Resumen de la Ponencia:

La propuesta teórico-analítica que aquí se presenta,  se basa en dos categorías producto de una tesis de doctoral, la cual acumula más de 7 años de investigación teórica y de campo (desde el trabajo de grado de maestría). La primera categoría es la de Estado se Seguridad, la cual intentamos aterizar como un núcleo de elementos base que podemos encontrar en varios países del subcontinente que habitamos. La segunda categoría, la nombramos como securitización de la democracia, aplicada la encrucijada colombo-venezolana como hipótesis.El Estado de seguridad poco se entiende desde los estudios exclusivamente nacionales en América Latina es, por tanto, un factor esencial para entender cómo y desde cuándo se han reconfigurado los tiempos productivos ylos territorios para tener control de corredores estratégicos, por medio de la estrategia policiaco-militar pero conestandarte de principios democráticos de cualquier índole. Tiene, además, relación directa con la violencia, lacontrainsurgencia y el neoconservadurismo, es la enunciación consumada del papel del Estado frente a enemigos que, en el discurso, ya no son políticos pero en el fondo se simula sobremanera tanto la no intervención estatal (dentro del concierto neoliberal de recomposición de clases, los Estados solo se reorganizan productivamente, no se desmantelan, ningún Estado para de crecer) como la militarización de la lucha de clases. La securitización de la democracia es un proceso que no se desarrolla de manera universal, para su problematización en Colombia y Venezuela y el impacto que tiene desde estos dos países para el resto de América Latina, debemos desagregar que se articula en cinco líneas generales: La dimensión geopolítica, la reconfiguración económica, la reconfiguración político-regional, los nuevos escenarios de seguridad y los “nuevos” riesgos y amenazas. Existen, además, sujetos sociales y relaciones de fuerza que despliegan a escalas esta securitización de la democracia, cuyos condicionantes son las características de género, etario y étnicas.La encrucijada colombo-venezolana se registra como uno de los principales paradigmas latinoamericanos debido a cinco elementos identificamos en ambos Estados y sociedades, y que pueden apartarnos deromantizar las resistencias populares; por un lado, y por otro de enfrascarnos en la explicación basada en lanecesidad histórica de las oligarquías por contener las fuerzas populares a través del ejercicio extraterritorial del Estado: lasalianzas geopolíticas regionales e internacionales, la política de maquinaria electoral y medidas populistas, la vulnerabilidad de la soberanía popular en procesos de base, la militarización por medio de gobiernos civiles y la caotización de la vida. Realizar una cartografía de procesos securitarios militaristas que los categorice como positivos o negativos másallá de su andar democrático es caer en un ejercicio analítico malogrado, el esfuerzo teórico sería transcrito en unlibelo ideológico y la comparación sería inútil.  

Introducción:

Más allá del lugar común por el cual múltiples enfoques anunciaron en los años de la década de los 80, el afianzamiento del patrón de acumulación capitalista denominado neoliberal, y que reiteraron un salto de interpretación teórica desde el tiempo de las nombradas dictaduras de seguridad nacional, anclándose al “giro a la democracia”[1], busco caracterizar dos categorías de análisis: el Estado de seguridad y la securitización de la democracia, respectivamente.  No es un revisionismo de la teoría del Estado y la teoría de la democracia en América Latina necesariamente, es historizar[2] el tipo de Estado que se concretó con el neoliberalismo y, sobre todo, cuáles son las dinámicas sociales que lo sustentan para después aterrizarlas en la realidad concreta de Colombia y Venezuela bajo la relación de las políticas de seguridad y el modelo democrático. El Estado de seguridad se configura, actualmente, como la concreción estatal del capitalismo-neoliberal que en todo momento hace notar su sello bélico y que reposa sobre esta característica la relación a menor inversión-mayor productividad/plusvalía.[3] 

Por un lado, el discurso, deseo, práctica y reproducción securitaria se encuentran completamente ancladas en el subcontinente, por otro lado, el modelo de democracia liberal, con el epíteto que sea nombrada, no se cuestiona, se da por hecho que es la forma de gobierno por antonomasia, las preguntas son ¿para qué y para quién? El choque con la realidad misma da cuenta y revela por completo que es la forma de gobierno bandera del capitalismo-neoliberal, la que permite su reproducción con mejores condiciones para los pocos que se benefician de esto. Por tanto, una seguridad democrática (eslogan que incluso se han apropiado literalmente, y convertido en política de Estado, algunos gobiernos como el de Álvaro Uribe en Colombia) se materializa como un oxímoron neoliberal (y posmoderno): “El neoliberalismo es capitalismo de guerra en tanto el fin último es la neutralización y control del adversario para garantizar la reproducción del saqueo” -definiría Rodríguez Rejas[4]- o el proceso que dos Santos llamó “Del terror a la esperanza” o “El genocidio económico y social del capitalismo contemporáneo” que nombra Renán Vega Cantor.[5

 

Desarrollo:

Estado de seguridad como categoría de análisis

Si bien el modelo político apelado neoliberal tuvo un empuje inicial heterogéneo en la región latinoamericana (algunos países lo hicieron de la mano de dictaduras militares como Argentina, Chile o Guatemala, otros procesos distintos pero no menos violentos tuvieron Estados como Venezuela, México o Colombia, por mencionar algunos contrastes entre las décadas de 1970 y el año 2000) busco hallar las características del Estado de seguridad  luego de más de cuarenta años de aplicación de políticas neoliberales y saber cómo operan. 

Recupero al Estado de seguridad dialogando con obras y autores que, dentro del vasto baleo de aproximaciones, tres de estas representan las bases desde las que reafirmo la categoría de análisis, atendiendo la formación estatal y la forma de gobierno que se despliega en este: hablamos de “Capitalismo de guerra y Estado de seguridad. Lastres y desafíos” de María José Rodríguez Rejas, Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad escrito por Isabell Lorey y “El Estado de contrainseguridad con coro electoral” cuyo autor es Jaime Osorio. 

Preciso las características del Estado de seguridad retomando las variables del texto de Rodríguez Rejas: 

Tratamiento policial y penal de la pobreza, judicialización del conflicto, criminalización de la protesta y de la pobreza, impunidad y descomposición del sistema judicial, militarización de la seguridad pública, reestructuración de la subjetividad y socialización en el marco de una cultura de guerra, el uso del miedo y de la propaganda como regulador social, un marco jurídico e institucional que pone en el centro la seguridad del orden dominante, y una estrategia de guerra total, permanente y preventiva donde la ciudadanía crítica es tratada como (potencial) enemigo interno en una sociedad de control.[1]

 

Por su parte, Jaime Osorio coloca en el centro de la discusión que:

 En los últimos años se ha configurado una nueva forma de gobierno en América Latina,            que denomino ´Estado de contrainseguridad con coro electoral´. Con esta forma de      gobierno llega a su fin el periodo abierto con la llamada transición a la democracia, que dio       origen tanto a remedos de democracia, como a los gobiernos populares y a los gobiernos  progresistas en la región.[2]

 

Llama la atención que Osorio, aunque realiza un estudio que se adentra en la crítica de la teoría del Estado, nombra a su propuesta como una forma de gobierno debido a que se basa en el Estado dependiente, del cual retomamos la especificidad del papel de las clases dominantes. Osorio se fundamenta en una persistencia teórica con Ruy Mauro Marini[3] y aunque existe un contínuum histórico de la guerra contrainsurgente en la región[4], la reconfiguración estatal, su despliegue institucional y la resocialización del sujeto social que aguantan al Estado de seguridad no son producto de una respuesta ante una crisis de la democracia liberal representativa y de sus remedos en América Latina -como sostiene Osorio- son, mejor dicho, su impulso mejor logrado. 

El Estado de seguridad se reconforma como un ente fuerte, un ariete que abandera la acometida de la burguesía financiera dominante ante la gran mayoría de personas trabajadoras. Una estocada que abre el telón ante -lo que llama Enzo Traverso- la “cultura de la derrota”.[5] De igual forma, separo la categoría de análisis de los estudios anclados en la llamada crisis, “desintegración”, “disolución” o “fragmentación” del Estado,[6] las cuales consideran que el Estado no tiene la capacidad institucional ni coercitiva para apuntalar los problemas de seguridad y dan pauta a tesis como la de los “Estados fallidos”. Bien dice Osorio, “en el seno del capitalismo no es posible que la vida en común se pueda desarrollar sin Estado [se trata, por lo tanto, de] poner de manifiesto que las nociones empleadas, como ´fragmentación´ del Estado, y peor aún, ´disolución´ del Estado, conducen a serios equívocos teóricos y políticos.”[7] Sustentar la presente investigación desde estas corrientes obstaculizaría considerar que el Estado de seguridad es una reconfiguración dentro del concierto neoliberal de recomposición de clases, pues los Estados solo se reorganizan productivamente, no se desmantelan: ningún Estado para de crecer. [8]

Lorey, por su parte, desde su análisis en el que dimensiona a la precarización como la totalidad de la vida misma y que es organizada desde los Estados neoliberales, expresa el fenómeno de la siguiente manera: 

Esto conduce a una forma de gobierno que ya no se consideraba posible al menos desde Thomas Hobbes: un gobierno que ya no se legitima porque promete protección y seguridad. A diferencia de esta vieja regla del dominio, esto es, la de exigir obediencia a cambio de protección, el gobierno neoliberal procede sobre todo mediante la inseguridad social, mediante la regulación del mínimo de protección social que corresponde al mismo tiempo a una incertidumbre creciente. En el curso de la demolición y reorganización del Estado del bienestar, así como de los derechos asociados al mismo, se ha conseguido establecer, gracias también a la proclamación de una supuesta ausencia de alternativas, una forma de gobierno basada en un máximo de inseguridad. Que la precarización se haya tornado en un instrumento de gobierno significa asimismo que el grado de la precarización no puede traspasar un determinado umbral, no puede poner seriamente en peligro el orden existente, no conduce por lo tanto a la rebelión. El arte de gobernar consiste hoy en equilibrar ese umbral.[9]

La variable de la precarización como estrategia a través de la incertidumbre que desarrolla Lorey, así como el miedo y el uso de la propaganda, que estudia Rodríguez Rejas como una de las variables del Estado de seguridad, actúan en esta investigación, más bien, como un apalancamiento perfeccionado de la reproducción de marginalidad desde el Estado (aunque Lorey, al contrario de Osorio, lo aborda como un estudio de gobierno pero lo titulo como Estado), que como un regulador social. El regulador en sí mismo se constituye desde la precarización/incertidumbre[10] organizada. Hablamos, entonces, de un fenómeno estructural y no exclusivamente ideológico, que se efigie como Estado-gobierno y que va más allá del enfoque sobre las nociones de control, disciplina y, sobre todo, poder que moldean sujetos, los cuales tomaron mucho impulso desde las obras de Michel Foucault[11], y en las que reposa la estructura teórica de Lorey.[12]  En una región donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe titulado “Panorama Social 2020 de América Latina” estimó que la tasa de pobreza promedio alcanzó el 33,7% y la pobreza extrema el 12,5% ( lo que significa que el total de personas pobres ascendería a 209 millones – es decir un tercio de la población latinoamericana y caribeña- y 78 millones estarían en situación de pobreza extrema) plasma un terreno fértil en operacionalidad para las variables que constituyen un Estado de seguridad.[13]

Redimimos, al mismo tiempo, de la obra “El Estado de contrainseguridad con coro electoral” el sentido analítico en el que señala que las fracciones del capital internacional que tienen inversiones en la región latinoamericana o negocios con las burguesías u oligarquías locales, actúan con contundencia contra los gobiernos progresistas o revolucionarios nacionalistas ante la mínima expresión de llevar a cabo políticas redistributivas de carácter social, lo que materializa al Estado de seguridad como el estandarte de defensa de la gobernabilidad democrática que más allá de estabilidad, paz y progreso tiene de telón de fondo la expoliación, producción continua de desigualdad, marginalidad y el extractivismo, en un mercado donde cada vez se presentan menos espacios para que el capital pueda desglosarse. 

Lo anterior se traduce como el carácter contrainsurgente del capitalismo-neoliberal de guerra, Osorio remata: “es así una respuesta a las exigencias económicas y políticas del capital, lo que reclama nuevas derrotas del mundo del trabajo y de los sectores populares.” En efecto, la desigualdad trasmuta en una realidad lacerante que no tiene otro horizonte que la muerte y expoliación a través de la super explotación de las mayorías marginadas y despojadas, un exterminio sistemático,[14] pero que se figura como políticas programáticas desde un Estado reconfigurado y repotenciado, cuya centralidad radica en la seguridad (institucional, cultural e históricamente).

Dimensiones del Estado de seguridad

Teniendo siempre en cuenta que lo primordial de la seguridad es su materialidad, se trata, entonces, de objetivar las prácticas sociales más allá del discurso y presentar, de esta forma, las interrogantes del vínculo entre seguridad y democracia en el capitalismo-neoliberal. Acato, por tanto, cuatro grandes dimensiones en las que rastreo el Estado de Seguridad en la región:

Geopolítica/espacial: en esta variable se contempla la escala internacional, regional y subregional. Es decir, la relación de Estados Unidos y otros Estados con intereses e injerencia en la región, pero también relaciones intrarregionales a través de la política de cada país con el resto de la subregión. Estrategias de seguridad: en esta dimensión se da cuenta de los nombrados renovados riesgos y amenazas (cómo se concibe al enemigo).Aquí yace el vínculo entre seguridad y democracia que enmarca el Estado de seguridad, pues con el paso del tiempo, el sentido de seguridad ha ido cambiando sus objetivos a la par de las adaptaciones estratégicas del capitalismo, tales como la renovación de la concepción del terrorismo, los riesgos medioambientales, la globalización, la seguridad social, las migraciones masivas y el narcotráfico. Riesgos y amenazas producto de la desigualdad, la pobreza, la exclusión social y la acumulación que pareciera no tiene límites, particularmente después del término de la Guerra Fría. La vinculación con la militarización social obliga a comprender cuál es el papel de la seguridad (como narrativa) y las instituciones de seguridad en la gobernabilidad democrática y sostén de la dominación por medio de las políticas de seguridad nacional, mezcladas con seguridad pública (entendida a menudo como seguridad interna), tanto a nivel nacional como local, identificando actores estatales y no estatales (como los cuerpos privados de seguridad).Militarización social: esta variable la entiendo como la racionalidad de guerra que se expande, o sea la guerra como forma de hacer política. Apuntalada, en primer lugar, por la transformación institucional del Estado, la cual ya no es pilastra de la lógica clásica de la guerra, y nos inserta a una dinámica social de guerra permanente total en la que se percibe en todo momento a un enemigo interno y externo, la cual conlleva la naturalización de la percepción de amenazas (reales o no), sanciones, etc. banalizando la crueldad doméstica y social (física y simbólica). En segundo lugar, reconfigura escenarios de seguridad a escala nacional y local, en esta última asumir las contradicciones de las bases sociales es imprescindible. Me aleja, por último, de los enfoques liberales, pues atiendo el papel político de las fuerzas armadas (como actor político) y los cuerpos de seguridad. Asimismo, rastreo la relación con otros actores políticos y económicos, donde se puedan observar presupuestos para seguridad, formación de fuerzas armadas (de qué tipo y qué sentido) y la valoración de los cuerpos de seguridad por otros actores.Dimensión económica: Esta dimensión enmarco el papel de las economías de enclave y territorialización reconfigurada desde la explotación de los recursos naturales, para dar cuenta cómo impactan las políticas de seguridad en los cuerpos y los territorios a nivel local y nacional.

La ñapa: la encrucijada como hipótesis[15]

El Orinoco y el Magdalena se abrazarán.

Entre canciones de selva y tus niños y mis niños 

le cantarán a la paz.[16]

Cuando pensamos en Colombia o en Venezuela muchas veces nuestras reflexiones se remiten a situaciones contrapuestas con contextos inversos. Pese a compartir 2219 kilómetros de frontera, una cantidad inconmensurable de expresiones culturales y una histórica formación estatal, existe incomprensión y poco conocimiento entre Colombia y Venezuela y viceversa. No es para menos, las arengas gubernamentales y los imaginarios sociales hegemónicos respaldan esta idea: en tiempos recientes se tradujo en posicionar al gobierno venezolano, especialmente desde su homólogo colombiano como vanguardia de tal embate, como responsable de todos los lastres del capitalismo. Una presunción que, sin embargo, no es reciente, la relación colombo-venezolana figura como hipótesis de conflicto atravesada por dos historias nacionales no tan desiguales en una rezonificación basada en economías de enclave, donde las oligarquías tanto terratenientes como petroleras, respectivamente, eran las más beneficiadas. De Venezuela hacia Colombia no es distinta la visión que se tiene, señalada como la cuestión “colombo-venezolana”[17] se enfrascan en los lugares comunes del narcotráfico, asimilado de manera superficial, y el imperialismo. 

La situación en la República Bolivariana de Venezuela acaparó, en el último lustro, los reflectores de las matrices mediáticas corporativas. Asimismo, estas matrices de difusión masiva han sustentado la idea de que en Colombia se encarna la mal nombrada guerra contra el narcotráfico por antonomasia. Estos fenómenos se nos muestran, en primer lugar, aislados, desde un enfoque nacional y con poca profundidad. Es decir, no podemos atender un fenómeno sin echarle un vistazo relacional al otro, hablamos de una correlación dialéctica, una encrucijada regional. El objetivo que persigo, por tanto, es darle un tratamiento metodológico distinto a tal semejanza: mutar de la hipótesis de conflicto desde la comparación a considerarlo una encrucijada como un estudio regional. La encrucijada es, por tanto, pensar la encrucijada como potencialidades y posibilidades distintas. 

La encrucijada colombo-venezolana encuentra una de las vertientes de análisis más importantes en el tratamiento de la seguridad y su relación con los procesos democráticos, debido a que al estudiar esta relación damos cuenta de que confluyen las dimensiones del Estado de seguridad .Las siguientes reflexiones las abordamos con especial énfasis en los últimos 20 años en dos países que, aparentemente, son antítesis; dos modelos democráticos y de políticas programáticas de seguridad que, hipotéticamente, son diametralmente opuestos pero con mediaciones sociales no tan distintas.

A primera vista constituir como un andamiaje teórico a la gran contradicción social que se expresa en los fenómenos respecto al espectro de la seguridad y su vinculación con los procesos democráticos, ocurridos en la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 22 años, acuñados como Estado de Seguridad y las relaciones sociales que lo sustentan y que nombro como securitización de la democracia, pareciera un oxímoron. Uno más en este desencanto posmodernista, como diría Jaime Osorio. Por un lado, se entiende que el ejercicio categorial está dado en Colombia, la securitización de la democracia tiene relación directa –e histórica- con la gobernabilidad neoconservadora. No obstante, afirmarlo categóricamente en Venezuela sería negar de tajo el esfuerzo por la justicia social que se hizo más evidente entre los años 2004-2011.

Las dimensiones de la encrucijada colombo-venezolana que la sustentan como estudio regional son: 

Las alianzas geopolíticas regionales e internacionales (especialmente la relación con los EEUU), Las dinámicas de actores políticos institucionales o no(nacionales, regionales y locales), La vulnerabilidad de la soberanía popular en procesos de base, La militarización social por medio de gobiernos civiles y La caotización de la vida.

Estos elementos pueden apartarnos de romantizar las resistencias populares; por un lado, y por otro evitar enfrascarnos en la explicación basada en la necesidad histórica de las oligarquías por contener las fuerzas populares a través del ejercicio extraterritorial Estado (imperialismo).

 Estado de seguridad y securitización de la democracia en la encrucijada colombo venezolana

Un mercado permanente y lucrativo para la violencia

Cuando revisamos la historia de la región, hallamos que Colombia ha sido llevada por sus gobiernos nacionales a una suerte de Estado ariete en torno a los intentos de integración continental que no son propuestos por el hegemón. Luego de Venezuela, lo que sucede en Colombia parece ser el otro gran tema de Latinoamérica. Después del llamado “empate negativo” el gobierno de Juan Manuel Santos buscó una salida negociada al conflicto armado, sin embargo, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ -impulsado principalmente y en una primera instancia desde el exterior- no fue ningún obstáculo para la mezcolanza entre el conservadurismo, la contrainsurgencia y el autoritarismo que se vive en la república colombiana. 

El actuar del gobierno encabezado por Juan Manuel Santos no distó mucho de su antecesor inmediato pese a los intentos, montados en los medios masivos de difusión, por afirmar lo contrario. Estos dos periodos gubernamentales se presentan como la continuación histórica ya no del todo del enemigo interno, pues no desaparece bajo otras formas, debido a que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército del Pueblo ( FARC-EP) estaban fuera –como enemigo armado directo- de los imaginarios colectivos del grueso de la sociedad colombiana, sino del enemigo externo que encarnó la República Bolivariana de Venezuela, un agravante securitario que sentó las bases de la política militarizada del gobierno de Iván Duque: sumó a Colombia como socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), brazo armado de trasnacionales estadounidenses y europeas como la describe Nicola Hadwa Shahwan. Esta iniciativa fue emprendida, también, por Juan Manuel Santos antes de la finalización de su mandato.[18]

Colombia, desde entonces, vive una de las Guerras Recicladas, tesis de María Teresa Ronderos[19]. Antes de terminado el mandato de Álvaro Uribe ya empezábamos a escuchar las primeras voces que anunciaban el nuevo enemigo, las BACRIM (Bandas Criminales), modernización y sofisticación del paramilitarismo. Se asomaba así la Seguridad Democrática 2.0, con la promesa de combatir al subproducto de su primera versión, con el agregado de las proyecciones expansionistas, también retomando sus añejas pretensiones sobre las costas centroamericanas. Esta segunda versión capitalizó, además, el mito de la “venezolanización de Colombia”. Ello enmarca el tan sorprendente como contradictorio papel de la sociedad civil: malestar social interior y a su vez legitimación del enemigo externo, que cae como velo sobre lo primero. La nueva geografía política del continente pareciera poco perturbar a Colombia.

     El panorama es poco alentador: aunque las fuerzas armadas colombianas no son una estructura monolítica, la maquinaria y la economía de guerra siguen prácticamente intactas en Colombia, y la narrativa del enemigo interno también; aún está en armas el Ejército de Liberación Nacional (ELN) circunstancialmente opacado por el espejismo del enemigo externo pero convertido en complemento de este último. Sobre esta anquilosada maquinaria, Carolina Sanin menciona que los imaginarios de gran parte de los colombianos se basan en la añoranza de la seguridad a través de un paternalismo autoritario y, pareciera que, de manera ficticia, participativo e incluyente. Lo civil le abre paso a la militarización. El Estado colombiano poco ha cumplido de los compromisos contraídos en los acuerdos con las FARC-EP, y gran parte de los desmovilizados, algunos también a causa del riesgo inminente al que se encuentran expuestas sus vidas y a la precariedad de sus condiciones laborales, han retornado a las armas ya carentes de componente ideológico (que dicho sea de paso tenía varios años desdibujado). Sumado a esto, la crisis de asesinatos de líderes sociales. El conflicto armado ha degenerado aún más. Los gobiernos colombianos, su oligarquía y burguesías y la subordinación hacia los Estados Unidos, están condenando a Colombia a aferrarse al muy lucrativo mercado de la violencia, donde la recomposición del poder de clase basado en el cambio de los patrones de consumo y la reconfiguración orgánica de las clases sociales, son el motor de tal problemática.

La crisis de síntesis 

Venezuela como escenario del pillaje territorial, de las exacciones de la metrópoli, del despojo de las comunidades autóctonas, de la lucha de castas y de clases.  Venezuela cuya dependencia ha sufrido procesos de transformación en el tiempo: de colonial absoluta a neocolonial, pero siempre como periferia capitalista, como suministradora de productos primarios para ser intercambiados en términos de desigualdad por los productos industriales de las metrópolis; varió la calidad del producto; primero fue el cacao, luego el café, ahora el petróleo; primero la piel de la tierra y después su entraña; primero el buque español, luego el inglés o francés y hoy el norteamericano; primero las Cortes hispánicas, luego la City de Londres, ahora Wall Street, Manhattan, Chicago, Detroit . . . Pero en toda la historia el vasallaje, la supeditación a los ajenos poderes, la riqueza producida que se escapa a través de los múltiples pero seguros mecanismos de la dependencia”.

Domingo Maza Zavala (Mayo de 1974),

“Prólogo” al libro de Héctor Malavé Mata, Formación Histórica del Antidesarrollo de Venezuela, Caracas, Fondo Editorial Salvador de la Plaza / Editorial Rocinante, 1974.

 

Esta problemática no es ajena al lado venezolano, especialmente después de 2013, año de la muerte de Hugo Chávez y punto de partida común entre la mayoría de académicos, periodistas y analistas que abordan la situación actual de Venezuela y sus múltiples corrientes o puntos de abordaje. Críticos o no, coinciden en que la muerte de Hugo Chávez Frías fue un parteaguas en la Revolución Bolivariana. Cierto es que, desde la desaparición física del expresidente, el tratamiento de la Doctrina de Seguridad Bolivariana y la relación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), los Consejos Comunales, las Comunas y los colectivos adquirieron un cariz más duro debido a los embates que se recrudecieron dirigidos desde el exterior, con la venia de una oposición local incapaz, en parte, de diagnosticar la realidad del país que aspira a gobernar.

Si nos basamos en los discursos gubernamentales pareciera que la pugna entre Monroe y Bolívar está más viva que nunca. Sin embargo, es un contexto que demuestra, por un lado, que la centralidad del Estado no ha perdido vigencia y, por otro, que los mecanismos hegemónicos y de dominación se dicen de otras maneras, pero no han degenerado su esencia.

Tales acometidas se tradujeron, de igual manera, en retrocesos significativos de la Revolución Bolivariana; hiperinflación galopante, pérdida abrupta del poder adquisitivo del promedio de la población, economía basada en divisas (principalmente dolarización), privatización de los pocos procesos productivos, migración masiva calificada, antagonismo y choques con los procesos comunales, todo esto ha intentado matizarse con el exasperado discurso antiimperialista, propiciando un quiebre desmoralizante y desmovilizador que ha traído por resultado la falta de cohesión en el seno de las izquierdas que nutren al chavismo. Una crisis de síntesis en el proyecto chavista.

Luego del juramento colectivo simbólico, conjurado a raíz de la ausencia física del presidente electo venezolano, el 10 de enero de 2013, vinieron los choques más cruentos, desde la “Salida” promovida en 2014 que dio paso a las “guarimbas” de ese mismo año; la pérdida del poder legislativo en el año 2015 y la respuesta estatal con la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la gradual pero constante masificación de lo que fueron Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), las “guarimbas” y reacción del Estado en sus formas más violentas en el año 2017, hasta llegar a los acontecimientos del año 2019 y 2020, puedo considerar que dichas combinaciones hicieron que ambos procesos (el colombiano y el venezolano) se estén encaminando por la misma ruta.  Con etiquetas como el “castrochavismo militarista”, la oposición interna y externa no cesan de adjetivar los diversos momentos que ha vivido la Revolución Bolivariana y sus estrategias para defenderse, intentando descifrar el dilema que imprime la necesidad de saber si es un gobierno de militares (con una fachada de un presidente civil) o cada vez hay más militares en el gobierno bolivariano. En tanto, pareciera que queda lejos ya dentro de la misma Revolución Bolivariana debatirse entre una revolución radical o la restauración neoliberal, especialmente si se considera al gobierno bolivariano como vanguardia de tal revolución. La paradoja es más sólida si reflexionamos en que un civil, sucesor de Hugo Chávez, es quien propicia que lo militar exceda lo político. Esto, por más que sea entendible la histórica relación de los militares con los movimientos populares venezolanos, abre ampliamente la discusión de si es posible hacer revolución en tiempos de hegemonía democrática.

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:

En la actualidad repercute primordialmente la reflexión respecto a esta relación, para que a partir de dicha abstracción sea posible comprender la realidad en la que se está aplicando y la manera en que se está llevando a cabo esta deliberación teórica, para luego observar si éstas se acercan o alejan de sus objetivos ideales y fundamentales. La seguridad y la libertad son basamentos esenciales para asegurar una “democracia plena”, sin embargo la inversión pragmática de los llamados regímenes democráticos del último tercio del siglo XX y lo que va del siglo XXI, rebasan por mucho la discusión de filosofía política en torno a esta relación. El debate entre la seguridad y la libertad es el corazón de una doctrina de seguridad moldeada por una supuesta democracia triunfante, en medio de la cultura corporativa y profundamente bélica del capitalismo-neoliberal.

No son pues democracias inmaduras o inacabadas, sino reforzamientos de modelos de seguridad que impactan en cuerpos y territorios de manera no homogénea, estas escalas nos distancian también de la clásica disyuntiva entre Estado y sociedad, enfoque dominante en el pensamiento crítico latinoamericano. Los problemas estructurales no resueltos socavan la legitimidad de la democracia día con día, aunque siempre encuentra teóricos “innovadores” que buscan rebobinar tal visión e instrumentalización de la democracia, como la “democracia exigente” de Pierre Rosanvallon o la “democracia cosmopolita” de David Held, sin perder de vista la historicidad, reconociendo la condensación de los tiempos históricos superpuestos. 

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 Traverso, Enzo. Melancolía de izquierda. Marxismo, historia y memoria. 

Vega Cantor, Renán. Los economistas neoliberales: nuevos criminales de guerra. El genocidio económico y social del capitalismo contemporáneo.

Palabras clave:

Estado de seguridad, securitización de democracia, encrucijada colombo-venezolana

Resumen de la Ponencia:

En México desde el año 2016 se aplica la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, esta ley se aplica a las personas que tienen entre doce y diecisiete años de edad que son imputadas, procesadas y sentenciada por la comisión de un delito. El Proceso Penal para Adolescentes y las etapas en las que se divide: de investigación, intermedia y de juicio oral. Este sistema de justicia penal tiene una naturaleza penal, sin embargo, aplica principios y fines específicos en razón de las personas a quienes se aplica “las personas adolescentes”.La referida legislación prevé la posibilidad de imponer como medida cautelar y sancionadora el internamiento. La primera se impone a las personas sujetas a un proceso y la segunda a quienes han sido encontrados responsables de la conducta delictiva. La aplicación del internamiento tiene las siguientes precisiones: no se pude imponer a jóvenes menores de catorce años, se debe aplicar cómo último recurso (cuando se haya estudiado y descartado la aplicación de las otras opciones en libertad) y por el menor tiempo posible. La contingencia sanitaria ocasionada por el Sars Covid-19 (Diario Oficial de la Federación 26 de marzo de 2020) aumenta el grado de vulnerabilidad de las personas internas en un centro especializado para adolescentes. Dentro de las medidas para afrontar la contingencia sanitaria se encuentra la disminución de movilidad (Quédate en casa) y con ello las dependencias encargadas de los centros de internamiento limitaron e incluso anularon las visitas por parte de familiares de las personas adolescente privadas de la libertad, lo mismo con las actividades educativas, deportivas, culturales y de recreación.Lo anterior incide en el bienestar de esta población, pues el aumento del aislamiento y la incertidumbre respecto de lo que ocurre con sus familias y en general en el exterior puede generar ansiedad, estrés, miedo, frustración, etcétera.En México existen 45 Centros de internamiento para adolescentes que cometen delitos, cuya situación de vulnerabilidad se ha agudizado por el Sars Covid-19. En el caso del Centro de Reinserción Social “Villa Crisol” El limoncito, las autoridades encargadas tuvieron que desarrollar una serie de estrategias para garantizar tanto la salud física y mental de los adolescentes internos, por ejemplo:Promover la convivencia virtual con sus familiaresImplementar jornadas de información (preguntas y respuestas) respecto a la contingencia Promover actividades educativas, deportivas y culturales (atendiendo a las medidas de salud) tales como la organización de horarios para evitar el hacinamiento en los espacios comunes, promover la educación a distancia (virtual) o bien de manera individual; proyección de eventos culturales de manera virtual, etcétera.Con el cambio de semáforo epidemiológico paulatinamente se retomaron las visitas de familiares e incluso las actividades con la comunidad. 

Introducción:

Con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) publicada el 16 de junio del año 2016 (que entró en vigor el 18 de junio del año 2016), se da un paso más hacia la consolidación de una estructura que materialice los objetivos de la justicia penal para adolescentes, reinserción y reintegración familiar y social (LNSIJPA, artículos 28 y 153) de la persona adolescente que ha cometido una conducta tipificada como delito en la ley penal, mediante el debido proceso y garantizando los Derechos Humanos maximizándolos por tratarse de personas vulnerables derivado de su situación de vulnerabilidad. En esta ley, después de mucho tiempo se reconoce la penalidad del sistema de adolescentes.

Los principios de este sistema integral son la especialidad (LNSIJPA, artículos 23, 63 y 64), el interés superior de la persona adolescente (LNSIJPA, artículo 12), la mínima intervención y protección integral (LNSIJPA, artículo 13). La especialidad se refiere no sólo la existencia de un órgano jurisdiccional especializado, sino a la necesidad de que todos los intervinientes técnicos y jurídicos, es decir, jueces, ministrados, ministerios públicos, defensores (públicos y privados), psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, e incluso el personal de seguimiento de medidas en libertad y de seguridad en la aplicación de las medidas de internamiento. En cuanto al interés superior, éste debe ser el eje que rige todas y cada una de las actuaciones de las autoridades e intervinientes en el sistema, en cada una de las etapas del proceso (desde la investigación inicial), así como en la ejecución de las medidas sancionadoras. La mínima intervención implica que las autoridades deben ponderar en cada situación, la decisión que perjudique lo menos posible al adolescente, ya sea aplicando salidas alternas al proceso o bien en la modificación de las medidas sancionadoras. Por lo que se refiere a la protección integral, implica que se debe velar por el óptimo desarrollo de la persona adolescente; así como, el derecho del adolescente a que sus padres, representantes legales o tutores sean informados de su situación jurídica, y en caso de que ello no sea posible se dará aviso a la procuraduría de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (LNSIJPA, artículo 11).

Siguiendo con lo establecido en artículo 18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), son sujetos del sistema las personas mayores de 12 años y menores de 18 años, además, reconociendo la autonomía progresiva (LNSIJPA, artículo 19), distingue en tres grupos etarios (LNSIJPA, artículo 3) I. 12-13, II. 14- 15, y III. 16-17. En caso de duda respecto de la edad del sujeto, se presumirá lo más favorable niño/adolescente/ adulto. 

Se establece además un derecho penal de acto, es decir las cuestiones particulares del adolescente únicamente se deben tomar en cuenta en beneficio del o la adolescente (art. 20), incluso en el caso de la delincuencia organizada, en cuyo caso la aplicación de la Ley especial se limitará únicamente a los casos en que se le beneficie (LNSIJPA, artículo 10). 

El presente trabajo, s un avance de la investigación realizada durante el año 2022 en el Estado de Chiapas, con la finalidad de conocer el funcionamiento del sistema estatal de justicia penal para adolescentes, este primer avance se refiere al Centro de Reinserción Social especializado para adolescentes con residencia en Berriozábal.  

Desarrollo:

Los parámetros establecidos en el artículo 18 de la Constitución y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, deben adecuarse a las necesidades y recursos con que se cuente en cada entidad federativa y en la propia federación, ya que como lo establece la constitución  “La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes…” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2023).

Derivado de lo anterior, se impone a los Estados la obligación de implementar un sistema local de justicia penal para adolescentes, este sistema local se integra por órganos de procuración e impartición de justicia especializados, así como de supervisión y ejecución de medidas cautelares y sancionadoras. En el Estado de Chiapas, este sistema se integra por: 

La Fiscalía General del Estado de Chiapas el órgano estatal encargado de la investigación y persecución de los delitos. La Fiscalía de Chiapas, cuenta con una Fiscalía de Adolescentes que se encarga de la investigación y judicialización de los casos en los que una persona adolescente se señala como responsable, ubicada en Tuxtla Gutiérrez.

Esta Fiscalía tiene una Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa en Tapachula. Como se advierte está unidad tiene dos funciones la investigación del hecho delictivo en el que se señala a una persona adolescente como actor y la aplicación de las soluciones alternas al proceso. En tanto que en el caso de la zona centro es la Fiscalía de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 

El proceso penal para adolescentes se encuentra a cargo del Tribunal de Alzada Especializada en Justicia para adolescentes con residencia en el Municipio de Berriozábal integrado por dos Magistradas y un Magistrado y que conoce de los recursos contenidos en la ley: revocación y apelación. Así como por dos juzgados en los que tres Juezas de primera instancia, una con funciones de control y tribunal de enjuiciamiento, dos con funciones de control, juicio oral y ejecución. 

La aplicación y seguimiento de las medidas cautelares (en libertad e internamiento) como de las medidas sancionadoras (en libertad e internamiento) están en las funciones de la Unidad Especializada en la Ejecución de Medidas para Adolescente dependiente de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado; con oficinas en el mismo municipio en el que se ubican los Juzgados. 

Las medidas en libertad se aplican a través de una serie de convenios de colaboración con instituciones y autoridades municipales, de donde residen las personas adolescentes. Las medidas que implican el internamiento se cumplen en los Centros de Reinserción Social especializados para Adolescentes: Villa Crisol, “El Limoncito” en Berriozábal y “Centro De Internamiento Especializado Para Adolescentes Zona Costa” en Mazatán.

El día 31 de marzo de 2020, se ordenó la suspensión de las actividades que no fueran esenciales, debido a la contingencia sanitaria derivada del Sars Covid-19 (Diario Oficial de la Federación, 31 de marzo de 2020). Dentro de las actividades que se suspendieron, estaban las relacionadas con los Centros de Reinserción Social especializados para Adolescentes en específico con el llamado Villa Crisol, “El Limoncito” en Berriozábal.

Este centro cuenta con 4 villas: 

Para adolescentes en internamiento preventivo, con capacidad para 35 personas. Para adolescentes en medida de internamiento menores de 18 años, con capacidad para 25 personas.Para adolescentes en medida de internamiento mayores de 18 años, con capacidad para 25 personas. Para mujeres adolescentes, con capacidad para 20 personas. 

Además de un comedor, dos canchas habilitadas para jugar futbol y basquetbol; una parcela en la que pueden trabajar las y los adolescentes que así lo quieran; un auditorio; espacio para actividades educativas (incluidas actividades relacionadas a la computación); área médica y el espacio de talleres: música, carpintería, corte, tejido y pintura. 

Durante la pandemia se suspendieron las visitas de familiares y grupos de la comunidad (escuelas y grupos religiosos), al inicio también se suspendieron las actividades educativas y los talleres (las cuales paulatinamente se fueron retomando). En relación a las visitas de las y los familiares de los adolescentes, se puso en marcha un programa para facilitar la comunicación remota de los adolescentes con sus familiares, a través de llamadas vía zoom, lo cual represento un reto debido a que en la zona la conexión a internet suele ser intermitente. Asimismo, implemento un protocolo para mantener la sana distancia, la sanitización de espacios y la vacunación tanto de los adolescentes como del personal técnico y de seguridad del centro.

Conclusiones:

La actuación tanto de la autoridad judicial como de la Directora del Centro, promovió y respeto los derechos de los adolescentes, poniendo especial énfasis en su derecho a la salud, no sólo física sino también mental, pues al implementarse estrategias para que mantuvieran comunicación con sus familiares les permitió mantener lazos emocionales. 

La experiencia derivada de la contingencia, puso en relieve la posibilidad de implementar mecanismos alternativos para mantener vínculos que permitan garantizar la salud de los adolescentes, como lo es la comunicación virtual, pues incluso antes de la pandemia las visitas familiares eran poco frecuentes, debido a factores geográficos y económicos. 

Bibliografía:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Diario Oficial de la Federación (31 de marzo de 2020)

Palabras clave:

Justicia juvenil, Sars Covid-19, medida de internamiento

Resumen de la Ponencia:

Una de las características generales del Derecho es el dinamismo, esto nos lleva a pensar que se trata de una ciencia viva. La esfera jurídica de las niñas, niños y adolescentes tiene como base la idea de que se trata de personas en situación de desarrollo, esto deriva en el principio de autonomía progresiva, de acuerdo con la cual la aplicación de las normas debe hacerse tomando en consideración las circunstancias especiales de esta población, sin embargo, se debe resaltara que no se trata de categorías homogéneas, pues existen niñeces y adolescentes tan diversas como contextos. En ese sentido y tomando en consideración a los cambios que se han originado desde el uso masivo de las Tecnologías de la comunicación, pues no se puede negar la migración de las interacciones sociales en las plataformas digitales, creando un lenguaje propio, estas interacciones que requieren un estudio y regulación adecuada, más aún cuando niñas, niños y adolescente son quienes más actividad tienen en la virtualidad. Lo anterior, representa un reto en las escuelas de derecho, ya que es necesario brindar al estudiantado herramienta que les permitan realizar análisis no solo normativos (para conocer el espíritu de las leyes o su sistematización) sino también, conocer los contextos en los que surgen y se aplican las normas e instituciones jurídicas, por lo que se requiere una transformación de las formas de enseñanza y practica del derecho.

Introducción:

El Derecho como ciencia social, es dinámico, ya que esta influido por el contexto, es decir por las cuestiones políticos, económicos y sociales presentes en el momento de su creación y aplicación. Sin embargo, la enseñanza del derecho no siempre puede estar a la par de los cambios que ocurren en el contexto en el que se aplica (Hernández Martínez, 2007, p. 192) 

Los cambios en el contexto no siempre se manifiestan en la enseñanza del Derecho en las facultades, debido al proceso legislativo en México es rígido, esto es a grandes rasgos, para que una ley sea reformada o derogada, es necesario primero que se justifique la necesidad de dicha reforma, luego debe presentarse el proyecto de reforma, ser votado por el poder legislativo, ya sea el Congreso de la Unión o Asamblea Legislativa, dependiendo de si se trata de una ley federal o local (Sandoval Ulloa).

Una vez que se haya reformado la ley, se procede a la reforma de los planes de estudio, lo cual requiere un proceso similar, se justifica la reforma, se presenta el proyecto y se vota, en este caso es el Comité Académico de la escuela o facultad respectiva. Una vez aprobado se actualiza a las y los docentes para dar inicio a la enseñanza del nuevo contenido. 

Todo este proceso puede demorar un par de años o más, lo que es cierto es que, en ocasiones, lo que se enseña en las facultades, no es la realidad de la vida profesional de las y los licenciados en derecho, sirva como ejemplo la reforma en materia penal de 2008, la generación 2004-2008 de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudio un sistema penal que ya no aplicaría en su vida laboral (o por lo menos no de forma principal).

Es por ello, que resulta fundamental que desde las facultades de Derecho se proporcionen las herramientas para poder interpretar y buscar la aplicación no solo de forma dogmática, sino que trate de responder a las situaciones y necesidades actuales de las y los ciudadanos. Entre quienes se encuentran las niñas, niños y adolescentes.

Desarrollo:

El presente trabajo busca exponer la necesidad de que al igual que se ha introducido la perspectiva de género en la enseñanza del derecho en los diversos programas de estudio, es fundamental incluir la perspectiva de niñez y adolescencia. 

En la historia de los Derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), se pueden encontrar tres tipos de respuesta por parte de los Estados (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021, pp. 8-15):  

Indiferenciada. NNA no tienen capacidad jurídica, por lo que no pueden ser sujetos de derechos. Las personas que ejercen la patria potestad, tutela o representación legal son quienes toman las decisiones sobre sus vidas: religión, educación, salud, etcétera, sin la intervención o el arbitrio de ninguna autoridad. Tutelarista. Se reconoce que existen NNA que carecen de personas que ejerzan la patria potestad, tutela o representación legal o bien que no pueden hacerlo, por lo que el Estado actúa de forma supletoria, sin embargo, continúa negando a NNA la capacidad de ejercer sus derechos, aunque sí reconoció su capacidad de goce, es decir, reconoce que todas las NNA tienen derechos, aunque no pueden ejercerlos por sí mismos. Perspectiva de Derechos o Protección Integra. Parte del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, es decir tienen todos los derechos y el estado debe implementar los mecanismos necesarios para que NNA accedan y ejerciten sus derechos de forma plena y directa. 

Estas respuestas obedecen a dos distintas formas de relacionarse con NNA: adultocentrismo y perspectiva de niñez/adolescencia. La primera responde a una visión que considera a NNA como personas en potencia, es decir, las etapas de niñez y adolescencia son sólo un paso de preparación para ser una persona adulta que aporte a la vida en sociedad. Esta es la visión que ha sido utilizada para construir la gran parte de los sistemas sociales, pues en ella no se consideran las necesidades u opiniones de NNA. Por ejemplo, en los procesos judiciales no se deseñan mecanismos a través de los cuales NNA puedan promover por sí mismos un proceso judicial, en muchos casos no se prevé su participación en los procesos; tampoco se les reconoce la participación la vida pública. 

Por su parte las perspectivas de niñez y adolescencia, reconocen la capacidad de NNA para ejercer sus derechos, establece la obligación del Estado para implementar los mecanismos necesarios para que NNA puedan ejercer sus derechos, no solo en los ámbitos judiciales (en proceso de guarda y custodia, o bien penales como víctima o responsable de una conducta tipificada como delito) sino que se refiere a todos: derecho a la vida, la salud, educación, vivienda, de participación, de información, etcétera. Partiendo de dos premisas:

Interés superior de NNA: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben actuar en el mejor interés de la NNA (artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 y Observación General del Comité de los Derechos del Niño numero 14 El principio de Interés Superior, 2013)Autonomía progresiva: la niñez y la adolescencia no son categorías estáticas, ya que día con día niñas, niños y adolescentes adquieren habilidades y herramientas que les permiten ejercer sus derechos de forma autónoma (artículo 12.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 y Observación General del Comité de los Derechos del Niño numero 12 Derecho del niño a ser escuchado, 2009). 

Así, se puede advertir que los dos primeros tipos de respuesta obedecen a una visión adultocéntrica, en tanto que la segunda implica la aplicación de las perspectivas de niñez y adolescencia. 

El sistema jurídico (y social) construido a partir de la visión adultocéntrica ha propiciado que las condiciones de niñez y adolescencia sean consideradas situaciones de vulnerabilidad, al no reconoce las necesidades y opiniones de NNA. Al respecto las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad o Reglas de Brasilia (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008), reconoce que la edad puede constituir una condición de vulnerabilidad, es especial tratándose de niñes y adolescencia, pues señala:

“Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. 

Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. (Reglas de Brasilia, 2008, regla 2)

Actualmente, se ha constituido un sistema de protección integral, que responde a un impulso internacional que ha dado como resultado un basto andamiaje jurídico, impulsado por acontecimientos que han puesto en relieve la necesidad de que el estado al crear y aplicar sus leyes, tenga en consideración las perspectivas de niñez y adolescencia. Este marco jurídico se constituye de forma enunciativa por los siguientes instrumentos: Declaración de Ginebra (1924); Declaración de los Derechos del Niño (1959), Convención sobre los Derechos del Niño (1989); los tres Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño: el relativo a la participación de niños  en los conflictos armados; el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y; el relativo a un procedimiento de comunicaciones (2000); las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño; la Opinión Consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (condición jurídica y derechos humanos del niño) y sus sentencias, en especial las dictadas en los casos “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay y Atala Riffo y Niñas Vs. Chile.

Ahora bien, es importante señalar que las categorías de niñez y adolescencia no son ni de cerca homogéneas, sino todo lo contrario, es por ello que la aplicación de las respectivas perspectivas requiere un acercamiento (actualizado) de las situaciones en las que se encuentran NNA, por ejemplo: 

Situación familiar: familia integrada/desintegrada, violencia familiar, consumo de drogas por parte de algún integrante de la familia, etcétera. Situación educativa y laboral de las personas la/el/las/los progenitores. Nivel Socioeconómico: pobreza, marginación, medio rural/urbano o violencia social.Genero: identidad de género, preferencia sexual, orientación sexual, roles sociales Etnicidad: pertenencia indígena, afrodescendencia, uso de un idioma diferente al español.Movilidad territorial: migración nacional e internacional, forzada o voluntaria, acompañada no acompañada. Incluso el padecimiento de alguna enfermedad crónica o degenerativa, así como de tener alguna necesidad física para el ejercicio de sus derechos sea de movilidad, visual, auditiva, etcétera.Acceso a las tecnologías de la información.

Es decir, la aplicación de estas perspectivas requiere una metodología caleidoscópica: conjunto diverso y cambiante (Real Academia de la Lengua Española, 2022) pues en cada caso se presenta una imagen particular, la cual debe ser considerada tanto en la creación y aplicación de las normas jurídicas, como en su enseñanza. Esta imagen se compone de una serie de elementos psicológicos, físicos, cognitivos y sociales presentes en la vida de cada NNA, que constituyen el conjunto diverso de elementos que cambia en cada caso particular, es decir, es lo que da como resultado las perspectivas de niñez y adolescencia (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2021, p. XXII). 

Conclusiones:

Todo este andamiaje jurídico se ha materializado en un largo proceso legislativo en México, que incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4°) que ha dado como resultado el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes previsto en la Ley General de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, la enseñanza del derecho aun sigue considerando a NNA como sujetos inimputables (civilmente) es decir, incapaces de ejercer sus derechos.

Mientras que la incorporación de las perspectivas de niñez y adolescencia continúan enfocándose solo al marco jurídico, que, si bien debe mantener la primacía en las facultades de derecho, no debe olvidarse de que niñas, niños y adolescentes (al igual que el resto de las personas) se encuentran en un contexto que debe ser considerado tanto al momento de legislar, enseñar y aplicar las leyes, esto incluye el ejercicio y defensa de sus derechos. 

Bibliografía:

Comité de los Derechos del Niño (2009) Observación General número 12. Derecho del niño a ser escuchado.

Comité de los Derechos del Niño (2013) Observación General número 14. El principio de Interés Superior.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999) Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_63_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2004) Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012) Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Recuperado de http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf

Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

Comité de los Derechos del Niños (Hernández Martínez, María del Pilar (2007). La enseñanza del derecho en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Recuperado de https://repositorio.unam.mx/contenidos/5025154)

Real Academia de la Lengua Española (2022).

Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (2008) 

Sandoval Ulloa, José G. Prontuario de términos, prácticas y procedimientos más usados en el trabajo parlamentario de la cámara de diputados del Congreso de la Unión. Recuperado de https://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/pront/8reform.pdf). 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (2021), Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. 

Palabras clave:

Niñez; Adolescencia; Derecho 

Resumen de la Ponencia:

La Atención Temprana (AT) es el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años para prevenir, paliar e intervenir en problemas en el desarrollo y discapacidades. Siguiendo las Prácticas Centradas en la Familia (PCF), los miembros del núcleo familiar son agentes directos de la intervención. Así, el equipo interdisciplinar de profesionales debe trabajar para mejorar el empoderamiento familiar, el nivel de habilidades parentales y la calidad de vida. El objetivo del estudio es analizar descriptiva y diferencialmente el nivel de habilidades parentales y el empoderamiento familiar de familiares durante la fase inicial en los servicios de AT. Mediante un diseño cuantitativo, participaron 135 familias de las Islas Baleares (España). Se obtuvo una tasa de participación final del 90%, con el 78.5% mujeres y el 21.5% hombres. Se recogieron datos de tres cuestionarios. La Escala de Empoderamiento Familiar (FES) (Koren et al., 1992) consta de 34 ítems con formato Likert (1="nada cierto" a 5="muy cierto"). FES tiene una estructura latente compuesta por Familia, Sistema de Servicios y Comunidad/Política. La consistencia interna asociada a los datos del estudio es: a=0,78, a=0,83, a=0,75 y a=0,74 para la puntuación total. El cuestionario de habilidades parentales (Vázquez et al., 2016) consta de 19 ítems tipo Likert (0="nunca" a 3="siempre"). Está compuesto por seis dimensiones: comprensión de la etapa de desarrollo del niño, autorregulación emocional, autoestima del rol parental, comunicación empática y asertiva, acuerdos y regulación conductual. La consistencia interna asociada al estudio es: a=0,67, a=0,76, a=0,69, a=0,77, a=0,81 y a=0,69. También, se pasó un cuestionario sociodemográfico. Los resultados muestran que la situación laboral, la edad del niño o el profesional son variables que inciden diferencialmente en el empoderamiento familiar y las habilidades parentales. El análisis inicial del empoderamiento y habilidades parentales durante la prevención de posibles problemas en el desarrollo infantil pueden ser predictores de la mejora del desarrollo y bienestar familiar. Asimismo, es necesario mayor formación profesional en relación a PCF para mejorar la mejora de la calidad de vida familiar. Se invita a las administraciones a facilitar el acceso a la AT para paliar efectos emocionales familiares, así como para intervenir de manera precoz en el desarrollo. Koren, P.E., DeChillo, N. y Frisen, B.J. (1992). Measuring empowerment in families whose children have emotional disabilities: A brief questionnaire. Rehabilitation Psychology, 37, 305–321. https://doi.org/10.1037/h0079106Vázquez, N., Molina, M.C., Ramos, P. y Artazcoz, L. (2016). Validación de un instrumento en español para medir habilidades parentales promovidas en una intervención de educación parental. REIRE, 9(2), 30-47. https://doi.org/10.1344/reire2016.9.2923

Resumen de la Ponencia:

Segundo várias instituições mundiais, a pandemia da Covid-19 veio agravar as históricas vulnerabilidades de inúmeros países em diversos continentes, nomeadamente na América Latina e, em particular, no Brasil. As consequências econômicas, políticas e sanitárias da pandemia da Covid-19 reacenderam o debate acerca das causas exógenas e endógenas das desigualdades sociais e suas diversas formas e manifestações. Perante este contexto emerge a questão: quais os impactos da Covid-19 sobre as pessoas mais desmunidas de recursos em termos de fome, pobreza, exclusão e desigualdade social, em contracorrente com o que se designa de desenvolvimento e respeito pela diversidade étnico-cultural? Esta comunicação busca instigar a reflexão crítica acerca dos fenômenos multidimensionais da pobreza e da exclusão e, em última instância, da desigualdade social. Sem pretender dar uma resposta cabal à questão colocada, os autores do texto,  fazendo uma breve revisitação das teorias dos sociólogos clássicos, acrescida da perspectiva decolonial e sobretudo duma leitura mais específica a partir do referencial teórico e contributo de Amartía Sen sobre privação de recursos e seus três enfoques sobre a pobreza, analisam os obstáculos à realização do desenvolvimento como liberdade, ou seja, no acesso a direitos básicos e fruição de bens materiais, educativos e cultural-simbólicos que potenciem justamente o desenvolvimento societal e de cada um dos cidadãos/ãs. Considerando a relevância social e cientifica deste debate, importa aferir os impactos da pandemia nas liberdades substantivas das diversas dimensões da vida das pessoas na América Latina e Caribe, especialmente no Brasil. E, a respeito do conceito de desigualdade, foi convocada, na esteira de vários autores de diversas orientações, não só uma abordagem multidimensional, como plurinível, ou seja, analisando o fenómeno a nível societal ou socio-estrutural, organizacional e interativo. Para além da revisão bibliográfica, as técnicas de pesquisas selecionadas são a análise documental e estatística e a recolha de dados secundários, sobretudo a partir de entidades ou agências internacionais como CEPAL, OCDE, FAO, Rede Penssan, UNICEF e Banco Mundial relativamente a diversos indicadores sobre segurança dos moradores, segurança alimentar, dificuldades de aprendizagem de crianças e adolescentes na sequência de situações de empobrecimento e fome, privações e ausência de recursos informáticos, não compensados por políticas públicas eficazes. Concluindo, para além da reprodução das já preexistentes desigualdades de classe, de gênero e étnico-raciais, agravam-se ainda mais as históricas vulnerabilidades econômicas e sociais e comprometem-se inclusive os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030.

Introducción:

No início de 2020 a pandemia da Covid-19 e seus consequentes efeitos econômicos, políticos e sociais reacendeu, não só no Brasil como a nível mundial, o debate sobre as causas exógenas e endógenas das desigualdades sociais e suas diversas formas e manifestações, como territoriais, etárias, de classe, de gênero e étnicas.

No primeiro semestre de 2021, mais de um ano após a decretação de estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional brasileiro, a quantidade de famílias reconhecidas pelo governo federal brasileiro vivendo em situação de vulnerabilidade social quase que triplicou, se comparado com o ano de 2019. Em maio de 2021, 39,1 milhões de famílias brasileiras foram beneficiárias de programa de transferência direta de renda, embora se estime que esse público vulnerável englobe 77,2 milhões de pessoas, representando 36,5% da população brasileira (BRASIL, 2021).

Perante este contexto, alguns questionamentos emergem de seguida: quais os efeitos econômicos, políticos e sociais da pandemia da Covid-19 sobre as pessoas mais desmunidas em termos de fome, de pobreza, de exclusão e de desigualdade social, em contracorrente com o que se designa como desenvolvimento sustentável e respeito pela diversidade étnico-cultural? 

Para contribuir ao debate sobre os efeitos da pandemia da Covid-19, este artigo busca instigar reflexão crítica acerca dos fenômenos multidimensionais da pobreza, da exclusão e, em última instância, da desigualdade social. Sem a pretensão de ser uma resposta cabal às questões acima expostas, ao realizar uma leitura mais complexa a partir do referencial teórico de Amartya Sen sobre pobreza e privação de capacidades como o pólo oposto do conceito de desenvolvimento como liberdade ou capacidade de dispor sobre recursos, o artigo visa oferecer um contributo aplicado não linear ao debate sobre aspectos multidimensionais da pobreza e da desigualdade, nomeadamente no quadro dos impactos da pandemia da Covid-19 e respectivo grau de liberdade substantiva, ou sua ausência, nas diversas dimensões da vida das pessoas na América Latina e Caribe, especialmente no Brasil.

Desarrollo:

Revisitação dos conceitos pobreza, exclusão social e desenvolvimento: as perspectivas dos sociólogos clássicos e o contributo de Amartya Sen  

As questões em torno da pobreza, da exclusão e da estratificação social foram abordados pelos clássicos da sociologia: uns como os estrutural-funcionalistas como fenómenos inerentes à sociedade, inevitavelmente estratificada, ora buscando aliviar o ‘mal-estar social’ provocado pela perda do laço socio-moral através da ação mitigadora de ‘corpos intermédios’ beneméritos, como propõe Durkheim (1977/1893), ora legitimando-a, como sustenta a teoria liberal e meritocrática (Parsons 1988/1951, Davis e Moore 1976/1945), o que levou Silva (2009) a resumir as várias abordagens teóricas sobre exclusão e desigualdades social, começando por deslindar e criticar o posicionamento defetista e legitimador desta teoria funcionalista em que uma eventual tensão social.

Para Weber (1978/1920), as situações de pobreza e exclusão social dever-ser-iam ora ao resultado da competição e controle de recursos por parte de um grupo em detrimento de outro ou do seu fechamento estatutário no controle de poder e demais recursos. Por fim, ainda na interpretação de Silva (2009), para Marx e Engels (1998/1848) a exclusão e a desigualdade social resultaria do controle dos meios de produção por parte de uma classe social que explora e domina outras classes subalternas, a que poderíamos acrescer a perspectiva decolonial (Quijano 2000, Dussel 2006), em que este processo de destituição, pobreza e exclusão social assentaria na base não só da classe como sobretudo da raça, enquanto fator constitutivo das formas de exploração e dominação de povos indígenas e negros desde o processo de colonização no século XVI.     

Amartía Sen (1992, 1999) concebe o desenvolvimento como liberdade não apenas nem sobretudo na sua concepção jurídico-formal, mas enquanto poder de dispor de recursos de várias ordem de modo a exercer a cidadania, ou seja, uma liberdade que, para além da eliminação das formas de escravatura, servidão e patriarcado e da garantia da democracia, das liberdades e dos direitos cívico-políticos, compreende disponibilidades e oportunidades econômicas para a sobrevivência e a vida de qualidade, acesso à educação e à cultura e outros bens constitutivos do desenvolvimento societal, assim como a expansão das capacidades dos indivíduos. Segundo Silva (2001), esta visão de Sen, sem convergir totalmente com os pressupostos da abordagem marxista (cf. Marx e Engels 1998/1848) que aliás não partilha, aproxima-se dela em alguns dos seus objetivos de desenvolvimento humano, e segue, mesmo sem lhe fazer a referência, a esteira do conceito weberiano de liberdade (cf. Weber 1978/1820) como poder de disposição sobre recursos (verfügunsgewalt).  Para Amartía Sen, se o desenvolvimento não pode ser apenas avaliado pelo critério tradicional do crescimento econômico nem da renda per capita e, muito menos, na base da liberdade em termos jurídicos, tão pouco restringe o conceito de pobreza à questão da renda, embora de modo algum a despreze, dado que o seu quantitativo permite ou não ser a base da subsistência de cariz biológico. Ou seja, Amartya Sen (1992), ao definir o complexo conceito de pobreza, não apenas lança luz sobre a multidimensionalidade do conceito de pobreza, mas também o aproxima da noção de desigualdade. Assim, a avaliação das diferentes perspectivas de noção geral que envolve o fenômeno multidimensional da pobreza pode ser compreendido, segundo Sen (1992), sob três enfoques de análise: a) subsistência biológica, relacionada com aspectos nutricionais; b) desigualdade, associada com estrutura social; c) externalidade, compreendida como os efeitos da pobreza na sociedade. É com base nesses três enfoques que o debate sobre pobreza e exclusão social na América Latina e Caribe, especialmente no Brasil, no período da pandemia da Covid-19, será compreendido e analisado neste estudo. 

O principal aspecto do enfoque da pobreza sob a perspectiva da abordagem da subsistência biológica é a insegurança alimentar e nutricional, caracterizada pelo não acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para assegurar a própria sobrevivência. Para Sen (2000) as pessoas passam fome quando há falhas nos ativos e recursos a) da dotação, referente à força de trabalho e da posse da terra; b) da possibilidade de produção, relacionada especialmente com uso tecnológico; e c) das condições de troca, estruturada no sistema de compra e venda de bens. Assim, o intitulamento para Sen (2000) não está associado com a perspectiva de escassez de alimentos (MALTHUS, 1996), mas na capacidade e na liberdade de os indivíduos terem acesso a alimentos por meios legais (NIEDERLE et al., 2016). Para Rowntree (1901) a situação em que não se tem condições mínimas para a manutenção da subsistência física no sentido estritamente fisiológico, ou seja, a alimentação, deve ser compreendida como situação de pobreza absoluta. 

Ainda segundo Silva (2001), Amartía Sen, tendo consciência das enormes desigualdades no mundo contemporâneos nos seus diversos espaços, contrariando visões pessimistas, propôs aos organismos internacionais e governos medidas políticas de promoção do emprego e, se necessário, prestação de subsídios sociais contra a fome e a subnutrição, como a necessidade de controle de preços, políticas e reformas numa perspectiva neoinstitucional assente na defesa de determinados códigos de comportamento político (transparência, equidade, confiança).  Por outro lado, Amartía Sen (2000) considera e identifica cinco fontes de diversidade humana que potencializam ou influenciam diretamente a conversão das capacidades em maior ou menor liberdade substantiva: a) heterogeneidades pessoais, como sexo, idade e limitações físicas; b) diversidades ambientais; c) ambiente social, como saúde pública, educação e violência; d) diferenças de perspectivas relativas, estruturadas em convenções e costumes; e e) distribuição interna do núcleo familiar. 

Ao compreender pobreza como privação de acesso a recursos potenciadores do desenvolvimento das capacidades do indivíduo, Sen (1992) qualifica o entendimento de pobreza, dissociando-o exclusivamente da questão de rendimentos e enfatizando a importância da privação das potencialidades e da questão da desigualdade estrutural. É nesse sentido que se destaca o conceito de pobreza relativa, definida como referência a condições abaixo da vida decente em sociedade e ao grau insuficiente de satisfação das necessidades. É nesta linha de pensamento que Scoot (1981) considera que a abordagem relativa sobre a pobreza pode ser compreendida e identificada a partir do grau de integração das pessoas na vida em sociedade, ou seja, se há integração satisfatória ou exclusão. Por sua vez, Sen (1990), instigando à reflexão acerca desta questão, avança de modo substantivo ao considerar as três abordagens gerais para a noção de padrão de vida de uma pessoa: a) noção de utilidade; b) noção de opulência; c) noção de tipo de liberdade. 

A liberdade da terceira abordagem é interpretada em seu sentido positivo, em que o indivíduo tem a capacidade para satisfazer suas necessidades não só materiais como educacionais, sociais, culturais e recreativas ou de lazer, sem cair em sentimento de vergonha, ao se comparar com outros indivíduos (SEN, 1990, p.79).

O conceito de pobreza relativa está associada à noção de exclusão dos padrões de vida, dos costumes ou das atividades correntes da sociedade (FERREIRA, 1995), assim como à noção de desigualdades, sem se confundir essencialmente com a origem das desigualdades (ROUSSEAU, 1995), uma vez que é possível haver desigualdade na distribuição de renda e de riquezas sem haver pobreza. 

Relativamente ao terceiro sentido relativo à pobreza analisado por Sen (1992), ele tem em vista as externalidades, ou seja, os efeitos da pobreza na sociedade. Para compreender essas externalidades, é necessário primeiro considerar o conceito de liberdades e de privações de liberdades de Sen (1992). Existem diferentes formas de liberdade que se inter-relacionam e podem corroborar e complementar umas a outras. A liberdade de acesso à educação básica, por exemplo, além de contribuir para o desenvolvimento, tem capacidade de reforçar as liberdades ditas constitutivas, como a participação política e a liberdade de expressão. Nesse cenário, quanto mais liberdade, maior o potencial produtivo e, consequentemente, maior a oportunidade de se obter renda mais elevada e, com isso, possuir uma maior liberdade relacionada com a opção de as pessoas viverem do modo como desejam. Da mesma forma, a privação da liberdade de acesso à educação tem potencial para impactar negativamente para cenário de privações de outras liberdades. Assim, quanto maior for a privação das liberdades, menor será o potencial produtivo e a possibilidade de se auferir renda mais elevada.

A respeito dos conceitos de desigualdade social, poder-se-á convocar os três níveis de análise originalmente trazidos por um autor neosistémico como Luhmann (1982): o societal, o organizacional e o interativo. Embora este autor não seja crítico do sistema capitalista e das desigualdades sociais por este gerado, o seu esquema analítico foi reapropriado e aplicado por neomarxistas críticos como Bader (2005) e Silva (2014) para dar conta da articulação dos três diversos níveis diferenciados, em termos de abstração, de produção e de reprodução de desigualdades: socio-estrutural, organizacional e interativo. Bader (2018), ao analisar as diversas formas e dimensões da desigualdade e sobretudo ao considerar os três níveis de desigualdade social em que esta é produzida e reproduzida não só ao nível estrutural e organizacional-institucional mas também interativo, a partir dos próprios atores sociais a nível coletivo e individual, supera uma perspectiva exclusivamente ora estruturalista ora accionalista. Por sua vez, a exclusão social, se tem a característica de reforçar algumas formas de desigualdade social, ao mesmo tempo ela é também produto da desigualdade social, podendo a exclusão social, a nível interativo, estar associada ao conceito de estigma de Goffman (1993, p.11) em que a “la sociedad establece los medios para caracterizar a las personas y el complemento de atributos, que se perciben como corrientes y naturales a los miembros de cada una de esas categorías” . Essa relação condiciona a pobreza a um círculo vicioso com efeitos discriminatórios que se auto-reforçam no âmbito da discriminação social, política, econômica e legal da sociedade. 

 

Impactos da pandemia Covid-19 no Brasil e na América Latina 

À luz do entendimento de Amartía Sen sobre a pobreza, sobretudo a pobreza absoluta, uma primeira reflexão crítica sobre o atual sistema capitalista e suas consequências maléficas sobre as classes e os grupos sociais mais desprovidos e pobres está associada aos impactos devastadores e diretos, nomeadamente situações de fome. 

Segundo o Relatório de Segurança Alimentar da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO (FAO et al. 2021), estima-se que, durante o ano de 2020, quase 2,4 bilhões de pessoas sofreram com algum grau de insegurança alimentar e nutricional no mundo, e que 811 milhões de pessoas efetivamente passaram fome, o que representa um aumento de mais de 15% em relação ao ano anterior. Nesse cenário o estudo alerta ainda que é pouco provável que a região da América Latina e do Caribe alcance as metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 (ODS-2) e da respectiva Agenda 2030 que busca erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas à segurança alimentar e nutrição até o ano de 2030, embora a lógica de acumulação e concentração de capital seja um obstáculo estrutural.   

Segundo a Rede Penssan (2021), durante o ano de 2020, 116,8 milhões de brasileiros conviveram com insegurança alimentar moderada ou grave, sendo que 19 milhões de brasileiros enfrentaram efetivamente a fome. Estudo mais recente divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a partir do processamento de dados coletados entre agosto e novembro de 2021 pelo Gallup World Poll, revelam um cenário ainda mais sensível acerca da insegurança alimentar no Brasil

“O Brasil, que figurava com níveis de insegurança alimentar inferiores a 75% dos 141 países pesquisados em 2014, atingiu, em 2021, um nível menor que 52% desses e passou, pela primeira vez desde o início das séries em 2006, a ter níveis de insegurança alimentar piores que a média mundial”. (NERI, 2022, p.5).

A feminização da fome é outra tendência apontada pelo estudo da FGV, uma vez que foi possível identificar crescente e acentuada assimetria de insegurança alimentar entre mulheres e homens no Brasil

“O salto de segurança alimentar de homens e mulheres entre 2014 e 2021 foi desigual, sugerindo feminização da fome. Se entre 2014 e 2019 os aumentos coincidiram em 13 pontos percentuais para ambos os sexos, de 2019 a 2021 houve queda de 1 ponto para os homens (cai de 27% para 26%) e aumento 14 pontos percentuais para as mulheres (aumenta de 33% para 47%)”. (NERI, 2022, p.3).

Como conclui o segundo relatório publicado pela Rede Penssan (2022), considerando que a crise sanitária provocada pela Covid-19 no Brasil se sobrepôs à crise econômica e política do país e que, em meados de 2022, é possível identificar que 33,1 milhões de brasileiros estão passando fome. Vivendo mais da metade da população, 125,2 milhões de pessoas, com algum grau de insegurança alimentar, é necessário maior monitoramento e acompanhamento da situação de insegurança alimentar dos brasileiros, especialmente com recortes específicos que lancem luz às desigualdades de gênero, raça, cor, escolaridade e local

“O atual contexto, em que uma crise sanitária se sobrepôs à crise econômica e política que lhe é anterior, impõe a necessidade de monitoramento frequente da condição alimentar e nutricional da população brasileira (…) evidenciar os diferentes níveis com que se verificou esse agravamento entre os vários segmentos sociais – recortados por gênero, raça/cor, escolaridade e local de moradia – é, ao mesmo tempo, complementar as informações necessárias para uma melhor compreensão e atuação em uma sociedade com elevadas desigualdades sociais como a brasileira. Devemos assinalar aqui lacunas que ainda permanecem pela ausência de informações sobre povos indígenas e outras comunidades e populações tradicionais” (REDE PENSSAN, 2022, p.6).

Para além do sentido fisiológico apresentado por Rowntree, o Banco Mundial (1980) ampliou o entendimento acerca do conceito de pobreza absoluta ao considerar também a questão da educação e da saúde. Assim, pobreza absoluta pode ser compreendida também como 

“uma condição de vida de tal modo caracterizada pela subnutrição, analfabetismo e doença que fique abaixo de qualquer definição razoável de decência humana” (WORLD BANK, 1980, p. 32). 

Sobre os aspectos de educação o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2021) alerta sobre os impactos diretos do fechamento prolongado das escolas e da suspensão de aulas presenciais no processo de aprendizagem escolar, especialmente entre os alunos mais vulneráveis. Segundo o Banco Mundial (2021), a pandemia da Covid-19 pode ter desencadeado a maior ruptura histórica do processo educacional na região da América Latina e Caribe (LAC)

“LAC could be the region with the second largest absolute increase in learning poverty: the share of children that are not able to read proficiently when reaching late primary schooling could rise from a baseline of 51 percent to 62.5 percent, roughly representing an additional 7.6 million of learning poor”. (WORLD BANK, 2021, p.7).

A UNICEF estima que na América Latina e Caribe cerca de 114 milhões de estudantes ficaram sem aulas presenciais e considera que milhões de crianças e adolescentes podem abandonar de forma permanente a escola devido à pandemia. No Brasil, até outubro de 2020, 3,8% das crianças e adolescentes, cerca de 1,38 milhão, deixaram de frequentar a escola, de forma ora remota ora presencial (UNICEF et al. 2021). A tabela abaixo refere de modo preciso por regiões a quantidade de crianças e adolescentes brasileiras (6 a 17 anos) em 2020, com ensino médio incompleto, que declararam não frequentar a escola ou que a frequentavam, mas estavam sem atividades escolares.

Nesse contexto, é importante pontuar ainda que as atividades do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) também tiveram interrupção e contribuíram para aumento da insegurança alimentar entre crianças e adolescentes. O PNAE é um programa do governo brasileiro de alimentação em escolas que oferecia refeições saudáveis e equilibradas a quase 50 milhões de estudantes em todo o Brasil

“A falta de orientações precisas sobre estratégias para utilizar o PNAE, como recurso alimentar para crianças e adolescentes em atividades escolares remotas, resultou em prejuízos importantes para sua AS [segurança alimentar] (...) dados mostram que de fato o PNAE não conseguiu suprir, minimamente, as necessidades das famílias com crianças em idade escolar, neste período da pandemia”. (REDE PENSSAN, 2022, p.6).

Apesar de o ensino à distância ter-se mostrado eficaz para alguns grupos para mitigar a evasão escolar, ele revela disparidades entre as redes escolares e desigualdades no acesso à educação, fato que exige imediatamente reflexão crítica acerca da associação da escola como oportunidade de ascensão social, tal como o fazem Bourdieu e Passeron (1970). Essas questões lançam luz ao segundo escopo identificado por Sen (1992) acerca das desigualdades associadas à estrutura social, as quais podem ser compreendidas à luz da questão da privação da liberdade e da pobreza relativa, a qual não pode ser entendida senão como o efeito gerado pela acumulação de riqueza por alguns em detrimento da maioria, sobretudo pobre. 

O relatório "Las juventudes latinoamericanas y caribeñas y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: una mirada desde el sistema de las Naciones Unidas" (UN, 2021), ao reconhecer as especificidades das exclusões sociais e desigualdades sociais, lança luz à complexidade da questão enfrentada por jovens da região, em que

“(...) las personas jóvenes son jóvenes, pero también son mujeres, indígenas, migrantes o afrodescendientes, habitan en zonas rurales, tienen orientaciones de género diversas, viven con VIH o tienen alguna discapacidad (...) la pertenencia a cada una de estas categorías implica estar expuesto o expuesta a dinámicas de exclusión que son propias de cada uno de esos ámbitos (…) estas dinámicas de exclusión se van superponiendo y alejan cada vez más de las posiciones de inclusión social a las personas que pertenecen a una o varias de estas categorias”. (UN, 2021:73).

Considerando que, na ótica de Sen (1992, 1999), as diferentes liberdades se inter-relacionam, podendo reforçar-se mutualmente, o desenvolvimento pressupõe, além da eliminação dos elementos que limitam as escolhas e as oportunidades econômicas, políticas, civis e sociais, a garantia de acesso a políticas públicas direcionadas, inclusive com capacidades participativas da população. No contexto da pandemia da Covid-19, o Relatório da ONU destaca a questão do acesso às políticas públicas ao afirmar que

“La necesidad de emprender acciones en esta dirección se ha visto precipitada por la pandemia de COVID-19, pues esta ha venido a exacerbar la situación de exclusión de los grupos más vulnerables, los desafíos relacionados con la gobernabilidad, así como la apremiante necesidad de pensar una recuperación centrada en la protección del medio ambiente para alcanzar un desarrollo que sea sostenible”. (UN, 2021, p.74).

Assim, à luz da referida reflexão crítica em torno das externalidades da pobreza e considerando os efeitos da Covid-19, tal impediu ou dificultou o acesso aos direitos e agravou a privação de recursos, comprometendo assim as liberdades substantivas que possibilitem e capacitem processos de desenvolvimento. Pelo contrário, o que ocorreu foi um empobrecimento de parte considerável dos cidadãos/ãs, de modo algum compensados com eficazes políticas públicas. Mais precisamente, em termos de desenvolvimento humano sustentável, a pandemia da Covid-19 veio agravar enormemente uma situação já desigual em termos de desigualdades de classe, de género e étnico-raciais, aumentando o grau de pobreza relativa e mesmo absoluta na América Latina, nomeadamente no Brasil perante um governo incapaz de fazer frente com um plano de emergência reforçado em termos sanitários e sociais.  

Conclusiones:

O debate sobre os fenômenos multidimensionais da pobreza e da exclusão social ganhou novos contornos trazidos pelas consequências das medidas econômicas, sociais e políticas adotadas a partir de março de 2020 que visaram combater a pandemia causada pela disseminação do vírus da Covid-19. À luz da pluridimensionalidade da pobreza e de como ela está relacionada com a perspectiva de exclusão e desigualdade social, este artigo oferece um contributo aplicado não linear ao debate sobre aspectos do fenômeno multidimensional da pobreza e da privação de recursos que potenciem as capacidades, especialmente no quadro dos impactos da pandemia da Covid-19 que vieram dificultar ou impedir o acesso a direitos e reduzir liberdades substantivas em diversas dimensões da vida das pessoas na América Latina e Caribe, especialmente do Brasil. 

As medidas econômicas, políticas e sociais adotadas, em vez de combater com eficácia alguns efeitos da pandemia Covid-19, foram responsáveis por intensificar privações no acesso a recursos com efeitos negativos nas oportunidades em termos econômicos, sanitários e educacionais. Sob o enfoque da subsistência biológica, relacionada com aspectos nutricionais, a região foi marcada pela crescente insegurança alimentar e nutricional, em que milhões de pessoas efetivamente não tiveram acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para assegurar a própria sobrevivência. As medidas de combate à Covid-19 também permitiram um cenário de aumento da privação das potencialidades, limando do indivíduo a capacidade para satisfazer suas necessidades subjetivas como, por exemplo, educacionais, econômicas, culturais ou sociais, fato este que reforçou a desigualdade estrutural e a própria exclusão social, seja dos padrões de vida, dos costumes, seja  das atividades correntes da sociedade. Por fim, a privação de recursos em prol do desenvolvimento das capacidades impactou diretamente as externalidades, ou seja, os efeitos da pobreza na sociedade. O sentimento crescente de mal-estar social com relação às principais dimensões que estrutura a vida social tende a condicionar a pobreza na região a um círculo vicioso com efeitos discriminatórios que se autoreforçam no âmbito da discriminação social, política, econômica e legal por parte de classes e grupos sociais providos em relação aos mais desprovidos. 

O debate contemporâneo sobre as diversas perspectivas da Teoria do Desenvolvimento contempla tendências que pavimentam trilhas de questionamentos envolvendo, no contexto da globalização e do desenvolvimento regional/local, as relações e as interações tradicionais acerca do objetivo do desenvolvimento, como os temas significativos de cooperação intersetorial, diversidade social, segurança humana, gênero e meio ambiente, e mudanças na reforma estrutural e na cooperação para o desenvolvimento. O aprimoramento deste debate será de importância fundamental no período pós pandemia para reforçar a crescente relevância científica e social da complexidade e da pluridimensionalidade da pobreza, especialmente sob a perspectiva da busca pelo desenvolvimento humano sustentável.

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Palabras clave:

Desigualdades Sociais; Covid-19

Resumen de la Ponencia:

O turismo é uma atividade extremamente ambígua quando não bem desenvolvida: pode ser instrumento de exaltação e proteção cultural, geração de renda e manutenção de uma comunidade e, por outro lado, tem a capacidade de desempenhar papel de segregação, exploração e descaracterização de culturas. Frente a esta dicotomia, se faz necessário evidenciar as situações em que uma população se encontra à margem das decisões e dos resultados turísticos em seu território.A cidade de Pelotas, situada no extremo sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, desenvolveu-se no final do século XIX a partir da produção, em grande escala, do charque. Com a riqueza proveniente da indústria saladeril, o seu desenvolvimento urbano se deu de forma privilegiada frente às demais cidades da província. No entanto, o seu diferenciado planejamento urbano, não foi suficiente para atender satisfatoriamente ao crescimento populacional da época, visto que atendia somente uma pequena parcela da população. Como resultado, surgiram na cidade, espaços de moradias periféricos e desqualificados, totalmente distintos do núcleo urbano.Após a quebra da indústria, no final do século XIX, os terrenos que outrora produziam o charque, tornaram-se grandes porções de terras inutilizadas. Com o tempo, novos usos foram dados a estes locais: a construção de um aeroporto, hipódromo, condomínios residenciais para famílias de baixa renda (MEDVEDOVSKI, 1998) e outros, foram ocupados pelas populações que buscavam construir suas moradias, mesmo que estes não possuíssem qualquer tipo de infraestrutura. E é neste contexto, que então, surge a Vila da Palha. Localizada entre duas das principais charqueadas, hoje utilizadas como atrativos turísticos do município, se encontra o pequeno vilarejo. Nele existem cerca de 200 casas nas quais residem famílias de baixa renda e que se estabeleceram ali aproximadamente no ano de 1938. Sua formação foi ainda pouco estudada, tendo em vista que existem esparsos registros públicos que relatem sua história. Esta população, que ainda permanece com sua identidade inexplorada, observa diariamente o vai e vem de turistas interessados na cultura de suas atrativas vizinhas: as charqueadas. Como pode ser esta comunidade “invisível” aos transeuntes curiosos que vêm em busca de história e cultura, e esta pequena vila não chamar sua atenção? É isto que o turismo produz quando seu desenvolvimento acontece sem levar em consideração todo o território em que está inserido.E assim, no desejo de tornar esta comunidade visível aos olhos dos turistas, é que se desenvolve este trabalho. Será através da proposta do uso do turismo comunitário, viabilizado por meio de uma pesquisa-ação, que se oportunizará que esta comunidade construa sua identidade, conte sua história, se envolva nas decisões e nos resultados econômicos provenientes do turismo.

Resumen de la Ponencia:

El problema de la inseguridad alimentaria es de abordaje esencial en el ámbito educativo para la realización de necesidades humanas fundamentales y la convivencia social. Con el fin de tratar este fenómeno de incidencia colectiva de modo eficaz, es importante conocer las representaciones y concepciones del estudiantado, desde distintos niveles de formación, por medio de lo cual se pueden conocer datos útiles sobre el grado de información que maneja la población analizada acerca del tratamiento de la alimentación.

Los resultados obtenidos pusieron en evidencia la necesidad de ejercer una concientización en los individuos sobre la problemática que representa la inseguridad alimentaria, principalmente en el consumo periódico del agua y la exposición a enfermedades transmitidas por los alimentos, tema que actualmente es un problema de salud pública a nivel mundial. Es fundamental trabajar la temática en los diferentes niveles educativos y sobre todo, a partir de la Ley Nacional 27.621 de Educación Ambiental Integral, sancionada en Argentina en el año 2021.

Introducción:

El tratamiento de la inseguridad alimentaria en el ámbito educativo cobra especial interés con la sanción legislativa de la Ley Nacional 27.621 de Educación Ambiental Integral, ocurrida en el año 2021 en Argentina. Su reconocimiento obedece a la adopción de una política pública que responde a la cuestión de la protección de la naturaleza, una distribución más equitativa de la riqueza y la protección de la salud de la población en el país.

Una verdadera contribución a la seguridad alimentaria ha sido el tratamiento legislativo a nivel internacional en la región latinoamericana, desde la sanción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del año 1948, que estableció la universalidad del derecho de las personas a la alimentación, a acceder a un status de vida que asegure su salud, cuestión también tratada en numerosa normativa, dada su importancia humanitaria. Otros instrumentos de relevancia en este plano también son la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, de 1969) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del año 1976, que reconoce derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, incluyendo la alimentación, además de la garantía de adoptarse medidas inmediatas y urgentes para garantizar la protección contra la nutrición deficitaria o inadecuada.

Las representaciones sociales abarcan opiniones, creencias y percepciones que se evidencian en las acciones cotidianas de las personas, de variada procedencia, vinculadas a los espacios habitados, así como a las relaciones primarias y secundarias desarrolladas en distintas etapas de la vida. Respecto de ellas, se ha afirmado que en el pensamiento de las personas coexisten dinámicamente distintas lógicas que emplean diversos registros de conocimiento (Moscovici, 1961). 

Asimismo, las representaciones sociales prescriben, de alguna manera, prácticas y comportamientos en tanto dan definiciones de qué es lo tolerable y lo inaceptable en determinadas circunstancias. Cuentan con una función de justificación, necesarias ante las inquietudes cotidianas que puedan acontecer en el mundo, dado que, con ellas, los sujetos pueden explicar y corroborar determinaciones ante sí o los otros (Balduzzi, 2011).

Algunas investigaciones sobre representaciones sociales en el campo educativo han verificado que ellas están limitadas por imposiciones dirigidas al efectivo funcionamiento del sistema educativo, de distinta índole y que aparecen aún con más fuerza cuando los docentes involucrados están comprometidos directamente con sus prácticas cotidianas en dicho espacio (Gilly, 1989).

En estos lineamientos, en razón de estas consideraciones sobre lo que las representaciones sociales pueden aportar como elemento de conocimiento, el derecho humano a una alimentación adecuada y la seguridad alimentaria se encuentran íntimamente ligados. La Organización de Naciones Unidas supone que el resultado del derecho a la alimentación es la seguridad alimentaria, debido a que ésta se desprende del primero. El derecho a una alimentación adecuada, entonces, responde a una finalidad práctica, además de a un imperativo moral y legal (Bianchi & Szpak, C., 2016).

A su vez, la inseguridad alimentaria y, particularmente, el acceso al consumo de agua potable, se encuentra atravesada por la inspiración legal plasmada en la Ley 27.621 en Argentina de Educación Ambiental Integral (EAI), destinada a generar conciencia ambiental, a la formación ciudadana y a un adecuado ejercicio del derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano. Entre sus fines, se encuentra el de diseñar estrategias y establecer prioridades sobre los contenidos en el ámbito educativo, por lo que es de vital importancia conocer acerca del grado de información obtenida en materia ambiental en el estudiantado.

Como principio de EAI, la referida normativa establece, en su artículo 3º, inciso “f”: “Participación y formación ciudadana: debe promover el desarrollo de procesos educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva ambiental, en la cual los distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan en una conciencia regional y local de las problemáticas ambientales, y permitan fomentar la participación ciudadana, la comunicación y el acceso a la información ambiental, promoviendo acciones de carácter global, aplicadas a la situación local”.

La construcción de una perspectiva ambiental en la educación, tal como refiere la citada ley, que incluye conocimientos y valores, además de acceso a la información vinculada al medio ambiente, requiere de un previo análisis de estas representaciones, que guían las acciones de las personas, producen nuevos comportamientos y nuevas relaciones con su objeto (García & Rodríguez, 2016). 

En materia de representaciones sociales del medio ambiente, se las ha vinculado en investigaciones con el medio ambiente natural, en tanto son localizadas en sus resultados predominantemente en las de tipo naturalista, pero abarcan necesariamente aspectos sociales y culturales, tratando de dar sentido a la interpretación colectiva, tornándose un importante marco teórico para la educación ambiental (Calixto Flores, R., 2008). 

Ante este panorama, analizaremos una serie de estudios elaborados sobre representaciones sociales del estudiantado en materia de inseguridad alimentaria, especialmente sobre la evidencia de riesgos en la salud de las personas expuestas al agua contaminada con el elemento químico arsénico (As), donde se han hallado variaciones según la especie arsenical, su presencia y la vulnerabilidad de las personas.

Desarrollo:

Se parte de la noción de seguridad alimentaria que tiene lugar cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico, en todo momento, a alimentos inocuos, nutritivos y suficientes que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias, a fin de llevar una vida activa y sana (FAO, s/f). A los efectos del presente análisis, se entiende por inseguridad alimentaria la situación de hecho en la cual alguno de sus elementos de la definición están ausentes.

En la región latinoamericana, la inseguridad alimentaria es una problemática estructural que aqueja a las naciones que la integran desde tiempos fundacionales. En particular, el derecho de acceso al agua potable y los obstáculos para su efectivo ejercicio fueron motivo de variadas investigaciones, que evidenciaron su falta de resolución y necesidad de continuar explorando en su situación actual.

El mayor factor de inseguridad alimentaria en el área continental se vincula a la inaccesibilidad e indisponibilidad de los alimentos y es una gran preocupación a nivel estatal (Aulestia-Guerrero & Capa-Mora, 2020). Sus causas de mayor probabilidad es la poca promoción de buenos hábitos y errores en políticas que impiden la correcta producción en los campesinos en el ejercicio de actividades agropecuarias, lo que genera problemas de gravedad en la salud de la población.

Hay indicadores negativos en la disponibilidad y acceso a los alimentos, según fuentes de investigación consultadas, en la mayoría de los países periféricos, más allá de diferentes estrategias de supervivencia de sus poblaciones en el plano doméstico para afrontar dichas dificultades, que generan, entre otros efectos, un costo de salud para sus miembros (Martínez Rodríguez, García Chong, Trujillo Olivera & Noriero Escalante, 2015).

En relación a la presencia de arsénico en agua consumida regularmente por la población, se ha evidenciado que la exposición por tiempos prolongados a bajas dosis de dicho elemento ocasiona la aparición de una enfermedad denominada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). El Arsénico en agua es un problema mabiental que a su vez, genera inseguridad alimentaria. Las regiones más perjudicadas por este fenómeno en Argentina son las del noroeste y centro del país, donde la presencia de dicho elemento se adjudica a los procesos geológicos del suelo que originaron la Cordillera de los Andes y a la actividad hidrotermal. Por ello, es importante conocer las representaciones y concepciones de la población sobre el HACRE, para trabajar en el abordaje de esta problemática colectiva.

En un estudio realizado acerca de la percepción del riesgo del estudiantado de la escuela secundaria sobre la contaminación del agua y nivel de arsénico en agua, se ha evidenciado la carencia significativa de conocimientos por parte de la población bajo estudio respecto a la concepción de los temas abordados. En dicho análisis, se pone de manifiesto que el agua de red es un recurso ampliamente empleado para satisfacer la necesidad de su ingesta y que, no obstante ello, se deben poner en práctica un mayor número de políticas públicas que confieran al agua un nivel de aceptación mayor por parte de los usuarios (Condolucci, M., Crivaro, L., Porro, S. y Lampert, D., 2022).

La información de mayor importancia obtenida fue que la mayoría de la población analizada no emplea filtros de agua en sus hogares, ni ningún tipo de tecnologías de remoción de contaminantes, principalmente por problemas de acceso a ellos. Ello llevó a pensar en el diseño y desarrollo de técnicas sustentables, sencillas y de bajo costo, a fin de paliar el obstáculo referido (Condolucci, M., Crivaro, L., Porro, S. y Lampert, D., 2022).

Una investigación educativa de enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA) concluyó la existencia de la confusión de éstas con otro tipo de enfermedad para el estudiantado de bachillerato, diferencias entre la concepción que presenta el estudiantado de la orientación agraria respecto del bachillerato y, también, que ello podría deberse a que en la primera se incluyen estos contenidos en mayor cantidad de asignaturas. Asimismo, el estudio revela que el grupo de estudiantes de bachillerato no cuenta con la concepción de las mismas, en tanto las ETA y las zoonosis son enfermedades que pueden presentarse en los ámbitos cotidianos en los cuales se desempeña el grupo investigado (Lampert & Porro, 2021).

Además, se determinó en este análisis que no se conoce en su totalidad a zoonosis específicas (toxoplasmosis) o no se la asocia a la idea de que también puede ser transmitida por alimentos. Cobra así relevancia el hecho de que conocer las representaciones sociales sobre la temática permite establecer de qué forma se podría mejorar la enseñanza de aquellas concepciones erróneas (Lampert & Porro, 2021).

En un análisis acerca de las actitudes del estudiantado universitario en la carrera de Abogacía en La Plata, Argentina sobre los temas ambientales, fue posible detectar un consenso pleno sobre la idea de que las personas deben preocuparse más por el ambiente en el grupo indagado, un considerable predominio de la alta pertinencia del tema a nivel social y de la factibilidad de la intervención sobre ello para intentar modificar la realidad. También, se determinó gran desacuerdo sobre la atribución de responsabilidad ambiental a los países ricos o derivar su tratamiento a expertos. Concibe, asimismo, una parte importante de la población analizada que debe haber cambios significativos en el modo de vida de la sociedad, dirigidos a la resolución de problemas ambientales (Lampert, D., Porro, S., & Crivaro, L., 2021). Por otro lado, cuando se indagó sobre la temática de arsénico en agua, de un total de treinta estudiantes, tres indicaron que se trataba de un problema de seguridad alimentaria, diez que se trabaja de un problema ambiental y el resto desconocía sobre el tema. 

Puede variar el modo en que un conocimiento cotidiano es representado si se asocia al escenario en que se produce (Pozo y Rodrigo, 2001). Es posible encontrar, además, distintas concepciones si se estudian representaciones sociales en circunstancias diferentes (Susana y De Longhi, 2006), como la de distintas instancias educativas.

De todas maneras, a los efectos de la finalidad de la Ley 27.261 de Educación Ambiental Integral, la relevancia es vital y adquiere mayor pertinencia para nuestro trabajo el estudio de la problemática en establecimientos educativos de orientación especial con la alimentación (escuela agraria), junto con el aporte de análisis de estudiantado de abogacía (que aborda de horizontalmente nociones específicas sobre derechos humanos).

Conclusiones:

Los trabajos realizados sobre representaciones sociales del estudiantado de escuela secundaria y de nivel universitario proporcionan diferente información que da cuenta de que la construcción de la perspectiva ambiental en el plano educativo, perseguida por la legislación especial en materia de EAI, aún no es suficiente.

La falta de conocimiento por parte del estudiantado sobre problemas vinculados directamente a la inseguridad alimentaria en las investigaciones revisadas hacen necesarios la revisión y rediseño de dispositivos a implementar en los espacios educativos, en miras a lograr resultados que muestren una mejor formación en materia alimentaria y ambiental sobre los grupos indagados.

Bibliografía:

- Aulestia-Guerrero, E. M., & Capa-Mora, E. D. (2020). Una mirada hacia la inseguridad alimentaria sudamericana. Ciência & Saúde Coletiva, 25, 2507-2517.

- Balduzzi, M. M. (2011). Representaciones sociales de estudiantes universitarios y relación con el saber. Espacios en blanco. Serie indagaciones, 21(2), 183-218.

- Bianchi, E., & Szpak, C. (2016). Seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada. Revista Brasileira de Estudos Jurídicos, 11(2).

- Calixto Flores, R. (2008). Representaciones sociales del medio ambiente. Perfiles educativos, 30(120), 33-62.

- Condolucci, M., Crivaro, L., Porro, S. & Lampert, D. (2022). Percepción del riesgo, y prácticas asociadas a la geografía de la salud, sobre la problemática ambiental de arsénico en agua. XII Jornadas de Investigación y Extensión del Centro de Investigaciones Geográficas, del 4 al 6 de octubre de 2022. Tandil, Argentina (en prensa).

- García, M. M. A., & Rodríguez, O. C. (2016). Representaciones sociales estudiantiles y evaluación docente. Reencuentro. Análisis de problemas universitarios, 28(71), 123-136.

- Gilly, M. (1989). Las representaciones sociales en el campo educativo. París: Prensas Universitarias de Francia.

- Lampert, D., Porro, S., & Crivaro, L. (2021). Capítulo 4–Actitudes e intereses del estudiantado de carreras de Ciencias Jurídicas frente a la Geografía y la Ciencia y Tecnología Ambiental. En Coletânea Do Congresso Paulista De Ensino De Ciências: Discutindo Ec Em Países Iberoamericanos.

- Lampert, D., & Porro, S. (2021). Representaciones del estudiantado de la escuela secundaria sobre Enfermedades Transmitidas por Alimentos y zoonosis: diferencias entre el bachiller en ciencias naturales y la orientación agraria. Bio-grafía.

- Martínez-Rodríguez, J. C., García-Chong, N. R., Trujillo-Olivera, L. E., & Noriero-Escalante, L. (2015). Inseguridad alimentaria y vulnerabilidad social en Chiapas: el rostro de la pobreza. Nutrición Hospitalaria, 31(1), 475-481.

- Moscovici, S. (1961). La psychoanalyse son image et son public. Paris: PUF.

- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), S/f. “El derecho a la alimentación en el mundo”. Recuperado de: https://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf

- Pozo, J.I. y Rodrigo, M.J. (2001). Del cambio de contenido al cambio representacional en el conocimiento conceptual. Infancia y Aprendizaje, 24(4), 407-423. 

- Susana, R. A., y De Longhi, A. L. (2006). La noción de alimentación y su representación en alumnos escolarizados. Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 5(3), 534-552.

Palabras clave:

Representaciones sociales - Inseguridad alimentaria – Escuela secundaria – Carreras de Ciencias Sociales. 

Resumen de la Ponencia:

El desplazamiento de un enfoque de desarrollo rural centrado en la producción agropecuaria a una perspectiva territorial, ha dejado de considerar el espacio geográfico como un ámbito ecológico fijo, delimitado y controlado por una forma de apropiación para concebirse como una matriz organizativa y de interacciones sociales con una historia propia y una base común de recursos naturales que trasciende la oposición campo/ciudad. Con esta orientación, a partir de 1989 se propusieron en México alternativas para la conservación mediante el pago de servicios ambientales, el ecoturismo, el aprovechamiento comercial de la vida silvestre y los esquemas de certificación para la producción sustentable u orgánica. En el discurso del desarrollo sustentable se tasan los distintivos autóctonos, sociales, productivos, ecológicos y de paisaje en términos del patrimonio biocultural “ancestral” de los pueblos indígenas, fincados en sus territorios, productos, idiomas, tradiciones, saberes, prácticas, rituales y cosmogonías, para edificar ofertas específicas de lo local que generen recursos monetarios destinados a financiar la conservación del medio natural y el “desarrollo” de sectores que se han vuelto redundantes para el sistema global.  Estos pueblos resaltan sus singularidades y se exotizan ante la mirada externa bajo el signo de la diferencia cultural.A partir de un estudio realizado en distintos centros eco-turísticos en la Sierra Norte de Oaxaca, se muestra  que uno de los grandes problemas del turismo de naturaleza es que se funda en una idea abstracta de la sociedad, en la cual las desigualdades socioeconómicas y las dinámicas de poder se ocultan. Las localidades involucradas en los proyectos financiados por la CDI carecen de una infraestructura adecuada, de capital para invertir y de capacidades de promoción en el circuito turístico nacional e internacional, por lo que quedan sujetas a las empresas turísticas y/o a la secretaría de Economía y Turismo del gobierno del estado. Por si esto no fuera un obstáculo suficiente, toda la operación del ecoturismo corre a cargo de las comunidades, aunque esta actividad ha sido tan precaria que ni siquiera ha logrado generar ingresos suficientes para cubrir los gastos corrientes. Así, vemos que las poblaciones marginales terminan por financiar la opción turística sin obtener beneficios significativos de su desempeño.   

Resumen de la Ponencia:

La pandemia mundial del COVID-19 ha traído consigo consecuencias en diferentes escenarios de la sociedad, generando cambios en la dinámica familiar y en los individuos que la conforman. El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre el funcionamiento familiar y estrés percibido en estudiantes universitarios que enfrentan la cuarentena por COVID-19. Para tal efecto, se adelantó un estudio cuantitativo, no experimental, transeccional y de alcance descriptivo y correlacional basado en un paradigma empírico analítico. Participaron 50 estudiantes con edad promedio de 23 años. Tras aceptar participar en el estudio se evaluó la funcionalidad familiar a través del cuestionario APGAR-familiar y la escala de estrés percibido (EEP-10). Los hallazgos muestran una relación inversamente proporcional entre las variables en estudio (r=-0,468), lo que sugiere que a menor nivel de funcionalidad familiar mayor es el nivel de estrés percibido por los participantes, adicionalmente se encontró una relación estadísticamente significativa entre la edad y el nivel de estrés (r=-0,300) y el funcionamiento familiar (r=0,437). Este estudio señala la importancia de realizar intervenciones centradas en el núcleo familiar que podrían representar un factor protector para la reducción del estrés en estudiantes universitarios. 

Resumen de la Ponencia:

Durante los últimos años, las iniciativas de memorialización de las espacialidades del terrorismo de Estado en Chile se han multiplicado, incluyendo distintas escalas y formatos.  Estas acciones toman parte, desde sus múltiples repertorios, no sólo en los procesos de democratización y de reparación simbólica de los crímenes de la dictadura cívico-militar (1973-1990), sino también en la producción social de ciudades y territorios. En este contexto, la ponencia analiza la construcción de una “ruta de la memoria” en la región de Valparaíso, a partir de la experiencia de los actores ciudadanos e institucionales que la impulsan. Se trata de un circuito implementado entre 2017 y 2019 al alero de la Secretaría Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que consta de once memoriales distribuidos en siete comunas de la región. Desde una aproximación en el cruce de la sociología y la geografía social, y en base a una investigación cualitativa desarrollada en dos fases (2018 y 2022)[1]—que consideró entrevistas en profundidad y observaciones etnográficas— la ponencia argumenta que los “trabajos de la memoria” (Jelin, 2012) se articulan a demandas variables según los anclajes territoriales de los grupos que los llevan adelante. Se busca así discutir la relación entre procesos de memorialización y producción social de territorios en contextos locales y regionales.  Para comenzar, se identificarán las representaciones y prácticas espaciales de los actores, planteando que la búsqueda de la reparación simbólica que guía esta iniciativa se articula a representaciones y reclamaciones atravesadas por una percepción de centralismo. Estas dan cuenta de un sentimiento de injusticia que apunta a las dificultades que el contexto local ha históricamente representado para la implementación de emprendimientos memoriales, y que modela las “subjetividades territoriales” (Delamaza et al., 2015) desde las cuales se forjan las reivindicaciones y valores en torno a la ruta. En segundo lugar, me detendré en los procesos de patrimonialización de los sitios que componen el circuito: éstos sugieren que la espacialización de la frontera entre las esferas civil y militar (Bianchini, 2016), particularmente candente en esta región caracterizada por una importante presencia de la Armada, involucra asimetrías de poder que tienden a entrabar, más ampliamente, el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1968). Por último, se presentarán algunos conflictos y expectativas que se generan en torno a la puesta en marcha de la ruta a lo largo del tiempo, destacando cómo los distintos hitos de este emprendimiento de memoria participan en el modo en que los lugares son disputados, habitados e imaginados.  [1] La ponencia se inscribe en la investigación postdoctoral “De la patrimonialización del territorio a la representación espacial de la memoria”, financiada por la Universidad Panthéon-Sorbonne (Paris) entre enero y diciembre de 2018. 

Descripción de la Publicación académica:

El libro, que presentamos, aborda un conjunto de problemas asociado a las políticas públicas ideadas para la transformación del sistema de educación superior, que se encuentran vigentes en México desde mediados de los años 80 del siglo pasado, y que aquí denominamos reformas universitarias.  Estas reformas han impactado en cada una de las funciones sustantivas de la universidad. Han influido en  la orientación de las trayectorias académicas, en el establecimiento de los criterios de evaluación de la calidad de la docencia y de la investigación y en los resultados universitarios. Todo ello exige nuevos esfuerzos analíticos en busca de consensos sobre el futuro inmediato de la universidad.El referente empírico, que constituye el núcleo de este libro, es una investigación cualitativa, llevada a cabo con profesores de las tres unidades académicas fundacionales de la UAM.  Mediante la técnica de grupos focales, son abordadas cuestiones sobre la docencia y la investigación en el contexto del proceso de transformación continua de la universidad. Este estudio muestra las paradojas, tensiones y contradicciones de la vida académica, asociadas a las reformas universitarias, las cuales han afectado sustancialmente su desarrollo. También muestra la existencia de esfuerzos críticos y reflexivos encaminados a una mejora real -no solo en el papel- de una de las funciones sustantivas de la universidad: la docencia. 

Resumen de la Ponencia:

La medida de confinamiento adoptada por todos los países como la estrategia privilegiada para evitar la propagación del virus SARS-COV- 2 , impactó de manera significativa en todos los ámbitos de la vida social dado el aislamiento físico al que condujo. Específicamente en el ámbito educativo tuvo repercusiones no sólo en los aspectos instruccionales de los procesos de enseñanza-aprendizaje -que de manera abrupta se trasladaron al ambiente virtual-, sino también en los aspectos relacionales que estos implican. Con el propósito de conocer la situación  del estudiantado y el profesorado universitario en el contexto de la pandemia, se realizó un estudio en doce universidades mexicanas en donde se forma a los futuros profesionales del Trabajo Social, tanto al inicio de la pandemia como a un año de esta. El estudio se realizó a través de un cuestionario estructurado para estudiantes y otro para docentes, que fue diseñado en Google Formularios y distribuido primero entre docentes, para que fueran estos quienes directamente invitaran  a los estudiantes a su cargo a responder el intrumento correspondiente, a fin de evitar que personas que no cumplieran con el perfil requerido, participaran de este estudio. Dentro de las categorías de análisis, destaca la situación social de las y los estudiantes y docentes, tanto en círculos sociales extra escolares como escolares. Los principales resultados tienen que ver con la modificación de las formas relacionales como la aparición o agudización de la violencia y la ruptura de relaciones colectivas entre docentes, entre estudiantes y entre docentes y estudiantes,  dando lugar al individualismo como una forma de “sobrevivir” a una situación que provocó desconcierto, incertidumbre, rechazo y desconfianza, lo cual repercutió en el desarrollo de los procesos educativos que, de por sí, antes de la pandemia ya presentaban diversos conflictos relacionales que en este contexto se vieron agudizados y diversificados, motivo de análisis del presente estudio. La fuentes de información utilizadas, para el trabajo documental son los diversos textos generados en torno al tema, destacandolos trabajos de: Ordorika, Imanol (Pandemia y educación superior). IESALC, UNESCO (Covid-19 y educación superior: De los efectos inmediatos al día después). Lloyd Marion (Desigualdades educativas en tiempos de la pandemia. Maneiro, Sara (Cómo prepararse para la reapertura). Y para el trabajo de campo las fuentes son docentes y estudiantes de TS de 12 universidades mexicanas. 

Resumen de la Ponencia:

El objetivo de la presente ponencia es reflexionar, a partir de una bibliometría exploratoria, sobre el desarrollo de la comunicación pública de las ciencias sociales durante la pandemia por La Covid-19. Particularmente de la socialización de éstas en el proyecto Red de Revistas Científicas de Acceso Abierto no Comercial Propiedad de la Academia (Redalyc). Lo anterior con la finalidad de hipotetizar que la premura (excitación) de explicar una temática emergente retarda el flujo del grueso de la literatura sobre ésta con efectos negativos en la calidad de la producción de las llamadas ciencias blandas.

Resumen de la Ponencia:

La calidad de vida de los niños, las niñas y los adolescentes con enfermedad grave o crónica compleja está condicionada por la atención que reciben del entorno que les rodea. Esta hipótesis es el punto de partida del proyecto de investigación Cuidados paliativos y calidad de vida en la infancia y adolescencia. Respuestas educativas personalizadas, contextualizadas e interdisciplinares (PID2020-114712RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. De acuerdo con la hipótesis planteada, se propone como objetivo general: Mejorar la calidad de vida en niños, niñas y adolescentes que reciben tratamientos paliativos mediante la elaboración de respuestas educativas personalizadas y contextualizadas, a la vez que se construyen redes interdisciplinares de apoyo a los cuidados paliativos y se desarrollan estrategias inclusivas dirigidas a la sensibilización y la formación de la comunidad educativa. Este objetivo se subdivide en 6 objetivos específicos que se trabajan a partir de una metodología de investigación basada en un diseño mixto explicativo-secuencial, que combina técnicas de recogida de información cuantitativas y cualitativas. Se desarrolla en las Islas Baleares (España). La investigación se divide en tres fases: la primera consiste en identificar y analizar las necesidades que presentan los/las niños/as y adolescentes que están recibiendo tratamientos paliativos, sus contextos familiares, los profesionales socio-sanitarios que los atienden, los contextos escolares de procedencia y otros recursos comunitarios de carácter asociativo. La segunda fase radica en el diseño y seguimiento de un plan piloto en diversos centros para generar y poner en práctica planes personalizados que mejoren la calidad de vida del alumnado con enfermedad grave o crónica compleja, así como materiales y actividades que permitan al grupo-clase acompañarle y comprender su situación y, si fuera el caso, afrontar el posible duelo o situación de muerte, de manera que se ofrezca una respuesta educativa normalizada y fundamentada a todo el alumnado. En la tercera fase, se procede a evaluar todas las actuaciones realizadas en cada uno de los centros estudiados en el marco del plan piloto y se identificarán las condiciones de transferencia a otros centros educativos y contextos socio-sanitarios. También se ponen en marcha estrategias de Aprendizaje-Servicio, de manera que se contribuya a transferir los resultados obtenidos a lo largo del proceso de investigación a la formación inicial de futuros profesionales de la educación y del mundo sanitario. Se persigue obtener unos resultados que tendrán un impacto de carácter social y también encontrar soluciones educativas que permitan mejorar la calidad de vida de los niños/niñas y adolescentes que están recibiendo tratamientos paliativos, incrementando sus oportunidades para seguir aprendiendo, comunicarse y mantener una vida digna, cubriéndose así algunas de las necesidades, emocionales, psicosociales y físicas.

Resumen de la Ponencia:

Estudos feministas consideram que o Estado pode realizar ações específicas com o objetivo de alterar as condições estruturais das mulheres na sociedade. Um governo pode criar mecanismos institucionais de mulheres na estrutura estatal, os quais baseiam-se tanto em políticas públicas como na inclusão de mulheres na estrutura política e administrativa do Estado. A criação de programas de governo permitem que a problemática das mulheres e a questão de gênero adquira status de interesse público e integre a agenda pública. A criação de programas para as mulheres com visão das diferentes dimensões simbólicas, é uma das estratégias para reduzir as desigualdades. Os programas de governo para as mulheres proporcionam uma rede em âmbito da administração pública e se constituem na difusão de novas ideias e propostas de gestão. Nas últimas três décadas o município de São Paulo registrou experiências de políticas públicas para as mulheres. Essas políticas não têm ocorrido de forma contínua, mas pode-se observar uma melhora na configuração institucional do órgão responsável por sua implementação. Nesse período, São Paulo tem sido um importante centro de debate e desenvolvimento de ações institucionais em relação as mulheres no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, educação, combate à violência sexista, planejamento urbano e geração de emprego e renda. As medidas de isolamento social aplicadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 suscitou o problema de violência contra mulheres. Entre março e abril de 2020 foi registrado em 12 estados brasileiros aumento de 22,2% de casos de feminicídio e uma queda no número de registros de boletim de ocorrência denunciando violência contra mulheres em relação ao ano de 2019 (OMS, 2020). No mês de março de 2020 houve um aumento de 44,9% de assassinatos de mulheres em São Paulo em relação ao mesmo mês do ano anterior (OMS, 2020). O problema de pesquisa foi: quais programas de governo foram desenvolvidos para mulheres em meio ao agravamento da violência na pandemia? O objetivo da pesquisa é identificar as características institucionais e os programas de governo no período de pandemia por Covid-19. O objeto de estudo é a Prefeitura Municipal de São Paulo entre os anos de 2020 e 2022. O tipo de pesquisa é exploratório-descritiva com a análise documental de leis, decretos, relatórios financeiros, plano de cargos e programas de governo. Os resultados da pesquisa apontam para um déficit nos programas de governo para mulheres na cidade de São Paulo no período de pandemia quando comparado a período anteriores. Com isso, a conclusão foi de que não houve uma melhora de políticas públicas para mulheres no período de agravamento da violência contra mulheres em meio a crise de COVID-19.

Introducción:

Ao longo de três décadas, o município de São Paulo registrou experiências de políticas públicas para as mulheres (1989-2022). Essas políticas não ocorreram de maneira contínua, através de diversos arranjos institucionais, inclusive experimentando um modelo com autonomia administrativa e orçamentária, denotando um aprimoramento do mecanismo institucional responsável pela implementação das políticas para as mulheres. Cabe ressaltar que nesse período, São Paulo tornou-se um importante centro de debate e formulação de ação institucional sobre essa temática nas áreas dos direitos sexuais e reprodutivos, educação, combate à violência sexista, emprego e geração e renda e planejamento urbano. 

A institucionalização das políticas para as mulheres está relacionada a duas iniciativas distintas. A primeira está pautada pela crítica elaborada pela teoria feminista sobre os limites dos princípios da democracia liberal ao propor a igualdade formal entre os indivíduos, a universalização dos direitos e a neutralidade das instituições, cujos pressupostos não consideram a condição de subordinação das mulheres. A outra, igualmente importante, pertinente à repercussão dos diferentes documentos propostos pelos organismos multilaterais com o objetivo de promover esforços em defesa dos direitos das mulheres.

Dessa forma, essa nova institucionalidade proposta está relacionada aos fundamentos de democracia e ao exercício da cidadania, e para sua implementação faz-se necessário um novo projeto cujo desafio é garantir a instituição de mecanismos democráticos e com transparência que assegurem estabilidade na articulação e implementação de políticas públicas voltadas para que endossar o exercício dos direitos políticos, civis, sociais e econômicos das mulheres.

            O município de São Paulo é uma metrópole com mais de 12 milhões de habitantes, configurando-se como a mais populosa do país e a oitava do mundo, sendo responsável por 10,3% do Produto Interno Bruto (PIB), com o orçamento anual previsto para 2022 em R$ 82,7 bilhões, o quinto do país. Nesses dados superlativos, se destaca o percentual de mulheres entre os habitantes (52,6%), superando os índices percentuais do estado (51%) e do país (51,8%).

Em 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus, o governo do estado de São Paulo adotou medidas de restrição de circulação, adoção de uma série de cuidados sanitários que implicaram no isolamento social de uma parcela expressiva da população. Esse cenário trouxe um grave impacto econômico para os diferentes setores, público e privado, e evidenciou a necessidade de políticas públicas para combater e enfrentar as desigualdades de gênero, a violência contra a mulher e a crise econômica. Esses fatores ameaçam a autonomia das mulheres, em especial as mulheres pobres que compõem as camadas mais vulneráveis da população.

Nesse trabalho exploratório, apresentamos os arranjos institucionais de implementação das políticas públicas de 1989 a 2022, como também os elementos orçamentários e financeiros da prefeitura de São Paulo relacionados à implementação de políticas para as mulheres. A análise tem como marco inaugural o governo de Luiza Erundina, do PT, primeira prefeita eleita. Em seu governo ocorre a primeira experiência institucional de políticas para as mulheres, uma estrutura criada para assegurar ações que promoveram a inclusão das mulheres através de políticas de combate da desigualdade e discriminação, com o propósito de inserir na agenda governamental a transversalidade de gênero nas diferentes áreas da administração pública. Nos anos subsequentes as atividades que compunham essa política foram suspensas (1993-2000), e retomadas e ampliadas em 2001, com a eleição da segunda prefeita da história de São Paulo Marta Suplicy, do PT. Após quatro anos, novamente o serviço foi secundarizado e somente retomado em 2007, através de parceria firmada com o governo federal. 

O estudo apresenta ainda uma análise de elementos importantes da gestão do prefeito Fernando Haddad, PT (2013-2016), no que diz respeito às políticas para mulheres. Para tanto, foi realizado um estudo mais detalhado dessa gestão com foco nos seguintes aspectos: 1) instituição da Secretaria de Políticas para Mulheres, 2) Metas do Programa de Metas 2013 – 2016, 3) Ações na área de políticas para mulheres, 4) Arranjos participativos relacionados à Políticas para Mulheres, 5) Análise do orçamento da Secretaria entre 2014 e 2016. Segundo Bugni (2016: 168) a gestão da Prefeitura de São Paulo que governou a cidade entre 2013 e 2016 merece uma atenção especial, na medida em que:

 

“O primeiro ponto que destacamos desta última gestão, refere-se à preocupação com a promoção dos direitos da mulher, enquanto uma deliberação de governo que contou com o apoio desde o Prefeito. Da mesma forma que ocorreu no Governo da Marta Suplicy, essa postura contribuía para a receptividade da temática nos demais setores, fortalecendo a legitimidade da política em todo o governo municipal. Vale notar também que, neste momento, a política de gênero foi apresentada a partir de uma concepção mais ampla, ressaltando preocupações não apenas com questões de ordem social, mas também econômica, política e cultural.”

 

A pesquisa busca descrever o alinhamento de fatores que contribuíram para o desenvolvimento de políticas públicas para mulheres. O estudo precede de uma revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento dos diferentes governos da cidade de São Paulo desde 1989 que estimularam reformas políticas institucionais no tocante às políticas para mulheres. A conquista de direitos, avanços socioeconômicos e à modernização dos costumes implicaram em transformações institucionais no município de São Paulo. 

Sob uma abordagem qualitativa que se utilizou de pesquisa bibliográfica e documental, foi realizado um constructo histórico que apresenta a evolução do arranjo institucional das políticas para mulheres na cidade de São Paulo. Para tanto será realizada a analise descritiva de documentos como decretos, portarias e leis da Prefeitura de São Paulo no período entre 1989 e 2022. O marco de início da análise, em 1989 justifica-se pelo fato desse ano representar o início de um conjunto de debates e iniciativas em torno da temática de políticas para mulheres. 

Perante uma abordagem quantitativa foi realizada a análise orçamentária entre os anos de 2020 e 2022 com o propósito de identificar as despesas destinadas a políticas para mulheres. O período da análise orçamentária fundamenta-se pelo fato de ter sido a etapa posterior ao período no qual existiu uma Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres na São Paulo, marco institucional que permitiu o estabelecimento de dotação orçamentária destinada exclusivamente às políticas para mulheres. A estratégia utilizada tem o propósito de gerar evidências que permitam caracterizar marcos das políticas para mulheres em diferentes governos municipais.

Desarrollo:

A institucionalização da política para mulher na cidade de São Paulo: governo Fernando Haddad (2013 – 2016)

            Entre os anos de 2013 e 2016 o prefeito de São Paulo foi Fernando Haddad do PT. Com a Lei 15.764/13 foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a qual ficou responsável por:

 

“[...] assessorar, coordenar e articular junto à Administração, na definição e implantação de políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos das mulheres, visando à sua plena integração social, política, econômica e cultural.” (São Paulo, 2013c)

 

A Secretaria para as Mulheres tinha como atribuição: assessorar as políticas para mulheres, elaborar um plano de igualdade de gênero, cooperar com organismos nacionais e internacionais, articular políticas transversais, realizar ações para a participação das mulheres e implementar planos, programas e políticas para mulheres. A Secretaria possuía duas coordenadoria: a de enfrentamento à violência e a de autonomia econômica das mulheres. A supervisão de equipamentos da secretaria ficou responsável pelas casas Elaine de Grammont, Helenira Rezende de Souza Nazareth e pelos centros de atendimentos à mulher, de referência a mulher e de cidadania da mulher. Ainda foi criada duas assessorias: de participação e controle social e de ações temática. A institucionalização das políticas para mulheres na forma de secretaria fez com que essa frente passasse a ter dotação orçamentária própria. 

O Decreto Nº 54.660/13 instituiu o Comitê Intersecretarial de Políticas para Mulheres composto por representantes de vinte secretarias e com o objetivo de elaborar o plano municipal de políticas para as mulheres, garantir que as políticas de gêneros fossem incorporadas às diversas secretarias, construir indicadores de políticas para mulheres. O comitê, que também ficou conhecido como Conexão Mulher, também tinha a atribuição de formular, implantar, implementar, monitorar e avaliar políticas para o público feminino em perspectivas transversais e matriciais.

            O Programa de Metas 2013-2016 foram estabeleceu metas que faziam referência a questões das mulheres, sobretudo às do “Eixo 1: Compromisso com os direitos sociais e civis”. Como pode ser observado no Quadro 1, as metas 40, 41, 59 e 60 propunham um enfrentamento direto de problemas relacionados às mulheres. Ao final do governo, as metas relacionadas a mulheres tinham sido cumpridas parcialmente ou integralmente. Ao aderir ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres e ao Programa Mulher, Viver sem Violência, o governo federal conseguiu repasses de recursos federais necessário para a implantação da Casa da Mulher Brasileira, centro de referência que reúne serviços de assistência à mulher (Fernandes et al. 2021).

O Projeto de Formação de Grupos Produtivos e de Economia Solidária permitiu a formação de grupos produtivos de economia solidária compostos por 175 mulheres. Também foram realizadas oficinas de formação cultural para as mulheres no ano de 2015. O Decreto 56.702/2015 garantiu que 30% dos profissionais de transporte tinham que ser mulheres. O Decreto 56.021/2015 determinou que os conselhos municipais de participação social deveriam ter um mínimo de 50% de mulheres. Em 2014 foi criada a unidade móvel de atendimento à mulher vítima de violência, que visitou 280 bairros e realizou 450 atendimentos individuais e 23 mil orientações gerais. Em 2016 foram criados mais dois centros de referência das mulheres e foi instituído o Programa Guardiã Maria da Penha que permitiu com que a Guarda Civil Metropolitana atendesse 340 mulheres vítimas de violência (Fernandes et al. 2021).

            O Decreto 56.021/15 estabeleceu uma participação mínima de mulheres em conselhos e o Decreto 56.702/15 criou o Conselho Municipal de Políticas para Mulheres. Em 2015 foram realizadas oito conferências municipais para mulheres. EM 2016 foiram instituídos cinco fóruns regionais de políticas para mulheres para a proposição, acompanhamento, discussão e fiscalização de políticas para mulheres (Fernandes et al. 2021). 

            Ao criar a Secretaria de Políticas para Mulheres em 2013, o governo permitiu que se tivesse dotação orçamentária destinada exclusivamente às políticas para mulheres a partir de 2014. No entanto, chama a atenção que o maior percentual do orçamento da secretaria em relação ao da Prefeitura foi em 2016, sendo de: 0,04%. Entre 2014 e 2016 os valores reais de dotação orçamentária da secretaria aumentaram ano a ano, no entanto o valor do orçamento executado sempre foi inferior ao orçado no período. Nos anos de 2014 e 2016 o total do orçamento executado em relação ao orçado foi de 61,9% e em 2015 foi de 82,2%. Entre os anos de 2014 e 2016 72% das dotações correspondiam a despesas correntes e 28% correspondiam a despesas de capital (Fernandes et al. 2021).

Fim da institucionalização e enfrentamento da violência contra as mulheres em tempos de pandemia

Em 1 de janeiro de 2017, o decreto municipal 57.576 editado pelo prefeito João Dória promoveu uma reforma administrativa que extinguiu a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e resultou no fim da autonomia e classificação orçamentária, como também no fim da coordenação centralizada dos serviços. Esta situação acometeu o processo de acompanhamento, controle e fiscalização das políticas públicas. Em vista desse fato e do aumento dos índices de violência contra as mulheres, incluindo dos casos de feminicídio, foram 101 crimes registrados no período janeiro a julho de 2020, serão apresentados e analisados os dados relativos aos projetos e programas destinados ao enfrentamento à violência contra a mulher e de gênero (São Paulo, 2017a). 

Nesse sentido, nessa etapa apresentaremos informações sobre o funcionamento dos equipamentos públicos de 2017-2022.  Houve o fechamento do Centro de Referência da Mulher de São Miguel Paulista, localizado no extremo leste da periferia da cidade. As obras da Casa da Mulher Brasileira foram concluídas em novembro de 2019, com um atraso de três anos (São Paulo, 2017a). 

A implementação de políticas para as mulheres foi transferida para a Coordenação de Políticas para as Mulheres que compõe a estrutura da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), com objetivo de elaborar, propor, articular, planejar e fomentar a implantação de políticas públicas para a defesa dos direitos das mulheres e equidade de gênero (Gonçalves, 2018).

A rede de atendimento para as mulheres sofreu pouca variação se considerados os dados de 2016, composta por quatro centros de Referências da Mulher, cinco Centros de Cidadania da Mulher, uma Casa Abrigo e uma Casa de Passagem, e a Casa da Mulher Brasileira. Foram criados três postos avançados de atendimento às mulheres vítimas de violência em estações de Metrô – nas estações Santa Cecília e da Luz e no terminal de ônibus Sacomã (São Paulo, 2018). 

Também compõem a rede de atendimento à mulher vítima de violência os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), que oferecem acompanhamento técnico especializado desenvolvido por equipe multiprofissional para atendimentos a pessoas em situação de violência, sendo: 1 no Centro, 7 na região norte, 8 na região sul, 12 região leste e 2 na região oeste (São Paulo, 2018).

As políticas para as mulheres nos instrumentos de planejamento público – Programa de Metas e PPA

 

            Nesse tópico serão apresentadas as propostas contidas nos Programas de Metas no qual estão contidas as prioridades da gestão para os quatro anos de mandato, traduzidas em metas, projetos, ações estratégicas e indicadores para cada setor da Administração Pública. 

No Programa de Metas de 2017-2020 publicado pela prefeitura e entregue à Câmara Municipal não consta nenhum programa ou ação destinado a promover a manutenção, fortalecimento das políticas para as mulheres. Existem no documento três menções às mulheres na ficha técnica do eixo de Desenvolvimento Humano: Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas referentes a populações vulneráveis. A outra menção, também no mesmo eixo, faz parte do projeto Centros de Cidadania com o propósito de integrar os diferentes equipamentos de atendimento e orientação a populações específicas (negros, mulheres, população LGBT e imigrantes), Segundo o documento: 

 

“Garantir que populações com vulnerabilidades específicas sintam-se apoiadas pela rede de acesso a direitos humanos, gerando ampliação do número de pessoas mais informadas e confiantes de seus direitos e no poder público municipal (...)Garantir 100% de encaminhamentos das denúncias recebidas contra populações vulneráveis.” (São Paulo, 2017b).

 

Acrescente-se ainda, nas linhas de ação, a proposta de finalizar a Casa da Mulher Brasileira, focada em integrar os diversos serviços de direitos humanos oferecidos à mulher no mesmo espaço, como: serviços judiciários, psicológicos, entre outros (São Paulo, 2017b).

            No eixo Desenvolvimento Urbano, o projeto “Construção ou reforma de unidades habitacionais para locação social”, consta da linha de ação a iniciativa de “Construir ou reformar 1000 unidades habitacionais de locação social para atendimento de famílias com renda até três salários mínimos”. Segundo a ficha técnica: “A demanda desse programa são as famílias que hoje recebem o auxílio moradia entre elas idosos de baixa renda, mulheres vítimas de violência doméstica, imigrantes e população em situação de rua” (São Paulo, 2017b).

            No que se refere ao Programa de Metas 2021-2024 foram encontradas duas ações relacionadas às políticas para as mulheres na área de enfrentamento à violência. A meta 18 estabelece a ampliação em 50% o número de atendimentos realizados nos equipamentos exclusivos para mulheres, cujo relatório de acompanhamento apontou o cumprimento de 57,15%, em 2022. A outra ação está prevista na meta 31 que se destina a ampliação da capacidade da guarda civil metropolitana (GCM) para a realização de ações protetivas para 2.500 mulheres vítimas de violência /ano, o índice de cumprimento em 2022 alcançou 76,72% (São Paulo, 2017b).

            Na análise do PPA 2018-2021, outro importante instrumento de planejamento público, o achado da pesquisa foi no Programa 3013 “Prevenção e Proteção às Vítimas de Violência da Coordenação de Políticas para as Mulheres da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)”, que prevê a ampliação no atendimento de mulheres (em números absolutos por ano) em situação de violência atendidas pela rede especializada de enfrentamento à violência, conforme aponta o quadro abaixo:

Segundo o PPA, para a ação foi considerado o número de registros de entrada realizados (preenchimento da ficha de cadastro) nos Centros de Referência da Mulher em situação de Violência, Casa Abrigo, Casa de Acolhimento Provisório e Unidade Móvel. Numa análise detida desse ponto é possível encontrar uma incongruência entre os números adotados para elaborar essa ação, e os números apresentados no site da SMDHC. Segundo dados da secretaria, em 2020 foram realizados 24.113 atendimentos (Passafaro e Peres, 2022). 

No período da pandemia houve uma redução nos atendimentos se considerado o ano de 2019: em março foram atendidas 2886 mulheres, nos meses subsequentes os atendimentos sofreram uma redução de 65% no período mais rígido da quarentena, em razão das restrições de circulação das pessoas, conforme o quadro abaixo:

No período entre janeiro e julho de 2020, o relatório da SMDHC apontou 101 crimes de feminicídios, um recorde da série histórica iniciada em 2016. Segundo Samira Bueno, a pandemia acentuou a quadro de vulnerabilidade das vítimas de violência de gênero considerando que muitas estavam confinadas com seus agressores, e afirma:

 

“É difícil cravar no caso de São Paulo que foi a epidemia que determinou o aumento dos feminicídios porque eles já vinham crescendo, mas o que podemos dizer é que a pandemia colocou essas mulheres que já viviam em situação de violência doméstica em uma situação ainda maior de vulnerabilidade” (Bueno, 2021: n.p)

 

Os números de registros de violência contra à mulher na capital paulista, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP/SP) foram 23.920 casos, sendo que os casos de lesão corporal dolosa e violência sexual segundo o registro estatístico vinham crescendo apresentaram uma queda. Segundo Bueno (2021), tal situação reflete os problemas no acesso ao registro e não na redução dos casos. Na verdade, a mulher vítima de violência passou a ter dificuldade de sair de casa para se deslocar até uma delegacia, em razão das restrições de mobilidade urbana, ou ainda por conta das mudanças de regime de funcionamento das delegacias de polícia, ou pelo fato de estar confinada com o agressor.

Nesse quadro é possível afirmar que as ações propostas nos Programas de Metas e do PPA são insuficientes, tendo em vista os dados considerados para elaboração dos programas e os números de crimes registrados cometidos contra as mulheres (Passafaro e Peres, 2022).

 

– O desempenho dos programas e atividades no orçamento público

 

O orçamento é o principal instrumento de realização de políticas públicas. Assim, a finalidade do Estado, ao obter recursos, para gastá-los sob a perspectiva de política pública tem por objetivo realizar os objetivos fundamentais da Constituição Federal. No caso das políticas para as mulheres no município de São Paulo, apesar de constarem em programas e ações no orçamento, nem sempre são destinados recursos para sua implementação, conforme demonstrado no quadro abaixo:  

Ao analisar os dados inseridos na tabela acima, é possível verificar que programas e ações foram incluídos na LOA, no entanto a melhor performance no que se refere à destinação de recursos e de 2021: dos seis programas apenas três receberam recursos. Em 2017 e 2019 dos programas propostos, nove receberam recursos orçamentários.

Em referência aos recursos executados pelos programas e ações os valores do quadro 6 apontam que nos anos de 2020 e 2021 retomaram o patamar de 2018, considerando em 2019 depreende-se uma queda de aproximadamente 15% dos recursos orçamentários. 

Outro dado a ser ressaltado é o quanto os valores destinados às políticas para as mulheres impactam no orçamento municipal: nos anos de 2020 e 2021 os índices são inferiores a 0,04%, conforme apresentado no quadro 6..

Conclusiones:

A perspectiva feminista aponta para a importância do papel das políticas públicas na alteração das relações sociais de dominação, pois essas podem incidir sobre as relações de poder na sociedade de um ponto de vista de gênero, e garantir às mulheres o acesso a direitos em sua dimensão social, política e econômica. Nesse sentido, é central insistir na ampliação do papel do Estado no provimento de políticas que interfiram na divisão sexual do trabalho e nas possibilidades da participação das mulheres no mundo público. 

Por conseguinte, a ausência de políticas públicas e a sua descontinuidade são interpretadas como um sinal de baixa prioridade, ou até mesmo, uma “não questão” para alguns governos.  No caso em estudo, da prefeitura de São Paulo, o número reduzido de programas e ações destinadas a políticas para as mulheres nos instrumentos de planejamento, e a quantidade de recursos orçamentários destinados para essa área, reforçam a necessidade ampliação dos equipamentos e serviços públicos. No ciclo analisado, de 33 anos, somente em um mandato, quatro anos (2013-2016), encontramos um arranjo institucional com maior capacidade de articulação de políticas e melhores condições de intervenção, em razão do organismo de governo contar para seu funcionamento tanto com estrutura e orçamentos próprios e basear-se nas deliberações provenientes dos conselhos e conferência municipal.

Outro aspecto diz respeito ao impacto do fim da autonomia institucional e orçamentária, como também da coordenação das ações das políticas para as mulheres, que resultou na ausência de dados que apontem a transervalidade da política nas áreas da saúde, educação, habitação, transporte, trabalho, segurança urbana, urbanismo, em razão da não observância do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres.

Cabe ressaltar, ainda, que esse novo modelo institucional dificulta o controle social, e soma-se a isso ausência de dados que apontem a eficácia, eficiência e efetividade da política pública do município de São Paulo.

Dessa forma, as medidas adotadas inicialmente em 1989 continuam necessárias e atuais, tendo em vista os dados que demonstram a vulnerabilidade da vida das mulheres paulistanas.

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Palabras clave:

Análise orçamentária. Cidade de São Paulo. Desenvolvimento institucional. Políticas para mulheres.

Resumen de la Ponencia:

O relatório da Cepal (2021) identificou em todos os países latino-americanos deterioração da situação fiscal e aumento do endividamento público externo em meio à crise de COVID-19. O endividamento dos países da América Latina supera 80% do PIB, o maior entre as regiões em desenvolvimento. O serviço da dívida pública externa em relação as exportações latino-americanos é de 60%, o maior do mundo. Tal situação suscitou o seguinte problema de pesquisa: os países latino-americanos optaram por soluções de integração regional ou de institutos financeiros internacionais para o enfrentamento dos problemas de suas dívidas públicas externas durante a crise de COVID-19? O estudo teve como objeto Argentina, Brasil e Equador no período de 2018 e 2021. A escolha pelos três países justifica-se pelo fato de esses terem tido medidas importantes de reforma de suas dívidas públicas externas no início do século XXI. O período do estudo abrange os dois anos anteriores e os dois anos da crise de COVID-19. A técnica de pesquisa utilizada na pesquisa foi o estudo de caso na forma de análise de congruência. Utilizou-se as teorias da ortodoxia e do neoestruturalismo para a seleção de duas categorias analíticas relacionadas a institutos internacionais da dívida pública externa: mecanismos internacionais de reestruturação e integração regional financeira. Para cada categoria analítica foi selecionado um conjunto de indicadores que puderam ser identificados em relatórios de organizações como: bancos centrais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Instituto de Integração Latino-americana e centros de estudos de relações internacionais. Os resultados da pesquisa mostraram uma predominância de políticas que priorizaram soluções junto a instituições financeiras internacionais em detrimento da integração regional. Portanto, levantou-se a hipótese de uma tendência dos países latino-americanos se distanciarem de soluções conjuntas para o enfrentamento dos problemas relacionados a suas dívidas públicas externas no contexto de pandemia.

Introducción:

A situação de crise econômica em meio a pandemia coloca a seguinte questão: os países latino-americanos optaram por soluções de integração regional ou de institutos financeiros internacionais para o enfrentamento dos problemas de suas dívidas públicas externas durante a crise de COVID-19? O objetivo da pesquisa foi explorar os mecanismos de integração regional e de reestruturação internacional da dívida pública externa me meio a pandemia de COVID-19. O objeto de estudo foi a dívida externa de Argentina, Brasil e Equador entre os anos de 2018 e 2022. Os países em questão foram escolhidos pois sofreram graves consequências da última crise da dívida na região, meia década perdida (1998 – 2002), e realizaram grandes medidas de reestruturação de suas dívidas públicas externas. A pesquisa realizada foi exploratória-descritiva. 

A técnica de pesquisa utilizada foi de estudo de caso por analise de congruência, sendo selecionadas categorias analíticas e indicadores das matrizes teóricas da ortodoxia econômica e do neoestruturalismo. As fontes de informações foram relatórios econômicos e bancos de dados da Cepal e do Banco Mundial. Antes da apresentação do modelo analítico e dos resultados da pesquisa foi feita uma exposição histórica que destaca momentos de maior relevância da dívida externa para a América Latina. Na exposição histórica foi dado destaque às experiências de integração regional e reestruturação internacional da dívida externa dos países latino-americanos desde a década de 1980 até a década de 2000, com o intuito de se estabelecer categorias analíticas e contruir quadros teórico-conceituais.

Desarrollo:

 

A crise econômica em meio a pandemia de COVID-19

A pandemia pelo vírus SARS-CoV-2 impôs uma situação que dificulta a normalização das atividades econômicas. Ugarteche (2022) destaca como em 2020 houve um colapso na economia mundial ocasionado por um fechamento da oferta e contração da demanda primeiro na Ásia e depois em todo o ocidente. Os efeitos da crise mundial devem ser percebidos durante toda a década de 2020.

 Os efeitos econômicos da crise da pandemia de COVID-19 não foram simétricos no mundo. No ano de 2020 a América Latina teve o pior desempenho econômico dentre as regiões em desenvolvimento sendo que a riqueza da região diminuiu 11,4%. A diminuição da atividade econômica na região aconteceu no segundo semestre de 2020: diminuição anual de 15.4%.  O acesso às vacinas também foi assimétrico, como exemplo tem-se que no dia 22 de agosto de 2021 na União Europeia 55,6% da população tinha completado o ciclo vacinal enquanto na América Latina e no Caribe esse percentual era de 24,8%. Nesse contexto foi marcante o aumento da dívida pública externa dos países latino-americanos, o que gera uma vulnerabilidade na região em relação às mudanças nas condições externas (CEPAL, 2021).

Segundo Ugarteche (2022, p. 22):

 

Após a pandemia e a crise, os indicadores de dívida pioraram por diferentes fatores no meio dos efeitos do colapso econômico e com projeções de deterioramento diante dos riscos de possíveis incrementos das taxas de juros. Do Sul Global vemos com preocupação a situação da dívida do setor público e da dívida externa do setor corporativo ou do setor privado, em um contexto de recuperação lenta e desigual. A capacidade dos países mais desenvolvidos para combinar sua posse de moedas de reserva com medidas fiscais lhes permitiu aplicar políticas anticíclicas, ao contrário das possibilidades dos demais países aprofundando seus déficit fiscais e seu endividamento.

 

            Entre 2014 e 2019 a região já tinha tido um crescimento econômico muito baixo: média de 0,3% ao ano. O crescimento praticamente nulo no período anterior à crise de COVID-19 somado a forte contração econômica de 2020 fez com que os problemas econômicos estruturais da região se aprofundassem, inclusive àqueles relacionados à dívida púbica externa. Na América Latina, o Emerging Markets Bond Index (EMBI), o índice de risco soberano dos países em desenvolvimento, teve aumentos significativos no início da pandemia, mas reduziu até os valores de antes da pandemia chegando a 380 pontos em junho de 2021. Os países latino-americanos tiveram recuperações econômicas assimétricas, de modo que no primeiro trimestre de 2021 houve um decréscimo econômico em cinco de dezoito economias da região. Oito economias tiveram crescimento inferior a 3% e somente cinco economias tiveram um crescimento superior a 3% (CEPAL, 2021).

            Conforme Cepal (2021, p.12):

 

No início de 2020, os bancos centrais tiveram que lidar com episódios críticos de saídas maciças e repentinas de capitais, excessivas flutuações nas moedas e aumentos dos prêmios por risco enquanto deviam evitar o colapso da atividade econômica.

 

            Para Zavaleta González (2020) as economias da América Latina foram as mais afetadas pela pandemia de COVID-19. Perante esse quadro, o enfoque econômico ortodoxo estabelece que medidas de austeridade fiscal são a única alternativa para o enfrentamento do problema do endividamento público. Conforme Ugarteche (2022, p. 6): “Os governos devem ter o espaço para reestruturar seus empréstimos antes de que entrem em dificuldades de pagamento e, dessa forma, evitar políticas de austeridade.”.  A alternativa à ótica ortodoxa propõe que:

 

[…] para enfrentar la grave crisis económica ya en curso debemos optar por políticas de expansión de la inversión pública que contengan la caída de la producción y estimulen, además, una rápida recuperación de la actividad productiva. Esto no sólo ayudará a enfrentar problemas como el desempleo, sino que también permitirá aminorar el problema del endeudamiento público. (ZAVALETA GONZALEZ, 2020, p. 24)

 

Em meio à crise econômica em meio a pandemia de COViD-19, diversos países utilizaram a política fiscal como uma estratégia fundamental. Na América Latina os pacotes de medidas fiscais representaram 4,6% do PIB da região, o que fez com que as despesas públicas alcançassem níveis históricos em meio a contração da receita pública. A composição fiscal de aumento de despesas e redução de receitas fez com que fossem registrados déficits fiscais que levou a um aumento da dívida pública (CEPAL, 2021a).

            No ano de 2020 o resultado global do governo central representou -6,9% do PIB da região, sendo que no mesmo ano o resultado primário foi de -4,2% do PIB. Os déficits fiscais nos países da região criaram problemas para a cobertura e o financiamento do serviço da dívida pública e fez com que o endividamento público alcançassem níveis altos. Tal circunstância impõe desafios para a consolidação de uma arquitetura da dívida pública que permita o financiamento para o desenvolvimento e a cooperação internacional (CEPAL, 2021). 

Ugarteche e Paredes (2021) consideram a dívida como parte da história da América Latina, sendo o seu momento mais crítico o da crise de 1980 que impôs o que ficou conhecida como década perdida. O contexto de alto preços de matérias primas teria sido fundamental para que os países latino-americanos não sentissem impactos maiores perante a crise de 2009 e conseguissem alcançar certa sustentabilidade de suas dívidas. No entanto, a dívida que antes era predominantemente externa passa a ter cada vez mais um componente interno, gerando riscos para dívida da região e a possibilidade de problemas macroeconômicos e fiscais. 

            Ugartche e Paredes (2001, p.5) afirmam que:

 

La crisis sanitaria del Covid-19 ha acelerado una crisis múltiple en la región más desigual del mundo, con necesidades de financiamiento y pocas opciones de acceso a recursos y programas de ayuda, por tratarse de países de ingreso medio, por lo que nuestros países están optando por programas con el FMI, emisión de bonos soberanos y aumento de la deuda interna.

 

            Em agosto de 2021 a Diretoria Executiva do FMI aprovou uma emissão de direitos especiais de saque (DES). Ao todo foram emitidos US$ 650 bilhões pelo FMI de modo que 58%, ou seja US$ 375 bilhões, foram destinados à países desenvolvidos e o restante à países emergentes e em desenvolvimento. As emissões de DES foram distribuídas conforme o sistema de cotas FMI, no entanto suscitou a necessidade de uma reforma institucional que permita a equilibrar a distribuição de DES de modo que haja uma redistribuição de países desenvolvidos às economias em desenvolvimento (CEPAL, 2021).

 

As experiências de Argentina, Brasil e Equador na crise de COVID-19

 

            No ano de 2018 a Argentina sofreu uma crise cambial que levou a uma queda de 2,5% da economia. As consequências da crise foram: desvalorização do peso, aceleração da inflação, aumento da taxa de desemprego e queda na renda das famílias. No contexto da crise houve aumento das taxas de juros dos títulos dos EUA e a Argentina passou por uma seca que afetou o setor agroeesportador. Diante da crise, o governo argentino decidiu realizar um acordo com o FMI, com o propósito de ter capacidade de cumprir com as obrigações da dívida pública. O acordo com o FMI previu ao governo argentino redução do déficit primário, com redução de gastos públicos, e uma política monetária contracionista. As emissões de dívida pelo governo argentino somadas aos desembolsos de crédito com o FMI fez com que a dívida pública da Argentina fosse de 56,6% do PIB em 2017 para 86% do PIB em 2018. (CEPAL, 2019a)

            Conforme Cepal (2019a, p. 2):

 

 

En 2018 la política económica tuvo como objetivo estabilizar los mercados financieros. En el frente fiscal, la prioridad consistió en garantizar la capacidad de pago de la deuda pública a partir de un acuerdo de financiamiento con el FMI, de la aceleración de la reducción del gasto público y del establecimiento de derechos a las exportaciones. 

 

            No ano de 2019 a economía argentina reduziu 2,1% e diversos problemas econômicos de 2018 continuaram acontecendo, como tensões cambiais e financeiras, depreciação do peso, aceleração da inflação e redução da renda das famílias. O quadro de crise econômica de 2019 esteve no contexto de política fiscal e monetária contracionista prevista no acordo pactuado com o FMI. No final de 2019 a dívida pública argentina chegou a 89,4% do PIB (CEPAL, 2020a). Conforme Cepal (2020a, p. 1):

 

A fines de 2019, el elevado nivel de deuda pública (que alcanzó el 89,4% del PIB), el persistente déficit externo (la suma del déficit la cuenta corriente y los egresos del capital del sector privado alcanzó el 8,3% del PIB), la falta de acceso a los mercados de capital internacionales, la caída de las reservas del banco central y la decisión del FMI de suspender el sexto desembolso previsto en su programa de crédito llevaron a que el Gobierno estableciera controles de capital, extendiera los plazos de vencimiento de la deuda de corto plazo (reperfilamiento) y se comprometiera a enviar al Congreso una propuesta de canje para el resto de la deuda pública con privados.

 

            

            No ano de 2019 a política econômica argentina esteve muito centrada no cumprimento das metas estabelecidas no programa de assistência do FMI, o que resultou na continuidade de políticas fiscais contracionistas. Em 2019 o governo argentino realizou tentativas de renegociação do empréstimo adquirido com o FMI em 2018. O pagamento da dívida pública em moeda estrangeira somado à política cambial levou a uma queda de reservas internacionais de US$ 1,9 bilhões em 2019. (CEPAL, 2020a)

            No ano de 2020 a economia argentina sofreu uma queda ainda maior que nos anos anteriores: 9,9%. Em 2020 iniciou-se a pandemia por covid-19, que teve impactos negativos sobre o consumo, os investimentos e as exportações argentinas. A Argentina iniciou um novo governo em dezembro de 2019 e esse optou por promover uma reestruturação da dívida pública externa no ano de 2020. Devido a abrupta queda na economia argentina, ao final de 2020 a dívida pública argentina correspondia 102,8% do PIB. (CEPAL, 2021a)

            Ainda no ano de 2020 o governo argentino tomou a iniciativa de reestruturar sua dívida pública externa, o que resultou em redução da taxa de juros e condições mais flexíveis de vencimentos. A política fiscal argentina sofreu alteração em 2020, tendo como foco a alocação de recursos públicos para setores sociais e econômicos mais afetados pela pandemia. No marco das renegociações da dívida pública externa argentina, em 2020, o governo argentino levou a cabo um conjunto de tratativas com o FMI no intuito de modificar as condições do empréstimosolicitado pelo governo em 2018 (CEPAL, 2021a). Sobre a reestruturação da dívida pública externa argentina:

 

En 2020, el Gobierno de la Argentina alcanzó un acuerdo con sus acreedores que permitió reestructurar la deuda pública en moneda extranjera en poder de privados. Las condiciones del canje implicaron una reducción de la tasa de interés de esta parte de la deuda (del 7% al 3%), un alivio de los vencimientos en los próximos años (la carga se redujo 42.500 millones de dólares en los primeros cinco años y 37.700 millones de dólares en los próximos diez) y una disminución del capital del 1,9%. (CEPAL, 2021a, p. 2)

 

            No ano de 2021 a economía argentina teve uma recuperação depois de três anos consecutivos de queda. O crescimento econômico argentino no ano de 2021 foi de 10,4%.  Em 2021 o governo argentino conseguiu pactuar um acordo com o FMI que gerou um certo alívio nos vencimentos dos créditos obtidos com o fundo em 2018. Em 2021 as reversas estrangeiras argentinas aumentaram para US$ 38,2 bilhões (CEPAL, 2022a). Conforme CEPAL (2022a, p. 4):

 

El banco central realizó compras netas de moneda extranjera por 5.000 millones de dólares en 2021, y tras el pago de vencimientos de deuda, la acreditación de los derechos especiales de giro (DEG) asignados por el FMI y el cómputo de otros factores contables, las reservas internacionales tuvieron un leve aumento de 300 millones de dólares y llegaron a los 39.700 millones de dólares a fin de año, equivalentes a un 8,1% del PIB. 

 

 

                No caso brasileiro, o ano de 2018 foi marcado por um crescimento de 1,1% do PIB, sendo que a taxa de inflação foi de 3,7% e a taxa de desemprego de 12,3%. Até maio de 2019 as reservas internacionais brasileiras tinham tido um aumento de US$ 11,45 bilhões em relação as reservas existentes no fim de 2018, já a dívida externa teve um aumento de US$ 1,8 bilhões no mesmo período. (CEPAL, 2019b)

Em 2019 iniciou um novo governo no Brasil que propôs um conjunto de reformas econômicas estruturais, como, por exemplo reformas fiscal, previdenciária, regulatórias, de abertura comercial e privatizações. No ano de 2019 o crescimento do PIB brasileiro foi de 1,1%. O ano de 2019 foi marcado por uma saída de US$ 51 bilhões de recursoso financeiros do Brasil, a qual foi compensada por uma redução de US$ 26,1 bilhões das reservas internacionais. Até junho de 2020 as reservas internacionais brasileiras tinham dimunuido US$ 8,1 bilhões em relação ao final de 2020, já a dívida externa diminui 11,7 no mesmo período (CEPAL, 2020b). 

            No ano de 2020 apandemia de covid-19 gerou efeitos sobre a economia brasileira, sendo que a queda do PIB foi de 4,1%. Em meio a pandemia, o governo brasileiro implementou uma política econômica que deu subsidio aos trabalhadores do mercado informal, micro e pequenas empresas e pessoas mais pobres. Em 2020 o déficit primário foi de 9,5% do PIB, o maior déficit primário desde o início do plano real. A dívida pública bruta brasileiraque era de 74,3% do PIB em 2019 aumentou para 88,8% do PIB em 2020. As reservas internacionais tiveram uma queda de US$ 200 milhões em 2020. Até junho de 2021 as reservas internacionais brasileiras sofreram uma queda de US$ 2,5 bilhões de dólares, mas a dívida externa brasileira diminuiu US$ 10 bilhões de dólares nesse mesmo período (CEPAL, 2021b).

            A atividade econômica equatoriana sofreu uma queda no ano de 2018. O crescimento econômico do Equador foi de 1,4% em 2018, sendo que em 2017 tinha sido de 2,4%. Em 2018 o governo equatoriano teve um resultado primário positivo, resultado de uma redução de déficits primários pelo governo que vinha acontecendo desde 2016. Uma das prioridades do governo equatoriano para o ano de 2018 foi conseguir um empréstimo externo. Em dezembro de 2018 a dívida pública total do Equador era formada por 28% de dívida interna e 72% de dívida externa (CEPAL, 2019c).

            Em 2019 o Equador realizou um acordo com o FMI que previa US$ 4,2 bilhões de dólares no período de três anos. Em contrapartida o governo equatoriano se comprometeu com um plano de ajuste fiscal que implica em redução dos gastos públicos. Ainda em 2019 o governo equatoriano adquiriu recursos externos em um total de US$ 6 bilhões de dólares junto a outros órgãos financeiros internacionais: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial, Fundo Latinoamericano de Reservas (FLAR), Banco Europeu de Investimentos (BEI) e Agencia Francesa de Desenvolvimento (AFD) (CEPAL, 2020c). 

            Um dos fatores que mais afetaram a economia equatoriana nos ano de 2018 e 2019 foi a queda no preço do petróleo. Em 2019 houve um incremento da dívida pública externa. No ano de 2019 a economia equatoriana cresceu 0,1%, mas os desembolsos do empréstimo com o FMI levou a um incremento de reservas internacionais e de liquidez na economia, mas a liquidez foi um problema, conforme Cepal (2020c, p. 1). 

 

A esto cabe añadir que la incidencia del sector externo y la gran incertidumbre sobre el contexto internacional complican las perspectivas de recuperación económica. En suma, el Ecuador se enfrenta a un grave problema de liquidez, en un proceso en que se está consolidando la dolarización. 

 

O saldo da dívida pública equatoriana no final de 2019 era de 53,4% do PIB, sendo que a dívida pública externa correspondia a 72,4% desse total. Em setembro de 2019 o governo equatoriano emitiu títulos soberanos  no mercado internacional em um total de US$ 2 bilhões e com vencimentos para 2025 (US$ 600 milhões) e 2030 (US$ 1,4 bilhões). Em 2020 o governo do Equador deu inicio a uma reestruturação da dívida pública externa. Em junho de 2020 o governo tinha recebido US$ 1,8 dos órgãos financeiros multilaterais e tinha a expectativa de recebimento de US$ 2,4 bilhões do Banco Industrial e Comercial da China e do Banco de Desenvolvimento da China.  (CEPAL, 2020c)

Em 2020 teve início a crise da pandemia de COVID-19 e o Equador foi um dos países mais afetados em termos sanitários e perdas humanas. A pandemia causou reduções nas exportações dos productos equatorianos. O PIB Equatoriano reduziu 7,8% em 2020 e o déficit fiscal foi de 6% do PIB. 

                Conforme Cepal (2021c, p. 1):

 

La política fiscal, la principal política coyuntural con que cuenta el país en un régimen de dolarización, fue procíclica en medio de una “triple” crisis. Frente a una insuficiencia de liquidez y un acceso costoso a los mercados financieros, los créditos multilaterales se posicionaron como la principal fuente de financiamiento del país, mientras que la deuda pública aumentó 11 puntos porcentuales y bordeó el 64% del PIB a fines de 2020. Esta inyección de liquidez se reflejó en la evolución de las reservas internacionales del país, que registraron una variación positiva en el segundo semestre de 2020 (19%), mientras que, en el primer semestre del mismo año, la variación había sido negativa (−3%). 

 

                Ao final de 2020 o FMI tinha disponibilizado US$ 4,7 bilhões ao Equador, dos quais 640 milhões eram provenientes do instrumento de financiamento rápido do fundo e 4,04 bilhões do serviço ampliado do fundo. Ainda em 2020 a dívida pública equatoriana chegou a US$ 63,16 bilhões, sendo a dívida externa composta por 45,37 bilhões de dívida com organismos financeiros multilaterais. Em 2020 houve uma mudança subtancial no perfil da dívida do Equador que os emrpéstimos externos junto a órgãos multilaterais passaram a representar uma quantidade maior os títulos emitidos no mercado internacional (CEPAL, 2021c).

                Em agosto de 2020 o governo equatoriano concluiu a renegociação de sua dívida, o que implicou em uma redução de US$ 1,54 bilhões de dólares do capital de seus bonos globais com vencimento em 2022 e 2030, uma redução dos juros para 5,3% e aumento do período de inseção do pagamento (CEPAL, 2021c).

            No ano de 2021, em meio a recuperação da crise da pandemia por COVID-19, a economía equatoriana cresceu 4,2%. Em 2021 a dívida pública externa equatoriana foi composta principalmente por empréstimos obtidos junto a orgãos financeiros internacionais (46%) e títulos emitidos no mercado internacional (38,5%) (CEPAL, 2022c, p. 3): 

 

Respecto a la deuda externa, destaca la contribución de los créditos multilaterales (46%) y de los bonos emitidos en los mercados internacionales (38,5%). Frente a diciembre de 2020, se observó un incremento del 6,7% en los préstamos externos dirigidos al país, como consecuencia de los desembolsos de los organismos multilaterales (12%), frente a la reducción del 16% y del 5%, respectivamente, en los convenios originales de los bancos y los gobiernos. 

 

            Entre os órgãos financeiros multilaterais se destacaram com credores do governo equatoriano o BID e o FMI, que respectivamente represetavam em 2021 33,5% e 32,4% da dívida pública externa. No que diz respeito a empréstimos resultantes de convenios governamentais o principal parceiro do Equador foi a China, sendo que do total de empréstimos oriundos de convenios governamentais 44% eran do Banco de Esportações e Importações da China e 34% do Bando de Desenvolvimento da China. Em 2021 aconteceu uma redução de 1% dos títulos equatorianos no mercado internacional. Ao final de 2021 a dívida pública total correspondia a 67% do PIB, sendo de US$ 72,1 bilhões, sendo US$ 26,1 bilhões de dólares de dívida interna e US$ 46,1% bilhões d edólares de dívida externa. O pagamento de juros das dívidas interna e externa em 2021 foi de US$ 1,45 bilhões de dólares, o equivalente a 1,5% do PIB (CEPAL, 2022c)

Conclusiones:

A questão da dívida externa perpassa a história da América Latina tendo seus antecedentes relacionados ao processo de independência das antigas colônias espanholas na região. Ao longo do tempo a dívida externa surge como elemento central de crises econômicas ao longo dos séculos XIX e XX. Dentre as várias crises econômicas relacionadas a dívida externa latino-americana merece destaque a crise que alcança seu ápice no ano de 1982 e que ficou conhecida como crise da dívida externa da América Latina. A crise da dívida externa da América Latina impôs um conjunto de problemas para a economia da região, mas também fez surgir diferentes ações e políticas para o enfrentamento da crise. Algo que foi bastante marcante na crise da dívida externa da América Latina diz respeito aos institutos internacionais para o enfrentamento da crise, os quais se caracterizaram como mecanismos internacionais de reestruturação ou integração regional financeira. 

Durante a década de 1980, os mecanismos internacionais de reestrutuação estiveram atrelados a acordos e programas de ajuste econômico do FMI, já a manifestação de maior destaque de integração regional financeira deu-se pelo Consenso de Cartagena. Diante do marco de duas configurações de institutos internacionais para enfrentamento às crises coube identificar quais delas mostrou-se mais presente em meio a crise da pandemia por COVID-19, o que foi realizado por meio do uso da técnica de análise de congruência nos casos de Argentina, Brasil e Equador.

A Argentina já vinha demonstrando problemas econômicos desde 2018, quando o país passou por uma crise cambial que resultou em uma queda de 2,5% de sua economia. Naquele contexto o governo argentino realizou um acordo com o FMI com o intuito de angariar recursos para o cumprimento de sua dívida pública externa e em contrapartida o governo se comprometeu em colocar em prática uma política de ajuste econômico. Em 2019 os problemas econômicos identificados no ano anterior se mantiveram, levando a um aumento da dívida pública em relação ao PIB. No ano de 2019 o governo argentino colocou em prática a política fiscal e monetária pactuada com o FMI. 

Em 2020 a Argentina inicia um novo governo e ainda tem que enfrentar o agravamento dos problemas econômicos diante da crise da pandemia de COVID-19, contexto no qual o governo argentino inicia um processo de tentativa de renegociação da dívida que só seria concretizado em 2021. Ainda que o governo argentino tenha praticado uma reestruturação de sua dívida pública externa e políticas de resgate de setores mais vulneráveis nos anos de 2020 e 2021, foi marcante o acordo realizado com o FMI e a execuação das políticas econômicas pactuadas neste acordo. A reestruturação da dívida externa argentina foi executada sob o marco legal de mecanismos internacionais e de organismos como o FMI. Diante das evidências levantadas há indícios de que entre os anos de 2018 e 2022 o governo argentino optou por institutos internacionais para o enfrentamento à crise que se caracterizam como mecanismos internacionais de reestrutuação.

A economia brasileira que já se apresentava em estagnação desde 2018 passa a sofrer um impacto em seus principais indicadores a partir de 2020, em meio à crise da pandemia de COVID-19. No entanto, pela investigação realizada não foi possível identificar uma deteriorização da dívida pública externa brasileira. Ainda que a reserva internacional tenha sofrido baixas, a dívida externa brasileira teve reduções entre os anos de 2018 e 2021. Com a investigação aos relatórios econômicos não foi possível identificar qualquer medida do governo brasileiro em relação a institutos internacionais relacionados à crise da dívida externa, o que pode se justificar também pelo fato do país não ter demonstrado passar por uma crise dessa natureza no período estudado. 

No caso equatoriano, o paíse vinha sofrido queda no crescimento econômico desde 2018, o que se agravou com a crise da pandemia de COVID-19 em 2020 e a queda na economia foi de 7,8%. Em 2019 o governo equatoriano realizou um acordo com o FMI que previu a disponibilização de US$ 4,2 bilhões de dólares pelo fundo e o governo em realizar ajustes fiscais baseados em redução de gastos públicos. O governo equatoriano também obteve empréstimos externos de outros órgãos internacionais como bancos chineses, BID, BEI, AFD e FLAR. Em 2020 o governo equatoriano leva a cabo um processo de reestruturação de sua dívida externa, mas essa não se contrapôs a nenhum marco normativo dos mecanismos internacionais e nem se deu em parceria com outros países latino-americanos. Tais evidências levam a crer que a política de institutos internacionais de enfrentamento à crise da dívida externa do Equador esteve marcada por mecanismos internacionais de reestruturação.

Bibliografía:

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UGARTECHE, Oscar. O que fazer diante de uma crise de dívida externa? Um olhar do Sul Global para um problema público e privado. Rede Latino-americana por Justiça Econômica e Social - Latindadd, 2022.

ZAVALETA GONZALEZ, Josué. Acumulación de deuda pública y política fiscal en América Latina. Inv. Econ. vol.79, n.314, pp.3-27. 2020.

Palabras clave:

América latina. Dívida externa. Institutos internacionais. Integração regional. Mecanismos de reestruturação.

Resumen de la Ponencia:

La dinámica mundial del siglo XXI hizo de la digitalización uno de los fenómenos más vistosos. Este hecho se fortaleció con su aceleración motivada por el Gran Confinamiento debido a la Pandemia por SARS-CoV-2, en donde se expandieron prácticas como el trabajo en casa y las actividades llevadas “a distancia”. A partir de ese momento se observó una nueva etapa de la cultura digital, la cual motiva al objetivo de esta ponencia: conocer la base material de los procesos de digitalización exacerbados por la pandemia, a través del estudio geopolítico y geoeconómico de la información, lo cual servirá para explicar un ejercicio de poder mundial muy particular en el siglo XXI. Si bien se recurre a la explicación de índices que posicionan a las empresas infomediáticas trasnacionales como las más beneficiadas en este lapso, es fundamental comprender, bajo la utilización del método transductivo propuesto por Henri Lefebvre, cómo se producen los espacios de la información, lo que permitirá al mismo tiempo indagar sobre ¿cuáles son las fuerzas que lo disputan? El desarrollo de la ponencia se compone de cuatro etapas, la primera de carácter introductorio donde se definen los objetivos, las variables y la metodología; una segunda enfocada al aspecto geopolítico, base para comprender el alcance de los conflictos cognitivos del siglo XXI. En la tercera se hará énfasis en el control geoeconómico de las tecnologías de la información y la disputa mediática que existe a nivel mundial. Este recorrido, tal y como lo sugiere la transducción, permitirá ver lo real en lo posible; es decir, reflexionar cómo se conforma la base material en disputa que sustenta la existencia de la información. En este planteamiento se propone aportar al estado del arte de los estudios relacionados con el grupo de trabajo de ALAS.

Resumen de la Ponencia:

Este trabalho tem como objetivo apesentar e discutir o conceito de feminismo popular a partir das experiências das mulheres das favelas do Rio de Janeiro que são publicamente reconhecidas como lideranças comunitárias. A feminização do poder em curso nos espaços populares apresenta uma diversidade de experiências protagonizadas pelas mulheres que incidem diretamente nos modos de vida das favelas, com notada importância através do seu ativismo social e político. Nossas reflexões partem das epistemologias feministas e decoloniais que nos permitem perceber as resistências geralmente invisibilizadas pela colonialidade do gênero e muitas vezes ignoradas pelo feminismo hegemônico. Metodologicamente, este estudo se alicerça em uma pesquisa qualitativa na qual foram realizadas entrevistas com 200 mulheres publicamente reconhecidas em 169 favelas do Rio de Janeiro no período de 2019 a 2021. Dentre as participantes deste estudo, 91% se declaram pretas e pardas, 66,7% são mães, 61% acessaram o ensino superior sendo que 13,6% possuem pós-graduação, 100% possuem atuação em rede. Apoiamo-nos, principalmente, nas respostas à questão sobre se considerarem feministas ou não. Dentre o conjunto das entrevistadas, 65,2% afirmaram que sim e 34,8% não. As motivações pela qual não se reconhecerem feministas, perpassa por argumentos como “luto por pessoas”, “radicalismo”, entre outros. No entanto, ao verificarmos suas práticas, notadamente atuam em apoio a outras mulheres e suas famílias e são árduas defensoras dos direitos humanos e sociais. Sendo assim, propomos uma definição ampliada do feminismo popular que se caracteriza pela subjetividade específica dessas mulheres, sua articulação em rede, um compromisso radical pela favela e uma temporalidade de ação diferenciada na cidade. Ao utilizar o termo feminismo popular, corremos dois riscos: colocar numa única categoria uma diversidade de mulheres que não se reconhecem necessariamente; e dar prioridade à luta contra as desigualdades de gênero e às relações sociais em que se baseiam. Sem ignorar esses potenciais lacunas, continuamos a acreditar que é importante reconhecer a contribuição dessas mulheres para a luta contra as relações de poder baseadas no gênero e para a nossa integração, como feministas, das suas percepções, experiências e teorias. Historicamente imersas em perversas relações de poder, as mulheres a que aqui nos referenciamos trilham, por caminhos possíveis, uma construção social baseada no reconhecimento, na solidariedade, na valorização do outro e no entendimento de uma sociedade que carece de compreensão dos significados sociais que refletem sua história de passado e presente. O feminismo popular aqui proposto considera todas essas variáveis e correlações, transitando de suas práticas feministas para seu sentido de feminismo, construção essa que também se remete a um poder negociado, pois tais reflexões são produto de uma construção teórica pactuada com quem a faz na prática. 

Resumen de la Ponencia:

Amplia evidencia ha mostrado que las mujeres están subrepresentadas en las carreras STEM, mientras que los hombres están subrepresentados en humanidades, salud y educación. Estas diferencias están estrechamente vinculadas con las brechas de género en las pruebas estandarizadas de rendimiento que determinan el acceso a la educación superior. Sin embargo, los factores que explican las brechas de rendimiento en estas pruebas competitivas de alto impacto no están totalmente comprendidos. En este estudio, utilizamos datos de parejas de hermanos mellizos de distinto sexo que rindieron una prueba nacional de rendimiento estandarizada en educación secundaria -que no tiene impacto en sus trayectorias educacionales- y la prueba que determina el acceso a las universidades más selectivas de Chile. A través de la estimación de modelos que predicen los puntajes de los estudiantes en ambas pruebas, analizamos en qué medida las pruebas competitivas de alto impacto acrecientan las brechas de género en el rendimiento de Matemáticas y Lenguaje. Nuestros resultados muestran que las pruebas competitivas afectan negativamente el desempeño de las mujeres, lo cual podría deberse a una mayor aversión a la competencia y/o al riesgo por parte de ellas. Para el caso de Matemáticas, existe una brecha de género a favor de los hombres en ambas pruebas analizadas, la cual crece en la prueba de acceso a la universidad, sobre todo en los estudiantes de mayor rendimiento. Considerando que las mujeres están negativamente estereotipadas para las Matemáticas, la “amenaza del estereotipo” podría estar perjudicando a las estudiantes de mejor rendimiento, que son aquellas que van contra el estereotipo. Mientras, en Lenguaje, las mujeres tienen mejor rendimiento que los hombres en la prueba estandarizada que rinden en la educación secundaria, situación que se revierte en la prueba de acceso a la universidad. En este caso no encontramos evidencia de que el efecto de género observado en la prueba competitiva dependa del nivel de rendimiento de los estudiantes.

Resumen de la Ponencia:

Luego de un largo proceso de ajustes de más de 30 años, la universidad pública mexicana vive momentos de cambio provocados por las reformulaciones del plan gubernamental sobre lo que deben hacer las universidades mexicanas para resolver la demanda social.En el largo plazo, los ajustes fueron para fomentar la calidad educativa y el acercamiento a las necesidades de lo global entendido como las perspectivas del mercad. Así, se modificaron planes y programas de estudios de las más diversas profesiones y se fomentó el ímpetu competitivo de la academia mexicana para elevar globalmente sus estándares. Los alcances, no obstante, fueron limitados en el sentido del débil impacto de los nuevos profesionistas en el medio laboral.En este trabajo se quiere reflexionar lo anterior, teniendo como soporte informativo los resultados de una investigación de la perspectiva de los universitarios de cuatro universidades públicas mexicanas (UAM, UATX, UAN y la UNACH), haciendo un acento comparativo entre la primera, la UAM, y el resto. Lo destacable puede ser descrito como la emergencia de valoraciones críticas de los universitarios, ante una  formación profesional  que no logra insertarse en la lógica global y pone en riesgo el sentido social de la universidad pública.La cuestión pues, lleva a examinar en detalle  los discursos de estudiantes y académicos ante los imperativos del mercado y las orientaciones de la formación profesional, considerando los enormes contrastes que se presentan entre universitarios de una universidad federal y otras estatales. El estudio quiere establecer una reflexión final dados los nuevos elementos del gobierno de la 4 T referidos a la educación superior que hoy son el tema ineludible. 

Resumen de la Ponencia:

El desplazamiento interno forzado es un fenómeno global que ha estado presente a lo largo de la historia pero que se recrudece en momentos donde el conflicto y la violencia están presentes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), define a los desplazados internos como “personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales causados por el hombre” (ACNUR, 1998). De acuerdo con el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, para finales de 2018, 41,3 millones de personas se vieron desplazadas internamente debido a conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos (ACNUR, 2020).En América Latina, dos son los países que, de acuerdo con el Observatorio sobre el Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (IDMC), tienen al 31 de diciembre de 2019 un alto número de desplazados internos: Colombia, con un total de 5,576,000 personas desplazadas por conflicto y violencia; y México, con un total de 345,000 personas desplazadas por los mismos motivos.En México, el desplazamiento interno forzado no es un fenómeno reciente,  se encuentra presente desde la década de los setenta,  ocasionado principalmente  por la intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputas tanto por tierras y recursos naturales en estados como Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (CMDPDH, 2014). El recrudecimiento de la violencia, poco tiempo después de iniciada la llamada Guerra contra el Narcotráfico, durante el período presidencial de Felipe Calderón, reactivó el desplazamiento interno tanto en las comunidades indígenas como en los contextos urbanos. Si bien ambas poblaciones transitan por distintas etapas dentro del proceso de desplazamiento, se pondrá especial atención en los grupos indígenas que, tras haber enfrentado el desplazamiento por violencia, llegaron a la ciudad para asentarse en la misma.Al elegir la ciudad como nuevo lugar de asentamiento, los grupos indígenas  no sólo se enfrentan a condiciones materiales deplorables (falta de un lugar donde vivir, hacinamiento, desempleo discriminación), sino que enfrentan “[…] conflictos, choques, destrucciones y reconstrucciones, tanto en el plano de la identidad individual como colectiva”(Bello, 2001: 16). Al mismo tiempo, comienza una disputa por el espacio frente al “otro”. Por lo anterior, el principal interés de la investigación es analizar la forma en la que los grupos indígenas desplazados se apropian del espacio urbano, en donde además, enfrentan otro tipo de violencias. 

Resumen de la Ponencia:

Las ciudades se constituyen en las áreas de mayor consumo de energía y alimento, pero las grandes migraciones del área rural a la urbana provoca no solo una pérdida del sector agropecuario, sino dificultades en el seguimiento de dietas saludables.  La misma dinámica urbana demandante de nuevas estructuras alimentarias transforma y trastoca la memoria alimentaria, la cocina tradicional y los hábitos de consumo alimenticio acostumbrados.  En el país, la comida tradicional y sus técnicas de producción, elaboración y consumo, se  caracterizan por su alto valor nutritivo, pero también por su riqueza sociocultural y símbolos de identidad. La ciudad de Quetzaltenango es la segunda más grande e importante del país guatemalteco y en las últimas décadas denota una expansión urbana sin precedentes, a la vez de una  creciente participación de nuevas cadenas y sistemas de alimentación  que se caracterizan por platillos ultraprocesados que están  colonizando las mesas de la ciudadanía.  Estos  nuevos hábitos de consumo indudablemente  impactan en la salud, el ambiente, la pobreza, la resistencia y soberanía alimentarias. El paisaje alimentario, lo hemos de entender desde una perspectiva relacional, que busca comprender la diversidad de actores , motivaciones y escalas, así como la configuración de la ciudad que define la experiencia alimentaria en barrios y ciudades. En este sentido el proyecto del paisaje se constituye en una mediación cultural que facilita la visión crítica sobre el abuso del territorio y la definición de nuevos criterios de uso, así como la visualización de un paisaje que disminuya las brechas alimentarias  que existen entre lo rural y lo urbano y poblaciones marginadas  que se enfrentan día a día con la  inseguridad alimentaria  y con nuevas formas de hambre y malnutrición.Este estudio realiza un retrato de esa ciudad  desde una perspectiva de la teoría de la Dona y con un pensamiento holístico,  comprendiendo que la ciudad se debe constituir en un hogar de gente próspera  con respeto al bienestar de todas las personas y la salud de todo el planeta. En ese sentido persigue caracterizar el paisaje alimentaio a escala, específicamente en un corredor de la ciudad que se caracteriza por su diversidad  poblacional  y su estructura urbana, además de interpretar la cultura y la memoria alimentaria del barrio,  interpretar el comportamiento alimentario y sus impactos en la salud y los aspectos socioculturales de la ciudad. El estudio es abordado desde una metodología míxta que combina diversos enfoques y técnicas de investigación, esto, con el fin de alcanzar una aproximación más fiel a la realidad alimentaria de la ciudad.    

Resumen de la Ponencia:

El presente reporte se desprende de un proyecto mayor que estudia la respuesta que las familias del medio rural dieron a las tareas escolares durante el período de la pandemia del covid-19. Este tiene como propósito mostrar cómo la persistencia de algunas tradiciones, en este medio, ayudaron tanto en la gestión de las tareas del hogar como de las tareas escolares. El análisis de escuelas unitarias en Colombia y en México permitió encontrar ciertas similitudes.En este sentido, resulta importante indagar sobre la respuesta de las familias durante el cierre de las escuelas, para explorar su acompañamiento a la función social para la que fueron diseñadas. De acuerdo con Crespillo, E. (2010) y Carrillo (2018) son estos actores educativos quienes, trabajando mancomunadamente, dan vida a la escuela, aportando a la formación de esos seres humanos que los unen, cuya formación es interés de todos. Se inicia con un breve repaso de las principales teorías que vinculan a la educación con el desarrollo para mostrar como en estas se percibe a la ruralidad como una antesala de lo urbano y a la educación rural como un canal de “urbanización”. Se analizan los fundamentos de la escuela unitaria en Colombia y en México como parte del contexto de las dos escuelas estudiadas, asumiendo que estas son un grupo, para nada homogéneo, de personas que difieren en cuanto a edad, sexo, pensamientos y que terminan por formar juntos una comunidad donde hay espacio para la socialización, para integrarse e interactuar; en el que se tienen como prioridad las relaciones interpersonales, la convivencia, ese encuentro con el otro. Al cerrarse las escuelas durante la pandemia, ¿en qué medida ese rol de la escuela fue asumido por las familias? Aún en los escenarios de la nueva ruralidad, en los que la actividad agropecuaria adquiere mayores elementos industriales e incluso es acompañada por otras actividades económicas, subsisten algunas características tradicionales de la vida rural que jugaron un papel importante durante la pandemia, tanto para la gestión de las tareas del hogar, como para las tareas de la escuela. Entre los principales hallazgos, mediante entrevistas realizadas a padres de familia de las dos escuelas estudiadas se encontró que la participación activa en la distribución y asignación de tareas entre los miembros de la familia, así como la presencia de la familia extendida, características de la población rural, fueron factores clave en la activación de respuestas escolares durante el período de pandemia. 

Introducción:

Se inicia con un breve repaso de las principales teorías que vinculan a la educación con el desarrollo para mostrar como en estas se percibe a la ruralidad como una antesala de lo urbano y a la educación rural como un canal de “urbanización”. Se analizan los fundamentos de la escuela unitaria en Colombia y en México como parte del contexto de las dos escuelas estudiadas, asumiendo que estas son un grupo, para nada homogéneo, de personas que difieren en cuanto a edad, sexo, pensamientos y que terminan por formar juntos una comunidad donde hay espacio para la socialización, para integrarse e interactuar; en el que se tienen como prioridad las relaciones interpersonales, la convivencia, ese encuentro con el otro. 

Al cerrarse las escuelas durante la pandemia, ¿en qué medida ese rol de la escuela fue asumido por las familias? Aún en los escenarios de la nueva ruralidad, en los que la actividad agropecuaria adquiere mayores elementos industriales e incluso es acompañada por otras actividades económicas, subsisten algunas características tradicionales de la vida rural que jugaron un papel importante durante la pandemia, tanto para la gestión de las tareas del hogar, como para las tareas de la escuela. Entre los principales hallazgos, mediante entrevistas realizadas a padres de familia de las dos escuelas estudiadas se encontró que la participación activa en la distribución y asignación de tareas entre los miembros de la familia, así como la presencia de la familia extendida, características de la población rural, el rol de la mujer, madre, abuela hermana, de estar siempre en casa, cumpliendo con las labores domésticas y ahora con las tareas académicas de los niños, valiéndose de los restringidos recursos y medios tecnológicos a que tenían acceso, en muchos casos también los limitados conocimientos, fueron factores clave en la activación de respuestas escolares durante el período de pandemia. 

 

Teorías del desarrollo

En las teorías de la modernización,  tanto en las teorías lineales, como en las teorías dualistas, la noción de ruralidad está asociada al “retraso” de unas sociedades (o de unas comunidades) respecto de otras que están más “avanzadas”.  En estas, se asume que la educación rural contribuirá a la modernización de las sociedades rurales; sin embargo, como se verá enseguida, los procesos de transformación de las sociedades son de carácter complejo y hasta contradictorio. 

Las sociedades no transitaron de una etapa del tercer hacia el primer mundo, ni de una etapa de “despegue” hacia una de “consumo conspicuo” (Rostow, 1960),  como  suponían las teorías lineales del desarrollo al tomar como modelo el camino seguido por los estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unidos al asignar inversiones para “capital humano” (Harbison & Myers, 1961; Schultz, 1961) y que solo produjeron un crecimiento en la escolaridad, pero solo fue más de la misma educación. 

Las sociedades tampoco transitaron de manera absoluta de lo “simple” a lo “complejo”, ni de lo “tradicional” a lo “moderno”, como proponía la teoría “prismática” (Riggs, 1964), de donde se desprendieron las primeras propuestas para diversificar los sistemas escolares y capacitaciones para adecuarlos a las necesidades de mano de obra mayormente especializada de los distintos sectores y ramas de la economía, de ahí devienen los enfoques de “recursos humanos” en la planificación educativa.

Es cuestionable la idea de la autodeterminación de las sociedades como aspiración en las teorías dualistas e incluso en las teorías de la dependencia, cuando más bien la interdependencia se ha acentuado en los procesos de globalización, además de haber alcanzado las sociedades una mayor interdependencia no solo económica, sino también tecnológica y cultural (Ianni, 1998; Tomlinson, 2007). La educación adquiere un nuevo énfasis en su función de promover una articulación funcional de las sociedades con la economía mundial; la competitividad, la internacionalización, los estándares internacionales, la acreditación adquieren una mayor centralidad y persistencia en las políticas de reforma educativa (Ornelas, 2020).

El factor común de la ruralidad en la perspectiva de las teorías del desarrollo es que esta es visualizada como la antesala de lo urbano. Desde las distintas teorías del desarrollo de las sociedades, la ruralidad representa el retraso, el lastre que se debe remolcar hacia la modernidad. En las teorías lineales la ruralidad representa las áreas pobres que hay que sacar del retraso, en las que hay que apuntalar el despegue económico; en las teorías prismáticas las áreas rurales deben ser integradas a la industrialización, ya sea en su vertiente agroindustrial o en la manufactura de exportación; en las teorías dualistas la tarea del desarrollo rural consiste en hacer llegar a sus comunidades los beneficios de la vida urbana. Paradójicamente, de acuerdo a las teorías del desarrollo, el avance de lo rural consiste en su desruralización, es decir en su urbanización (Mendoza, 2004).

Ante la escasa eficacia de las teorías del desarrollo como sustento de políticas que no solo han generado disparidades regionales y grandes desigualdades sociales, sino también graves daños ambientales, han tomado fuerza distintas narrativas centradas en el desarrollo sustentable, concebido como un “paradigma que le puede asegurar a la sociedad global una progresión en el transcurso  del tiempo,  ya  que representa  la  idea de perpetuar el progreso y respetar a la naturaleza”  (Ayala Esquivel & Cabrera Tapia, 2022, pág. 84). De acuerdo a la narrativa de este enfoque, se busca atenuar las disparidades económicas y sociales así como  promover un crecimiento más equilibrado y amable con el medio ambiente. Una de las grandes tareas de la educación será promover un compromiso social y ambientalmente responsable.

 

Nueva ruralidad

Las políticas de desarrollo sustentadas en las teorías anteriores  han tenido en su paso efectos trasformadores, produciendo lo que se ha denominado una “nueva ruralidad”. Las disparidades regionales, tanto como las inequidades sociales insostenibles,  han producido una migración masiva y creciente hacia los centros urbanos nacionales e internacionales, despoblando comunidades rurales y generando con ello una debilidad en la producción de alimentos, con sus consecuentes problemas para abastecer las crecientes concentraciones demográficas. 

            Ante el anacronismo de la dicotomía teórica rural-urbana de las teorías enunciadas en la sección antecedente, la sociología rural ha ido introduciendo conceptos más adecuados como rurbanización, agrociudades, agricultura periurbana, entre otros, que intentan dar cuenta de los nuevos procesos  (Delgado Campos, 1999) que dan cuenta de una nueva ruralidad.

En esa tesitura. la ruralidad ha vivido transformaciones importantes; se propició la venta y renta de la tierra, la agricultura por contrato, la introducción de agroindustrias, así como una mayor diversificación de actividades económicas relacionadas con el turismo rural, los servicios comerciales y de alimentos, empresas maquiladoras, al tiempo que un mayor desarrollo de las comunicaciones y los transportes, impactos ambientales, derrames de hidrocarburo, inseguridad, de tal forma que, cuando fue posible, una gran parte de la población rural inició el cambio hacia otras ocupaciones. En algunos territorios el medio rural, con sus tradiciones y sus expresiones culturales, como anteriormente se le conocía, ha pasado a formar parte del mundo de la nostalgia.

Familia rural

Son notorios los cambios en la estructura familiar que en las últimas décadas se han producido en sociedades industrializadas. Martin Carnoy (2006) ha observado el comportamiento de sociedades altamente industrializadas como las de algunos países de Europa y los Estados Unidos, en las que al tiempo que se observa un crecimiento de personas solteras, también se observa un incremento en la cantidad de parejas sin hijos y también de familias monoparentales. Para este autor, los cambios en la estructura de las familias son parte de los cambios en la estructura del trabajo y del mercado laboral. 

Con la intensificación de la competitividad global, explica este autor, el tiempo adquiere una importancia mayor, y una estructura laboral más flexible utiliza un tiempo mayor de los individuos para el desempeño de una cantidad mayor de tareas; aunque aparentemente esta flexibilidad permite una mayor oportunidad para combinar la dedicación al trabajo y la familia, contradictoriamente también presiona a los individuos a tener una mayor disponibilidad para las necesidades del trabajo, hasta llevarlo a un compromiso total con este y con “lo cual necesariamente relega la vida familiar a una prioridad menor” (Carnoy, 2006, pág. 374) 

Si bien algunos aspectos del estudio anterior podrían tener alguna similitud con aquellas zonas urbanas de América Latina en las que se observan indicios de flexibilidad en los mercados laborales de algunas ramas de la economía (Lladó Lárraga, Sánchez Rodríguez, & Navarro-Leal, 2013), lo cierto es que sobre la familia rural en América Latina se ha investigado escasamente. De acuerdo a Vargas Calle (2022), más que hablar de familia se debe hablar de las familias (en plural), por la unicidad, variedad y complejidad que cada una presenta.  En el análisis que ella realiza sobre las investigaciones encontradas, manifiesta que las familias presentan contradicciones, al mismo tiempo que reproducen tradiciones también deben adaptarse a los cambios de su contexto inmediato, “que sea un puente entre sus miembros hacia el ámbito social, pero que también provea un espacio de intimidad y protección” (Vargas Calle, 2022, pág. 2).

En el análisis que esta autora hace sobre las investigaciones más representativas, entre otros hallazgos, encontró que contrariamente a la creencia de que es el abandono del trabajo agrícola lo que hace emigrar a los miembros de las familias hacia las ciudades o incluso hacia otros países, las razones expuestas expresan lo contrario, lo hacen precisamente para “mejorar el trabajo agrícola, siendo el ideal de los migrantes que al retornar puedan adquirir más tierras y consolidarse en sus comunidades, mejorando sus viviendas y las estrategias de cultivo” y que “la migración temporal se mantiene con la finalidad de ir adquiriendo capital para seguir invirtiendo en sus lugares de origen, retornando en épocas específicas para poder participar en las fases previas de la cosecha” (pág. 4).

Sobre otra de las investigaciones analizadas, comenta Andrea Vargas Calle, se encontraron tres tipos de actividades que hacen a la vida cotidiana de la familia rural: el trabajo no agrícola que permite algún ingreso extra; el trabajo agrícola que genera cosechas tanto para la venta como para el autoconsumo; y las actividades de la casa que recaen en la madre, nueras, hijos e hijas, tareas que se distribuyen según la edad: “los pequeños alimentaban a los animales, los medianos ayudaban en la cocina y los mayores iban a trabajar con el padre” (pág. 6). En resumen, a través de las investigaciones revisadas se puede observar, por una parte, que las migraciones de la población rural no necesariamente generan un abandono de las labores del campo, sino más bien buscan reforzarlas mediante las remesas de recursos y la adquisición de otras técnicas; y por otra que la familia extendida continua siendo la estructura dominante en el medio rural de América Latina.

Desarrollo:

Educación, familia y nueva ruralidad

Así como la ruralidad se percibe desde las perspectivas del desarrollo, como un retraso en la llegada a la modernidad, la educación es visualizada como un canal de modernización y movilidad social. En esta la familia deposita grandes expectativas, aunque las escuelas generalmente se perciben como “inacabadas” o “incompletas”. Por la escasa y dispersa población, a menudo se trata de escuelas rurales de concentración y de escuelas multigrado, que generalmente son consideradas por sus maestros como escuelas “de paso”, para quienes en varios países se han implementado programas para promover su arraigo. 

Diversos estudios dan cuenta de las bondades que tiene el acercamiento entre escuela y comunidad. Ortega Arias y Cárcamo Vázquez (2018) revisaron investigaciones orientadas al análisis de las relaciones entre las familias y las escuelas y encontraron conclusiones contundentes: “un buen clima organizacional, buenas relaciones personales, trabajo colaborativo entre las familias y las escuelas favorece a los buenos aprendizajes” (pág. 115). Se reconoce una necesaria reciprocidad de relaciones, en tanto que las familias reconocen en la escuela “la posibilidad de que sus hijos adquieran las credenciales educativas que faciliten su inserción al mercado laboral futuro y a una movilidad social ascendente” (pág. 116), aspiraciones que en el medio rural (antiguo o nuevo) no difieren de las aspiraciones familiares del medio urbano.

Sin embargo, a pesar de dichas aspiraciones comunes, las familias no comparten el mismo tipo de escuelas, a diferencia de las escuelas graduadas con grados y currículos homogéneos del medio urbano, en el medio rural es común encontrar escuelas multigrado, las que, desde la perspectiva urbana, son consideradas como escuelas “incompletas”, “en transición” en correspondencia con las teorías del desarrollo que consideran a la ruralidad como antesala de lo urbano, en una situación temporal, en una etapa de transición hacia la modernidad. Se localizan generalmente en las localidades rurales más pequeñas y dispersas y consisten en pequeñas escuelas en las que un docente atiende a estudiantes de distintos grados, edades y niveles en una misma aula. Para el caso de México, un informe del 2019 indicaba que 78.3 % de estas escuelas se situaban en zonas de alto y muy alto nivel de marginación y 84.9 % en los niveles más altos de aislamiento y que “una de cada tres escuelas públicas de educación básica (36.7%) son multigrado” (Castro, Perales, & Priego, 2019).

En cuanto a Colombia, la primera Escuela Unitaria estuvo en Pamplona, departamento de Santander, a cargo del maestro Oscar Mogollón en los 1960s. Más adelante la escuela se multiplicó en 150 escuelas piloto. Es así como en el año 1967 el gobierno colombiano extiende la metodología de la Escuela Unitaria a todas las escuelas multigrado del país. Programa que en 1985 logró llegar a 8000 escuelas y es así como el gobierno Colombiano adopta el programa como estrategia para universalizar la educación primaria rural. Más adelante en julio de 1990 mediante el decreto numero 1490 el gobierno nacional dice que La Metodología Escuela Nueva se aplicará prioritariamente en la educación  básica en  todas las áreas rurales del país, con el fin  de  mejorarla cualitativa  y  cuantitativamente (MEN, 1990) 

Dos escuelas unitarias

Nuestro interés por estudiar estas escuelas reside en el hecho de que estas representan la profundidad de las escuelas rurales y las relaciones entre estas y la comunidad.  El contexto de la pandemia por el Covid 19 permitió analizar la respuesta que las familias del medio rural tuvieron frente al traslado de la educación hacia los hogares. Específicamente las categorías de estudio fueron el rol parental, el tiempo y la gestión de las labores escolares y domésticas, pero esta contribución está centrada en la importancia de la familia extendida para enfrentar este tránsito.  La resistencia de las familias rurales a transformar su estructura, como lo han hecho las familias urbanas, les permite enfrentar y sobrevivir tanto al confinamiento como a los avances de la “nueva ruralidad”.  

El estudio de dos escuelas multigrado en sendas comunidades rurales de México y Colombia, muestran cómo, gracias a su estructura extendida, las familias transitaron a través del período de pandemia.  

La escuela Praxedis Balboa es una escuela multigrado, en la que un docente atiende a 10 niños y  se encuentra ubicada en un pequeño poblado del mismo nombre, en el Municipio de Villa de Casas, del Estado de Tamaulipas, el cual de acuerdo con el Censo de Población del 2020 estaba integrado por 113 habitantes (52 mujeres y 61 hombres) agrupados en 26 viviendas equipadas con energía eléctrica y agua entubada, todas cuentan con un televisor, pero ninguna con computador o Tablet, aunque el 80 % cuenta con al menos un teléfono celular. El grado de escolaridad de los adultos ronda el sexto grado. El poblado agrícola se encuentra aproximadamente a 25 km de la cabecera municipal y a unos 20 km al oriente de Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas.

En cuanto a la escuela Misael Pastrana Borrero ubicada en la vereda la linda del municipio de Pensilvania, departamento de Caldas, perteneciente a la Institución Educativa Santa Rita, esta es una escuela unidocente, una maestra atiende a 15 estudiantes desde el nivel preescolar al grado quinto, orienta todas las asignaturas, asegurando 5 horas efectivas de clase al día, a cada uno de sus estudiantes. A la escuela pertenecen además 13 familias con niños en edades escolares de las 28 familias que conforman la comunidad. 

Se trata de una comunidad cafetalera, por tanto, los padres de familia se dedican al cultivo del café en su mayoría, acompañado de plátano, yuca y diferentes árboles frutales. Las madres de familia están la mayor parte del tiempo en casa, atendiendo las labores domésticas. Tanto padres como madres cuentan con educación primaria, algunos tienen secundaria incompleta y pocos son los que han terminado su bachillerato. Se encuentra a 15 kilómetros de la cabecera municipal, por vía terciaria sin recubrimiento asfaltico, tipo terracería o destapada. Y  a 155 kilómetros de Manizales, ciudad capital del departamento de Caldas.

Se diseñó una entrevista con cinco preguntas abiertas las que se aplican a los padres de familia o acudientes a manera de conversación grabada y posteriormente transcrita. La entrevista fue aplicada con previa validación en las familias colombianas en conversación directa con ellas, cumpliendo con protocolos de bioseguridad y de la misma manera se hizo en México.

En México se aplicó a ocho madres de familia o acudientes de la escuela primaria Praxedis Balboa Gojon ubicada en Villa Casas en el estado de Tamaulipas. En Colombia se aplicó a 13 madres de familia o acudientes (tutores) de los estudiantes de la escuela Misael Pastrana Borrero perteneciente a la Institución Educativa Santa Rita ubicada en la vereda la Linda del municipio de Pensilvania. Al oriente del Departamento de Caldas. 

Análisis de información 

La información recolectada fue muy importante porque permite registrar la dinámica organizacional de las familias durante la pandemia: la conformación de las familias, la distribución de las actividades, la atención de las tareas escolares. Un primer registro de observación es que en ambas comunidades las familias son del tipo extendido, en el que los abuelos, además de la pareja central y los hijos, comparten un mismo techo, además de que entre las distintas familias existen también relaciones interfamiliares, aunque sus hogares en ocasiones no sean contiguos. El trato entre los distintos miembros de las familias es de cercanía y colaboración, a pesar de los naturales conflictos que surgen de la interacción cotidiana en pequeñas comunidades como las que aquí se exploran.

            Al hacerse cargo de la educación de los niños al mismo tiempo que la realización de los trabajos que permiten la subsistencia sin dejar de lado las tradicionales labores del hogar. Distintos entrevistados manifestaron que una vez iniciado el confinamiento todas las rutinas se vieron trastocadas, “en ocasiones no era suficiente el tiempo para hacer las tareas de la casa y además ayudar a los hijos en las tareas”. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para organizarse. Mientras los hombres adultos salían a las labores del campo (nunca dejaron de hacerlo).

En cuanto a la rutina y el tiempo la mayoría manifiesta que la rutina cambió mucho, que en ocasiones no era suficiente el tiempo para hacer las tareas de la casa y a la vez ayudar a los hijos en las tareas escolares. La mayoría dice que no tenía hora fija para estudiar, se programaban para que entre todos hicieran labores de la casa y posteriormente las tareas de la escuela. Y a su vez los maestros estuvieron disponibles todo el tiempo para aclarar dudas, por llamadas, mensajes.

La pandemia hizo que diferentes miembros de la familia anteriormente radicados en ciudades capitales, regresaran al campo a convivir con sus parientes en un mismo lugar, padres, primos, tíos, abuelos y otros consanguíneos o afines. Todos vinculándose al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  En muchos casos en ambos países las abuelas manifiestan quedarse en casa con sus nietos para que lo hijos puedan salir a responder con sus obligaciones laborales y llevar el sustento económico a casa.

Conclusiones:

Tanto en Colombia como en México se encontró que son las madres de familia o acudientes, en algunos casos las abuelas, quienes estuvieron siempre dispuestas a apoyar a los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje desde casa. Los hombres de las familias son, como generalidad, quienes salen al campo en busca de los recursos económicos para el sostén del hogar. 

Las herramientas tecnológicas para ofrecer una educación virtual o a distancia fueron siempre muy limitadas en ambos países, por lo que se ofreció una educación no presencial, mediada por recursos a los que hubo acceso, en ambos casos los útiles escolares de los estudiantes, guías impresas y haciendo uso de los equipos de la escuela, los teléfonos celulares que en la mayoría de familias estuvo presente, llamadas telefónicas, videos, audios, video llamadas.

En cuanto los conocimientos con que contaban las familias rurales de ambos países se coincide en que fueron limitados, muchas madres y abuelas comentaron no haber terminado sus estudios de básica primaria y no sabían cómo ayudar a los niños, no comprendían los talleres, por lo que fue necesario  solicitar ayuda a otras personas, incluido el maestro y maestra que siempre estuvieron disponibles a través de llamadas y mensajes. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje durante el tiempo de pandemia, específicamente en las escuelas rurales unitarias, hubo vinculación de todos los miembros de la comunidad, esta vez no era una labor meramente de la escuela apoyada con los padres o acudientes, ya que en el desarrollo de los talleres y diferentes actividades encomendadas por la escuela hubo participación de padres, abuelos, primos, hermanos mayores e incluso vecinos que ayudaban en este proceso cuando al interior del hogar no se encontraba una solución. Incluso en ocasiones fue necesario buscar fuera las herramientas para desarrollar las actividades, hasta los teléfonos celulares fueron prestados y compartidos entre familiares y vecinos. 

Por último, en relación a los propósitos de este estudio, el análisis muestra que desde la perspectiva de las teorías del desarrollo, este consiste paradójicamente en su desruralización y que las políticas sustentadas en estas han promovido cierto impacto en lo que se ha dado en llamar nueva ruralidad. Sin embargo, aunque en la esfera económica de las comunidades rurales estudiadas hay indicios de esta nueva ruralidad (como lo muestra la creación de organismos sociales para la producción y las nuevas ocupaciones del sector servicios, creados a partir del crecimiento de las comunicaciones y transportes); en la esfera sociocultural aún persisten formaciones tradicionales como las familias extendidas y su distribución de roles (aún muy distantes de los cambios que estas han sufrido en  países industrializados), lo cual durante la pandemia permitió atender y dar continuidad no solo a las tareas asociadas a la procuración del sustento, sino también a las tareas propias del hogar y de la educación de los menores, por lo que debiera prevalecer la idea de que cualquier intento de evaluar o transformar a la escuela rural no debiera hacerse desde la perspectiva de la urbanidad, sino más bien considerar la articulación de la cultura de estas escuelas con la cultura de las  comunidades rurales y sus familias. 

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Palabras clave:

Escuelas unitarias, ruralidad, pandemia

Resumen de la Ponencia:

Guadalajara, desde su fundación, forja una segregación socioespacial bajo fronteras materiales y simbólicas, mostrando procesos de desigualdad, marginación y estigmatización. Esta segregación urbana en Guadalajara, se manifestó a raíz desde que los españoles se establecieron al poniente del río San Juan Dios, mientras que los indígenas que trabajaban para ellos fueron ubicados al otro lado. Es así como desde los primeros asentamientos de los habitantes de la ciudad comenzaron a diferenciarse social y espacialmente para no mezclarse.

La expansión de la ciudad siguió respetando esta división física y simbólica, dando cabida a que la estructura urbana se fuera creando con base en una distribución clasista, lo que significa que las principales avenidas, los parques, jardines, áreas verdes y algunos servicios sociales se fueron distribuyendo de una manera que la zona poniente de la ciudad fuera más beneficiada que el resto de la ciudad, y cuando se construía de manera similar dicho equipamiento, la diferencia podría ser la calidad del servicio o los materiales.

Es así como el interés de este trabajo, es demostrar cómo la estructura urbana identificada como el equipamiento e infraestructura de la ciudad, así como los servicios básicos y sociales que ofrece el gobierno, están generando segregación, cuando la intención de la planeación y la organización de la ciudad indican que los gobiernos locales deben generar esta estructura urbana para ser aprovechados por toda la población por igual, sin distinción y sin segregar o marginar a ningún habitante de la ciudad.

La ciudad de Guadalajara es la tercera ciudad más grande del país, rebasando los cinco millones de habitantes, solo superada por la capital del país y la ciudad norteña de Monterrey, la cual para este censo del 2020 sobrepasó en habitantes a Guadalajara ocupando la segunda ciudad del país que por varias décadas Guadalajara había ocupado ese lugar.

En términos de marginación y pobreza Guadalajara como ciudad presenta niveles bajos en estos indicadores; sin embargo, al revisar el comportamiento de algunas variables al interior de la ciudad, se identifica que la periferia de la ciudad es donde existe el problema, pero si se analizar algún equipamiento e infraestructura urbana, se observan diferencias en cuanto a su mantenimiento, obsolescencia y calidad, ya que para los gobiernos locales este mantenimiento y mejoramiento en cuanto a la calidad, se hace en algunas zonas y no en toda la ciudad.

Uno de los elementos de la estructura urbana más polémica, en cuanto a la generación de segregación entre los ciudadanos son las ciclovías y ciclopuertos, así como las áreas verdes y la infraestructura de transporte público, lo que muestra que la inversión de los gobiernos locales es selectiva para beneficiar a un solo sector de la ciudad, provocando desigualdad socioespacial. 

Introducción:

Guadalajara ha forjado una segregación socioespacial desde su fundación bajo fronteras materiales y simbólicas. Esto ha llevado a procesos de desigualdad, marginación y estigmatización, lo que explica de alguna manera que lo que vive actualmente no es algo reciente sino que viene desde la raíz.

La expansión de la ciudad mantuvo esta división física y simbólica, dando cabida a que la estructura urbana se fuera creando con base en una distribución clasista, lo que significa que las principales avenidas, los parques, jardines, áreas verdes y algunos servicios sociales se fueran distribuyendo de una manera que la zona poniente de la ciudad fuera más beneficiada que la del resto, y cuando se construía de manera similar dicho equipamiento, la diferencia podría ser la calidad del servicio o los materiales.

Es así como el interés de este trabajo es demostrar cómo la estructura urbana identificada como el equipamiento y la infraestructura de la ciudad, así como los servicios básicos y sociales que ofrece el gobierno, están generando segregación, cuando la intención de la planeación y organización de la ciudad indican que los gobiernos locales deben generar esta estructura urbana para ser aprovechados por toda la población por igual, sin distinción y sin segregar o marginar a ningún habitante de la ciudad.

En términos de marginación y pobreza Guadalajara como ciudad presenta niveles bajos en estos indicadores; sin embargo, si se revisa el comportamiento de algunas variables al interior de la ciudad, se puede identificar que la periferia de la ciudad es donde existe el problema; pero si se analizar algún equipamiento e infraestructura urbana de la ciudad, se detectan diferencias en cuanto a su mantenimiento, obsolescencia y calidad, ya que para los gobiernos locales este manteniendo y mejoramiento en cuanto a la calidad se hace en algunas zonas y no en toda la ciudad.

Uno de los elementos de la estructura urbana más polémica, en cuanto a la generación de segregación entre los ciudadanos son las ciclovías y ciclopuertos, así como las áreas verdes y la infraestructura de transporte público, lo que muestra que la inversión de los gobiernos locales es selectiva para beneficiar a determinados grupos sociales de la ciudad, impulsando la desigualdad socioespacial. 

El documento se divide en cuatro partes, siendo el primero en donde se revisa la forma en cómo se construye la segregación, la cual se puede manifestar de forma material, como de significados y hasta por sentimientos, que son impulsados por la sociedad. Debe quedar claro que la segregación en las ciudades no tiene que ver solo con la ubicación, sino que aparte debe considerar los procesos sociales y la construcción de lugares.

En un siguiente apartado se revisa la estructura urbana de las ciudades, la cual tiene que ver con la distribución espacial de las actividades humanas. Estas configuran un paisaje urbano donde se plasman edificaciones, lugares públicos, vialidades, infraestructura y equipamiento requerido por estas mismas actividades y por la población.

En un tercer apartado se revisa la configuración de la ciudad de Guadalajara, donde se da muestra de cómo los diferentes elementos segregadores se distribuyen en la ciudad, demostrando cómo algunas zonas de la ciudad se ven beneficiados por la presencia de estas estos, mientras que otros lugares se ven aislados de los beneficios que podrían generar dichos elementos.

Finalmente se elabora un apartado de conclusiones donde el espacio físico (vialidades principales y lugares simbólicos) de Guadalajara, muestra una distribución desigual, aportando a la segregación. De igual forma las prácticas socioespaciales muestran que el oriente de la ciudad está en condiciones más desfavorables, lo que muestra el desinterés de los gobiernos locales por reducir las diferencias entre el oriente y el ponente de la ciudad.

Desarrollo:

Construcción de la segregación

El tema de la segregación socioespacial en las ciudades surge principalmente por aspectos de carácter material, como de las percepciones, significados y sentimientos impulsados por la sociedad, vinculados a un espacio determinado. Dicho proceso se manifiesta por el aislamiento de los grupos sociales y la homogeneidad en las diferentes zonas de la ciudad, las cuales son dos dimensiones que provienen tanto de las fuerzas estructurales como de los procesos históricos y culturales, que se incorporarán en las acciones de cada individuo.

Es así como se puede definir que las diferencias sociales tienen una expresión territorial, lo que lleva a una división social del espacio urbano donde se configuran restricciones y oportunidades para individuos, hogares y grupos de personas. Por lo que la ubicación de diferentes grupos en distintas áreas de la ciudad resulta una distribución desigual de oportunidades como de las preferencias de asociación diferencial.

La segregación en las ciudades no es solo una cuestión de ubicación, sino que también tiene que ver con procesos sociales y construcción de los lugares. Por lo que estos se pueden entender como un espacio donde se asocia a una experiencia, caracterizado por el sentido de pertenencia, apego emocional y sentimientos de seguridad y estabilidad.

Los niveles de desigualdad surgen desde épocas atrás, pero lo que se vive ahora ha profundizado los problemas de exclusión social, personas que no acceden a protección social y acceso a empleo precario con bajos salarios, provocando una pobreza generalizada que limita el acceso a múltiples bienes y servicios.

Las disparidades socioeconómicas que se muestran en diversos estudios, se reflejan en la morfología de las ciudades y se materializan en las relaciones sociales. Es por ello que para Bayon y Saravi (2013) existen cuatro procesos de urbanización y segregación: 

1.- Construcción de los fraccionamientos cerrados y exclusivos, que fueron una estrategia de urbanización de las clases alta y media para auto-segregarse del resto de la ciudad y aprovechar cierta privacidad y servicios que generaban al interior; por lo que este fue uno de los principales procesos que generaron la segregación

2.- Expansión de la periferia, provocando que se alejara un sector de la población del centro y de algunos servicios sociales y urbanos necesarios para satisfacer sus necesidades. Es así como aparecieron áreas urbanas informales, de autoconstrucción y algunos fraccionamientos de vivienda social. Estos lugares estaban limitados en infraestructura y equipamiento urbano, además de no estar accesibles a ciertas zonas de la ciudad, como lugares de trabajo, abastecimiento de víveres u otros servicios. 

3.- Debilitamiento del espacio público, el cual tenía la función de la convivencia social y de actividades de recreación y ocio. Estos espacios fueron abandonados o privatizados para ciertos grupos sociales, haciendo que la población más vulnerable no tuviera acceso a lugares de esta índole.

4.- El acercamiento entre la clase acomodada y la población pobre. Las áreas urbanas que eran creadas para los más pudientes se ubicaron en la periferia de la ciudad; ello generó un acercamiento a zonas precarias, que su límite eran las bardas u obstáculos naturales que imposibilitaba la mezcla. Sin embargo, en las actividades económicas y en las necesidades de servicios para las viviendas, se encuentran y conviven en un mismo espacio, ya sea en los fraccionamientos cerrados o exclusivos y en los lugares de trabajo; sin embargo, las diferencias económicas, sociales y culturales están presentes.

Estructura urbana

La manera de entender la forma urbana, según González y Larralde (2019) es la distribución espacial de las actividades humanas, las cuales se ven reflejadas en el espacio urbano. Estas actividades tienen que ver con las acciones, proyectos y aspiraciones de sus habitantes, configurando un paisaje urbano, donde se plasman edificaciones, lugares públicos, vialidades, infraestructura y equipamiento requerido por la ciudadanía.

Además, la ciudad no es solo un contenedor de actividades, debido a que las relaciones existen en un espacio físico dado; ello impregna una influencia relevante para definir la estructura y las redes que se construyen entre individuos, sus familias y grupos sociales. 

Para Ascher (2012), la ciudad ha cambiado de forma profunda, dichas transformaciones las describe en tres periodos: 

La ciudad moderna que se caracterizó por ser una ciudad compacta donde se diferenciaba plenamente el espacio urbano y rural. La ciudad industrial que experimentó una expansión urbana, generando una migración rural urbana. Finalmente surge la ciudad global, emblemática por los lugares y los flujos. El crecimiento se expresa con una extensión de la periferia inmediata y por una incorporación de espacios rurales que están alejados de las zonas de funcionamiento cotidiano.

Es así como se pueden identificar a las ciudades de ahora, con un crecimiento de la periferia diferenciado, mientras se observan algunas localidades que funcionaban como espacios de campo incorporadas a la mancha urbana, a la vez se agregan espacios rurales a la mancha urbana generando espacio urbanos para las diferentes clases sociales.

Este crecimiento de la periferia permite identificar discontinuidades urbanas, encontrando extensos terrenos que pueden ser suelo especulativo y que esperan el mejor momento para incorporarlo al proceso urbano, que en algunas ocasiones forman parte de una nueva función en la periferia de la ciudad. 

De igual forma se encuentra una policentralidad, debido a que la gran extensión de la ciudad permite que ciertas inversiones vean como viable la construcción de centros económicos para la generación de empleos y el abastecimiento de bienes y servicios demandados por los habitantes que se asientan en la periferia.

Esta expansión y policentralidad, provoca la movilidad de personas, bienes e información, estableciendo una red de flujo de objetos, personas y elementos intangibles, propiciando que la funcionalidad se expanda a toda la ciudad y más allá de su entorno regional.

Este crecimiento extensivo que experimentan las ciudades, provoca costos económicos para el gobierno y las familias, agravando algunos problemas sociales como la segregación y la accesibilidad de la población a los beneficios que ofrece la ciudad, así como una dificultad de encontrar los bienes y servicios necesarios . 

Este proceso de expansión urbana implica localizar ciertos equipamientos e infraestructura en determinados lugares que permitan el proceso de globalización en las ciudades, tales como centros financieros y corporativos, enclaves residenciales, vialidades que permitan la accesibilidad a ciertas zonas de la ciudad.

Es así como diversos autores proponen como analizar la estructura urbana, tal es el caso de Tsai (2005) que plantea revisar tres categorías: densidad, diversidad, estructura espacial. Salat propone analizar la estructura urbana mediante el uso del suelo, la movilidad, la biodiversidad, la energía, la equidad y la económica, para ello considera revisar esos elementos en el sentido de como se muestran en la ciudad bajó su intensidad, su distribución, su proximidad, su conectividad, diversidad y forma geométrica (Gonzalez y Larralde, 2019).

Es así que para analizar la estructura urbana de la ciudad es necesario describir los atributos más significativos de la ciudad, evaluar los efectos de estos atributos sobre sus funciones, dinámicas de segregación y movilidad. Es por ello necesario revisar a la ciudad de Guadalajara bajo dos elementos: el espacio físico (forma, dimensión, vialidades, ubicación de lugares simbólicos), las prácticas socioespaciales (distribución de la población, localización de actividades económicas, ubicación de la población por nivel socioeconómico, amenidades de la ciudad) 

 

Como se configura la ciudad de Guadalajara

Guadalajara históricamente está dividida, el poniente de la ciudad es donde existen los mejores hospitales, escuelas, vialidades e infraestructura urbana, así como áreas verdes, unidades deportivas y plazas comerciales. En cambio al oriente está etiquetada como una zona conflictiva, limitada en servicios públicos y sociales, pavimentación deficiente, falta de alumbrado público y alejado de lugares de esparcimiento, entretenimiento y ocio.

Además, existe una periferia que presenta ciertas limitaciones como el oriente de la ciudad, pero además está en condiciones inaccesible para casi todos los servicios; así también tienen calles llenas de polvo. Es lo que Bayón (2012) plantea, que ahí vive la gente que de acuerdo a sus condiciones económicas puede, no donde quiere.

Esta periferia que es donde se ubica la gente más segregada, no solo experimenta la distancia y las horas largas de viaje, también carece de servicios básicos, hay ausencia de áreas verdes, parques públicos, así como plazas y áreas recreativas y de esparcimiento.

Aunque en algunas zonas de la ciudad se da una interacción social entre la clase alta, media y baja; existe un control debido a la estigmatización, desconfianza y el miedo que existe por la gente pobre. Sin embargo, la clase alta todavía depende de varios servicios que ofrece este sector social que la población acomodada no hace. En ese sentido existe una interdependencia, aunque esta relación es controlada por la clase privilegiada.

Para analizar cómo la estructura urbana en la ciudad de Guadalajara tiene influencia en el proceso de segregación se revisan dos elementos:

El espacio físico (forma, dimensión, vialidades, ubicación de lugares simbólicos),Las prácticas socioespaciales (distribución de la población, localización de actividades económicas, ubicación de la población por nivel socioeconómico, amenidades de la ciudad)

Dentro del espacio físico se identifica la forma urbana de la ciudad, la cual en sus primero años mostró un crecimiento compacto; sin embargo para los siguientes años, las carreteras que comunican al centro y norte del país, fueron las zonas que experimentaron un crecimiento de forma radial, ya que estas carreteras, las cuales posteriormente se confirmaron como las principales arterias de la ciudad, tuvieron una accesibilidad a las principales de la zonas de la ciudad, particularmente al centro histórico y económico de la urbe.

De igual manera algunas localidades rurales y cabeceras municipales de los municipios vecinos, se incorporaron a la mancha urbana y fueron zonas de expansión de la ciudad, que en algunos lugares se identificaron terrenos rurales entre la cabecera municipal y la ciudad, como espacios propicios para el desarrollo urbano. 

Crecimiento urbano de la ciudad de Guadalajara 1970-2009

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

 

Según el INEGI (2020) la ciudad de Guadalajara cuenta con más de dos mil kilómetros cuadrados, siendo el municipio de Guadalajara con mayor superficie; sin embargo, el municipio de Zapopan es el que tiene mayor densidad de población con cerca de diez mil habitantes por kilómetro cuadrado. Este municipio es de lo que muestran más contraste en cuanto a las condicione de vida de la población, ya que ahí se pueden encontrar los mejores fraccionamientos, con las condiciones sobresalientes de infraestructura y equipamiento urbano; pero así también, se encuentran las colonias donde vive la población más segregada de la ciudad.

Fuente: INEGI (2020) Censo de población y vivienda. https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10. Consultado: 18 de enero 2022

 

            Para el caso de las vialidades principales en la ciudad de Guadalajara se concentran en la parte poniente de la ciudad. Para algunos expertos y ciudadanos que usan las vialidades, manifiestan que eso se debe a la cantidad de vehículos que  circulan en esa parte de la ciudad; sin embargo, es una muestra de la segregación que vive la metrópoli, sobre todo porque existe movilidad vehicular, ya sea por transporte público o vehículo particular en todas las zonas de la ciudad y no es justificable que solo se hagan avenidas principales en la parte poniente de la ciudad, donde se ubican el municipio de Zapopan y la una parte del municipio de Guadalajara. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Google. https://www.google.com.mx/maps/@20.6475143,-103.3196392,12z

 

Los lugares simbólicos que se revisaron en este análisis, son todos aquellos que permiten el desarrollo de actividades de tipo recreativo , de ocio y esparcimiento; además de espacios comerciales, los cuales se usan también para adquirir bienes y servicios, siendo lugares multifacéticos.

La ubicación de estos lugares simbólicos en Guadalajara se concentran en la parte más antigua de la zona oriente de la ciudad, así también en el mismo centro histórico y económico, mientras que en la parte poniente de la ciudad se distribuyen en las diferentes zonas. Ello permite un fácil acceso a estos lugares simbólicos por parte de la población que vive en esa zona de la ciudad.

Lo anterior muestra la accesibilidad que pueden tener estos lugares en el poniente de la ciudad, mientras que en el oriente de Guadalajara el acceder a estos lugares para algunas familias pueden ser poco accesibles, incluyendo aquellos que viven en la periferia, por lo que eso es una forma de segregación por parte de quienes ofrecen esos servicios.

 

Fuente elaboración propia con base en DENUE, 2020. https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Consultado el 18 de enero 2022

 

Una primera conclusión que se observa sobre el espacio físico de la ciudad de Guadalajara, es que las vialidades y los lugares simbólicos están ubicados en ciertas zonas de la ciudad, lo que provoca una segregación en un territorio particular. Lo anterior implica que un sector de la población no puede acceder a esa infraestructura urbana de la ciudad, limitando la posibilidad de lograr una fácil movilidad dentro de la ciudad, así como tener dificultad para acceder a lugares que permiten el ocio, el esparcimiento y el acceso a ciertos bienes necesarios para satisfacer necesidades. 

            El otro elemento para analizar el proceso de segregación, son las prácticas socioespaciales que se viven en la ciudad, lo cual consiste en revisar cómo se distribuye la población, las actividades económicas y las amenidades como plazas y centros comerciales, las áreas verdes y los ciclopuertos instalados para el programa público de bicicletas creado por el gobierno local. Finalmente se revisan las zonas de rezago social y las áreas marginadas de la ciudad para identificar el las zonas por nivel socioeconómico 

En el caso de la distribución de la población se calculó la densidad de población, la cual muestra una tendencia a la concentración en la parte oriente de la ciudad, lo que se manifiesta una correlación negativa entre el espacio físico y la localización de los habitantes en Guadalajara.

Fuente: INEGI (2020) Censo de población y vivienda. https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10. Consultado: 18 de enero 2022

 

En cuanto a la densidad de los negocios y de manera particular los comercios y los servicios, muestran una concentración en el centro de la ciudad y se van expandiendo tanto a la zona oriente como al ponente, experimentando una densidad baja en la periferia de la ciudad. Lo anterior muestra que las unidades económicas buscan ubicarse tanto cerca de consumidores y en algunos casos aprovechando el espacio físico que ofrece la ciudad (vialidades y lugares simbólicos).

 

            Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (2020) https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Consultado el 18 de enero 2022

 

Para el caso del sector manufacturero se observa una tendencia hacia el oriente de la ciudad, identificando varias áreas con alta densidad. Lo anterior muestra que algunas industrias se ubican en zonas con alta densidad de población, pero además en la zona que presenta poca accesibilidad al espacio físico analizado anteriormente. Esta situación es preocupante ya que esta zona de la ciudad puede tener un grado de vulnerabilidad y riesgo a accidentes, aunque estas industrias por lo general son micro y pequeñas empresas.

 

 

            Fuente: Elaboración propia con base en datos de DENUE (2020) https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Consultado el 18 de enero 2022

 

En cuanto a la distribución de la población por nivel socioeconómico, se revisan dos aspectos, las zonas con mayor rezago social las cuales se ubican en las zonas periféricas de la ciudad. Estas se caracterizan por tener dificultad en acceder a servicios básicos como agua potable y drenaje, así como algunos servicios sociales como escuelas y hospitales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de población y vivienda, 2020 https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10. Consultado: 18 de enero 2022

 

El otro elemento a analizar sobre las situación socioeconómica es el grado de marginación lo cual se muestra que las zonas con muy alto grado de marginación se da en la periferia de la ciudad, incluso se puede encontrar que la zona oriente de la ciudad se encuentran áreas con marginación alta y media, lo que implica que es el área con sector de la población con bajos ingresos y además con pocas posibilidades de acercarse a determinados bienes y servicios que se requieren para mejorar sus condiciones de vida.

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de población y vivienda, 2020 https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=10. Consultado: 18 de enero 2022

            

Finalmente, la localización de ciertas amenidades, permiten revisar el proceso de segregación que vive la ciudad de Guadalajara. La primera amenidad son las plazas y centro comerciales; estos puntos son muy socorridos por un sector de la población tanto para acceder a bienes y servicios como para encontrar espacios de ocio y recreación.

Estos puntos se distribuyen en diferentes lugares de la ciudad, pero tienden a concentrarse en la zona poniente de la ciudad. Ello se debe a que estos espacios comerciales buscan acercarse a consumidores con alto poder adquisitivo o incluso estas  mismas crean su propio mercado desarrollando fraccionamientos para ese tipo de habitantes.

 

Fuente: elaboración propia con base en DENUE (2020) https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?ti=6. Consultado el 18 de enero 2022

            

Otra de las amenidades son los ciclopuertos y las líneas de servicio de transporte metro de la ciudad, las cuales se concentran en el centro de la ciudad pero se distribuyen hacia el oriente (dos lineas) al sur, norte y norponiente de la ciudad (una línea cada una) permitiendo la comunicación a ciertas zonas populares de la ciudad, siendo la única amenidad que podrían acceder este sector de la población, aunque existen zonas excluidas de ese servicio como lo es la periferia de la ciudad, e incluso unos de los municipios centrales de la zona metropolitana de Guadalajara ha sido relegado a este tipo de servicios de transporte.

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Gobierno del estado. https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=25284. Consultado el 18 de enero del 2022

 

            Por último se analizan las áreas verdes de la ciudad, las cuales muestran una alta concentración al poniente de la ciudad, aunque existen dos grandes parques (uno al oriente y otro al poniente), se tienen algunos espacios verdes en varias colonias y fraccionamiento que están ubicados al poniente de la ciudad, mientras que las colonias del oriente por lo general se planearon sin considerar áreas verdes, aunque en algunos casos se tiene espacios públicos como mercados con su plazoleta y templos e iglesias con sus atrios.

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Gobierno del estado. https://iieg.gob.mx/callesverdes/mapa/. Consultado el 18 de enero 2022

 

Una reflexión preliminar sobre estas prácticas socioespaciales, se puede mencionar que la zona oriente de la ciudad cuenta con condiciones de rezago social y marginación; además ciertas actividades económicas, aquellas que pueden ser un riesgo a la población como las industrias que conviven con zonas habitacionales de colonias populares, así también las amenidades parece que están desligadas espacialmente de esta zona de la ciudad, lo que muestra que tanto la localización de las actividades económicas, como la generaciòn de infraestructura y equipamiento que hacen lo gobiernos locales determinan el proceso de segregación. 

Conclusiones:

Los niveles de desigualdad que se vive entre los habitantes surgen desde épocas atrás, pero lo que se vive ahora ha profundizado los problemas de exclusión social, personas que no acceden a protección social y acceso a empleo precario con bajos salarios, provocando una pobreza generalizada que limita el acceso a múltiples bienes y servicios.

Estas desigualdades se agudizan cuando se revisa dentro de las ciudades las condiciones de estructura urbana, lo que muestra que las autoridades locales no les preocupa lo desigual que está viviendo sus habitantes; y al contrario, al parecer le interesa más generar diferencias enriqueciendo la desigualdad que se vive en las ciudades.

En este trabajo se revisó la estructura urbana que vive la ciudad de Guadalajara bajo dos elementos: el espacio físico y las prácticas socioespaciales, en el primero se revisaron varios aspectos pero lo que muestra las diferencias que tienen los diferentes habitantes de la ciudad son las vialidades y los lugares simbólicos. En el caso de las prácticas socioespaciales, se pudo encontrar que las condiciones socioeconómicas de los habitantes tienen una relación con el espacio físico . Esto implica que las vialidades y los lugares simbólicos se encuentran principalmente donde se ubica la población mejor acomodada, mientras que los habitantes con bajos recursos tienen poco accesos a estos elementos. 

De igual manera dentro de las prácticas socioespaciales se revisó la localización de las actividades y las amenidades de la ciudad. En este caso, se puede mencionar que la zona oriente de la ciudad cuenta con condiciones de rezago social y marginación y ello muestra que ciertas actividades, aquellas que pueden provocar un riesgo a la población como las industrias conviven con zonas habitacionales de colonias populares, así también las amenidades parece que están desligadas espacialmente de esta zona de la ciudad, lo que muestra que tanto la localización de las actividades económicas, como la generaciòn de infraestructura y equipamiento que hacen lo gobiernos locales determinan el proceso de segregación. 

Es necesario resaltar que es indispensable abordar esta problemática revisando otros aspectos que se manifiestan en la ciudad, tal es el caso de la movilidad cotidiana, ya que esta puede evidenciar las desigualdades que existen en diferentes grupos de la ciudad para invertir en traslado y de la misma forma evidencia cómo se reducen las opciones de acceder a mejores empleos y más ingresos.

Otro tema que puede revisarse para entender con mayor profundidad las desigualdades y segregación urbana es el acceso a  energía y la equidad para acceder a los diferentes servicios que ofrecen los gobiernos locales. Sobre esto último hay que generar indicadores de accesibilidad, proximidad, conectividad y diversidad de estos servicios, los cuales deben ser accesibles para todos los habitantes de la ciudad. 

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Tsai, Y.-H. (2005). Quantifying urban form: Compactness versus “sprawl”. Urban Studies, 42(1), 141-161.

Palabras clave:

PALABRAS CLAVES:

Segregación, estructura urbana, Guadalajara

KEY WORDS

Segregation, urban structure, Guadalajara

PALAVRAS-CHAVE:

Segregação, estrutura urbana, Guadalajara

Resumen de la Ponencia:

Los dilemas de la pandemia: una experiencia docente, tan cerca y tan lejos.Dra. Guillermina Gutiérrez ReséndizEl objetivo de este trabajo es analizar las experiencias que se vivieron en una escuela normal de la ciudad de México, los dilemas a los que se enfrentaron docentes y alumnos al trabajar a distancia y en ambientes virtuales durante la pandemia, experiencias personales, la cercanía y al mismo tiempo lejanía en la que se encontraban. Las voces de estudiantes, maestros y directivos, las muy diversas maneras de enfrentar esta situación, los casos exitosos y los fracasos, la incertidumbre y el miedo que en momentos paralizó y en otros movilizó.  El Covid-19 vino a hacer más visibles los daños que años de neoliberalismo han dejado al país. Mostró de manera cruda un México con grandes desigualdades sociales, con una profunda brecha entre pobres y ricos, así como las carencias en las que se encuentran algunas instituciones. A partir de la revisión de encuestas y entrevistas, se presentan los resultados, se analizan los datos y se presentan las propuestas para un cambio no solo necesario sino urgente. 

Introducción:

En este trabajo de investigación, se presenta los dilemas a los que se enfrentaron docentes y estudiantes de la Escuela Normal de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga” (ENERSQ) de la Ciudad de México que cursan la Licenciatura en Educación Especial al trabajar a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) durante la pandemia, provocada por el Covid-19. Es una investigación mixta en la cual se recuperan las voces de estudiantes y docentes recogidas a partir de encuestas, formularios de google y entrevistas semiestructuradas. Las voces de estudiantes, maestros y directivos, muestran las muy diversas maneras en las que enfrentaron esta situación. 

Se realiza una investigación, sobre los casos exitosos y los fracasos, la incertidumbre y el miedo que en momentos paralizó y en otros movilizó. Con el Covid-19 se mostró de forma cruda, la condición en la que muchas familias mexicanas viven y aunque afecto a toda la población, no obstante su condición socioeconómica, como suele ocurrir; las clases más bajas son las que resintieron más sus efectos por las carencias que históricamente enfrentan.

El Covid-19, tomó al mundo entero por sorpresa, la noticia en poco tiempo paso de ser una más de tantas noticias perturbadoras, inquietantes a ser una dolorosa realidad, nos obligó a recluirnos en nuestras casas o en los lugares en los que nos sentíamos más seguros, de alguna manera nos paralizó, se aproximaba el periodo vacacional de “Semana Santa” y por dos semanas, alumnos y docentes en la ENERSQ tuvimos un “respiro”, sin embargo,  el espectro de la incertidumbre, el  miedo y el dolor de perder a personas de nuestro circuito, lo cual representó un precio muy alto y en una circunstancia nueva, donde los AVA tendría un papel preponderante, para muchos urgía regresar al trabajo presencial, se hacía imperativo para no perder el semestre, autoridades y docentes iniciaron reuniones para explorar juntos la mejor manera de enfrentar la situación.

Hoy se inicia un periodo de reflexión y replanteamiento del trabajo académico en todo el sistema educativo y particularmente en la ENERSQ.

La Autoridad Federal inició una serie de comunicados en los que se convocaba a cursos de capacitación en el uso de las plataformas que se tenían al “alcance”, ante la disyuntiva de que los días transcurrían y teníamos que hacer algo, recibimos comunicados para reunirnos en plataformas que la gran mayoría, ni siquiera sabían que existían y así fue como por primera vez se dieron reuniones por Meet, Teams y Zoom para llegar a acuerdos respecto a como se trabajaría para no perder el semestre. Así fue como de un momento a otro nos encontramos trabajando con los alumnos a través de Classroom, al menos la gran mayoría de maestros de la ENE, lo hicieron con esa plataforma y para ello se organizaron cursos intensivos para habilitar a los docentes en el manejo de ellas.

El objetivo último de la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es que sean un instrumento de mediación para que el alumno sea autogestión de su propio conocimiento.

Desarrollo:

Hoy estamos frente al contexto de la transición de las TIC a las Tecnologías Aplicadas al Conocimiento (TAC) de estas a las Tecnologías del Empoderamiento (TEP) de estas a las Tecnologías Aplicadas a la Investigación (TAI) y de estas a las Tecnologías de las Redes Neuronales (TRN), todo este trayecto se debe ahora de replantear y revalorar.

En menos de lo que se esperaba, la mayoría de la planta docente se encontraba trabajando con sus alumnos y enfrentándose a algunas problemáticas como:

Problemas de conectividad, falta de equipos para hacerlo, tiempo que se encimaban donde hermanos y padres tenían que estar frente a la computadora. 

Desconocimiento para emplear las herramientas (subir archivos, revisar los trabajos que enviaban los alumnos, retroalimentar, elaborar cuestionarios, calificar entre otras situaciones que se les presentaron), no se trataba de pasar el salón de clases a uno por la tecnología.

Por otro lado, estaban las problemáticas que enfrentaban los alumnos en sus hogares. En una encuesta que se aplicó en la ENERSQ, se reporta que solo el 66.7% de los alumnos referían contar con internet en casa y de ellos solamente el 1.6% contaba con un equipo para su uso personal (no compartían) y el resto, tenían que compartir un equipo con una dos y hasta más miembros de su familia. 

Cabe señalar que el 59.6% refirieron que para conectarse en las clases lo hacían vía teléfono celular; 2.9 por tableta; 12.3 por laptop; 1.8 empleaban el teléfono y la computadora, lo cual es una muestra de las difíciles condiciones en las que se encontraban y es justamente con la pandemia que se evidenció la situación en la que se encuentra el país en donde: 

De acuerdo con la Organización Internacional del trabajo (OIT) en México, millones de trabajadores “se tuvieron que quedar en sus casas, en teletrabajo o bien tuvieron que afrontar consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos desde finales de marzo… Las consecuencias de la crisis se sintieron sobre todo a partir del mes de abril y el shock sobre la actividad económica mexicana afectó un mercado laboral ya debilitado por brechas en materia de acceso y calidad del empleo” (Feix, 2020, pág. 1) .

En efecto, con la pandemia se visibilizó aún más, la gran desigualdad social y económica que se vive en el país y la situación se hizo aún más grave con el despido masivo de trabajadores formales e informales lo que representó de acuerdo con Feix 2020, un aumento en la tasa de desempleo de 5.5% en junio de 2020 a más de 10%. Lo que representa casi riesgo alto de verse afectado por la pandemia rebasa 24 millones, lo que representa el 44% del empleo total en México. Ante esto, se tomaron medidas para evitar que la pandemia provocara graves consecuencias en el mercado laboral, mismas que se reflejarían en la dinámica económica y social de la población y con ello una recuperación  más rápida. 

Por otro lado, el CONEVAL (2020), reporta que 52.2 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en el 2016, y pobreza extrema 8.7% millones de personas, cifra que aumenta al 10.8% millones en el 2020. Es entonces que entre la condición socioeconómica que tienen las familias de nuestros estudiantes y la inminente pérdida de empleos que reportaban nuestros estudiantes que estaban experimentando en sus casas, siendo que la mayoría de ellos no trabajan y son dependientes de sus padres, tíos o abuelos, aunada a que en muchas familias se tomó la decisión de resguardar a los adultos mayores por tratarse de una población más vulnerable, un porcentaje importante de los estudiantes tomaron la decisión de salir en busca de trabajo y apoyar de esta manera a sus familias, lo cual, interfirió con los horarios de estudio y en varios casos se tuvieron que hacer cambios de turno.

Al respecto, durante la pandemia se experimentó un aumento considerable de solicitudes de cambio de turno que en promedio eran de 3 a 4 estudiantes por ciclo, se duplicaron y triplicaron, lo cual provocó un sobrecupo en el turno matutino en donde se tienen como máximo 30 alumnos por grupo y llegamos a tener 38 alumnos en un grupo. Todo esto ocurrió porque los jóvenes estudiantes tuvieron que salir a trabajar para apoyar a sus familias, lo que no ocurre en sociedades más igualitarias con acceso a servicios de seguridad social, trabajo y vivienda.

Berg y Jonathan Ostry del FMI citados por Keeley, (2018) señalan que existen diversas razones por las que” una creciente brecha entre ricos y pobres podría frenar el crecimiento e incluso crear inestabilildad política y social, lo que al mismo tiempo, desalentaría la inversión”. (Keeley, 2018, pág. 81)

Se señala que precisamente lo que ha ocurrido por años de gobiernos neoliberales en México y la “gran esperanza es que con este gobierno de Lopez Obrador con su cuarta transformación, se reivindiquen los derechos sociales, se genere una estabilidad económica, porque lo que ha ocurrido es que la población más rica de este país, ha influido en las políticas públicas, financiando partidos políticos que los beneficien.” Al respecto Johnson, citado por Keeley (2018) señala que  “los gobiernos y sus aliados del sector privado suelen formara una oligarquía muy unida y, la mayoría de las veces, refinada, que dirige el país como una empresa con fines de lucro cuyas acciones controlan” (Keeley, 2018, pág. 82) 

La pandemia también afectó el nivel de informalidad laboral, en el que se encontraban algunos de los alumnos y sus padres, “El aumento de la formalidad fue un ajuste transitorio de la crisis y fue consecuencia de la abrupta pérdida de 10,4 millones de puestos informales” (Feix, 2020, pág. 14). Además de que se advierte que la recuperación de empleos formales va a ser muy lenta.

No obstante, entre abril y mayo se recuperaron 1,9 millones de puestos informales (de 20,7 millones a 22,6 millones). Ello implicó que la tasa de informalidad se incremente en 4,1 puntos porcentuales entre esos meses, siendo del 51,8% en mayo de este año. El aumento de la tasa de informalidad laboral se confirmó en junio, julio y agosto, hasta alcanzar 55,1% de los ocupados, casi el nivel previo a la pandemia. Es interesante notar que la tasa de ocupación en el sector informal está recuperándose desde el mes de mayo y en los meses de julio y agosto ya alcanza niveles similares a los niveles pre-pandemia. Una parte del empleo informal se recuperó por el regreso al trabajo de los independientes informales.

Cabe señalar que la población en pobreza y sin acceso a los servicios de salud durante el periodo neoliberal ha ido en aumento, lo cual se muestra en las cifras reportadas por el CONEVAL, en donde el aumento del 2016 al 2018, ha sido de  aumentado en un 12.6% esto es; pasó de 15.6 % en 2016 a 28.2 % en 2018.

La OIT define 4 pilares de protección al empleo y a la empresa para mitigar los efectos negativos de la crisis:

Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo Estimular la economía y el empleo Apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos y Fomentar el diálogo social

Cabe señalar que en México, se tomaron medidas para apoyar a empleadores y trabajadores, entre ellas, se otorgaron 3 millones de micro-créditos a micro, pequeñas y medianas empresas de $25,000 (veinticinco mil pesos), se adelantaron las pensiones universales para adultos mayores y para personas con discapacidad. Respecto al programa del Seguro de Desempleo de la Ciudad de México se amplió a más beneficiarios por medio de la Acción social, se apoyó a personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal durante la emergencia derivada del SARS-COV2 (COVID-19) que consistió en otorgar un apoyo de $1,500 (mil quinientos pesos) durante dos meses, a población que perdió su empleo de manera involuntaria y proviene del sector formal y un apoyo emergente en la Ciudad de México a las personas trabajadoras no asalariadas de $1,500 (mil quinientos pesos). Durante dos meses. 

Por otro lado, cuando me refiero a la alfabetización académica, lo hago, tomando en cuenta que, también los docentes en servicio requerimos de ella y aunque en todas o casi todas las instituciones educativas sea cual fuere el nivel de estudios, reciben permanente o con fechas determinadas cursos de actualización, es una necesidad trabajar en torno a la capacitación de docentes en estos tiempos denominados líquidos por Sigmun Bauman, en los que pareciera que todo es intrascendente e impera la incertidumbre en lo económico, político, social y personal, en un contexto de racionalidad económica enfrentada una necesidad del individual, en un contexto nuevo de mayor incertidumbre con la aparición, desarrollo y control de la pandemia.

En este marco algunos alumnos solo contaban con un celular para conectarse a las clases en línea.

En la ENE se tenía conocimiento de las necesidades de alfabetización académica, que tan importante es en instituciones formadoras de docentes y no se atiende porque todavía se contempla entre una parte de la planta docente, principalmente de mayor antigüedad, resistencia al empleo de la tecnología, esto se conoce a partir del ejercicio anual para la Detección de Necesidades de Actualización y Capacitación (DNAC) que se aplica cada año y entre los resultados que arrojó en los años 2017 es que se requería capacitarse en cuanto al uso de las tecnologías. Como ejemplo de ello tenemos que en los resultados del 2018, 2019 es  y 2020 del ejercicio tenemos:

El 82 % de los docentes de la ENE son mujeres, lo que comprueba que la profesión docente sigue siendo una profesión de estado en la que predominan las mujeres. solo el 6%  referían requerir capacitación para fortalecer los procesos de sus alumnosEl 88% referían que requerían actualización sobre alguna metodología para fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes y en el 2021 es el 91% quien lo refiere. En el 2019 el 58 % refieren requerir capacitación en el uso de tecnologías mientras en el 2020 es un 55% y en el 2021 aumenta a un 85%. Lo cual se entiende porque con la pandemia, se puso a prueba la habilidad de los docentes para incursionar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no solo para buscar información sino para impartir clases. El 90% refieren tener interés especial respecto a capacitarse para atender la educación socioemocional y el desarrollo de un aprendizaje integral.El 60% tienen grado de maestría y el solo el 16 % cuentan con el grado de Doctor

Cabe señalar que al revisar los resultados de los estudios de 2019 y 2020 y compararlos con los del 2021. Encontramos que en el 2017, solo el 6% de los encuestados referían requerir capacitación para fortalecer los procesos de sus alumnos, mientras que en el 2019, el 88% referían que requerían actualización sobre alguna metodología para fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes y en el 2021 es el 91% quien lo refiere. 

En 2019 el 58 % refieren requerir capacitación en el uso de tecnologías mientras en el 2020 es un 55% y en el 2021 aumenta a un 85%. Además, tenemos que hay un interés especial en los docentes respecto a capacitarse para atender la educación socioemocional y el desarrollo de un aprendizaje integral, aquí es el 90% de los docentes interesados.

Pero un grupo importante de docentes, no estuvo dispuesto antes a actualizarse ni lo estuvo durante la pandemia y prefirieron enviar a sus estudiantes indicaciones de trabajo por medio del correo electrónico sin el empleo de las plataformas para impartir clases a distancia. Entre las medidas que se tomaron para apoyar a los estudiantes, están las tutorías en diferentes modalidades como:

Tutoría individual para los alumnos de primer grado, las grupales para los alumnos de segundo y tercer grado y por último las que tradicionalmente reciben los estudiantes de cuarto grado por parte de maestros que se encuentran en los servicios en donde realizan su servicio social, estos estudiantes además cuentan con sus asesores titulares quienes los apoyan en la elaboración del documento con el que se titularan (tesis, documento recepcional, informe, portafolio o tesina). 

Ante los comentarios que se empezaron a recibir respecto a las dificultades que estaban atravesando los alumnos, se habilitó una modalidad de tutoría diferente con la finalidad de apoyar a los alumnos que presentaban situaciones complejas, este programa inicia en el momento en que el tutor recibe la solicitud de apoyo por parte del estudiante hasta que finaliza la tutoría. El método de intervención se basa en el diálogo sin censura y consta de cuatro momentos: El primer encuentro con el tutorado (a), la conformación de un código deontológico, el desarrollo (estructura y abordaje) y la evaluación. 

En el caso de las tutorías individuales que se trabajaron con los alumnos de 1° grado, se encontraron situaciones en las que los estudiantes refirieron acoso por parte de uno de sus compañeros. Mencionaron que no querían abrir sus cámaras durante las reuniones porque uno de ellos les enviaba mensajes preguntando en donde vivían, con quién, y situaciones que alcanzaba a ver a través de las cámaras y se sentían intimidadas. 

Una alumna, refirió sentirse acosada por uno de sus maestros porque le hacía comentarios incómodos como: ¿a quién le sonríes en tu foto de perfil? , deberías sonreírme a mí, -después de ese comentario del maestro dijo- ya no quise participar en la clase para no tener que abrir mi cámara y exponerme a comentarios del maestro. Es una realidad que en las circunstancias en las que nos encontrábamos docentes y estudiantes, estábamos muy vulnerables, al igual que gran parte de la población y que teníamos mucho miedo, angustia y una  gran incertidumbre pero nada justifica conductas inapropiadas por parte de compañeros de grupo y menos aún por parte de un docente que en teoría debe ser quien proteja a sus estudiantes. 

Con todo esto y a pesar de que se hicieron grandes esfuerzos para apoyar a los estudiantes, hubo circunstancias que nos sobrepasaron y nosotros mismos como seres humanos, tuvimos que enfrentar dolorosas experiencias por la pérdida de nuestros seres queridos. Cabe señalar que Le Breton (2009) hace mención a estudios en los que se muestra como los acontecimientos que viven los hombres a lo largo de su existencia, los marcan de forma diferenciada, lo cual fue una realidad que pudimos comprobar con las muy diversas maneras en que experimentamos mientras nos encontrábamos en pandemia. 

Todo esto es lo que me lleva a señalar tan “cerca y tan lejos” porque en todos mis años de experiencia docente fue en este momento de pandemia cuando me he sentido más cerca de mis alumnos al hablar cara a cara con cada uno de ellos y al mismo tiempo con la frustración de estar tan lejos para brindarles un mayor consuelo que en ese momento requerían. 

No me refiero estrictamente a un abrazo físico pero si abrazarlos a la distancia y hacerlos sentir que no estaban solos, que del otro lado de su pantalla había alguien a quien les interesaban, alguien que deseaba fervientemente que no se sintieran solos y que deseaba ayudarlos.

Por otro lado, teníamos comentarios de los docentes muy opuestos como los siguientes: “estoy muy agotada, trabajar en línea me está desgastando mucho”, “no puedo más, me duele el cuello por tanto tiempo que paso frente a la pantalla y me estresa que los estudiantes se conectan y desconectan constantemente” “yo les pido a los alumnos que abran su pantalla y la mantengan abierta todo el tiempo pero no lo hacen y no sé qué están haciendo” “ya quiero regresar a clases, no puedo dar clases en línea”, “mi casa es un caos, no puedo concentrarme porque toda la familia está en casa”.

Al mismo tiempo que encontramos estos comentarios, tuvimos otros en donde los docentes decían: “prefiero trabajar en línea porque gasto menos”, “me he vuelto más productiva, tardaba dos horas para llegar al trabajo y dos de regreso y ahora ese tiempo lo empleo en leer, escribir y preparar mis clases”, “yo prefiero seguir trabajando desde casa porque estoy más tiempo con mis hijos”. 

Lo cierto es que la forma de reaccionar de los seres humanos es impredecible y diversa, tuvimos que vivir y aprender a manejar el miedo, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre y en un futuro seguramente ya estaremos mejor preparados para enfrentar una pandemia. 

Es una realidad que nunca estaremos del todo preparados para enfrentar situaciones como las que tuvimos que vivir a causa de la pandemia por COVID 19, porque más allá  de que se cuente con todos los recursos tecnológicos (señal de internet, equipos individuales para conectarse a las sesiones) así como la capacitación por parte de los docentes y estudiantes, la relación cara a cara es insustituible tanto entre docente-estudiante como entre estudiante-estudiante. Los tiempos y experiencias vividas en la escuela, en general son insustituibles debido a los aprendizajes que se generan en los diversos espacios de la escuela, son únicos (no todos necesariamente son gratos) pero son los que verdaderamente los preparan para la vida adulta.

Ya de regreso a las aulas, que en un principio fue de forma mixta, los alumnos compartieron, como parte de dinámicas para acompañar a los alumnos en el regreso a la “nueva normalidad”, como se le denominó a esta etapa, nos encontramos comentarios muy alentadores de algunos estudiantes como: “Yo aprendí a cocinar, no me gustaba y ahora me gusta”, yo aprendí a tejer, yo aproveché para ejercitarme. Además de comentarios como estos nos encontramos con otros desalentadores y tristes como las siguientes: -“estoy asistiendo a terapias porque he tenido episodios de ansiedad”, -“yo subí mucho de peso, tengo problemas serios con la comida y tengo que acudir al médico”, “he tenido episodios de pánico y me cuesta mucho salir de casa, no me siento segura, ¡no quiero salir!”, estas son solo algunos de los comentarios que se recopilaron de los grupos.

Por otro lado, tuvimos muchas solicitudes de bajas temporales y definitivas que intentamos desalentar con el apoyo de los tutores y de la oficina de Trayecto formativo en donde se organizó un programa de apoyo para los alumnos en riesgo de reprobación, programa que se tendrá que evaluar en breve para determinar que tanto se apoyó para que realmente los alumnos adquirieran los aprendizajes mínimos necesarios para continuar con sus estudios o si lo que provocó fue que bajara el nivel educativo de nuestros estudiantes. 

Conclusiones:

A la luz de las experiencias, los aprendizajes y el apoyo que se brindó a las diferentes generaciones que fueron afectadas y los docentes involucrados, podemos decir que esta experiencia, nos hizo crecer, avanzar y por supuesto, a quienes pudimos sobrevivir, más fuertes, resilientes y conscientes, de que una situación como esta puede repetirse y debemos estar preparados, de la misma manera que estamos preparados para los temblores, los dos son riesgos importantes, pero está pandemia fue un recordatorio de los vulnerables que somos: debemos repensar y replantear la educación en su conjunto.La capacitación a los docentes, requiere ser obligatoria, que de manera permanente todo docente reciba capacitación en el conocimiento, manejo y empleo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la educación, pero sobre todo caer en la cuenta del contenido educativo a nivel general y en particular de la educación especial, entonces no solo se requiere conocer las herramientas y los programas que administran, transmiten y comparten información mediante soportes tecnológicos para que en su momento los empleen en su práctica educativa sino evaluar el antes y después de la pandemia con sus implicaciones en la educación especial. 

Ante la globalización de los aspectos económico, sociales, culturales y educativos, ahora se deben de sumar los aspectos de lo sanitario, la salud y la medicina ante la emergencia que supuso el hecho de la pandemia, entonces se debe reflexionar además la inclusión de nuevas generaciones y la convivencia entre docentes y alumnos, abarca varias generaciones: baby boomers, generación X, millennians, generación Z y la generación alpha. Cada una de ellas ha tenido su forma particular de asumir la comunicación que se considera como galaxias: Gutenberg, TV, internet, digital, redes sociales, redes de conocimiento, por lo que debemos estar preparados y alertas para abrir la comunicación y fomentar una participación activa, pasar del receptor al actor, con una concepción de integración para los retos del futuro, aprovechando la experiencia del trabajo durante la pandemia.

Bibliografía:

Referencias

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Palabras clave:

Palabras clave: Covid -19, educación, desigualdad