual contexto neoliberal del capitalismo contemporáneo, las ciudades de América Latina son herederas de procesos generadores de desigualdades y disparidades sociales,   que condicionan y dificultan su desarrollo, creando espacios urbanos convulsos, violentos y hostiles para las infancias. Estos fenómenos inciden en medidas restrictivas que los tomadores de decisiones adoptan, reproduciendo una acrecentada tensión entre políticas de libertad y de seguridad que afectan a la niñez en situación de pobreza urbana, tanto en el goce de sus Derechos fundamentales como para el disfrute de la Ciudad. 

Sí bien encontramos que en el Perú durante las dos últimas décadas, los estudios de las infancias han ocupado el interés de las instituciones públicas en vínculo con Organismos Internacionales, también observamos que sobre el tema del Derecho a la Ciudad, éste ha sido escasamente abordado por el sector público y académico, y aún menos son los estudios que abordan la interrelación entre las infancias y el Derecho a la Ciudad. 

En la actualidad, en un contexto de total incertidumbre para la realización humana, ocasionada por el rumbo que ha ido tomando el modelo económico mundial, profundizado por el fenómeno del Covid-19, son necesarias las investigaciones sobre las ciudades contemporáneas desde la perspectiva de las infancias, apegadas a procesos democráticos de comunicación y de construcción de los discursos desde la niñez, sobre los espacios urbanos por los que transitan y comparten con los adultos: hombres y mujeres, padres de familia, maestras y maestros, autoridades y gobiernos; basadas en metodologías cualitativas que los contemplen como primera fuente de información, y que recojan sus experiencias y saberes en la vida cotidiana. Estudiar y analizar la interrelación y el proceso de interseccionalidad, es decir del sistema interconectado de subordinaciones y opresiones entre actores sociales y su vínculo en la configuración del espacio social-simbólico, cristalizado por el Derecho a la Ciudad, requiere de una nueva mirada. Es ingresar a un nuevo paradigma para la resolución de los retos que hoy nos impone el estado de alarma por coronavirus.

3.1 El proceso de fortalecimiento del Marco Jurídico pro defensa de las libertades y la protección de la niñez peruana

Desde finales del siglo XX a la actualidad, con un marco jurídico internacional y nacional, y con políticas públicas fortalecidas, el Perú asume como imperativo atender la condición social y el desarrollo de las infancias en el país. En 1990 ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, adaptando la legislación a fin de reconocer y proteger los derechos de niñas, niños, y adolescentes. De este grupo de adscripción, sus condiciones y relaciones sociales se han cuestionado parcialmente en el debate sobre la adecuación legislativa tras la promulgación aprobada por las Naciones Unidas en 1989, texto de importancia central por su vocación universal. A partir de este hecho se consagra la prevalencia de la doctrina de la protección integral de manera diferente a la doctrina de la situación irregular:

“Se legitima la intervención del Estado en los sujetos más vulnerables de la sociedad que precisamente por serlo son definidos en situación irregular. [Así] los niños, niñas y adolescentes pobres, víctimas de abusos o maltratos y supuestos infractores de la ley penal, se constituyen en clientes potenciales de esta definición” (Barrera 2014: 18-19). 

Se pasa de considerarlos objeto de protección del Estado, de la sociedad y de la familia, a su reconocimiento como sujetos de derecho (Campos 2009) (Citado por Ceballos 2018).

En el Perú, a finales del 2015 se promulga el reglamento de la Ley N° 30403, “que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes, el cual se publica en el 2018 bajo el Decreto Supremo Nº 003-2018-MIMP” (Diario Oficial El Peruano Junio 2018: 31). Asimismo, el Estado peruano promulga la Ley N° 30364, que previene y sanciona la violencia contra los integrantes de la familia, y en el 2018 se da la “modificación de la Ley que fortalece diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar” (Diario Oficial El Peruano Octubre 2018: 4). Ambas normas resguardan las libertades de los niños, son herramientas de la legislación para la erradicación de la violencia, fenómeno que como hemos visto anteriormente, afecta a cerca del 70 por ciento de la niñez peruana entre 9 a 11 años de edad, quienes han vivido la violencia familiar y escolar. 

Sobre el gasto público destinado a niñas, niños y adolescentes, el VII Informe Anual de avances de las metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021(PANIA 2021), señala: 

“En el año 2018 el Estado ejecutó un total de 133 mil 416 millones de soles para toda la población, de ese presupuesto ejecutado se destinó 33 mil 689 millones de soles para las niñas, niños y adolescentes, lo que representó el 25% del presupuesto total. El gasto público que el Estado año a año ha programado [Presupuesto Institucional Modificado] (PIM) para la infancia y adolescencia ha ido en aumento, pasando de 27 mil 042 millones de soles en el año 2013 a 38 mil 639 millones de soles en el año 2018, obteniéndose una variación del 43%. Sin embargo, la variación del PIM, con respecto al año 2017, ha sido solo del 4%.  (PNAIA 2021 Año 2018: 191-192).

Por otro lado, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) en el Reporte de Seguimiento Concertado entre Estado y Sociedad Civil, intitulado: Prevención del Embarazo en Adolescentes. Situación y Perspectivas al 2021(2017), menciona que:

“A través de acciones de incidencia, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP contribuyó a la aprobación en la Ley de Presupuesto Público 2017, la transferencias financieras de los sectores para la implementación del Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescentes (PEA) 2013-2021” (MCLCP 2017: 14).

En la actualidad, durante la Primera Cumbre Internacional, Ciudades Amigas de la Infancia realizada en octubre del 2019 en la ciudad de Colonia en Alemania[1], al firmar la Declaración los líderes de las ciudades peruanas se comprometieron a ofrecer resultados concretos, sostenibles y medibles para la niñez y adolescencia, a promover la participación infantil en la vida social y política, y a tener en cuenta las opiniones de niñas, niños y adolescentes en los procesos políticos. Asimismo, poner en práctica la iniciativa de garantizar que la niñez pueda desarrollar su pleno potencial de manera equitativa; incorporar en las políticas, presupuestos y estrategias para su participación, con mayor énfasis, en la prevención y atención de la violencia; e involucrar a la sociedad civil y el sector privado en las acciones que se promueven desde los gobiernos locales con y para la niñez y la adolescencia (Unicef 2019).

3.2 Derecho a la Ciudad de Niñas, Niños y Adolescentes 

El Derecho a la Ciudad es definido por Henri Lefebvre en 1967, es el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y hacer de ésta un espacio privilegiado de lucha anticapitalista. Lefebvre asume el derecho a la ciudad como un marco de comprensión para el estudio de los problemas socioespaciales urbanos. En la discusión de la Ciudad como espacio social y simbólico, Harvey propone en Ciudades Rebeldes una representación esquemática de la realidad con el fin de llamar la atención hacia un problema concreto: los vínculos del sistema capitalista con los procesos urbanos. En esta perspectiva, sostiene que “el derecho a la ciudad es mucho más que el derecho a acceder a los recursos que la ciudad ofrece: es el derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo a nuestros anhelos más profundos”. El derecho a la ciudad es un “significante vacío” que depende de quién lo esté dotando de sentido (Harvey 2012). Por lo anterior, el estudio en torno el vínculo entre las infancias y el Derechos a la Ciudad, tendría que  contemplar la conceptualización de ciudad que sostiene Segovia (2017):

“La ciudad es reflejo de la civilización que la construye y habita. La ciudad nos representa, nos evidencia el modo en que entendemos el mundo y cómo funcionamos como sociedad, por lo que la relación que establecemos con nuestro hábitat es bidireccional: lo hacemos a él y él nos hace. A medida que construimos la ciudad, depositamos significados en nuestro entorno de vida, éste, a su vez, es un potente transmisor de sentidos que moldean el modo en que entendemos el mundo” (Segovia 2017: 154).

El Derecho a la Ciudad de niñas, niños y adolescentes, tema que nos ocupa, ha centrado su énfasis en la función de su acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad: el uso del espacio, la movilidad, la participación social, la vida cultural, los servicios públicos, la educación, la salud, etc. Acciones y prácticas para las cuales la infancia es observada como uno de los colectivos frágiles ante la hostilidad de los procesos urbanos. En este sentido para el análisis identificamos dos dimensiones polarizadas, a) concebir espacios urbanos infantiles que valoren la liberación de la que gozan las infancias en espacios construidos para su propio disfrute; y b) evitar la reclusión en espacios urbanos específicos y promover que niñas, niños y adolescentes mantengan contacto directo con la vida de la ciudad. En ambas dimensiones, se producen y reproducen las políticas para la convivencia: de libertad y de seguridad.

En América Latina, desde el modelo económico neoliberal, por décadas la precarización en las condiciones para el desarrollo ha sido heredada y la pandemia la pone en evidencia a la vez que la agrava. Contexto en el cual las medidas de seguridad de las infancias -población considerada de alta vulnerabilidad- se engranan con las medidas de confinamiento que comprenden los protocolos de salud por Covid-19. De ahí que el estudio de esta problemática nos introduce “de facto” al debate acerca del nodo tensional entre las políticas de libertad, de seguridad y de confinamiento, discusión que para algunos autores se desvirtúa y estanca por completo, cuando en tal coyuntura se tiende a la reclusión irrestricta de las infancias[2]. Es decir, a su exclusión de las calles y a la creciente ordenación de sus hábitos, al uso del espacio privado y virtual, medidas que estarían connotando una tendencia a la violación de sus Derechos Humanos fundamentales, y su Derecho a la Ciudad.

3.3 Las infancias: ¿sujetos de Derechos u objetos para la convivencia en las ciudades? 

Definir las infancias resulta complejo, puesto que según periodos históricos y espacios determinados el concepto ha ido mutando, significando y resignificando. Su definición ha ido respondiendo a las condiciones de producción del conocimiento y a la realidad de cada espacio social y territorial. En la presente propuesta consideramos que las infancias son un fenómeno sociocultural más que biológico y -derivado de los cambios legislativos que durante finales de los 90´s y hasta nuestros días se han presentado en cuanto la defensa de los Derechos Humanos de la Niñez-, asumimos la propuesta de Postman (Citado por Gómez y Alzate 2014), la infancia va de 7 a 17 años, comprende a niñas, niños y adolescentes en edad de dominio de la palabra a lo escrito, y globalmente es la edad de la escolaridad. Por su parte, James y Prout (Citados por Pavez 2012), sostienen que las relaciones sociales en las infancias han sido políticamente acordadas a través de la historia. La infancia es una condición social, determinada por una construcción histórica sociocultural, diferenciada y caracterizada por relaciones de poder. En tal condición, niñas, niños y adolescentes son sujetos sociales que se desenvuelven y participan de diversas maneras, inciden en los procesos sociales de forma diferente a las personas adultas. Según Pavez (2012), su acción social difícilmente ha sido cuestionada desde las categorías sociológicas y políticas de exclusión, por lo que no es visible para toda la sociedad. 

En América Latina, en la última década del siglo XX, inician los movimientos por los estudios de las infancias, en un cambio de paradigma que considera a la niñez como actores sociales que intervienen en el medio en que viven. En esta perspectiva las infancias son vistas como socialmente construidas, es una categoría de análisis sociocultural, de la misma manera que clase, género y etnia. Sostiene que la niñez debe ser estudiada desde sus propios derechos, y vista como sujetos activos, que al influir en los procesos sociales éstos a su vez los constituyen. Estudiar la niñez como agentes sociales, comprenderlos como participantes activos de la sociedad, y como grupo de influencia sobre los procesos sociales, insta a considerar métodos de la sociología, la antropología, aportes etnográficos (Sirota 2010), además de la observación participante, grupos focales, dinámicas sociales, entre otras técnicas metodológicas que posibiliten la realización de la investigación desde las infancias.

 

[1] Representó al Perú una comitiva formada por Marcos Espinoza, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Carabayllo y Janet Reátegui, Consejera Delegada del Gobierno Regional de Loreto y Ex Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Indiana, Ana María Quijano, asesora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y Carla Valla, Oficial de Políticas Sociales de Unicef Perú (Unicef 2019).

[2] Hasta 1985, la palabra “libertad” aparecía más veces en los textos sobre la infancia que la palabra “seguridad”; a partir de aquel año, la relación se invirtió y la palabra “seguridad” fue ganando más y más presencia. Existe una relación dialéctica entre la seguridad y la libertad, el aumento de una suele exigir cierta renuncia de la otra (Simon Kuper 2016) (Citado por Segovia 2017).

Conclusiones:

En este encuadre de la discusión, y desde un nuevo paradigma, se reflexiona sobre las infancias como la formación de un conjunto diverso pero interrelacionado de niñas, niños y adolescentes, que aspiran a posicionarse como grupo de espacios clave para repensar la ciudad y sus horizontes. Para su estudio proponemos cuatro escenarios base: primer escenario, el estudio de las relaciones sociales en términos de la interseccionalidad, entre la niñez y el mundo adulto, en campos sociales de la educación, la cultura y el esparcimiento, y la salud[1]; segundo escenario, identificar y estudiar los campos de representación social de las infancias en las zonas de pobreza de Lima Metropolitana, lenguajes, prácticas sociales y simbólicas; tercer escenario, recuperar las expectativas de las y los sujetos/objetos hablantes, particularmente en torno al disfrute y las ventajas que les ofrece la ciudad; y cuarto escenario, aplicar como método la investigación-acción, con base en metodología mixta, y los estudios transversales a través del análisis del discurso, cuyo propósito es exhortar el pensamiento, sobre la descripción y la discusión en torno de lo establecido para las infancias y el disfrute de sus Derechos a la Ciudad. Propuesta en la que prevalece estudiar el fenómeno como proceso, priorizando el conocimiento a profundidad del problema.

 

[1] Desde los conceptos de Habitus y Campos Sociales de Pierre Bourdieu. 

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Ministerio de Economía y Finanzas, MEF (2018). Gasto público en niñas, niños y adolescentes 2016 UNICEF-PERÚ, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

UNICEF (2019). Alcaldes y alcaldesas de 40 países firmaron declaración para ser más amigos de la niñez. Líderes municipales de todo el mundo comprometidos con el respeto y cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. UNICEF-Perú/Para cada Niño. Nota de Prensa. UNICEF.Org

UNICEF (2020). COVID-19: Impacto en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú. Estimaciones 2020-2021. Reporte técnico. Recuperado de https://www.unicef.org/peru/media/9026/file/Reporte%20t%C3%A9cnico.pdf

Vargas Valencia Fabiola Teresa (2013). Diagnóstico de Violencia Escolar (Bullying) y Prevención Social de la Violencia en Planteles Escolares. Diagnóstico y manual de prevención dirigido a los maestros. Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Nogales. IMIP Nogales - Sonora. Financiado por SUBSEMUN, presentado a H. Municipio de Nogales, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Secretaría de Gobernación SEGOB, 2013.

Vargas Valencia Fabiola Teresa (2020). Infancias y derecho a la ciudad: la tensión entre políticas de libertad y seguridad en el Cono Sur de Lima-Perú. Pre-proyecto de investigación, entregado al Instituto de Investigación de la Universidad de Lima, abril 2020.

Palabras clave:

Infancias, Derecho a la Ciudad, Políticas de libertad y seguridad

Resumen de la Ponencia:

Um ensaio para discutir os efeitos da pandemia nas composições da cidade, aqui tomada como território a partir do pensamento do pesquisador brasileiro Milton Santos. Além de outras concepções, a perspectiva compreende o lugar como potencial formador das relações solidárias e de resistência, reconhece o espaço e as formas de viver e ocupá-lo como uma forma de ler a realidade. É objetivo refletir sobre algumas conexões entre as áreas e os dados de uma publicação que reuniu informações sobre a Covid-19 nas Favelas do Rio de Janeiro. Para tal considero as edições do Boletim Socioepidemiológico da Covid-19 na Favelas (março-junho/2020; junho-setembro/2020; e janeiro-novembro/2020 para Síndrome Gripal), publicação FIOCRUZ/SUS, em que é possível evidenciar graves efeitos à população das áreas pobres e negra. O Brasil foi o país que mais recebeu escravos africanos nos processos de colonização latino-americana e onde por mais 300 anos vivenciou uma dinâmica escravocrata, na qual a população negra vem sendo posta como subalterna no pensamento dominante. As raízes coloniais que ainda perpetuam e recortam o acesso destes grupos no campo da proteção a saúde, impactaram diretamente em cada realidade social. Neste estudo fica indicado que nas favelas do Rio incidem sobre o espaço geográfico construído as disparidades sociais e ao mesmo tempo fica evidenciado a organização de quem mora, trabalha ou contribui para chamar a atenção desses reflexos múltiplos, no território usado. Assim destacamos a inciativa coletiva de profissionais de saúde pública de determinadas regiões do município, moradores dessas regiões e outros atores sociais que almejavam uma ação conjunta para compreender os reflexos agravantes da pandemia, em meio urbano periférico, a fim de aprimorar as práticas sociais. As condições e contradições da herança africana, se tomadas pelo sentido ampliado de território, permitem tanto compreender as informações relativas à falta de proteção, manifestando os processos de dominação colonial, quanto reconhecer que estes grupos de população tiveram expressão nas análises da pandemia. Tal proposição, frente à emergência que a caracterizou, é tomada como ferramenta especificamente neste eixo de análise, e pensada para a ação. Indica que a cidade possui manifestações de resistência, importando contribuir com um conjunto de ‘respostas’ frente ao quadro social pós-pandêmico. Na cena contemporânea os desdobramentos da escravidão se fazem presentes no cotidiano da população (afro)brasileira que, com a pandemia identificada em nossas terras em 2020, acabou por intensificar o processo de desproteção social, sobretudo das camadas mais vulneráveis socialmente, a exemplo do que relatam diversos artigos acadêmicos brasileiros.

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de esta ponencia es analizar la relación entre los sentidos de utilidad social que construyen investigadores/as sobre los conocimientos que producen y las vinculaciones que establecen con actores interesados en sus conocimientos. Se indaga sobre la dinámica interactiva de un grupo de un organismo público de ciencia y tecnología de Argentina, que orienta parte de su trabajo al desarrollo de soluciones biotecnológicas a problemas de salud. Se trata de un estudio de caso (Stake, 1998) sobre las vinculaciones que despliega un grupo del Instituto de Virología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que interactúa con actores interesados en los conocimientos sobre salud humana y animal que el grupo produce, tales como empresas, el Ministerio de Salud de la Nación y otros/as investigadores/as. Las vinculaciones se clasifican entre aquellas unidireccionales, donde sólo una de las partes involucradas aporta conocimientos y aquellas bidireccionales donde ambas partes se benefician de la co-construcción de conocimientos (Perkmann y Walsh 2009, 2007; Arza, 2010, 2016; Lu & Qiu, 2022; Britto et al., 2019; Verre, 2016). Se halló que en la actualidad, el grupo relaciona la utilidad de los conocimientos que genera con las nociones de innovación, transferencia y desarrollo de productos. A su vez, prioriza las vinculaciones centradas en la construcción de canales bidireccionales de comunicación y transferencia con instituciones y empresas innovadoras a partir de una evolución que no siempre fue así. En estas asociaciones todos los actores involucrados comparten y construyen conocimientos. En la etapa previa del grupo, predominan las vinculaciones donde los conocimientos fluyen por un canal unidireccional, donde las empresas solucionan problemas productivos cotidianos que no implican para el grupo el despliegue de sus invenciones científicas. Asimismo se halló que las vinculaciones ocupan un lugar central en el cambio en las formas de concebir la utilidad social de los conocimientos a lo largo de la trayectoria del grupo.

Resumen de la Ponencia:

XXXIII CONGRESSO LATINIOAMERICANO DE SOCIOLOGIAALAS MEXICO 2022 Grupo de trabalho: WG19 –  Ações Coletiva, Movimentos Sociais, Resistência. Título: Movimentos Sociais:  as iniciativas comunitárias como instrumento de promoção de ações sociais na Barra do Jucu. Karina Solar Bergmann[1]Viviane Mozine Rodrigues[2] RESUMO  Este artigo­­ aborda importância dos movimentos sociais contemporâneos a partir de iniciativas comunitárias em comunidades tradicionais. A formação de núcleos comunitários busca soluções em nível local para questões sociais complexas, tais como o saneamento, o meio ambiente, o turismo, a cultura e a exclusão social. O recorte espacial desse trabalho é a comunidade tradicional e pesqueira da Barra do Jucu, em Vila Velha/ES/Brasil. Os processos de ação social são identificados com a construção de estruturas formais e informais, além uma diversidade de atores que buscam na identidade coletiva a resolução de uma necessidade comunitária. A metodologia do trabalho é de observação participante, onde o acompanhamento dos movimentos, tradicionais e novos, e seus meios de organização serão monitorados por dois anos, sendo este trabalho o resultado do primeiro ano (2021). Pôde-se verificar o poder de transformação social dos movimentos sociais comunitários, principalmente frente a pandemia de covid-19 (2020-atual) em contraste com a baixa presença governamental.Palavras-chave: Movimentos Sociais. Identidade Coletiva. Movimentos Comunitários. Políticas Sociais. Barra do Jucu.  [1] Mestranda em Sociologia Política. Universidade de Vila Velha - ES. karinasolar@gmail.com.[2] Doutora em Ciências Sociais PUC-SP. Professora do mestrado em Sociologia Política e do mestrado em Segurança Pública da Universidade Vila Velha - ES. vmozine@uvv.br.

Resumen de la Ponencia:

Recordando a Paulo Freire al plantear que era necesario tener esperanza del verbo esperanzar no del verbo esperar; es decir, “ir tras”, construir, juntarse con otros/otras para hacerlo diferente; se hace necesario comprender cuáles son esas nuevas epistemes, las voces plurales que se alzan y juntan entendiendo que hoy no basta con decir “pensamiento crítico” sino desde dónde está pensándose ese pensamiento. En una sociedad dominada culturalmente por objetos temporales, los/las entes sociales contenidos en una sumatoria de espejismos, sumidos en la sociedad del espectáculo[1], existen en una ceguera inducida que, pareciera son presa del simple acto del consumo por el consumo; convirtiéndolos en sujetos acríticos, sin posibilidad a la autonomía del deseo de desear sino del deseo condicionado por la atomización de imágenes e ídolos alentadoras del buen vivir. Este dispositivo sistémico encuentra un éxito rotundo al encontrarse enraizada en lo propio de su ser social, la violencia simbólica como mecanismo de dominación neoliberal. Horacio Machado Aráoz, vocero de la Ecología Política, asume, mediante la crítica abierta al conflicto ambiental de la extracción minera, la violencia simbólica dentro de su noción de “violencia multifacética” en tanto arma flamante del poder constituyente de subjetividades monopolizadas simbólicamente; haciendo que los anhelos se desdibujen en necesidades imprecisas dentro del universo de cosas dispuestas a consumir. Entendiendo la problemática de la crisis ambiental global desde este dispositivo sistémico, nos ayuda a comprender cómo se expande y reconfigura lo simbólico en la producción de sentidos y, lo que estos sentidos, estados emocionales, imaginarios, memorias, contenidas en los discursos oficialistas, posters, diálogos “bondadosos”, propagandas, representan-emiten en la construcción de lo social-ambiental como mecanismo estructurador de ideologías plurales. La agravante situación de la crisis ambiental global se ha visto injuriada por el complejo y dialéctico mundo colonial. La COP 26, fijó una cuota para 2030 que busca el cero neto de reducción de emisiones de carbono para mediados de siglo. En esta retórica discursiva oficialista cohabitan términos como resiliencia, adaptación, mitigación; sabiendo que no solo conforman el discurso de los movimientos ecológicos, ni de izquierda, parecen eufemismos devenidos en palabrejas absorbidas por estos cuellos de corbata para, en aras de un desarrollismo carismático, practicar el desalojo forzado en las comunidades, el extractivismo, envenenar el agua de los ríos, utilizar los países subdesarrollados como sumideros de carbono. La violencia simbólica nos brinda herramientas para deconstruir lo que a simple ojeada no es perceptible, precisamente por su naturaleza circular, cambiante, pero trágicamente omnipresente que induce y maquilla al mundo de los sentidos hegemónicos.  [1] Haciendo uso de la categoría crítica asumida por Guy Debord en su obra La sociedad del espectáculo (1967).       

Resumen de la Ponencia:

Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, de acuerdo con la literatura especializada, ha surgido con fuerza dentro de las sociedades modernas un nuevo agente social que encarna los valores de la innovación y la tecnología y que ha sabido explotar ciertas habilidades individuales y económicas como liderazgo, ambición, toma de decisiones, creación de empresas, empleo, bienes y servicios así como ciertas habilidades sociales como la reproducción y el desafío al orden social existente, el mantenimiento de ciertas estructuras sociales y/o la formación de oportunidades dentro de una comunidad. El agente al que se hace referencia es el emprendedor.No obstante, el objetivo de esta ponencia es presentar los resultados preliminares del análisis de tres casos de emprendedores cuyas empresas (Foodies, Enova y Yogome) basadas en la innovación y el uso de la tecnología no lograron ni retar el orden social existente, ni asegurar la reproducción de las estructuras, sino que les quitaron las oportunidades a sus empleados y a ellos mismos. Es decir, emprendedores que cometieron fraude; cuyas empresas no generaron sus propios rendimientos y utilidades y que el cierre de sus puertas se dio en circunstancias de escándalo. De esta forma, el principal argumento que este trabajo propone discutir es el siguiente: los mismos elementos teóricos-metodológicos para estudiar el emprendimiento son los mismos elementos para estudiar el fraude en el emprendimiento.De esta forma, las preguntas que se busca responder son las siguientes: ¿Qué hace que un emprendedor en condiciones similares a otros emprendedores opte por cometer fraude?, ¿existe algún patrón de conducta divergente en los emprendedores que cometieron fraude?, ¿son fraudes que se cometieron por actos de supervivencia, deliberación o como parte de una oportunidad de extraer excedentes económicos?, ¿quiénes, además del emprendedor, estaban involucrados en el fraude?, ¿existe algún indicador que alerte sobre la posibilidad de que un emprendedor cometa fraude?Para poner a prueba el argumento y responder a las preguntas propuestas, este documento estará dividido en dos partes; en la primera, se discutirán las nociones de éxito, fracaso y fraude y su vínculo con la innovación y la tecnología como elementos que pueden legitimar o deslegitimar el trabajo que llevan a cabo los emprendedores en el mantenimiento de una empresa; en la segunda, se presentará el análisis de los testimonios de algunos empleados que trabajaron en Foodies, Enova y Yogome con el fin de conocer la perspectiva que tienen sobre el fraude en el emprendimiento a partir de sus propias experiencias, así como la interpretación que ellos hicieron de las posibles causas o motivos que llevaron al emprendedor a cometer fraude. 

Resumen de la Ponencia:

Este artigo intenta abordar impactos culturais e conflitos promovidos com a criação do Parque Nacional do Cabo Orange[1] que compreende a Vila de Cunani - distrito do município de Calçoene, extremo norte do Brasil, Amazônia oriental, Estado do Amapá. Estudos sobre a área aferem ser uma região de relevância histórica do Estado, pois foi palco de disputas territoriais entre Brasil e França e elencado como local do Contestado Franco-Brasileiro durante os séculos XVIII e XIX. Hoje, a contestação persiste pelo impedimento da população desenvolver suas tradicionais atividades de subsistência, por rigor da regulamentação da Unidade de Conservação, embora Cunani constitua um território legalmente reconhecido como remanescente de quilombo[2]. Considerando a temporalidade histórica que situa os acontecimentos e ajuda a organizar as narrativas para entendimento do passado, presente e, expectar a (re)construção do social no futuro, metodologicamente, empregamos a observação participante considerando a história oral enquanto registro do “vivido” e de memórias; entrevistas semiestruturadas; o método qualitativo etnográfico que permitiu-nos perceber formas simbólicas em conexões com os contextos sociais e históricos. Como resultado inicial[3], percebemos uma população impactada, quantitativa e qualitativamente, em seus modos de vida e relação com o ecossistema, além da vulnerabilidade social e ameaça de perda cultural que vem se instalando naquela comunidade empobrecida - dentro de um território geográfico, comprovadamente, rico em recurso aurífero e sítios arqueológicos que testemunham atividades do passado histórico no local – por negligência do poder público. A proteção ambiental através da estrutura jurídico-política do Estado, na forma como alocada, constitui um projeto de colonialidade e, assim, de desterritorialização. Inferimos que essa população tradicional afro-amapaense, tendo sua cultura negligenciada sob a justificativa de preservação da biodiversidade e ecossistemas, tende a desaparecer, caso não haja a intervenção coerente e responsável do poder público na resolução do conflito e na reparação dos danos legados. [1] Segundo MMA (2010) “É uma Unidade de Conservação (UC) que tem como instrumento legal o Decreto Federal № 84.913 – 15 de julho de 1980, e se insere na categoria Proteção Integral. A UC abrange os Municípios de Oiapoque e Calçoene, […] e seus ecossistemas predominantes são Manguezais, campos inundáveis, Floresta de Várzea Floresta Ombrófila densa.” (p. 31). O Cabo Orange é conhecido nacionalmente como ponto extremo marítimo do território brasileiro. […]Faz fronteira com o território ultramarinho da Guiana Francesa, onde os franceses dispõem das condições, serviços públicos e direitos análogos ao da França continental. Essa situação evidencia um contraste negativo em relação às condições dos municípios no Estado do Amapá, Brasil. [...] O Parque Nacional do Cabo Orange protege 4,3% da área do Estado do Amapá.” ( p. 29).[2] Certificação pela Portaria n° 38534, de 19/04/2005.[3] Inicial no sentido que a pesquisa continua sendo executada quanto aos desmembramentos dos demais aspectos sobre a temática.

Resumen de la Ponencia:

 Se reflexiona sobre la experiencia en el curso Diseño, Seguimiento y Evaluación de Proyectos Sociales I y II de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica. Se trata de una sistematización de la experiencia de los cursos en mención, en el contexto de la emergencia nacional decretada por las autoridades de salud del país, frente a la pandemia por COVID-19. Refiere a la implementación de un curso de naturaleza teórico-práctica; que enfrentó el desafío de la mediación pedagógica de la presencialidad a la virtualidad. La producción del conocimiento parte de la incidencia de factores en el aprendizaje, condiciones y disposiciones de las diferentes personas involucradas con sus diversos saberes, realidades y vivencias, que permiten la mejoría en la práctica del curso.La reflexión individual y colectiva en la docencia permite miradas críticas sobre las experiencias en la academia, en torno a las prácticas vividas e implementadas como personas docentes, lo que conlleva a la producción de nuevos conocimientos y una mejora constante en la Educación Superior del país. Aunado a esto, Salazar y Montero (2020, 2) refuerzan la idea:Sistematizar no sólo permite la generación y gestión del conocimiento científico, por medio de la producción académica como son artículos, informes, toma de decisiones institucionales, entre otros; sino que también, tiene el potencial para hacer una experiencia significativa que propicie la mejora en la calidad de vida de las personas y de las comunidades. En cuanto a lo señalado, se debe rescatar la importancia que genera dicho proceso de reflexión para las personas estudiantes de la Escuela de Sociología, asimismo, para la Unidad Académica y la Universidad en general; en tanto acción de transformación social. 

Resumen de la Ponencia:

Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a relação existente entre o acesso ao ensino superior público e a oportunidade de se promover justiça social a partir do caso brasileiro de criação de quatro universidades federais em três estados (Ceará, Bahia e Pará), montadas pelo viés da educação regionalizada e do desenvolvimento territorial. A partir de uma investigação iniciada em 2014 e em curso atualmente, a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) figuram como objetos empíricos da pesquisa. Elas são conhecidas como “novíssimas” universidades federais pelo fato de terem sido estabelecidas pela ótica da regionalização da educação superior pública brasileira. A partir do objetivo geral de se analisar o processo de criação destas instituições universitárias pela dimensão político-institucional do desenvolvimento territorial, questões como o acesso oportunizado às populações das localidades onde essas universidades estão sediadas se mostraram como vetores de inclusão e justiça social. Com vistas a se verificar em profundidade este e demais aspectos, a pesquisa em curso tem se embasado numa abordagem qualitativa, em que cada universidade é destinatária de um estudo de caso. Os dados primários coletados têm sido majoritariamente oriundos de entrevistas semiestruturadas com agentes públicos, agentes políticos e representantes da sociedade civil que direta ou indiretamente atuaram na constituição destas instituições. Os dados secundários, por sua vez, têm sido formados por documentos oficiais dos poderes Executivo e Legislativo federais e outros registros oficiais e jornalísticos, dentre outros, que tratam das negociações e tratativas que culminaram no estabelecimento daquelas quatro universidades. No que tange à análise dos dados, promoveu-se a sua triangulação (dados primários, dados secundários e literatura especializada em desenvolvimento territorial, políticas públicas e ensino superior). Os resultados obtidos, para além do panorama geral acerca da montagem das instituições universitárias, tem revelado que a presença delas tem melhorado o acesso a vagas de educação superior nas localidades de moradia dos habitantes e isso tem oportunizado que estes não precisem se deslocar aos grandes centros brasileiros para progredir nos estudos, como era a única opção há alguns anos na realidade social do Brasil. E essa oportunidade, por conseguinte, tem gerado efeitos que pendem à justiça social, uma vez que estas mesmas pessoas que agora podem fazer parte de uma comunidade universitária se veem e se percebem num ambiente que antes só seria viável e possível caso dispusessem de recursos financeiros para viverem nas grandes urbes do Brasil. Portanto, muito mais que a garantia de um direito constitucional, a presença das novíssimas universidades federais brasileiras tem dado a chance de o Brasil ser mais socialmente justo.