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Resumen de la Ponencia:
El trabajo que se expone tiene el objetivo de realizar un análisis reflexivo sobre la relación social entre el Estado y la sociedad campesina acotada a quienes producen café de especialidad, a partir de las transformaciones del Estado nacional de México en su contexto histórico y del despliegue de políticas públicas de desarrollo. El análisis se acota a campesinos que se dedican a la producción de café, quienes dan cuenta del impacto que tuvieron las políticas neoliberales en su dinámica productiva y de reproducción social, ya que fueron fuertemente afectados a partir del año 1989, cuando la aplicación del neoliberalismo se profundizó. Sin embargo, en el sexenio 2018-2018 existe un discurso de estar en contra de procesos neoliberales al tiempo que fortalecen la relación con la sociedad rural de manera individual, en tanto, se eliminaron las intermediaciones con las organizaciones campesinas, por lo cual, este trabajo pretende identificar la relación que se perfila en este periodo, en contra posición con sexenios pasados.
Introducción:
Debido a los cambios que se presentan en las políticas de desarrollo, en particular las que se dirigen al sector rural durante el sexenio actual (2018-2024), consideramos importante realizar un análisis que parte de reflexionar sobre la relación Estado-sociedad, debido a que el actual gobierno federal parece contar con elevada legitimidad en la sociedad con menos recursos económicos, entre ellos, el sector rural. Ahora bien, este análisis se centra eminentemente en la dinámica del Estado con respecto a la sociedad campesina, de manera particular los campesinos que se dedican a la producción de café, asimismo se busca exponer las acciones y las estrategias que se configuran desde este sector social en este cambio de la relación.
Esta situación se dio de acuerdo a nuestra perspectiva porque aumentó la desigualdad en nuestro país entre 1980 y 2014, en ese sentido, es por demás sabido que entre mayor desigualdad existe en un país, menor es su capacidad democrática porque el Estado de derecho es débil y porque la ciudadanía no puede participar en igualdad de condiciones en la vida política del país. Sin embargo, en el año 2018 se elevó la participación ciudadana en los comicios, en gran medida porque se presentó como la única vía posible para generar cambios y con ello, se observa que el gobierno federal volvió a cobrar legitimidad entre la sociedad rural.
El análisis de la relación del Estado con la sociedad se mantiene, en particular los campesinos que están involucrados en procesos productivos comerciales, aquellos que se dedican a la producción de café, un grupo de productores de relevancia en México porque el café es un grano de exportación por excelencia y de gran importancia para la economía familiar de los campesinos del sur de nuestro país.
Por otra parte, los campesinos que mencionamos, dan cuenta del impacto que tienen las políticas neoliberales en su dinámica productiva y de reproducción social, ya que fueron fuertemente afectados a partir del año 1989, cuando la aplicación del neoliberalismo se profundizó, por ejemplo, con la liberalización comercial de la producción agropecuaria.
En un primer apartado se discute el origen del Estado moderno, con sus particularidades en México y sus transformaciones, para cumplir su función principal que es posibilitar la reproducción de capital, por ello, los cambios del Estado se marcan por este proceso.
En un segundo apartado se analiza la relación que el Estado establece con campesinos que se dedican a la producción de café, que están organizados en colectivos que se configuraron por las dinámicas propias que genera su relación con el Estado, al tiempo que también es la pauta para modificar sus colectivos en ciertos momentos; sin embargo, los campesinos han sido capaces de sostener esa relación a pesar de sus rupturas coyunturales.
En esa dinámica, los campesinos permanecen en su forma de reproducción y producción campesina, aun cuando históricamente desde el Estado persiste la intención de integrarlos a la reproducción del capital, o bien, convertirlos en agroempresarios y cuando no cumplen con dichas expectativas los consideran únicamente población en situación de pobreza.
La metodología de investigación se basa en general en una perspectiva histórico estructural, en tanto, se reconoce al Estado como una estructura que surgió como una necesidad de la reproducción del capital para solventar los conflictos entre las clases existentes en una sociedad, así mismo es una estructura que se transforma de acuerdo con la etapa histórica del capitalismo. También se retoma la perspectiva metodológica del Estado integral de Gramsci que explica en términos contemporáneos Oliver (2009) con su concepto de Estado ampliado, que en esencia lo que plantea como eje de análisis metodológico es considerar que la sociedad civil es una ampliación del Estado porque es la sociedad quien legitima y en dónde se ejerce la hegemonía del Estado, esto último es de fundamental importancia porque consideramos que desde esta perspectiva se reconoce que los cambios en las lógicas del Estado también dependen de la sociedad civil y no sólo de la sociedad política.
Desarrollo:
El Estado en México y la sociedad civil rural
El Estado surgió derivado de la desigualdad de las clases sociales y debido a la conflictividad fundada en un antagonismo de carácter económico, esta situación genera que algunas clases predominantes con mayor poder económico desarrollen acciones casi de exterminio de otras clases sociales. Por esta razón, una de las funciones fundamentales del Estado es evitar ese exterminio sin sentido, por lo cual, esta estructura se vuelve necesaria como un instrumento para ejercer poder sobre la sociedad en general, para fungir como intermediario en los conflictos y mantener un orden en las relaciones sociales (Engels como se citó Fábregas, 1976).
El Estado como instrumento de control refleja una continuidad de la desigualdad de clases antagónicas (Fábregas, 1976). Sin embargo, el Estado moderno capitalista es algo más que un aparato de poder, también es un espacio de construcción político-ideológico y político-militar que se encuentra en constante disputa, es decir, una relación de fuerzas permanente, pese a ello, “…el Estado es ante todo una necesidad de la historia, en tanto es el poder necesario para organizar orgánicamente a la sociedad moderna” (Gramsci como se citó Oliver, 2013,57).
Es así como el origen del Estado se encuentra inmerso en una contradicción porque, por un lado, tiene el objetivo de poner orden en una sociedad y por otro pretende eliminar las desigualdades sociales de las cuales precisamente surgió.
En el contexto de América Latina, la formación y desarrollo de los Estados nacionales surgieron de la empresa del colonialismo, con la premisa de que los colonizadores tenían que lograr la civilización de las sociedades consideradas primitivas, mismas que solo podían hacerlo a través de la construcción de un Estado nacional, así las sociedades colonizadas primitivas o de la barbarie podían superar esta condición y lograr la civilización de carácter occidental (Fanon, 2001).
En este sentido, el colonialismo también permite explicar el surgimiento de los Estados nacionales en América Latina, rasgo que se expresa, entre otras características, en las actitudes coloniales de su clase política. El Estado Nacional Mexicano es pues producto del colonialismo, en tanto que fue creado para civilizar a la población originaria bajo la cultura occidental, refiriéndose a occidente en términos culturales y no como un referente geográfico.
El Estado nacional mexicano es parte de ese contexto, por lo que aún se pueden observar dinámicas coloniales en las diversas instituciones del Estado, porque el nuevo colonialismo o lo que algunos autores llaman colonialidad del poder[1], se puede observar a través del servilismo del Estado hacia los poderes económicos del sistema capitalista en el que estamos inmersos. Es decir, en los últimos cincuenta años, bajo la lógica de impulsar el desarrollo económico, se privilegió a las empresas con mayor poder económico del mundo para que se establecieran en el espacio nacional, mediante la generación de las condiciones que dichas empresas exigieron.
Desde la perspectiva económica, el Estado moderno resultó del impulso del capitalismo como régimen de acumulación, es decir, surgió recién con la sociedad burguesa capitalista y es un emblema característico del sistema económico capitalista (Hirsch, 2001). Asimismo, reconocemos que, si bien, expresa la relación de capital, también es una entidad de poder institucional para establecer una relación poder-sociedad, de tal forma que el Estado no puede determinarse solo por un poder económico productivo, sino también político, cultural y social (Oliver, 2009).
El Estado expresa la relación del capital a través del establecimiento de un poder legítimo único basado en el uso de la violencia, es decir, un entramado de relaciones sociales plasmado en “la dominación y el acuerdo, la obediencia y el reconocimiento, el consenso y la fuerza” (Roux, 2009 “264”; Hirsch, 2001); para que se logre esto se requiere de la hegemonía del grupo social que tiene el poder en la sociedad (Oliver, 2009), porque se requiere la aceptación del grupo dominado en una suerte de convicción.
El Estado es una relación social entre individuos, grupos sociales y clases, la condensación material de una relación de fuerzas sociales (Poulantzas, 1978); no obstante, de ninguna manera esa reflexión debe reducir al Estado a una correlación de fuerzas, porque el Estado contiene aspectos de gobierno, aspectos jurídicos para ordenar a la sociedad y de legitimación para aceptar a la élite política, (Hirsch, 2001).
En ese plano de discusión, el Estado es el momento político de la sociedad, en tanto, la política se entienda como el conjunto de deliberaciones, decisiones y ejecución de normas y prácticas que afectan a toda una comunidad. En ese sentido, el Estado adquiere el monopolio de la violencia física tal como refiere Weber, porque sobre todo implica monopolizar las acciones de gobernar con el objetivo de mandar y exigir el cumplimiento de normas (Ávalos, 2015).
En esencia, el rasgo característico y fundamental del Estado es la autoridad legítima que posee (Ávalos, 2015; Roux 2005), porque toda la comunidad reconoce y acepta esa autoridad ajena a ella misma muchas veces, y a partir de esta situación se establece una relación de mando obediencia entre gobernantes y gobernados (Roux, 2005).
De esta forma, si bien, el Estado incluye a la sociedad civil básicamente para representarla porque se constituye de ciudadanos, al mismo tiempo la excluye porque el proceso estatal concentra la política (Ávalos, 2015), por tanto, a partir de esta inclusión y exclusión desde su origen se genera una relación orgánica entre la sociedad y el Estado, siempre determinada por el proceso histórico capitalista porque el Estado moderno es una construcción histórica, política y cultural (Oliver, 2013). Es decir, constituye la existencia de relaciones de dominación y poder.
Pese a las contradicciones de origen, la sociedad civil seguirá apelando a un futuro de Estado social en México, que sobreponga la justicia social como un objetivo prioritario de la agenda, que en todo caso la política económica encaminada a buscar estabilidad y crecimiento económico tenga como objetivo primordial el bienestar de la población porque es apremiante recordar que el Estado no sólo es un espacio de poder, pues también su función institucional es hacerse cargo de la redistribución de riquezas y, por tanto, de derechos (Cordera, 2014).
En este sentido, la relación de la sociedad con el Estado en México ha estado determinada en gran medida por el momento mundial del modelo económico y también por el devenir histórico que conformó al Estado en México, por lo que en la década de los treinta del siglo XX en particular con el presidente Lázaro Cárdenas, se apoyaron sectores sociales de la sociedad rural, se fortalecieron instituciones gubernamentales incluso para tutelar a los campesinos.
Desde 1940 y hasta mediados de 1970, existió un capitalismo de Estado con el que las instituciones gubernamentales no sólo intermediaban en los procesos productivos, incluso estaban a cargo de algunos procesos como la producción de fertilizantes, las telecomunicaciones, entre otros procesos.
Sin embargo, a finales de la década de los setenta el modelo económico en el mundo cambió porque los mercados del mundo se abrieron, derivado del exceso de capitales en países altamente industrializados, por lo que, el Estado mexicano se integró a ese proceso en una forma subordinada y se abrieron los mercados, enseguida devino una crisis por precios en el petróleo y con ello se argumentó la necesidad de cumplir con la “recetas” dictadas por el Consenso de Washington, con lo cual, se profundizó el neoliberalismo en México.
En el siglo XXI, se mantuvieron esas reglas del neoliberalismo dogmático, al mismo tiempo que se dio un proceso de alternancia política; sin embargo, mantuvieron la misma lógica de ser un Estado eminentemente al servicio del capital transnacional, al mismo tiempo se profundizó el uso de la violencia no sólo desde el Estado, debido a que avanzaron los procesos de organizaciones violentas.
En el periodo presidencial actual (2018-2024) se presentan algunas reformas del Estado, volcándose por un capitalismo de Estado, con la producción energética y para el caso agropecuario se está reactivando Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), entre otros procesos. A esta situación se agrega que en el imaginario de una parte importante de la sociedad nacional, existe la expectativa de que el Estado actual en México les restituya sus derechos, por tanto, están apelando a la construcción de un Estado Social Mexicano.
La relación del Estado con la sociedad campesina de México
En el caso particular de México, históricamente el Estado terminó de constituirse en la década de los treinta y se institucionalizó la relación de mando-obediencia entre gobernantes y gobernados. Misma época en que prevalecía el periodo presidencial de Cárdenas, en el cual se integraron a los trabajadores, campesinos y empresarios a través de corporativos, por lo que se generaron las condiciones para configurar un Estado corporativo, siempre centralizando el poder en la figura presidencial, además con un partido de Estado que hacía la función de intermediario con los diversos corporativos. Ahora bien, esta configuración fue resultado tanto del momento histórico del capitalismo como de la intensa lucha de la sociedad para ser incluida en el aparato estatal (Roux, 2005).
De esta forma, tenemos que en el caso de México la relación entre el Estado y la sociedad civil se fincó sobre la base de un corporativismo estatal. Por su parte, la sociedad aceptó desarrollarse en esa lógica de relación y el Estado logró controlar a la sociedad por ese medio. De manera más específica, la sociedad campesina históricamente se generó la idea de que el Estado mexicano se configuró con representantes de la base popular, debido a que surgió a raíz de una revolución mexicana y después, en la década de los años 30 del siglo XX, el Gral. Lázaro Cárdenas logró ser presidente por el apoyo masivo de la clase campesina principalmente (Ortiz, 2001). Por tanto, el presidente de esa época representaba intereses populares, al menos en términos simbólicos o imaginarios y la sociedad rural lo consideró así.
A partir de este contexto, la relación entre la sociedad campesina y el Estado puede analizarse a través de los rasgos gubernativos, por ejemplo, con el diseño de políticas públicas que se encaminan a impulsar el campo porque dichas políticas afectan o benefician intereses de los campesinos.
En el caso del sector cafetalero, después de haber sido tutelados desde 1956, a través del Instituto Mexicano del Café (Imecafé), fueron abandonados por el Estado a partir de 1989. En ese mismo año se anunció la desaparición del Inmecafé, por tanto, desapareció también el sistema de subsidios, asistencia técnica, crédito y comercialización de su producto.
Por otra parte, el Estado dejó de cumplir funciones de regulación ante el mercado internacional porque había demandas para que México abriera sus mercados al tiempo que debía dejar de subsidiar a los productores del aromático para integrarse a la competencia de libre mercado.
En el plano internacional, el mercado del grano se ajustó a la liberalización comercial, por el cambio de funciones de la Organización Internacional de Café (OIC), que era el organismo internacional por medio del cual se regulaba la oferta del grano para evitar la depresión de los precios, o que algunos países productores obtuviesen mayores ventajas. De esta manera, la liberación de las cuotas de exportación, fue un mecanismo propicio para que la ley de oferta y demanda comenzara a definir los parámetros de las relaciones comerciales entre países productores de café y países consumidores del grano.
Esta situación puso al sector cafetalero en total indefensión ante el libre mercado, puesto que a finales de la década de los ochenta, los caficultores minifundistas dependían en buena medida de la tutela del Estado, por lo que enfrentaron una de las crisis más devastadoras, los cafeticultores minifundistas tuvieron que buscar formas de sobrevivencia de manera rápida porque además se presentó un momento de bajos rendimientos productivos por los impactos climáticos.
Con esta crisis se evidenció que las políticas enfocadas a convertir a los campesinos en agroempresarios para satisfacer la demanda de café de países principalmente fríos, sólo se convirtió en una falsa promesa, puesto que la dinámica de libre mercado nunca permitió que los productores alcanzaran grandes beneficios, mientras tanto, los precios del aromático se deprimieron, la producción decayó por los efectos del clima y la tecnología no estuvo al alcance de todos, por lo cual tampoco fue posible superar la crisis ante los impactos del clima y tampoco lograron recuperar la producción perdida (Santoyo, et al.,1992).
Pese a los grandes fracasos que se observaron, los campesinos fueron quienes vivieron las consecuencias desastrosas y el Estado mexicano continúo su dinámica de cumplir con funciones para generar las condiciones de la reproducción del capital. Más aún, se profundizó el libre mercado mediante el establecimiento de convenios internacionales que pusieron de manifiesto el retiro del Estado en procesos productivos rurales. Este hecho se evidenció con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
De esta manera, a través de las políticas públicas dirigidas al campo, en este caso, se refleja la actuación del Estado de acuerdo con el contexto del sistema económico internacional, lo cual impacta en su forma de relacionarse con la sociedad porque como describimos antes, el Estado llegó a tutelar al campesinado y generó dependencia, al grado de que los campesinos hacían lo que les pedían para contar con los mínimos apoyos.
Una vez que el Estado generó tal contexto de dependencia, los arrojó al libre mercado y los campesinos que ya eran cafeticultores se mantuvieron, se reinventaron mediante sus organizaciones, para afrontar la aplicación de políticas neoliberales; ya que si bien, estos cambios provocaron una ruptura entre el Estado y el sector campesino dedicado a la producción de café, estos procesos de crisis también demostraron que dicho sector fue capaz de generar respuestas, estrategias y luchas particulares ante las grandes transformaciones de su relación con el Estado.
Pese a que la relación entre este sector campesino y el Estado mexicano se volvió tensa, los campesinos dedicados a la producción de café, nunca deslegitimaron al Estado, por tanto, continuaron realizando demandas para obtener apoyos en sus procesos productivos. De esta manera, la experiencia de los campesinos cafeticultores permite reflexionar sobre las transformaciones del Estado mexicano, y cómo incide en la relación con la sociedad campesina. Porque en primer término para el Estado fue propicio controlar a la sociedad a través de relaciones corporativas que obligaron a muchos campesinos a insertarse en procesos productivos dirigidos al mercado exterior. Posteriormente, con los cambios en la lógica de reproducción capitalista, el Estado dejó de tutelar a los cafeticultores que éste mismo alentó en su momento, posteriormente los orilló a insertarse en la competencia de libre mercado, ya que eran las exigencias internacionales.
Por un lado, con los cambios que se observaron en el Estado a partir del año 1990, los campesinos organizados empezaron a definir formas diferentes de relacionarse con dicha estructura, ya que derivado de sus tensiones, se produjo una ruptura con quienes se autodefinieron independientes.
Esta coyuntura propició la oportunidad para conformar una alianza entre diversas organizaciones campesinas que se proclamaron por la autonomía, con la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA). Aunque declinó muy pronto porque en 1990 dejó de funcionar, con esta alianza los campesinos aprendieron a trabajar en colectivo, alejarse del corporativo oficial y continuar con su producción para el mercado internacional, manteniendo su reproducción social (Rubio, 2007).
Las organizaciones independientes que agrupaban a los caficultores minifundistas se mantuvieron mediante la apropiación de su proceso productivo, por tanto, su autonomía estaba acotada a la autogestión, al tiempo que sostuvieron la relación con el Estado sin caer en el carácter corporativo de otras agrupaciones, porque buscaron independizarse en términos políticos, ideológicos y organizativos. En general se plantearon que el Estado dejara de intervenir en sus procesos privados de organización (Moguel, 1992).
Por estas razones, consideramos que el desarrollo histórico del capitalismo marca la relación entre el Estado y la sociedad, sin que por esto implique anular por completo las estrategias que los campesinos –en este caso- construyen para mantener su reproducción social.
Las organizaciones campesinas de café orgánico, que comercializan bajo condiciones de comercio justo, forman parte de las organizaciones que se manifestaron para ser autónomas; sin embargo, estos colectivos presentan transformaciones que se deben a la tensa relación con el Estado, no obstante, mantienen su objetivo en el plano productivo; en consecuencia sus demandas son de carácter sectorial con la finalidad de preservarse dentro de un sistema que les permita mantener su economía campesina junto con su experiencia organizativa.
A pesar de la ruptura inicial de las organizaciones con el Estado y su declaración de independientes frente a este, las demandas de dichas organizaciones se mantienen vigentes, las cuales se definen por el acceso al crédito bancario y el fortalecimiento de su infraestructura con la finalidad de mantener la apropiación de su proceso productivo[2] y continuar con su inserción en el mercado internacional, en ese sentido, la relación con el Estado se mantiene de forma permanente.
Sin duda, la sociedad campesina, en este caso los cafeticultores, en su constitución como organizaciones independientes adquirieron conocimientos que les permiten definir una agenda organizativa, productiva y comercial, por ello, sus demandas las estructuran de acuerdo con estas necesidades, con tensiones constantes, puesto que, en ciertos momentos se han manifestado de frente al Estado, como en el año 2000 cuando inició la segunda etapa del TLCAN con la desgravación masiva de las importaciones agroalimentarias, ante lo cual, los campesinos se manifestaron a través del movimiento “El campo no aguanta más” (Quintana, 2004) y lo hicieron como sociedad organizada.
Los cafeticultores se distinguieron en ese movimiento, por ejemplo con la Coordinadora Estatal de Productores Cafetaleros de Oaxaca (CEPCO) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), ésta última agrupa a casi todas las organizaciones de pequeños productores del país. Con este hecho se muestra que las organizaciones cafetaleras tienen una trayectoria de acción política, que en algunos momentos puede ser mediante movilizaciones y en otros casos, con la disputa o negociación en el diseño de políticas públicas sectoriales; en cualquier caso no abandonan su relación con el Estado a pesar de las tensiones derivadas de las políticas públicas que en general buscan reproducir el capital privado internacional. Precisamente por eso último, los campesinos organizados despliegan acciones de rechazo a diversas políticas, por lo que, la relación del Estado con la sociedad campesina es tensa y compleja.
Otro elemento del despliegue de las políticas dirigidas al campo permite analizar que en la medida en que se privilegia que el gasto público se dirija al combate a la pobreza y no al fomento de la producción agrícola, se generan tensiones con la sociedad campesina organizada, lo cual se pudo observar desde finales de 1980 y hasta el año 2018, ya que estos campesinos tienen una agenda productiva y organizativa, misma que tratan de exponer ante el Estado porque tampoco renuncian a esa relación.
Se observan contradicciones; sin embargo, es parte de las actuaciones tanto del Estado, como de la sociedad campesina, en la medida en que, en ambos espacios se ejecutan estrategias para cumplir sus objetivos. Algunas organizaciones campesinas de los estados de Chiapas y Oaxaca, dan cuenta de sus formas de relacionarse con el Estado con el objetivo de establecer demandas en beneficio del sector cafetalero.
Por otra parte, las tensiones que se generan en la relación orgánica Estado-sociedad campesina responde a las exigencias que el Estado cumple en la reproducción del capital, en tanto ha favorecido los objetivos de empresas multinacionales en los últimos cincuenta años, con las condiciones que genera para que éstas amplíen sus tasas de rentabilidad en México, aunque muchas de éstas condiciones demeritan los procesos campesinos.
Lo anterior, se argumenta en términos empíricos con el caso de la empresa Nestlé que se instaló en el año 2011 en Puerto Madero, Chiapas porque el Estado facilitó su instalación, entre las facilidades incluso otorgó recursos públicos para la infraestructura de la industria, con el argumento de impulsar un proceso de desarrollo regional (Sánchez, 2015).
Por su parte, la sociedad campesina procura integrarse en el diseño de las políticas públicas, ya que con ello tienen la posibilidad de contar con mínimos beneficios. No obstante, este proceso es complejo porque el diseño de las políticas dirigidas al campo depende de las corrientes político-ideológicas que prevalecen en cada momento histórico del Estado.
Hasta el año 2018 lo que observamos es que la relación entre el Estado y la sociedad estuvo determinada por los procesos económicos mundiales, en tanto la política que se adoptó de manera dogmática fue la integración al proceso de globalización neoliberal, que significó eminentemente subordinarse a los intereses de las empresas multinacionales porque se argumentó que esa era la vía para atraer capital privado al espacio nacional y por tanto estas generarían empleos que a su vez dinamizara la economía nacional. Sin embargo, nada de esto sucedió, en cambio la relación entre el Estado y la sociedad campesina se tensó porque se vulneraron muchos derechos para darle preferencia a los derechos empresariales.
A partir del relevo de gobierno el 1 de diciembre del 2018 en México, se presentaron algunos cambios con respecto a la función del Estado para la reproducción de capital, ya que si bien, no hubo cambios en el modelo económico, se observan reformas, en tanto que el aparato estatal dejó de ser subordinado ante los capitales transnacionales.
Por tanto, la relación entre el Estado y la sociedad da la impresión de ser más directa porque las políticas dirigidas al campo están centralizadas, los apoyos son individualizados, aún para aquéllos colectivos que tienen legitimidad por la histórica independencia que han tenido del Estado, ya que en el caso de los cafeticultores organizados, se pronunciaron como organizaciones autónomas.
Esta situación genera algunas tensiones porque los apoyos al campo son individualizados y por otra parte, desde las instituciones gubernamentales se mantuvieron los acuerdos con una empresa multinacional que ya estaba posicionada en territorio nacional. Éste es el caso de la industria de Nestlé, que concluyó su instalación en el año 2019 en el estado de Veracruz con una planta de café soluble. La instalación de dicha industria va en detrimento de los pequeños productores porque tendrá impactos negativos de orden ambiental, productivo y por tanto económico para las familias campesinas.
No obstante, desde las instituciones gubernamentales, si bien, no se apoyó directamente como en periodos anteriores, se alentó la instalación de la industria multinacional, con lo cual, se observa que no estamos de frente a cambios en la reproducción de capital, sólo se observan reformas que procuran mantener la estabilidad económica principalmente mediante políticas sociales que pueden abarcar amplios sectores de la sociedad, entre ellos, los campesinos.
Así las tensiones se mantienen entre la sociedad campesina y el Estado, por las decisiones de mantener la relación con empresas como Nestlé, asimismo avalar su dinámica productiva y comercial que afecta directamente a los cafeticultores campesinos que están organizados y que exportan cafés de alta especialidad.
[1] Colonialidad del poder, es un término al que se refiere Anibal Quijano, quien lo define en un contexto de historia de colonización; sin embargo, en la actualidad no se vive la violencia que existió en la época de colonización y las formas de colonizar son diferentes, debido a que en la actualidad están enfocadas en especial al plano económico con impacto en todos los demás ámbitos de la vida cotidiana de una sociedad, principalmente en las políticas del Estado, la cultura y las formas de crear conocimiento (Quijano, 1988).
[2] La apropiación del proceso productivo, de acuerdo a Bartra (1991), no sólo debe considerarse como una forma en donde las organizaciones se hacen cargo de su aparataje técnico-administrativo, ya que debe considerarse también como una nueva forma de hegemonía popular en el ámbito regional.
Conclusiones:
Observamos que el Estado sigue siendo una estructura que moldea a la sociedad, por tanto, se generan tensiones en su relación porque esto cambia de acuerdo con las exigencias de la reproducción del capital. Pese a ello, los campesinos no deslegitiman al Estado, sólo expresan demandas para que se les incluya o considere en la definición de las políticas públicas del campo porque esto les puede permitir mantener y continuar con su reproducción social campesina.
En este sentido, la sociedad campesina no da muestras de reflexionar sobre la legitimación que hace del Estado, sólo mantiene las tensiones, por lo que, valdría la pena valorar si en este periodo pueden superar esto para que la sociedad logre analizar que también construye al Estado al relacionarse con éste.
Finalmente, los cafeticultores organizados han demostrado tener la capacidad para adaptarse a los vaivenes del Estado; por ejemplo, en este periodo que los apoyos al campo son individualizados, contrario a lo que se pueda pensar, van a repercutir benéficamente porque en la medida en que estos pequeños productores de café puedan mantener sus procesos productivos, en esa medida pueden sostener su proceso organizativo que fundamenta su legitimidad en la realización de procesos productivos y comerciales, porque a través de sus colectivos continúan exportando el grano aromático.
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Palabras clave:
Estado, cafeticultores, políticas públicas, democracia.
